Paper Se ha descubierto la inflación “buena”: la teoría de la “deaudaflación”



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1983) Las elecciones convocadas para octubre de 1983 volvieron a tener como principales protagonistas a los dos grandes partidos de la Argentina contemporánea. En la Unión Cívica Radical se había dado un cambio importante. Después de la muerte del ancestral caudillo Ricardo Balbín, en 1981, se produjo un proceso de renovación interna que consagró el liderazgo de Raúl Alfonsín…

Con sus discursos encendidos y su enorme carisma, Alfonsín logró captar la voluntad mayoritaria de los millones de argentinos que se conmovían cada vez que sus intervenciones concluían con la cita del Preámbulo de la Constitución Argentina…

Finalmente, el gran día llegó y el 30 de octubre de 1983 el radicalismo recibió casi el 52% de los votos contra el 40% del justicialismo. La victoria se extendió a ocho gobernaciones provinciales, pero fue menos rotunda a nivel legislativo. En la Cámara de Diputados la UCR obtuvo una ajustada mayoría de 129 diputados sobre 254 y en el Senado 18 de las 46 bancas.



En su discurso inaugural -el 10 de diciembre de 1983- el presidente Alfonsín hizo una cruda descripción de la situación económica: “El estado en que las autoridades constitucionales reciben el país es deplorable y, en algunos casos, catastrófico, con la economía desarticulada y deformada, con vastos sectores de la población acosados por las más duras manifestaciones de empobrecimiento”

Los temas clave eran el combate a la inflación a través de la disciplina fiscal y el problema de la deuda externa. Los registros de la deuda heredados del gobierno militar eran caóticos y las motivaciones de muchos préstamos más que dudosas, de modo que el gobierno adoptó el enfoque de identificar la porción “legítima” de la misma y honrar los compromisos sin afectar el crecimiento de la economía.

El programa esbozado por el Presidente también ponía en alto un objetivo de equidad y de recuperación productiva. En este último plano los planteos eran, en general, poco precisos. La defensa de la producción nacional a través de la protección arancelaria y una profundización de la sustitución de importaciones eran los mensajes más concretos en materia industrial, mientras que para el agro se propiciaba la modernización tecnológica con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Para acompañarlo en su gestión, Alfonsín eligió un gabinete que combinaba figuras tradicionales del radicalismo con algunos nuevos cuadros. Bernardo Grispun, un hombre de larga militancia partidaria, fue designado al frente del Ministerio de Economía.

(1984) Superado el primer momento de euforia, con el retorno de la democracia y las primeras medidas de gobierno en el terreno político, la dura realidad económica comenzó a acosar a la flamante administración en un contexto en que el ingreso por habitante era igual al de 15 años atrás y el volumen de la producción industrial similar al de 1972.



La gestión cotidiana de la economía pronto se reveló más compleja que la retórica electoral. Ni dentro ni fuera del gobierno abundaban las ideas de cómo enfrentar la situación.

Pocos días antes del inicio del mandato de Alfonsín, el economista y ex ministro Aldo Ferrer publicó un ensayo donde describía con crudeza los problemas que enfrentaba la economía. En su visión, existían tres opciones: el ajuste estabilizador, es decir la receta clásica del FMI, que en el corto plazo necesariamente implicaba una contracción de la economía; el ajuste inflacionario, que consistía en apelar a la emisión para eludir el ajuste fiscal y obtener así los recursos para el pago de la deuda -cuyas consecuencias, según advertía el autor, serían tan devastadoras como en la Alemania de la década de 1920- y una solución nacional independiente.

Esta última consistía en un ajuste fiscal, que incluía como pieza central una refinanciación de los intereses de la deuda, el racionamiento de las divisas provenientes del comercio exterior y un redimensionamiento del sistema financiero para disminuir sus costos. En la concepción de Ferrer, la refinanciación de la deuda debería ser negociada, pero si ello no se lograba “había que prepararse para lo peor”, es decir, vivir al contado en materia de pagos externos: “vivir con lo nuestro”, como rezaba el título del libro. Es bastante probable que el ministro Grispun haya leído un poco superficialmente la tesis de Ferrer, porque en los meses siguientes intentó casi simultáneamente los tres caminos, naturalmente incompatibles entre sí… El ministro de economía adoptó el peor de los rumbos: amenazó con la rebeldía, pero se mantuvo dentro de los cánones convencionales.

Apoyado en el enfoque de cuestionar el origen espurio de la deuda, el gobierno se involucró en iniciativas políticas, incluso a nivel internacional, tendientes a logar aprobación para una moratoria internacional.

Simultáneamente, Grispun dispuso la suspensión del pago de los intereses de la deuda hasta el 30 de junio de 1984, con el objetivo de evaluar su monto y legitimidad, dejando en claro que el gobierno argentino no emplearía sus reservas para cancelar intereses atrasados.

Naturalmente, esto introdujo enorme tensión en las negociaciones internacionales, en especial porque se bordeaba una virtual declaración de “default” frente a los vencimientos que tenían lugar a principios de 1984. Esta circunstancia pudo ser superada mediante un “crédito puente” de 500 millones de dólares que efectuaron en conjunto los gobiernos de Venezuela, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos y, en menor medida, algunos acreedores. Como prueba de buena voluntad, el propio gobierno argentino se “autoprestó” 100 millones de ese total apelando a sus menguadas reservas.

La posición del gobierno era obtener que los pagos no superaran el 15% del valor de las exportaciones y conseguir la formación de un “Club de Deudores”, para enfrentar en conjunto el problema de la deuda.

En especial, las negociaciones con el FMI se desarrollaron en medio de extremas dificultades y dieron lugar a que, a mediados de año, el Ministerio de Economía enviara una carta de intención unilateral, es decir no consensuada previamente, que no mereció consideración por el organismo.

El gobierno realizó algunos intentos para crear un marco de apoyo regional para el tratamiento heterodoxo de la deuda, como la reunión de varios países latinoamericanos en lo que se denominó el Consenso de Cartagena, a mediados de 1984. Pero los apoyos que recibió fueron tibios. Nadie quería una confrontación abierta con los acreedores y, finalmente, Alfonsín optó por encauzar las negociaciones por los carriles convencionales y -previo el cumplimiento de un conjunto de condiciones- en diciembre de 1984 el FMI aprobó un nuevo acuerdo



Mientras estas escaramuzas agitaban el frente externo, a nivel nacional el equipo económico adoptó un enfoque gradualista para atacar la crisis; consistía básicamente en ajustar, de manera supuestamente decreciente respecto de la inflación, las demás variables de la economía. A ello debían contribuir cuestiones tales como los controles de precios, que pronto se convirtieron en una suerte de carrera de obstáculos sin mayor efectividad.

Desde marzo de 1984, el gobierno inició un proceso de concertación con los sectores empresarial y sindical, que probablemente tenía como imagen el hispánico Pacto de la Moncloa, aunque -muy lejos de éste- el émulo doméstico se vio sumido en el fracaso.

Después de una leve respuesta positiva inicial, el alza de precios adquirió nuevo impulso, en medio de una situación económica que se revelaba fuera de control. La reacción sindical no se hizo esperar. En septiembre la CGT realizó el primero de los 14 paros generales de protesta que acosaron al gobierno de Alfonsín

Como a lo largo de casi todo su gobierno, Alfonsín procuró un complejo equilibrio entre la desafiante situación política y la indómita economía. A fines de 1984 los precios mostraban un meteórico 688% de aumento respecto de doce meses atrás y a lo largo del año el dólar había pasado de 23 a 179 pesos argentinos por unidad. Esto ya no era toda herencia y la población comenzó a computarlo en el pasivo del gobierno. La economía exhibía un desempeño frágil, con señales preocupantes en varios frentes. En 1984 hubo un ligero crecimiento del 2,5% sostenido por el consumo y por el buen desempeño del sector agrícola, pero la inversión -signo inequívoco del clima de negocios- se contrajo fuertemente frente a la mirada impávida del gobierno, cuya precaria situación fiscal no pudo impedir que la propia obra pública cayera un 36 por ciento.

El mantenimiento de un buen saldo de comercio exterior, bastante similar al del año previo, y la asistencia financiera externa permitieron cerrar las cuentas sin llegar a un colapso.

Una parte importante del incremento de las exportaciones provino del sector agrícola, más precisamente de los cultivos de los oleaginosos, un firmamento donde la soja comenzaba a brillar. Las exportaciones de ese producto aumentaron un 65% y la producción alcanzó los siete millones de toneladas sobre un total de 31 millones para todos los cultivos.

Socialmente, el gobierno podía exhibir que, pese a la situación, el desempleo había disminuido de un 4,2% a un 3,8% y el salario real había aumentado casi 9%. También había comenzado a cumplir una de las promesas de la campaña y el Plan Alimentario Nacional se instalaba como paliativo de la deteriorada situación social que había generado el proceso de desindustrialización de los años previos.

El acuerdo con el FMI introdujo conflictos en la mesa de concertación. Los sindicalistas se sintieron el “pato de la boda” y señalaron los efectos recesivos de los compromisos contraídos por el gobierno. En una posición también crítica, aunque no rupturista se manifestaron las organizaciones representativas del campo, la el comercio y la industriaUn extraño efecto tuvo lugar entonces: los sindicalistas y varias asociaciones empresariales aparecieron formando una suerte de frente común

A continuación del Acuerdo con el FMI, el gobierno pudo cerrar las negociaciones por la deuda externa con los bancos privados, que eran los principales acreedores. El acuerdo incluía préstamos por 7.900 millones de dólares e involucraba virtualmente a toda la comunidad financiera internacional (bancos, Club de París, organismos financieros internacionales y el propio FMI).

(1987) Pero la fragilidad de la situación era enorme. Era difícil conciliar el crecimiento de la economía con la estabilidad de precios y el equilibrio en las cuentas externas. Las exportaciones languidecían afectadas por una caída del 20% en los precios internacionales de los productos agropecuarios y un descenso de la producción, como resultado de importantes inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Por su lado, las importaciones aumentaban porque se requerían más insumos para alimentar la mayor actividad económica, al tiempo que el dólar que comenzaba a estar barato favorecía el ingreso de bienes de consumo del exterior. A su vez, la disminución del saldo comercial dejaba menos divisas para afrontar el programa de pagos externos.



Procurando no perder la iniciativa, el gobierno instrumentó programas especiales de fomento a las exportaciones y a la inversión, líneas de crédito a tasas reguladas y un importante programa de obras públicas.

Aunque la situación fiscal había mejorado, resultaba claro que se requerían reformas estructurales en el sector público. A ello apuntó la creación de un Directorio de Empresas Públicas, bajo el cual se colocarían las entidades en manos del Estado para avanzar con el proceso de privatización total o parcial de empresas como la telefónica (ENTEL), la siderúrgica (SOMISA) y la línea aérea (Aerolíneas Argentinas).

Uno de los frentes históricos de conflicto, la explotación petrolera, adquirió un nuevo giro pro mercado a través del denominado Plan Houston, que equiparaba el precio del crudo local con el internacional y permitía ampliar el cupo de las inversiones externas en hidrocarburos

Como ya había ocurrido anteriormente y seguiría aconteciendo en el futuro, el nivel de expectativas de la sociedad estaba muy por encima de lo que la realidad cotidiana marcaba y el gobierno era crecientemente señalado como responsable por no encontrar un camino de estabilidad y crecimiento.

Poco o ningún debate existía acerca de las causas profundas del prolongado estancamiento económico. Más aún, incluso en una cuestión central como la deuda externa -excepto en los círculos académicos- en el seno de la opinión pública y en los medios políticos la discusión se había agotado con señalar quién era el culpable del endeudamiento. Poco importaba profundizar los desequilibrios que le habían dado origen y que seguirían alimentándola en el futuro.

El correlato de esta situación era la completa ausencia de consensos, tanto entre los partidos políticos como entre los sectores económicos y sociales.

Mientras tanto, la Argentina seguía su conflictiva trayectoria con el FMI y el resto de los acreedores externos, quienes demandaban compromisos difíciles de cumplir y políticas que carecían de consenso interno. Como consecuencia, el proceso de renegociación pasó a tornarse casi permanente.

Claro que, aunque la situación Argentina tenía sus matices excepcionales, el problema de la deuda también seguía un curso traumático en buena parte de los países latinoamericanos. En particular, las otras grandes economías de la región, Brasil y México, tampoco lograban estabilizar un arreglo.

A principios de 1987 el panorama de la economía lucía extremadamente complicado. En el frente externo las exportaciones agropecuarias -70% del total- seguían acusando el impacto de los deprimidos precios internacionales y la caída en la producción debido a factores climáticos. El fenómeno inverso se daba del lado de las importaciones. Como la economía estaba en crecimiento, se consumían más materias primas, bienes de capital y de consumo de origen externo. El resultado era que el saldo comercial se reducía abruptamente y, por lo tanto, las divisas disponibles para el pago de las obligaciones externas se tornaban exiguas.

No se requería demasiada imaginación para advertir lo que ocurriría a continuación. En tales condiciones arreciaban las presiones sobre el dólar, que a su vez se trasladaba a los precios internos. Luego, la economía dejaba de crecer, los ingresos fiscales caían y el déficit aumentaba. Para financiar el déficit era necesario apelar a la emisión monetaria y con ello la hoguera inflacionaria volvía a alimentarse. Era un ciclo que se repetía con frecuencia.

Procurando evitar este desenlace, el gobierno firmó en enero un nuevo acuerdo con el FMI a fin de obtener fondos frescos y, simultáneamente, desplegó una nueva ronda con la banca privada. La situación era tan extrema que, como las negociaciones con los acreedores privados no progresaban a suficiente velocidad, en febrero el gobierno apeló a un préstamo transitorio (puente en la denominación técnica) de 500 millones financiado por doce países.

La buena voluntad internacional no era casual. Por esos días Brasil se declaró en “default” en el pago de su deuda externa, de modo que la amenaza de una crisis en gran escala introducía moderación en todos los actores. Además, los resultados iniciales del Plan Austral habían generado una importante dosis de credibilidad en las autoridades económicas argentinas.

Finalmente, entre abril y mayo se pudo llegar a un acuerdo con los acreedores que permitió reestructurar la deuda y contar con nuevos préstamos.

Para entonces la inflación había resurgido y el equipo económico apeló a un nuevo congelamiento de precios de escaso resultado.

Cuando (unos días después de la sublevación militar), el Presidente fue al Congreso a pronunciar su habitual mensaje anual, entregó a los legisladores un informe sobre la situación económica que describía con realismo los problemas existentes y procuraba abrir nuevos cauces en la política económica.



El informe redactado por el Ministerio de Economía, afirmaba:

En las condiciones presentes, con la memoria todavía fresca de muchos años de inflación y grandes fluctuaciones de precios relativos, el esfuerzo por prevalecer en la puja distributiva lleva naturalmente a un proceso de indexación generalizada. Por otro lado, una economía demasiado cerrada al exterior como la nuestra encierra en sí un alto riesgo inflacionario. En ausencia de los mecanismos de regulación que proporciona la oferta de bienes del mercado externo, los comportamientos colusorios de sindicatos y empresas suelen traducirse en aumentos de precios al consumidor.

Realmente, el efecto de los desequilibrios profundos de la economía se potenciaba mediante el reiterado mecanismo de aumentos salariales seguidos de incrementos de precios, que una y otra vez concluían en una espiral ascendente de inflación.

