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J. RECOMENDACIONES





  1. Teniendo en cuenta el análisis efectuado y los problemas específicos planteados, la Comisión formula las siguientes recomendaciones al Estado paraguayo:



1. Se impulsen las modificaciones legislativas que no se han llevado a cabo hasta el momento, a fin de lograr una completa protección de las mujeres contra la discriminación.



2. Se pongan en práctica programas encaminados a solucionar el problema de la violencia contra la mujer, así como la atención y asesoramiento de las víctimas.



3. Se impulsen las medidas adecuadas para lograr la igualdad laboral entre hombres y mujeres.



4. Se promueva la participación de las mujeres en cargos públicos, en particular en aquellos puestos que impliquen tomas de decisión.



5. Se pongan a disposición de las mujeres, en especiales las mujeres pobres e indígenas, servicios adecuados de salud, así como programas de información y asistencia en salud reproductiva.



6. Se promueva la educación bilingüe, sobre todo en las zonas rurales, y se incorpore la educación para los derechos humanos en todos los niveles curriculares, estableciendo la educación no sexista y el derecho a la igualdad y la no discriminación como componentes fundamentales para el goce y ejercicio de los derechos humanos.



7. Se tomen las medidas de prevención necesarias para evitar el agravamiento de las condiciones carcelarias de las reclusas, así como también las medidas para mejorar su situación y en particular se les otorguen los mismos derechos que a los hombres, en particular en relación con sus visitas.



8. Se impulsen medidas de acción positiva encaminadas a lograr la efectividad del principio de no discriminación, en todos los ámbitos de la vida pública y privada de las mujeres, por medio de programas de información y educación, destinados a eliminar estereotipos sexistas.



CAPÍTULO IX




DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS




A. INTRODUCCIÓN
1. La Comisión Interamericana desde sus inicios ha manifestado una constante preocupación por los derechos humanos de los pueblos indígenas y de sus miembros. Ya en 1974, en época de la dictadura de Alfredo Stroessner, la Comisión recibió una denuncia sobre las repetidas y serias violaciones que se estaban cometiendo contra el pueblo Ache en el este del Paraguay,243 por las cuales declaró responsable al Estado paraguayo, mediante informe emitido en 1977, en base a la negligencia, inacción y participación de agentes del Estado, y recomendó el castigo de los responsables. Desde entonces, y en particular a partir de los gobiernos elegidos democráticamente, la política del Estado hacia los indígenas ha mejorado, y se han adoptado medidas de promoción, entrega de tierras y mejora de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, la población indígena, que aún mantiene sus tradiciones y organización ancestral, sigue marginada y padeciendo las peores condiciones de vida en el Paraguay, en situación precaria y atentatoria contra la dignidad de la persona humana.
2. En Paraguay habitan 17 grupos étnicos pertenecientes a cinco familias lingüísticas Tupí Guaraní, Lengua Enxet-Maskoy, Mataguayo, Zamuco y Guaicurú, siendo la más numerosa la familia lingüística Tupí-Guaraní.244 Trece de los pueblos habitan en la región occidental o Chaco y 4 en la región oriental.
3. Si bien actualmente se identifica como población indígena claramente diversificada y organizada como tales, sólo el 1,2%245 de la población del Paraguay, la cultura y población paraguaya actual tiene fuertes aportes de las culturas indígenas. Así, el guaraní es uno de los dos idiomas oficiales y es hablado por la mayoría de la población, rural y urbana.
4. Durante el último cuarto de siglo, en la medida que fue avanzando la ocupación del territorio por la colonización y la extensión de las explotaciones agrícolas, ganaderas y madereras, el hábitat tradicional indígena fue restringiéndose. Las comunidades indígenas han sufrido procesos intensos de deterioro y desintegración comunitaria.

5. Con ocasión de su visita in loco en julio de 1999 a la República de Paraguay, la Comisión tuvo oportunidad de profundizar su conocimiento sobre la situación de los pueblos indígenas en ese país. En este sentido, sostuvo reuniones de trabajo con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), así como con representantes de varias particularidades246 (pueblos) indígenas, organizaciones no gubernamentales y de Iglesias y autoridades oficiales, a fin de conocer sus opiniones y los programas y planes que desarrollan todas ellas.


6. Como acción positiva, la Comisión destaca el caso de las Comunidades Enxet-Lamenxay. En este caso, relacionado con la reivindicación de tierras de las comunidades indígenas Lamenxay y Riachito (Kayleyphapopyet), ambas del Pueblo Enxet-Sanapana, y presentado a la CIDH por la organización indígena "Tierra Viva", asesorada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJlL), se firmó el 25 de marzo de 1998 un acuerdo de solución amistosa, propiciado por la CIDH, conforme al cual el Estado Paraguayo se comprometió a adquirir una superficie de 21.884,44 hectáreas ubicada en el Distrito de Pozo Colorado, Departamento de Presidente Hayes, del Chaco paraguayo, entregarla a las mencionadas comunidades indígenas y titularla a su nombre por ante los órganos competentes a nombre de las comunidades en cuestión. El Estado paraguayo había cumplido anteriormente con su compromiso de adquirir las mencionadas tierras y entregarlas a las aludidas comunidades indígenas, pero estaba pendiente efectuar la correspondiente titulación. Durante la visita in-loco, el Estado paraguayo, en la reunión celebrada con el señor Presidente de la República, doctor Luis Angel González Macchi, informó a la Comisión que el 27 de julio de 1999 tituló las tierras en cuestión a nombre de las señaladas comunidades, cumpliendo así con la totalidad de los compromisos que había asumido. En dicho acto, el señor Presidente de la República entregó a representantes de las mencionadas comunidades indígenas, en presencia de la CIDH, los correspondientes títulos de propiedad de dichas tierras.
7. En su Informe de Solución Amistosa sobre el caso, la Comisión reiteró su reconocimiento al Estado paraguayo por su voluntad de resolver el caso a través de medidas de reparación, incluyendo las necesarias para reivindicar la tierra y transferirla a las mencionadas comunidades indígenas y la asistencia comunitaria necesaria a estas comunidades. La CIDH reiteró asimismo su reconocimiento a los peticionarios y a los afectados por la aceptación de los términos del acuerdo en referencia. Asimismo la CIDH manifestó en dicho informe que seguirá acompañando el cumplimiento de los compromisos de carácter continuado asumidos por Paraguay, relativos a la asistencia sanitaria, médica y educacional, en el nuevo asentamiento de las comunidades Enxet-Lamenxay y Kayleyphapopyet -Riachito-, así como el mantenimiento en buen estado de los caminos de acceso a la propiedad.
8. La Comisión durante la visita in loco se trasladó al Distrito Pozo Colorado del Departamento de Presidente Hayes (El Chaco), a fin de entrevistarse con las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet. Allí conoció la situación deplorable en la cual se encuentran los miembros de esas comunidades, viviendo en el borde de la carretera nacional y sin ningún tipo de servicios, en espera de que los organismos competentes les asignen las tierras requeridas. La Comisión valoró en ese momento la importancia del Decreto Presidencial N° 3789 de fecha 23 de junio de 1999, mediante el cual se declaró el "estado de emergencia" de estas comunidades indígenas, en virtud de la situación extrema en la cual se encuentran. Sin embargo, en esa oportunidad la Comisión fue informada por miembros de las comunidades indígenas que los organismos competentes no habían adoptado las medidas efectivas ordenadas por el Decreto Ejecutivo para la inmediata provisión de atención médica y alimentaria a las familias integrantes de esa comunidad. La Comisión recibió información que indica que a septiembre de 2000 las familias seguían viviendo en esa situación precaria, sin que se hubiera efectivizado adecuadamente el Decreto Presidencial 3789.
9. La Comisión recibió durante y posteriormente a la visita de julio de 1999 una serie de denuncias sobre violaciones a los derechos de los indígenas de Paraguay que la llevan a concluir que, si bien el Estado ha realizado esfuerzos tendientes a proteger sus derechos, p. ej. en asignaciones de tierras a comunidades indígenas; sin embargo, actualmente la situación continúa siendo grave por la supervivencia de un inadecuado sistema de educación, deficiente acceso a la salud, desprotección de sus derechos laborales, falta de protección de su hábitat y un precario funcionamiento de los mecanismos contemplados para la reivindicación de sus tierras reclamadas.
10. En el presente capítulo se abordará la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Paraguay, considerando principalmente la información obtenida durante la visita in loco, con referencia especial al marco jurídico vigente que protege sus derechos. La CIDH espera que el Estado de Paraguay realice las acciones necesarias para dar debida protección a los pueblos indígenas que habitan dentro de su territorio.
B. MARCO JURÍDICO
1. Normativa internacional

