Paper Se ha descubierto la inflación “buena”: la teoría de la “deaudaflación”


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Del Apartado específico del Ensayo: La “argentinización” de la economía mundial - Lecciones de la historia: Un amargo despertar (El único modelo económico que transformó a un país rico en uno pobre) Noviembre 2009

Correlación histórica con el “caso” argentino (Alarmantes coincidencias)

(1956) La conflictividad política del momento fue agravada por las disputas económicas surgidas del final de una experiencia y el intento de volver el reloj atrás. El proceso de industrialización peronista había generado una pujante clase media, con pequeños y medianos propietarios que expresaban una serie de intereses colisionantes con los de los tradicionales sectores agroexportadores.



La idea que se había extendido de que una buena cosecha “salvaba” al país seguía presente en la mente de muchos argentinos, lo que encontraba sustento en que el sector agroexportador constituía la principal fuente de divisas. Por su parte, los industrialistas reclamaban del Estado que continuaran las condiciones de estímulo y protección que habían permitido su desarrollo...

Carente de plan económico, el gobierno provisional convocó a Raúl Prebisch como asesor en asuntos económicos. Prebisch, de larga actuación en la década de 1930, había rechazado una invitación previa de Perón para asesorarlo y ya estaba en plena carrera internacional como Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), pero aceptó el encargo del gobierno.

Prebisch trabajó intensamente y en poco tiempo -octubre de 1955- produjo un “Informe preliminar acerca de la situación económica”, que comenzaba afirmando:

La Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico; más que aquella que el presidente Avellaneda hubo de conjurar ahorrando sobre el hambre y la sed y más que la del 90 y que la de hace un cuarto de siglo, en plena depresión mundial

Sin duda Prebisch exageraba la situación. En 1954 la economía había crecido un 5% y en 1955 avanzaba a un ritmo similar. Pero, como la crisis de 1952 había puesto de manifiesto, existían fuertes desequilibrios estructurales: sector agropecuario estancado, proceso de industrialización vacilante, crisis energética y en especial un déficit persistente en la balanza comercial.

Prebisch avanzaba en este primer informe con algunas propuestas de solución: devaluar la moneda para restablecer el ingreso del sector agropecuario, apelar al crédito externo para financiar las inversiones públicas, desarmar el sistema de regulaciones económicas y propiedad estatal construido durante el gobierno peronista y afiliar al país al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (luego Banco Mundial), entre otras.

Según su visión había que seguir -en el largo plazo- con el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, pero disminuyendo el grado de protección; atraer al capital extranjero; aumentar las exportaciones de productos manufacturados; tecnificar el campo para aumentar la producción y su capacidad exportadora e integrar con los países de la región mercados y políticas comunes ante los países centrales.

En cierto sentido lo que se planteaba era que el esquema de industrialización peronista había “arruinado” la economía tradicional “exitosa”, introduciendo una masa de consumidores y actividades que demandaban divisas, sólo para mantener ese consumo.

Los datos de la realidad señalaban otra cosa. Las estadísticas muestran que, desde fines de la década de 1930, la producción agropecuaria decayó, con respecto al aporte industrial al PBI. Factores como el deterioro de los términos del intercambio, es decir, la creciente valorización de los productos manufacturados frente a los de origen primario, el retorno de los países europeos a un equilibrio con sus sectores agropecuarios y la expansión en tecnología agraria de competidores como Canadá y Australia son probablemente razones de peso que explicaban en buena medida el problema del retraso del sector agropecuario en esos años.



Durante 1955 Prebisch siguió trabajando infatigablemente hasta que a principios de 1956 presentó su Plan de Restablecimiento Económico

Su plan también proponía un endeudamiento externo de 2.000 millones de dólares y una convocatoria amplia a la inversión extranjera. El principal estímulo para el sector agropecuario era la devaluación, acompañada de la propuesta de programas gubernamentales de estímulo a la tecnificación. El sector industrial, en cambio, sólo mereció una vaga lista de iniciativas, tales como el “establecimiento de la industria siderúrgica”, sin indicación de si se trataba de tareas que debía emprender el gobierno o un menú sugerido al sector privado.

