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5. Derecho a sus tierras

44. Si bien el Estado de Paraguay, a través del INDI, ha dado solución a una parte de las demandas de reivindicaciones de tierras de las comunidades indígenas, subsisten casos pendientes que ponen en peligro la integridad de los miembros de las comunidades reclamantes.


45. Durante el período 1994-1998, de un total de 47 reclamos territoriales, 19 (40,4%) han sido resueltos, 2 (4,2%) han sido parcialmente resueltos y 26 (55,3%) se encuentran pendientes. De los 47 reclamos territoriales 20 estaban ya planteados en el año 1994. Sólo en uno de los 19 casos “resueltos” de compras de tierras el dominio está a nombre de la respectiva comunidad, mientras en los 18 restantes está a nombre del INDI.265 La situación de dichos casos es la siguiente:


resueltos

parcialmente resueltos

no resueltos

Wonta

Yanekyaha

Mistolar

Karcha Balhut

Totobiegosode

Fischat San Leonardo

Cora-í




Xakmok Kasek

La Esperanza (Enxet)




El Estribo

Yamasamakxaxapen (x 3)




Nakte Amyep

Pitiantuta (x 2)




Sawhoyamaxa

Tapieté (x 2)




Makthlawaiya

Santa Rosa




Kayaweatog Kelasma

Keylyephapopyet




Yake Axa

Lamenxay




Esmeralda

Pykasú (x 2)




Josojishi

Cayin’ ô Clim




La Abundancia

Campo Ampú




Paratodo

Manjui-Nivaclé (unnamed)




Naeñec







Cacique Sapo







Naranhaty







Familias Unidas







Yishinachat







Yalve Sanga







Rinconada Flavio







Karanday pukú







Santa Teresita







La Esperanza (Sanapaná)







Canaan







Jesudi







Yalve Sanga

19

2

26

46. La Comisión ha recibido información que en el proceso de compras de tierras el Estado ha pagado en general precios mucho mayores a los del mercado, tal como lo ha manifestado el propio INDI en algunos de sus informes, afectando así los recursos institucionales que hubieran permitido la compra de más tierras para las comunidades indígenas. Dicha información demuestra que además el proceso de adjudicación en muchos de los casos no va acompañado de instalación de servicios básicos para las comunidades, ni de la provisión de créditos de desarrollo. La reconocida organización no gubernamental “Tierra Viva” señala al respecto que


En el año 2000 se agudizó la tendencia de reducir los gastos sociales del Estado, particularmente en lo que respecta a los pueblos indígenas se recortó el presupuesto del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), principal órgano ejecutor de la restitución de los territorios indígenas. Conforme a éste, ya en 1999 dicho presupuesto fue reducido en un 58% en relación al año 1998 (…) y dado su baja ejecución, ningún reclamo territorial legítimo fue solucionado.266
47. El proceso de reivindicación de territorios al que se comprometió el Estado de Paraguay desde hace dos décadas en favor de las comunidades indígenas se encuentra pendiente. Esta obligación no se cumple solamente con la entrega de tierras. Si bien el territorio es fundamental para el desarrollo en comunidad de las poblaciones indígenas, éste debe ir acompañado de la prestación de servicios de salud, educación, sanitarios y la protección de sus derechos laborales y de seguridad social y, en especial, de la protección de su hábitat.
48. Un claro ejemplo de la urgencia de dar solución a las reivindicaciones de tierras es la situación inhumana que sufre la comunidad de Sawhoyamaxa, compuesta por 63 familias del Pueblo Enxet-Lengua y que vive al borde de un camino, lo que fue constatado por la Comisión en su visita in loco. Dicha comunidad, 90% de la cual está conformada por personas analfabetas, se encuentra desde 1991 en el proceso de reivindicar 15.000 hectáreas equivalentes al 6% de su territorio ancestral, sin que hasta la fecha se haya dado solución a su solicitud. A pesar que el INDI resolvió recomendar la expropiación de la tierra reivindicada por la comunidad ante el Congreso, éste no ha promulgado la ley de expropiación respectiva. En igual situación están las reivindicaciones territoriales de otras comunidades, entre ellas las de Xakmok Kásek y Ayoreo Totobiegosode.
49. La Comisión observa con preocupación que a finales del año 2000 se dictaron medidas legislativas y administrativas que afectan significativamente el disfrute de los derechos de los pueblos indígenas. Al respecto, la CIDH recibió los siguientes detalles:
Los indicadores más claros [de la reciente afectación de los derechos de los pueblos indígenas] constituyen: la asignación de fondos para el Instituto Paraguayo del Indígena para sólo los primeros 6 meses del año 2001 y la eliminación de las partidas presupuestarias para la adquisición de tierras reclamadas por las comunidades y pueblos indígenas; el rechazo por la Cámara de Senadores de dos proyectos de expropiación de las comunidades del Pueblo Enxet, Sawhoyamaxa y Xakmok Kásek; la necesidad del retiro, asimismo, de otros dos proyectos de expropiación, uno de la comunidad Yakye Axa, y otro, de parte del reclamo del Pueblo Ayoreo-Totobiegosode, dado los dictámenes negativos de las comisiones de estudio de las respectivas cámaras parlamentarias en los que fueron tratados; y por último la propuesta de cambio de la Ley 904/81 impulsada por el Poder Ejecutivo en donde se contempla la restricción de derechos territoriales indígenas garantizados en las leyes de mayor jerarquía, la derogación de la ley que tutela tierras indígenas reclamadas y en trámite de restitución, y de otras normas violatorias de derechos indígenas consagrados.
En su conjunto las determinaciones e iniciativas tomadas por los distintos poderes del llamado Gobierno de Unidad Nacional en contra de los pueblos indígenas señalan el tránsito de una política indigenista deficitaria a una virtualmente inexistente.267

D. RECOMENDACIONES
50. En virtud del análisis precedente, la Comisión formula al Estado de Paraguay las siguientes recomendaciones:
1. Que se apliquen y lleven a la práctica sin mayor dilación las disposiciones de la Constitución paraguaya respecto al respeto y restitución de los derechos a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas y al otorgamiento gratuito de tierras en extensión y calidad suficiente para la conservación y desarrollo de sus formas de vida.
2. Que se aseguren los fondos para dar cumplimiento a lo anterior.
3. Que se respeten, fiscalicen y promuevan los derechos laborales según lo establece la legislación laboral paraguaya, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 20 del Convenio 169 de la OIT.
4. Que se resuelvan favorablemente las solicitudes de reivindicación de tierras planteadas por las comunidades indígenas en trámite ante la autoridad administrativa y legislativa de la Nación, dejando para ello sin efecto las normas regresivas dictadas a finales del año 2000. Con respecto a las reivindicaciones ya resueltas, la Comisión Interamericana recomienda se les otorgue titulación a nombre de las respectivas comunidades.
5. Que se dé cumplimiento al decreto presidencial N° 3789, de fecha 23 de junio de 1999, que declaró en estado de emergencia a las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet y reconoce que han sido privadas del acceso a los medios de subsistencia tradicional ligados a su identidad cultural, acceso que el Decreto ordena restablecer.
6. Que se adopten a la brevedad las medidas necesarias en favor de las comunidades indígenas para mejorar la implementación y acceso a los servicios de salud. Que se realicen acciones de salud preventiva y de asistencia sanitaria, con especial énfasis en esfuerzos para disminuir las altas tasas de desnutrición, mortalidad infantil y de tuberculosis, y combatir y prevenir el mal de chagas y la malaria.


  1. Que se mejoren los servicios educativos y su calidad, respetando la diversidad cultural, y haciendo efectivo el derecho a una educación primaria obligatoria y ratuita, incluyendo las medidas educativas necesarias para disminuir la tasa de deserción y el analfabetismo.

8. Que se adopten las medidas necesarias para proteger del deterioro ecológico al hábitat de las comunidades indígenas, con especial énfasis en la protección de los bosques y las aguas, básicos para su salud y supervivencia como comunidades.


REFLEXIONES FINALES
Al finalizar el presente informe la CIDH desea destacar lo siguiente:
1. La Comisión Interamericana observa el esfuerzo realizado por la sociedad paraguaya en su conjunto por consolidar la democracia en el país, en el marco de las difíciles situaciones legales y fácticas que han afectado dicho proceso. La Comisión reitera al respecto que la democracia representativa no puede desligarse de lo señalado en el propio preámbulo de la Convención Americana en el sentido de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
2. La CIDH destaca también positivamente los estándares sobre derechos humanos que se adoptaron en la Constitución paraguaya de 1992 y en otras leyes nacionales, así como la ratificación por Paraguay de prácticamente todas las convenciones interamericanas relativas a derechos humanos. La Comisión resalta asimismo la creación, a nivel de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado paraguayo, de dependencias que trabajan exclusivamente en temas de derechos humanos, y la celebración reciente de un acuerdo entre los tres Poderes para elaborar un Plan Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. La CIDH destaca igualmente la labor que realizan las organizaciones no gubernamentales paraguayas en la promoción y protección de los derechos humanos en el país.
3. La Comisión Interamericana observa que entre los principales aspectos que afectan de manera general el disfrute de los derechos humanos en Paraguay se encuentran las situaciones relacionadas con impunidad, con corrupción y con la pobreza que existe en el país. La CIDH resalta asimismo la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo, institución que se creó en la Constitución paraguaya de 1992 y cuyo titular no ha sido aún designado. Al respecto, la Comisión reitera que tal situación constituye una excepción muy importante que afecta la transición hacia la plena institucionalidad democrática en Paraguay, y constituye un incumplimiento muy grave e inaceptable de la Constitución del Paraguay. La Comisión expresa su grave preocupación por tal omisión, que se produce precisamente respecto a un órgano de comprobada importancia en otros países para la protección de los derechos humanos. La CIDH urge nuevamente al Estado paraguayo a que en cumplimiento de su Constitución designe de manera urgente e inmediata al Defensor del Pueblo.
4. La Comisión urge al Estado a adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la consolidación de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos en Paraguay, y para buscar soluciones a los serios problemas de derechos humanos que afectan a los habitantes del país. En particular, la Comisión urge al Estado para que aplique y desarrolle las recomendaciones contenidas en este informe. La Comisión Interamericana considera esencial que en el estudio de las soluciones a los problemas se tome muy en cuenta la opinión de las organizaciones no gubernamentales y de los demás integrantes de la sociedad civil. La CIDH ofrece al Estado paraguayo su colaboración en las actividades de promoción, protección y consulta necesarias para avanzar en la solución de los problemas en materia de derechos humanos.



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