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C. GARANTÍAS JUDICIALES Y DEBIDO PROCESO



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C. GARANTÍAS JUDICIALES Y DEBIDO PROCESO





  1. A pesar de la vigencia de la Constitución de 1992 y de las modificaciones legislativas que se han analizado más arriba, persisten en Paraguay problemas en cuanto a la independencia e imparcialidad de los jueces, que traen como consecuencia situaciones de vulneración a las garantías del debido proceso.




  1. La Comisión ha recibido críticas respecto a la forma en que se ha efectuado la organización del Poder Judicial, y específicamente, la elección de jueces, luego de la reforma Constitucional. Al respecto, se señaló a la Comisión que consideraciones de orden político partidario habrían tenido mucha influencia en la elección de jueces y fiscales. 93

18. Al respecto, el Estado, en sus observaciones al presente informe, señaló que: “todo el proceso de selección y designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia y demás funcionarios gubernamentales fueron realizados dentro del estricto cumplimiento de las normas y procedimientos constitucionales y reglamentarios. En el caso de la designación de los Ministros de la Corte y del Fiscal General del Estado requirió la participación del Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo, respectivamente, dentro del marco de la coordinación y recíproco control dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Nacional”.


19. La reforma Constitucional otorgó además un papel trascendente al Ministerio Público, como encargado de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales. Sin embargo, pese a que la reforma ya lleva un tiempo de ser implementada, se ha señalado a la Comisión que el Ministerio Público podría tener un rol más activo en la investigación de los delitos en general, especialmente en delitos como narcotráfico, lavado de dinero, contrabando y tráfico de vehículos.94 Se señala además que las únicas vías de control ante las violaciones a las garantías judiciales son las organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general. En relación a lo aquí planteado, el Estado señaló en sus observaciones al presente informe que “tiene conocimiento que las unidades de la Fiscalía General del Estado, por dar un ejemplo la Unidad de Delitos Económicos, están realizando una tarea de investigación muy importante para el procesamiento de funcionarios gubernamentales acusados por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, lavado de dinero, entre otros, entre los cuales algunas causas penales, incluso están en estado de sentencia”.
20. Paralelamente se ha señalado que la reorganización de la Defensa Pública ha sido muy deficiente, que su reestructuración ha sido mínima y que cuenta solamente con 70 abogados para todo el país, lo cual revela falencias del Estado en cumplir con su obligación de proveer asistencia gratuita. Además, la Defensora General ha señalado que mucha gente no acude a la Defensa Pública por desconocimiento.95 Al respecto, deben efectuarse acciones educativas para que los ciudadanos conozcan la existencia y funciones de la Defensa Pública.

D. EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

21. Dos de los problemas más graves que afectan el derecho a la libertad personal en Paraguay son las detenciones sin que estén cumplidos los requisitos establecidos en la ley y la detención durante extensos períodos en prisión preventiva. Sobre ambos problemas la Comisión tuvo conocimiento durante su visita y recibió información adicional con posterioridad.



1. Detenciones ilegales

22. Conforme al artículo 7(2) de la Convención Americana, “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a a ellas”. El artículo 7(3) del mismo instrumento señala asimismo que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario”.


23. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que el mencionado artículo 7 de la Convención
contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.96
24. La Constitución paraguaya garantiza el derecho a la libertad individual en su artículo 12, que también establece sólo dos casos en los cuales podrá detenerse a una persona: orden de autoridad competente y ser sorprendido in fraganti en la comisión de un delito que merezca pena corporal.
25. No obstante lo dispuesto en la norma constitucional, el nuevo Código Procesal Penal amplía las situaciones en las cuales una persona puede ser detenida. Para ello, el código diferencia la figura de la detención, que puede ser ordenada por el Fiscal en los casos que el código enumera, y la figura de la aprehensión, que puede ser llevada a cabo por la Policía, aún sin orden judicial. Así, el artículo 239 de dicho Código, dispone:
Art. 239. APREHENSIÓN DE LAS PERSONAS. La Policía Nacional podrá aprehender a toda persona comprendida dentro de los siguientes casos, aún sin orden judicial:

  1. cuando sea sorprendida en flagrante comisión de hecho punible o cuando sea perseguida inmediatamente después de su comisión; se entenderá que existe flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza policial, por la víctima o por un grupo de personas;

  2. cuando se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención; y,

  3. cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se trate de casos en los que procede la detención preventiva.

Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión e impedir que el hecho punible produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada, inmediatamente, a la autoridad más cercana.

La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona lo deberá comunicar, dentro de las seis horas, al Ministerio Público y al juez.


26. Como se ve, el Código realiza una ampliación de los casos en que una persona puede ser detenida sin orden judicial, incorporando conceptos como el de "indicios suficientes de su participación en un hecho punible" que pueden dar lugar en la práctica a la aplicación del artículo en una cantidad indeterminada de situaciones. El respeto de la Constitución, así como de la Convención Americana, requiere que los jueces y los restantes funcionarios encargados de aplicar esta norma realicen una interpretación restrictiva del nuevo Código, que se ajuste a la norma fundamental y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo. Esta interpretación restringida obligaría a dichos funcionarios a detener a una persona únicamente en caso de flagrancia o de existir una orden judicial.
27. Al respecto, se ha señalado a la Comisión que “el derecho a la libertad, si bien está reconocido por la Constitución Nacional y por las leyes penales, es violado reiteradamente en el caso de sospechosos de delitos, justificándose estas violaciones como ‘un mal menor en la lucha contra la delincuencia’".97 Se señala que en la práctica las personas son detenidas sin orden judicial, sobre la base de una sospecha. Como ejemplos de tales situaciones se señalan las siguientes:
Operativo “Ñemopoti”
Se registró en Valle Pucú, Areguá, a fines del mes de agosto del año 2.000. Y fueron “demoradas” más de 50 personas por el hecho de poseer antecedentes penales por diversos delitos. La demora se realizó arbitrariamente por parte de la Policía sin participación o comunicación al Ministerio Público ni al Juez en lo Penal, sin cumplir ninguno de los requisitos necesarios para que la Policía Nacional pueda proceder a la aprehensión y sin la existencia de una orden de detención escrita de autoridad competente. Este operativo es un procedimiento absolutamente inaceptable en un estado de derecho, y mucho menos cuando su realización fue dispuesta por expresa disposición del Comandante de la Policía Nacional y encabezada por el Jefe de la Policía del Departamento Central Comisario Adelio Gray.
Detención masiva de campesinos con actuaciones de brutal ferocidad.
Cuando se trata de detención de campesinos, las órdenes son dictadas sin individualización de las personas a ser detenidas, por lo que las autoridades intervinientes proceden a arrear a todas las personas que se encuentran en un determinado lugar, sin saber específicamente a quienes están deteniendo. En este proceso la brutalidad es la constante, como sucedió en los casos de denuncias registradas en Caazapá, donde existieron lesionados con fracturas, fueron torturados y sometidas las mujeres a graves vejámenes donde incluye el caso de un aborto provocado.

Estos hechos fueron denunciados a la opinión pública por la Federación Nacional Campesina y también presentados a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y la Fiscalía. Se realizó una interpelación a las Autoridades Policiales pero hasta la fecha no hay procesados ni condenados.



