Original: español


ANEXO DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION



Descargar 0.87 Mb.
Página18/19
Fecha de conversión26.03.2018
Tamaño0.87 Mb.
Vistas329
Descargas0
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


ANEXO




DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION

PREÁMBULO


REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;


CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;
PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;
CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;
CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;
RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;


REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;
CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;
RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;

REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;


CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;
RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;

PRINCIPIOS





  1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.




  1. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.




  1. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.




  1. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.




  1. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.



  1. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.




  1. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.




  1. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.




  1. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.




  1. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.




  1. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.




  1. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.



1 Véase artículo 44 del Reglamento de la CIDH.

2 Véanse artículos 55 y ss del Reglamento de la CIDH.

3 Al respecto, véanse CIDH, Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay 1978, OEA/Ser.L/V/II.43, Doc. 13 corr. 1, 31 enero 1978 e Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay 1987, OEA/Ser.L/V/II.71, Doc. 19 rev. 1, 28 septiembre 1987. Adicionalmente véanse los Informes Anuales de la CIDH, Informe Anual 1979-1980,OEA/Ser.L/V/II.50, doc. 13 rev.1, 2 octubre 1980; Informe Anual 1981-1982, OEA/Ser.L/V/II.57, doc. 6 rev.1, 20 septiembre 1982, Capítulo V; Informe Anual 1983-1984, OEA/Ser.L/V/II.63, doc. 10, 28 septiembre 1984, Capítulo IV; Informe Anual 1984-1985, OEA/Ser.L/V/II.66, Doc. 10 rev. 1, 1º octubre 1985, Capítulo IV; Informe Anual 1985-1986, OEA/Ser.L, Doc. 8 rev. 1, 26 septiembre 1986, Capítulo IV; Informe Anual 1987-1988, OEA/Ser.L/V/II.74, Doc. 10 rev. 1, 16 septiembre 1988, Capítulo IV; Informe Anual 1988-1989, OEA/Ser.L/V/II.76, Doc.10, 18 septiembre 1989, Capítulo IV; Informe Anual 1989-1990, OEA/Ser.L/V/II.77rev.1, Doc.7, 17 mayo 1990, Informe anual 1998, OEA/Ser./VI/II.102.doc.6, 16 abril 1999, Cap. IV; Informe Anual 1999, OEA/Ser.l/V/II. 106, Doc. 3, 13 abril 2000, Capítulo II, C, párr. 47/60.

4 República del Paraguay, Documento Básico que Forma Parte Integrante de los Informes de los Estados Partes, Documento preparado por el Estado paraguayo y sometido a la Organización de las Naciones Unidas, Doc. HRI/CORE/1/Add.24, 11 de mayo de 1993.

5 CIDH, Comunicado de Prensa Nº 23/99, 30 de julio de 1999. Dicho comunicado de prensa se encuentra publicado en el Informe Anual 1999 de la CIDH, y puede verse en la página web de la Comisión Interamericana: www.cidh.oas.org.

6 Paraguay ratificó dicho tratado en 1989.

7 Ratificado por Paraguay en 1997.

8 Paraguay ratificó dicho Protocolo en el año 2000.

9 Ratificada por el Estado paraguayo en 1990.

10 Paraguay ratificó en 1996 dicha Convención.

11 Ratificada por Paraguay en 1995.

12 CIDH, Comunicado de Prensa N° 23/99, Asunción, 30 de julio de 1999. párr. 24. Dicho comunicado de prensa puede encontrarse en la página web de la Comisión: www.cidh.oas.org.

13 Las consideraciones de la presente introducción reproducen en gran medida las efectuadas por la Comisión Interamericana en su más reciente informe sobre Paraguay. Véase CIDH, Informe Anual 1998, Capítulo IV. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la CIDH: www.cidh.oas.org

14 Corte IDH, “El habeas corpus bajo suspensión de garantías” (Arts. 27.2, 25.1, y 7.6, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87, 30 de enero de 1987, párr. 26, pág. 41.

15 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, 2000, cap. VI, párr. 2.

16 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, 2000, cap. VI, párr. 4, citando a Cançado Trindade, Antonio A., "La Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el plano internacional", publicado en Revista Lecciones y Ensayos, 1997-98, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 80.