Donde el plan no ofrecía dudas era con relación al rol del Estado. Se proponía la liquidación de las industrias en manos del gobierno, incluyendo la privatización de Aerolíneas Argentinas, una desregulación amplia del sistema financiero y el levantamiento de los controles de precios

Como en el gobierno y la sociedad el debate sobre el plan era intenso, se constituyó una Comisión Asesora Honoraria de Economía y Finanzas encargada de emitir un dictamen. La comisión, presidida por Eustaquio Méndez Delfino y Adalbert Krieger Vasena, lo aprobó sin mucho entusiasmo.

A los miembros de la comisión les parecía que había “cierta contradicción entre los propósitos de capitalización del país y las proposiciones vinculadas a la materia impositiva” (Prebisch había propuesto una disminución en los impuestos a los consumos esenciales, un aumento de la tasa progresiva del impuesto sobre los réditos y su elevación en las categorías superiores y la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias).

En cambio, abrazaron con fervor la cuestión de recurrir al crédito externo:



Una política tendiente a la engañosa conquista de la sensibilidad popular, procuró, durante el pasado tiempo crear un clima hostil a la contratación de empréstitos exteriores, asegurando que comprometían la soberanía nacional. Afortunadamente, la conciencia pública se ha ido esclareciendo y comprende que el crédito exterior es indispensable para un país en desarrollo (…).

La lógica era perfecta. Casi podría sintetizarse en una consigna: impuestos no, deuda sí.

Finalmente, Prebisch partió de regreso a la CEPAL y el gobierno se quedó con la tarea de Administrar el país, introduciendo un giro en la orientación de la política económica, que en muchos casos fue más una reacción frente a lo preexistente que el resultado de una idea global alternativa respecto del rumbo del país…



El nuevo gobierno repuso el dominio de los sectores tradicionales sobre las finanzas, el comercio y la exportación de productos primarios, al tiempo que el sector industrial comenzaba a sufrir la falta de apoyo del crédito público y la merma del poder de compra del mercado interno, golpeado en 1956 por una sucesión de devaluaciones del orden del 94%, en el tipo de cambio controlado utilizado para el comercio exterior. En el mercado libre del dólar el aumento era del 156 por ciento.

Los precios internos -ya liberados- acusaron el impacto de la devaluación. El año 1955 arrojó un 12,3% de inflación anual, en 1956 se registró un valor similar y en 1957 se duplicó

A la liberación de los precios, le siguió una escalada de reclamos exitosos de aumentos salariales, por lo cual, finalmente, se optó por el congelamiento de ambos, medida que seguía el cuestionado diseño del gobierno derrocado. Curiosamente, el decreto que fijaba el congelamiento de precios fue suscripto por uno de los líderes del libre mercado, Álvaro Alsogaray, por entonces ministro de Industria.

En la misma línea, se flexibilizó considerablemente el sistema de control de cambios y se eliminaron los permisos previos a la importación, aunque tiempo después la escasez de divisas obligó a reimplantarlos parcialmente.

En el sistema financiero se dio marcha atrás con la nacionalización de los depósitos, devolviendo a los bancos el funcionamiento previo a 1946. El menú se completó con una actitud de apertura a las inversiones extranjeras y la incorporación de la Argentina al FMI.

El retiro de la intervención del Estado en la economía también fue un híbrido. Se liquidó el IAPI -que se encontraba virtualmente en quiebra- y comenzó el desmantelamiento del complejo industrial agrupado en la Dirección de Industrias del Estado (DINIE). Pero se mantuvieron la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos, en tanto que la CAP (Corporación Argentina de Productores de Carne) fue entregada a los productores. Además, el gobierno de Aramburu creó la empresa Ferrocarriles del Estado para aglutinar a todas las líneas ferroviarias del país y le otorgó autonomía a YPF. Era un equilibrio delicado entre liberales y nacionalistas.

