Normas básicas complementarias



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Nota: El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía los artículos 333 y 334, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 18.- Declaración de la Responsabilidad.- Para que exista legalmente la responsabilidad, debe ser declarada por la autoridad competente.
La autoridad competente para declarar la responsabilidad administrativa será la mencionada en el artículo 377 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; para la civil, la Contraloría General en forma privativa, y para la penal, el juez correspondiente.
Para la declaración de la responsabilidad deberá efectuarse un análisis previo sobre los hechos, circunstancias o aspectos de derecho que la fundamenten, análisis que será recogido por escrito.
Nota: El Título IX de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía el artículo 377, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 19.- Ejecución de las Cauciones.- Para la recaudación de los valores

provenientes del establecimiento de responsabilidades, deberá tenerse en cuenta las cauciones otorgadas para el desempeño del cargo por el servidor público sujeto de la responsabilidad, a fin de hacerlas efectivas de conformidad con la Ley.


A este efecto, el funcionario ejecutor solicitará por escrito a la Contraloría General del Estado que le dé a conocer las cauciones otorgadas por el servidor.
CAPITULO III
Responsabilidad Administrativa
Art. 20.- Forma de Aplicación.- La auditoría externa, la interna y las evidencias detectadas por una u otra en el proceso del examen podrán originar responsabilidad administrativa. La autoridad competente de acuerdo con el artículo 377 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control formulará el respectivo oficio y le notificará al sujeto de la responsabilidad.
En el oficio se resumirán las evidencias o resultados del examen y se impondrán al sujeto de la responsabilidad las sanciones señaladas en el artículo 376 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, las mismas que serán aplicadas sin que medie otro trámite administrativo.

Cuando se practique la auditoría externa, se procederá como lo disponen los artículos 15 inciso segundo y 16 de este Reglamento.


Cuando realice el examen el auditor interno, se estará a lo señalado en el artículo 277 inciso primero de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
La autoridad nominadora de la entidad u organismo de los que dependa el servidor público respectivo, velarán porque el oficio que contenga la sanción se notifique en forma eficaz e inmediata al servidor público, y en caso de multas velarán además porque la unidad financiera de la correspondiente entidad u organismo, la Dirección General de Rentas o el funcionario ejecutor efectúen la recaudación, acción que se comunicará a la Contraloría General del Estado en el plazo de 30 días.
Notas:
- Las funciones de la Dirección General de Rentas, fueron asumidas por el Servicio de Rentas Internas, a partir del 1 de enero de 1998, según la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997.
-Los Títulos VII y IX de la Ley Orgánica de Administración

Financiera y Control –LOAFYC-, que contenían los artículos 277, 376 y 377, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 21.- Recurso Jurisdiccional.- De contradecirse el establecimiento de la responsabilidad administrativa en la vía jurisdiccional, conforme el artículo 378 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, la citación de la demanda de impugnación a la autoridad, cuya decisión se impugna, suspende el proceso coactivo en el caso que se hubiere iniciado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
Para tal efecto, la autoridad demandada comunicará inmediatamente en este sentido a la Dirección General de Rentas o al funcionario ejecutor, también podrá hacerlo el interesado, adjuntando a su comunicación copias certificadas de la demanda de impugnación y de las actas de citación.
La suspensión del proceso coactivo en los casos que haya lugar para ello, será hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo expida el fallo correspondiente.
Notas:

- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue suprimido por las reformas constitucionales del 23 de diciembre de 1992, que crearon los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. De presentarse recurso de casación lo conocerá la Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, en esta materia.

- Las funciones de la Dirección General de Rentas fueron asumidas por el Servicio de Rentas Internas, a partir del 1 de enero de 1998, según la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997.
-El Título IX de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía el artículo 378, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 22.- Fallo del Tribunal.- Cuando el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea confirmatorio de la decisión impugnada se procederá a la retención del sueldo, a la expedición del título de crédito o a la prosecución de la coactiva, según sea el caso, de acuerdo con lo previsto en

el artículo 380 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.