17 CIDH, Comunicado de Prensa Nº 20-98, Lima, Perú, 13 de noviembre de 1998, párr. 19.

18 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano 2000, Prefacio. Dicho informe puede encontrarse en la página web http://www.undp.org/hdr2000/spanish/HDR2000.html

19 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes de Conformidad con los Artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Asuntos Económicos, Sociales y Culturales: Paraguay. 28/05/96. E/C.12/1/Add.1., párr. 7.

20 República del Paraguay, Documento Básico que Forma Parte Integrante de los Informes de los Estados Partes, Documento preparado por el Estado paraguayo y sometido a la Organización de las Naciones Unidas, Doc. HRI/CORE/1/Add.24, 11 de mayo de 1993, párrafos 80 a 82.

21 CIDH, Informe Anual 1998, Capítulo IV. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la CIDH: www.cidh.oas.org

22 CIDH, Informe Anual 1998, Capítulo IV, párr. 59. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la CIDH: www.cidh.oas.org

23 La CIDH se pronunció sobre los hechos en los siguientes términos: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante ‘la Comisión’) ha tenido conocimiento del asesinato del doctor Luis María Argaña, Vicepresidente de la República del Paraguay, ocurrido en la mañana de hoy en la ciudad de Asunción. Como órgano principal del sistema interamericano, la Comisión expresa su más enérgica condena de este crimen atroz, que no sólo quebranta la ley sino que también pone en peligro la estabilidad institucional y la normalidad democrática en ese país. La Comisión no puede dejar de señalar que el asesinato del doctor Argaña tiene lugar en un contexto de seria crisis institucional que se arrastra desde hace varios meses y que ha llevado a un abierto enfrentamiento entre el poder ejecutivo y la autoridad electoral, por un lado, y entre el poder legislativo y la Corte Suprema de Justicia, por el otro. La Comisión considera que la solución a esta crisis debe darse en el marco de la legalidad y del Estado de derecho, cuya máxima expresión en el orden interno es la Constitución nacional, sustento del sistema democrático de gobierno y fuente de la legitimidad de todas las autoridades en la República del Paraguay. La Comisión hace un llamado urgente al Estado paraguayo para que investigue, identifique y sancione a los responsables de este crimen execrable, con la transparencia y con la eficacia que las circunstancias exigen”. CIDH, Comunicado de Prensa Nº 9/99, 23 de marzo de 1999.

24 CIDH, Informe Anual 1998, Capítulo IV, párrafos 34 y ss. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la CIDH: www.cidh.oas.org.

25 CIDH, Informe Anual 1998, Capítulo IV, párr. 56. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la CIDH: www.cidh.oas.org.

26 CIDH, Informe Anual 1998, Capítulo IV, párr. 56. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la CIDH: www.cidh.oas.org.

27 En sus observaciones al presente informe el Estado señaló que “La oficina técnica de la Corte Suprema de Justicia ha hecho la siguiente observación en el punto 21: Si bien es cierto que varias personas se encuentran procesadas y en prisión preventiva, éstas no pueden alegar indefensión o exceso en el plazo del procedimiento, puesto que la causa penal siempre ha sido llevada por su juez natural, respetándose los estándares básicos de los procesos justos. Los procesados aún no han cumplido en prisión preventiva dos años, lo que nos habla de que el plazo razonable de durabilidad de la causa no ha sido agotado, teniendo en cuenta que nuestro nuevo Código Procesal Penal dispone que el plazo máximo del procedimiento es de tres años”.

28 Convención Americana, art. 8.

29 Al respecto, véase Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 77.

30 República del Paraguay, Corte Suprema de Justicia, Acuerdo y Sentencia N° 191, del 27 de abril de 1991.

31 Id. (República del Paraguay, Corte Suprema de Justicia, Acuerdo y Sentencia N° 191, del 27 de abril de 1991).

32 Informe de la Misión de Observación Electoral de la República del Paraguay, Elecciones Vicepresidenciales del 13 de agosto de 2000, Unidad para la Promoción de la Democracia, OEA, Capítulo IX, pág. 9 y 10.

33 OEA, Consejo Permanente, Respaldo al Gobierno Constitucional de la República del Paraguay, Resolución CP/RES. 770 (1235/00), del 19 de mayo de 2000.

34 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación General de los Derechos Humanos en Perú, 2000, cap. II, párr. 70.

