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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS



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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS




A. INTRODUCCIÓN


  1. La eficacia y efectividad de los derechos humanos depende de manera principal de la capacidad de cada uno de los Estados para organizar su sistema de justicia. En efecto, la existencia de un sistema normativo que recoja los compromisos internacionales del Estado relativos a la defensa de los derechos humanos, tendrá escasas o nulas consecuencias si los ciudadanos afectados por las violaciones a sus derechos no cuentan con un efectivo sistema de justicia independiente e imparcial al que acudir.




  1. Pero además, la vigencia plena de los derechos humanos requiere que ese sistema de justicia se organice y funcione de una forma determinada, esto es, garantizando a todo individuo un acceso seguro, independientemente de su condición social y económica, así como también una resolución del conflicto en un tiempo prudencial. Si ello no ocurre, la negación de justicia provocaría paralelamente una violación a los derechos humanos. De la capacidad de respuesta del aparato estatal ante las violaciones a los derechos humanos dependerá en gran medida la legitimidad de su sistema de justicia.




  1. La Comisión se ha pronunciado anteriormente sobre la importancia del Poder Judicial para la efectividad de los derechos humanos, al sostener que:

… el Poder Judicial se ha establecido para la protección de los derechos y garantías, y es indudablemente el órgano fundamental para la protección de los derechos humanos.87



B. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN PARAGUAY





  1. Al reformarse la Constitución paraguaya, en 1992, surgió la necesidad de modificar una gran cantidad de legislación vigente desde el siglo XIX. Entre estas reformas una de las más importantes está relacionada con el sistema de justicia. Dentro de este proceso se inició la reforma del sistema penal, mencionada infra. Precisamente en materia penal, la reforma constitucional ha introducido una serie de garantías que no se encontraban en la Constitución hasta ese momento, lo cual implica un cambio sustancial y positivo en esta materia.




  1. Antes de entrar en el análisis de la nueva normativa, la Comisión desea referirse al funcionamiento del sistema de justicia en la actualidad. En general se denuncia que el sistema de justicia sufre graves problemas de corrupción.88 Pese a ello, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sólo ha removido a veintidós jueces desde su creación hace 8 años.89 La Comisión está consciente de que los cambios legislativos que se analizarán a continuación, implican un cambio sustancial en el sistema de justicia, que harán posible una mejora en la calidad del sistema. Sin embargo es necesario que los encargados de poner en práctica la reforma, y en general las autoridades paraguayas, sigan de cerca este proceso, y se aseguren mecanismos claros y eficientes de remoción de jueces que incurran en actos de corrupción o en otras causales de destitución.




  1. La Comisión analizará ahora, algunas de las reformas legislativas que se han realizado hasta el momento, entre las que pueden mencionarse el nuevo Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de la Policía y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se encuentra pendiente de promulgación el Código de la Niñez y Adolescencia.90




  1. El nuevo Código Penal consagra el principio de legalidad e irretroactividad. Prohibe la analogía y erradica la responsabilidad objetiva, así como el concepto del derecho penal de autor. El nuevo Código elimina figuras del Código anterior que contemplaban presunciones de dolo, ausencia de justificación, ausencia de reprochabilidad, entre otras. Esta reforma implica en la práctica, un traslado de la carga de la prueba del imputado al Fiscal. En otros términos, bajo la vigencia del código anterior, una serie de presunciones hacían que el acusado tuviera que probar su inocencia, mientras que en el nuevo código es el fiscal quien debe probar la culpabilidad del imputado.




  1. El Código Penal reformado, adecuándose a las previsiones de la Constitución, elimina la pena de muerte y la de destierro, al mismo tiempo que la pena privativa de libertad perpetua. También establece que el máximo de la pena aplicable es de 25 años de privación de libertad, y se instituyen medidas alternativas a la privación de la libertad, como la multa o la suspensión condicional. La Comisión valora positivamente este cambio, que es cónsono con la presunción de inocencia a que se refiere el artículo 8(2) de la Convención Americana.




