Organización de los estados americanos comisión interamericana de mujeres



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ACCESO A LA JUSTICIA





  1. Trámites para la seguridad de las víctimas y responsabilización de los agresores:

1.1. La primera instancia especializada ante la cual se debe denunciar la violencia son las Comisarías de la Mujer y la Familia; existen 30 comisarías de este tipo en el país. Las denuncias que se han realizado en las 30 Comisarías de la Mujer y la Familia a nivel Nacional desde el año 1999 hasta el 2005 han ido en aumento como lo refleja la siguiente tabla:




Año Nº de Denuncias
1999 49,032
2000 51,323
2001 48,964
2002 40,144


  1. 49,146




  1. 49,477




  1. 52.376


Fuente: Dirección Nacional de Género-Ministerio de Gobierno. 2005

Otros estudios que muestran la alta prevalencia de la violencia contra las mujeres en Ecuador son los siguientes:


a) Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, ENDEMAIN, publicada en octubre del 2005, realizada a mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años), que estuvieron casadas o unidas algunas vez, revela que el 31 % reportó haber recibido maltrato físico, el 41% maltrato psicológico o verbal y el 12% violencia sexual y, en el 85% de los casos el agresor resultó ser el marido o compañero actual3/. Esta cifra podría ser superior si se toma en cuenta que se encuestó solo a mujeres en edad fértil y que estuvieron casadas o unidas. Según esta encuesta, entre las mujeres que reportaron agresión en el último año, el 54% no buscaron ayuda y, entre las que buscaron ayuda, la mayoría la obtuvieron de familiares y amistades (40%) y sólo el 7% de alguna organización o institución. Las instituciones más frecuentadas fueron las comisarías de la mujer (3.7%) y la policía (2.5%).
b) Otra investigación representativa constituye una realizada en el 2003, en cinco ciudades importantes del país, donde se constató la magnitud del problema de la violencia según la percepción de chicos y chicas que cursaban los tres últimos años del colegio, y el resultado fue que el 40.4% reportó haber visto alguna vez que su padre o padrastro golpeaba a su madre. Esta cifra puede ser superior si consideramos la posibilidad de que el maltrato no siempre se da frente a los hijos e hijas o que por ser la violencia un tema sensible no todos quisieron reportarlo4/.
1.2. El número de Comisarías a nivel nacional resultan insuficientes debido a la alta incidencia de la violencia intrafamiliar. Hay 196 cantones que no cuentan con este servicio. El personal que atiende en las comisarías es mínimo por lo que tienen una gran sobrecarga de trabajo. Según informa la Dirección Nacional de Genero, “de las 30 Comisarías de la Mujer y la Familia existentes, solamente cuatro tienen una infraestructura adecuada a la demanda”. En los cantones donde no hay comisarías especializadas, las Comisarías de la Policía deben aplicar la Ley de violencia respectiva, pero en la práctica esto generalmente no ocurre por no ser personal sensibilizado ni capacitado para ello.
1.3. No existen ni comisarías ni servicios especializados en temas de las mujeres que cuenten con protocolos de atención en el idioma de las víctimas.
1.4. En cuanto al tiempo que transcurre para expedir la boleta de auxilio que solicita la víctima ésta se entrega de forma inmediata, una vez presentada la denuncia. Las medidas de amparo pueden demorar para ejecutarse entre 15 días y 2 meses.
1.5. Según la Ley 103 las Comisarías de la Mujer y la Familia, los intendentes, comisarios/as nacionales y tenientes políticos, los/as juezas y Tribunales de lo Penal, al tramitar casos de violencia intrafamiliar, deben imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo a favor de la persona agredida:

  • Conceder boletas de auxilio para la mujer y su familia;

  • Ordenar la salida del agresor de la vivienda;

  • Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de estudio;

  • Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada;

  • Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación;

  • Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida del agresor;

  • Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz.

  • Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes e hijos e hijas menores de edad.

  • Ordenar el allanamiento de la morada cuando el agresor mantenga intimidados a la mujer y/o su familia; para sacar al agresor de la vivienda si éste se encontrare armado, bajo los efectos de alcohol o de sustancias estupefacientes; o si está agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la familia de la víctima.

Para hacer más eficiente la intervención de la Policía Nacional frente a la alta incidencia de casos de violencia intrafamiliar el 6 de mayo de 1994 se creó la Oficina de la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, de la Policía Nacional – ODMU – con la finalidad de contar con personal especializado para la protección y auxilio de las víctimas. Sólo existen 7 de estas oficinas en 7 provincias del país. La ODMU no tiene presupuesto propio, está adscrita a la Dirección Nacional de la Policía; las oficinas que funcionan en provincias tienen asignaciones para combustible y gastos operativos, los demás gastos provienen de las partidas generales de la Dirección. Para este año tiene un presupuesto aproximado de 25.200 dólares5/. El personal operativo (policías) de esta entidad es de 122 y el personal administrativo 18 a nivel nacional. Por tanto, como lo señala el Informe Sombra “la ODMU carece de recursos y personal administrativos suficientes”6/.


También existe la Oficina de Defensa de Derechos de la Niñez y Adolescencia (DINAPEN), de la Policía Nacional que atiende casos de maltrato y abuso sexual para este sector de la población; tiene 15 jefaturas en cada provincia y dos subjefaturas y cuenta con un presupuesto de USD 200.00.
Está pendiente la puesta en funcionamiento de los Juzgados de Familia y los Contravencionales de Violencia Intrafamiliar, así las comisarías pasarían a ser parte de la Función Judicial. En 1997 se reformó la Ley de la Función Judicial para introducir estos juzgados especializados y además consta en el Presupuesto del Estado, pero aún no ha sido ejecutado.
1.6. Las 30 Comisarías de la Mujer y la Familia ofrecen asesoría legal gratuita para víctimas de violencia intrafamiliar y de género y así mismo algunos gobiernos locales han implementando oficinas de asesoría. Por otro lado hay ONGs que ofrecen asesoría legal y psicológica, pero muchos de estos servicios ya no son gratuitos, han debido auto financiar su gestión y por tanto cobrar el servicio, aunque sean sumas módicas. Otras instancias de asesoría y de apoyo legal son los que prestan algunas universidades del país, a través de sus facultades de Derecho y de Psicología; quienes atienden son estudiantes no graduados que hacen sus prácticas.
1.7. El Informe no proporciona información respecto al fomento de grupos de profesionales que colaboren con las víctimas, salvo lo señalado en el punto 1.5.
1.8. El Informe no proporciona información respecto a modelos de intervención para agresores.


  1. Funcionarios/as encargados de la recepción de denuncias:

2.1. El Reglamento de Comisarías de la Mujer y la Familia en concordancia con las Normas Sustitutivas para el Funcionamiento de la Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer y la Familia dispone que deben efectuarse evaluaciones periódicas a los/as funcionarios/as y a los procesos de trabajo, las mismas que se han venido realizando hasta el año 2004; por falta de recursos la evaluación del 2005 no se ha podido llevar acabo.