35 Báez Samaniego, César (Asociación Americana de Juristas- AAJ), Abusos y Torturas de Agentes Públicos. Estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 2000, editado por CODEHUPY, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Asunción, 2000, pág. 47 y ss.

36 Id, cap. II, párr. 1 y ss. Las consideraciones iniciales del presente capítulo reproducen, en general, las efectuadas por la Comisión en ese reciente informe. (CIDH, Segundo Informe sobre la Situación General de los Derechos Humanos en Perú, 2000, cáp. II)

37 Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, Acuerdos y Sentencias Nos. 222 y 223, ambas del 5 de mayo de 2000.

38 Véase CIDH, Informe Anual 1998, Cap. IV, Paraguay.

39 Convención Interamericana contra la Corrupción, Preámbulo. Dicha Convención fue adoptada en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, y entró en vigor el 3 de junio de 1996. Paraguay ratificó dicho instrumento el 28 de enero de 1997.

40 “González Macchi Hace Nuevo Llamamiento a Diálogo para Salir de la Crisis”, Agencia de Noticias EFE, 1° de julio de 2000.

41 “El titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernández Gadea, dijo que grupos de poder intentar dominar el Poder Judicial. Admitió la corrupción existente en el Poder Judicial, sin embargo rechazó categóricamente las conclusiones de la encuesta realizada meses atrás, que ubican a este Poder del Estado como el más corrompido de la nación, asegurando que no es esa la opinión del Banco Mundial. (…) Agregó que están trabajando en implementar medidas correctivas y que hasta la fecha fueron suspendidos y/o destituidos de sus funciones 40 magistrados…”. Diario Noticias, Asunción, Paraguay. Versión electrónica del 13 de julio de 2000.

42 A los efectos del estudio respectivo Transparencia Internacional se enfoca en la corrupción en el sector público y entiende por tal fenómeno como la utilización de puestos públicos para obtener ganancias privadas. Sus índices (CPI – Corruption Perception Index) publicados anualmente catalogan a los países de acuerdo al grado de corrupción que se percibe respecto a políticos y a funcionarios públicos. El último estudio, relativo a 1999, indica un índice compuesto obtenido a través de 17 distintas encuestas y 10 estudios efectuados por distintas instituciones, efectuadas entre empresarios, público en general y analistas del país. Transparency International, 1999 Corruption Perception Index. Dicho estudio puede obtenerse en la siguiente página internet: http://www.transparency.de.

43 Véanse al respecto las consideraciones de la Comisión en su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, ob. cit., cap. V., párr. 16.

44 Véase por ejemplo que la Comisión ha sostenido lo siguiente: “si el Sr. Marzioni hubiera presentado pruebas de que su juicio no había sido imparcial debido a que los jueces eran corruptos o pusieron de manifiesto prejuicios raciales, religiosos, o políticos en su contra, la Comisión hubiera sido competente para examinar el caso conforme a los artículos 8, 21 y 25 de la Convención". CIDH, Informe N° 39/96, Santiago Marzioni, Caso 11.673 (Argentina), Informe Anual 1996, párr. 62.

45 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”. Artículo 1.

46 Nihal Jayawickrama, Executive Director, Transparency International, Corruption—A Violation of Human Rights?, June, 1998. Traducción No Oficial. Dicho trabajo puede encontrarse en la página web de Transparencia Internacional: www.transparency.de.

47 Id. (Nihal Jayawickrama, Executive Director, Transparency International, Corruption—A Violation of Human Rights?, June, 1998. Traducción No Oficial. Dicho trabajo puede encontrarse en la página web de Transparencia Internacional: www.transparency.de.

48 Id. (Nihal Jayawickrama, Executive Director, Transparency International, Corruption—A Violation of Human Rights?, June, 1998. Traducción No Oficial. Dicho trabajo puede encontrarse en la página web de Transparencia Internacional: www.transparency.de.

49 Id. (Nihal Jayawickrama, Executive Director, Transparency International, Corruption—A Violation of Human Rights?, June, 1998. Traducción No Oficial. Dicho trabajo puede encontrarse en la página web de Transparencia Internacional: www.transparency.de.

50 Convención Interamericana contra la Corrupción, Preámbulo. Dicha Convención fue adoptada en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, y entró en vigor el 3 de junio de 1996. Paraguay ratificó dicho instrumento el 28 de enero de 1997.