  1. El nuevo Código Procesal Penal,91 está vigente para los procesos iniciados con posterioridad al 1° de marzo de 2000.92 Los procesos iniciados con anterioridad a esa fecha, se regirán por el Código anterior. Este nuevo Código tiene entre sus reformas sobresalientes la implementación del juicio Oral. La reforma implica un cambio de un proceso compuesto por dos etapas -de investigación y de juicio, ambas a cargo del mismo juez- a un proceso con tres etapas bien diferenciadas: la etapa preparatoria, la intermedia y la final.




  1. En el nuevo sistema, la etapa preparatoria está totalmente a cargo del Ministerio Público, y durante su transcurso se realiza la investigación del hecho. En esta etapa la víctima podrá presentarse como querellante. El tiempo total de duración de la etapa preparatoria no podrá exceder de seis meses y el juez penal o de garantías no podrá intervenir en ella, salvo para velar por las garantías del proceso. Esta etapa culmina con la presentación de la acusación por parte del Fiscal.




  1. En la etapa intermedia, tanto la defensa como la víctima pueden presentar sus cuestionamientos a la acusación formulada por el Fiscal o efectuar solicitudes diferentes a las planteadas por el Ministerio Público. Esta discusión se desarrolla en el marco de una audiencia oral y pública, denominada audiencia preliminar, tras la cual el Juez de Garantías deberá resolver la admisión o no de la acusación.




  1. En caso que la acusación sea admitida, se da inicio a la etapa final, consistente en el juicio oral y público. El juez interviniente en esta etapa es distinto al Juez de Garantías que entendió en la etapa anterior. Para los delitos que tengan penas inferiores a 5 años de prisión, el juez es unipersonal. Para los delitos con pena mayor de 5 años, el juicio estará a cargo de un Tribunal de Sentencia, compuesto por tres Jueces.




  1. Respecto del Ministerio Público, se reformó todo lo referente a sus funciones, ubicación institucional, su inserción dentro del esquema de poderes y su misión general. Los principios que caracterizan esta nueva estructura del Ministerio Público son: Judicialidad, Autonomía, Organización Propia, Control de Legalidad Privilegiado, Permeabilidad y Representación Social.




  1. Asimismo, y puntualmente respecto de la protección de los derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia ha creado una Unidad de Derechos Humanos dentro de la estructura orgánica y funcional del Poder Judicial. Dentro de las funciones de esta Unidad, se encuentra la de monitoreo, respecto de la aplicación de los derechos humanos en los distintos juzgados y tribunales de la República; la de órgano de investigación y consulta, al servicio tanto de magistrados y funcionarios como de la comunidad en general; tiene también funciones de información, para responder a requerimientos tanto locales como internacionales; funciones de capacitación y difusión y la función de coordinar la ayuda y cooperación proveniente de donantes tanto internacionales como de otras fuentes de promoción y aplicación de los derechos humanos. La Unidad no recibe denuncias particulares y no tiene atribuciones jurisdiccionales.




  1. La Comisión Interamericana considera muy positivo el mencionado cambio legislativo de un proceso penal inquisitivo en donde el juez debe tanto buscar las pruebas como pronunciarse sobre ellas, a un proceso acusatorio, en donde el Ministerio Público tenga asignada la función de recabar las pruebas y acusar, y el juez se limite a juzgar. La CIDH debe destacar que dichos cambios deben ir acompañados también por procesos educativos no sólo a los fiscales, jueces y policías, para que cada uno entienda a cabalidad su rol y lo ejerza debidamente, sino también a la comunidad en general, para que esté en conocimiento de los aspectos positivos del cambio. Ello debido a que en algunos países en que se han producido reformas similares, las fallas de la Fiscalía u órganos equivalentes en recabar las pruebas y ejercer debidamente las demás atribuciones que le corresponden ha implicado la liberación de personas pretendidamente delincuentes, a quienes sin embargo la Fiscalía no ha logrado probar la comisión de delito alguno. Ello en otros países ha generado eventuales críticas dirigidas no a la Fiscalía, por no cumplir adecuadamente con su rol, sino al nuevo sistema acusatorio.



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