En fecha 10 de agosto de este año, oportunidad en que las víctimas se dirigían a Asunción en dos camiones con todas las documentaciones legales para presentar sus denuncias, fueron retenidos en el cruce de Coronel Oviedo supuestamente por orden del entonces Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones José Alberto Planás, en forma absolutamente arbitraria y sin justificativos legales, además en horas de la tarde las personas apostadas en ese lugar fueron nuevamente víctimas de una represión, lanzándose contra las mismas gases lacrimógenos y de otro tipo, para evitar que llegaran a Asunción a realizar sus denuncias; pese a todo y con tremendos sacrificios pudieron llegar a la capital y presentar demandas, las que aún se encuentran sin procesos judiciales.98
2. Duración de la prisión preventiva
28. Uno de los más graves problemas que ha detectado la Comisión en Paraguay es la situación de las personas privadas de libertad sin condena, que llega a más de un 90% de las personas privadas de su libertad. Esta situación se da en el marco de una crítica a la administración de justicia, que en la percepción de numerosos sectores de la sociedad civil del Paraguay, no tiene las condiciones de modernidad y eficiencia para dar pronta y justa solución a las demandas de justicia de la sociedad.
29. En relación a este punto el Estado, en sus observaciones al presente Informe, señaló que “a partir de la vigencia del nuevo Código Penal Procesal el sistema de justicia penal se ha visto favorecido por ser dictadas condenas a través del procedimiento penal abreviado y de que el 38% de las personas litiga en libertad absoluta sin ninguna condición sobre su libertad. Sólo el 25% de las personas litiga ahora con prisión preventiva”.
30. Como se ha señalado en el apartado anterior, y según denuncias recibidas, existen casos de detención de personas que efectúa la policía sin ninguna orden judicial y sin que exista la circunstancia de flagrancia. Ello facilita la probabilidad de torturas y otros tratos crueles o degradantes en los centros primarios de detención. Luego, las personas son sometidas a un proceso judicial excesivamente prolongado, en donde los jueces tienen a su cargo más expedientes de los que pueden resolver, y en el cual la defensa del procesado está usualmente a cargo de un defensor público que tiene exceso de trabajo. Lo anterior ocasiona que los procesos, especialmente los concernientes a personas de escasos recursos económicos, se mantengan inactivos, prolongándose su duración por años, mientras el detenido continúa en prisión.
31. Como consecuencia de esta situación, se origina una sobrepoblación en los centros penitenciarios, en donde se ha señalado a la Comisión que hay un elevado porcentaje de presos sin condena, situación que la CIDH comprobó por sí misma en las visitas a la Cárcel de Tacumbú, Correccional de Menores Panchito López, la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, la Penitenciaría de Encarnación, la Comisaría donde están recluidas las internas en Encarnación y la Cárcel de la Comisaría Policial de San Pedro. La CIDH se entrevistó con individuos que se encuentran presos por períodos que exceden incluso más de siete años sin condena alguna. Igualmente la CIDH comprobó que personas de más de setenta años se encontraban detenidas sin condena, a pesar de disposiciones expresas que prohiben tal situación.
32. La Convención Americana prohibe las detenciones ilegales o arbitrarias. Asimismo, consagra que las personas tienen derecho a ser juzgadas dentro de un plazo razonable, o a ser puestas en libertad. Ello implica el principio de la libertad durante el proceso; y que la detención o prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, que puede acordarse en casos expresos y justificados conforme a estándares internacionales, pero que no puede exceder un plazo razonable.
33. Lo contrario vulneraría el principio de inocencia. En efecto, el principio de inocencia implica que, en el caso de resultar necesaria la privación de la libertad durante el transcurso de un proceso, la posición jurídica del imputado sigue siendo la de un inocente. "Se entiende que la previsión del artículo 7(5) de la Convención [Americana] exige que, una vez iniciado el proceso y detenido el imputado, si existe la necesidad de privarlo de su libertad, el juicio público debe sobrevenir, si no de inmediato, al menos en un tiempo muy próximo…"99 Luego de ese breve lapso, el Estado tiene el derecho de continuar el proceso, pero la previsión del artículo requiere que el imputado sea puesto en libertad.
34. De exceder el plazo razonable, la detención o prisión preventiva se convierte en una pena anticipada, en contravención del derecho de toda persona a ser presumida inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, consagrado en el artículo 8(2) de la Convención. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el principio del plazo razonable tiene como finalidad "impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente". La Corte Interamericana ha señalado literalmente lo siguiente:
Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos.100





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