Siguiendo uno de los consejos de Prebisch, en 1956 se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Una decisión acertada, sin dudas, que llegaba siete años después que en Australia se estableciera una institución similar.

Otra buena iniciativa fue la negociación con once naciones europeas de un sistema multilateral de pagos que permitía cancelar las deudas en monedas de cualquiera de los países. Así nació la Unión Europea de Pagos, llamada “Club de París”…

(1958) El líder de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), Arturo Frondizi, entendió con claridad que la llave del éxito era -además de negociar con Perón- mostrarse como un político racional frente a tanta sinrazón que animaba al antagonismo peronismo-antiperonismo.



Tanto Frondizi como Rogelio Frigerio (un ministro sin cartera que siempre estaría a su lado asesorándolo en materia económica) habían desarrollado una profunda crítica del modelo económico agroexportador y de algunos rasgos del industrialismo peronista. En su visión, el primero era inviable por los desequilibrios externos resultantes de la insuficiencia crónica de los recursos provenientes de las exportaciones agropecuarias y el segundo estaba atado a un permanente estímulo de la demanda interna y al subsidio estatal, promoviendo un desarrollo de la industria liviana que tampoco era capaz de producir suficientes saldos exportables.

Esta estructura productiva mantenía al país en un estado de subdesarrollo -concepto clave de los debates de la época- que se agravaba con el transcurso del tiempo.

Al igual que Perón, el nuevo presidente creía que el Estado tenía un rol central en la programación estratégica del desarrollo económico. La diferencia radicaba en los límites que el desarrollismo le trazaba a esa intervención estatal.

Para el desarrollismo, las medidas necesarias para cambiar la estructura económica que impedía el crecimiento del país eran: fomentar y orientar el ahorro interno; estimular el ingreso de capital internacional público y privado; establecer un régimen de prioridades de las inversiones, a fin de canalizarlas hacia la industria pesada e infraestructura económica; sustituir importaciones y diversificar y fomentar las exportaciones; explorar la posibilidad de abrir nuevos mercados externos y negociar por la eliminación de las discriminaciones comerciales que los países desarrollados imponían a los periféricos.

La estrategia desarrollista era crítica de la tradicional división internacional del trabajo a la que las viejas elites seguían adhiriendo. No podía ser de otro modo porque:

(…) una sociedad que se desarrolla principalmente a través del crecimiento de la industria, reduce continuamente la importancia y el poder social de la oligarquía terrateniente y, en cambio, produce un aumento correlativo de la significación de los nuevos grupos de poder ligados a la industria.



Otro punto álgido era que la agricultura estaba en gran medida ausente en la agenda económica de corto plazo del desarrollismo

Además, la lógica internacional indicaba que la tendencia proteccionista de los mercados importadores -como el naciente Mercado Común Europeo- no otorgaba perspectivas favorables, en el corto plazo, para colocar la producción agropecuaria.

Por lo tanto -como señalan Escudé y Cisneros-, la propuesta desarrollista consistía en generar un complejo industrial integrado, dando especial impulso a sectores tales como la siderurgia, química, celulosa y papel, maquinarias, equipos y otros similares. En síntesis, debía seguirse una política de explotación plena de los recursos naturales, en donde era absolutamente prioritario incrementar la producción doméstica de petróleo y gas natural, indispensable para reducir la dependencia de las importaciones de esos recursos y direccionar las escasas inversiones hacia la industria petroquímica y química. Junto con ello, el plan estipulaba que debían expandirse elementos clave de la infraestructura económica, tales como la red de transporte vial y los aeropuertos.

