Normas más favorable



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El’ principio de protección y ‘las’ normas favorables

Esbozo para una perspectiva de análisis

Por Gabriel Tosto1
Sumario: I. Introducción. II. Desarrollo: Primera parte. A. Una discusión des-balanceada. B. Un criterio de identificación: Un principio y diversas reglamentaciones. a) La regla ideal. b) Mandatos de optimización. c) Reglas técnicas. d) Meta normas. C. Regla ideal para el derecho del trabajo. a) El principio de protección: Identificación; Deber ser (caracterización). b) Mandatos de optimización, reglas técnicas, meta normas. 1. Propios del derecho del trabajo. Identificación; Aplicación. 2. Del ordenamiento jurídico general adaptados al derecho del trabajo. c) Una propuesta de clasificación con ajuste a los criterios explicitados: Identificación; Aplicación. Regla ideal. Deber ser. Meta normas. Hacer. Regla técnica. Mandatos de optimización. Segunda parte: D. Meta normas que en ‘sistema de fuentes’ se usan para ‘validar’, ‘aplicar’, ‘seleccionar’ e ‘inhibir’ otras normas. a) Sumario. b) Cuestiones preliminares. c) Las relaciones entre normas: Contrarias y contradictorias. 1. Características del sistema de fuentes en el derecho del trabajo: Cantidad; Movilidad; Variedad; Alcance. 2. Las relaciones entre normas en el derecho del trabajo débilmente formalizadas: 2. 1. Supletoriedad. 2. 2. Subsidiaridad. 2. 3. Complementariedad. 2. 4. Concurrencia: 2. 4. 1. No conflictiva. 2. 4. 2. Conflictiva. 2. 5. Sucesión. 3. Actividades que requiere el sistema de fuentes a la ciencia jurídica y a la función judicial: 3. 1. Identificación de normas. 3. 2. Aplicación de normas. 3. 3. Crítica a las normas. 4. Identificación de las normas que estipulan y regulan el uso de las normas más favorables. 4. 1. Condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo. Art. 8, LCT. 4. 2. El principio de la norma más favorable para el trabajador: Ponderación – Subsunción – Reconstrucción. Art. 9, LCT. 4. 3. Art. 7, ley 14. 250. 4. 4. Art. 8, ley 14.250. 4. 5. Art. 19, inc. b) de la ley 14.250. d) Criterios generales de clasificación de uso de fuentes: 1. Ley superior (Ls). 2. Ley posterior (Lp). 3. Ley especial (Le). e) Criterios especiales de clasificación y preferencias de uso de fuentes: 1. Ley de orden público. 2. Ley incompatible. 3. Ley supletoria. 4. Ley sucesiva. 5. Ley favorable (Lf) 6. Un modelo sumario no concluyente. f) Formalización (débil) de “las” normas más favorables. 1. Art. 8, LCT: norma más favorable. Uso: ‘validar’ y ‘aplicar’ convenciones colectivas y laudos de igual fuerza. 2. Art. 9, LCT: Norma más favorable e in dubio pro operario. 2. 1. La primera: seleccionar otras normas. 2. 2. La segunda norma: ‘identificar’, en situación dudosa, la interpretación o alcance de la ley más favorable al trabajador. 2. 3. Apreciación de la prueba en los casos concretos. 3) Art. 7 de la ley 14.250: dispone cierta ‘calidad’ de las normas convencionales. 4) Art. 8 de la ley 14.250: instala una determinada relación entre normas a través ‘propiedades’ e ‘inhibiciones’ predispuestas. 5) Art. 19, inc. b) de la ley 14.250: Regula sucesión. III. Conclusión. IV. Bibliografía referida y consultada.-