Si por efecto del fallo del Tribunal se desvirtúa la responsabilidad, la autoridad que la estableció dispondrá (sic) la devolución del correspondiente valor, si ya se hubiere recaudado, o la anulación del título, si ya hubiere sido emitido y el consiguiente archivo del proceso coactivo, de haberlo. Si a la Dirección General de Rentas hubiere correspondido la expedición del título de crédito, la autoridad demandada o el propio interesado le hará conocer el fallo del Tribunal, para uno de los efectos previstos en este inciso, según sea el caso.
Cuando la declaración de responsabilidad haya consistido en la destitución del cargo y el fallo del Tribunal la haya dejado insubsistente, el interesado tendrá derecho a continuar en el cargo.
Notas:
- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue suprimido por las reformas constitucionales del 23 de diciembre de 1992, que crearon los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. De presentarse recurso de casación lo conocerá la Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, en esta materia.

- Las funciones de la Dirección General de Rentas fueron asumidas por el Servicio de Rentas Internas a partir del 1 de enero de 1998, según la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997.

- El Título IX de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía el artículo 380, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
CAPITULO IV
Responsabilidad Civil
Art. 23.- Contenido de las Glosas.- El documento de las glosas deberá contener los siguientes elementos:
a. Número, lugar y fecha;
b. Referencia a la auditoría o examen especial respectivos, o a la circunstancias previstas en los artículos 277 y 341 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; y,

c. Descripción suficiente de los particulares mencionados en el artículo 15 de este Reglamento.


Este documento acompañado de la respectiva boleta será notificado al sujeto de la responsabilidad, y, de tratarse de un servidor público, al propio tiempo se enviará copia a la entidad u organismo respectivo, para conocimiento de la autoridad nominadora.
Nota: Los Títulos VII y VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía los artículos 277 y 341, en su orden, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del

Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 24.- Plazo para la contestación y pruebas.- En la boleta de notificación se señalará el plazo dentro del cual el interesado podrá contestar la glosa y presentar las pruebas que juzgue del caso para su descargo.
Dicho plazo será de sesenta días, de acuerdo con los incisos primero y segundo del artículo 341 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
Cuando la notificación haya sido hecha por boleta, el plazo comenzará

a correr inmediatamente después de su recibo; si por correo certificado, después de quince días de la fecha de la guía o comprobante; y si por la prensa, después de ocho días de realizada la publicación.


Nota: El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía el artículo 341, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 25.- Pruebas.- Cuando hayan hechos que justificar, se admitirá para descargo de la responsabilidad civil la prueba instrumental, pudiendo consistir ésta en documentos auténticos o copias certificadas de los mismos.
A petición del interesado podrá concederse el desglose de los documentos auténticos presentados por él, pero se dejará copia certificada de los mismos en el expediente, quedando el interesado obligado a exhibir el documento desglosado cuando le sea requerido por la Contraloría.
Las pruebas que consistan en declaraciones testimoniales, confesión judicial, inspección ocular, informes periciales, careos, evaluación de citas,

reconocimiento de documentos u otras similares, se aceptarán actuadas ante la justicia ordinaria, previa notificación judicial a la Contraloría.


Cuando lo estime del caso, la Contraloría practicará las verificaciones pertinentes.
Art. 26.- Análisis.- Una vez contestadas las glosas y presentadas las pruebas, o en rebeldía por falta de contestación, la Dirección de Responsabilidades actuará en la forma siguiente:
1.- Llegará a un concepto claro y preciso de las glosas establecidas e identificará las razones del hecho y derecho que hubieren existido para formularlas, con relación al perjuicio causado, a su concepto y monto y a la identificación de los sujetos de la responsabilidad;
2.- Examinará la contestación o las alegaciones que haya hecho el sujeto de la responsabilidad, distinguiendo los aspectos en que se haya allanado a las glosas, de aquellos en que las contraiga;
3.- Estudiará las pruebas que haya presentado el sujeto de la responsabilidad, empezando por analizarlas en su aspecto formal, para tener la seguridad de que se trata de documentos fidedignos y que reúnen los requisitos legales

y de este Reglamento; luego estudiará su contenido para deducir la conclusión lógica a que lleven, apreciando las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica y tratando de aunar la legalidad y la justicia; y,


4.- Determinará los puntos de derecho y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo con la Ley y la organización interna de la respectiva entidad u organismo.
Art. 27.- Nuevas responsabilidades y sujetos de responsabilidad.- Cuando, hecho el análisis de que trata el artículo anterior, aparezcan indicios ciertos de los cuales pueda desprenderse una nueva responsabilidad o responsabilidades de servidores públicos o de terceros, distintos de los que originalmente fueron sujetos de la misma, se formulará una nueva glosa o se la trasladará al sujeto que aparezca responsable, según sea el caso.
Practicada la notificación, correrá el plazo señalado en el artículo 24, para todos los sujetos de la nueva responsabilidad y se observarán los artículos 25 y 26 de este Reglamento.
Se expedirá luego resolución respecto de quienes fueron originalmente sujetos de la responsabilidad, a menos que por la implicación de la materia o por haberse declarado responsabilidad

solidaria de los nuevos sujetos con los originales, el asunto no pueda resolverse separadamente. En este último caso, el plazo para resolver, establecido en el artículo 335 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, se contará a partir de la notificación de la nueva glosa.


Nota.- El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, que contenía el artículo 335, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 28.- Plazo para resolver.- Vencido el tiempo para la presentación de pruebas, se expedirá la resolución que corresponda dentro del plazo de 180 días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva, de acuerdo con el artículo 335 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, y con el inciso tercero del artículo 24 de este Reglamento.
Nota: El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control – LOAFYC- que contenía el artículo 335, fueron derogados por el artículo 99 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 29.- Resolución.- Según sea el caso, la resolución que se dicte podrá confirmar o desvirtuar las glosas, total o parcialmente, sin perjuicio de lo expresado en el artículo 27 de este Reglamento; también podrá declarar la caducidad, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 35 del mismo.
Art. 30.- Contenido de la Resolución.- La resolución constará de una parte expositiva y de otra resolutiva. La parte expositiva contendrá lo siguiente:
1.- La expresión precisa del asunto o asuntos que hayan sido materia de glosa, con indicación de su fundamento y de las razones expuestas por el sujeto de la responsabilidad. Cuando haya que resolver en rebeldía, se indicará también el contenido y fundamento de las glosas; de haber allanamiento del interesado, se dejará constancia del particular;
2.- La fundamentación relativa a los aspectos de hecho y de derecho, con arreglo al inciso segundo del artículo 335 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; y,


3.- La conclusión o conclusiones lógicas que se deriven de los dos puntos anteriores.
La parte resolutiva contendrá la decisión a que se haya llegado, expresada en forma clara, precisa, definitiva y categórica, con respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y a todos y cada uno de los sujetos de responsabilidad, así como la orden de cumplir tal o cual acto complementario relacionado con la decisión adoptada.
Nota.- El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía el artículo 335, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 31.- Notificación de la resolución.- La resolución será notificada al sujeto de la responsabilidad y, de tratarse de un servidor público, al propio tiempo se enviará copia a la entidad u organismo respectivo, para conocimiento de la autoridad nominadora.

Art. 32.- Ejecución de la resolución.- Cuando se encuentre ejecutoriada una resolución que confirme glosas, se procederá en la forma prevista en el artículo 337 de la
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
La Dirección General de Rentas o el funcionario ejecutor, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de la notificación que al efecto se le haga, comunicará a la Contraloría General sobre la emisión del correspondiente título de crédito, con especificación del número y fecha de éste.
Cuando el sujeto de la responsabilidad sea un servidor público, la Contraloría General dará aviso del particular a la Dirección Nacional de Personal para que ésta tome la acción que le corresponda.
Notas:
- Las funciones de la Dirección General del Rentas fueron asumidas por el Servicio de Rentas Internas a partir del 1 de enero de 1998, según la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997.


  • El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control – LOAFYC-, que contenía el artículo 337, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002- 73 “Ley Orgánica de la Contraloría