51 CIDH, Informe Anual 1998, Cap. IV, Paraguay.

52 CIDH, Comunicado de Prensa N° 23/99, Asunción, 30 de julio de 1999.

53 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, Informe Anual 1999, Cap. II, párr. 255.

54 Ambos aspectos se analizan con detalle en el capítulo II, supra (Institucionalidad Democrática), en donde se citan también declaraciones del señor Presidente de la República y del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre el fenómeno de la corrupción en el país.

55 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 1999, Cap. V, párr. 16.

56 Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y otros, Sentencia del 8 de marzo de 1998, párrafo 173. Ver también Caso Loayza Tamayo, Sentencia del 27 de noviembre de 1998, párrafo 170.

57 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C, Nº 4, párr. 166, 172, 176 y 177.

58 Con respecto al tema de los derechos de las víctima o de sus familiares a un juicio justo, véase también: Corte I.D.H., Caso Villagrán Morales y otros (caso de los "Niños de la Calle"), Sentencia de 19 de noviembre de 1999.

59 El artículo 8(1) de dicho tratado dispone que: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

60 Dicho artículo dispone lo siguiente: “Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

61 Véanse al respecto las consideraciones de la Comisión en su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, ob. cit., cap. V., párr. 16.

62 “Foráneos se Enriquecen sobre Sangre y Hambre”, Diario La Nación, Paraguay, 22 de septiembre de 1999, pág. 13.

63 Id. (“Foráneos se Enriquecen sobre Sangre y Hambre”, Diario La Nación, Asunción, 22 de septiembre de 1999, pág. 13).

64 “Audífonos para un Juez Sordo al Reclamo Popular”, Diario La Nación, Asunción, 24 de septiembre de 1999, pág. 13.

65 Id. (“Audífonos para un Juez Sordo al Reclamo Popular”, Diario La Nación, Asunción, 24 de septiembre de 1999, pág. 13).

66 Sindicato de Periodistas del Paraguay, Caso Santiago Leguizamón. Expediente N° 70. La Marca de la Impunidad, Asunción, diciembre de 1998, pág. 4.

67 Id, pág. 7. (Sindicato de Periodistas del Paraguay, Caso Santiago Leguizamón. Expediente N° 70. La Marca de la Impunidad, Asunción, diciembre de 1998, pág. 4).

68 Id, pág. 16. (Sindicato de Periodistas del Paraguay, Caso Santiago Leguizamón. Expediente N° 70. La Marca de la Impunidad, Asunción, diciembre de 1998, pág. 4).

69 Id, pág. 7. (Sindicato de Periodistas del Paraguay, Caso Santiago Leguizamón. Expediente N° 70. La Marca de la Impunidad, Asunción, diciembre de 1998, pág. 4).

70 “Reclaman Justicia por Asesinato de Labriegos”, Diario La Nación, Asunción, 12 de julio de 1999, pág. 23.

71 Ocho años después, el juicio contra el señor Canese aun no ha concluido, y durante todo ese tiempo el Sr. Canese ha tenido una prohibición de salida del país dictada por la Corte Suprema de Justicia, que le ha otorgado algunos permisos ocasionales para salir del país por breves lapsos, y le ha negado otros permisos solicitados. La Comisión Interamericana tiene actualmente bajo su conocimiento el caso del Sr. Canese, bajo el sistema de casos individuales. En relación a este punto el Estado, en sus observaciones al presente informe, señaló lo siguiente: “Sobre el caso del Ingeniero Ricardo Canese que tiene una demanda por difamación y calumnia desde 1992, no se ha dejado de dictar sentencia contra él, lo que ocurre es que se encuentran pendientes recursos en tercera instancia, y todavía rige su restricción de libertad para salir del país hasta la fecha…”.

72 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1.

73 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C, Nº 4, párr. 166.

74 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, 2000, cap. II, párr. 206 y 207.

75 CIDH, Informe N° 1/99, Caso 10.480 (El Salvador), párr. 147. Sobre el tema del derecho a la verdad veánse también los siguientes informes recientes de la Comisión Interamericana: CIDH, Informe Anual 1999, Informe N° 136/99 – Ignacio Ellacuría, S.J. y otros, Caso 10.488 (El Salvador); y CIDH, Informe Anual 1999, Informe N° 37/00 – Monseñor Oscar Romero, Caso 11.481 (El Salvador).