2.2. De acuerdo a lo señalado por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones Públicas y su Reglamento los funcionarios y las funcionarias, al tener acceso a esta normativa, deben estar debidamente informados/as de las sanciones en caso de incumplimiento de la ley.
2.3. El personal de las Comisarías ha recibido capacitación en seis diferentes Encuentros de Comisarías de la Mujer y la Familia, en temas de género, derechos humanos de las mujeres, convenciones internacionales y procedimiento.


  1. Sistema de apoyo:

No existen programas de apoyo sostenidos para mujeres víctimas de violencia, que trabajen en autoestima y empoderamiento, lo que más se ha implementado es atención en crisis. Cabe destacar que el Municipio Metropolitano de Quito, tiene una Red de prevención y atención de violencia intrafamiliar, género y maltrato infantil, que integra a todas las administraciones zonales en el que se involucra a todos los actores sociales.


No existen líneas telefónicas de emergencia para dar atención específicamente a casos de violencia intrafamiliar, se usan las líneas de la Policía Nacional (101) y para el Distrito Metropolitano de Quito, la línea de Emergencias 911, que atienden todo tipo de emergencias y en tres cantones se cuenta también con líneas de emergencia: Guayaquil, Cuenca e Ibarra.
Existen 7 casas refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica a nivel nacional; de ellas es financiada con el presupuesto general del Estado incluyendo del presupuesto del CONAMU. Las casas refugio se sostienen con el apoyo de ONGs, de algunos gobiernos locales, de instituciones religiosas y donaciones

PRESUPUESTO NACIONAL

No se contemplan partidas específicas para acciones frente a la violencia contra las mujeres ni en los presupuestos nacionales de las instituciones del gobierno central ni en los presupuestos de los gobiernos seccionales. Solamente existe el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), instancia pública encargada de las políticas pro equidad de género, que es el único rubro del presupuesto nacional asignado para implementar programas y políticas para las mujeres en general.


Existen otras inversiones muy marginales de recursos para acciones frente a la violencia contra las mujeres en otras instituciones estatales como el INNFA, Ministerio de Salud o Ministerio de Gobierno, pero éstas no se visibilizan, están subsumidas en otras partidas, como por ejemplo el de las Comisarías de la Mujer, que está dentro del presupuesto general del Ministerio de Gobierno.
El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) cuenta con una partida dentro del Presupuesto General del Estado para sus actividades globales, pero dentro de éste, no existe un presupuesto específico para enfrentar la violencia contra las mujeres, sino que los recursos que se destinan para ello, salen de otras partidas más generales.
El presupuesto del CONAMU en el 2004 para Violencia y Salud fue el siguiente:


Líneas de acción


Presupuesto

USD

Proyecto de creación de Asesorías Legales para Mujeres

44.568,70


Construcción de planes para prevenir y sancionar la violencia y servicios de protección a víctimas de delitos sexuales


45.000,00

Proyecto de Ampliación de cobertura de la atención de mujeres víctimas de violencia en los servicios de salud públicos


1.800,00

Fuente: CONAMU. Informe de Rendición de Cuentas. Quito: CONAMU, 2005.
En términos del Producto Interno Bruto, la participación del presupuesto nacional que se invierte para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, es prácticamente irrelevante, toda vez que las inversiones marginales de éstos rubros invisibilizados en la contabilidad pública, no llegan a representar ni el 0,001%.
La inversión para investigación en violencia intrafamiliar no consta en el Presupuesto del CONAMU y como para otros gastos, proviene de rubros más generales. También hay ONG´s en el país que trabajan en el campo de la investigación pero estos datos no se encuentran disponibles ni han sido recopilados.
No existen partidas específicas en el presupuesto nacional destinadas a programas de sensibilización o de prevención de la violencia.
Existe colaboración entre organizaciones no gubernamentales y entidades públicas para trabajar en diferentes problemáticas de género y además hay apoyo de organismos internacionales. Se han constituido redes y comités en este esfuerzo de coordinación, en el 2003 por ejemplo, se constituyó la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos que trabajó para introducir estos derechos en la nueva Ley de Salud que aún se está discutiendo en el Congreso Nacional. Sin embargo, el financiamiento para violencia ha disminuido notoriamente en los últimos años, habiéndose dado paso a otros temas en la agenda de los organismos y ONGs internacionales.


INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS

La inversión para recopilación estadística específica sobre violencia no existe de manera particular. Eventualmente, cuando se ha levantado dicha información, es porque hace parte de las actividades regulares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del Ministerio de Salud Pública o de esfuerzos extraoficiales de ONG´s locales que realizan investigaciones en este campo. Es por esto que no se dispone de estadísticas fidedignas sobre violencia de género.


La Dirección Nacional de Género registra los casos de violencia doméstica que atienden las Comisarías de la Mujer y la Familia del país, pero dichos registros adolecen de limitaciones importantes por cuanto no disponen de los recursos para hacer los registros ni de personal especializado. La recopilación que hace la ODMU adolece de estos mismos problemas.
En el año 2005 se publicó la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, en la cual se incluyó un módulo sobre Violencia contra la Mujer, siendo ésta la primera vez que se introduce el tema en una encuesta nacional; a pesar de que ésta fue realizada solo a mujeres en edad fértil (15-49), lo cual es una limitación importante, ofrece datos reveladores sobre esta problemática. Esta encuesta fue financiada a través de la cooperación internacional.

CONCLUSIONES:
El análisis del Informe de Ecuador permite concluir que el Estado ha tenido en los últimos cinco años logros en ciertos ámbitos, avances insuficientes en otros y franco estancamiento, déficit o retroceso en otros casos. De esta manera se han respetado sólo parcialmente los compromisos asumidos al ratificar en 1995 la Convención de Belém do Pará, en particular los deberes contenidos en los artículos 7 y 8.
Los principales logros se destacaron al comienzo del presente documento, pero vale la pena insistir en que éstos han estado en los importantes avances en materia legislativa y normativa. Así, se promulgaron, modificaron y derogaron leyes y reglamentos relevantes, tendientes a modificar prácticas jurídicas y/o consuetudinarias que perpetúan la tolerancia de la violencia contra la mujer.
Avances insuficientes se detectan en la adopción de un plan de acción o una estrategia nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A la fecha, no existe una estrategia nacional explícita que oriente y promueva las intervenciones públicas y privadas en la materia.
También aparecen como insuficientes los esfuerzos desplegados con el fin de mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas, que ni con mucho satisfacen la demanda existente y creciente año a año; particularmente carenciadas de apoyo se ven las mujeres de sectores rurales.
En materia de asignación de recursos presupuestarios para la prevención y atención de la violencia contra la mujer, hay un claro estancamiento en tanto, no sólo son muy escasos –proporcionalmente a la demanda y a la prevalencia del problema- sino que han ido disminuyendo; además, en ninguna partida del presupuesto nacional se reflejan estos recursos.
Con relación a la información y estadísticas disponibles, se puede concluir, que hay un déficit importante. Los registros sobre trámites judiciales y violencia de género en el país, en general son de mala calidad (subregistro y limitaciones de recolección), consecuentemente, la información estadística sobre este tema en el Ecuador, es de poco valor y representatividad estadística.
Por todo lo anterior, es muy importante que se potencien las buenas prácticas en materia de violencia contra las mujeres. Los principios que definen una buena práctica son los siguientes:7/


  1. Acción en todos los niveles (nacionales y locales): al nivel nacional las prioridades incluyen el mejoramiento del status de las mujeres, establecimiento de normas, políticas y leyes apropiadas y creación de un ambiente social que promueva las relaciones no violentas. Los planes de acción son útiles y deben incluir: objetivos claros, líneas de responsabilidad, plazos y respaldo financiero.