A partir de ese diagnóstico, el gobierno procuró emprender un camino de apertura consensuada de la economía. La cuestión no fue sencilla. Tras el traumático final de las políticas aperturistas del Proceso, buena parte del empresariado -y también del sindicalismo- se resistía a una nueva exposición a la competencia externa

Las relaciones del gobierno con el sector agropecuario también comenzaron a atravesar una etapa difícil. Las organizaciones agropecuarias se sentían marginadas de los distintos procesos de concertación y el deterioro de la situación sectorial había elevado el tono de sus demandas…

La nueva política salarial (en el marco de un sistema de paritarias con “piso” y “techo”) también estuvo acompañada de la flexibilización de los controles de precios. En el contexto de los desequilibrios reinantes, estas señales acentuaron la inflación y erosionaron aún más la base de sustentación del gobierno.

La pérdida de popularidad se profundizó cuando en julio se lanzó un nuevo conjunto de medidas económicas, que introducía mecanismos mucho más tradicionales de ajuste del lado de los gastos y los ingresos fiscales.

Con esas decisiones en sus manos, el gobierno volvió a renegociar el acuerdo con el FMI y recibió algo de oxígeno con la esperanza de pasar dignamente la prueba electoral de septiembre de 1987.

Pese al esfuerzo, las elecciones arrojaron un crecimiento del Partido Justicialista, que obtuvo el 41,5% de los sufragios y trece gobernaciones, entre ellas la estratégica provincia de Buenos Aires. La Unión Cívica Radical recibió el 37,4% de los votos, con lo cual en el Congreso Nacional la oposición alcanzó la representación mayoritaria y el gobierno quedó sumido en una profunda debilidad.

Una vez que las elecciones quedaron atrás, el equipo económico procuró poner en marcha una suerte de quinta versión del Plan Austral que incluía el tradicional congelamiento de precios y salarios, aumentos de tarifas, un mayor grado de apertura de la economía, liberación de las tasas de interés y el abandono de un tipo de cambio único.

Con estas medidas la inflación disminuyó y el gobierno pudo concluir un nuevo año casi de pesadilla en que la economía creció sólo un 2,2%, sostenida en gran medida por la actividad de la construcción, a través de programas oficiales de crédito que costaron una importante emisión monetaria y contribuyeron a la aceleración de los precios. El déficit fiscal aumento un 70% respecto del nivel del año previo y la mitad de ese desequilibrio también se financió con emisión. La inflación desanduvo el camino descendente de 1986 y se empinó hasta el 175% a lo largo del año. La economía había sido transitoriamente salvada del colapso por el auxilio externo, pero el fantasma de la hiperinflación rondaba nuevamente.

(1988) A comienzos de 1988 el gobierno no lograba desanudar los renovados desequilibrios internos y externos de la economía. Después de la derrota electoral de septiembre de 1987 se había abierto una pequeña ventana de diálogo con el justicialismo que le permitió la sanción de un nuevo paquete de impuestos a cambio de una nueva Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo y de Asociaciones Profesionales, con lo que la negociación salarial fue devuelta al sector privado.



El paquete impositivo incluía aumentos en el gravamen a los combustibles, la tasa del impuesto al cheque y el retorno al denominado ahorro forzoso. También formó parte del acuerdo una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en sustitución de la que había dejado de herencia el gobierno militar, poco antes de alejarse del poder en 1973.

El régimen de coparticipación define la distribución de impuestos entre la Nación y las provincias y, por tanto, es una pieza central para la administración económica del país…



En la ley sancionada en enero de 1988 se preveía que su vigencia fuera transitoria, concretamente hasta fines de 1989, aunque prudentemente también se establecía su renovación automática si a su vencimiento no era sustituida por una nueva norma… En efecto, no sólo esta ley fue renovada automáticamente año tras año desde 1989 hasta la actualidad (mediados de 2006), sino que desde entonces se han dictado alrededor de 70 normas que convierten al sistema de impuestos en un laberinto que refleja el predominio de las negociaciones y equilibrios políticos circunstanciales…

La pequeña victoria legislativa de principios de 1988 alentaba en el gobierno la esperanza de introducir algunas reformas estructurales, sin las cuales era impensable retomar el control de la economía y, menos aún, una relación estable con la comunidad financiera internacional.