El objetivo final era crear las condiciones para que la industria contara con un mercado suficientemente grande y unificado a nivel nacional. Por eso era primordial una expansión armoniosa de todas las regiones del país, que permitiera el desarrollo y la integración de la economía nacional

Un instrumento clave para esta tarea fue la creación del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE).

Casi en una soledad “rivadaviana”, Frondizi encaró semejante empresa en medio de la difícil coyuntura político-económica en que se hallaban inmersos el país y la propia gestión gubernamental…



El aumento salarial alimentó una política fiscal expansiva. En ese primer año de administración los gastos del Gobierno Nacional aumentaron un 121% y la mitad de ellos quedaron sin financiamiento a través de los ingresos corrientes, llevando el déficit del sector público a un alarmante 9% del PIB. El desequilibrio en el presupuesto se financió con una fuerte emisión monetaria y endeudamiento interno y externo. La inflación se empinó alcanzando un 32% en el año. La persistencia de un saldo comercial negativo entre importaciones y exportaciones y alguna salida de capitales provocaron un descenso de las reservas internacionales al crítico nivel de 133 millones de dólares. A pesar de estos remezones, la economía creció un modesto 3%, una importante desaceleración respecto del 5% que se había expandido en 1957.

Acosado tanto en el frente político como en el económico, el gobierno estaba en una encrucijada, así que decidió dar el paso trascendental de pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones se desarrollaron en secreto y en diciembre de 1958 se envió la primera parte del programa económico a cambio de un préstamo de 75 millones de dólares. El acuerdo también se mantuvo fuera del conocimiento del público por casi seis meses.

En su inagotable astucia, Frondizi presentó en sociedad la nueva política como un Plan de Estabilización y Desarrollo, pero fue sincero en anunciar que se venían tiempos duros por delante.

El plan contemplaba diversas medidas de contención del gasto público, un aumento del 150% en las tarifas ferroviarias y del resto del transporte público, racionalización de esos servicios, eliminación de operaciones antieconómicas, aumento de tarifas eléctricas, liberación y unificación del mercado de cambios, derechos aduaneros sobre las exportaciones (retenciones) y aumento de derechos de importación para productos suntuarios.

La unificación y liberación del tipo de cambio se tradujo en una fuerte devaluación -del orden del 50%- favorecedora del sector tradicional agroexportador, sobre el cual se aplicaron retenciones del 10% al 20%; se subieron los aranceles de importación, que iban del 20% al 300% según los rubros; se incrementaron los impuestos internos; se lanzó un plan para combatir la evasión fiscal y se liberaron los precios, que sólo se mantuvieron fijos para algunos artículos básicos de la canasta familiar

(1959) Hasta mediados de 1959 la situación económica seguía bastante fuera de control, así que el presidente decidió dar otro gran golpe de timón y nombró a Álvaro Alsogaray como ministro de Economía. Alsogaray había sido candidato presidencial en las elecciones del año anterior en representación de la Unión Cívica Independiente, un partido de orientación liberal que había recibido escaso caudal de votos



Como es de imaginar, la incorporación de Alsogaray generó otra gran decepción más en las filas desarrollistas. El nuevo ministro permaneció 22 meses en el cargo, hasta que un buen día Frondizi le pidió la renuncia. Años después, cuando en una entrevista le preguntaron sobre las causas del despido del ministro, el ex presidente dijo: “Alsogaray todavía se está preguntando por qué lo saqué, por qué le pedí la renuncia. Es muy fácil explicar por qué lo saqué. Lo que me resulta muy difícil es explicar por qué lo nombré”.

Alsogaray fue en realidad el encargado de aplicar el programa acordado con el FMI. En esa época acuñó con gesto adusto la famosa frase de “hay que pasar el invierno”. Posiblemente nunca imaginó cuanta vigencia tendría a lo largo de los años.

El gobierno calculaba que en dos años comenzarían a verse los primeros resultados del sacrificio que le estaba imponiendo a la población…

En diciembre de 1958 se sancionaron las leyes 14.780 de Radicación de Capitales -que permitía remitir ganancias al exterior y equiparaba en el trato al capital local y al extranjero- y 14.781 de Promoción Industrial. Esto, junto con el crédito por 75 millones de dólares del FMI y las reformas a las que estaba condicionado, encendieron la alarma de los nacionalistas.

La combinación entre pérdida del poder adquisitivo del salario en 1959 y las acusaciones de “entreguismo” de los grupos nacionalistas y de izquierda que rechazaban la intervención del capital extranjero -sobre todo en el área petrolera- generaron un cortocircuito que Frondizi enfrentó endureciendo su postura con los sindicatos y manteniendo su política de apertura.

Luego de una corta luna de miel, la resistencia peronista se acentuó cuando el gobierno congeló por un año los convenios colectivos ya pactados… Las huelgas estallaron…

Pese a los lineamientos del plan, por primera vez en el siglo la Argentina mostró en 1959 una inflación de tres dígitos, 114% -índice al que la carne aportó un 225% de aumento- y la economía se contrajo un 6,1 por ciento.

Los “planteos” militares -cerca de 40 hasta el golpe final- se sucedían sin solución de continuidad mientras los sindicatos paralizaban prolongadamente actividades centrales, como el caso de la huelga bancaria, que duró más de dos meses

(1974) El congelamiento de precios y salarios comenzó a trastabillar. Aparecieron el desabastecimiento y el mercado negro, lo que encareció la canasta familiar y dio pie a presiones sindicales por demandas salariales, activando el juego perverso de la inflación. Así, en marzo de 1974 -varios meses antes de lo pactado- se acordó un aumento del 30% en los salarios mínimos y del 13% en el resto de las remuneraciones.



En junio de 1974 el gobierno logró la sanción de la denominada Ley de Abastecimiento, que le otorgaba atribuciones en materia de fijación de precios, control de prácticas monopólicas y otras regulaciones sobre el mercado de bienes y servicios. Con el correr de los años esta legislación habría de ser utilizada en numerosas oportunidades.

El control de cambios también se resquebrajó, dando lugar a un intenso mercado negro o paralelo y a exportaciones no registradas que probablemente llegaron a representar alrededor de la quinta parte de las ventas externas totales. Un número creciente de exportadores evitaba de este modo ingresar las divisas a un tipo de cambio oficial que era un tercio de la cotización real en el mercado.

Pasado el “shock”, el crecimiento -logrado con base en la utilización de capacidad ociosa instalada- requería de un aumento de la inversión. Alarmado por la situación política, el sector privado disminuyó de manera importante sus proyectos, mientras el sector público, procurando evitar la recesión, desplegaba un importante plan de obra pública, orientado fundamentalmente a la construcción de viviendas.

El ministro de Economía también procuró activar nuevos mercados externos y -con el viejo precepto de la “Tercera Posición”- emprendió una importante gestión en Cuba -bloqueada comercialmente por los Estados Unidos- la Unión Soviética, Polonia, Hungría y Checoslovaquia, países con los que se acordaron créditos y cooperación científica y tecnológica. Indudablemente, esto acentuó tanto la desconfianza del gobierno estadounidense como la de una parte importante del empresariado local.

Por añadidura, la confrontación política no cejaba. En el acto del 1º de mayo de 1974 Perón virtualmente “echó” a las “formaciones especiales” -eufemismo con el que había bautizado a las organizaciones armadas- del multitudinario acto de la Plaza de MayoUnos días más tarde, el 1º de julio, fallecía.

La orfandad nacional que produjo su deceso en millones de argentinos fue tan profunda como el caos político, económico e institucional en el que se sumió la Argentina. No sólo moría el líder venerado por muchos durante tantos años, se iba con él la posibilidad de evitar la licuación por centrifugación del sistema político nacional…



Todo el mundo era consciente de la incapacidad de María Estela Martínez de Perón (“Isabel”) para manejar la situación, aunque no tanto de su fuerte adhesión a un sector de ultraderecha llamado a desatar una situación terminal en pocos meses.