76 CIDH, Informe Anual 1986, Capítulo III.

77 CIDH, Comunicado de Prensa N° 23/99, Asunción, 30 de julio de 1999.

78 Gauto, Dinosio / Comisión Nacional de Derechos Humanos y Nunca Más al Terrorismo de Estado, Indemnización, artículo publicado en “Derechos Humanos en Paraguay 1999”, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, pág. 158.

79 Al respecto, véase capítulo II, supra.

80 Gauto, Dinosio / Comisión Nacional de Derechos Humanos y Nunca Más al Terrorismo de Estado, Indemnización, artículo publicado en “Derechos Humanos en Paraguay 1999”, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, pág. 158.

81 Comité de Iglesias y Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Para la Defensa de los Derechos Humanos, Asunción, diciembre de 1995.

82 En sus observaciones al presente informe el Estado señaló lo siguiente: “También conviene señalar que el Paraguay se ha adelantado a la recomendación de la CIDH emitida el 9 de diciembre de 1998 en su 101° período ordinario de sesiones con respecto al acceso a archivos y documentos en poder del Estado particularmente en los casos de las investigaciones tendientes al establecimiento de responsabilidad por crímenes internacionales y graves violaciones de los derechos humanos. Como es de conocimiento de la CIDH en 1992 en un procedimiento judicial solicitado por el doctor Martín Almada se descubrió el ‘Archivo del Terror’ consistente en una voluminosa cantidad de documentos desclasificados que contienen información sobre la violación de los derechos humanos en el Paraguay entre los años 1954 y 1989 y su conexión con el Operativo Cóndor especialmente durante las décadas de los setentas y los ochentas. Actualmente dichos documentos se encuentran en el Centro de Información y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos dependiente de la Corte Suprema de Justicia y declarado patrimonio universal por la UNESCO, organismo que firmó un acuerdo con el Poder Judicial para preservar y proteger dicho archivo el cual fue incluido en el Registro de la Memoria del Mundo”.

83 Véase, entre otros, Calloni, Stella, Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor, artículo publicado en la página web: www.derechos.org/nizkor.

84 “Viuda de Desaparecido Dice No a la Impunidad”, Diario Última Hora, Asunción, 15 de julio de 1999, pág. 6.

85 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Humanitario Internacional, a Obtener Reparación”, preparados por el Relator Especial Theo Van Boven y presentados a la Comisión de Derechos Humanos. Documento E/CN.4/1997/04, apéndice.

86 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.

87 CIDH, Informe Anual 1998, Capítulo IV, Paraguay, párrafo 50.

88 Ver infra garantías judiciales y debido proceso.

89 Pese a vigencia de corrupción y lentitud: Sólo 22 magistrados removidos en 8 años. Ultima Hora, digital. 6 de marzo de 2000.

90 Ver capítulo sobre Derechos de la Niñez, infra.

91 Ley N° 1.286/98.

92 Así lo establece la Ley de transición N° 1.444/99.

93 Luis Escobar Faella. Garantías Judiciales y Debido Proceso. Estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 147.

94 Luis Escobar Faella. Garantías Judiciales y Debido Proceso. Estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 152.

95 Entrevista publicada en el diario ABC color, el 8 de julio de 1999.

96 Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, párrs. 45-47, y Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 42.

97 Id.

98 Raquel Talavera, Detenciones Ilegales y Arbitrarias. Estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 2000, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, págs. 51 y 82.

99 Maier, Julio B. J. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2da. Ed. 1996, pág. 537.

100 Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 77.

101 Paraguay ratificó esta Convención el 12 de marzo de 1990.

102 Nelson García Ramírez, Abusos y Torturas de Agentes Públicos. Estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 61.

103 César Báez Samaniego. Derecho a la vida. Estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 49.

104 El informe revela además que los defensores deben concurrir una vez a la semana a los distintos centros penitenciarios, aunque también se informa que por falta de tiempo sólo concurren cada dos semanas. Otro de los problemas que atraviesan las defensorías es la falta de comunicación, representada sobre todo en la falta de líneas telefónicas propias.

105 Comunicado de Prensa 23/99. Publicado en la página web de la Comisión http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/1999/Comunicados.htm, y en el Informe Anual de la Comisión 1999.