I. Introducción
En este escrito se proponen dos cuestiones. Primero, mostrar un criterio para identificar y clasificar diversos textos que en la legislación, doctrina y jurisprudencia reciben el nombre de principios. Conforme un cierto modo de ver, sólo el principio de protección concretado en la primera parte del Art. 14, bis de la Constitución nacional puede ser denominado ‘principio’. Otros textos deben, entonces, ser identificados a partir de propiedades que darán lugar a otras designaciones tales como: ‘mandatos de optimización’, ‘meta normas’ y ‘reglas’.
En segundo lugar, se procederá a la caracterización y a un primer análisis de ciertos estándares que se estipularán como ‘meta normas’, pues, en el sistema de fuentes2, regulan la actividad3 del juez para la aplicación de otras normas. La primera, ubicada en el Art. 8, LCT conocida como norma más favorable y que se usa para ‘validar’ y ‘aplicar’ convenciones colectivas y laudos de igual fuerza; la segunda, con sede en el Art. 9, LCT, distinguida como in dubio pro operario que se utiliza para ‘seleccionar’ leyes o convenciones colectivas, ‘identificar’, en situación dudosa, la interpretación o alcance de la ley más favorable al trabajador y en la apreciación de la prueba en los casos concretos; la tercera, con sede en el Art. 7 de la ley 14.250 que dispone cierta ‘calidad’ de las normas convencionales, la cuarta, signada bajo el Art. 8 del último plexo legal referido, que dispone una determinada relación entre normas a través ‘propiedades’ e ‘inhibiciones’ predispuestas y, la quinta, visualizada en el Art. 19, inc. b) de la ley 14.250 (t. o. por decreto 1135/2004) que establece un orden de prelación de normas convencionales; la posterior, de ámbito distinto, mayor o menor, puede modificar al convenio anterior en tanto establezca condiciones más favorables para el trabajador.
El derrotero exhibirá que el conjunto lingüístico “norma más favorable” es equívoco. Refiere a una característica relacional4, en principio, acerca de normas (aplicables a un mismo caso genérico), pues, en comparación a otras, reúne ciertas propiedades que las hacen preferentes, esto es, tiene ciertas notas que las establecen elegibles. De ello se sigue que quien afirma que una norma es más favorable, debe necesariamente confrontar tal norma con otra que está presupuesta en su afirmación. Recientemente se ha incorporado la aplicación de la regla de favor en la apreciación de la prueba en los casos concretos. Esto introduce una comparación en la valoración de la prueba. De ello se sigue que quien afirma que una valoración es más favorable, debe necesariamente confrontar y exhibir tal apreciación con otra que está presupuesta en su afirmación y motivarla en la premisa fáctica de la decisión judicial (caso concreto). A la vez, es un conjunto lingüístico que clasifica (palabra de clase), que comprende bajo su alcance a un grupo de normas, que se usan para regular la actividad del juez en la utilización de otras normas por eso se la estipula “meta norma”. Finalmente, también refiere al resultado de un proceso de identificación y aplicación de normas o de apreciación de pruebas que concluye en una decisión judicial (caso judicial) que determina una solución más favorable para el trabajador en un conflicto laboral.
La presentación procura en definitiva bosquejar desde una perspectiva distinta el análisis de dos temas clásicos de la doctrina laboral.

