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INTRODUCCIÓN






1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("CIDH" o "Comisión") es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.
2. La Comisión, cuya sede se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos de América, se encuentra conformada por siete miembros propuestos por los países miembros de la OEA y elegidos por la Asamblea General de la OEA, a título personal. Duran cuatro años en sus funciones, y pueden ser reelegidos por un período adicional. Los miembros eligen anualmente entre ellos a su directiva, conformada por un Presidente y dos Vicepresidentes. También forma parte de la Comisión su Secretaría Ejecutiva, conformada por un Secretario Ejecutivo, dos Secretarios Ejecutivos Adjuntos y los abogados y el personal administrativo necesario para el cumplimiento de sus funciones. La Secretaría Ejecutiva funciona de manera permanente en la sede de la CIDH.
3. A los fines de cumplir sus objetivos de promoción y protección de los derechos humanos, la CIDH realiza una serie de funciones, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Convención Americana” o “Convención”), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y otros tratados internacionales, el Estatuto y el Reglamento de la CIDH. Entre tales funciones se encuentran las relativas a la atención de: peticiones y casos individuales de violación de derechos humanos; medidas cautelares que se hagan necesarias para evitar daños irreparables a las personas; visitas in loco a países miembros de la OEA, que se realizan respecto a un caso específico bajo conocimiento de la Comisión,1 para realizar una observación general de la situación de los derechos humanos en un país o para efectuar una observación específica sobre un tema o situación determinada;2 la elaboración de distintos tipos de informes, ya sean generales o especiales; y al trabajo desplegado a través de las "Relatorías Temáticas" sobre asuntos específicos relacionados con los derechos humanos.
4. En el marco de sus mencionadas funciones, la CIDH efectúa de manera regular un seguimiento de la situación de los derechos humanos en los países miembros de la OEA. Así, la Comisión ha venido siguiendo desde hace varios años la situación de los derechos humanos en Paraguay.3

5. La República del Paraguay tiene un territorio de 406.752 km2 y colinda con Argentina, Brasil y Bolivia. Tiene dos regiones naturales bien diferenciadas, divididas por el río Paraguay: occidental y oriental. La región occidental, también conocida como Chaco, es una región semiárida que comprende aproximadamente el 60% del territorio del país y alberga aproximadamente al 2% de los habitantes del Paraguay. En la región oriental del Paraguay, que comprende el 40% de su territorio y es habitado por el 98% de los habitantes del país, se realizan la mayor parte de las actividades económicas del país, siendo las principales la agropecuaria y la explotación forestal. En esa parte del territorio se encuentra la ciudad capital Asunción, que al último censo tenía aproximadamente 500.000 habitantes. La mitad de la población habita zonas urbanas, y la mitad habita zonas rurales.4


