Nos Aires, 22 de junio de 2


VII) LOS DESCARGOS DE LOS INDAGADOS



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VII) LOS DESCARGOS DE LOS INDAGADOS.

Al prestar declaración indagatoria el Sr. Juan Carlos Lapuyole, éste manifestó que durante los años 1976 y 1977 se desempeñó como Director General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal, y en el año 1978 fue Segundo Jefe de la misma Superintendencia.



Explicó que como Director General de Inteligencia tenía funciones de contrainteligencia, esto es análisis de la información que se recibía por las delegaciones del interior o de los “soplones”, es decir gente a la cual se le pagaba para que informe, que eran civiles. Refirió que en el año 1976 la Dirección tenía sólo contrainteligencia, y no había departamentos dependientes de ésta, agregando que no contaba con grupos operativos “porque así es la reglamentación”.

En líneas generales, en su descargo el Sr. Lapuyole refirió que “cuando el Coronel Morelli se hizo cargo de tal dependencia, el nombrado hizo una buena limpieza y ya no hubo nada raro ni nada anormal, es decir todo era ‘ultralegal’”.

Al declarar el Sr. Carlos Vicente Marcote, éste dijo que en el año 1976 tenía la jerarquía de Comisario Mayor, y era Director General de Operaciones de la Superintedencia de Seguridad Federal, existiendo en la misma jerarquía otras dos Direcciones Generales, una de ellas Interior, a cargo del Comisario Mayor Rivera, y la otra Inteligencia, a cargo del Comisario Mayor Lapuyole.

A su vez, manifestó que tenía varios Departamentos a su cargo, tales como Delitos Federales, Asuntos Gremiales, Asuntos Políticos, Sumarios (ex DIPA -Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas), Asuntos Extranjeros. Agregó que si bien todos estos departamentos estaban a su cargo, quienes a su vez tenían personal a su cargo, él no tenía otras personas más que dos o tres para las tareas administrativas, tales como la secretaria, el ordenanza, y un oficial que actuaba de secretario.

Preguntado que fue respecto de sus tareas específicas, respondió que “era la transmisión de las órdenes emanadas del Superintendente a las dependencias a mi cargo, y luego supervisar su cumplimiento”, explicando que las tareas “eran variadas, dependiendo del tema que se tratase. Por ejemplo, realizar procedimientos, ejecutar órdenes emanadas de jueces, realizar las investigaciones referentes al área de cada departamento”.

Por otro lado, y respecto de la existencia de detenidos en el edificio, dijo Marcote que “los detenidos que se encontraban en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal lo estaban en forma legal, y no clandestina”.

El Sr. Carlos Gallone, por su parte, declaró que a mediados de mayo de 1976 volvió a prestar funciones en la Superintendencia de Seguridad Federal, desempeñándose como Jefe de Brigada del Departamento Sumarios, antes denominada DIPA (Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas), a las órdenes del Sr. Comisario Inspector Hugo Oscar Castillo. En ese carácter, y con la jerarquía de oficial Principal, sus tareas eran realizar detenciones de acuerdo a los pedidos que venían de la superioridad, y el patrullaje nocturno que a veces había que efectuar.


Explicó que “todas las detenciones que efectué fueron conforme las formalidades exigidas por la ley, es decir, labrando las actas correspondientes en el lugar del hecho, con testigos, y con todos los demás requisitos legales, y explicándole al causante los motivos de por que lo llevábamos detenido”, agregando que “respecto de todos los detenidos labrábamos los sumarios correspondientes, iniciando nosotros el acta, y luego quien tomaba las declaraciones era el Sr. Principal De la Puente, Jefe de la oficina judicial, quien también se encargaba de hacer las consultas a los Sres. Magistrados de ese entonces”.

Con relación a la existencia de detenidos clandestinos en el edificio, dijo que “que yo sepa, en ninguno de los departamentos había detenidos clandestinos. Algunos de los departamentos operativos, tales como Delitos Federales, Delegaciones, efectivamente tenían detenidos, pero siempre a disposición de los Juzgados correspondientes”.

Ahora bien, más allá de las tareas que dicen haber cumplido estos tres agentes de la Policía Federal, las cuales puede que efectivamente hayan sido desarrolladas como las narran, y de manera legal; lo cierto es que, tal como se ha venido sosteniendo en esta resolución y de acuerdo a cuanto se extrae de la diversidad de pruebas colectadas en autos, paralelamente a la actividad propia de la Superintendencia de Seguridad Federal, en esa dependencia se llevaban a cabo actividades clandestinas de “lucha contra la subversión”.

