Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles


ORDENANZA MUNICIPAL DE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE.ORDENANZA MUNICIPAL DE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE



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ORDENANZA MUNICIPAL DE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE.ORDENANZA MUNICIPAL DE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE.



TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO I.-

Objeto.

ARTÍCULO 1º. - Corresponde el objeto de la presente Ordenanza, la regulación de la actividad comercial que se desarrolle en la vía pública por iniciativa municipal o por iniciativa privada con autorización municipal.
ARTÍCULO 2º. - Se consideran Mercados Ambulantes o Puestos de Venta Ambulante y se regularán por las disposiciones de esta Ordenanza que les sean aplicables, las agrupaciones de puestos de venta en la vía pública de carácter periódico o esporádico, autorizadas por el Ayuntamiento y destinados a la venta de artículos varios de una determinada especie.
El Puesto de Venta Ambulante por excelencia de Navaleno será el que semanalmente se celebre en la C/ Real.
ARTÍCULO 3º. - Queda expresamente prohibida la venta ambulante en el casco urbano, fuera de los mercados ambulantes o mercadillos.
CAPÍTULO II.

Competencias municipales.

ARTÍCULO 4º.


4.1. - Es competencia de la Corporación en Pleno:

La aprobación, modificación o derogación de esta Ordenanza.

El cambio, supresión o creación de mercados.

La concesión de licencias para el desarrollo de la actividad ambulante dentro del casco urbano.

La fijación de los horarios de los puestos de venta ambulante y los días de funcionamiento.

La dirección, inspección e impulsión del servicio de mercados.

La imposición de las sanciones derivadas de las faltas leves, graves y muy graves que pudieran cometerse.

CAPÍTULO III.

De los Puestos de Venta Ambulante y la intervención administrativa.
ARTÍCULO 5º. - El Ayuntamiento ejercerá sobre los Puestos de Venta Ambulante la necesaria intervención administrativa, la vigilancia sanitaria y cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad y sean de su competencia.

La intervención administrativa del Ayuntamiento en los Puestos de Venta Ambulante se dirigirá a asegurar el abasto de los artículos de consumo de primera necesidad, la calidad de los ofrecidos en venta, la fidelidad en el despacho de los que se expendan a peso o medida, la normalidad de los precios y la libre competencia entre los suministradores y vendedores como medio de procurar la economía de aquéllos.

El Ayuntamiento sancionará cualquier forma de actuación que vaya contra las condiciones sanitarias de los productos, altere la calidad, peso o medida de los mismos, o esté encaminada a impedir o dificultar la libertad de tráfico.
CAPÍTULO IV.

Autorizaciones y licencias en mercados ambulantes y mercadillos.
ARTICULO 6º. -

Sujetos. : Podrán ser titulares de puestos ambulantes las personas físicas o jurídicas, con plena capacidad de obrar, que se dediquen a la actividad de comercio menor y cumplan los siguientes requisitos:

Estar dados de alta en el correspondiente epígrafe de IAE, en cualquiera de las cuotas municipales, provinciales o nacionales contenidas en la tarifa del mismo.

Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora el producto o productos objeto de la venta ambulante.

Estar al corriente del pago de sus obligaciones con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social.

No estar incursos en las causas de prohibición para contratar previstas en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas ( O disposiciones concordantes ).

Quienes reúnan las condiciones exigibles en la presente ordenanza.

Los No reincidentes en faltas de defraudación a la venta de artículos, cuando la última sanción les hubiere sido impuesta dentro del periodo de un año.

ARTÍCULO 7º.


La concesión de licencias de reserva de puesto para Puestos de Venta Ambulante los será de competencia del Pleno.

Los vendedores ambulantes que deseen obtener la reserva anual de un puesto de venta en los Puestos de Venta Ambulante deberán solicitarlo mediante instancia.

El número de puestos autorizados será indefinido.

Las instancias se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, en el tiempo comprendido entre los meses de septiembre y octubre del año anterior a la ocupación del dominio público.

En la autorización constará el lugar preciso en que debe ejercerse la actividad, superficie autorizada y los productos concretos para los que es válida.

ARTÍCULO 8º.


Los puestos de ambulantes no podrán transmitirse intervivos.

En el caso de fallecimiento del titular, la autorización será transmisible a favor del cónyuge, hijos y hermanos, designado por aquel, o, en defecto de designación por este orden. De haber más de un pariente del mismo grado, tendrá preferencia el de más edad.



ARTÍCULO 9º. -


La exposición de los géneros en los puestos se realizará mediante mesas de quita y pon y nunca sobre el pavimento.

Queda prohibida la instalación de vehículos en la zona de venta ambulante, salvo que constituyan el órgano en el que se ubique la exposición de los géneros.



ARTÍCULO 10º. -


Los titulares de licencias estarán obligados a ocupar su puesto. Previa autorización del Ayuntamiento podrá ser ocupado por su cónyuge o descendientes. Previa autorización del Ayuntamiento podrá ser ocupado por su cónyuge o descendientes.

ARTÍCULO 11º. -


Los puestos de venta podrán ser también atendidos por dependientes del titular, previa el alta de los mismos en los seguros sociales obligatorios.

De no cumplirse éste requisito, se entenderá que el puesto ocupado por personas distintas del titular ha sido cedido o subarrendado irregularmente, lo que, salvo prueba en contrario, determinará la caducidad de la licencia sin derecho a indemnización alguna.



ARTÍCULO 12º. -


La concesión de las licencias anuales de reserva de puestos fijos de venta en Puestos de Venta Ambulante se entenderá otorgadas a título de precario, por lo que el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en cualquier momento, sin que ello origine derecho a indemnización alguna.

De este modo los puestos deberán estar preparados para la venta a las ocho treinta horas y finalizará a las catorce treinta horas.



ARTÍCULO 13º. -


El importe de la tasa por la ocupación del dominio público municipal se regirá en su cuantía por lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la ocupación de terrenos de uso público.
ARTÍCULO 14º. -

Las licencias quedarán sin efecto cuando su titular no abonase dentro de los plazos reglamentariamente señalados las exacciones municipales o las sanciones que se le pudieran imponer, y ello sin perjuicio de que la Administración Municipal siga el procedimiento de apremio para la cobranza de unas y otras.



ARTÍCULO 15º. -

Finalizado el horario de venta, los titulares de las paradas deberán dejar el espacio que tienen asignado libre para la circulación urbana y limpio de papeles y desperdicios. Las cajas de madera y de plástico que no serán admitidos en los contenedores de residuos de la localidad, NO podrán depositarlas en los mismos. Los residuos generados por los puestos deberán depositarse en los contenedores correspondientes al objeto residual.

El espacio público deberá quedar limpio a las 15,00 horas.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ordenanza podrá determinar la incoación de un procedimiento sancionador en los artºs 32 a 36 de la Ley 10/1998 de 21 de abril sobre Residuos. Asimismo podrá aplicarse con carácter preventivo las medidas provisionales contempladas en los artículos 39 y 40 de la citada Ley.


CAPÍTULO V.-

Infracciones y sanciones.
ARTÍCULO 16º.-

Se considerarán infracciones las previstas en el siguiente precepto:

1. - El incumplimiento de los requisitos y condiciones, obligaciones o prohibiciones de carácter sanitario.

2. - Las acciones y omisiones que produzcan o puedan producir algún riesgo o daño para la salud de los consumidores y usuarios.

3. - El incumplimiento o transgresión de los requerimientos que formulen las autoridades sanitarias para situaciones específicas a fin de evitar contaminaciones u otro tipo de circunstancias que puedan ser gravemente perjudiciales para la salud pública.

4.- La alteración, adulteración o fraude en la calidad o cantidad de toda clase de bienes o servicios susceptibles de consumo.

5. - La oferta, promoción, publicidad o información falsa o engañosa de bienes o servicios.

6. - El incumplimiento de las normas que prohiben la utilización de cláusulas abusivas.

7. - La negativa injustificada a atender demandas de los consumidores y usuarios, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del vendedor o prestador del servicio, o su contenido se corresponda con la oferta o publicidad realizada.

8. - El incumplimiento de las normas sobre precios autorizados, publicidad de precios y facturación, la ocultación al consumidor de parte del precio mediante las formas de pago, o cualquier tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios de bienes y servicios.

9. - La negativa a entregar al consumidor o usuario factura o comprobante de la operación, ejemplar del contrato suscrito por el consumidor o usuario, documento de garantía de los bienes de naturaleza duradera, resguardo de depósito o cualquier otro tipo de documento exigido reglamentariamente para la protección de los consumidores, así como la negativa a facilitar al consumidor o usuario las hojas de reclamaciones en los casos en que sea preceptivo.

10. - El incumplimiento de las normas sobre autorizaciones, registros y documentación, establecidos como requisitos para el ejercicio de la actividad o como garantía para la protección de los consumidores y usuarios.

11. - El incumplimiento de las disposiciones sobre normalización, envasado, etiquetado, publicidad e información de toda clase de bienes y servicios.

12. - El incumplimiento de las disposiciones reguladoras del almacenamiento, conservación, transporte y condiciones de venta o suministro de bienes.

13. - El incumplimiento del contenido de la garantía o de sus normas reguladoras.

14. - El incumplimiento de las disposiciones que regulan la prestación de servicios.

15. - El incumplimiento de las normas sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para el consumidor o usuario.

16. - El incumplimiento de la obligación de informar a los consumidores, a requerimiento de las autoridades competentes, de los bienes o productos objeto de medidas de retirada del mercado.

17. - La obstrucción, resistencia o negativa a suministrar dados a los funcionarios inspectores y, en general, a facilitar las funciones de información, vigilancia e inspección y la adopción de medidas cautelares.

18. - La falta de remisión al órgano administrativo competente de cuantos datos o documentos deban presentarse. A estos efectos, se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido por el órgano competente al reiterar el requerimiento.

19. - El suministro de información o documentación inexacta o falsa.
20. - La manipulación, traslado o disposición de la mercancía cautelarmente intervenida o retirada del mercado por las autoridades competentes.

21. - En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.


ARTÍCULO 17. -
Las infracciones, podrán clasificarse como leves, graves y muy graves.

Son infracciones leves las previstas en el artículo anterior cuando no puedan calificarse como graves o muy graves de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.

Son infracciones graves las contempladas en el artículo 17, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Grave riesgo creado para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios.

Grave perjuicio económico causado a los consumidores y usuarios.

Gran número de consumidores y usuarios afectados.

Importancia económica del beneficio obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción.

Negligencia grave o intencionalidad.

Reincidencia en la comisión de infracciones leves de la misma naturaleza en el término de un año.

Son infracciones muy graves las previstas en el artículo 17 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes.

Negligencia grave o intencionalidad de la que derive un grave riesgo para la salud o un grave perjuicio económico, siempre que el riesgo para la salud o el perjuicio económico afecten a un número considerable de consumidores o usuarios.

Reincidencia en la comisión de infracción grave de la misma naturaleza en el término de un año.



ARTÍCULO 18. -


18.1. - Serán responsables de las infracciones aún a título de simple inobservancia, las personas físicas o jurídicas que participen o incurran en las mismas, tanto por acción como por omisión.

18.2. - En particular, se considerarán responsables, salvo prueba que acredite la responsabilidad de un tercero.

De las infracciones cometidas en productos envasados o etiquetados, el fabricante, envasador o vendedor que figure en el envase o etiqueta.

De las infracciones cometidas en productos que carezcan de etiquetado, en la etiqueta no conste la identificación de la empresa, o se vendan a granel el tenedor de los mismos.

De las infracciones cometidas en la prestación de servicios, la persona física o jurídica con la que contrató el consumidor la prestación del servicio o la que resulte legalmente obligada.



18.3. - Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, se considerará que comete infracción el que intencionalmente o por negligencia distribuya, suministre o venda bienes de consumo que incumpla las normas sobre etiquetado.

18.4. - En el supuesto de infracciones cometidas en productos procedentes de otros países de la Unión Europea, o de Estados que no formen parte de ésta, se considerará responsable a la persona física o jurídica que en primer lugar produzca o ponga en circulación el producto en el mercado.

18.5. - Igualmente incurrirán en responsabilidad administrativa en los supuestos de infracciones cometidas por personas jurídicas, quienes actúen como directivos u órgano rector de la persona jurídica, o en representación legal o voluntaria de la misma, siempre que hubieran participado en los hechos.


ARTICULO 19. -


Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas en los términos dispuestos en la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León. Ello no obstante y en defecto de reglamentación autonómica de limitación en la cuantía de las sanciones que puedan imponer las Corporaciones Locales, en función de las distintas bases de población, y ámbitos competenciales en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Será de aplicación la limitación vigente para el ámbito local establecida en la disposición adicional única de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local


CAPÍTULO IV.

EL PROCEDIMIENTO SANCINADOR.

ARTÍCULO 20. -


El procedimiento sancionador se ajustará a los principios contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y se tramitará en la forma y plazos reglamentariamente establecidos por la Junta de Castilla y León a tenor de lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León. En este sentido será de aplicación el Decreto 189·1994 de 25 de agosto, pro el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
CAPÍTULO V.

INSPENCCIÓN Y OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS.
ARTÍCULO 21. -

La presente Ordenanza se remite a lo dispuesto en los artículos 33 a 38 de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León.


DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local una vez publicado completamente su texto y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 del Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.


Navaleno, 27 de Enero de 2001.
EL ALCALDE.

Fdo. Domingo Heras López


PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE FAX Y FOTOCOPIADORA.-
Por el Sr. Alcalde se informa de la necesidad de regular el uso privado de la fotocopiadora y fax de las oficinas del Ayuntamiento. Se propone el establecimiento de un precio público de acuerdo con lo que establece el artículo 41 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, que regule la utilización del servicio de fax y fotocopiadora, cuyo texto sería el siguiente:

Artículo 1.- Concepto.-


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Precio Público por la utilización de los servicios de Fax y Fotocopiadora.




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