  1. Involucramiento de las mujeres en el desarrollo e implementación de proyectos, ya que éstas son las mejores juezas de su situación.




  1. La seguridad de las mujeres debe guiar todas las decisiones relativas a intervención.




  1. Cambio de culturas institucionales (la capacitación puede mejorar los conocimientos y las prácticas en el corto plazo pero debe ir acompañada de cambios institucionales en las políticas y en el desempeño).




  1. Enfoque multisectorial, interdisciplinario e interinstitucional de las intervenciones (policía, salud, poder judicial, servicios apoyo social deben trabajar en conjunto).




  1. Separación de la violencia contra las mujeres de la violencia familiar, de manera de no tratarlas como un todo idéntico.




  1. Presencia como objetivo de la institucionalización y sostenibilidad de las políticas, programas o planes.




  1. Coordinación y concertación (incorporación de todos los sectores –público, no gubernamental, académico, empresarial, religioso, etc.-, discurso compartido, definición de intereses y campos de acción en conjunto, promoción de valores universales).



RECOMENDACIONES GENERALES POR MATERIAS:


  1. Plan Nacional:




  1. Diseño e implementación de un Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, intersectorial, con presupuesto específico y que permita la articulación de las estrategias nacionales con las locales, el cual deberá evaluarse anualmente en su cumplimiento. Debe tener objetivos claros, líneas de responsabilidad, metas y plazos.




  1. Mecanismos de seguimiento nacionales:




  1. Creación de un mecanismo específico para el seguimiento de la implementación de la Convención, con participación de todos los poderes del Estado, de la sociedad civil y de los organismos internacionales.




  1. Transversalización de la perspectiva de género en las diversas instancias estatales.




  1. Fortalecimiento del papel rector y normativo del Consejo Nacional de las Mujeres y asignación de los recursos financieros necesarios para su funcionamiento y el desempeño de sus funciones.




  1. Presupuesto nacional:




  1. Generación de una partida específica en el presupuesto nacional destinada a financiar acciones frente a la violencia contra las mujeres.




  1. Información y estadísticas:




  1. Mejoramiento formal y cualitativo de los datos, estadísticas e indicadores, estandarización de los mismos en la región, desagregación por sexo y establecimiento de mecanismos de centralización de la información para una mejor evaluación y seguimiento de los casos.




  1. Acceso a la justicia:




  1. Mejorar la protección de las víctimas y/o mujeres en situación de riesgo, en particular de las migrantes, desplazadas, indígenas, campesinas, y todas las que viven alejadas de centros urbanos y/o en situación de grave de exclusión social.




  1. Mejorar el diseño y aplicación de políticas preventivas de la violencia contra las mujeres.



RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:


  1. Tipificación como delitos transnacionales la trata de personas con fines sexuales y no sexuales, el turismo sexual y la prostitución forzada, al tenor de lo establecido por el Estatuto de Roma. (Artículo 7 letra c) de la Convención).

  2. Tipificación expresa de la violación dentro del matrimonio. (Artículo 7 letra c) de la Convención).




  1. Modificacion del artículo 447 del Código Penal para despenalizar el aborto respecto de todas las mujeres. (Artículo 7 letras c) y e) de la Convención).




  1. Consagración de una sanción específica para los/as funcionarios/as judiciales que no cumplen con la aplicación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia y su Reglamento. (Artículo 7 letra a) y b) de la Convención).




  1. Implementación de casas refugio para mujeres víctimas y programas de rehabilitación de hombres agresores dotadas de financiamiento suficiente y continuo. (Artículo 8 letra d) de la Convención).




  1. Implementación de programas de capacitación permanente a funcionarios/as públicos/as, policiales, legisladores y poder judicial. (Artículo 8 letra c) de la Convención).




  1. Desarrollo de políticas e implementación de programas dirigidos a mujeres y hombres que contribuyan a garantizar la eliminación de los estereotipos asociados a los roles tradicionales en la familia, la educación, el empleo, la política y la sociedad. (Artículo 8 letra b) de la Convención).




  1. Utilización de las recomendaciones provenientes de la evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades 1996-2000 como instrumento efectivo tendiente a orientar las intervenciones del Estado. (Artículo 7 letra h) de la Convención).




  1. Entrega de información a los/as legisladores/as y reconocimiento legal del Foro de Mujeres Parlamentarias Ecuatorianas. (Artículo 7 letra h) de la Convención).




  1. Otorgar facultades a la Comisión Especializada Permanente de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del Congreso, a fin de que pueda incorporar la perspectiva de género en todos los proyectos de ley y no sólo en aquellos que por la materia le corresponde tramitar, creando un procedimiento ad-hoc para tal efecto. (Artículo 7 letras e) y h) de la Convención).




  1. Aumentar el número de comisarías de la mujer y la familia y brindar capacitación y sensibilización permanente a los/as policías. (Artículo 8 letras c) y d) de la Convención).




  1. Elaborar y aprobar protocolos de atención en violencia contra las mujeres para todos los agentes del estado, policías y personal del área de la salud, en todas las lenguas que se hablan en el país. (Artículo 8 letra d) de la Convención).




  1. Iniciar el funcionamiento de los Juzgados de Familia y los Contravencionales de Violencia Intrafamiliar, ya aprobados legal y presupuestariamente. (Artículo 7 letras b), c), f) y g) de la Convención).




  1. Creación de programas de apoyo permanente e integral para mujeres víctimas de violencia, que trabajen auto apoyo, capacitación en derechos de las mujeres, autoestima y empoderamiento y no sólo intervención en crisis. (Artículo 8 letras a), b) e) y f) de la Convención).




  1. Realizar evaluaciones permanentes del personal de las Comisarías de la Mujer y la Familia en cuanto a su formación y actuación. (Artículo 7 letra a) y articulo 8 letra c) de la Convención).




  1. Implementar líneas telefónicas de emergencia. (Artículo 7 letra c) de la Convención).




  1. Realizar investigaciones a nivel nacional en la materia a fin de tener clara la prevalencia y los costos sociales de la violencia contra las mujeres en el país y en cada localidad. (Artículo 8 letra h) de la Convención).




  1. Solicitar a todas las entidades involucradas –policías, tribunales, servicios de salud y otros- que proporcionen estadísticas actualizadas permanentemente. (Artículo 8 letra h) de la Convención).




  1. Realizar una investigación sobre femicidio en el país. (Artículo 8 letra h) de la Convención).




  1. Solicitar a todas las entidades que realizan investigación la desagregación por sexo de la información. (Artículo 8 letra h) de la Convención).


OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE (ANC)

Observaciones Generales al Informe Ecuador –MESECVI-Convención Belém do Pará
Comprender que la violencia contra la mujer es un asunto de derechos humanos no excluye otros enfoques para la prevención y la eliminación de la violencia, como los esfuerzos que a nivel de país, se han realizado en el país en materia de educación, salud, desarrollo y justicia penal. Entender la VIFG desde un enfoque de derechos inspira una respuesta indivisible, holística y multisectorial que añade una dimensión de derechos humanos al trabajo en todos los sectores. Exige que en todas las esferas se fortalezcan y aceleren las iniciativas encaminadas a prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, en particular en los sectores de la justicia penal, la salud, el desarrollo, las actividades humanitarias, la consolidación de la paz y la seguridad8/.

BREVE RESEÑA DE LOS AVANCES MÁS IMPORTANTES REGISTRADOS EN EL PAÍS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
La “Convención Belém do Pará”, determina que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Así está establecido en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, esa violencia “es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los cuales se coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre”. La falta de debida diligencia para aclarar y castigar esos delitos y prevenir su repetición refleja el hecho de que los mismos no se consideran como problema grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de que esa violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación.
En materia de normas legales que protegen el derecho a una vida libre de violencia, el Ecuador cuenta con un marco amplio que obliga al Estado a tomar todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres. El problema se presenta cuando a pesar de estas normas, existe una enorme dificultad para su vigencia, la posibilidad de ejercer esos derechos y exigirlos, debido a que los derechos de las mujeres son vistos como una concesión generosa del Estado, sin que éste tenga efectivamente la voluntad política de hacerlos cumplir y menos aún se entreguen recursos suficientes para garantizarlos efectivamente.
Los avances conseguidos, en materia normativa en estos últimos cinco años han sido los siguientes:
1. Reglamento de las Comisarías de la Mujer y de la Familia (Reg. Of. No. 718 de diciembre 4 de 2002)9/.
2. Reglamento General a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y La Familia (Reg. Of. No. 411 de septiembre 1 de 2004)10/.

3. Reformas al Código Penal del 23 de junio del 2005, publicadas en el Registro Oficial No. 45 de la misma fecha, en la Ley No. 02-200511/.


4. Manual de Procedimiento para la atención de casos de Violencia Intrafamiliar  en las Comisarías de la Mujer y la Familia; Intendencias, Subintendencias, Comisarías Nacionales y Tenencias Políticas en las localidades donde no existan Comisarías de la Mujer y la Familia. (R.O. 229 del 15 de Marzo de 2006)12/.
5. Plan Nacional para combatir la trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual, laboral y, otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores. (R.O. 375 del 12 de Octubre del 2006)13/.
6. Plan Nacional de erradicación de la violencia de delitos sexuales en el ámbito educativo14/.
7. Plan Nacional de erradicación de la violencia de género contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, 200715/.
8. Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a las víctimas, testigos, y demás participantes en el proceso penal cuyo cometido es garantizar a los testigos su integridad personal, su comparecencia al juicio y la fidelidad de su testimonio16/.