Así, ha quedado cabalmente demostrada la existencia de un centro clandestino de detención en el edificio de la Superintendencia, y la participación de personal de esa repartición en el secuestro ilegal de personas, el sometimiento a vejámenes, golpes, insultos y sesiones de interrogatorios mediante la aplicación de torturas a quienes se hallaban alojados en el lugar.

No obstante, los imputados niegan la existencia de este tipo de situaciones, y argumentan que todos los detenidos de la Superintendencia se encontraban a disposición de una autoridad administrativa o judicial, refieren que los procedimientos se efectuaban con todas las formalidades exigidas por la ley, y alegan haber actuado siempre de acuerdo a las directivas que recibían y de acuerdo a la reglamentación vigente.


Es claro entonces que omiten una parte de la historia: solo recuerdan aquellas actividades que les eran propias de acuerdo a sus funciones específicas, olvidando la otra faceta de sus tareas, aquella clandestina, que implicaba una clara y brutal violación a los derechos fundamentales de las personas que mantenían en cautiverio de manera ilegal en el edificio de Moreno 1417.

Las pruebas colectadas a lo largo de la presente investigación son determinantes a efectos de dar por tierra, con el grado de certeza que este estado procesal impone, los dichos de los indagados; quienes en forma sistemática, al momento de efectuar sus descargos se ocuparon de negar que la estructura policial a la cual pertenecían y en la cual ocupaban altos cargos de dirección estaba al servicio del plan sistemático de represión ilegal, que llevó a cabo el último gobierno militar.

En primer termino, y en aras de desmentir las manifestaciones de los indagados Lapuyole, Gallone y Marcote, se debe apuntar que en la Superintendencia de Seguridad Federal se verificó a través de diversos elementos de convicción, la existencia de un centro clandestino de detención, circunstancia enfáticamente negada por los encartados.

El primer elemento que desmiente los dichos de Lapuyole, Marcote y Gallone es la sentencia recaída en el marco de la causa nro. 13/84 del registro de la Excma. Cámara del Fuero, la cual describe a Coordinación Federal (luego denominada Superintendencia de Seguridad Federal) como un centro clandestino de detención dependiente de la Policía Federal Argentina.(cfr. Capitulo XII “Centros de Detención Clandestina”).

A dicha prueba, por demás contundente, debe sumarsele los testimonios recogidos tanto por la Conadep (Miguel Angel Bianco (legajo 8365), Alberto Mario Poggi, Graciela Lara de Poggi (legajo 4506), Alejandro Blumstein (legajo 3567), Mirta Lasaca de Vélez (legajo 34409), Beatriz Elena Erbin (legajo 6404), Carlos Antonio Oviedo (legajo 3808), Susana Orgambide (legajo 3051), Nora Todaro (legajo 5120), Verónica Handl (legajo 8049), Adrián Merajver (legajo 7709), Valentin Tamagnini (legajo 8051), Dora de Gurrea (legajo 980), Jorge Manuel Lorenzo (legajo 404), Rubén Gorbatt (legajo 5100), Rosalía Garro (legajo 6488), Hugo Aníbal Balcaza (legajo 3560), y Patrick Rice (legajo 6976), como por este Tribunal (Adrián Merajver, Lilia Amparo Jons viuda de Orfano, Benjamin Motta, Laura Irene Yankilevich y Diana Marta Andrada), en los cuales se demostró la existencia de detenidos ilegales en Coordinación Federal, a través de los dichos de los propios sobrevivientes.

En definitiva, la inexactitud de las manifestaciones de los encartados ha sido cabalmente acreditada por este Tribunal y por la Excma. Cámara del Fuero en la sentencia aludida precedentemente.



Por otra parte, los dichos de los nombrados en nada logran desacreditar las acusaciones puntuales existentes a su respecto en autos en cuanto a su carga por los hechos conocidos como la “Masacre de Fátima”

La responsabilidad de Lapuyole, Marcote y Gallone se encuentra acreditada tanto por el cargo y responsabilidad que detentaban dentro de Coordinación Federal, lo cual los convirtió en activos participantes de la represión ilegal, así como por las acciones concretas que los nombrados desplegaron en la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio calificado de las víctimas cuyo destino trágico se analiza en el presente resolutorio.

Por otro lado, al ser interrogado el Sr. Jorge Mario Veyra, éste manifestó que en el año 1976 se desempeñaba en el Departamento de Asuntos Gremiales de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal, y su función era la recopilación de informes o datos sobre el panorama gremial tanto del interior del país como en Capital Federal. Luego de reunir la información pertinente, era elevada a la Dirección General mencionada para su posterior tramitación. Así, refirió “que todo el trabajo era de recopilación de datos que elevaba para ser considerado por sus superiores. Que la valoración del material recopilado era tarea de la Dirección General”.

Al preguntarsele sobre su conocimiento acerca del uso de dicha dependencia como centro clandestino de detención en el año 1976, dijo que no.

Por otro lado, dijo que “el Departamento Asuntos Gremiales no poseía Brigada alguna ya que la información que se obtenía se lograba por las averiguaciones que practicaban empleados que asistían a los gremios en forma individual produciendo a posteriori el parte respectivo.

Finalmente, el Sr. Miguel Ángel Timarchi negó la imputación que sobre él recae, porque entiende que carece de todo fundamento y que se trata de una confusión con su nombre, toda vez que aperece mal su apellido ya que es “Timarchi” y no “Trimarchi” o “Dimarchi”, por lo que entiende que se lo ha imputado equívocamente.



Refirió que trabajó en la Superintendencia de Seguridad Federal desde el año 1965 hasta el 3 de octubre de 1975, fecha en que se encontraba en un móvil policial yendo a la Comisaría 36 en búsqueda de un sumario, cuando en el barrio de Pompeya el móvil fue atacado y se produjo un enfrentamiento en el cual resultó herido por la explosión de una granada de guerra que le produjo un desmayo. A partir de allí comenzó con una licencia médica prolongada que finalmente derivó en la formación de una junta médica que lo declaró el ciento por ciento inepto para desempeñarse en el servicio activo de la Policía Federal.Con esto quiere decir que a partir del 3 de octubre de 1975 ya no desempeñó ninguna actividad en la Policía Federal.

Agregó que desde el año 1965 hasta el 25 de mayo de 1973 estuvo en el Departamento de Asuntos Gremiales de la Superintendencia de Seguridad Federal, y que su función era estar en una Mesa que se llamaba Asociaciones que recepcionaba los oficios judiciales que llegaban, los clasificaba y los distribuía. Luego de mayo de 1973, se disolvió la División de Informaciones Policiales Antidemocráticas y se creó el Departamento Sumarios, pasando a integrar Timarchi ese nuevo departamento. Allí no tenía una función fija, ya que variaba en orden a las necesidades que planteaba cada Juzgado interviniente en los hechos que se producían.

Afirmó asimismo que nunca integró una Brigada, aunque sí estuvo en Brigadas circunstanciales, como por ejemplo para custodiar la seguridad de un mandatario extranjero.

Aclaró entonces que a partir de octubre de 1975 ya no volvió al edificio de Superintendencia ni a ningún otro edificio policial, excepto al Hospital Churruca, donde recibía atención médica y psiquiátrica.


VIII) RESPONSABILIDAD PENAL.

Situación procesal de Juan Carlos Lapuyole, Carlos Vicente Marcote y Carlos Gallone

Tal como se extrae de la prueba colectada en autos y detallada a lo largo de esta resolución, el Sr. Juan Carlos Lapuyole se desempeñaba, en el mes de agosto de 1976, como Director General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina.

El Sr. Carlos Vicente Marcote, por su parte, era en esa fecha Director General de Operaciones de la Superintendencia. Las dos Direcciones Generales mencionadas, junto con la de Interior a cargo del Comisario Rivera, eran las tres reparticiones que, dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia, dependían directamente del Coronel Morelli, por entonces Superintendente.


Es decir que detrás de Morelli, Juan Carlos Lapuyole y Carlos Vicente Marcote -además del Comisario Rivera- eran las máximas autoridades dentro de la repartición de la Policía Federal que aquí se ésta analizando. Asimismo, y de acuerdo a cuanto surge de los distintos elementos probatorios, el Sr. Lapuyole era en la práctica quien secundaba a Morelli en la conducción de la Superintendencia, tal es así que posteriormente, en el año 1978, fue Segundo Jefe del lugar.

A su vez, de estas Direcciones Generales dependían distintos Departamentos. Tal es el caso de la Dirección General de Operaciones, bajo cuya órbita se encontraban los Departamentos de Delitos Federales, de Sumarios (antes denominado DIPA -Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas-), de Asuntos Gremiales, de Asuntos Extranjeros, entre otros.

Y dentro de la órbita de de éstos Departamentos se encontraban las “Brigadas”, integradas por cuatro hombres aproximadamente, las cuales se encargaban de llevar a la práctica los operativos, tanto legales como clandestinos. Justamente como Jefe de una de esas brigadas -una de las pertenecientes al Departamento de Sumarios- se desempeñó durante el año 1976 el Sr. Carlos Gallone.

De esta manera, los Sres. Marcote y Lapuyole ocuparon cargos jerárquicos dentro de la organización de la Superintendencia donde se encontraban alojados y desde donde fueron sacados la noche del 19 de agosto de 1976 las treinta personas que al día siguiente fueron halladas asesinadas y dinamitadas en las cercanías de la localidad de Fátima.

Así, por detrás de la autoridad máxima del lugar -el Coronel Morelli, hoy fallecido- se encontraban los aquí imputados, con una evidente capacidad de mando, no solo por la posición que ocupaban en la estructura de la Superintendencia, sino también por las reparticiones y el personal que se encontraba a su cargo, el cual desempeñaba funciones operativas y, en el caso concreto de Marcote, tenía a los detenidos bajo su custodia, toda vez que los pisos usualmente utilizados para el alojamiento clandestino de personas eran el segundo y el tercero, donde estaban las oficinas de los Departamentos de Sumarios y de Delitos Federales respectivamente.

Acerca de la responsabilidad de los Comisarios Inspectores Juan Carlos Lapuyole y Carlos Marcote, es dable destacar entonces que en relación a la jerarquía que los mismos detentaban en la Superintendencia de Seguridad Federal conforme fuera reseñado precedentemente no hubiera sido factible que en dicho lugar funcione un centro clandestino de detención, con la exigencia logística que ello supone, sin una decisión y aprobación expresa de sus autoridades.



Idéntico razonamiento acredita la asignación del personal, armas, lugar físico, todo ello a efectos que el sistema represivo fuera puesto en marcha aprovechando la estructura funcional preexistente en la sede policial, lo cual se verificó además con la pasividad y colaboración del personal policial ajeno a los procedimientos, lo que únicamente pudo obedecer a una instrucción en dicho sentido de las autoridades de la estructura policial.

En el caso de Carlos Gallone, como se dijo, era el jefe de una de las brigadas que desarrollaban los operativos en los cuales se secuestraba ilegalmente a las personas que luego eran conducidas y alojadas en el edificio de Moreno 1417, personal que, además y según las pruebas recolectadas, se encargaba de los interrogatorios a los que eran sometidas esas personas dentro de la Superintendencia.

Ahora bien, estas tres personas, además, están señaladas como partícipes del traslado de las treinta personas luego halladas muertas en Fátima ocurrido en la Superintendencia de Seguridad Federal la noche del 19 de agosto de 1976.

En este sentido, cabe señalar en primer lugar el testimonio de Armando Víctor Lucchina, quien prestó declaración ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, ante el Juzgado Federal de Mercedes en el marco de la causa N 19.581, ante el Juzgado de Instrucción N 3 en el marco de la causa “Hojman Alberto -víctima de privación ilegal de la libertad-”, y ante la Excma. Cámara del fuero en el marco de la causa N 13/84 (ver fs. 1491/1493, 1514/1521, 1733/1750, y 2094/2104, todas ellas de la causa N 19.581 del Juzgado Federal de Mercedes).

Armando Lucchina, quien desde el año 1971 hasta el año 1980 fue efectivo de la Policía Federal Argentina, prestando servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal, refiere que a partir del momento en que pusieron la bomba en el edificio de Moreno 1417, en julio de 1976, se formó una brigada para atentar contra la vida del entonces Jefe de la Policía, Gral. Corbetta. Estas brigadas manejaban delante de la vista del personal policial cargas de trotyl, armas de grueso calibre, y ostentaban ciertos privilegios.

Así, por ejemplo, refiere que el personal que estaba de guardia la noche en que explotó la bomba es el que forma la brigada que va a proceder al traslado de casi todos los detenidos que estaban en el tercer piso, fusilando a seis de ellos en el playón de estacionamiento de SUIXTIL. También se enteró por comentarios que dos enfermeras del Churruca, sospechosas de querer atentar contra los heridos de la Superintendencia, son inmediatamente ejecutadas en la parte posterior del Hospital por personal de la Brigada.



Explica asimismo que las Brigadas de la Superintendencia de Seguridad Federal estaban integradas exclusivamente por personal de la P.F.A., sin perjuicio de operar con grupos de tareas de las Fuerzas Armadas y/o de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y otros grupos de inteligencia. Estas Brigadas se componían con personal de la Superintendencia de Seguridad Federal, de distintas jerarquías, y se dedicaban a detener subversivos, llevarlos a Seguridad Federal para su interrogatorio, y dejarlos allí detenidos o llevarlos a otro lugar de detención, y, eventualmente, ejecutarlos. Agrega expresamente que los interrogatorios y las torturas las hacía el personal de Brigadas.

Aclara que como cumplía funciones de guardia de prevención, tanto en la sala de detenidos como en el exterior del edificio, tomó conocimiento de los ingresos y egresos de las Brigadas y de los movimientos de los detenidos. Refiere que las Brigadas se movilizaban en vehículos Ford Falcon color gris o verdes, también en una Ford Rural ranchera color gris perla con cúpula blanca, un Citroen AMI 8 rojo, y un Citroen Mehari rojo.

Respecto de los detenidos que existían en la Superintendencia, había listados de detenidos legales y de “RAF” (detenidos ilegales). Los legales estaban a disposición del PEN, mientras que en relación a los ilegales había listas que confeccionaban las guardias a medida que ingresaban, datos que después se pasaban a un fichero (Fichero Rojo) que estaba en el Departamento de Inteligencia.

En lo atinente al hecho concreto aquí investigado, manifiesta que una noche, mientas estaba de guardia en la Superintendencia, se dio el aviso de que nadie podía entrar al edificio, porque se iba a hacer un traslado. En ese momento se apagaron todas las luces, quedando todo el recinto de la guardia y del pasillo de los ascensores a oscuras. Solo quedaron encendidas las luces del ascensor y de la playa de estacionamiento.

Así, bajaron por el ascensor y condujeron a la playa de estacionamiento a treinta detenidos, de los cuales 4 parecían muertos, y los restantes estaban como drogados. Estas personas eran recibidas por personal de Brigada, y apiladas en la parte trasera de un camión que los estaba esperando. El camión utilizado era de color oscuro azul o verde, presumiendo que pertenecía al Ejército. Aclara que había tanto varones como mujeres, las que serían unas 8 o 10, y que todos estaban “RAF” (es decir, en el aire, sin registro alguno de sus detenciones, eran detenidos clandestinos).


El Sr. Lucchina refiere que asocia este evento a la masacre de Fátima, porque a las 24 o 48 hs. de ese traslado apareció en los medios periodísticos la noticia del hallazgo de los treinta cuerpos, y, además, por los comentarios que hacían los integrantes de la Brigada que operaba esa noche, quienes en ese momento le comentaron que esas personas “no volvían”, que “estos se van para arriba”, y se vanagloriaban de haber “vengado” a la Policía Federal. Agregó que sabe por comentarios de los mismos integrantes de la Brigada que utilizaron Trotyl para la explosión.

Nombra como partícipes de ese traslado, y quienes habrían hecho los comentarios referidos, a Gallone, al Principal De la Llave, al Comisario Inspector Lapuyole -alias el francés-, al Principal Trimarchi, a un Sargento de apodo “El Japonés Martínez”.

Manifiesta también que después de la explosión de la bomba en julio de 1976 se habilitó el 5 piso para detenidos, donde estaban todos hacinados, se los torturaba, se violaba a las mujeres, se los quemaba con alcohol.

Agregó que vio detenidas a la Sra. Silvia Urdampilleta, a Silvia Hodger, a un hombre de apellido Escudero, a otro hombre tucumano de apellido Falu, a otra mujer de apellido Robledo.

Respecto del personal que integraba las Brigadas, nombra al Principal De La Llave, a Demarchi o Trimarchi, al Sargento Martínez, alias “El Japonés”, al Sargento Block, al Turco Simón, y al Comisario Inspector Marcote (alias el lobo).

Afirma asimismo que las Brigadas actuaban bajo las órdenes del Departamento donde pertenecían, o sea Delitos Federales o la ex DIPA (División Investigaciones Policiales Antidemocráticas). Refiere que la ex DIPA estaba a cargo del Crio. Insp. Marcote, y entre los jefes de Delitos Federales dice que estuvieron Patarca y Ojeda.

Por otro lado, explica como eran las cárceles del tercer piso de la Superintendencia, y el sitio donde funcionaban las Brigadas. Confecciona un croquis del lugar, donde detalla las distintas cuestiones que relata, dibujando también un plano del lugar donde estaban detenidas las personas, los ascensores, donde se hallaba el personal de guardia, y por donde fueron sacadas las treinta personas la noche anterior al hallazgo de Fátima.


También describe como se encontraba organizado el edificio: en la planta baja estaba la Guardia de Prevención, en el primer piso estaba Despachos Generales, en el segundo piso funcionaba la ex DIPA y luego Oficina Técnica, en el tercero Delitos Federales y los calabozos, en el cuarto la Dirección de la Superintendencia, en el quinto estaba Inteligencia, en el sexto Gremiales, en el séptimo Políticos, en el octavo Interior y en el noveno Extranjeros.

Asimismo, resulta determinante la declaración prestada ante el Juzgado Federal de Mercedes en el marco de la causa N 19.581 por el Sr. Francisco Valdéz, quien refirió que en el mes de agosto del año 1976 se encontraba desempeñando funciones en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, y en una oportunidad fue requerido por su Jefe, “La Chancha” Bufano, para oficiar como chofer de suma confianza para el traslado de detenidos.

Así, salió del Batallón hacia el edificio de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina, donde le sería entregado un camión, junto con dos personas más cuyos alias eran “Ratón” y “Oscar”. Agrega que también llegaron al lugar dos Ford Falcon, conducido uno de ellos por Bufano. Este último ingresó a la dependencia de Seguridad Federal, y a su regreso le dijo que le entregarían un camión (era cerca de la medianoche del día en cuestión).

Manifestó que los autos ingresaron por el portón anexo de la dependencia, es decir al playón del estacionamiento. Allí le entregaron un camión MB 608 verde sin patentes, tipo furgón, sin ventanas. Luego comenzaron a bajar personas, siendo treinta en total, entre las cuales había varias mujeres. Tras cargar a las personas cerraron las puertas, y el “Chino” Martínez, en representación de Seguridad Federal, subió al camión con él, indicándole que siga a los coches.

Salieron de Seguridad Federal, luego tomaron la Avenida 9 de Julio hasta el bajo, y allí hasta la Avenida General Paz, Acceso Norte, Panamericana y luego Ruta Nacional N 8 hasta Pilar. Refiere que antes de llegar a la ruta N 6 tomaron un desvío, un camino que sale en diagonal, y luego de cruzar una vía, frente a unos galpones avícolas, estacionaron los vehículos.

Allí se abrieron las puertas y comenzaron a bajar a la gente, que se encontraba viva, y los colocaron sobre un costado. Cuando la totalidad se encontraba en el piso, uno de los Ford Falcon se adelantó, y Bufano le ordenó que retire el camión, y que lo conduzca nuevamente hacia la ruta. Así lo hizo Valdéz, estacionándolo a unos 150 metros de donde dejó a los detenidos y apagando las luces.

En ese momento escuchó disparos y los gritos de las víctimas. Esos disparos eran de pistolas cortas tipo 9 mm. Luego se escucharon dos detonaciones juntas y otra un poco más espaciada. Posteriormente, en un camino de tierra, dejaron el camión, lo rociaron con nafta y lo prendieron fuego, y retornaron hacia Buenos Aires.


Finalmente, manifiesta que los integrantes del operativo eran, por parte del Batallón 601, como Jefe Rubén Bufano, y nombra a Carlos Zelarrayan, Juan Carlos de María (alias “Ratón”), mientras que los demás se identificaban con apodos de combate, recordando a “Pajarito” y “El Negro”. De la Superintendencia de Seguridad Federal dijo que estaban “el Chino” Martínez, Juan Carlos Del Cerro (Colores), el Turco Ayu, “La Gorda Matosas” (un sargento primero de pelo colorado), y otros que no recuerda sus nombres o apodos.

Además, se cuenta con el testimonio brindado por el Sr. Rodolfo Peregrino Fernández, cuyos dichos se encuentran plasmados en la publicación “Cuadernos para la Democracia - 10:Autocrítica Policial”, editada por “El Cid Editor”, copia de la cual se encuentra agregada en autos.

Allí el Sr. Fernández, quien fue efectivo de la Policía Federal Argentina desde el año 1968 hasta finales de 1977, declara respecto de la Superintendencia de Seguridad Federal que ese edificio fue utilizado para interrogatorios y para alojar a detenidos ilegales en tránsito hacia otros campos permanentes, así como también apara alojar detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o bajo proceso judicial.

Asimismo, al referirse al GT4 (Grupo de Tareas 4), dice que éste era el grupo operativo de la Policía Federal Argentina, que funcionaba en la Superintendencia de Seguridad Federal. Explica que la Superintendencia estaba estructurada en tres Direcciones Generales: de Inteligencia, cuyo jefe era el Comisario Mayor Lapuyole, y era el más importante e influyente, ya que de éste era competencia la realización de los operativos, los interrogatorios y la recopilación de información. Las otras eran la de Interior, cuya tarea fue dirigir todas las delegaciones en el interior del país, y la Dirección General de Operaciones.

El personal del GT4, afirma, estaba integrado por los subcomisarios Veyra y Skarabiuk, el principal De la Llave alias “carlitos”, el principal Carlos Gallone, el principal Vidal alias “Poroto”, el principal Herrera alias “Pichín”, y otros oficiales. Agrega que también participaron en tareas de represión ilegal, aunque la lista no es exhaustiva, el Comisario Mayor Marcote alias “El Lobo” y el Comisario General Besteiro alias “El Gallego”.


Refiere que este personal operativo estaba organizado en 5 o 6 brigadas, integradas cada una por 4 o 5 hombres, que realizaban procedimientos en forma cotidiana. Por otro lado, manifiesta que tras el atentado en el comedor del edificio de Moreno 1417 se sucedieron una serie de brutales hechos represivos, con fusilamientos de prisioneros políticos en distintas partes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Continúa diciendo que, paralelamente, se llegó a la conclusión de que el autor del atentado del comedor de la Superintendencia fue un oficial ayudante de la Policía Federal, de apellido salgado, quien posteriormente fue secuestrado por personal del GT3 y entregado para su ejecución a la Policía Federal. Salgado, según cree recordar, fue asesinado en Pilar, junto a otras 30 personas, volándose luego los cadáveres. Refiere que el número de víctimas en esa oportunidad coincidió con el número de muertos en el atentado a Seguridad Federal.

A estos testimonios se suman los aportados por los distintos ex efectivos de la Policía Federal que fueron citados por este Tribunal a prestar declaración testimonial, tales como Guerrero, Puente, Jalil, Ortíz, Mayotti, Rodríguez, Pereyra, De Cesare, Hernández, Miguens, Álvarez, Ponzo, y Acosta, quienes confirmaron la estructura organizativa que presentaba la Superintendencia de Seguridad Federal durante el año 1976, prácticamente igual a la que describe el Sr. Lucchina en sus testimonios, y la presencia de Lapuyole, Marcote y Gallone en esa repartición, así como también los cargos que ocupaban.

Por otro lado, se cuenta en autos con testimonios de diversas personas que estuvieron privadas ilegítimamente de su libertad alojadas en la Superintendencia de Seguridad Federal y que aluden, entre otras cuestiones, a un conocimiento sobre el traslado de treinta personas desde ese centro clandestino de detención, o bien que refieren haber visto allí dentro con vida a personas que luego aparecieron muertas en Fátima.

Así, el matrimonio de Alberto Mario Poggi y Graciela Nora María Lara de Poggi (Legajo CONADEP N 4506), quienes refieren que, estando detenidos en la Superintendencia, y conversando con el Sr. Hopen y otros detenidos, éstos les dijeron que desde la celda habían sacado a parte de los dinamitados en Pilar recientemente, lo que se habría hecho en represalia por la muerte de Actis.

El Sr. Miguel Ángel Bianco (Legajo CONADEP N 678), por su parte, refiere que estuvo detenido en la Superintendencia, donde se encontró con su amigo Jorge Daniel Argente, quien se encontraba en malas condiciones de salud.



Asimismo, el Sr. Adrián Merajver, quien prestó declaración ante la CONADEP (Legajo N 7709) y ante este Tribunal, manifiesta que la noche del jueves 19 de agosto de 1976, oportunidad en que se encontraba secuestrado en la Superintendencia de Seguridad Federal, se produce un movimiento un poco más inusual, incluso abren la puerta del calabozo donde él encontraba, hacen un comentario y la vuelven a cerrar.

Al día siguiente, el 20 de agosto de 1976, es sacado del calabozo y puesto en forma temporaria en el pasillo, oportunidad en que escuchó, en el cambio de guardia de la mañana, y ante el asombro del guardia que se hacía cargo esa mañana por la merma del número de secuestrados, que el guardia que dejaba su lugar le hizo referencia a que esa noche 30 personas habían sido sacadas hacia algún lugar, y otras cinco hacia otro destino.

Agrega que aproximadamente un mes después de esto, dejan de ingresar nuevos secuestrados al lugar, y van trasladando a los que se encontraban allí, hasta que quedan un grupo de 15 o 16 hombres y 6 o 7 mujeres aproximadamente en el lugar, con un régimen más relajado. A partir de ese momento los guardias comienzan a hablar con los detenidos, incluso en una oportunidad uno de los guardias le alcanza un periódico a uno de los detenidos, comentándole que las treinta personas que habían aparecido en Fátima habían sido sacadas de la Superintendencia, relacionándolo Merajver con el traslado de las treinta personas ocurrido la noche del jueves 19 de agosto de 1976.

También es importante en este sentido el testimonio de Patrik Rice, obrante en el Legajo CONADEP N 6976, en el cual alude a que estando detenido en la Superintendencia, uno de los detenidos que se encontraban allí le testimonió que la noche anterior al hallazgo de treinta cadáveres en Pilar, habían sacado treinta presos del lugar.

Finalmente, el testimonio de María del Socorro Alonso (Legajo CONADEP N 7664) guarda también vinculación directa en cuanto refiere que estuvo en la Superintendencia con una señora de apellido Carniglia, quien se encontraba junto con su hija (quienes, por la similitud de la fonética del apellido, y al tratarse de madre e hija, serían Haydeé Rosa Cirullo de Carnaghi y su hija Carmen María Carnaghi), con Noceti, y refiere que había obreros de fábricas (recuérdese que Leiva, Vélez y Alsogaray, hallado entre los treinta cadáveres, eran obreros de la fábrica Béndix, y que incluso Alsogaray vestía al ser secuestrado ropa proporcionada por la firma).

Además, relata que en una oportunidad, tras una sesión de torturas, un joven compañero de detención a quien le decían “el deportista o profesor de gimnasia” le hizo masajes para rehabilitarle la circulación de las piernas, estando casi segura la Sra. Alonso que se apellidaba Argente.



Finalmente, de éste testimonio cabe resaltar que la Sra. María del Socorro Alonso expresa haber sido interrogada varias veces por el Comisario Mayor Lapuyole, alias “el francés”.

En definitiva, este Tribunal considera que los testimonios distinguidos a efectos de reconstruir, primero el funcionamiento de la Superintendencia de Seguridad Federal y segundo los sucesos acaecidos en la madrugada del 20 de agosto de 1976 son coherentes y verosímiles y que contrastados los mismos no presentan contradicciones esenciales en los sucesos que narran.

Así, las manifestaciones de Lucchina y Valdez en cuanto al traslado de treinta detenidos de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron verificada por los dichos de las personas que se encontraban privadas de su libertad en dicho lugar, quien refirieron la existencia de este suceso y el comentario posterior que los ciudadanos trasladados desde esa organización policial fueron dinamitados en la localidad de Fátima

.Es de destacar, que los testimonios de los sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal , las manifestaciones del personal policial que prestó funciones en dicha dependencia y los dichos de Lucchina y Valdez, más el libro de Rodolfo Peregrino Fernández, son coincidentes en cuanto a la estructura y funcionamiento del lugar y que en la noche del 20 de agosto de 1976 se sacaron treinta personas de dicho lugar, las cuales luego fueron asesinados y sus cuerpos dinamitados en la localidad de Fátima.

Por último, merece destacarse ciertos detalles de las manifestaciones de Lucchina y Valdez que verifican la verisimilitud de ambas exposiciones. Ambos señalaron que el traslado de los treinta detenidos se llevó a cabo en un camión del Ejército de color verde.

Situación procesal de Jorge Mario Veyra y de Miguel Ángel Timarchi

En relación al Sr. Jorge Mario Veyra, atento a que si bien de los elementos probatorios colectados en autos surge que el mismo se habría desempeñado durante el año 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal, e incluso habría integrado el GT4 conforme los dichos del Sr. Rodolfo Peregrino Fernández, no consta por el momento su participación en el hecho concreto que es objeto de pesquisa en estos actuados, por lo que se habrá de adoptar a su respecto un criterio expectante, disponiendo en consecuencia la falta de mérito conforme al artículo 309 del catálogo instrumental.



Las acusaciones que pesan sobre el nombrado no logran vulnerar los descargos que el nombrado efectuara al momento de prestar declaración indagatoria, pues si bien , acorde a su legajo personal Veyra se desempeñó como numerario de la Superintendencia en cuestión, no se encuentra acreditado, con el cuadro probatorio colectado hasta el momento, su participación en el suceso criminal investigado.

Por otra parte, según cuanto se extrae del legajo personal del Sr. Miguel Ángel Timarchi, y de sus propios dichos vertidos al prestar declaración indagatoria, durante el año 1976 habría estado en uso de licencia médica debido a un atentado sufrido tiempo atrás, circunstancia que derivó finalmente en la inhabilitación absoluta para el cumplimiento de funciones en la Policía Federal.

De esta manera, de la compulsa del legajo personal del nombrado se determina que el nombrado estuvo bajo licencia médica desde el 4 de octubre de 1975 al 4 de octubre de 1977, hasta que en fecha 5 de octubre de 1978 fue declarado no apto para el servicio.

Ello, sumado a una supuesta confusión que se habría producido con el apellido de este imputado, ya que se trataría de “Trimarchi” y no “Timarchi” la persona que participó de los operativos y del traslado de los treinta detenidos, confusión que el propio Timarchi refirió haber sufrido en el marco de un trabajo reciente que tenía.

En mérito a lo expuesto, considero que a esta altura del proceso se impone adoptar el temperamento que prevé el art 312 del Código de Rito, ello sin perjuicio de los resultados que arroje la continuidad de la investigación que se lleve a cabo.




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