6. En fecha 12 de abril de 1999 el Estado paraguayo invitó a la CIDH a efectuar una visita in loco a Paraguay, invitación ésta que fue aceptada por la CIDH para observar la situación general de los derechos humanos en ese país. Dicha visita se llevó a cabo del 28 al 30 de julio de 1999, dentro del marco de la Convención Americana, de la que Paraguay es parte, y del Estatuto y el Reglamento de la CIDH que rigen estas materias. Participaron en la visita los siguientes miembros de la Comisión: Profesor Robert K. Goldman (en aquel momento su Presidente); doctor Hélio Bicudo (en aquel momento su Primer Vicepresidente); decano Claudio Grossman (en aquel momento su Segundo Vicepresidente); profesor Carlos Ayala Corao y doctor Alvaro Tirado Mejía. También participaron el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Embajador Jorge E. Taiana; el Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor David J. Padilla; y los especialistas doctor Ignacio J. Alvarez, encargado de los asuntos de Paraguay en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, y doctora Christina M. Cerna. El doctor Santiago Canton, Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, participó en la visita en tal condición. La señora Ana Cecilia Adriazola y la señorita Tania Hernández prestaron apoyo administrativo durante la visita.
7. Durante la visita, la CIDH se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, e igualmente con diferentes sectores de la sociedad civil, tales como organizaciones de derechos humanos, representantes de la Iglesia, grupos de campesinos y de comunidades indígenas, dirigentes sindicales, presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos y otros. La Comisión visitó también varios centros penitenciarios y se trasladó a diferentes regiones del país.
8. La Comisión se entrevistó con las más altas autoridades de los Poderes del Estado, con el Presidente de la República, doctor Luis Angel González Macchi; con el Presidente del Congreso Nacional, doctor Juan Carlos Galaverna; y con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, doctor Wildo Rienzi Galeano.
9. A nivel del Poder Ejecutivo, la Comisión se entrevistó también con el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Miguel Abdon Saguier; con el Ministro de Justicia, doctor Silvio Ferreira; con el Ministro de Defensa, doctor Nelson Argaña Contreras; con el Ministro del Interior, doctor Walter Bower Montalto; con el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, doctor Martín Antonio Chiola; con el Fiscal General del Estado, doctor Aníbal de la Cruz Cabrera Veron; con la Ministra de la Secretaría de la Mujer, doctora Cristina Muñóz; con el Presidente del Instituto de Bienestar Rural (IBR), señor Enrique José García de Zúniga Caballero; con el Presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), señor Oscar Optaciano Villamayor Sánchez; con el Gobernador del Departamento de Concepción, señor Modesto Guggiari Zavala; con el Gobernador Departamento de San Pedro, señor César Ramón Alvarenga, y con el Gobernador del Departamento de Itapúa, señor Lucio Vergara Ríos.
10. A nivel del Poder Legislativo, la Comisión se reunió con el Senador Juan Carlos Galaverna, Presidente de la Honorable Cámara de Senadores; Senador Luis Alberto Mauro, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Senador José Félix Fernández Estigarribia, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; Diputado Efraín Alegre, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados; Diputada Sonia de León, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; y Diputado Luis Alberto Mendoza, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. A dicha reunión asistieron igualmente otros honorables Senadores y Diputados del Congreso Nacional.
11. A nivel del Poder Judicial, la Comisión se entrevistó con los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores Raúl Sapena Brugada, Enrique Sosa, Felipe Santiago Paredes, Carlos Fernandez Gadea, Jerónimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala y Bonifacio Rios. La CIDH se reunió también con el Juez Jorge Bogarín. En la sede del Poder Judicial, la Comisión visitó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, lugar donde se encuentra la recopilación de documentos vinculados a la represión durante la dictadura de Alfredo Stroessner, también conocido como "Archivo del Terror".
12. La Comisión se entrevistó con representantes de numerosas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, tales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Paraguay, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Asociación de Familiares de Víctimas del Servicio Militar (AFAVISEM), el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), la Red Indigenista, DECIDAMOS Campaña por la Expresión Ciudadana, Defensa de la Niñez Internacional (DNI), la Fundación para la Reforma del Estado (FUNPARE), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), la Pastoral Social Nacional/Servicios de Formación y Estudios de la Mujer (SEFEM), el Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ PY), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Tierraviva, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) y el International Human Rights Law Group.
13. Asimismo, la Comisión se reunió con representantes de grupos de la Iglesia y de otras organizaciones de la sociedad civil tales como Monseñor Pastor Cuquejo, de la Conferencia Episcopal Paraguaya; con el Profesor Luis A. Resck; con grupos representantes de campesinos, como la Federación Nacional Campesina, ONAC, Red Rural y Tekokatu; con organizaciones de trabajadores, como CNT, CUT y CESITEP, con el grupo "Ahorristas Estafados en Acción", con la "Coordinadora de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos del Paraguay", así como con presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos. El doctor Santiago Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión, sostuvo reuniones con los directores de los diarios ABC Color, El Día, La Nación, Noticias y Última Hora. También mantuvo reuniones con representantes de la radio y la televisión.
14. La Comisión celebró reuniones de seguimiento de casos bajo su conocimiento que se encuentran en proceso de solución amistosa. Dichas reuniones se celebraron con Representantes del Gobierno paraguayo y con representantes de las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), SERPAJ, TEKOJOJA e International Human Rights Law Group, que representan a las presuntas víctimas o a sus familiares, algunas de las cuales estuvieron también presentes en dichas reuniones.