II. Desarrollo:
Primera parte
A. Una discusión des-balanceada
En el derecho del trabajo se asume con énfasis la importancia de sus principios. Sin embargo, no se muestra igual acento por esclarecer qué criterios se utilizan para identificarlos, sistematizarlos y aplicarlos. Como la ley no los enuncia ni los enumera, resulta tarea difícil individualizarlos; entonces, las enumeraciones varían con los autores5. Lo dicho provoca una discusión des – balanceada, desde que se acuerda en enfatizar acerca de ‘principios’, pero no se esclarece a qué refieren y cómo se los ordena.
Un comienzo podría resultar de explicitar un criterio inter subjetivamente contrastable que contribuya a fijar un punto de partida para discutir, pues si la identificación y la enumeración de los textos que se denominan principios se realiza a partir de razones no explicitadas, o expuestas pero no susceptibles de comprobación, será difícil generar un debate útil para el esclarecimiento de esta área del derecho del trabajo, desde que cada autor discutirá a partir de su propio contexto de comprensión y no será posible el diálogo.
En la dogmática laboral se han ensayado diversas estrategias en orden a dilucidar el linaje de los principios. Sin pretensión de exhaustividad cabe señalarse que para Justo López el Art. 11, LCT, positiviza al derecho natural y lo incorpora al ordenamiento estatal: La justicia puesta en la ley6. Rodolfo Capón Filas afirma que la norma-texto se mueve en el con-texto del orden social justo, para que en el clima societal los derechos reconocidos internacionalmente provenientes de la naturaleza humana se haga efectiva.7 Algunas veces los autores identifican los principios como enunciados construidos socialmente8; refirieren de tal modo a normas no jurídicas que son producto de la conciencia jurídica social de una época y sociedad9, que no nacen de la mente del legislador. Otros juristas remiten a normas morales, valores últimos, que se asumen y sirven de justificación a nuestras acciones y creencias10.
Algunos problemas que surgen de identificar los principios a través de evaluaciones morales o naturales son: su imposibilidad inter subjetiva de control en orden al origen y lo dificultoso de dirimir una controversia a partir de evaluaciones morales11. Pues, ¿a qué autoridad remite el derecho natural o los derechos morales? ¿Cuál sería el contenido? ¿Con qué criterio individualizamos aquello que se designa como naturaleza humana o construcción moral? ¿Es posible derivar el deber ser (norma) del ser (naturaleza humana o naturaleza de las cosas o hechos morales? Si se identifica ley o norma-texto con justicia: ¿no se corre el riesgo de perder una instancia crítica a lo puesto por el legislador?
Asimismo, cuando se remite a normas morales no se esclarece si se refiere a una moral positiva -convencional o social-, esto es, el conjunto de valores que comparten los miembros de un determinado grupos social que puede comprender a toda la sociedad o a una subclase en vigor en un tiempo12; o, en cambio, se dirigen a la moral crítica como conjunto de valores esclarecidos que resultan de un proceso de justificación racional13, por ejemplo: la doctrina social de la Iglesia. Se sostiene que la realidad del derecho es que su ejercicio no puede prescindir de la moral (positiva o crítica) en el contexto de la interpretación.14
Otra posición, un poco menos problemática desde el punto de vista práctico, sostiene que las expresiones lingüísticas referidas a lo que manda el derecho pueden realizarse sin la necesidad de evaluaciones naturalistas o morales. El hecho social de la inscripción del principio como norma jurídica o su derivación lógica (desde otras normas)15 basta para determinar lo que cuenta como principio16.
Para un escéptico, por el contrario, no hay tal cosa llamada “principios” y escritos en las leyes o normas jurídicas fundamentales; es como intentar probar la existencia de Dios por estar anotado en una Constitución. Para esta posición los principios remiten a la discrecionalidad fuerte de los jueces. Una variante de escepticismo es la consideración del discurso jurídico con una finalidad persuasiva. Puede pensarse que los juristas hacen una lectura de las normas guiados por una finalidad persuasiva por oposición a otra cognoscitiva.
Efectivamente, es posible sostener que los profesionales del derecho no usan las normas con finalidad de comunicar el conocimiento que derivan de un determinado texto, sino con el fin de convencer (a un juez o a un hipotético auditorio) sobre la credibilidad de su versión de las normas. El objetivo fundamental que se persigue en esta posición no es descubrir la verdad a cerca de la formulación o tratar que el juez o el auditorio conozcan la respuesta más aceptable, sino motivar una determinada conclusión de su preferencia.
Puede decirse que los juristas están interesados sinceramente en descubrir la verdad o aceptabilidad práctica de la significación de la formulación en una sola circunstancia: cuando la verdad acerca de la formulación conduzca a justificar su conclusión (el abogado ganar el caso judicial, el juez persuadir a otros jueces y a las partes de sus razones, y el académico a que se acepten como doctrina recibida sus conclusiones).
Si la argumentación es guiada por un fin persuasivo cabría especularse que los interlocutores no se sienten obligados a presentar de modo completo las razones que apoyan su conclusión sino sólo los que la favorecen. Las que perjudican permanecen, entonces, ocultas. Cuando la finalidad es cognoscitiva la argumentación a cerca de qué dice la formulación exige que la justificación sea completa, consistente y aceptada por la totalidad de los interlocutores implicados.
B. Un criterio de identificación: Un principio y diversas reglamentaciones
a) La regla ideal
Una perspectiva diferente, aunque no conclusiva, concibe los principios como algo aproximado a las reglas ideales o ‘normas constitutivas de determinadas dimensiones ideales de los estados de cosas’ que el mundo jurídico debe tener para ser conforme al derecho.
En efecto, “De acuerdo con G. E. Moore, llamaré a las normas que tienen más relación con deber ser que con hacer, reglas ideales. Se hace referencia a reglas ideales, por ejemplo, cuando decimos que un hombre tiene que ser generoso, sincero, justo, ecuánime, etc., y también cuando decimos que un soldado en el ejército debe ser bravo, sufrido y disciplinado; un maestro, paciente con los niños, firme y comprensivo; un guardia, alerta, observador y resuelto, y así sucesivamente.

También decimos de los coches, relojes, martillos y otros utensilios que se usan para servir varios propósitos, que deben tener ciertas propiedades y no deben tener otras. […] Las reglas ideales están en estrecha conexión con el concepto de bondad. […]

Hay una cierta semejanza entre las reglas ideales y las normas técnicas. Esforzarse por el ideal se asemeja a la persecución de un fin. Sería, sin embargo, un error pensar en las reglas ideales como normas que relacionan medios a fines. […]

Las reglas ideales, por último, puede decirse que mantienen una posición intermedia entre las normas técnicas acerca de los medios para un fin y las reglas que determinan un patrón o modelo.”17


En el derecho del trabajo el estado de cosas jurídico ideal regulado por la Constitución debe ser tal que, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador unas condiciones favorables para su protección (Art. 14, bis, Const. Nacional).
Existe un consenso extendido en la doctrina laboral en aceptar al principio de protección como mandato jurídico18 que proporciona justificación, contenido e identidad al derecho del trabajo19. Se lo ubica inscripto en el Art. 14 bis de la Const. Nacional y ha sido rescatado recientemente en diversos casos judiciales por la actual integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Que sea un deber ser no implica que no pueda entrar en conflicto con otros ideales. Es obvio que los aspectos del ideal de protección al trabajador pueden entrar en conflicto con otros estados ideales como el ejercicio de industria lícita o el derecho de propiedad de los empleadores.
Asimismo, podemos discrepar en orden al contenido de la protección a asegurar. En este sentido, las reglas ideales han de ser complementadas por mecanismos que establezcan el grado aceptable en el que las condiciones han de darse y eliminen los conflictos, de manera que también aquí es necesaria una cierta ponderación. Pero en este ámbito es al legislador a quien le compete en primer lugar hacer el balance. De este modo, el principio jurídico es una pauta que en principio establece aquello que debe ser.
El principio de protección ‘autoriza’ y ‘condiciona la producción’ de otras normas enmarcadas en tal deber ser. Ello no es disputado por la doctrina. El consenso puede funcionar como un criterio de justificación o como un dato que evidencia que no requiere justificación por obvio o auto evidente. Que se haya de proteger al hombre que trabaja es una decisión metodológica moderna, aunque seguramente la evolución de la moral positiva pueda dar la sensación de que tal protección es una obviedad20.
El principio de protección es presentado como un criterio de justificación que se lo identifica en la Constitución21 y si bien se puede aceptar que no hay disputa en su identificación22, sí es controvertido su contenido y alcance (qué protege y en qué grado). En la doctrina laboral se verifica igual discrepancia casi en la totalidad de los denominados tradicionalmente “principios” propios y adaptados al derecho del trabajo. Es que si nos ubicamos a un nivel intuitivo e identificamos a las normas como principios, adquieren una nota de controversia, pues es claro que expresan pautas normativas, ya que personas distintas, en un marco de buena fe y buena voluntad, están en desacuerdo acerca del contenido específico.23 Ahora, y ello será tratamiento de la segunda parte de la propuesta, el legislador ha dado una pauta reglamentaria en el sistema de fuentes que tensiona hacia el favor o preferencia al trabajador para la aplicación de los estándares de regulación (norma más favorable)
Según sea el autor, se lo caracteriza al principio de protección como directriz política (objetivo a ser alcanzado), una preferencia axiológica o un elemento de identidad a la disciplina. Para Ackerman es el único candidato que reúne las condiciones precedentemente descriptas. En igual sentido se expresa Ramírez Bosco y Jorge Rodríguez Mancini24. Entonces, aparece adecuado identificarlo como una regla ideal que reclama que en las relaciones laborales debe ser que se otorgue una tutela o amparo preferente a las personas que trabajan25 que, por otra parte, ha recibido consagración constitucional (Art. 14, bis, CN).
Su justificación se encuentra en una decisión en relación a un dato del mundo que se quiere modificar: la desigualdad negocial26 de las partes contratantes en el trabajo27. El principio requiere el esfuerzo por una intervención preferente que establezca de manera indisponible desigualdades para restablecer las diferencias de poder en la negociación laboral28 o compensar la resignación de libertad que supone el trabajo dependiente.29 El principio de protección debe ser un resguardo para la libertad del trabajador.
b) Mandatos de optimización
Asimismo, aquella regla ideal puede condicionar la producción de un tipo de norma que señala qué medidas deben adoptarse para aproximarse al deber ser. Esta es una interpretación de la posición de Robert Alexy que propone los mandatos de optimización30 que obligan a hacer aquello que es necesario para que las dimensiones ideales de los estados de cosas se realicen en la mayor medida posible respetando ciertos condicionamientos fácticos y jurídicos.
c) Reglas técnicas
Igualmente, puede evidenciarse la justificación de reglas técnicas. Junto a los mandatos de optimización se pueden identificar las reglas técnicas que en términos aproximados guardan relación con los medios a emplear para alcanzar un determinado fin. Las instrucciones para el uso son ejemplos de normas técnicas. Con ellas se presupone que la persona que sigue las instrucciones aspira a la cosa (fin, resultado), con vista a cuyo logro se dan dichas instrucciones.31
d) Meta normas
El estado ideal de ser al que se aspira en el mundo jurídico puede requerir la producción de normas que regulen el uso (en un cierto modo) de otras normas. En las sociedades complejas se verifica la existencia de autoridades destinadas a conocer y dirimir conflictos a través de normas. El uso o aplicación de tales normas se puede evidenciar de distinto modo, por tanto el legislador puede anticipar un mandato que disponga cómo, en qué medida y con qué sentido, debe usarse o aplicarse un cierto estándar.
C. Regla ideal para el derecho del trabajo
a) El principio de protección
La dogmática laboral, al lado del consenso en referir al principio de protección con un protagonismo destacado, también acuerda, de modo generalizado, en denominar a otras formulaciones normativas como principios, a las que se les concede una mayor o menor presencia en la conformación (identidad) de esta especial área de regulación. Tales los casos de los tradicionalmente denominados: irrenunciabilidad, norma más favorable, in dubio pro operario, condición más beneficiosa, conservación y gratuidad, entre otras.
También se los ha nombrado medios técnicos jurídicos como aquellos dispuestos por la disciplina para realizar el principio de protección y que se proyectan sobre el sistema de fuentes32.
La propuesta es ensayar una clasificación que de cuenta de los criterios explicitados precedentemente para la identificación de principios, mandatos, meta norma y reglas que tenga un rendimiento explicativo útil y, a la vez, asuma las otras normas que la doctrina laboral igualmente denomina “principios” y son relevantes admitir por su importancia en el área de regulación del contrato de trabajo (mandatos de optimización, reglas técnicas, meta normas).
El estado de cosas ideal (el deber ser del mundo del trabajo) regulado por la Constitución obliga a que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones favorables para su protección.
Identificación Deber ser (caracterización)
Principio de protección Que el trabajo en sus diversas formas goce de la protección de las leyes, las que deben

asegurar al trabajador condiciones favorables para su protección.
b) Mandatos de optimización, reglas técnicas, meta normas.
Estas normas señalan y reglamentan los mecanismos en el sistema de fuentes para aproximarse al ideal (deber ser del mundo del trabajo) en la mayor medida posible (mandato de optimización), para alcanzar un determinado fin (regla técnica) o, en caso de aplicación de normas o indeterminación de qué norma soluciona un conflicto, asegurar una solución preferente (meta normas) ordenando cómo se deben identificar o aplicar otras normas.
Se acepta como provechoso, a fin de esta presentación, adoptar la distinción de aquellos medios que son propios del derecho del trabajo, y otros del ordenamiento jurídico general adaptados al derecho del trabajo:
1. Propios del derecho del trabajo
Identificación Aplicación


  • Irrenunciabilidad Define el contenido y alcance de la

autonomía de la voluntad

  • In dubio pro operario Identifica normas

  • Norma más favorable Selecciona normas

  • Apreciación más favorable Valora la prueba en los casos concretos

  • Condición más beneficiosa Resuelve sucesión de normas

  • Condición menos favorable Nulidad de pactos

  • Continuidad Valora y decide normas y conductas a favor

de la conservación del contrato o relación de trabajo

  • Gratuidad Facilita el acceso a la jurisdicción




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