106 Así lo dispone el artículo 15 de la Ley 1444/99, que regula el período de transición al nuevo sistema penal.

107 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, 2000, cap. VI, párr. 1 y 2.

108 Id, párr. 2 y 3, citando a Cançado Trindade, Antonio A., "La Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el plano internacional", publicado en Revista Lecciones y Ensayos, 1997-98, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 80.

109 ONU, Comisión de Derechos Humanos, Los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza, Informe presentado por la señora A.-M. Lizin, experta independiente, Documento E/CN.4/2000/52, 25 de febrero de 2000. párr. 2, 6, y 14.

110 Global Poverty Report, July 2000, Executive Summary. (Traducción no oficial).

111 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 73 y 2.

112 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 6.

113 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 42.

114 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 8.

115 Corte I.D.H., Caso Villagran Morales y Otros (Caso de los “Niños de la Calle”), sentencia de 19 de noviembre de 1999, voto concurrente de los doctores Antonio Augusto Cançado Trindade y Alirio Abreu Burelli, párr. 6,8,9,2,3 y 4.

116 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 9.

117 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 9 y 81.

118 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 59, 73 y 77.

119 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 79 y 81.

120 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 81.

121 Véase Corte I.D.H., Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, Serie A N° 10.

122 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador, OEA/Ser. L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1, pág. 25.

123 Benegas, Gladys, Análisis de la Coyuntura Económica, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 273.

124 Benegas, Gladys, Análisis de la Coyuntura Económica, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay, 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 273 y ss.

125 Monte Domecq, Raúl, Derecho al Empleo, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay, 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 297.

126 Benegas, Gladys, Análisis de la Coyuntura Económica, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 278 y 279.

127 El HDI es el índice utilizado por las Naciones Unidas que cubre el análisis de más de 174 países y mide de manera más precisa el verdadero desarrollo de los países teniendo en cuenta tres aspectos: la vida saludable y longeva, el nivel de conocimiento, y el standard para tener una vida digna. El HDI resulta ser un promedio de tres índices que miden: – expectativa de vida, – cobertura de la educación y – nivel de ingresos.

128 Para mayor información sobre las publicaciones de estos índices, ver: www.undp.org y www.worldbank.org/poverty/mission/up2.htm

129 Los índices de desarrollo elaborados anualmente por el Banco Mundial en su Reporte sobre el Desarrollo Mundial (World Development Report) cubren el estudio de 180 países miembros del Banco Mundial y miden sectores diversos de la economía y del campo social, tales como población, índices de precios, variables económicas, servicios públicos, índices de pobreza, educación, salud y medio ambiente.

130 Índices de Desarrollo Humano (HDI o Human Development Index) publicado en el Informe sobre Desarrollo Humano de 2000 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

131 Así, se puede decir que el Estado Paraguayo en los últimos años ha hecho esfuerzos en su compromiso con el desarrollo y esto se observa en las variables que conducen a consecuencias tales como un aumento de 4 años en la expectativa de vida.

132 Barrios, Federico, Centro paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), Pobreza Rural en Paraguay, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 284 y 285.

133 Barrios, Federico, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), Pobreza Rural en Paraguay, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 285 a 287.

134 Barrios, Federico, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), Pobreza Rural en Paraguay, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 290 y 291.

135 Monte Domecq, Raúl; Gestión Local; Derecho al Empleo, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 295.

136 Monte Domecq, Raúl; Gestión Local; Derecho al Empleo, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 296.

137 Central General de Trabajadores (CGT), carta a la CIDH de fecha 30 de julio de 1999.

138 Monte Domecq, Raúl; Gestión Local; Derecho al Empleo, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 295 y 296.

139 Paredes, Roberto; Derecho a la Seguridad Social, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, págs. 345 y 346.

140 Martínez, Esperanza; Círculo Paraguayo de Médicos, Derecho a la Salud, estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, págs. 303 y 304.

141 Id, pág. 304 y 305.

142 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 82.

143 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 78.

144 Banco Mundial, Comunicado de Prensa N° 99/2214/S del 2 de junio de 1999.

145 Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, El Banco Interamericano de Desarrollo y la Reducción de la Pobreza (versión revisada). Por Nora Lustig y Ruthanne Deutsch. (3/98, POV-101r, E, S).

146 Véase CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana, 1999. Tercer Informe sobre los Derechos Humanos en Colombia, 1999. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México y Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Perú.

147 La Comisión Interamericana designó al abogado argentino Santiago A. Canton como Relator Especial para la Libertad de Expresión, quien asumió sus funciones el 2 de noviembre de 1998.

148 Corte IDH, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre de 1985, párrafo 70.

149 Corte IDH “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre de 1985, párrafo 30.

150 Declaración de Santiago, Segunda Cumbre de las Américas, 18-19 de abril de 1998, Santiago, Chile, en “Documentos Oficiales del Proceso de Cumbres de Miami a Santiago”, Volumen I, Oficina de Seguimiento de Cumbres, Organización de los Estados Americanos.

151 La Declaración Conjunta establece lo siguiente:

  • Recordamos que la libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental y componente básico de la sociedad civil basada en los principios democráticos.

Los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una sociedad libre y abierta y un

  • gobierno responsable. El respeto a la libertad de los medios de comunicación en nuestros Estados Miembros, si bien difiere mucho de país a país, continúa presentando problemas.

  • Ciertos Estados continúan ejerciendo y permitiendo en sus respectivos países presiones inaceptables sobre los medios de comunicación. El grado de hostigamiento quizás sea diferente, pero el propósito general es el mismo: represión del pluralismo y del debate abierto sobre temas de interés para los ciudadanos.

  • La libertad de expresión no es sólo un derecho humano fundamental en sí, sino que también tiene ramificaciones para el desarrollo económico. Los medios de comunicación tienen una función “correctiva” al llevar la corrupción y las prácticas inequitativas a la atención del público. La falta de medios de comunicación libres puede conducir al estancamiento económico y a prácticas indebidas por parte tanto del gobierno como de las empresas.

  • Implícito en la libertad de expresión está el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información y a saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.

  • Los medios de comunicación deben abstenerse de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la violencia u otra acción similar.

  • En muchos países existen leyes, tales como las leyes de desacato, que limitan indebidamente el derecho a la libertad de expresión. Instamos a los Estados a revisar esas leyes con miras a adecuarlas a sus obligaciones internacionales.

Afirmamos que los Estados deben asegurar un proceso judicial eficaz, serio e imparcial, basado en el Estado de derecho, a fin de combatir la impunidad de quienes perpetran ataques contra la libertad de expresión.

152 CIDH, Informe sobre Compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser L/V/II.88, Doc. 9 rev. (1995). La CIDH concluyó que las denominadas leyes de desacato son restrictivas de la libertad de expresión y pensamiento y por tanto incompatibles con el artículo 13 de la Convención.

153 La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión fue aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000.

154 Véase, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A N° 5 párr. 33.

155 Véase, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Volumen III, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, pág. 31.

156 Véase Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.

157 El principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

158 El Estado de Paraguay, en sus observaciones al presente informe, señaló lo siguiente: “En este punto se considera que la gran responsabilidad recae en los jueces en el sentido de sentar jurisprudencia que garanticen la libertad de expresión, la investigación y difusión de información de interés público y limiten el mal uso de estas figuras penales por parte de funcionarios públicos que alegan violaciones a sus derechos al honor, la honra y la reputación”.

159 Sobre este punto, el Estado de Paraguay destacó que el inciso 4° del articulo 151 establece que: "la afirmación o divulgación no será penada cuando, sopesando los intereses y el deber de averiguar que incumba al autor con las circunstancias, se tratara de un medio proporcional par la defensa de intereses públicos o privados". También hizo notar que: “está garantizada la admisión de la prueba de la verdad en este caso, conforme con el inciso 5° del mismo artículo”. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para diferenciar entre figura pública y privada que sea adecuada para ser lo menos restrictiva posible a la libertad de expresión. Como ha sido señalado en el párrafo 38, la protección de la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles cuando se trate de un funcionario público o persona pública. Asimismo, puede resultar imposible demostrar la veracidad de las declaraciones, dado que los juicios de valor no admiten prueba. Véase párrafo 48, infra.

160 CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.88, Doc.9 rev. (1995), páginas 210 a 223.

161 Ibídem.

162 CIDH Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, págs. 218 y 219.

163 Ibídem, pág. 222.

164 El Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés publico. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado (sigue) voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.