A partir de abril el país entró en una virtual cesación de pagos con el exterior y los organismos financieros internacionales interrumpieron los desembolsos de los préstamos acordados. En particular, el FMI canceló la vigencia del acuerdo de asistencia renovado pocos meses antes.

En agosto, el equipo económico ideó un conjunto de medidas pomposamente denominadas “Programa para la Recuperación Económica y el Crecimiento Sostenido”, que popularmente fue rebautizado como Plan Primavera, posiblemente porque no era fácil entender en qué consistían los cambios centrales y su rasgo más distintivo era la proximidad con el respectivo equinoccio.

El centro del programa era un mecanismo de desdoblamiento del mercado cambiario, en virtud del cual existía un tipo de cambio oficial al que los exportadores debían liquidar sus operaciones en el Banco Central, mientras que las divisas necesarias para las importaciones y las operaciones financieras se debían adquirir en el mercado libre con un tipo de cambio flotante. De esta manera, el gobierno recibía dólares “baratos” de los exportadores y se los vendía más caros a los importadores y el resto de los demandantes. Tal asimetría tenía el propósito de impulsar una situación más equilibrada en las cuentas externas.

El esquema se completó con un acuerdo de precios por 180 días con los sectores empresariales para, una vez más, desalentar la inflación, y fue precedido por el correspondiente aumento de tarifas para socorrer a las finanzas públicas.

La gobernabilidad se complicaba día a día. Cada una de las medidas era fuertemente resistida por los sectores afectados

En ese contexto, el Plan Primavera logró detener durante algunos meses las trayectorias crecientes de la inflación y del tipo de cambio. Los precios al consumidor, que habían crecido un 27% en agosto de 1988, descendieron al 6% a fines del año y el dólar, que duplicó su valor durante los primeros seis meses del año, se mantuvo relativamente estable en el segundo semestre. Pero se trataba de un equilibrio extremadamente precario.

Las negociaciones con los organismos internacionales y con el comité de acreedores, virtualmente se interrumpieron. El gobierno pudo avanzar con esfuerzo en algunos acuerdos bilaterales con algunos de los gobiernos agrupados en el Club de París. Inesperadamente, en septiembre, el Banco Mundial brindó una bocanada de aire fresco, otorgando un préstamo de 1.300 millones de dólares.

La otra buena noticia del año provino del sector exportador. La fuerte devaluación de la moneda nacional en los primeros meses del año, una sequía en Estados Unidos que hizo subir los precios internacionales y mejores condiciones climáticas en el país, impulsaron fuertemente las exportaciones agrícolas, en especial las de oleaginosas y aceites. También las ventas externas de productos industriales crecieron fuertemente. El resultado fue un ingreso adicional de divisas por estos conceptos de 2.774 millones de dólares, 43% más que el año anterior.

La administración estadounidense seguía con preocupación el agravamiento de la situación en la Argentina, en especial después que a mediados de año Carlos Menem triunfara en las elecciones internas del justicialismo, derrotando al sector renovador de dicho partido, encabezado por Antonio Cafiero. Por entonces, Menem -convertido en futuro candidato presidencial del justicialismo- era visto como un dirigente imprevisible, dueño de un discurso errático y poco coherente…



Acosado por la situación fiscal, unos pocos días después el gobierno rompió de forma unilateral el frágil acuerdo de precios y tarifas, aumentando los precios de los servicios públicos.

El saldo del año era dramático, la economía cayó casi un 3% y los precios minoristas aumentaron 388%. Como en otras ocasiones, el inicio de 1989 se insinuaba ardiente en todos los frentes.

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