BREVE RECUENTO DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS ENCONTRADOS
Al respecto en el “Informe sobre los derechos humanos de las mujeres y la justicia de Género”17/ se establece que si bien existe un marco legal que compromete al Estado Ecuatoriano a garantizar el derecho a una vida libre de violencia, en la práctica, todavía la violencia sigue siendo parte de la vida cotidiana de las mujeres y no se cuenta con mecanismos idóneos para cuantificarla, prevenirla, atenderla y sancionarla, así como tampoco se brinda a las víctimas el apoyo y la protección suficientes como le corresponde al Estado, en virtud de los compromisos asumidos por la suscripción de instrumentos internacionales como Belém do Pará y la vigencia de la Constitución Política.
Por eje. el Código Penal no tipifica como delito la violencia intrafamiliar y la violencia física y sexual en el contexto de la violencia doméstica se juzga con las normas del Código Penal referidas a lesiones y violación sexual según el caso, por lo que dependiendo de la gravedad de las lesiones puede ser delito o contravención. Este hecho hace que muchos casos queden en la impunidad, al no contarse con una norma penal específica que sancione la violencia intrafamiliar y la defina como lo que es: una grave violación de los derechos humanos de las mujeres.
En el mismo informe se establece que Ecuador ha registrado avances especialmente en la creación de institucionalidad que atienda la violencia contra las mujeres, sin embargo, ello no ha redundado en una disminución de la misma, ni en su prevención, lo que interroga la efectividad de las políticas y planes implementados desde esa institucionalidad.
Se han creado espacios específicos para el diseño de políticas sobre violencia contra las mujeres en el Consejo Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Gobierno y Policía, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, entre otras. Además, se declaró a la violencia intrafamiliar y de género como un problema de Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial 01009 emitido por el Ministerio de Salud Pública en el año 1998.
Las políticas formuladas han estado dirigidas especialmente a la atención de las víctimas de violencia intrafamiliar a través de la creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia.
En 1994 se creó la primera Comisaría de la Mujer y la Familia en Guayaquil, a partir de una demanda originada en el movimiento de mujeres. En la actualidad existen 32 Comisarías de la Mujer y la Familia pertenecientes al Ministerio de Gobierno y Policía. Las Comisarías están regidas por la Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer y la Familia, la misma que fue creada en el 2000, y se transformó en Dirección de Género en el 2002, como instancia especializada al interior del Ministerio de Gobierno, cuya responsabilidad es la coordinación de las comisarías y la asignación de recursos financieros.
El modelo original de las Comisarías implicaba una estructura mixta: Comisarías y organizaciones no gubernamentales especializadas como contrapartes que realizaban el apoyo técnico a las comisarías y atendían a las víctimas de violencia intrafamiliar en materia legal, psicológica y social. En la actualidad ese modelo no existe más, las organizaciones de la sociedad civil no cuentan con recursos suficientes para sostener el asesoramiento técnico y el Estado no ha asumido esos costos, lo que termina por afectar el derecho de las víctimas a acceder a la administración de justicia, pues tampoco existen defensores públicos suficientes para atender estos temas, a nivel nacional solamente hay 3218/. Este hecho viola la obligación del Estado de establecer defensores públicos para el patrocinio de las víctimas de violencia intrafamiliar, previsto en el Art. 24.10 de la Constitución Política19/.
En general, las comisarías de la mujer se ubican en las capitales de provincia, lo que las hace inaccesibles para mujeres que viven en zonas rurales alejadas y aunque la misma ley establece que en los lugares donde no éstas no existen, son competentes los intendentes de policía, los comisarios nacionales o los tenientes políticos, son precisamente estos funcionarios los que no tienen ninguna capacitación para atender estos casos, ni conocimiento de la Ley contra la violencia a la mujer y la familia por lo que colocan a las víctimas en indefensión o las llevan a firmar “actas de mutuo respeto” que dejan estos actos en la impunidad bajo la figura de la reconciliación con el agresor. Este hecho viola otra de las obligaciones del Estado, que es poner a disposición de las mujeres procedimientos legales justos, eficaces y accesibles para las víctimas de violencia (Artículo 7.f Convención Belém do Pará).
Por otra parte, tampoco el Estado ha fortalecido las instancias de administración de justicia especializada como las Comisarías de la Mujer y la Familia, ni ha constituido los juzgados de familia, que según la ley debían atender principalmente estos casos. Los recursos económicos con que cuentan son insuficientes20/; el promedio de personal nacional por comisaría para la atención al público a nivel nacional es de tres personas21/, que en su mayoría no están capacitadas para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar, por lo que las Comisarías de la Mujer han reconocido que su capacidad de atención muchas veces se ve desbordada por la gran cantidad de casos que deben atender. El sueldo básico de las comisarías es de $130,00, que con los beneficios de ley llega a un rango de entre $400,00 y $500,00, valor que no compensa el trabajo que deben realizar, por lo que tampoco resulta atractivo para profesionales especialistas en el tema.
En el último tiempo las comisarías han sido objeto de críticas pues se ha establecido que no sancionan efectivamente a los agresores o su aplicación es limitada. Tampoco se están aplicando otras sanciones diferentes a la privación de libertad, previstas en la Ley contra la violencia a la mujer y la familia, como el servicio comunitario. Se ha documentado también una errónea aplicación de las medidas de amparo considerándolas como sanciones, cuando en realidad son mecanismos de protección y prevención22/.
Desde las mujeres indígenas y afrodescendientes se ha acusado la falta de una visión y una práctica que integre el enfoque de pluriculturalidad, lo cual se convierte en otro obstáculo para que ellas accedan a denunciar sus casos de violencia en estas instancias.
El Estado no se ha preocupado de crear servicios especializados suficientes para la atención de las mujeres que han sido violentadas o agredidas, ni de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. Así por ejemplo, es insuficiente el número de servicios de acogida a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar: en Quito existen la Fundación Casa Matilde23/ y un servicio creado por el Municipio con la comunidad de religiosas del Buen Pastor que sólo recibe a las mujeres por una semana. En Cuenca se abrió una casa con la Pastoral Social y el Municipio, en donde se espera recibir a mujeres agredidas, jóvenes, migrantes y para servicio de hospedaje mientras atienden su salud.
Algunos gobiernos locales, especialmente los de Quito, Cuenca, Salcedo, Cotacachi, Otavalo han asumido la atención de casos de violencia intrafamiliar y se han creado centros de atención e instancias específicas de diseño de políticas en materia de prevención y atención de la violencia de género, lo cual en ciertos casos ha suplido la ausencia de las ONG´s contrapartes, pero esta no es una política de todos los gobiernos locales; por lo que la mayoría de las víctimas, especialmente en zonas rurales y alejadas no pueden acceder a estos espacios.
El CONAMU tiene el rol de rectoría de las políticas públicas con enfoque de género, y como tal provee de asistencia técnica y capacitación desde el Área de Violencia. Sin embargo uno de los principales problemas es la falta de capacitación en derechos de las mujeres, violencia y políticas públicas a nivel de autoridades. El constante cambio de autoridades a nivel ejecutivo, legislativo y judicial dificulta sostener y fortalecer proyectos sobre el tema y obtener recursos financieros suficientes24/.
- En el informe señala que: “la inexistencia de un plan nacional y la escasez de presupuesto también se traduce en un importante obstáculo, cual es la carencia de una política de capacitación permanente a funcionarios/as públicos/as, legisladores/as y aplicadores/as de las normas. (…)
Al respecto debemos manifestar que el 10 de septiembre de 2007, mediante Decreto Ejecutivo No. 620, el Gobierno nacional ha declarado como política de Estado el Plan Nacional de erradicación de la violencia de género contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. El Ecuador asume la responsabilidad de construir e implementar una política de Estado prioritaria para la erradicación de la violencia de género, por constituir sustento de diversas formas de discriminación contra las personas en razón de género. Los ejes estratégicos del plan son:
A) Transformación de patrones socioculturales
Aportar en la transformación del imaginario social y las prácticas que naturalizan la violencia de género, a través de procesos de sensibilización e información que muestren la discriminación hacia la mujer como sustento de relaciones inequitativas y violentas entre hombres y mujeres en todo su ciclo de vida.
Promover responsabilidad social respecto de la dimensión del problema de violencia de género, y la responsabilidad de los diferentes sectores y actores que, por su rol en la sociedad, inciden en los imaginarios y prácticas que naturalizan las violencias de género.
Incidir en un manejo responsable de los mensajes de comunicación masiva y la responsabilidad social de los medios de forma que aporten en la erradicación de la violencia y en la deconstrucción de los imaginarios sociales que sustentan la discriminación.
B) Sistema de protección integral
Garantizar la protección y restitución de derechos de las víctimas de violencia de género, asegurando el diseño y funcionamiento del sistema de protección integral con la institucionalidad y competencias que lo sustentan, los servicios articulados de salud, educación y protección y, presupuestos estables, permanentes y oportunos.
C) Acceso a la Justicia
Reducir la impunidad a través de garantizar a las víctimas de la violencia de género el acceso a la justicia con gratuidad, celeridad e inmediación; con procesos de investigación no revictimizantes; y, con la sanción de los delitos, garantizando que la administración de justicia incorpore en su quehacer la comprensión del derecho a una vida libre de violencia como derecho fundamental para mujeres, niñez y adolescencia.
Fortalecer la administración de justicia en tanto garante de la seguridad jurídica para las víctimas de violencia de género, creando asignaciones presupuestarias suficientes, condiciones institucionales adecuadas y especializadas, articuladas con otras instancias públicas y privadas que garanticen justiciabilidad y judicialización de casos desde una perspectiva de derechos de las víctimas.
D) Sistema de Registro
Desarrollar sistemáticamente información cualitativa y cuantitativa sobre violencia de género en sus distintas manifestaciones; sustentada en recursos tecnológicos y técnicos que provean datos confiables sobre el tema tanto a la institucionalidad pública como a la privada; de tal manera que sirvan como sustento para la toma de decisiones y para la elaboración e implementación de políticas generales y sectoriales adecuadas y oportunas.
Las áreas de intervención que tranversalizarán los cuatro ejes son: proceso comunicacionales, procesos educativos y procesos de producción de conocimientos.
Para su implementación y construcción los organismos de estado responsables diseñarán, ejecutarán programas, proyectos y acciones garantizando las asignaciones presupuestarias suficientes y oportunas, según sus competencias y de manera articulada.
Las instituciones responsables de la ejecución del Plan son: el Ministerio de Gobierno y Policía, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y el INNFA.
Al momento las instituciones que forman parte del plan se encuentran una fase preliminar de para socializar las actividades y proyectos que realiza cada ministerio/consejo/instituto en relación al Plan y con esta información articular y diseñar presupuestos para propender a la implementación del Plan Nacional.
Otro aspecto que consideramos importante que se aclare en este Informe es sobre la existencia y autonomía del Consejo Nacional de las Mujeres, erróneamente se manifiesta que fue creado por “Acuerdo Ministerial del Ministro de Gobierno.”

El CONAMU se creó mediante Decreto Ejecutivo 764, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 182 de 28 de octubre de 199725/.

En el acápite de EVALUACIÓN ponemos a su consideración las siguientes observaciones:
- Agregar en el numeral 1 (Existencia de legislación interna), literal a), que la sanción que el tiempo de trabajo mínimo en las redes de apoyo comunitario del Ministerio de Bienestar Social (actual MIES) es de uno a dos meses.
- En el numeral 2 (Plan de Acción o Estrategia Nacional), numeral e) se debe aclarar que las estrategias del PIO a nivel local se aplican en más provincias del país26/, que las que se enumera en este informe.
En el acápite II ACCESO A LA JUSTICIA, le informamos la justicia contravencional corresponde a las Comisaría de la Mujer y la Familia (y en los lugares donde no existen a las Intendencias, Comisarías Nacionales y tenientes políticos), de conformidad a la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia (Ley 103), son las competentes para atender las denuncias de violencia intrafamiliar en infracciones que no constituyan en delitos (contravenciones). En el caso de delitos el competente órgano de investigación es el Ministerio Público.
Las Comisarías de la Mujer y la Familia registran los siguientes datos en relación a denuncias por violencia intrafamiliar en el año 2006 y primer semestre de 200727/.
Año 2006 Enero a Diciembre


Mujeres

51.518

Varones

7.569

Total

59.087



Año 2007 Primer Semestre


Mujeres

15.933

Varones

2.267

Total

18.200

Desde Mayo de 2007 la DINAGE cuenta con una base de datos que le permite mantener estadística de número de denuncia (desagregadas por sexo), número de medidas de amparo dictadas por las diversas Comisarías de la Mujer y la Familia. Al momento se ha ingresado información desde el año 2005.


En el año 2006 y 2007 se realizaron con el apoyo del CONAMU, evaluaciones de funcionamiento de las Comisarías de la Mujer y la Familia y también de la Aplicación de la Ley contra la violencia intrafamiliar en junio del 2007.
En el mismo acápite de ACCESO A LA JUSTICIA, se sugiere corregir el nombre de la Oficina de la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia de la Policía Nacional, actualmente el nombre de esta oficina es DEVIF (Departamento de Violencia Intrafamiliar).
OBSTÁCULOS AL CUMPLIMIENTO DE DEBERES DEL ESTADO ECUATORIANO EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 9 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (BELÉM DO PARÁ). (Texto integro tomado de: Memoria Evento Nacional “Evaluación del Cumplimiento del Estado de la aplicación de la Ley 103 y de la Convención Interamericana Belém do Pará”, realizado el 19 y 20 de Junio del 2007, con la colaboración de CONAMU, UNIFEM, Solidaridad Internacional, CEPAM Guayaquil, Gamma de Cuenca y Fusa de Orellana).
En la última evaluación28/ realizada a la aplicación de la Convención de Belém do Pará, por parte del estado Ecuatoriano, se determinó que el país ha cumplido parcialmente y con poca diligencia su obligación de adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Los resultados de las evaluaciones, dicen lo siguiente:


  • Insuficiencia de Políticas públicas y programas de prevención y atención para violencia hacia mujeres. No han existido programas permanentes que, desde una visión de las diferentes formas de violencia y sus efectos en las mujeres diversas, posicione el tema en el nivel de gravedad que tiene para la vida de las mujeres de todas las edades, condiciones económicas, sociales y culturales.




  • Los ministerios (ni siquiera los del frente social), han priorizado programas sobre violencia intrafamiliar o de género, aun no ha sido considerado como un problema estructural, que exige de responsabilidades y acciones multisectoriales. Esta omisión ha dificultado la incidencia, dentro del propio Estado, de los programas y acciones propuestas desde el CONAMU como organismo rector de políticas de género.




  • Ausencia grave de programas estatales que, desde la diversidad de las mujeres (regional, étnica, etárea, geográfica, etc), hayan trabajado de forma sistemática y masiva en la divulgación de los Derechos de la Mujer y en la prevención y denuncia de la violencia de género.




  • El trabajo del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) es reconocido, pero resulta insuficiente a nivel de recursos, alcance geográfico y, con limitada incidencia tanto para las mujeres y como dentro de la propia estructura del Estado.




  • Se reconoce que la responsabilidad respecto de la violencia hacia las mujeres ha sido incentivada, desarrollada y asumida en toda su complejidad, básicamente desde la sociedad civil, expresada en organizaciones de mujeres e instituciones no gubernamentales que, hace más de 30 años, están tratando de incidir públicamente en el tema, dependiendo sustancialmente de fondos de cooperación internacional.



ACCESO A LA JUSTICIA
El Estado no brinda condiciones que garanticen el pleno ejercicio del acceso a la justicia. En definitiva, no ha contribuido decididamente en la adopción de medidas positivas y en la eliminación de obstáculos que impiden el ejercicio efectivo de este derecho para las mujeres.


  • Los avances logrados, por ejemplo, en la aprobación de la ley 103 se ha topado de forma persistente con: recursos insuficientes, incapacidad e insensibilidad a nivel de los funcionarios responsables de aplicación de la ley, institucionalidad deficiente (aun más deficiente en provincias y ciudades alejadas de los grandes centros poblados). Como conclusión, tanto la ley como las Comisarías de la Mujer (justicia contravencional) han abierto una vía para la denuncia pero han resultado ineficientes para responder a las necesidades de las víctimas y, socialmente insuficientes, para enfrentar la gravedad de la violencia que viven las mujeres en el ámbito familiar.




  • Se agrava la comisión de delitos sexuales en que las mujeres de diferentes edades son víctimas preferentes y, se profundizan las falencias e insuficiencia de políticas y de programas que, desde el Estado, prevengan y juzguen delitos como: el tráfico y trata con fines prostitución forzada, pornografía infantil, turismo y explotación sexual. La prevención integral de delitos como política y medio para alcanzar la justicia para las mujeres (todas) potenciales víctimas, es prácticamente inexistente.




  • El poder legislativo sigue siendo refractario a la adopción de reformas legales que armonicen las leyes internas con los estándares de protección que establecen instrumentos internacionales. El conocimiento y, peor aun, la aplicación de la “Convención Belém do Pará” son insatisfactorias. Muchas de las últimas reformas obedecen a momentos en que se han cometido graves delitos que conmueven la opinión pública, no responden a una lógica de cumplimiento de la responsabilidad de legislar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y superar la discriminación hacia las mujeres.




  • Por la forma como se legisla en el país, hay desarticulación entre disposiciones legales relacionadas con diferentes instancias como: salud, educación, Código Niñez y Sistema de Protección, Código Penal, Civil, etc. Hay necesidad urgente de hacer una evaluación y armonización del marco legal porque persisten en las leyes conceptos discriminatorios y contradicciones sustantivas y de procedimientos.




    • Las concepciones de violencia de algunas instituciones que trabajan temas de género, de otras especializadas en infancia, así como de las juntas de protección a la niñez, abordan la violencia hacia las mujeres con diversos enfoques y orientan la resolución su resolución utilizando mecanismos de mediación.




  • La situación de crisis y baja credibilidad que tiene la administración de justicia en el país, es un obstáculo que profundiza los obstáculos para acceder a la justicia en temas de violencia sexual, especialmente. La reforma al procedimiento penal no ha significado cambios para la investigación y sanción de estos delitos. Existe aun una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. Una falencia que se agrava por prácticas de corrupción y presión sobre los/as fiscales y jueces/as.




  • La Defensa de oficio prácticamente no existe en el país29/. La obligatoriedad de tener patrocinio particular obstaculiza la voluntad de las víctimas y familias para iniciar el proceso. Las victimas quedan en la indefensión y se favorece la impunidad.




  • No hay una ruta transparente y armonizada en la investigación de delitos que garantice a las víctimas un proceso justo, oportuno que contribuya a la sanción de responsables y restitución de sus derechos.




    • El Proceso investigativo para casos de delitos sexuales es igual al de delitos comunes. Es necesario procedimientos especializados (garantizar privacidad y no re -victimización).




    • La Fiscalía no orienta adecuadamente la investigación (solicitudes imprecisas, descoordinación, duplicación de pedidos), malas prácticas que revierten en un proceso de re-victimización y contribuye a que no se abra la instrucción fiscal.




    • No hay designación de fiscales especializados en delitos Sexuales en la mayor parte del país.




    • La investigación policial adolece de graves deficiencias técnicas y científicas, lo que revierte en revictimización.




    • No hay peritos/as calificados y suficientes, lo que es aun mas grave en ciudades y localidades aisladas de las capitales de provincia.




    • No se orienta adecuadamente a las víctimas desde los espacios educativos y centros de salud que tienen la obligación de denunciar y orientar a las víctimas de delitos sexuales u otras formas de violencia.




  • No existen avances sustanciales en la legislación, reglamentos y procedimientos respecto de los derechos de reparación para las víctimas (ni en la justicia contravencional ni en la justicia penal).




    • Las capacidades humanas y de infraestructura instaladas están en instancias privadas creadas desde sociedad civil con poca asistencia del Estado. El proceso de acompañamiento a las víctimas exige capacidades técnicas, infraestructura, etc. y no existen recursos humanos, materiales ni económicos suficientes y permanentes.



TRANSFORMACIÓN DE PATRONES SOCIOCULTURALES
Insuficiente y poco adecuado abordaje estatal sobre las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres. No existe un desarrollo sostenido de políticas dirigidas a transformaciones culturales necesarias para reconstruir roles y representaciones simbólicas de género, así como hacia el cuestionamiento de las relaciones de poder (entre hombres y mujeres) surgidas de las prácticas y costumbres socialmente aceptadas.
Persisten las concepciones tradicionales que profundizan las prácticas y estereotipos discriminatorios y violentos en contra de las mujeres.


  • En el ámbito educativo aun no existen avances en la construcción de procesos educativos no discriminatorios hacia las mujeres. Los programas y planes quedan en buenas intenciones pero no logran una aplicación efectiva que muestre resultados.




  • Son pocos los centros universitarios estatales y privados, que realizan esfuerzos institucionales hacia la formación de profesionales con una formación integral en materia de derechos humanos en general y derechos de las mujeres en particular.




  • No existe desde el Estado y son muy pocas las iniciativas de la sociedad civil, que apunten a construir responsabilidad social, particularmente en los medios de comunicación y el sistema educativo, respecto de su rol en la reproducción de prácticas discriminatorias y generadoras de diversas formas de violencia intrafamiliar, sexual, psicológica, social, hacia las mujeres.




  • En el campo de los medios de comunicación no existen mecanismos de control que regulen los contenidos que profundizan la discriminación y la violencia contra la mujer.



Incumplimiento de medidas por parte del Estado
Sistemas de información y registro
Se requiere de un Sistema integral de registro a nivel nacional, que de cuenta de las diferentes formas de violencia en contra de las mujeres, tomando en cuenta la diversidad de condiciones sean de clase, étnicas, etáreas, discapacidades, opción sexual u otras.
Actualmente es imposible medir el impacto sobre las víctimas. Es imperativa la elaboración de políticas de registro y seguimiento desagregadas por sexo, dentro de la administración de justicia, permitan una mejor comprensión del tipo de delitos y contravenciones.
Se necesitan datos que den cuenta del costo e impacto que tiene la violencia contra la mujer en la economía del grupo familiar, así como en la economía del país.
Es necesario una revisión y/o creación de instrumentos de registro y recolección de datos en las diferentes instituciones tales como: centros de salud, juzgados, fiscalía, centros educacionales, etc. para analizar pertinencia y posibles modificaciones a estos instrumentos.
Se requiere que en todos los ministerios exista una red informática nacional articulada con instituciones privadas que trabajan con violencia de género, a fin de tener acceso a la información con fines investigativos, de construcción de propuestas de políticas, programas, etc.
Contratación y capacitación permanente de funcionarios/as relacionados con el tema
La formación y capacitación de instituciones como la policía, fiscalía, judicatura y profesionales del derecho, en materia de violencia hacia las mujeres, ha sido promovida y asumida fundamentalmente desde instancias privadas, con financiamiento de cooperación internacional y aportes puntuales del Estado fundamentalmente a través de CONAMU. Sin embargo, todo este esfuerzo ha tenido avances puntuales por la inestabilidad tanto de los/as operadores/as de justicia como en la policía y la escasa voluntad para institucionalizar procesos de formación. Esto ha significado una permanente inversión económica y técnica que siempre vuelve a partir de cero y no tiene continuidad.


    • Las propias instancias de la sociedad civil que desde hace años realizan estas labores, no rinden cuentas sobre el manejo de recursos que fueron canalizados para estos fines y los resultados de sus programas y proyectos.

Es necesario el desarrollo de criterios adecuados que garanticen la contratación de funcionarios /as especializados/as y la capacitación permanente de las/os mismas/os en el tema de la violencia de género en contra de las mujeres. Con especial énfasis para los /as operadores/as y administradores/as de justicia y aquellos /as encargados/as de la aplicación de la ley 103.


Presupuesto y priorización de recursos
Se requiere de un presupuesto que refleja la voluntad política del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que garantice sostenibilidad de los diferentes programas institucionales en los diferentes ámbitos del quehacer del Estado.
Se amerita una priorización por parte del Estado para designar presupuestos necesarios para el desarrollo de diferentes áreas de atención a las víctimas de violencia de género en las instituciones públicas: Ministerio Público, Salud, Bienestar Social, etc.
Se requiere de presupuesto que creen o fortalezca servicios especializados para mujeres violentadas, en las instituciones públicas y privadas.
Acciones encaminadas a la sociedad civil
Reconocimiento de la experiencia acumulada en el tema, creación de mecanismo de participación ciudadana para la cooperación, coordinación y consulta.
Se requiere de la creación de estrategias para que sea efectiva la participación de la sociedad civil en espacios de la vida pública con el fin de definir programas en contra de la violencia.
Mecanismos de control y fiscalización
Ausencia de mecanismos eficaces de control y fiscalización de parte del Estado sobre el quehacer de las diferentes instituciones que son encargadas de la protección, promoción, defensa, de los derechos de las mujeres dentro del sector público.
Es necesario control ciudadano a la gestión de los organismos estatales encargados de de elaborar las políticas y programas con enfoque de género.
Se requiere de la creación de un organismo de control y veeduría para las Comisarías
Programas dirigidos a las víctimas /sobrevivientes de la violencia de genero en contra de las mujeres
Ausencia de programas dirigidos a garantizar los derechos de las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género contra las mujeres, con un abordaje integral y fundamentado en los derechos humanos, que cuente con personal especializado y presupuestos suficientes y oportunos.
Las medidas deben contemplar las diferentes condiciones y situaciones en que se encuentran las mujeres tales como:


  • Refugiadas colombianas.

  • Desplazadas dentro del territorio nacional por desastres naturales.

  • Mujeres de zonas rurales.

  • Mujeres emigrantes.

  • Realidad específica de Mujeres indígenas: cultura, cosmovisión, practicas consuetudinarias.


Sistemas de reparación para las víctimas de violencia de género contra las mujeres
Necesidad de un sistema de reparación para las víctimas de violencia género en contra de las mujeres que garantice el acompañamiento adecuado durante los diferentes momentos del proceso. Que responda a las reparaciones, indemnizaciones, rehabilitación para las víctimas.
Se requiere de profesionales capacitados para realizar diligencia judiciales, así como en las unidades de atención en la salud que respondan a perfiles elaborados desde una perspectiva de género, Derechos Humanos.
Se necesita aumentar la atención para rehabilitar a las víctimas/sobrevivientes y de profesionales legistas que atiendan a las víctimas en general.



1. CLADEM, CEPAM. Informe Sombra. Quito: UNIFEM, 2003.

2. CLADEM, CEPAM. Informe Sombra. Quito: UNIFEM, 2003.

3. ENDEMAIN, 2005: p 352, 354.

4. Camacho, Gloria. Secretos bien guardados. Quito: CEPAM, 2003.

5. Dato proporcionado por la Policía Judicial.

6. CLADEM, CEPAM. Informe Sombra. Quito: UNIFEM, 2003.

7. Estos principios han sido extraídos del Informe Mundial sobre Violencia y Salud elaborado por la OMS en el 2002 y de diversos documentos elaborados por algunos gobiernos y ONGs de la región.


8. Reflexión tomada de texto de apoyo para el trabajo de grupos, Evento Nacional de Evaluación del Cumplimiento del Estado Ecuatoriano en materia de Violencia de Género, p.1., Julio 2007.

9. Ver Web:

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/R.O.Diciembre.4.2002.htm#anchor408410

10. Ver Web:

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/R.O.Septiembre.1.2004.htm#anchor43823

11. Ver Web:

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/R.O.Junio.23.2005.htm#anchor535379

12. Ver Web: http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/R.O.Marzo.15.2006.Sup.htm

13. Ver Web: http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/R.O.Octubre.12.2006.htm

14. Ver Web: http://www.cnna.gov.ec/archivos/plan_erradicacion_delitos_sexuales_v04.pdf

15. Ver Web: http://www.unifemandina.org/un_archives/drecreto%20620%2009-2007.pdf

16. Ver Web: http://www.presidencia.gov.ec/imprimir_noticia.asp?noid=10614

17. Texto integro citado de: Informe sobre los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género, realizado por Corporación Promoción de la Mujer / Taller Comunicación Mujer, Págs.41 a 47, 2004.

18. Fondo Justicia y Sociedad – Fundación Esquel- USAID: LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL EN EL ECUADOR. Quito, 2003.

19. Lizy Ernst del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (una de las ONG’s pioneras en el tema de violencia) dice: “El CONAMU impulsó la creación de varias de estas ONG’s, pero en los lugares donde no había estas ONG’s se complicó el manejo, por lo que posteriormente se planteó el funcionamiento de las Comisarías de la Mujer y la Familia sin la contraparte. Algunas de estas ONG’s lograron subsistir en base a la autogestión y otras desaparecieron. Actualmente las Comisarías de la Mujer y la Familia funcionan sin el apoyo de las ONG’s (...)”

20. Informe Sombra a la CEDAW. Ecuador, 2003. Página 14.

21. Información proporcionada por la Dra. Nelly Jácome, Directora Nacional de Género del Ministerio de Gobierno y Policía, 2004.

22. Ver Banco Mundial: Análisis de género en el Ecuador. Washington 2000; página 25 e Informe Sombra a la CEDAW. Ecuador, 2003; página 14.

23. Al respecto la Directora de la Fundación Casa Matilde dice: “No contamos con apoyo del Estado ecuatoriano a pesar de todos los convenios y acuerdos internacionales y nacionales que establecen la obligatoriedad del Estado ecuatoriano a tener una entidad especializada para proteger a las víctimas de la violencia intrafamiliar y de género. Hemos realizado un convenio con la Fiscalía de la Nación, en el marco del mandato constitucional de Protección a víctimas y testigos, pero hemos tenido muchas dificultades en su aplicación, ya que son muy pocas las mujeres que están dispuestas a sostener un juicio penal estando en el servicio de albergue y esa es una de las condiciones del convenio para asumir los costos de una mujer en el albergue.”

24. CONAMU, Beijing + 10.

25. Reformados mediante Decreto Ejecutivo No. 1342, publicado en el Registro Oficial No. 304 de 24 de abril de 1998. Actualmente se encuentra vigente el Decreto Ejecutivo No. 3535, publicado en el R.O No. 745 de 15 de enero del 2005 que regula el funcionamiento del Consejo Nacional de las Mujeres.

26. Esmeraldas, Manabí (Manta, Jipijapa, Portoviejo, Sucre), El Oro (Machala), Guayas (Santa Elena), Imbabura (Cotacachi, Antonio Ante, Ibarra); Tungurahua, Chimborazo (Riobamba), Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago.

27. Fuente DINAGE.

28. Con el apoyo de CONAMU, UNIFEM y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, se realizaron tres evaluaciones regionales sobre la aplicación de la Convención de Belém do Pará, en ciudades como Coca, Cuenca, Guayaquil y un cuarto evento nacional en el que participaron delegadas de más de 50 organizaciones de mujeres y de ONG´s a nivel nacional que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

29. El Ecuador está obligado a garantizar el derecho de defensa de sus ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo a la Constitución (Art. 24, numeral 10) y a los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el país, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). Actualmente Ecuador cuenta con 340 fiscales y 33 Defensores públicos a nivel nacional, lo que significa que hay 10.9 fiscales por cada defensor, cuando la media regional dice que debe haber dos fiscales por cada defensor. (web: http://www.esquel.org.ec/gallery/pdfs/LA%20DEFENSA%20PUBLICA.pdf)




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