15. Durante el curso de su visita, la CIDH desarrolló su programa de trabajo en las localidades de Asunción, Encarnación, San Pedro y Concepción.
16. En Asunción, la Comisión celebró reuniones con las autoridades, personas e instituciones ya mencionadas, y visitó además los establecimientos penitenciarios de Tacumbú (de hombres), El Buen Pastor (de mujeres) y el correccional de menores "Panchito López". En todas ellas la Comisión recorrió las instalaciones y se entrevistó tanto con las autoridades de dichos establecimientos penitenciarios como con internos.
17. La CIDH se trasladó igualmente a Encarnación, en donde visitó la penitenciaría y se entrevistó con autoridades locales y con representantes de la sociedad civil. En dicha visita a la Penitenciaría de Encarnación, la Comisión recorrió las instalaciones y se entrevistó tanto con las autoridades de dicho establecimiento penitenciario como con internos de dicha cárcel. En lo relativo a las reuniones con autoridades locales, la CIDH se reunió con el Gobernador del Departamento de Itapúa, señor Lucio Vergara Ríos, mientras que en lo concerniente a las reuniones con representantes de la sociedad civil, la Comisión se reunió en la sede del Obispado con representantes de organizaciones no gubernamentales de la localidad, tales como la Coordinadora de Afectados por Yacyretá, la Comisión de Defensa de los Derechos Sociales y los trabajadores en huelga de Radio Encarnación.
18. La CIDH se trasladó también a San Pedro y a Concepción, en donde se entrevistó con autoridades locales y con representantes de la sociedad civil. La Comisión estuvo también en el Chaco Paraguayo, en donde visitó las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa. En lo relativo a las reuniones con autoridades locales, la CIDH se reunió con el Gobernador de San Pedro, señor César Ramón Alvarenga. En lo concerniente a las reuniones con la sociedad civil, la Comisión se reunió con representantes de las comunidades campesinas de Antebi Cué, Curuzu de Hierro, y con otros representantes de la sociedad civil local, así como con representantes y grupos de la Iglesia.
19. Como es habitual en tales visitas, la CIDH recibió quejas de quienes denunciaron, directamente o a través de sus representantes, haber sido víctimas de violación de sus derechos humanos, y se entrevistó con quienes desearon suministrar información adicional en relación con las denuncias que se encuentran en trámite ante la Comisión.
20. La CIDH tuvo la más amplia libertad para reunirse con las personas de su elección, así como para desplazarse a cualquier lugar del territorio que estimara conveniente. El Gobierno del Paraguay extendió a la Comisión en todos los ámbitos la más plena asistencia y cooperación a fin de posibilitar la realización de su programa.
21. La Comisión reitera su agradecimiento al Gobierno de la República del Paraguay, en la persona de su Presidente, doctor Luis Angel González Macchi, al Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Misión Permanente de Paraguay ante la OEA y a las demás autoridades estatales, por la invitación efectuada a la Comisión y por todas las facilidades otorgadas para la realización de la visita; a las organizaciones no gubernamentales, y especialmente a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Paraguay, quienes apoyaron de una manera invalorable a la Comisión en la organización de la agenda con el sector no oficial; a la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Paraguay, que colaboró también en la organización de diversos aspectos de la visita; a los particulares que, en forma franca y transparente, contribuyeron con sus valiosos testimonios y documentación al eficaz cumplimiento de su misión durante la visita; y a todas las personas e instituciones que, conjuntamente con las antes mencionadas, brindaron su hospitalidad, facilidades y colaboración a la CIDH para la realización con éxito de la visita. La Comisión desea reiterar también el agradecimiento por el interés de los periodistas y los medios de comunicación por la cobertura de la visita y por el interés sobre los temas abordados durante su desarrollo.
22. Al finalizar la mencionada visita in loco la CIDH emitió un comunicado de prensa en Asunción, en el que efectuó algunas consideraciones preliminares respecto a la observación efectuada de la situación general de los derechos humanos en el país.5
23. En el presente informe sobre la situación general de los derechos humanos en Paraguay, que se basa en información y documentación recabada y examinada de acuerdo con los procedimientos habituales de la Comisión, así como en las opiniones y en los abundantes datos recabados antes, durante y después de la mencionada visita in loco, la Comisión efectúa un estudio más detallado y completo de la situación.
24. El presente informe fue remitido al Estado el 19 de diciembre de 2000 por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, con la finalidad que el Estado efectuara las observaciones que estimara pertinentes, dentro de un plazo de dos meses. La Comisión prorrogó el 23 de febrero de 2001 dicho plazo por otros quince días. El 23 de febrero de 2001 la Representación Permanente del Paraguay ante la OEA presentó comentarios y observaciones preliminares, y en la misma fecha se recibió un escrito de observaciones que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. La Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de su Reglamento, estudió tales observaciones y las incluyó, en lo pertinente, en la presente versión final. La Comisión aprobó la versión final de su informe el día 9 de marzo de 2001.
25. La Comisión espera que el Gobierno del Paraguay y los demás actores políticos del país, incluyendo a los integrantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, desplieguen la voluntad política necesaria para seguir avanzando en los temas de derechos humanos en que se ha avanzado en Paraguay, y para buscar soluciones a los serios problemas de derechos humanos que aun afectan a los habitantes del país. Varios de tales problemas se identifican en el presente informe, que contiene además las recomendaciones tendientes a su solución que la CIDH ha estimado pertinentes. La Comisión Interamericana considera esencial que en el estudio de las soluciones a los problemas se tome muy en cuenta la opinión de las organizaciones no gubernamentales y de los demás integrantes de la sociedad civil. La Comisión Interamericana ofrece al Estado paraguayo su colaboración en las actividades de promoción, protección y consulta necesarias para avanzar en la solución de los problemas en materia de derechos humanos.

CAPÍTULO I
SISTEMA JURÍDICO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


A. ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PARAGUAYO

1. El 20 de junio de 1992, es decir, aproximadamente tres años después de la caída de la dictadura encabezada por Alfredo Stroessner que detentó el poder en Paraguay por más de 30 años, una Convención Nacional Constituyente sancionó y promulgó una nueva Constitución Nacional. El artículo 1 de dicha Carta Magna establece que "La República del Paraguay, es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado Social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”.


1. El Poder Legislativo
2. La Constitución paraguaya establece que el Poder Legislativo será ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de Senadores y otra de Diputados. Sus integrantes son elegidos directamente por el pueblo por un período de cinco años, y son reelegibles. El artículo 191 de dicha Carta Magna establece que
Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad.
Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si ha lugar o no al desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros.
3. Entre las funciones de las Cámaras se encuentra la de solicitar informes sobre asuntos de interés público a los demás poderes del Estado, citar e interpelar a Ministros y a otros altos funcionarios de la administración pública central y descentralizada, con facultades para censurarlos y recomendar su remoción al Presidente de la República o al superior jerárquico del funcionario de que se trate. Las funciones del Congreso incluyen velar por la observancia de la Constitución y de las leyes; dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando la Constitución; sancionar anualmente la ley del Presupuesto General de la Nación; aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo; efectuar los nombramientos que la Constitución prescribe y someter a juicio político al Presidente y a otros altos funcionarios.
2. El Poder Ejecutivo
4. La Constitución dispone en sus artículos 226 y 227 que “el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República” y que “habrá un Vicepresidente de la República quien, en caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituirá de inmediato, con todas sus atribuciones”. El artículo 234 de dicho instrumento establece por su parte que
En caso de impedimento o ausencia del Presidente de la República, lo reemplazará el Vicepresidente, y a falta de éste y en forma sucesiva, el Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia.
El Vicepresidente electo asumirá la presidencia de la República si ésta quedase vacante antes o después de la proclamación del Presidente, y la ejercerá hasta la finalización del período constitucional.
Si se produjera la vacancia definitiva de la Vicepresidencia durante los tres primeros años del período constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. Si la misma tuviese lugar durante los dos últimos años, el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien debe desempeñar el cargo por el resto del período.
5. Entre los deberes y atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República, la Constitución paraguaya señala las de representar al Estado y dirigir la administración general del país; cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; dar cuenta al Congreso, al inicio de cada período anual de sesiones, de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación general de la República y de los planes para el futuro; ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación; preparar y presentar a consideración de las Cámaras el proyecto anual de Presupuesto General de la Nación, y hacer cumplir las disposiciones de las autoridades creadas por la Constitución.
6. Otra de las funciones del Presidente es elegir al Procurador General de la República, cuyas atribuciones y deberes se establecen en el artículo 246 de la Constitución: representar y defender, judicial o extrajudicialmente, los intereses patrimoniales de la República; dictaminar en los casos y con los efectos señalados en las leyes; asesorar jurídicamente a la Administración pública en la forma que determine la ley, y los demás deberes y atribuciones que fije la ley.
3. El Poder Judicial
7. El artículo 247 de la Constitución paraguaya dispone que “el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establezcan esta Constitución y la ley”. El artículo 256 de la misma Constitución establece por su parte que “toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. La crítica a los fallos es libre”.
8. La Constitución establece asimismo que “queda garantizada la independencia del Poder Judicial” y dispone que “los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley”.
9. Conforme al artículo 249 de la Constitución, el Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria, y su presupuesto debe ser aprobado por el Congreso. Se establece asimismo que al Poder Judicial se le asignará, en el Presupuesto General de la Nación, “una cantidad no inferior al tres por ciento del presupuesto de la administración central”.
10. La designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia la efectúa el Senado, con acuerdo constitucional del Poder Ejecutivo, previo proceso de selección de candidatos e integración en ternas conformadas por el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema de Justicia designa a su vez a los miembros de los demás tribunales y juzgados del país, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. El artículo 261 de la Constitución establece que “los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”. Por otra parte, el artículo 252 consagra lo siguiente:
Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por períodos de cinco años, a contar de su nombramiento.
Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
11. Entre los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia que se encuentran consagrados en el artículo 259 de la Constitución se encuentran: ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y decidir, en instancia única, los conflictos de jurisdicción y de competencia, conforme con la ley; conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine; conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales; conocer y resolver sobre inconstitucionalidad; conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley; suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por mayoría absoluta de votos de sus miembros en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso; supervisar los institutos de detención y reclusión; y entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos y los municipios.
4. El Consejo de la Magistratura
12. La Constitución del Paraguay consagra la existencia del Consejo de la Magistratura, entre cuyos deberes y atribuciones mencionados en el artículo 264 de dicho instrumento se encuentra “proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder ejecutivo”; y “proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales”.
13. Conforme al artículo 262 de la Constitución, el Consejo de la Magistratura está compuesto por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ésta; un representante del Poder Ejecutivo; un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva; dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elección directa; un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido por sus pares, y un profesor de las facultades de Derecho de las Universidades privadas, elegido por sus pares.
5. El Ministerio Público
14. El Ministerio Público, conforme al artículo 266 de la Constitución, representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, y goza de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales, en la forma determinada por la ley.
15. El Fiscal General del Estado es designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura y con acuerdo del Senado. Dura cinco años en sus funciones, y puede ser reelecto. Sus principales deberes y funciones se encuentran establecidas en el artículo 268 de la Constitución: “velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas; ejercer acción penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal proceda de oficio, cuando lo determine la ley; y recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones”.
6. La Justicia Electoral
16. La Justicia Electoral, según lo dispuesto en la Constitución del Paraguay, está integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral (compuesto por tres miembros elegidos y removidos en la forma establecida para los ministros de la Corte suprema de Justicia), y por los tribunales, juzgados, fiscalías y demás organismos a definirse en la ley, la cual determina su organización y sus funciones.
17. Corresponde a la Justicia Electoral la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales, así como de los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos. Son igualmente de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular, como asimismo lo relativo a las elecciones y al funcionamiento de los partidos y de los movimientos políticos.


7. El Defensor del Pueblo
18. La Constitución paraguaya contempla una figura muy importante para la promoción y defensa de los derechos humanos en Paraguay, cual es el Defensor del Pueblo. A continuación se reseñan los aspectos formales que sobre esta figura contempla la Constitución. En el capítulo II, infra, la CIDH efectúa una serie de consideraciones sobre el hecho de que transcurridos más de ocho años de promulgada la Constitución aun no se haya designado en Paraguay al Defensor del Pueblo.
19. El artículo 276 de la Constitución establece que el Defensor del Pueblo “es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la profesión de los intereses comunitarios. En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva”. En los artículos siguientes se contempla que el Defensor del Pueblo gozará de autonomía e inamovilidad, que debe ser nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el Senado, y que dura cinco años en sus funciones, coincidentes con el período del Congreso. Se establece asimismo que el Defensor puede ser reelecto; que puede ser removido por mal desempeño de sus funciones, con el procedimiento del juicio político establecido en la Constitución, y que durante su mandato no podrá formar parte de ningún poder del Estado ni ejercer actividad político partidaria alguna.
20. Los principales deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo se encuentran establecidos en el artículo 279 de la Constitución, y se refieren a recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos y otros hechos que establecen la Constitución y la ley; requerir de las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo los órganos policiales y los de seguridad en general, información para el mejor ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna y acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales hechos. Es también de su competencia actuar de oficio; emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos; informar anualmente de sus gestiones a las Cámaras del Congreso y elaborar y divulgar informes sobre la situación de los derechos humanos que, a su juicio, requieran pronta atención pública.
B. LA CONSTITUCIÓN PARAGUAYA Y LOS DERECHOS HUMANOS


  1. Derechos consagrados directamente en la Constitución

21. La Constitución de la República del Paraguay consagra en su artículo 137 que tal instrumento constituye la ley suprema de la República, y establece en su parte I una detallada serie de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a la vida, a la libertad personal, al debido proceso, a la propiedad, a la libertad de expresión y de prensa, a la libertad de reunión y manifestación, a la objeción de conciencia, a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el Estado, a la igualdad, a la protección de la niñez, a la protección a las personas en la tercera edad, a los derechos de los indígenas, al derecho a la salud, al derecho a la educación y al derecho al trabajo. La Constitución consagra también una serie de garantías, tales como el habeas corpus, el amparo y el habeas data.




  1. Incorporación de la protección internacional al derecho nacional

22. La Constitución del Paraguay consagra en su artículo 137 que “la ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado”. El artículo 141 de dicha Carta Magna señala en similar sentido que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento legal interno, con la jerarquía establecida en el mencionado artículo 137.


23. Conforme al artículo 145 de la Constitución, “la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social y cultural”. El artículo 143 de dicho instrumento señala asimismo que Paraguay acepta en sus relaciones internacionales el derecho internacional, y que, entre otros principios, se ajusta al de la protección internacional de los derechos humanos. Por su parte, el artículo 142 de dicha Constitución señala que “los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de esta Constitución”.
C. PARAGUAY Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

1. Nivel Regional (OEA)



  1. Tratados ratificados

24. El Estado paraguayo ha ratificado la gran mayoría de los tratados sobre derechos humanos y los dos protocolos adicionales que se han celebrado en el marco de la OEA. Así, Paraguay es Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”;7 del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte;8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura9; de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas10 y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará11”. Es importante asimismo destacar que el 3 de noviembre de 1993 Paraguay aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


b. Tratados pendientes de ratificación
25. Aunque ya Paraguay la firmó, dicho Estado no ha ratificado a la presente fecha la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
2. Nivel Universal (ONU)



  1. Tratados ratificados

26. En el marco de la ONU, el Estado paraguayo es parte, entre otros tratados relacionados con derechos humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la Convención sobre los Derechos del Niño.


27. Algunos de los tratados antes mencionados han establecido órganos encargados de supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados al ratificarlos. Entre tales órganos se encuentran el Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité Contra la Tortura, creado por la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, creado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y el Comité de los Derechos del Niño, establecido a su vez por la Convención sobre Derechos del Niño.


  1. Tratados pendientes de ratificación

28. En el marco de la ONU, Paraguay no ha ratificado, entre otros, los siguientes tratados relacionados con derechos humanos: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Destinado a Abolir la Pena de Muerte; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, y los dos recientes Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño: el relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados y el relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía.


D. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY
29. En la presente sección se efectúa una reseña sobre algunos planes e instituciones del Estado en materia de derechos humanos, y comentarios sobre el rol de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos en Paraguay.
1. El Estado y la puesta en práctica de los derechos humanos
30. A nivel de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado paraguayo existen dependencias que trabajan exclusivamente en el tema de los derechos humanos. Así, se está conformando una Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y recientemente se creó en el Ministerio de Defensa una Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Además de las mencionadas, ya existían Direcciones de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Trabajo, y en la Fiscalía General del Estado, a cargo del doctor Luis A. Resck.
31. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia designó al Ministro Raúl Sapena Brugada como "Ministro encargado de cuestiones relativas a Derechos Humanos". A su vez, este ministro impulsó la creación de una "Unidad de Derechos Humanos", que tiene entre sus funciones las de monitorear la aplicación de normas sobre derechos humanos por parte de los tribunales de la República; servir como centro de investigación y consulta en derechos humanos, y promover la capacitación de magistrados en materia de derechos humanos, por medio de seminarios y conferencias, y a través de la publicación de materiales sobre el tema. Al respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia designó a la Abogada Fátima Andrada como coordinadora de dicha Unidad.
32. Es de destacar asimismo que en la Cámara de Senadores del Congreso de la República funciona una Comisión de Derechos Humanos, presidida actualmente por el Senador Luis Alberto Mauro. En la Cámara de Diputados del Congreso de la República funciona también una Comisión de Derechos Humanos, presidida actualmente por la Diputada Sonia De León.
33. El Estado paraguayo informó a la Comisión Interamericana que en fecha 19 de diciembre de 2000, se firmó un Acuerdo entre los Presidentes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para Elaborar un Plan Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, que fue producto de un trabajo coordinado entre las instituciones gubernamentales. La CIDH considera muy positivo dicho esfuerzo interinstitucional y espera que se pueda traducir en acciones concretas en favor de los derechos humanos en Paraguay.

2. La sociedad civil y su rol por los derechos humanos
34. En su comunicado de prensa emitido al finalizar su visita in loco al Paraguay, la Comisión señaló que
aprecia la existencia en la sociedad paraguaya de un incremento en la conciencia y en la preocupación por los derechos humanos en el país. En este sentido, la Comisión observó con agrado la existencia de un movimiento de derechos humanos crecientemente activo y participativo, que expresa sus opiniones y que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento del sistema democrático. La CIDH ve en el compromiso, dedicación y espíritu cívico de las organizaciones de derechos humanos un recurso importante para la sociedad paraguaya en el desafío de avanzar en la expansión y consolidación del Estado de Derecho.12
35. La Comisión Interamericana considera muy importante para la promoción y protección de los derechos humanos la excelente labor que realizan las organizaciones no gubernamentales paraguayas, que están teniendo cada vez más participación en el acontecer nacional. Un grupo muy representativo de esas organizaciones han conformado a su vez la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEHUPY, que ha venido efectuando una serie de actividades y campañas muy significantes en favor de los derechos humanos, como por ejemplo el informe “Derechos Humanos en Paraguay – 1999”, que se cita varias veces en el presente informe de la CIDH.

CAPÍTULO II

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

A. INTRODUCCIÓN
1. En el preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, los Estados miembros de la misma coincidieron en que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo en la región”; y que “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”.13
2. Los órganos del sistema interamericano se han pronunciado en numerosas ocasiones acerca de la importancia del sistema democrático y la vigencia del Estado de derecho para la vigencia y protección de los derechos humanos. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido:
El concepto de derechos y libertades, y, por ende, el de sus garantías, es también inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros.14
3. El concepto de democracia representativa se asienta sobre el principio de que es el pueblo el titular de la soberanía política, y que en ejercicio de esa soberanía elige a sus representantes para que ejerzan el poder político. Los representantes ejercen así un mandato de sus representados, que aspiran idealmente a tener una vida digna, en libertad y democracia. La Comisión Interamericana ha señalado, en relación al derecho humano a una vida digna, que
Ciertamente, los requerimientos del derecho humano a una vida digna trascienden los contenidos igualmente fundamentales del derecho a la vida (entendido en su sentido mas estricto), del derecho a la integridad personal, del derecho a la libertad personal, de los derechos relacionados con el sistema de democracia representativa y de los demás derechos civiles y políticos.15
4. El preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" reconoce en forma expresa “la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”. En el mismo orden de ideas, la Comisión ha citado al actual Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Profesor Antonio A. Cançado Trindade, quien señala lo siguiente:
La denegación o violación de los derechos económicos, sociales y culturales, materializada, por ejemplo, en la pobreza extrema, afecta a los seres humanos en todas las esferas de su vida (inclusive civil y política), revelando así de modo evidente la interrelación o indivisibilidad de los derechos humanos. La pobreza extrema constituye, en última instancia, la negación de todos los derechos humanos. Cómo hablar del derecho a la libre expresión, sin derecho a la educación? Cómo concebir el derecho a entrar y salir (libertad de circulación), sin derecho a una vivienda? Cómo contemplar el derecho a una libre participación en la vida pública, sin derecho a alimentarse? Como referirse al derecho a la asistencia jurídica, sin tener presente, al mismo tiempo, el derecho a la salud? Y los ejemplos se multiplican. En definitiva, todos experimentamos la indivisibilidad de los derechos humanos, en la cotidianidad de nuestras vidas, y ésa es una realidad que no puede ser dejada de lado. Ya no hay lugar a la compartimentación, se impone una visión integrada de todos los derechos humanos.16
5. La vigencia de los derechos humanos requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes se antepongan a la voluntad de los gobernantes y en el que exista un control de unas instituciones sobre otras con el objeto de preservar la pureza de la expresión de la voluntad popular: el Estado de Derecho. La Comisión considera que sólo a través del ejercicio efectivo de la democracia representativa pueden garantizarse a plenitud todos los derechos humanos, y ha manifestado en consecuencia que
La democracia y el Estado de Derecho constituyen condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos en una sociedad. Ello incluye el ejercicio de los derechos de participación política, el respeto al principio de la legalidad, la autonomía e independencia del Poder Judicial y la tutela efectiva frente a los actos del poder público.17
6. La Comisión estima pertinente agregar que la democracia representativa no puede desligarse de lo señalado en el propio preámbulo de la Convención Americana en el sentido de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
7. El objetivo no es sólo avanzar hacia una democracia representativa plena, sino velar porque tal sistema de organización política represente para cada persona la posibilidad de lograr el respeto y realización plena de todos sus derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. Ello, por demás, constituye la mejor garantía para la preservación misma de la democracia como sistema, pues en la medida en que las personas estén convencidas, por su propia experiencia personal, de que ése es efectivamente el mejor modelo de organización política, éstas serán la mejor garantía contra dictaduras tradicionales y contra otras formas autoritarias de gobierno.
8. En el reciente Informe sobre Desarrollo Humano 2000 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se señala que
Sólo con libertad política -el derecho de que todos, mujeres y hombres, participen en la sociedad en condiciones de igualdad- puede el pueblo aprovechar auténticamente la libertad económica. Y el paso más importante para generar el tipo de crecimiento económico para ello es el establecimiento de sistemas transparentes, responsables y efectivos de instituciones y leyes. Sólo cuando la gente sienta que tiene un interés comprometido y participación en las decisiones se entregará por entero al desarrollo. Los derechos hacen que los seres humanos sean mejores actores económicos.
Y es claro que no basta con que los países otorguen los derechos económicos y sociales solamente en teoría. No se puede crear con legislación buena salud y empleo. Se necesita una economía suficientemente sólida para ofrecerlos, y para eso se necesita que el pueblo sienta que tiene un interés comprometido en la actividad económica. La gente trabajará porque goza del fruto de su trabajo: remuneración justa, educación y atención de salud para su familia. Crearán la riqueza que permita que se les remunere. Pero si se les niega nuevamente el pago por su trabajo, perderá sentido su actividad. De manera que los derechos económicos y sociales son a la vez el incentivo y recompensa de una economía sólida.18
9. En el estudio de la situación actual de los derechos humanos en Paraguay, las anteriores consideraciones de carácter general pueden tener una relevancia particular, en atención al esfuerzo que realiza el Gobierno paraguayo por consolidar la institucionalidad democrática en el país, luego de su reciente retorno a la democracia, y por tratar al mismo tiempo de buscar salidas a la crisis económica que afecta al país.
10. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales creado por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el marco de las Naciones Unidas, ha expresado en relación a la situación general en Paraguay que
El Comité es plenamente consciente de que la democracia en el Paraguay debe consolidarse y de que todavía se tardará muchos años en erradicar completamente las actitudes creadas por decenios de dictadura, desigualdades sociales patentes y el latifundismo. Las dificultades económicas que experimenta el Estado Parte, el elevado grado de pobreza en todo el país y las obligaciones que impone el reembolso de la deuda externa se suman a los obstáculos con que se tropieza para la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el Pacto. El Comité reconoce asimismo que la persistencia en la sociedad paraguaya de actitudes resultantes de una cultura que consagra la superioridad del hombre sobre la mujer no facilita la plena aplicación del artículo 3 del Pacto. 19
11. En el presente capítulo la Comisión efectúa una recapitulación de la evolución institucional en Paraguay y una reseña de la situación actual de la institucionalidad democrática en Paraguay.



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