Nuevo derecho de la infancia y la adolescencia


Deber de los jueces: control de convencionalidad



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Deber de los jueces: control de convencionalidad

Hitters40, en un valioso informe de investigación citado en el párrafo anterior sobre “Responsabilidad del Estado por violación de Tratados Internacionales”, señala el deber de los jueces internos de custodiar los preceptos internacionales:


“En tal orden de pensamiento ha manifestado la Corte Interamericana que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de las normas legales, y, en consecuencia, obligados a aplicar las disposiciones domésticas. Empero si un gobierno ha ratificado una regla internacional como — por ejemplo— la Convención Americana, ‘...sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad´ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana’41. Agregamos nosotros que está en juego aquí el art. 2742 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Como vemos, el Judicial como poder de Estado está obligado a 'acatar' y a 'hacer acatar' los preceptos internacionales, y estos deberes son quizás más fuertes que los del Ejecutivo y los del Legislativo, por ejercer aquél el control de los controladores (custodit ipso custodit)”.
Con idéntica orientación, la Observación General Nro.9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la aplicación interna del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el párrafo 3 determina que:
“Las cuestiones relacionadas con la aplicación interna del Pacto deben considerarse teniendo en cuenta dos principios del derecho internacional: el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados: ‘Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado’. En otras palabras, los Estados deben modificar el ordenamiento jurídico interno en la medida necesaria para dar efectividad a las obligaciones dimanantes de los tratados en los que sean Parte. El segundo principio está reflejado en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual ‘Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales re-conocidos por la constitución o por la ley”.
En el párrafo 14 define el rol de los jueces locales en la aplicación del Pacto:

“Dentro de los límites del ejercicio adecuado de sus funciones de examen judicial, los tribunales deben tener en cuenta los derechos reconocidos en el Pacto cuando sea necesario para garantizar que el comportamiento del Estado está en consonancia con las obligaciones dimanantes del Pacto.

La omisión por los tribunales de esta responsabilidad es incompatible con el principio del imperio del derecho, que siempre ha de suponerse que incluye el respeto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.”
En la misma dirección, pero respecto de la tarea de los magistrados de la Corte, se ha expedido la Dra. Carmen Argibay en el considerando 22 de su voto en el fallo “Maldonado” (“M., D.E. y otro”. CSJN. 7/12/2005): “Es tarea de esta Corte velar por que los tribunales argentinos cumplan con los estándares a los que está sometida la tarea judicial de acuerdo con los instrumentos internacionales aprobados por el país, de modo tal que sus fallos puedan resistir el desafío de su impugnación ante instancias competentes para fijar la responsabilidad del Estado argentino (doctrina de Fallos: 318:1269, Considerando 21 y su cita)”.
Para cerrar este apartado, vuelvo a la enjundiosa investigación de jurisprudencia interamericana del Dr. Juan Carlos Hitters, y hago mías sus palabras: “No quiero concluir esta reseña jurisprudencial sin reiterar la necesidad de que los tres poderes estatales paren mientes en estas aleccionadoras sentencias de la Corte regional y que, en consecuencia, capaciten debidamente a sus representantes para prevenir la responsabilidad internacional…”.43

NUEVO DERECHO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAPITULO II

Convención sobre los Derechos del Niño

Bloque de constitucionalidad federal
“En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos.

Pero en la práctica, a ciertos grupos, como las mujeres, los niños y los refugiados, les ha ido mucho peor que a otros y las convenciones internacionales tienen por objeto proteger y promover los derechos humanos de tales grupos.”44





  1. Marco normativo:

La Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado de derechos humanos.

Bloque de constitucionalidad federal.



  1. El Comité de los Derechos del Niño: órgano de supervisión e intérprete de la Convención

    1. El Comité de los Derechos del Niño como órgano de control: Observaciones Finales

    2. El Comité de los Derechos del Niño como intérprete: Observaciones Generales

    3. Día anual de Debate General del Comité de los Derechos del Niño

Históricamente, los derechos de los niños han padecido postergaciones –en su reconocimiento y en la genuina preocupación por su puesta en práctica. Si bien, “en un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos”, en el mundo real a ciertos grupos, entre ellos los niños, han necesitado una convención internacional específica para proteger y promover sus derechos humanos.