11. Los instrumentos internacionales del sistema interamericano y del sistema universal de derechos humanos a los que se ha vinculado Paraguay y comprometido a respetar y promover, contienen normas generales pertinentes para su aplicación a los pueblos indígenas. Tanto la normativa universal como la interamericana establecen la igualdad sin discriminación como derecho básico, pilar de la protección de los derechos humanos. Ello es particularmente relevante frente al relegamiento y falta de servicios públicos para las poblaciones indígenas paraguayas.


12. Paraguay ratificó el 2 de febrero de 1994 el instrumento internacional de derechos humanos247 específico más relevante para los derechos de los indígenas, cual es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.248 En virtud del orden de prelación de las leyes establecido en la Constitución de Paraguay, los convenios internacionales aprobados y ratificados tienen preeminencia sobre las leyes dictadas por el Congreso y sobre las normas de inferior jerarquía.
13. Desde el momento de la incorporación del Convenio 169 OIT al derecho interno, el Estado paraguayo se obligó a adoptar medidas especiales para garantizar a sus pueblos indígenas el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin restricciones, así como incluir medidas que promuevan la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones. El Convenio establece obligaciones de consulta y participación de los pueblos indígenas en los asuntos que los afectan y una serie de normas que guardan relación con los derechos sobre sus tierras, la protección eficaz en materia de contratación y empleo, la seguridad social y los servicios de salud, la educación y los medios de educación.
2. Legislación interna
a. Constitución Nacional de la República de Paraguay, 1992
14. La Constitución Nacional de la República de Paraguay reconoce la diversidad cultural de la población paraguaya y contempla un conjunto de normas específicas sobre pueblos indígenas, estableciendo un marco jurídico favorable para éstos. La carta fundamental es acorde a la tendencia constitucional que se ha generado en la última década en América,249 al contener normas que tienden a reconocer los derechos de los pueblos indígenas.
15. Paraguay constitucionalmente se define como un país pluricultural y bilingüe.250
16. La carta fundamental, en sus artículos 62 a 67, reconoce la existencia de los pueblos indígenas y los define como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado. Asimismo, les garantiza el derecho a preservar y desarrollar su identidad étnica y el derecho a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, haciendo expresa referencia al reconocimiento de sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia al interior de los pueblos indígenas.
17. En relación con el derecho de propiedad sobre la tierra, la Constitución paraguaya reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la propiedad comunitaria en extensión y calidad suficiente para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida, obligándose el Estado paraguayo a proveerlos gratuitamente de estas tierras.
18. Además, les garantiza el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con los usos consuetudinarios, la Constitución y las leyes nacionales; y exonera a los miembros de los pueblos indígenas de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como las cargas públicas que establezca la ley. En relación a los aspectos antes mencionados, la Constitución paraguaya establece lo siguiente:
Artículo 62. De los pueblos indígenas y grupos étnicos
Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo.
Artículo 63. De la identidad étnica
Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.
Artículo 64. De la propiedad comunitaria
Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.
Se prohibe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.
Artículo 65. Del derecho a la participación
Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, ésta Constitución y las leyes nacionales.
Artículo 66. De la educación y asistencia
El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural.
Artículo 67. De la exoneración
Los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley.
19. Los idiomas oficiales en Paraguay son el castellano y el guaraní. Aproximadamente el 90% de la población total de Paraguay habla guaraní.251
20. En el artículo 140 de la Constitución se establece que las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la Nación. El artículo 77 de la carta fundamental prescribe que la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando, instruyéndose en el conocimiento y empleo de los dos idiomas oficiales. Para el caso de minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se establece la posibilidad de elegir uno de los dos idiomas oficiales.
21. Respecto de los derechos laborales, el artículo 88 del mismo instrumento establece que no se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas y sindicales.
22. Entre los deberes y atribuciones del Ministerio Público, la Constitución contempla en el artículo 268, la de promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas.
23. El artículo 12 de la Constitución contempla por su parte que entre los derechos de la persona detenida se encuentra el de disponer de un intérprete cuando sea necesario.



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