165 El Principio 12 de la citada Declaración establece: “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.

166 El noveno Principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

167 El artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

168 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1998, párr. 176 y Declaración de Principios de la Libertad de Expresión.

169 Estas denuncias han sido realizadas principalmente por el Sindicato de Periodistas de Paraguay, organización miembro de IFEX (intercambio Internacional por la Libertad de Expresión) y por la Sociedad Interamericana de Prensa.

170 CIDH, Comunicado de Prensa 18/98, de fecha 13 de octubre de 1998, pár. 8. Publicado en la página web de la Comisión http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/1998/Comunicados.htm, y en el Informe Anual de la Comisión 1998. Vol. II. Pág. 1330.

171 Mary Ana Beloff. La aplicación directa de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño en el ámbito interno. En AAVV. La aplicación de los Tratados de Derechos Humanos por los Tribunales Locales. Buenos Aires, 1998.

172 Id.

173 Heve E. Otero, Niñas, Niños y Adolescentes. Estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 132.

174 Ver http://gateway.abc.com.py/archivo/2000/02/20/jud02.htm, consultada el 5 de septiembre de 2000.

175 En sus observaciones al presente Informe, el Estado resaltó: ”los avances en materia penal y procesal penal registradoS por un lado, en especial las contenidas en el Libro Segundo, Título IV del Código Procesal Penal sobre ´Procedimientos para menores´ artículo 427, sin perjuicio a las deficiencias que pudieran registrarse en la práctica”.

176 La Comisión está tramitando el caso 11.666, referido a las condiciones de detención del Panchito López. En ese caso se denunció que el correccional funcionaba en una casa que antiguamente albergaba una sola familia, mientras que antes de los incidentes de febrero de 2000 había casi 300 niños internados allí. También se denunció las condiciones infrahumanas de alojamiento, la falta de higiene y los malos tratos y torturas a los internos. Durante el trámite del caso, el Estado se había comprometido con un cronograma a reubicar a los niños internados en este correccional.

177 La denuncia fue realizada por la organización Defensa de los Niños Internacional (DNI), ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Publicado en http://www.diarioabc.com.py, consultado el 20 de marzo de 2000.

178 Ley 903/91.

179 Articulo 40.3. Convención sobre los Derechos del Niño.

180 Gran Asunción comprende la ciudad capital, Asunción, y parte de los municipios de Luque, Fernando de la Mora y Lambaré, contiguos a la primera de las nombradas.

181 Ver http://www.cyberia.net.py/ninos/paginas/estadisticas.html, consultada el 1° de septiembre de 2000.

182 Artículo 27. Convención sobre los Derechos del Niño.

183 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. 1999. Capítulo XIII. Los Derechos del Niño.

184 Artículo 32. Convención sobre los Derechos del Niño.

185 Cfr. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, 1999. Coordinado por la Coordinadora de los Derechos Humanos de Paraguay.

186 Clide Soto. Mujer. Estudio publicado en Derechos Humanos en Paraguay 1999, editado por CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Asunción, 1999, pág. 89

187 Ibíd.

188 Rodríguez, María Liz. La Niñez en la calle. Fempress. http://www.fempress.cl/base/1996fp180paraguaypr.htm. consultada el 5 de septiembre de 2000.

189 Artículo 19.1. Convención sobre los Derechos del Niño.

190 Artículo 19.2. Convención sobre los Derechos del Niño.

191 La ley 569/75 dispone en su artículo 3 “La duración de este servicio será… desde los diez y ocho hasta los diez y nueve años de edad…”. Por su parte el artículo 56 de la misma ley dispone “Las autoridades que reclutan a menores de diez y ocho años de edad o que retengan en el servicio a exonerados legalmente, salvo lo previsto en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal, serán destituidos o inhabilitados por cinco años para ocupar cargos públicos. Los padres, tutores o responsables del afectado podrán denunciar el hecho a la autoridad más próxima que debe comunicar inmediatamente al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación”.

192 Diario Clarín, “A mi hijo lo secuestraron y no se suicidó”, versión digital del 17 de septiembre de 2000.

193 Diario Clarín, “Paraguay: hallan certificados falsos”, versión digital del 17 de septiembre de 2000.

194 El artículo 29 de la Convención Americana, dispone en su parte pertinente:

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

… b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;




Compartir con tus amigos:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos