Nos Aires, 22 de junio de 2



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Poder Judicial de la Nación


///nos Aires, 22 de junio de 2.004.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa nro. 16.441/02 del registro de la Secretaría nro. 6 del Tribunal y respecto de la situación procesal de JORGE MARIO VEYRA (poseedor de la CIPF Mercosur nro. 004186052M, sin sobrenombres ni apodos, nacido el 17 de mayo de 1936 en Capital Federal, de estado civil casado, hijo de Jorge (f) y de Eloísa Elvira Peña (f), de ocupación Comisario (R) de la Policía Federal Argentina, con domicilio real en Virrey Arredondo 2462 Capital Federal y con domicilio constituido en Sarmiento 1462 piso 6 departamento “A” de la Capital Federal), CARLOS VICENTE MARCOTE (poseedor de la LE N 4.502.059, nacido el 14 de mayo de 1931 en esta Capital Federal, de estado civil casado, hijo de Francisco (f) y María Gandino, de profesión Comisario General (R) de la Policía Federal Argentina, con domicilio real en Charcas N 2700 piso 5 departamento “B” de esta ciudad, con domicilio constituido en la Defensoría Oficial, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 1190 piso 3 of. 34 y 35), MIGUEL ANGEL TIMARCHI (poseedor de la CI nro. 6.165.780, nacido el 26 de mayo de 1943 en Lanús, Provincia de Buenos Aires, de estado civil casado, hijo de Elsa Lidia Berretti y de Miguel Angel Pedro (f), de 61 años de edad, sin apodo, con nivel de instrucción secundario completo, con domicilio real en Acevedo 955 de Banfield, provincia de Buenos Aires, y con domicilio constituido en Suipacha 756 piso 5 departamento “B” de la Capital Federal), JUAN CARLOS LAPUYOLE (poseedor del documento nro. 4.239.115, nacido el 6 de abril de 1930 en Capital Federal, de estado civil casado, hijo de Julia Teresa D´ Andreis y de Juan Pío, de 74 años de edad, apodado “el francés”, con nivel de instrucción secundario completo, con domicilio real en Circunscripción Primera, Sección Primera, manzana 19, casa 13 del Barrio Güemes, Partido La Matanza, provincia de Buenos Aires), CARLOS ENRIQUE GALLONE (poseedor de la LE N 4.514.823, nacido el 12 de febrero de 1945 en esta Capital Federal, de estado civil divorciado, hijo de José (f) y Amalia Josefina Sorsabulu, de profesión Comisario Inspector (R) de la Policía Federal Argentina, con domicilio real en Pasaje Chilmay N 136 planta baja de esta ciudad, con domicilio constituido en Perón 1186 piso 2 departamento “A” de la Capital Federal).



Y CONSIDERANDO:

I) INTRODUCCIÓN.

La estructura de la Superintendencia de Seguridad Federal y su rol en la represión ilegal.

En el año 1976 en el edificio sito en calle Moreno N 1417 de esta ciudad, funcionaba una dependencia de Policía Federal denominada “Superintendencia de Seguridad Federal”, la cual era comúnmente llamada “Coordinación Federal”, por haber sido ésta su anterior denominación.

Esta repartición ocupaba la totalidad del inmueble de nueve pisos ubicado en el mencionado domicilio, y al momento de producirse el golpe militar del 24 de marzo de 1976, se encontraba a cargo del Comisario General Evaristo Besteiro.

El día 2 de julio de 1976 se produjo en el comedor de dicho edificio la explosión de una bomba que causó la muerte de 27 efectivos policiales, luego de lo cual el citado Comisario fue reemplazado por el Coronel Manuel Alejandro Morelli.

En cuanto a la organización de la mencionada dependencia, vale destacar que los antes nombrados ocuparon los cargos de Superintendentes, autoridad máxima del lugar, y por debajo de éste, se encontraban tres Direcciones Generales: la Dirección General de Delegaciones, la cual se encontraba a cargo del Comisario Roberto Ribero; la Dirección General de Inteligencia, entonces a cargo del Comisario Mayor Juan Carlos Lapuyole, y la Dirección General de Operaciones, a cargo del Comisario General Carlos Marcote.

De cada una de estas Direcciones Generales, a su vez, dependían varios Departamentos, tales como Delitos Federales, Asuntos Gremiales, Asuntos Políticos, Asuntos Extranjeros, Informaciones Policiales Antidemocráticas, entre otras.

De acuerdo a las distintas declaraciones recibidas en autos, es posible reconstruir la conformación interna del edificio de la siguiente manera: en la planta baja estaba la Mesa de Entradas General de la Superintendencia, la guardia de Prevención, una pequeña oficina de Delitos Federales destinada a la gestión de licencias de potación y tenencia de armas, y el comedor. En el primer piso estaba Despacho General; en el segundo, el Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas, el Departamento de Sumarios; en el tercero se encontraba el Departamento de Delitos Federales; en el cuarto piso se hallaban las oficinas del Superintendente; en el quinto la Dirección General de Inteligencia; en el sexto, el Departamento de Asuntos Gremiales; en el séptimo, el Departamento de Asuntos Políticos; en el octavo, el Departamento de Asuntos Extranjeros, mientras que en el noveno se encontraba la Dirección de Delegaciones del Interior.



Conforme se ha acreditado en la presente causa y en las actuaciones conexas, en la dependencia citada se llevaban a cabo dos tipos de actividades, por un lado, aquella propia al funcionamiento de una dependencia policia, y por otro, aquella vinculada a la denominada “lucha contra la subversión” implementada sistemáticamente desde el Estado, con el auxilio de diversas fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía Federal.

En el marco de tal “lucha” se efectuaban actividades ilegales, tales como la privación ilegal de la libertad de personas, y su posterior traslado y alojamiento en la citada dependencia. Si tenemos en cuenta las probanzas colectadas, podemos concluir que tales personas eran alojadas en el tercer piso de dicha Superintendencia, en donde existían calabozos individuales y “leoneras” en las cuales los detenidos eran mantenidas en cautiverio ilegal, llegando incluso a verse por momentos desbordada la capacidad de aquellos por el importante número de sujetos detenidos en el lugar, por lo que muchas personas permanecían tiradas en el piso de los pasillos de ese tercer piso.

Además, era práctica común en este sitio, la aplicación de torturas de todo tipo a quienes se hallaban detenidos clandestinamente, y el sometimiento a vejámenes, golpes e insultos constantes.

Cabe mencionar que tal lugar fue reconocido por prácticamente la totalidad de las personas que fueron alojadas allí clandestinamente y posteriormente recuperaron su libertad. Así, obran los testimonios del matrimonio compuesto por Alberto Poggi y Graciela Nora María Lara de Poggi, como también el brindado por Nora Cristina Depaoli. De sus versiones se desprende que los tres nombrados el 6 de abril de 1984 se hicieron presentes en el edificio de Moreno 1417 en el marco de una inspección ocular llevada a cabo por al Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, reconociendo en esa oportunidad en forma inmediata el lugar como aquel en el que estuvieron privados ilegalmente de su libertad.



Tales probanzas, como la multiplicidad de testimonios prestados ante la CONADEP por personas que fueron secuestradas y alojadas en el tercer piso de la Superintendencia; a lo que hay que sumar, las referencias brindadas por ex integrantes de la Policía Federal Argentina; permiten arribar a la conclusión de que en la citada dependencia funcionaba un centro clandestino de detención, en el cual se mantenían detenidas ilegalmente a personas que luego eran trasladadas a otros lugares tales como los Penales de Villa Devoto o La Plata, tras ser puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; o bien que corrían peor suerte, como el caso de las treinta personas que fuerono sacadas de ese lugar la noche del 19 de agosto de 1976 y aparecieron muertas en las cercanías de Fátima, Provincia de Buenos Aires, al día siguiente.
El episodio conocido como “la Masacre de Fátima”.

Conforme surge de la variedad de prueba colectada, se encuentra acreditado que entre la noche del día 19 de agosto y la madrugada del 20 de agosto de 1976, treinta personas que se encontraban detenidas ilegalmente en la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, fueron trasladadas hasta la localidad de Fátima, partido de Pilar de la provincia de Buenos Aires, en donde fueron asesinadas mediante un disparo en sus cabezas y dinamitadas.

Para describir el hecho vale recordar que aproximadamente a las 4:30 hs. de la madrugada del 20 de agosto de 1976, pobladores de las cercanías al lugar de los hechos, advirtieron una explosión.

Por la mañana, a las 5,30 hs. aproximadamente, un grupo de obreros que se dirigía a su trabajo, encontró, a unos dos kilómetros de la Estación del Ferrocarril Urquiza, treinta cuerpos diseminados en un círculo de unos 20 metros de diámetro.

Ante ello, se hizo presente en el lugar personal policial de la Comisaría de Pilar, a cargo del Comisario César José Peña, y se procedió a labrar las actas correspondientes, las cuales dan cuenta del hallazgo de treinta cadáveres, veinte de ellos de sexo masculino y los diez restantes femeninos.

Todos los cadáveres fueron encontrados con las manos atadas y con los ojos tapados con cinta de género, a la vez que todos poseían un impacto de bala en la cabeza, hecho que les habría causado la muerte a la totalidad de esas personas. De los treinta cadáveres, dos se encontraban totalmente destrozados, producto del estallido.

En el lugar, y producto de la explosión, había un foso de unos 80 centímetros de profundidad y un metro de diámetro, no habiéndose hallado cápsulas servidas, armas ni otros efectos.

De acuerdo a lo declarado por el médico convocado para la examinación de los cuerpos, Dr. Gregorio Ferrá, por las características que presentaban los cadáveres, la muerte había ocurrido dentro de las 24 horas anteriores al hallazgo.

De las treinta personas, sólo cinco de ellas fueron identificadas al momento del hallazgo de los cuerpos, o bien al poco tiempo: ellos son Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alzogaray.


De las restantes cuerpos, ocho de ellos fueron identificados en el marco del Legajo N 46 del registro de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, caratulado “Legajo de identificaciones relativas a los casos N 42 a 71 de la causa N 13/84".

Los cadáveres identificados en ese sumario son los correspondientes a: José Daniel Bronzel, Susana Elena Pedrini de Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydeé Rosa Cirullo de Carnaghi, Carmen María Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, y Horacio Oscar García Gastelú.

De esta manera, trece de los treinta cuerpos se encuentran actualmente identificados, mientras que los diecisiete restantes permanecen en calidad de NN.

Por otro lado, de las trece personas nombradas, algunas de ellas fueron vistas con vida días antes al 20 de agosto de 1976, detenidas en el tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal.

Tal circunstancia, los relatos de las personas antes nombradas que estuvieron alojadas en el lugar ese día y que dan cuenta del traslado de treinta personas la noche del 19 de agosto; como asimismo, los testimonios de ex efectivos de la Policía Federal y del Ejército Argentino que posteriormente se describirán; permiten afirmar -como ha sido ya asentado- que las personas encontradas en las cercanías de Fátima, anteriormente a ser trasladadas a la mencionada localidad, se encontraban alojadas en forma clandestina en la Superintendencia de Seguridad Federal.
II) LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.

A) La causa N 19.581 del registro de la Secretaría N 4 del Juzgado Federal de Mercedes, caratuladas “Fátima s/Infracción artículo 80, inciso 2 del Código Penal en treinta oportunidades unidas en concurso real (art. 55 del C.P.)”

Tal como se dijera en el apartado anterior, ante la noticia del hallazgo de los treinta cadáveres en la mañana del 20 de agosto de 1976, personal policial de la Comisaría de Pilar se hizo presente en el lugar, iniciándose el sumario correspondiente, quedando la causa judicial finalmente radicada en el Juzgado Federal de Mercedes a cargo del Sr. Juez Dr. Galíndez.



Así, a fs. 1 de dichas actuaciones obra un sucinto informe de fecha 20 de agosto de 1976 confeccionado por el Comisario César J. Peña, titular de la Comisaría de Pilar, dirigido al Juez Penal de San Isidro Dr. Fernando Zavalía, el cual da cuenta del hallazgo de treinta cadáveres, veinte masculinos y diez femeninos, dos destrozados por artefacto explosivo, todos con disparos en la cabeza y diseminados en el camino que une Fátima con la Ruta Nacional 6.

Consta también un recorte del diario “La Nación” del día siguiente al hallazgo, es decir del 21 de agosto de 1976, en el que se informa que pobladores del lugar aproximadamente a las 4,30 de la madrugada escucharon una explosión; y por la mañana, alrededor de las 5,30 hs., un grupo de obreros que se dirigía a su trabajo, halló los cuerpos diseminados en un círculo de aproximadamente 100 metros de diámetro.

El Juzgado en lo Penal de San Isidro, al recibir las actuaciones sumariales de policía, se declaró incompetente en favor del Juzgado Federal de Mercedes, lo que fue aceptado por el Dr. Galíndez, titular de este Tribunal.

A fs. 7/33 obran las planillas de antecedentes de los cadáveres, de los cuales 27 figuran como N.N., identificándose a tres de ellos como: Inés Noceti, Alberto Evaristo Comas, y Ramón Lorenzo Vélez.

A fs. 40/43 obra informe detallado del hallazgo, elaborado por la Comisaría de Pilar. Allí se menciona que a las 8 horas del 20 de agosto se toma conocimiento del hecho (el lugar en el cual estaban los cuerpos se encuentra aproximadamente a dos kilómetros de la Estación del Ferrocarril Urquiza, en un camino de tierra que une Fátima con la Ruta Nacionall N 6), por lo que se constituyen en el sitio el Comisario Cesar José Peña, el Oficial Subinspector Juan Carlos Losada, el Médico de la Policía Dr. Gregorio Joaquín Ferrá, el fotógrafo Jorge Villagra, el Suboficial Mayor Luis Hugo Romero y el Cabo Pedro Fortunato Lovisa. El lugar es despoblado, no transitan prácticamente rodados ni peatones.

Se informa que los cadáveres se encontraron esparcidos en un radio de 20 metros, que todos poseían las manos atadas, los ojos tapados con cinta de género, y un impacto de bala en la cabeza (esa habría sido la causa de la muerte según el médico de la Policía). Se deja constancia de que el foso de 80 cm. de profundidad y de 1 m. de diámetro se habría formado como producto de la explosión, que había veintiocho cadáveres diseminados y dos más destrozados, y se describen los treinta cadáveres, haciendo referencia al sexo, la edad aproximada, la altura, la tez, la contextura, el cabello y la vestimenta -entre otros signos utilizados para su individualización-.Se deja constancia también de que se tomaron huellas digitales de los cadáveres, y que no se hallaron cápsulas servidas, armas ni otros efectos. También se tomaron vistas fotográficas del lugar, y se confeccionó un croquis.



A fs. 54/232 constan las fichas de identificaciones, los Certificados de Inhumación y los Protocolos de Autopsias Médico-Legal de los treinta cadáveres. Allí se menciona que todos murieron por paro cardio-respiratorio a raíz de la herida de bala en el cráneo.

El Magistrado de Mercedes, ordenó a la policía del lugar la realización de tareas tendentes a individualizar a los autores del hecho, medida que arrojó resultado negativo, tal como surge de los informes de la Sub Brigada de Campana (fs. 238) y de la Comisaría de Pilar (fs. 239).

Frente a ese panorama, el 22 de marzo de 1977 se dictó sobreseimiento provisional de la causa (art. 435 inc. 2 del C.P.M.P.).

Casi seis años después, el 10 de noviembre de 1983, Lucía Nélida Caverzasi de Fiorito, madre de Miguel Angel Fiorito, solicitó la reapertura de las actuaciones, por considerar que su hijo, quien era soldado conscripto del Servicio Militar en el Batallón de Arsenal Esteban de Luca de Boulogne, podría tratarse de uno de los cadáveres hallados el 20 de agosto de 1976.

Ante ello, el nuevo magistrado de la causa, el Dr. Orlando Gallo dispuso la reapertura del sumario, y ordenó medidas tales como la citación de familiares de los tres cadáveres identificados -Noceti, Comas y Vélez-, la remisión de las fichas dactiloscópicas que se les había extraído a los cuerpos, la citación de los testigos de la inspección del 20 de agosto, y estableció la prohibición de innovar en el lugar.

En el marco de tales medidas prestó declaración testimonial el Dr. Gregorio Joaquín Ferrá, médico que estuvo en el escenario en que ocurrieron los hechos el día 20 de agosto de 1976, quien refirió que esa noche estuvo en un campo sito aproximadamente a tres kilómetros del lugar de la explosión; que a la mañana siguiente el casero de su campo hizo referencia a un fuerte ruido que había escuchado durante la noche y agregó que al mediodía del día 20 de agosto la Policía de Pilar le solicitó que se constituya en el lugar.

Mencionó que al llegar pudo constatar que todos lo cadáveres presentaban impacto de bala, y que dos estaban destrozados por la explosión; estimó que la explosión fue sólo para llamar la atención, y que por las características de los cadáveres, la muerte había ocurrido dentro de las últimas 24 horas. Refirió el Dr. Ferrá que no vio balas en la zona, y que según su estimación los cadáveres podían haber estado apilados, y habrían sido despedidos a varios metros por la onda expansiva.


También aclaró que si bien se hizo referencia a la práctica de una autopsia, en realidad se trató sólo de una minuciosa inspección médica a fin de llenar los requisitos legales e informar el tipo de lesiones que presentaban, exámenes que se hicieron en el patio de la Comisaría.

A fs. 286 obra la declaración testimonial del Comisario de Pilar César José Peña, oportunidad en la cual recordó que se extrajo un doble juego de fichas dactiloscópicas por cada cadáver, las que fueron enviadas a la Jefatura de La Plata a fines de identificación. Abundó que los cadáveres fueron desvestidos y sus ropas -ordenadamente envueltas- depositadas con las números de identificación en la Comisaría, ignorando su ulterior destino.

Declaró también en la causa el Sr. Luis María Fernández, quien estaba a cargo de la parte administrativa del Cementerio de Derqui en el año 1976. Explicó que se enterraron los treinta cadáveres en cajones gratuitos y fosas gratuitas e individuales, por haberlo así ordenado el Intendente de Pilar, en virtud de un pedido de la Policía. Agregó que la Municipalidad se encargó de conseguir los ataúdes, y que las inhumaciones se hicieron de día y en presencia del personal regular del cementerio.

A fs. 354/356 consta la declaración testimonial de Helia Rosa Fuentes de Vélez, esposa de la víctima Ramón Lorenzo Vélez (cadáver N 28), quien refirió que su marido trabajó en la fábrica “Bendix” hasta noviembre de 1975 y que luego de renunciar, ingresó como operario a “Frigorífico Rioplatense” a la par que trabajó como vigilancia del “Hindu Club”.

Relató que el 15 de julio de 1976, a las 23:30 aproximadamente, entraron a su casa tres hombres de unos 40 años, vestidos de civil, portando una ametralladora cada uno. Insultaron y golpearon a su marido, revolvieron toda la casa, y luego de romper varios objetos, llevaron detenido a su marido. Alegó que dicho operativo fue presenciado por un vecino de nombre Sixto Barrionuevo, quien le dijo que el personal que llevó a cabo el operativo se movilizaba en dos vehículos, y que uno de ellos era un Ford Falcon, al cual vio con varias personas en su interior.


Relató Helia Fuentes de Vélez que según la versión de dicho vecino, aproximadamente a las 2 de la mañana, volvieron al barrio dos autos, con otras personas a bordo, quienes se constituyeron en la casa de los vecinos de apellido Conrado, a quienes apuntaron con armas y les preguntaron por los vecinos Vélez; que seguidamente fueron a la vivienda de enfrente, en donde habitaba la familia Allende, y finalmente a la casa de la víctima, en donde nuevamente rompieron cosas, y saquearon la vivienda, robando distintos objetos.

Agregó que con respecto a estos hechos intentó formular una denuncia en la Comisaría de los Polvorines, pero no le fue recibida la misma; que posteriormente se enteró por los compañeros de su marido de la fábrica “Bendix” que esa noche también detuvieron a otras personas de la misma firma, específicamente: Cordero, Leiva y Gaetán.

Refirió la nombrada que el 15 de agosto de 1976 se dirigió a la Defensoría N1 de la Justicia Federal de San Martín, y presentó una acción de hábeas corpus, pero a partir de ello no obtuvo una respuesta positiva. En agosto de 1980 presentó una nueva acción de este tipo, también con resultado negativo -hábeas corpus registrado bajo nro. 22.801, según constancias de fs. 599/639-.

En otra declaración prestada por Fuentes de Vélez, agregó que en la misma época también secuestraron a otro compañero de su su marido de la firma “Bendix”: Alzogaray.

A fs. 448 prestó declaración testimonial Guillermo Marcelo Riera, operario de “Bendix”, quien manifestó conocer a Vélez , y dijo que éste no demostraba actividad política; agregó conocer a Leiva y a los hermanos Cordero y Gaetán, y que en la época en que desapareció éste último, también desapareció otro empleado de nombre Conrado Alsogaray.

La firma “Bendix” a fs. 372/373 adjuntó nómina del personal dado de baja entre septiembre de 1975 y septiembre de 1976 (donde figuran Gaetán y Vélez), e informó sobre los últimos días en que se presentó a trabajar Angel Osvaldo Leiva.

Se le recibió también declaración testimonial a Alberto Comas (fs. 368), padre de Alberto Evaristo Comas (cadáver N 18), quien refirió que su hijo desapareció los primeros meses de 1976 de la pensión donde se hospedaba sita en la calle Bolivia entre Liniers y Ocampo de la localidad de Lanús Este. Dijo tener entendido que personal militar estuvo en el lugar, que revisaron y rompieron todo, y que también fueron a la casa de su suegra. Agregó que según versiones de su nuera, Diana Akselman de Comas, antes de agosto de 1976 Comas fue detenido con su cuñada cuando estaba “volanteando” por la zona de General Rodríguez (la cuñada de Comas, de quien sólo recuerda que se llamaba Leticia, también está desaparecida).


En dicho marco, prestó declaración testimonial Emma Yolanda Pennini, quien relató que el 29 de julio de 1976, cuando se encontraba con sus cinco hijos, la empleada doméstica y Alberto Comas, en su domicilio de la calle Salvador Del Carril 4363 de Capital Federal, a las 4 hs. de la madrugada varias personas armadas, vestidas de civil, golpearon la puerta, y al abrir la misma, sin identificarse, ingresaron a su casa. Que le hicieron preguntas sobre Comas, las actividades del mismo, como las propias y su relación con el nombrado, como asimismo le preguntaron por si alguna vez había fabricado bombas. Agregó que luego de que los nombrados revolvieron todo en búsqueda de explosivos, sustrajeron elementos de su domicilio y se llevaron detenido a Comas, quien hacía un mes aproximadamente que vivía en tal domicilio.

Asimismo, otra declaración prestada por la nombrada a fs. 2110 en la cual relató que era amiga de Alberto Comas desde hacía 2 años; que en junio de 1976 Comas se instaló en su domicilio, y que el 29/07/76 a las 4 hs. de la madrugada, lo secuestraron, y ya no tuvo noticias de él. Agregó que fue un operativo con gente de civil, y el que mandaba tenía gorra militar.

Obra también la declaración prestada por Diana Akselman (viuda de Alberto Evaristo Comas), quien manifestó que su marido desapareció de la citada pensión en los últimos días de julio o primeros de agosto de 1976. Que en ese entonces trabajaba en la Fábrica Royo sita en esta ciudad (al lado del Riachuelo, en Nueva Pompeya); que por comentarios llegó a su conocimiento que al nombrado lo mataron en un paredón de una iglesia, junto a otras personas, en el partido de Pilar, por lo cual fue a dicho lugar y vio impactos de balas y manchas de sangre. Agregó que tomó conocimiento de que los vecinos escucharon disparos y que este evento habría sido contemporáneo al hallazgo de los cadáveres en Fátima.

También dijo que su hermana Leticia Mabel se encontraba desaparecida desde junio de 1976, presentándose al respecto una acción de hábeas corpus en un Juzgado de esta Capital Federal.

A fs. 1800/1804 agregó en otra declaración que a Comas lo vio por última vez los primeros días de agosto de 1976, y a su hermana el 12 de junio del mismo año. Que en junio de 1976, es decir antes del secuestro de Comas, había sido allanada la pensión en la cual éste vivía, momento en el cual se habían robado cosas y roto otras; y que respecto de su hermana, su cadáver apareció en el triple homicidio de Del Viso (los otros dos son Federico Martul y Gabriel Dunayevich).


Respecto a Leticia Akselman, si bien el cuerpo de la nombrada no ha sido uno de los identificados como víctimas de los hechos que interesan, sino como uno de los encontrados en el llamado triple homicidio de Del Viso, se han llevado a cabo diversas medidas.

Así obra a fs. 1403 un informe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el cual da cuenta de un cotejo de las fichas dactilares de la misma, y en donde se establece que corresponden al cadáver NN - prontuario N 47.421- por el cual tramitó sumario “Víctima de homicidio” del 03 de julio de 1976, en la Comisaría de General Sarmiento 3, Destacamento Del Viso, con intervención del Juez Herrera Paz.

De la declaración de Poema Estela Cardella -fs. 1471/1472- madre de Leticia, surge que la nombrada desapareció el 12 de junio de 1976, luego de salir de la casa de su hermana Diana. Refirió que al día siguiente, esto es el 13 de junio de 1976, el marido de su otra hija Diana, de nombre Alberto Comas, le dijo que alguien le había comentado que a Leticia la habían detenido en la zona de Banfield.

Vale al respecto recordar que el Juzgado de Mercedes informó de acuerdo a las constancias obrantes en la causa, que la nombrada Leticia habría sido asesinada el 3 de julio de 1976 en la localidad de Del Viso.

Por otro lado, se requirieron informes a la empresa “Bendix” sobre los empleados Cordero, Leiva, Gaetán, y Guzmán. Según surge de fs. 372/373, con excepción de Leiva, los nombrados fueron despedidos por abandono de trabajo entre abril-mayo de 1976.

Es de interés mencionar lo declarado a fs. 379/381 por Mercedes Eduardo Cordero, quien fue empleado de la firma “Bendix” desde el 9 de enero de 1969 hasta el 24 de abril de 1976, y quien dejó de trabajar luego de haber sido detenido por la Policía y alojado en Coordinación Federal. Surge de su relato que abandonó su trabajo porque en su cofre individual de la empresa le dejaban amenazas contra su vida.

Respecto de su detención, dijo que estuvo un año y dos meses sin ser informado acerca del motivo de su detención, que los primeros dos meses estuvo incomunicado, y no se instruyó a su respecto causa alguna. Por último, agregó que fue dejado en libertad por un Teniente Coronel de apellido Gatica y que mientras trabajó en “Bendix” estuvo afiliado al sindicato.

Declaró también a fs.1751/1755 oportunidad en la cual agregó que



fue detenido con su esposa e hija el 5 de noviembre de 1976 en Tacso, Pcia. de Santiago del Estero, por la policía de la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Que en primer lugar lo trasladaron a una Comisaría a cargo del Oficial Romano, luego a Santiago del Estero, a una Regional, y de allí a una oficina de la SIDE. Fue trasladado también a los Tribunales de Santiago, aunque no fue interrogado por ningún Juez; luego de lo cual fue traído a la Capital Federal, a Coordinación Federal, desde donde fue trasladado a la cárcel de Villa Devoto, y luego a la Cárcel de La Plata. Agregó que en octubre de 1977 se presentó un Tte. Coronel de apellido Gatica, del Primer Cuerpo, quien le tomó nueva declaración, y finalmente el 9 de enero de 1978 fue dejado en libertad.

Refirió conocer a Leiva, Alzogaray, Vélez, Gaetan. Trabajó en Bendix hasta fines de abril de 1976, fecha hasta la cual vio a los nombrados.

Otro de los empleados de la firma era Claudio Benjamín Gaetán, y al respecto a fs. 387 obra la declaración testimonial de Valentina Efigenia Gaetán de Carrizo, hermana del nombrado, quien refirió que a las 5 horas de la madrugada del 16 de junio de 1976 se encontraban en su vivienda sus hermanos Juan Nicolás y Claudio Benjamín Gaetán, junto a su esposo Jorge Anselmo Carriz; que en tal ocasión derribaron la puerta del domicilio unas ocho personas armadas, ingresaron al mismo, y comenzaron a insultar y a decir que se los llevaban por ser peronistas. Agregó que el cadáver de Claudio Benjamín Gaetán apareció el tres de julio de 1976, junto a otros cinco o seis cadáveres en una playa de estacionamiento ubicada sobre la Av. Corrientes de Capital Federal, y dijo no saber nada acerca del paradero de su otro hermano ni de su esposo, a la vez que agregó que sus hermanos trabajan en la empresa “Bendix”.

Tal como se ha expuesto, una de las víctimas identificadas fue Angel Osvaldo Leiva, y obra al respecto declaración testimonial de Yolanda Rosa Contreras de Leiva, esposa del nombrado, quien también trabajaba en “Bendix”. Refirió la testigo en tal ocasión que el 15 de julio de 1976, a las 24:30 hs. llegó su esposo del trabajo, que a la media hora se escuchó un tiroteo en la casa de al lado, en donde residía la familia Ceballos, y que luego un grupo de personas -las que protagonizaron ese tiroteo- fueron a su casa, se identificaron como “del ejército”, y se llevaron a su esposo.

A fs. 499 obra nueva declaración prestada por Contreras, quien en esta ocasión relató que la noche del 15 de julio de 1976 también se llevaron a Alzogaray y a otro compañero, quienes fueron trasladados a la Comisaría de Pacheco, recordemos al respecto que Conrado Alzogaray es otra de las víctimas identificadas.


Por otro lado, como se ha expuesto Inés Noceti fue una de las víctimas cuyo cuerpo fue hallado en Fátima, y a fs. 393 declaró su hermana Laura Noceti de Garriga. Manifestó que Inés desapareció en el mes de agosto de 1976, y que presentaron por tal hecho un hábeas corpus y una acción de presunción de fallecimiento ante el Juzgado Federal de San Martín; que la última vez que vio a su hermana fue los primeros días de agosto de 1976, y que la misma trabajaba en el estudio jurídico del Dr. José Ravignani, con sede en esta ciudad.

Asimismo, a fs. 730/742 obran fotocopias de otro hábeas corpus tramitado ante el Juzgado Nacional de 1 Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N 4, Sec. N 11, de San Martín, respecto de Inés Noceti, el cual fue rechazado.

Inés Noceti fue detenida junto a Selma Ocampo, otra de las víctimas de lo que se ha llamado “la Masacre de Fátima”, y en tal sentido se han producido diversas pruebas que acreditan tales extremos.

Así, obra declaración prestada ante el Juzgado de Mercedes por Marta Hilda Ocampo, hermana de Selma Ocampo, la cual prestaba servicios en la fábrica Ford de General Pacheco.

Relató la nombrada que Selma estaba en su casa durmiendo junto con Noceti, cuando a las 2 de la mañana del 11 de agosto de 1976 se constituyeron en el domicilio entre quince y veinte personas, algunos vestidos de civil, otros uniformados; las cuales se movilizaban en un automóvil Ford Falcon sin chapa patente, y en camiones del Ejército, quienes rodearon la manzana. Que luego de ingresar al edificio intentaron entrar al domicilio y como su hermana no les permitió el ingreso, se dirigieron al domicilio de enfrente, en donde residía un Marino retirado de apellido Andrew, quien tampoco les abrió, y llamó a su guardia personal.

Que seguidamente fueron al departamento de sus padres de su hermana, sito unos pisos más arriba en el mismo edificio, y les solicitaron a los mismos que abriesen la puerta de la casa de su hija, a lo que aquellos no accedieron, por lo que quedaron unas seis personas en custodia en ese departamento. Finalmente, violentaron la puerta del departamento de su hermana, ingresaron, se llevaron objetos de valor y el auto de la misma.

En ese momento llegó personal de seguridad del mencionado Andrew, y se produjo un enfrentamiento armado; que quienes estaban en el departamento del padre gritaban “que no tiren, que era zona franca, zona liberada”, ante lo cual el tiroteo cesó y el personal de seguridad del marino se retiró del lugar. En ese acto se llevaron a su hermana y a Inés Nocetti.


Agregó también que un Coronel de apellido Romanella le aportó a su padre datos de su hija, precisamente le dijo que estaba detenida en Coordinación Federal.

Por tales hechos se efectuó denuncia de robo en la Comisaría de Olivos, y se presentó un hábeas corpus ante el Juzgado Federal de San Martín.

En este mismo sentido, obra a fs. 1179 declaración testimonial prestada por Adolfo Teodosio Ocampo, padre de Selma Ocampo, quien dijo conocer al Coronel Carlos Romanella, quien trabajaba en una dependencia del Ejército sita en Ocampo y Figueroa Alcorta, y con quien en cierta oportunidad se entrevistó con el fin de averiguar el paradero de su hija Selma.

Luego, se hallan incorporadas copias de una serie de declaraciones testimoniales prestadas ante la Excma. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de esta ciudad en el marco de la causa N 13/84. Así, a fs. 1677/1681 consta la declaración testimonial prestada ante dicha sede por Marta Hilda Ocampo, en la cual describió las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que secuestraron a su hermana. Dijo precisamente que Selma Ocampo fue sustraída el día 11 de agosto de 1976 de su domicilio de Av. Del Libertador 3736 de La Lucila, provincia de Buenos Aires; que al realizarse el secuestro de la nombrada, también robaron elementos de la casa pertenecientes a Selma y a su padre.

Agregó que junto a Selma se llevaron a Inés Nocetti, quien estaba en la casa de la nombrada, y que fue sustraído también un Citroen rojo propiedad de la primera.

A fs. 1681/1689 obra la declaración testimonial de Adolfo Teodosio Ocampo, padre de Selma Ocampo. En dicha oportunidad relata el nombrado cómo fue el secuestro. Dijo específicamente que cuando entraron a su casa, al Jefe le decían “Chino”; relató lo atinente al Capitán Andrew, vecino de Selma), y el tiroteo que se produjo. A lo que ya surge en autos agregó que durante el tiroteo, el apodado “Chino” averió la ventana de su departamento y empezó a gritar que no tiren, “que era zona liberada”.

Según sus dichos, el encuentro con Romanella, se produjo en su departamento de calle Soldado de la Independencia, en un segundo o tercer piso, y a los dos o tres días se volvió a entrevistar en una dependencia del Ejército, sita en calles Figueroa Alcorta y Ocampo. Allí le dijo que Selma estaba en Coordinación Federal, acusada de asociación ilícita, luego de lo cual ya no se contactó con Romanella. Mencionó finalmente que presentó cuatro hábeas corpus, todos con resultado negativo.


A fs. 1699/1705 se halla incorporada la declaración testimonial de Horacio Ballester, quien vivía en el décimo piso del edificio donde vivía Selma Ocampo. Relató que esa noche lo despertó un ruido muy fuerte, como de una explosión, que al rato vio tropas que avanzaban contra el edificio y presenció el mencionado tiroteo; que se escuchaban gritos que decían “no tiren, somos del ejército, no tiren, somos de la Policía”, y que era “zona liberada”; vio, además, como se llevaban gente y cosas del edificio.

Al día siguiente recorrió el edificio, viendo los impactos de los proyectiles, e ingresó al departamento de Selma, el cual estaba todo revuelto y con faltante de cosas. Aseguró que por la vestimenta que usaban las personas, las tropas que vio pertenecían al Ejército.

A fs. 1705/1710 se encuentra la declaración testimonial de Carlos Nicolás Romanella, quien refirió haber conocido a Adolfo Ocampo, y dijo que si bien éste lo consultó por su hija, él no realizó ninguna gestión al respecto.

Asimismo, consta a fs. 888/889 un informe de la Comisaría de Olivos, en el cual se confirma que se efectuó denuncia bajo N de orden 977 con fecha 11 de agosto de 1976 por presunta privación ilegal de la libertad y robo ocurrido en Av. del Libertador 3736, surgiendo como denunciante Teodosio Ocampo, con intervención del Juez en lo Penal de San Isidro Dr. Zavalía (referido al secuestro de Selma Ocampo e Inés Nocetti).

A fs. 1003 prestó declaración testimonial José Proyeti, sereno nocturno del edificio de Av. del Libertador 3736 donde vivía Selma Ocampo. Refirió que el 10 de agosto de 1976 en horas de la madrugada se produjo un procedimiento, y aclaró que no estaba en tal momento por cuestiones personales.

Agregó asimismo que todo cuanto supo de tal procedimiento le fue contado por la encargada del edificio, Luisa Giordano de Aranda, quien vivía en la portería. Que la nombrada le dijo respecto a tal hecho que ingresaron al edificio, cinco o seis personas vestidas de civil, quienes le preguntaron en donde vivía Selma Ocampo, ante lo cual le indicó que lo hacía en el departamento “C” del primer piso. Que ante la negativa por parte de los moradores de abrir la puerta de dicho departamento, la misma fue derribada, luego de lo cual se produjeron alrededor de 80 disparos, y se llevaron a Selma Ocampo y a Inés Nocetti. Refirió que en esa época vivían en el edificio algunos militares, recordando un Coronel retirado de apellido Ballester, y al Capitán Andrew, quien residía en el 1 “B”. Agregó que en el exterior del edificio había varios vehículos del Ejército, camiones, y personal uniformado.



Seguidamente se le recibió declaración testimonial a la nombrada Giordano de Aranda, quien en dicha oportunidad explicó que el 10 de agosto de 1976, a la 1:30 hs. aproximadamente, tocan el timbre y al atender se encuentra con una persona que se presenta como Teniente, y le pregunta por la familia Ocampo, a lo que le responde que en el 1 “C” vivía Selma y en el 6 “B” sus padres.

Que luego subieron juntos al departamento de Selma, y como la misma no abría, tocaron la puerta del Capitan Andrew. Que seguidamente escuchó que personas le gritaban a ese Teniente que venía “la policía”, y a continuación se produjo un tiroteo; luego de lo cual el citado Teniente - a cargo del operativo- gritó “Alto Policía”, y cesaron los disparos. Agregó finalmente que los daños producidos los pagó una empresa de seguridad contratada por el consorcio denominada “Patria de Seguris”.

A fs. 1180 obra agregada declaración testimonial prestada por Edgardo Samuel Andrew, Capitán de Navío retirado y como ya se citara anteriormente, vecino de Selma Ocampo. El nombrado manifestó que entre los días 10 y 11 de agosto de 1976, por la noche, un grupo de personas armadas se constituyó en su domicilio requiriéndole que les permitiese el ingreso, que los mismos se identificaron como policías y militares, y que como pensó que se trataba en realidad de subversivos, pidió auxilio a la Comisaría de Olivos. Que a raíz de ello, se hizo presente en el lugar una patrulla del Ejército, y se produjo un enfrentamiento armado. Agregó que previamente a este incidente, los mencionados “policías” le habían dicho que buscaban el departamento de Ocampo (Selma), que hacía dos meses que la buscaban, y que estaba vinculada a Firmenich. Que ello fue todo cuanto vio, y que al día siguiente tomó conocimiento de que se habían llevado a Selma Ocampo.

También obra declaración prestada por Andrew en el marco de la causa N 13/84. El nombrado relató nuevamente lo sucedido la noche del secuestro de Selma Ocampo e Inés Nocetti. Dijo que llamó a la Seccional 1 de Vicente López, y luego de unos minutos llegó un grupo de soldados y se produjo el enfrentamiento. Refirió que cuando le pidieron que abra la puerta se identificaron como del Ejército.

Se requirió también informe a “Patria Cia. de Seguros”, empresa contratada en aquel entonces por el edificio de Av. del Libertador 3736 donde vivía Selma Ocampo, la cual hizo saber que se efectuaron reparaciones en el edificio y en particular, en la puerta del departamento de Selma Ocampo por los destrozos provocados por un grupo del Ejército.


Otra de las víctimas de lo que se llamó la “Masacre de Fátima” fue Conrado Oscar Alsogaray, y a su respecto obran diversos testimonios. Así, a. fs. 495/496 declaró Apolinaria del Rosario Garay de Alzogaray, madre del mismo, quien manifestó que a su hijo se lo llevaron a las 2 de la madrugada del día 16 de julio; que irrumpieron en su domicilio varias personas vestidas de civil, quienes se identificaron como policías, y se llevaron vendados a su hijo Conrado Alzogaray (quien vestía la ropa proporcionada por Bendix) y a su yerno, Enrique Manuel Suanes. Su hijo Conrado Alzogaray coincidiría con la descripción del cadáver N 4 (le faltaba la pierna izquierda).

Refiere que hizo la denuncia y avisó a “Bendix”, donde se encontró con la esposa de Leiva, a quien le había sucedido lo mismo. Su yerno apareció a los pocos días, y dijo que había estado detenido en un lugar donde se escuchaban voces de niños y máquinas de escribir y ruidos de oficina; que los habían tratado bien, y que estuvo con Conrado y con Leiva, y que después se los llevaron a los tres.

Al respecto, a fs. 1031/1032 se agregó una carta con el testimonio de Manuel Enrique Suanes, cuñado de Conrado Oscar Alzogaray




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