Nuevo derecho de la infancia y la adolescencia



Descargar 0.75 Mb.
Página1/12
Fecha de conversión26.03.2018
Tamaño0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

NUEVO DERECHO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PARTE I.

CLAVES DE INTERPRETACIÓN DE LA REFORMA
Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños

Subsistema de la Responsabilidad Penal Juvenil


Leyes 13.298 y 13.634

Bloque de constitucionalidad federal


NUEVO DERECHO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

CLAVES DE INTERPRETACIÓN DE LA REFORMA
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños

Responsabilidad Penal Juvenil


Leyes 13.298 y 13.634

Bloque de constitucionalidad federal

1. La espinosa retirada del Patronato de Menores

2. Convención de los Derechos del Niño. Bloque de constitucionalidad federal

3. Observación General N° 5: “Medidas Generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño”

4. Observación General N° 10: “Los Derechos de los Niños en la Justicia Juvenil”

5. La relación entre la Argentina y el Comité de los Derechos del Niño
Anexo
ANEXO
Normativa bonaerense:

Ley 13.298

Decreto 300/85

Ley 13.634

Decreto 44

Ley 13.645

Decreto 151 Poder Ejecutivo Provincial

Resoluciones MDH (Ministerio de Desarrollo Humano) 166, 171 y 172.


Otra normativa:

Ley 26.061

Decreto 415
Principios interpretativos del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de los Niños: art.10 Ley 13.298
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana)

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de RIAD)
Sistema universal de protección de derechos humanos: ONU

Convención sobre los Derechos del Niño

Observación General Nro. 5 Comité de los Derechos del Niño (ONU)

Observación General Nro.10 Comité de los Derechos del Niño (ONU)

Observaciones Finales: Argentina (2002) Comité de los Derechos del Niño (ONU)

Observación General Nro. 13 sobre “el art.14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos“, del Comité de Derechos Humanos (ONU)


Sistema regional de protección de derechos humanos: OEA

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) art.19

OC-17/02 – Opinión Consultiva 17 sobre la “condición jurídica y derechos humanos del Niño”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002)
Jurisprudencia relevante:

Fallo “Maldonado” Corte Suprema de Justicia de la Nación (“M.,D.E.y otro” - 7/12/2005)

Fallo “Verbistsky” Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa 'Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus' - 3/5/2005)

Fallo sobre inconstitucionalidad del art.36 del decreto ley 10.067/1983 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ("A., R. M. Privación ilegal de la libertad Violación Homicidio" - 21/3/2007)



NUEVO DERECHO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAPITULO I

La espinosa retirada del Patronato de Menores bonaerense


  1. Introducción: Derogación del Patronato de Menores bonaerense

  2. Ley 13.298: derecho a crecer en familia

  3. Ley 13.634: su modificatoria y complementaria

  4. Ley 13.645: régimen de transición

  5. La suspensión cautelar de la ley 13.298

  6. Inconstitucionalidad del Decreto-ley 10.067/83 (art.36)

  7. Conclusión: Responsabilidad internacional del Estado

    1. Adecuación del derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos

    2. Deber de los jueces: Control de convencionalidad

1. Introducción: Derogación del Patronato de Menores bonaerense

La ley 13.298 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, sancionada el 29/12/2004 fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el 27/1/2005, promulgada por el decreto 66/20051 que la vetó parcialmente el 14/1/2005 y reglamentada por el decreto 300/2005, publicado en el Boletín Oficial del 23/3/20052.


La norma estuvo suspendida cautelarmente por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desde el 7/2/2005 hasta el 18/4/2007, fecha en que el máximo tribunal provincial rechazó el recurso de revocatoria in extremis interpuesto por la Procuradora General contra la Resolución Nro. 55 del 28/2/2007.
Con esta resolución la Suprema Corte de Justicia decidió el rechazo definitivo de la acción de inconstitucionalidad instaurada en causa I 68128 “Procuradora General de la Suprema Corte De Justicia de la Provincia de Bs. As. s/ Inconstitucionalidad de los artículos 2º, 35º inc. F) y H) y 37º de la ley 13.298”, y consecuentemente, la vigencia y aplicabilidad del régimen de la ley 13.298, y las modificaciones introducidas durante su suspensión cautelar en el texto original por la ley 13634 (complementaria).

Recuérdese que el Patronato había permanecido vigente durante los más de dos años de suspensión cautelar de la ley 13.298. Por lo que, una vez levantada la medida que pesaba sobre la ley y rechazada su inconstitucionalidad, el articulado de la ley 13.298 –con las modificaciones mencionadas ut supra- recobraba su vigencia, entre ellos el art.67 derogatorio del Decreto-ley 10.067/83 sobre el Patronato de Menores bonaerense.


En consecuencia, a partir del 18/4/2007, quedó derogado definitivamente el Patronato de Menores en la Provincia de Buenos Aires y la doctrina de la “situación irregular” fue desplazada por la doctrina de la “protección integral”, consagrada en el nuevo sistema normativo bonaerense, integrado básicamente por las leyes 13.298 y 13.634, y sus decretos reglamentarios.



  1. La ley 13.298: derecho a crecer en familia

La Ley 13.298 significó la derogación3 del Patronato de Menores (Decreto-ley 10.067/83) y creó el Sistema de Promoción y Protección integral de los Derechos del Niño en la Provincia de Buenos Aires, fijándose como objetivo principal de “la política respecto de todos los niños”, “su contención en el núcleo familiar, a través de la implementación de planes y programas de prevención, asistencia e inserción social”, en el marco de “la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado Argentino”, considerando principios interpretativos del sistema: las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, y las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices del RIAD). (arts. 1, 3, 10 y 14)


En los arts.9 y 34 se refuerza el contenido del compromiso que asume el Estado provincial.
Según el art.9: “La ausencia o carencia de recursos materiales del padre, madre, tutor o guardador, sea circunstancial, transitoria o permanente, no constituye causa para la exclusión del niño de su grupo familiar, o su institucionalización”.
Asimismo, el art.34 determina como prioritaria la aplicación de las medidas de protección de derechos “que tengan por finalidad la preservación y fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a todos los niños.

Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares”:


En consonancia con la doctrina de la protección integral emergente de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los principios interpretativos, que han de presidir toda labor hermenéutica sobre el nuevo sistema (art.10 ley 13.298), el art.3 del decreto 300/2005 define como “núcleo familiar”, no solamente a los padres, sino a la familia extensa y “otros miembros de la comunidad que representen para el niño vínculos significativos en su desarrollo y protección", el art.4 precisa que ha de entenderse por “interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos”, considerando al niño como “sujeto de derecho” con autonomía progresiva (art.4 2° párr.a. y b.), que atento a su condición de persona en crecimiento es titular de todos los derechos humanos y además de aquellos específicos que le han sido reconocidos con sustento en dicha condición (arts.5, 11, 12 y 13).
También ha de tenerse presente que “la condición de sujeto de derecho de los niños determina algún nivel de responsabilidad específica. […], el sistema creado a partir de la Convención Internacional –afirma Mary Beloff- es un sistema basado en la responsabilidad de todos los actores sociales: adultos y niños. Así, el Estado debe tener políticas eficaces para la garantía de los derechos y si no las tiene, es responsable por ello. La familia debe hacerse cargo de los niños que trae al mundo. Los adolescentes son responsables por los delitos que cometen, de manera específica”.4
La creación del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil por la ley 13.634 (complementaria de la ley 13.298) da cuenta de esa especificidad. Recuérdese que la Observación General Nro.13 del Comité de Derechos Humanos (órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) sobre el art.14 del Pacto, en el párrafo 16, señala que. “Los menores deben disfrutar por lo menos de las misma garantías y protección que se conceden a los adultos en el art.14.” (el destacado me pertenece)

Aunque, como se ha encargado de advertir la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Maldonado”5 (M.,D.E.y otro”) del 7/12/2005:


“De que los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos, […] no se deriva que los menores frente a la infracción penal , deben ser tratados exactamente igual que los adultos.
En efecto, lo contrario implicaría arribar a un segundo paradigma equivocado –como aquel elaborado por la doctrina de la “situación irregular”- de la justicia de menores, pues reconocer que los menores tienen los mismos derechos que el imputado adulto, no implica desconocerles otros derechos propios que se derivan de su condicion de personas en proceso de desarrollo.
En suma, los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Opinión Consultiva 17/2002, OC-17/02 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, párr.54. (considerando 32)
“Que estos derechos especiales que tienen los menores por su condición, no constituyen sólo un postulado doctrinario, sino que su reconocimiento constituye un imperativo jurídico de la máxima jerarquía normativa, derivado de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en especial la Convención del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica” (considerando 33).
Uno de esos derechos especiales –central para su desarrollo- es el derecho de los niños a crecer con su familia, a la cercanía, al afecto, al cuidado. Expresiones propias de la doctrina de la “situación irregular” como “riesgo”, “abandono”, “fuga del hogar”, “niños de la calle y en la calle”, “tráfico, trata y comercialización infantil” revelan “exilios familiares”6 y ausencia de políticas públicas integradoras, que simultáneamente producen exclusión social y segregación de amplios sectores de la infancia y juventud. En suma, esas expresiones constituyen una denuncia de la privación de aquel derecho básico, que la ley 13.298 asume como su “objetivo principal” – la “contención en el núcleo familiar”(art.3).
El mismo efecto estigmatizante se produce cuando estos niños y adolescentes son institucionalizados bajo la tipificación de “menores en situación irregular”, una identidad social que los aísla del entorno. Se pretendía salvar al niño convirtiéndolo en peligroso. En lugar de adoptar políticas públicas preventivas de “protección integral de la familia y sus hijos”, que mejoraran la calidad de sus vidas y las fortalecieran en su función de crianza y educación, se acudía a intervenciones judiciales tardías e impotentes (“justicia de menores”7), que mediante el alejamiento del niño de su mundo de vida, sólo lograban marginarlo y desocializarlo.
Básicamente, la doctrina de la “protección integral” circunscribe la labor del juez a la resolución de conflictos de naturaleza jurídica, fortalece las garantías procesales y estipula obligaciones a cargo del Estado de implantación de políticas integrales –en especial, politicas sociales básicas para remover los obstáculos “que limitan de hecho la igualdad y la libertad” (art.5 Ley 13.298), que constituyen la condición de posibilidad del ejercicio pleno de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Corte Suprema, en el fallo citado ut supra, señala también que “el paradigma de la ‘situación irregular’ recibió importantes embates en el derecho internacional, especialmente en las convenciones promovidas a instancias de las Naciones Unidas […]. Del mismo modo, en el año 2002, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, al analizar el sistema juvenil argentino expresó su profunda preocupación por el hecho de que la ley 10.903, de 1919, y la ley 22.278, que se basan en la doctrina de la “situación irregular”, no distingan en lo que se refiere a los procedimientos judiciales y el trato, entre los niños que necesitan atención y protección y los niños que tienen conflictos con la justicia”. (Observaciones Finales: Argentina, CRC/C/15.Add.187, del 9/10/2002).
Transcribo a continuación los dos párrafos del documento del Comité de los Derechos del Niño8, en los que se expresan las preocupaciones y las recomendaciones en materia de legislación:
“15. Al Comité le preocupa que la ley vigente relativa al niño, a saber, la Ley Nº 10.9039 (Ley de patronato), se remonte a 1919 y se base en la doctrina de la "situación irregular", en virtud de la cual los niños son objeto de protección judicial. Aunque en noviembre de 2001 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley sobre la protección integral de los derechos del niño y el adolescente, ese proyecto no se ha aprobado todavía (sólo tiene media sanción), de manera que no existe ninguna ley nacional vigente en que se considere que el niño es sujeto de derechos.

Además, el Comité observa que, con frecuencia, la legislación provincial no se ajusta a las disposiciones y los principios de la Convención.” (el resaltado me pertenece)


“16. El Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Tome todas las medidas necesarias para que el Congreso apruebe sin tardanza el proyecto de ley de protección integral de los derechos del niño y el adolescente;

b) Vele por que, una vez promulgada, la Ley de protección integral de los derechos del niño y el adolescente se aplique plenamente de conformidad con la Convención, prestando especial atención a la necesidad de asignar los recursos humanos y financieros necesarios para poder contar con estructuras adecuadas;

c) Vele por que la legislación provincial en su conjunto se ajuste plenamente a las disposiciones y los principios de la Convención.” (el resaltado me pertenece)


Siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, fue derogada la ley 10.903 – la ley Agote- y sancionada la ley 26.061 (28/9/2005) de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Respecto de la preocupación del Comité sobre la legislación provincial basada en la doctrina de la “situación irregular” (15, últ.párr.) y su recomendación (16.c.) de ajuste a las disposiciones y principios de la Convención, la Provincia de Buenos Aires sancionó la ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, que en el art. 67 derogó el decreto ley 10.067/1983 (ley de patronato provincial), “así como toda norma que se oponga al cumplimiento de la presente”, consagrando de este modo el paradigma jurídico10 de la “protección integral”.
Entiéndese por la expresión “paradigma jurídico”, los distintos modos de realización del sistema de derechos y de los principios del Estado de Derecho. En sus términos, un paradigma jurídico expresa “de que manera se conciben y se deben tratar los principios del Estado de Derecho y los derechos fundamentales a fin de que puedan cumplir, en un contexto dado, la función que normativamente se les adscribe”
Paradigma de la ambigüedad: Lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer11
La transición entre paradigmas12 suele caracterizarse por la ambigüedad de las respuestas. El tránsito entre el paradigma en retirada y el emergente es un proceso sembrado de obstáculos, de tensiones, de paradojas, que ha sido denominado por García Mendez13 “paradigma de la ambigüedad”:
“El paradigma de la ambigüedad se encuentra muy bien representado por aquellos que, rechazando de plano el paradigma de la situación irregular, no consiguen acompañar –tal vez por la disminución de las prácticas discrecionales y paternalistas en el trato con los niños- las transformaciones reales y potenciales que se deducen de la aplicación consecuente del paradigma de la protección integral, que considera al niño y al adolescente un sujeto de derechos, y no menos, de responsabilidades”.
A más de diez años de la ratificación argentina de la Convención sobre los Derechos del Niño y a cinco de su jerarquización constitucional (art.75 inc.22 de la Constitución Nacional), Guemureman y Daroqui en La niñez ajusticiada14 (texto previo a la ley 26.061), se refieren al mismo fenómeno en términos de convivencia esquizofrénica de los dos paradigmas, “en la esfera legislativa y en los discursos de legisladores y funcionarios, como también en la práctica judicial y en las cabezas de los diseñadores de políticas para ‘menores’. El paradigma de la Situación Irregular sufre un embate dado por el paradigma de la Protección Integral, pero aún hoy es tangible en las prácticas y discursos ‘producidos’ en ámbitos de la justicia de menores, del Ministerio Público y de los consejos del menor, el predominio del primero sobre el segundo”

* * *
Estructura primigenia de la ley 13.298:


Título I Principios Generales

Capítulo Único: Objeto y finalidad (arts. 1 a 13)


Título II

Capítulo I Del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos (arts.14-15)

Capítulo II De los Órganos Administrativos (arts. 16 a 28)

Servicios Locales de Protección de Derechos (arts.18 a 22)

Comisión de Coordinación y Optimización de Recursos (art.23)

Observatorio Social (art.24)

Del Registro de Organizaciones (arts. 25 a 28)

Capítulo III De los Programas de Promoción y Protección de Derechos (arts.29 a 31)

Capítulo IV Medidas de Protección Integral de Derechos (arts.32 a 36)

Capítulo V Del procedimiento (arts.37 a 39)


Parte Segunda Órganos y competencias judiciales15 (arts.40 a 62)

Capítulo I Del Fuero del Niño (arts.40 a 41)

Capítulo II Principios Generales del Procedimiento (arts.42 a 46)

Capítulo III Competencia Civil (arts.47 a 52)

Capítulo V Procedimiento Penal (arts.53 a 62)
Disposiciones complementarias y transitorias (arts.64 a 71)
* * *
Su modificación: Durante la suspensión cautelar de la ley 13.298, dos leyes de singular trascendencia alteraron la estructura normativa primigenia de la norma y complementaron el sistema original: las leyes 13.634 (modificatoria y complementaria) y 13.645 (régimen de transición).
La Parte Segunda (arts.40 a 62) sobre Órganos y competencias judiciales fue derogada íntegramente por la ley 13.634, que además modificó los arts. 33, y 35 inc.h; y derogó el segundo párrafo del art. 22, el art.28 inc.d y los arts. 63, 65 y 66.



  1. Ley 13.634: modificatoria y complementaria de la ley 13.298

La ley 13.634 fue sancionada el 28/12/2006 y publicada en el Boletín Oficial del 2/2/2007. El inicio de su vigencia se estableció para el 1/12/2007 (arts.92 y 93).


Fue vetada parcialmente por su decreto de promulgación 44/2007 del 18/1/2007, que observó expresiones: en los arts. 12, 40, 43, 48, 56, 70, en el encabezamiento del Capítulo VIII del Título III, en los arts. 100 y 104, y observa: los incs. 4, 5 y 6 del art. 68 y el art. 72).
Según el art. 98 de la ley 13.634, esta ley es complementaria de la ley 13.298; por lo que no ha de ser interpretada en forma escindida del resto del sistema, principalmente de los principios generales del Título I de la ley 13.298, presididos por los principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño (Observación General Nro. 5 del Comité de los Derechos del Niño: arts. 2 –no discriminación-, 3 –interés superior del niño- , 6 –derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo- y 12 –respeto por la opinión del niño) y los específicos de la justicia penal juvenil del mismo tratado (Observación General Nro. 10 del Comité de los Derechos del Niño: arts.37, 39 y 40) .
* * *
Estructura de la ley 13.634:
Título I Principios generales del fuero de familia y del fuero penal del niño. (arts.1 a 7)
Título II Fuero de familia

Capítulo I De los órganos jurisdiccionales (arts.8 a 14)

Capítulo II Del Proceso de Familia (arts.15 a 17)
Título III Fuero de la responsabilidad penal juvenil

Capítulo I De los órganos judiciales (arts.18 a 31)

Capítulo II Disposiciones generales del proceso penal (arts.32 a 37)

Capítulo III Investigación Preliminar Preparatoria (arts.38 a 51)

Capítulo IV Juicio (arts. 52 a 58)

Capítulo V De los recursos

Sección I Recurso de apelación (arts. 59 y 60)

Sección II Recurso contra el fallo (arts.61 y 62)

Capítulo IV De los niños inimputables (arts.63 a 65)

Capítulo VII De las causas seguidas a niños y mayores (arts. 66 y 67)

Capítulo VIII Medidas judiciales de integración (arts.68 a 85)
Disposiciones finales (arts.86 a 110)
* * *

Modificaciones en el fuero de familia:
Las modificaciones en el Fuero de Familia, con vigencia a partir del 1/12/2007, consisten en:
1. Juzgados unipersonales:
Transformación de los existentes Tribunales de Familia Colegiados de Instancia Única en Juzgados de Familia Unipersonales, integrados por un juez de primera instancia, un consejero de familia y un Equipo Técnico Auxiliar conformado por un médico psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social.

Creación de Juzgados de Familia en los departamentos judiciales que carecen de ellos.


2. Apelación y Sala Especializada en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial:
Creación de una Sala especializada en materia de Familia, integrada a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
3. Competencia de los Juzgados de Familia: Modificación del art.827 del Código de Procedimientos Civil y Comercial
inc. h)  Guarda con fines de adopción, adopción, nulidad y revocación de ella

inc. t)  En los supuestos de protección de personas comprendidos en la sección VIII del Capítulo III del Título IV del Libro I del presente.

inc. v)  La permanencia temporal de niños en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y/o salud de conformidad a lo determinado por el artículo 35 inciso h) de la Ley 13298.

inc. w) Aquellas situaciones que impliquen la violación de intereses difusos reconocidos constitucionalmente y en los que se encuentren involucrados niños.

inc. x)  Cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria referida al Derecho de Familia y del Niño con excepción de las relativas al Derecho Sucesorio
4. Otras reformas:
Supresión de la denominación “Asesor de Incapaces exclusivo para Tribunal de Menores” que pasará a nominarse “Asesor de Incapaces”.
Protección de Personas:

Modifica el Dec-ley 7425/1968 -Código Procesal Civil y Comercial-: Sustituye el Libro VIII, modifica los arts. 234 y 236.


Internaciones (art.482 del Código Civil):

Sustituye el art. 3 del Dec-ley 7967/1972 -disponiendo que en los casos contemplados por el art. 482 del Código Civil, segundo párrafo, cuando la policía disponga la internación de una persona en un hospital neuropsiquiátrico, deberá comunicar el hecho dentro de las 24 horas al juez pertinente.



Fuero de Menores y Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil16:
En el año 200217, en el documento ya mencionado ut supra del Comité de los Derechos del Niño había expresado su preocupación respecto de la vigencia de legislación nacional y provincial basada en la doctrina de la “situación irregular”, en virtud de la cual los niños no eran considerados “sujeto de derechos”, sino “objeto de protección judicial”. Asimismo el organismo de derechos humanos recomendaba el ajuste de la normativa “a las disposiciones y los principios de la Convención”.
Siguiendo las recomendaciones, la ley 13.634 disuelve los Tribunales de Menores en la Provincia de Buenos Aires18 y crea el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil y un proceso penal específico aplicable a todo niño punible19, según la legislación nacional, imputado de delito en jurisdicción territorial de la provincia de Buenos Aires. (art.32 Ley 13.634 – art.40 Convención sobre los Derechos del Niño).
De conformidad con el art.18 de la ley 13.634, el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, estará integrado por:

Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal

Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil

Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil



Juzgados de Garantías del Joven y Ministerio Público del Joven.

La”justicia de menores” en retirada ante el nuevo sistema de justicia juvenil
Sobre estos nuevos dispositivos institucionales que responden legal e institucionalmente a las infracciones penales cometidas por jóvenes, Mary Beloff afirma que se trata de “sistemas de justicia juvenil”, “como no se trataba de un sistema de justicia la llamada, bajo el imperio de la ideología tutelar, ‘justicia de menores’. La ‘justicia de menores’ –esto es, el conjunto de dispositivos legales e institucionales dedicados a una forma sui generis de ejecución de la beneficencia a través del órgano judicial –no constituía un sistema de justicia, ni desde el punto de vista institucional, porque no resolvía conflictos de naturaleza jurisdiccional: ni desde el punto de vista filosófico …”.20
Los “menores” han sido definidos21 como “una suerte residual de la categoría infancia sujeta a judicialización, esto es, a politicas judiciales supletorias de políticas sociales básicas”.
Cillero Bruñol22 agrega que: “Las leyes de menores, a diferencia de lo que aparentan, no se estructuran a partir de la legítima diferenciación jurídica entre adultos y no-adultos, sino en una radical separación de dos tipos de infancia: la que tiene sus derechos satisfechos debido a la protección familiar, y aquella que no los tiene.”
A los primeros no se les aplicarían las leyes de menores, en tanto que los segundos, serán protegidos y controlados a través de los mecanismos judiciales y administrativos creados por la Ley, que vienen a compensar las debilidades del sistema social y familiar”. De este modo, se reemplazó “la autoridad patriarcal del padre, por la autoridad civil, representada preferentemente por el Juez de Menores, protagonista principal del nuevo sistema de tratamiento hacia la infancia que promovieron los Estados latinoamericanos desde comienzos del siglo XX”.
Por lo tanto, los conflictos y los procedimientos judiciandoles “poco tenían que ver con los que en derecho público se conoce como función jurisdiccional. Los tribunales de menores eran radicalmente diferentes de otros tribunales, incluso los especiales, y esta diferencia era justificada y defendida por los minoristas23 sobre la base de la existencia de un derecho adjetivo de menores de carácter autónomo”.
Por otra parte, las legislaciones de menores se han caracterizado por “la confusión e igual tratamiento, entre la infancia que se ve amenazada o dañada en su desarrollo y los niños, niñas y adolescentes que infringen las leyes penales y, más aún, entre estos últimos y aquellos que estaban en riesgo de hacerlo”.
“La utilización del aparato de la administración de justicia en forma sistemática para este estrato poblacional ha estado desde siempre directamente vinculada a la ausencia de políticas públicas de promoción y desarrollo. La presencia activa del Estado en la promoción de derechos, podría haber contribuido a desvincular a estos sujetos de la estigmatización que conlleva su nominación como ‘menores en situación de riesgo’ o ‘en peligro moral y material’”.24
Los expedientes “asistenciales”
Por ello, en virtud del art.96 de la ley 13.634, al disolverse el fuero de menores, los expedientes judiciales “asistenciales” que correspondían a la competencia de los Tribunales de Menores y que en el marco de la 13.298 corresponden a los Servicios Locales de Protección de Derechos, se remiten al Ministerio de Desarrollo Humano:
Artículo 96: “A partir de la publicación de la presente, la Suprema Corte de Justicia conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Humano establecerán la forma y los plazos dentro de los cuales este último recibirá la información y documentación relativa a los expedientes judiciales que actualmente corresponden a la competencia de los Tribunales de Menores y que en el marco de la Ley N° 13.298 corresponde a los Servicios Locales de Protección de Derechos, a saber:
1.- La referida a los expedientes judiciales de carácter asistencial de niños actualmente internados en Instituciones Oficiales y/o privadas en los que exista expresa conformidad de éstos y/o de sus representantes legales sobre la medida proteccional oportunamente decidida, debiendo ello surgir en forma clara e indubitable de la propia documentación.
2.- La referida a los expedientes judiciales donde los niños y sus familias se encuentren dentro de algún programa social.
3.- La referida a los expedientes en los que actualmente se esté abordando la vulneración de derechos sociales, económicos y culturales en los que el niño se encuentre en el seno de su familia.
El Juez competente, que entienda en causas con niños internados, podrá solicitar la intervención de los Servicios Locales de Protección de Derechos, a los efectos de analizar las estrategias de externación.” (el resaltado me pertenece)
He destacado algunas expresiones claves del texto del art.96, porque, en contradicción con la doctrina de la “protección integral” –sustentada en la Convención de los Derechos del Niño, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), en las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad (Reglas de La Habana) y en las Directrices de la Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directries de RIAD)- se ha afirmado en algunos espacios dedicados al estudio de la reforma provincial que las “causas asistenciales” son de competencia de los nuevos Juzgados de Familia provinciales, desconociendo y desnaturalizando la trascendencia de las nuevas institucionalidades bonaerenses, en las que se ha concretado un cambio de “paradigma jurídico” adecuando el derecho provincial al derecho internacional de los derechos humanos, que en Argentina reviste jerarquía constitucional (art.75 inc.22 Constitución Nacional).
En la desplazada doctrina de la “situación irregular”, las denominadas leyes de protección de las niñez por parte del Estado sólo planteaban su protección mediante las intervenciones individuales y estigmatizantes de organismos: judiciales (juzgados de menores) y administrativos centralizados (áreas de minoridad). Conforme al “paradigma jurídico de la protección integral”, los organismos judiciales constituyen un “capítulo más” (3° párrafo del art.14, Ley 13.298) y su función es dirimir problemas de carácter estrictamente jurídicos, controversias jurisdiccionales.
En consonancia con ello, “la información y documentación relativa a los expedientes judiciales que actualmente corresponden a la competencia de los Tribunales de Menores y que en el marco de la Ley N° 13.298 corresponde a los Servicios Locales de Protección de Derechos” se remiten al Ministerio de Desarrollo Humano, que es conforme al art.1 del Anexo 1 del Decreto 300, la autoridad de aplicación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño –conformado según el art.14 de la ley 13.298, por:

“un conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan las políticas, programas y acciones, en el ámbito provincial y municipal, destinados a promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños, así como establecer los medios a través de los cuales se asegure el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado Argentino.


El Sistema funciona a través de acciones intersectoriales desarrolladas por entes del sector público, de carácter central o desconcentrado, y por entes del sector privado.
Para el logro de sus objetivos el sistema de promoción y protección integral de los derechos de los niños debe contar con los siguientes medios:

  • Políticas y programas de promoción y protección de derechos;

  • Organismos administrativos y judiciales,

  • Recursos económicos;

  • Procedimiento;

  • Medidas de protección de derechos.”


Otras modificaciones de la ley 13.634 a la ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños:
Modifica los arts. 33, y 35 inc.h

Deroga el segundo párrafo del art. 22, el art.28 inc.d y los arts. 40 a 63, 65 y 66.


Se reitera que en el art.98 de la ley 13.634 se establece que: "esta ley es complementaria de la ley 13.298"

Modificaciones de otras normas:
Modifica la ley 5827 -Orgánica del Poder Judicial-:

Sustituye los arts. 1, 2 bis, 3, 38, 50, 52 y 61


Incorpora el art.52 quinquies, sexies y deroga los Capítulos VI bis y VII del Titulo II y el Capitulo IV del Titulo III.

Sustituye el art.23 (Asesor de Incapaces) de la ley 12061 -Ministerio Público






  1. Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad