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IX) ADECUACION TIPICA.

En este apartado se tratará la adecuación típica de las conductas que se le endilgan a los imputados cuyo auto de procesamiento y prisión preventiva se decretará.

La calificación legal que corresponde asignarle a la conducta reprochada a los imputados corresponde a los delitos de privación ilegal de la libertad en calidad de autores, en concurso real con el delito de homicidio calificado, en calidad de partícipes necesarios.

Las conductas que conforman crimenes contra la humanidad cometidas por personal de la Superintedencia de Seguridad Federal estaban sancionadas por la legislación penal argentina vigente en aquel momento, así aplicando los tipos penales de su legislación la República Argentina puede, juzgar los crímenes contra la humanidad ocurridos en su territorio.


Privación ilegal de la libertad.

En relación al análisis del tipo objetivo previsto por el art. 144bis inc. 1 del Código Penal, corresponde señalar como primer y fundamental punto que los imputados revestías al momento de los sucesos la calidad funcionarios públicos, conforme las previsiones del art. 77 del Código Penal, al tratarse oficiales de la Policía Federal Argentina. Ello resultará relevante en función de la calificación legal bajo la cual caen las conductas investigadas (art. 144 bis del C.P.); calidad ésta que ha sido ya resuelta por la Excma. Cámara del fuero al momento de sentenciar en la causa nro. 13/84.

Así, el art. 144 bis inc. 1 del Código Penal (según la redacción dada por la ley 14.616, vigente a la fecha de comisión de los hechos) reprime la conducta del funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a una persona de su libertad personal. Esta tipificación se corresponde con las conductas reprochadas a los imputados, quienes privaron, sin medir orden judicial ni de autoridad competentealguna, de la libertad física a quienes resultan damnificados en autos, aun cuando, presumiblemente, no fueron ellos los que dieron comienzo a esta situación.

La libertad referida por la norma tiene un sentido corporal. Así, el menoscabo de esa libertad constituye el fundamento de la punibilidad. De esta forma, debe destacarse en el tipo el elemento normativo de la ilegalidad de la privación de la libertad. Objetivamente, requiere que la privación resulte verdaderamente un ataque a la libertad por no mediar el consentimiento del sujeto pasivo a restringir sus movimientos y tratarse de una imposición no justificada dentro de los parámetros de las causas generales de justificación, al darse las situaciones de hecho o de derecho que condicionan su existencia , o porque, existiendo ellas, el agente priva de la libertad de modo abusivo -más allá de la necesidad justificada o por medios de procedimientos prohibidos por la ley-. (Al respecto ver Creus Carlos, “Derecho Penal” Parte Especial Tomo I pag. 298 y sig. Ed. Astrea).

La privación ilegal de la libertad es un delito material que se consuma cuando el impedimento físico a la libre actividad corporal de la víctima se ha producido con suficiente significación para mostrar la dirección de la acción del sujeto activo en cuanto ataque a la libertad.



Carlos Creus en la obra citada nos enseña que: “...La consumación puede realizarse mediante omisión, cuando el agente no hace cesar la situación de privación de la libertad preexistente en que se encuentra la víctima por obra de un tercero, o cuando no hace cesar la que habiendo sido legítima se convirtió en ilegitima, teniendo la obligación de hacerlo. Es delito permanente -la acción se prolonga mientras no cesa la privación de la libertad-” (cfr. pag. 300 de la ob. citada). La conducta subsumida en el art. 144bis inc. 1 del Código Penal (según ley 14.616) en los términos descriptos por Carlos Creus fue llevada a cabo por los imputados quienes intervinieron en la situación de privación de la libertad de que fueran objeto las víctimas.

En lo referente a este tópico Ricardo Nuñez explica que “el autor usa violencia para cometer la privación ilegal de la libertad cuando para hacerlo la aplica a la persona de la víctima o despliega amenazadoramente contra ella, una energía física o un medio físicamente dañoso o doloroso...” (Nuñez, Ricardo, “Tratado de Derecho Penal”, tomo V, Ed. Bibliográfica Omela año 1967 pág. 39).

Las víctimas eran presos en la terminología legal, toda vez que fueron aprehendidas y encerradas por funcionarios públicos. La circunstancia de que las detenciones hubieran sido ilegales no hace variar esa categoría.

Carlos Creus explica que el sujeto pasivo del delito es una persona privada de su libertad. Pero no cualquier privación de la libertad convierte a la persona en víctima del delito, sino la que tiene su origen en una relación funcional, sea por haber procedido de la orden de un funcionario o por haber sido ejecutada por un funcionario. Sujeto activo del delito es, en primer lugar, un funcionario público. Como la ley no distingue y tampoco funciona aquí la exigencia de que se trate de un funcionario que guarde a personas privadas de su libertad, cualquiera que revista aquella calidad, fuere cual fuere la repartición a la cual pertenezca (siempre que a ésta le este asignada competencia para privar de libertad ) puede ser autor. Para tener este carácter basta que tenga (porque lo asumió o porque se lo entregaron) un poder de hecho sobre la víctima, aunque temporalmente no se prolongue más allá del necesario para infligirle la tortura ( pag. 330 y sig. ob. citada).

En relación al análisis del tipo subjetivo previsto por los arts. 144bis inc. 1 Código Penal, corresponde señalar que la calidad de los delitos analizados en el presente resolutorio importan necesariamente el despliegue de acciones dolosas por parte del imputado.

En este sentido, vale recordar que la privación ilegal de la libertad llevada a cabo por un funcionario público, en todas sus formas, lo es a título doloso. (cfr. Nuñez Ricardo Derecho Penal Especial Tomo V ed. Bibliográfica Omela año 1967 pag. 53).



Por su parte, es necesario el conocimiento del carácter abusivo de la privación ilegal de la víctima por parte del agente y la voluntad de restringirla en esa calidad, circunstancia estas ultimas verificadas en autos.
Homicidio.

Respecto de los homicidios calificados, delito tipificado por el inciso segundo del artículo 80 del Código Penal, el primer elemento objetivo requerido para la configuración del tipo penal es, evidentemente, la muerte de una persona.

En el caso analizado en autos, se halaron los cadáveres de Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Valdez, Angel Osvaldo Leiva, Conrado Alsogaray, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydee Rosa Cirullo de Carneghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmén Maria Carnaghi, Horacio Oscar García Castelú, Alberto Evaristo Comas, Susana Elena Pedrini de Bronzel junto a diecisiete personas más que a la fecha no han sido identificadas, quienes presentaban la característica común de haber sido asesinados de un disaparo en el cráneo., ello conforme se desprende las autopsias volcadas tanto en la causa nro. 19.581 del registro de la Secretaría nro. 4 del Juzgado Federal de la ciudad de Mercedes, como del legajo nro. 46 caratulado “Legajo de identificaciones relativas a los casos nro. 42 a 71.”

De lo expuesto, se desprende la materialidad de las muertes de las personas señaladas, de forma violenta que requiere el tipo penal de homicidio agravado que se le imputa a Juan Carlos Lapuyole, Carlos Marcote y Carlos Gallone.

Ahora bien, en relación a las agravantes que prevé la norma bajo estudio, el inciso segundo se refiere a los casos en que el homicidio tenga lugar con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.

Siguiendo a Ricardo Núñez, el ensañamiento es un modo cruel de matar, aludiendo el autor a la definición que lo delinea como “(...) el deleite en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse (...)” (Op. Cit., pág. 36 y ss).



Por otro lado, el ensañamiento no reside en la objetividad del daño inferido. En este sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que para la configuración del ensañamiento no resulta determinante “(...) el número, profundidad y gravedad de las heridas (...)” (Fallos 196:625), sino el contexto en que se provoca la muerte, y las particularidades con que se desarrolla la acción de matar. Así, existe ensañamiento cuando hay en el sujeto activo un deliberado propósito de matar a la víctima haciéndole padecer sufrimientos innecesarios.

Subjetivamente, y conforme explica Carlos Creus, el padecimiento infligido a la víctima debe ser un acto de crueldad del agente, quien lleva a cabo su acción deliberadamente con el fin de matar haciendola padecer. De este modo, se desdobla la voluntad del sujeto activo: a la voluntad de matar debe sumarse la de hacerlo de un modo cruel (Op. Cit., pág. 8 y ss); respecto de la alevosía, para la configuración de esta agravante objetivamente se exige una víctima que se encuentre en una situación de indefensión, que le impida oponer una resistencia tal que pueda poner en riesgo al autor de la acción.

Esa indefensión, a su vez, puede ser provocada por el autor del homicidio o simplemente aprovechada por él, y puede proceder, gracias, de las condiciones en que la víctima se encuentre (tal es el caso de la víctima que se encuentra dormida, desmayada, o bien sometida a un dominio tal por parte del sujeto activo que no tiene oportunidad alguna de defenderse).

En el caso de autos no cabe ningún lugar a dudas en relación al estado de total indefensión en que se encontraban las víctimas ya que las mismas se encontraban privadas ilegalmente de su libertad y fueron trasladadas hacia el lugar en que fueron muertas drogadas, de forma tal que no tuvieron posibilidad alguna de defenderse o poner en riesgo al o los autores de los homicidios.

En el aspecto subjetivo, la alevosía no exige la premeditación. Así, apunta Núñez que “(...) La premeditación es un camino común para llegar al acto alevoso, pero éste puede -y no es lo menos frecuente- existir sin el frío proceso deliberativo propio del hecho premeditado (...)” (Op. Cit., pág. 38).

En los sucesos analizados en esta resolución es claro que nos encontramos ante supuestos de homicidio agravado.

En relación a este caso es evidente que las personas mencionadas fueron muertas mientras se encontraban privadas ilegítimamente de su libertad y fueron trasladadas drogadas y, por lo tanto, supeditadas al designio de los represores e impedidas de defenderse. Respecto del método utilizado para terminar con sus vidas -disparo de arma de fuego-, se condice con la mecánica usualmente utilizada durante la dictadura militar para asesinar a los detenidos clandestinos.


Juan Carlos Lapuyole, Carlos Marcote y Carlos Gallone revisten la calidad de participes necesarios en relación al homicidio investigado en autos, ello por haber formado parte del grupo que realizó el traslado de las víctimas hasta el camión en que fueron trasladados hacia la localidad de Fátima, provincia de Buenos Aires, donde fueron asesinados y, posteriormente, dinamitados sus cadáveres.

Los encartados acturon de tal manera que su participación supuso el conocimiento de los elementos del tipo objetivo del delito de homicidio y a través de ese conocimiento es que los mismos desplegaron su accionar y su voluntad estaba dirigida a obtener la lesión del bien jurídico, en este caso los homicidios de treinta personas que se encontraban detenidas en la Superintendencia de Seguridad Federal.

“La participación es el delito doloso cometido por via de un injusto doloso ajeno, consistente en un aporte al mismo, hecho en la forma de instigación o complicidad. Expresado en forma negativa, puede decirse que el participe es quien es alcanzado por la pena sin ser autor. Como cualquiera de las formas de la participación -instigación y complicidad- configura un concepto de referencia, permanece ajena a un hecho ajeno, lo que le otorga un inevitable carácter accesorio. La misma expresión indica un concepto relacionante, porque siempre se participa en algo. Este carácter referencial, relacionante o relativo (relacionado con algo) es del que se deriva e impone la naturaleza accesoria de la participación.”

“La participación siempre es accesoria del injusto doloso ajeno, como que no puede concebirse la tipicidad participativa que no sea accesoria de algo diferente a una conducta tipica y antijurídica (de un ílicito)” (Cfr. Zaffaroni Eugenio Raul. Derecho Penal Parte Gral. Pag. 791).


Concurso de delitos.

Media concurso real entre la privación ilegal de la libertad, y el homicidio calificado en relación a los casos tratados en autos.

Sobre este tópico, Zaffaroni nos explica: “El presupuesto necesario del concurso de delitos es una pluralidad de conductas. En el fondo no deja de ser la concurrencia de varios delitos en un único proceso, lo que si bien hace que haya disposiciones al respecto en el código penal (arts. 55 y 56) en modo alguno debe ser considerado como una cuestión exclusivamente penal, sino también de enorme importancia procesal....”. (cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Derecho Penal Parte General Ed. Ediar, 2000 pag. 826).
X) DELITOS DE LESA HUMANIDAD.


Los hechos investigados en las presentes actuaciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos y revisten el carácter de delitos de lesa humanidad y por ende resultan imprescriptibles.

El crimen de lesa humanidad, acorde a su contenido y naturaleza, es un crimen de derecho internacional, por lo cual las condiciones de su responsabilidad son establecidas por la normativa internacional, con independencia de lo quepueda establecerse en el derecho interno de los Estados; los cuales, se encuentran en la obligación de juzgar y castigar a los responsables de tales aberrantes crimenes.

Así, en el ámbito del derecho internacional se considera que, entre otros actos, la tortura, las ejecuciones sumarias, extra judiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas constituyen la categoría de “graves violaciones a los derechos humanos”.

La obligación de todo Estado de juzgar y castigar los crímenes de lesa humanidad surge del derecho de gentes o ius cogens, el cual se integra por un conjunto de principios y normas que resultan esenciales en la vida organizada de la humanidad.

Uno de los principios que rigen a los crímenes contra el derecho de gentes desde la consolidación del derecho penal internacional, es el que instituye la criminalidad de ciertas conductas, que se consideran de gravedad para la humanidad, y cuyo juzgamiento no depende de que sean punibles según la ley penal del lugar donde ocurrieron.

El derecho de gentes establece entonces que la responsabilidad penal individual puede surgir de normas imperativas para la comunidad internacional y que establecen obligaciones directas, no sólo para los Estados sino también para los individuos, para evitar, así, la impunidad de esos hechos de extrema gravedad, a menudo realizados desde el poder estatal.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en reiteradas oportunidades, ha recordado que las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la tortura constituyen graves violaciones a los derechos humanos. A su vez, desde dicho organismo surgieron normas que buscaron terminar con la impunidad.


Así, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), en su artículo segundo nos enseña que debe entenderse por genocidio cualquiera de los actos, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

En esta misma línea la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas reitera desde el artículo primero que la desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos.

La jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos es coincidente en esta materia. En los casos “Bleier Lewhoff y Valiño de Bleier c/ Uruguay”, “Pedro Pablo Camargo c/. Colombia” ha reiteradamente calificado, entre otros actos, la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada como graves violaciones de los derechos humanos.

Dicho concepto ha sido, también ratificado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas merced al documento elaborado el 3 de agosto de 1.994 en Burundí.

Asimismo, y en esta misma linea, en el caso “Barrios Altos” la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso término a un litigio iniciado por familiares de las víctimas contra la República del Perú, con motivo de un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1991, en un inmueble ubicado en el vecindario conocido como “Barrios Altos”, de la ciudad de Lima.

Al respecto, es importante profundizar en dicho fallo, pues el mismo contiene valiosas enseñanzas en relación al tema materia de estudio en el presente resolutorio, y a la protección integral de los derechos humanos, a la cual están obligada la República Argentina.

La Corte Interamericana tuvo por demostrado los siguientes hechos: seis individuos fuertemente armados, que habían llegado en dos vehículos, que portaban luces y sirena policiales, irrumpieron en un inmueble, en momentos en que se realizaba una fiesta para recaudar fondos para hacer reparaciones en el edificio. Los individuos, cuyas edades oscilaban entre los 25 y los 30 años de edad, encubrieron sus rostros con pasamontañas y obligaron a quienes se encontraban allí a tirarse al suelo. Cuando lo hicieron, les dispararon indiscriminadamente por un período aproximado de dos minutos, matando quince personas e hiriendo gravemente a otras cuatro, una de las cuales quedó incapacitada en forma permanente. Una vez concluida la tarea, los atacantes huyeron en los vehículos en que habían llegado, haciendo sonar nuevamente las sirenas.


En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiere que la República del Perú había aprobado una ley de amnistía a favor de los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias, investigaciones, procedimientos o condenas, o que estuvieran cumpliendo sentencia en prisión, por violaciones de derechos humanos.

Sobre esta cuestión el Tribunal dijo: “... Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigaciones y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ...La Corte, conforme a lo alegado por la Convención y no controvertido por el estado, considera que las leyes de amnistías adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un Juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron la investigación persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1. de la Convención; y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso...”

En este orden de ideas, numerosos órganos internacionales han velado por el respeto a los derechos del individuo, (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Preámbulo de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas) estableciendo que “todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y es condenada como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” constituyendo “una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.


La protección a los derechos humanos fue comprometida internacionalmente por nuestro país desde la suscripción de la Carta de las Nacionales Unidas -26 de junio de 1945-, la Carta de Organización de los Estados Americanos -30 de abril de1948-, la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos -10 de diciembre 1948- y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -2 de mayo de 1948.

Así, la República Argentina, desde la aplicación del derecho de gentes que prevé el art. 118 (ex-102) de la C.N., y a través de su adhesión desde 1948, de la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -19.12.1966-; de la Convención Internacional contra la Tortura; y de todos los tratados y pactos que, desde la reforma de 1994 integran nuestra Carta Magna -art. 72 inc. 22-, ha dado jerarquía constitucional e integrado al orden jurídico interno, las normas de carácter internacional que reputan a la desaparición forzada de personas como delitos contra la humanidad.

La Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal explicó: “...la aplicación del derecho de gentes se encuentra reconocida por el ordenamiento jurídico en virtud de lo establecido por el art. 118 de la Constitución Nacional, y tal aplicación resulta obligatoria en función de lo dispuesto por el art. 21 de la ley 48" (CCC Fed. Sala II, “Astiz, Alfredo sobre nulidad”. Causa nro. 16.071. 4 de mayo de 2.000).

A la época de los hechos investigados, el orden jurídico interno había incorporado normas (internacionales) que reputaban a la desaparición forzada de personas como crimen contra la humanidad. Estas normas integraban el Derecho positivo argentino, por haber participado voluntariamente la República Argentina en su proceso de creación, ostentando el carácter de derecho universalmente válido (ius cogens).

Ello significa que aquellas normas penales internas, en cuyas descripciones típicas pudiera subsumirse la privación de la libertad que acompaña a toda desaparición forzada de personas, adquirieron, en esa medida, un atributo adicional -la condición de lesa humanidad, con las consecuencias que ello implica- en virtud de una normativa internacional que las complementó.


En el ámbito doctrinario se emplea indistintamente las nociones de "manifiestas" o "flagrantes" como sinónimos de "graves". En efecto, en las conclusiones del "Seminario de Mastricht sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales” celebrado en 1992, se asevera que: "se entiende que entre las violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales figuran por lo menos las prácticas siguientes: el genocidio, la esclavitud y prácticas similares, las ejecuciones sumarias o arbitrarias, la tortura, las desapariciones, la detención arbitraria y prolongada y la discriminación sistemática" (Netherland Institute of Human Rights ‑ Studie‑en Informatiecentrum Menserecten, (SIM), Seminar on the Right to Restitution. Compensation and Rehabilitation for victims of Gross).

Luis Jiménez de Asúa en relación a los crímenes de lesa humanidad señala los conceptos expuestos a su vez por Graven y Aroneanu. en cuanto dijo que: “.... los crímenes contra la Humanidad son tan antiguos como la Humanidad. La concepción jurídica es, sin embargo, nueva puesto que supone un estado de civilización capaz de reconocer leyes de la Humanidad, los derechos del Hombre o del ser Humano como tal, el respeto al individuo y a las colectividades humanas, aunque fuesen enemigos....” (Jiménez de Asúa, Parte General del Derecho Penal – Filosofía y Ley Penal”, cuarta edición actualizada, tomo III, páginas 1.175 sgtes,; Editorial Losada; Buenos Aires, 1.977).

A su vez:, en orden a las ideas ya expuesta es válido recordar que “::Normativamente puede afirmarse que la Carta Orgánica del Tribunal Militar de Nuremberg definía a los crímenes contra la humanidad como: “...el asesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación o la comisión de otros actos inhumanos contra la población civil, antes o durante la guerra o persecuciones por motivos políticos raciales o religiosos..”( cfr. Zuppi, Alberto Luis, la prohibición ex post facto y los crímenes contra la humanidad. El Derecho t 131, pag. 765).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados partes están obligados a respetar y garantizar” (Caso “Blake”, sentencia del 24.1.1998, Serie C nro.36; casos “Velázquez Rodríguez”; “Godínez Cruz”; Preámbulo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas).

En este aspecto, la calificación de los delitos contra la humanidad, no dependen de la voluntad de los Estados, sino de los principios del ius cogens del derecho internacional, los cuales forman parte del derecho interno argentino (C.S.J.N. Fallos 43:321, 176:218), motivo por el cual los tribunales nacionales deben aplicarlos junto con la Constitución y las leyes (C.S.J.N. Fallos 7:282).


Por otro lado, la aplicación del derecho de gentes viene impuesta desde 1853, merced a la específica referencia que contiene el artículo 118 -ex 102- de la C.N., que se orientó a asegurar el compromiso de los tribunales nacionales en la persecución de los crímenes de lesa humanidad.

Sobre este tópico, el destacado constitucionalista Germán Bidart Campos explicó: “Que en 1853-1860 los delistos contra el derechos de gente, así denominados por el ex art. 102, fueran pocos y diferentes a veces a la que hoy se incluyen en esa categoría, no tiene importancia alguna, porque aquel art. 102 -ahora 118- no enumeró ni definió ese tipo de delitos, con lo que la interpretación dinámica de la constitución que tiene señalada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la mejor doctrina, bien permite y hasta obliga a tomar en cuenta las valoraciones progresivas que historicamente han ido dando crecimiento a la tipología delictual aludida. Hemos por ende de rechazar toda esclerosis interpretativa que ignore o desvirtué el sentido actual del art. 118 en el fragmento que estamos comentando.”, (Bidart Campos Germán, “La persecusión penal universal de los delitos de lesa humanidad”, La Ley Buenos Aires, año LXIV, nro. 161, 23 de agosto de 2.000).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Priebke, Erich”, el 2 de noviembre de 1995, estableció que la clasificación de los delitos contra la Humanidad no depende de la voluntad de los estados requirente o requerido en el proceso de extradición, sino de los principios del ius cogens del Derecho Internacional.

A su vez, el Alto Tribunal explicó que los crímenes contra la humanidad se dirigen contra la persona o la condición humana y en donde el individuo como tal no cuenta. Así, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, tienen la víctima colectiva como característica común y por ello se los reputa delitos contra el derecho de gentes, y son crímenes contra la humanidad el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y todo acto inhumano cometido contra cualquier población civil antes o durante la guerra, o bien las persecuciones hayan constituido o no una violación del derecho interno del país donde hayan sido perpetrados, sean cometidos al perpetrar un crimen sujeto a la jurisdicción del tribunal o en relación con él.



En dicho fallo la C.S.J.N. siguió marcando pautas sobre las cuestiones aquí debatidas al señalar que los hechos cometidos según la modalidad descripta en ese pronunciamiento, deben ser considerados como delitos sancionados por el derecho internacional general, y en la medida en que la aplicación del derecho de gentes se encuentra reconocida por el ordenamiento jurídico argentino (artículo 118 de la Constitución Nacional).

Por último, el Alto Tribunal, se pronunció en relación al sistema constitucional argentino, el cual, al no conceder al Congreso Nacional la facultad de definir y castigar las ofensas contra la Ley de las naciones, receptó directamente los postulados del derecho internacional sobre el tema en las condiciones de su vigencia y, por tal motivo, resulta obligatoria la aplicación del derecho de gentes en la jurisdicción nacional, que así integra el orden jurídico general, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 48; el carácter de ius cogens de los delitos contra la humanidad lleva implícita su inmunidad frente a la actitud individual de los estados, lo que implica la invalidez de los tratados celebrados en su contra, y la consecuencia de que el transcurso del tiempo no purga ese tipo de ilegalidades

La Cámara Federal de La Plata, Sala III Penal, en el caso “Schwammberger”, el 30 de agosto de 1989 , acorde al voto del doctor Schiffrin, ha establecido, entre otras cosas que: “... La Constitución Argentina somete al Estado Nacional a la primacía de derecho de gentes (art. 102), el cual es fuente en la órbita internacional de derecho penal y en donde no juega en sentido estricto el principio “nullum crime nulla poena sine lege”. Ante el derecho internacional no son prescriptibles los crímenes de lesa humanidad y por ello los tribunales argentinos deben reconocer los efectos formales retroactivos de las leyes dictadas por otros países para asegurar la imprescriptibilidad de ese tipo de crímenes ....” (“El Derecho”, tomo 135, Págs. 323 y sgtes).

Los hechos que conforman el objeto procesal de estos autos se hallan legislados desde antaño a su comisión, por nuestro propio ordenamiento legal.

Las figuras previstas por el art. 144bis inc. 1, con el agravante previsto por el art. 142 inc. 1 (según la remisión efectuada por el art. 144bis último párrafo), el art. 144ter del Código Penal, es decir la privación ilegal de la libertad, más la imposición de torturas ampara los eventos que originaran la sustanciación de la causa.

“...Esta subsunción en tipos penales locales de ningún modo contraría ni elimina el carácter de crímenes contra la humanidad de las conductas en análisis (cuestión que establece el derecho de gentes a través de normas ius cogens) ni impide aplicarles las reglas y las consecuencias jurídicas que les cabe por tratarse de crímenes contra el derecho de gentes.”



“ Como se ha dicho, la punibilidad de las conductas con base exclusiva en el derecho de gentes no es una exigencia del derecho penal internacional sino una regla que cobra sentido, más bien, en casos donde la ley penal de un estado no considera punibles a esas conductas. Cuando ese no sea el caso y los tipos penales vigentes en la ley local capten las conductas que son delictivas a la luz del derecho de gentes, lo natural es que los hechos se subsuman en esos tipos penales y se apliquen las penas que tienen previstas. Ello no sólo no contradice ningún principio del derecho internacional sino que, por el contrario, permite cumplir acabadamente sus fines, al hacer posible el juzgamiento y la sanción punitiva de los responsables de los crímenes contra la humanidad.” (cfr. causa n 8686/2.000,c. Julio Simón, Juan Antonio del Cerro y otros por sustracción de menores).



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