En octubre de 1974 este sector logró el desplazamiento de Gelbard y con él concluyó un ensayo, tal vez un tanto utópico, de armonizar equidad distributiva con crecimiento económico. El país había perdido otra oportunidad

Como parte de la nueva etapa, el gobierno convocó a los militares a que abandonaran su “profesionalismo” para involucrarse en el apoyo político al nuevo gobierno

En el área económica el giro completo a la derecha era difícil, porque implicaba una confrontación abierta con los sindicatos, cuya postura era cada vez más distante del gobierno.

Para zanjar la situación, “Isabel” Perón nombró como ministro de Economía a Alfredo Gómez Morales, un veterano cuadro del peronismo que había sido ministro de Finanzas entre 1949 y 1952, es decir en la etapa en que Perón había intentado modificar el rumbo económico de su gobierno. Gómez Morales adscribía a un enfoque más ortodoxo que Gelbard, pero era esencialmente un moderado que gozaba de respeto tanto dentro como fuera del justicialismo. Se trataba de un hombre ideal para calmar los ánimos y durante algunos meses lo logró.

El nuevo ministro comenzó una gestión para obtener del FMI un crédito internacional “stand by” que no llegaría, mientras intentaba establecer nuevos acuerdos de precios y salarios, con retoques moderados.

El sistema económico había acumulado tensiones por obra del Pacto Social que -aunque roto en la práctica- seguía vigente, junto con el sostenimiento de un tipo de cambio fijo, que terminó revalorizando el peso frete al dólar.

El “Pacto Social” entre la CGT y la CGE volvió a reeditarse el 1º de noviembre de 1974. En el mismo se acodaba un aumento salarial y beneficios sociales adicionales, lo que aun así no alcanzaba para cubrir las expectativas del sector sindical, que propuso a Isabel Perón la “argentinización” de la economía. Esto incluía la nacionalización de bancos que habían sido adquiridos por capitales extranjeros durante el onganiato; la anulación de contratos con ITT y Siemens para proveer a la empresa nacional de teléfonos (ENTEL) y la nacionalización de estaciones de servicio de Esso y Shell.

A estas alturas la confusión era mayúscula, pero la economía todavía se sostenía en pie. Impulsado por el consumo y un nuevo aumento de las exportaciones, en 1974 el producto bruto interno creció un inesperado 6%. Pero como también las importaciones habían aumentado -en parte alentadas por el atraso cambiario- el saldo comercial se había deteriorado abruptamente y, junto con el proceso de salida neta o fuga de capitales, empujaba hacia abajo las reservas. Las presiones para que el gobierno devaluara la moneda eran crecientes.

En medio de la turbulencia, los aumentos salariales le habían ganado la carrera a los precios, que ese año “sólo” se habían incrementado un 24%. Así, el salario real tuvo un alza del 25% y la participación de los asalariados en el ingreso nacional alcanzó al 47%, uno de los puntos más altos de la historia, aunque poco habría de durar.

El déficit fiscal del Gobierno Nacional superó ligeramente el elevado nivel del año anterior y fue financiado en gran parte con emisión monetaria. En medio del descontrol y las luchas por el poder se incorporaron casi 102.000 nuevos agentes públicos.

La desequilibrada situación fiscal impulsó un crecimiento del 33% (1.132 millones de dólares) en la deuda externa, inaugurando un vertiginoso sendero ascendente.

La época arrojaba señales contradictorias. Como si nada ocurriera, un nuevo fenómeno de consumo tuvo inicios en estos tiempos turbulentos: los viajes turísticos de la clase media al exterior, incentivados por un tipo de cambio artificialmente favorable. Entre agosto de 1974 y el primer trimestre de 1975, los argentinos gastaron alrededor de 200 millones de dólares fronteras afuera, un 10% de las reservas

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