Sobre esta postergación, afirma Cillero con acierto, “los niños son sujetos de derecho en el sentido de que como seres individuales tienen la titularidad de ellos. Los derechos del niño no son derechos de colectividades o grupos, sino derechos subjetivos imputados a ellos como personas humanas. Este aspecto es importante en la consideración de la historia de los derechos humanos de los niños, ya que si bien los derechos de los niños han cobrado vida en la comunidad internacional junto a ciertos derechos de colectividades o grupos, los derechos del niño son derechos de primera y segunda generación. Queda, entonces, de manifiesto que el retraso histórico se ha debido a una discriminación arbitraria que ha impedido que los derechos del niño nacieran junto a los de todas las personas; sin embargo, si hemos de ser rigurosos, más bien se trata de una exclusión que no tiene su fuente en las declaraciones constitucionales o convencionales de derechos, ya que estos instrumentos no negaron el carácter de persona humana a los niños, sino en un defecto de su aplicación en el que no es inocente el derecho tutelar de menores.”45
En el mismo sentido, Morales46 nos recuerda que “los derechos humanos, por lo menos los de primera generación ya existían en el momento de conformación de los sistemas tutelares de menores, pero se ha dicho que el tipo de pacto social sobre el cuál estaban llamados a operar estos derechos excluía a amplias capas de la población, partiendo por los niños, que no eran visualizados culturalmente como ciudadanos, ni como sujetos de derecho, pero también las mujeres y otro tipo de “minorías” -y hablo de minorías en el sentido cultural y de poder más que en un sentido numérico-, que recién vienen a alcanzar un reconocimiento explícito de derechos en el momento que se conoce como de los “derechos de tercera generación”, que por una parte implican derechos nuevos, pero por otro también la extensión de la ciudadanía a ámbitos que hasta ahora habían estado por fuera de éste reconocimiento: no necesariamente en un nivel formal, pero sí en un sentido práctico y cultural, y en ese momento surge también el sentimiento o la conciencia sobre la necesidad de consagrar derechos fundamentales de los niños”.
Si bien en algunos ámbitos se ha considerado que la reforma bonaerense fue intempestiva e inoportuna, cabe tener en cuenta que su concreción se había tornado inaplazable en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. A la explicación de esta afirmación, dedicaré las próximas líneas.



  1. Marco normativo: La Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado de derechos humanos. Bloque de constitucionalidad federal.

En primer lugar, ha de tenerse presente que ratificar un instrumento internacional de derechos humanos significa para el Estado Parte asumir obligaciones con las personas bajo su jurisdicción, en este caso con todos los niños, niñas y adolescentes situados dentro de su jurisdicción47.


La reforma bonaerense es parte de la respuesta a las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires, que se hallaba pendiente desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990; sin perjuicio de la operatividad del tratado48.
La Convención, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, fue firmada por la Argentina el 29 de junio de 1990 y ratificada el 4 de diciembre del mismo año49.
El art.75 inc.22 de la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, le otorga en ese momento jerarquía constitucional a once instrumentos internacionales de derechos humanos “en las condiciones de su vigencia”, uno de ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño; lo que significa que integra el bloque de constitucionalidad federal –la Constitución global del Estado-, definido por Bidart Campos como “un conjunto normativo que tiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera del texto de la constitución documental, y tiene como fin ser parámetro para el control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales”50.
Es fundamental tener en cuenta que cuando un Estado ratifica un tratado de derechos humanos, se asumen obligaciones en los términos y significados51 del instrumento internacional, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho en su Opinión Consultiva Nro.252 (OC-2/82 del 24/9/1982) que: "los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción".
Entre las obligaciones asumidas se hallan la implementación local de los derechos reconocidos por el instrumento internacional mediante la adecuación del derecho interno (art.4 Convención) y el envío de informes periódicos sobre los progresos de dicho proceso de adecuación, al órgano que supervisa la forma en que los Estados Partes cumplen sus obligaciones derivadas de la Convención, en este caso el Comité de los Derechos del Niño (arts.43 y 44 Convención)
La adopción de políticas públicas de protección integral con enfoque de derechos es una obligación asumida por el Estado al ratificar la Convención sobre los Derechos de los Niños, hace más de una década; con esta reforma la Provincia de Buenos Aires cumple en su territorio con las mencionadas obligaciones dimanantes de un tratado internacional, que además integra el bloque federal de constitucional.



  1. El Comité de los Derechos del Niño: órgano de supervisión e intérprete de la Convención

El Comité de los Derechos del Niño es un órgano del Sistema de Naciones Unidas para la Promoción y la Protección de Derechos Humanos, creado en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño e integrado por expertos independientes, que supervisa la forma en que los Estados Partes cumplen las obligaciones derivadas de la Convención (artículo 44). El Comité también controla la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía - ambos ratificados por la República Argentina.


Asimismo el Comité interpreta el contenido de los artículos de la Convención, mediante Observaciones Generales sobre cuestiones temáticas y organiza anualmente Días de Debate General.



    1. El Comité de los Derechos del Niño como órgano de supervisión: Observaciones Finales53

En virtud de los arts.4 y 44 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, los Estados Partes han de “adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención” (art.4), y “se comprometen a presentar al Comité, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos” (art.44).


Para cumplir su obligación de presentación de informes, los Estados partes deben informar por primera vez dos años después de su ratificación, y en lo sucesivo cada cinco años. Luego de introducir algunos elementos de interés para la comprensión integral del sistema, me referiré específicamente al desenvolvimiento de Argentina ante el Comité (envío de informe inicial y periódicos), a las respuestas del Comité al Estado Parte (Observaciones Finales de 1995 y 2003).
Este sistema de control de los derechos humanos es común a todos los tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos (ámbito de la ONU)54. Además del Comité de los Derechos del Niño, hay seis órganos creados en virtud de los tratados de los derechos humanos que supervisan: Comité de Derechos Humanos55, Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, y Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Además de los organismos internacionales del sistema universal, cabe mencionar como órganos de aplicación del sistema regional interamericano de protección de derechos humanos (ámbito de la OEA), a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que controla el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), de la Declaración Americana de Derechos Humanos, y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también controla el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de Derechos Humanos.

Como órgano de control de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño emite Observaciones Finales (C: Concluding Observations/Comments).


Así, cuando el Estado Parte presenta el informe previsto en el art.44 del Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité lo examina y expresa sus Preocupaciones y Recomendaciones al Estado en forma de Observaciones Finales. Además, el Comité examina, en su caso, los informes adicionales que deben presentar los Estados que se han adherido a los dos protocolos facultativos de la Convención.
Previo a elaborar las Observaciones Finales, el Comité recibe información sobre la situación de los derechos humanos en los países a través de los informes estatales, los informes de las organizaciones no gubernamentales56, los organismos de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales, instituciones académicas y la prensa. Luego, examina la información reunida en forma conjunta con los representantes oficiales del Estado Parte.
Finalmente y sobre dicha base, el Comité aprueba las Observaciones Finales sobre cada Estado Parte, expresando sus Preocupaciones y Recomendaciones, que se hacen públicas.
Nótese asimismo el compromiso de los Estados de dar a sus informes “una amplia difusión entre el público de sus países respectivos” (art.44.6)


    1. El Comité de los Derechos del Niño como intérprete de la Convención: Observaciones Generales

Además, el Comité también interpreta el contenido de los artículos de la Convención, mediante Observaciones Generales (GC: General Comments).


Hasta la fecha el Comité ha adoptado diez Observaciones Generales sobre diferentes temáticas:


  1. Propósitos de la educación (art.29 párr.1) 17/4/2001

  2. El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño 15/1/2002

  3. El VHI/SIDA y los derechos del niño 17/9/2003

  4. La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño 21/7/2003

  5. Medidas Generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts.4, 42 y párr.6° del art.44) 3/10/2003

  6. Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen 1/9/2005

  7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia 20/9/2006

  8. El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras forma de castigo crueles o degradantes (art.19, párr.2° del art.28 y art.37, entre otros) 21/3/2006

  9. Los derechos del niño con discapacidad 27/2/2007

  10. Los derechos de los niños en la Justicia Juvenil 25/4/2007

En el capítulo siguiente he de detenerme especialmente en las Observaciones Generales Nro.5 sobre Medidas Generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y Nro.10 sobre Los derechos de los niños en la Justicia Juvenil, con menciones breves a las demás en el marco de la reforma legislativa de la provincia de Buenos Aires.


Importancia de las Observaciones Generales
A fin de apreciar la importancia de las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, considérese que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció explícitamente que el Comité de los Derechos del Niño es el intérprete de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la causa “M., D.E. y otro s/ homicidio calificado”, sentencia del 7/12/2005 (fallo “Maldonado”), “una de las primeras oportunidades en que este tribunal tiene la oportunidad de expedirse sobre cuestiones trascendentes referentes a la justicia penal de menores” (considerando 24).
En el considerando 33, in fine, la Corte Federal afirma que el Comité de los Derechos del Niño, interprete de dicha Convención, ha recomendado a los Estados Parte asegurar la total adecuación de la justicia penal juvenil a los estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño “en particular a los arts.37, 39 y 40 de la Convención, así como a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y a la Guía de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Reglas de RIAD)”.
La Corte sigue, no sólo el texto de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional sobre la justicia penal juvenil, sino “la jurisprudencia de sus organismos internacionales de control”57:

1) las Observaciones Finales sobre Argentina (9/10/2002) del Comité de los Derechos del Niño (sobre el problema de la adecuación pendiente del sistema juvenil argentino a la Convención)

2) la interpretación del Comité de Derechos Humanos del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Observación General Nro.13.58

3) la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”: OC-17/02 del 28/8/2002.


Nótese que a la fecha del fallo Maldonado, el Comité de los Derechos del Niño aún no había adoptado la Observación General Nro.10 sobre los Derechos de los Niños en la Justicia Juvenil59 (25/4/2007).
Entonces, el alcance del articulado de cada uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en general, y de los que tienen jerarquía constitucional en particular, es definido por su órgano de control, pues al tratarse de obligaciones internacionales cuyo incumplimiento genera responsabilidad internacional y la consiguiente obligación de reparar por parte del Estado Parte, no podría ser el Poder Judicial del mismo Estado el que defina el contenido de su propia obligación.
Afirma Calogero Pizzolo60 que: “Estos organismos, como producto de su intervención en salvaguarda de los derechos humanos tutelados, producen su propia jurisprudencia a la cual, en sentido amplio, llamamos jurisprudencia internacional. Es ésta, por oposición a cualquier jurisprudencia interna, la que debe ser seguida de forma inexcusable en la interpretación del articulado de los instrumentos internacionales. Las interpretaciones propias producto solo de la voluntad de los jueces locales, por tanto, deben ser rechazadas”.


C. Día anual de Debate General del Comité de Derechos del Niño:
Finalmente, dedicaré unas breves líneas sobre otra actividad del Comité de los Derechos del Niño, también importante, porque en los Días de Debate General suelen gestarse las Observaciones Generales.
A la luz del artículo 75 de su reglamento provisional, el Comité de los Derechos del Niño decidió destinar un día al año para debatir de forma general un artículo específico de la Convención o un tema del ámbito de los derechos del niño, a fin de proporcionar una mejor comprensión del contenido y el alcance de la Convención.
El debate general es una reunión pública en la que pueden participar representantes de los gobiernos, de los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas, de la sociedad civil y de otras organizaciones pertinentes en razón de su objeto, así como niños en forma individual y expertos.
Después de la discusión, el Comité emite Recomendaciones sobre los temas tratados.
Los temas tratados en el Día de Debate General hasta la fecha son los siguientes:
2006 "Hablar, Participar y Decidir - El Derecho del Niño a ser Escuchado" (art.12 CDN)

2005 Niños sin cuidado parental

2004 Implementación de los derechos de los niños en la primera infancia

2002 El sector privado como proveedor de servicios

2001 La violencia contra los niños en el seno de la familia y en la escuela 61

2002 La violencia estatal contra los niños62

1999 10° aniversario de la Convención: Logros y tareas pendientes.

1998 IVIH/SIDA

1997 Los niños con discapacidades

1996 El niño y los medios de comunicación



1995 La administración de la justicia juvenilk63

1995 La niña

1994 El rol de la familia

1993 La explotación económica de los niños

1992 Los niños en los conflictos armados
El tema del Día de Debate General del año 2007 son los "Recursos para los derechos del niño. Responsabilidad de los Estados" (art.4 Convención sobre los Derechos del Niño). “Inversiones para la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales del niño y cooperación internacional”.64
Uno de los principales aspectos del art.4, al que el Comité dedica gran atención, es la responsabilidad de los Estados Partes en lo relativo a proporcionar recursos adecuados para la infancia y dar prioridad al interés superior del niño en su planificación económica y social, así como en sus políticas presupuestarias y fiscales. Invertir en servicios sociales básicos para la infancia es una condición previa esencial para alcanzar el objetivo del acceso universal a servicios sociales básicos y un paso fundamental en aras de la erradicación de la pobreza.
Financiamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos del Niño
En esta línea, el art.4 de la ley 13.298 define “interés superior del niño”, como “la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad”
Adviértase que en el art.4.1 de la reglamentación (Anexo 1, Decreto 300) se establece que: “El interés superior del niño deberá considerarse principio rector para la asignación de los recursos públicos”.
En el art.7 de la ley 13.298, sobre la garantía de prioridad a cargo del Estado, se incluye la “asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la promoción y protección de la niñez”
En el art.17 de la reglamentación, sobre Financiamiento actual del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, se estipula que: “La Comisión Interministerial creada por el art.23 de la ley65 deberá optimizar los recursos del Estado Provincial a los fines de posibilitar el cumplimiento de la misma. En tal sentido formulará al Ministerio de Economía las sugerencias de modificaciones, reasignaciones y adecuaciones presupuestarias que pudieren corresponder en cada ejercicio.

A los efectos de garantizar el financiamiento permanente del sistema se destinará al menos el 50% del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, que creó la ley 13.163 y dec. 609/04 para el año en curso. En cada ejercicio fiscal se determinará el monto asignado y el Ministerio de Desarrollo Humano podrá mediante convenios con los municipios transferir dichos recursos de acuerdo a un índice de distribución que elaborará teniendo en cuenta la población y necesidades de cada municipio”.


Enfoque de derechos y monitoreo: Retirada de las políticas y prácticas asistencialistas
En el tema del financiamiento del sistema es donde el enfoque de derechos -que parte del supuesto de que donde existe un titular de un derecho habrá un titular de la obligación correlativa- confrontará a los actores políticos con la dificultad de compaginar la teoría y la práctica de los derechos humanos con la administración del gasto público en clave constitucional.
La perspectiva de derechos implica limitar la discrecionalidad del Estado, mediante principios rectores como los definidos en las disposiciones normativas transcriptas, que reglan la asignación de los fondos públicos y establecen las líneas básicas para el seguimiento o monitoreo del cumplimiento estatal de las obligaciones asumidas frente a las niñas, niños y adolescentes de la provincia de garantizar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales y de considerar a las políticas sociales como instrumentos fundamentales para cumplir esta obligación (arts.3, 5, 6, 7 Ley 13.298).
He introducido el tema del seguimiento y monitoreo por ser consustancial al enfoque de derechos. En efecto, el cambio conceptual implica aprehender la realidad de un modo diferente, interpretarla conforme a una nueva clave: los niños con necesidades se perciben como titulares de derechos, no como meros beneficiarios de la asistencia social, de actos de beneficencia estatales propios de las políticas asistencialistas; lo que los instituye como sujetos de derechos ante el Estado y la comunidad. Como derivación de esta subjetividad emerge la posibilidad de acceso a mecanismos eficaces de protección y control del cumplimiento de las obligaciones de los garantes -las políticas sociales universales como obligación asumida por el Estado.
Interpretar las necesidades en clave de derechos es determinante para aplicar el nuevo sistema de protección en plenitud, sin desnaturalizarlo, sin incurrir en intervenciones de tipo tutelar o asistencial ocultas bajo la etiqueta de “vulneración de derechos”, para mantener la apariencia de un acuerdo -vacío de sentido- con el lenguaje de la Convención.



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