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E. TORTURA

35. Existe en Paraguay diversa legislación que prohibe la tortura. Por un lado el Estado paraguayo es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes101 y por otro, el Código penal incluyó en su última reforma la tipificación de los delitos de torturas y malos tratos. Sin embargo y conforme a lo señalado a la CIDH, el problema de la tortura, tanto en los centros carcelarios, como en las comisarías, es un problema recurrente.


36. Una de las razones que pueden explicar la ocurrencia de estos hechos es la permanencia en las filas policiales y militares de individuos formados en la escuela strossnista.102 La Comisión quiere puntualizar al respecto que la efectiva vigencia de los derechos humanos requiere de un sistema en el que todos sus integrantes se formen con los principios de una democracia participativa e informada. En este sentido, es necesaria una profunda reforma de los sistemas policiales y militares de Paraguay, que incluya en la formación de policías y militares principios relacionados con la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Al mismo tiempo es necesario un cambio profundo de estas instituciones, que hasta el presente mantienen una intrincada estructura basada en cadenas de mandos, que dificulta muchas veces la determinación de responsabilidad individual en casos de abusos por parte de sus miembros.
37. Se informó a la Comisión Interamericana que los agentes policiales son los principales responsables por los casos de tortura, y que éstas se producen principalmente en las Comisarias policiales. Entre los casos de tortura que se han mencionado en la prensa paraguaya se encuentra el de un joven de 27 años quien fue detenido por una barrera policial cuando descendía de un colectivo, fue introducido en un patrullero policial y fue objeto de tremendos castigos corporales en su cabeza. Al día siguiente, el 16 de enero de 1999, falleció como consecuencia de esos golpes.103

F. CONDICIONES CARCELARIAS

38. Según un informe de la Defensoría General, elaborado en base a la información recibida por todas las defensorías del fuero penal, en 1998 el total de presos con condena era de 155, mientras que el total de detenidos con proceso abierto era de 2111. Es decir que en las cárceles de Paraguay 93,2% de los detenidos puede estar sufriendo violaciones a su derecho a la libertad personal.104


39. Las difíciles condiciones en que se encuentran los detenidos en Paraguay son públicamente conocidas. Durante su visita in loco la Comisión pudo observar una intención positiva de las autoridades de mejorar las condiciones de los lugares de reclusión, que se ha traducido en algunas mejoras en las penitenciarías de Tacumbú y El Buen Pastor.105 No puede dejar de mencionarse sin embargo, que el sistema enfrenta una grave crisis que requiere de algo más que un cambio legislativo.
40. Los problemas más graves detectados por la Comisión durante su visita se refieren al Correccional de Menores Panchito López, donde están recluidos los menores de edad en condiciones de hacinamiento inaceptables, y a la penitenciaría de Encarnación, caracterizada, entre otros factores, por la falta de asistencia médica. La Comisión visitó ambos centros durante su visita in loco al Paraguay. El problema del Panchito López se trata con más detalle en el capítulo sobre Derechos de la Niñez, infra. Sin embargo la Comisión desea recordar aquí que, pese a dos incendios en los cuales perdieron la vida más de una docena de internos en el Panchito López, y pese a que autoridades tanto del presente Gobierno como de Gobiernos anteriores se comprometieron a su pronto cierre, y el presente Gobierno inició de hecho acciones en ese sentido, al trasladar a un número importante de internos al recientemente creado Centro de Educación Integral, el Correccional de Menores Panchito López continúa funcionando y todavía hay jóvenes detenidos en esa institución. La Comisión considera que el plazo para remediar tal situación es impostergable.
41. Respecto de la Penitenciaría de Encarnación, un informe remitido a la Comisión señala que el penal tiene capacidad para 190 internos y que es un edificio de unos 50 años, "con muy poco espacio y falta de planificación". Asimismo, un informe del mismo establecimiento señala que, en julio de 1999, de un total de 312 internos, 243 eran mayores mientras que 64 eran menores de edad y 8 mujeres. Todos los menores de edad alojados en la Cárcel de Encarnación son procesados. Las mujeres son 7 procesadas y una condenada, y entre los varones adultos se encuentran 3 condenados y 240 procesados.

42. La situación descrita por el Director del penal demuestra hasta qué punto las condiciones carcelarias de Paraguay se encuentran en contradicción con sus compromisos internacionales. En primer lugar, cabe señalar el problema del hacinamiento. En segundo lugar, el altísimo índice de procesados y en tercer lugar la duración de la detención sin condena.


43. La Comisión tiene en cuenta las reformas del Código Penal y del Código Procesal Penal, las cuales han incluido disposiciones destinadas a solucionar los problemas relacionados con las condiciones carcelarias. Sin embargo, se ha señalado que algunas de las nuevas disposiciones legales no tendrán consecuencias favorables inmediatas para el sistema penitenciario. Entre ellas puede mencionarse el nombramiento de los Jueces de Ejecución Penal, que tendrán por función velar por los derechos de los condenados y controlar el cumplimiento del régimen penitenciario, que fue postergado.106 Respecto de esta reforma legal, la Comisión considera importante destacar que si bien las normas dictadas hasta el momento representan un importante adelanto en materia legislativa, es necesario también que se determinen mediante disposiciones legales los derechos de víctimas y testigos.
44. En sus observaciones al presente informe el Estado señaló que ya han sido efectivamente nombrados Jueces de Ejecución, en la Circunscripción Judicial de la Capital y en otras cinco circunscripciones. Agregó que en aquéllas en las que todavía no han sido nombradas, se encuentran en período de selección de ternas por parte del Consejo de la Magistratura. El Estado señaló además que el Ministerio Público cuenta con un Programa especial de Protección de Víctimas y de Testigos, y destacó que entre las oficinas creadas por el Ministerio Público existe una de Atención a las Víctimas, con asistencia de Médicos, Psicólogos, y Asistentes Sociales. La CIDH valora positivamente dichos avances.




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