General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 33.- Rectificación o Revisión.- Las resoluciones del Contralor General podrán ser rectificadas por errores aritméticos o de cálculo, o revisadas conforme a los artículos 339 y 347 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
En caso de rectificación por errores aritméticos o de cálculo, éste se notificará al interesado, a la Dirección General de Rentas, al funcionario ejecutor o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según corresponda, en la forma que se indica en los artículos anteriores; igualmente se notificará a la autoridad nominadora y a la Dirección Nacional de Personal, de ser el caso.
El recurso de revisión se iniciará de acuerdo con lo que dispone el artículo 348 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; y en el caso de petición de parte, solamente cuando el interesado adjunte los documentos que respaldan su pedido, cuando existan hechos por justificarse.
La providencia que concede el recurso de revisión se notificará a los afectados con la resolución que es materia del recurso, y al Director General de Rentas o al funcionario ejecutor, si la Contraloría hubiere dado ya
cumplimiento a lo que dispone el artículo 32 de este Reglamento. Igualmente se procederá en el caso del artículo 352 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
Notas:
- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue suprimido por las reformas constitucionales del 23 de diciembre de 1992, que crearon los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. De presentarse el recurso de casación lo conocerá la Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia, en esta materia.
- Las funciones de la Dirección General de Rentas fueron asumidas por el Servicio de Rentas Internas a partir del 1 de enero de 1998, según la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997.
- El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC- que contenía los artículos 339, 347, 348 y 352, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado” publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 34.- Recurso contencioso administrativo.- Las resoluciones sobre glosas podrán ser impugnadas conforme al artículo 332 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
Nota.- El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC- que contenía el artículo 332, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 35.- Casos de caducidad.- En los casos de caducidad, la unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General examinará los expedientes a efecto de establecer la responsabilidad contra el servidor público que, por acción u omisión, haya hecho posible que ésta opere.
Sobre el examen que se efectúe, el auditor interno presentará un informe razonado al Contralor General acerca de la procedencia o no de establecer la responsabilidad. Tal informe contendrá, además, la opinión de la Dirección Jurídica, de haberla solicitado.
Art. Innumerado.- Interrupción de la caducidad en el proceso de control.- La caducidad según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado se calculará en el plazo de cinco años contado desde la fecha del acto u omisión del servidor público, persona natural o jurídica y tercero vinculado directa o indirectamente con el recurso público y se interrumpirá en la fecha en que se produzca en el proceso de control gubernamental, inclusive el que realiza la auditoría interna: la orden de trabajo, la ejecución en el campo, la elaboración del informe, la conferencia final, el control de calidad, la aprobación del informe y la determinación de responsabilidades con la glosa, la resolución original, el recurso de revisión y la resolución del mismo”.
Nota: Artículo agregado por el Acuerdo No. 013-CG, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 23 de junio de 2003.
Art. Innumerado.- Declaratoria de la caducidad.- En todos los casos, según lo previsto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado la caducidad será declarada de oficio o a petición de parte, por el Contralor General o por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, según se hubiere presentado el reclamo como acción o como excepción.
Nota: Artículo agregado por el Acuerdo No. 013-CG, publicado en el Registro Oficial No. 109 23 de junio de 2003.
Artículo Innumerado.- Examen especial y evaluación de desempeño.- La Auditoría Interna de la Contraloría General realizará el correspondiente examen especial, y cuando se trate de las auditorías internas de otras entidades, la Contraloría General realizará la evaluación de desempeño de ellas, para evidenciar la acción u omisión de los servidores públicos respecto de la caducidad, lo cual servirá de antecedente para la determinación de responsabilidades a que hubiere lugar, que se tramitarán de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Nota: Artículo agregado por el Acuerdo No. 013-CG, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 23 de junio de 2003.
Artículo Innumerado.- Debido proceso.- Los servidores y funcionarios de la Contraloría General y de las auditorías internas al aplicar este Acuerdo cumplirán obligatoriamente, en la fase de la auditoría y en la de determinación de responsabilidades, con las normas de debido proceso administrativo, en concordancia con lo previsto en el artículo 24 de la Constitución Política de la República.
Nota: Artículo agregado por el Acuerdo No. 013-CG, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 23 de junio de 2003.
Artículo Innumerado.- Absolución de consultas.- Las dudas que surjan en la aplicación de este Acuerdo, serán resueltas por el Contralor General o su delegado.
Nota: Artículo agregado por el Acuerdo No. 013-CG, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 23 de junio de 2003.
Artículo Innumerado.- Vigencia.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a regir desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.
Nota: Artículo agregado por el Acuerdo No. 013-CG, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 23 de junio de 2003.
Art. 36.- Orden de reintegro.- De no obtenerse resultados conforme al numeral 6 del artículo 296 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control cuando se encuentre un desembolso indebido, se procederá de acuerdo con el numeral 18 del artículo 303 y el inciso tercero del artículo 341, de la propia Ley, y se observará lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de este Reglamento, en lo que fuere aplicable.
Para la formulación y tramitación del oficio que contenga la orden de reintegro, la Dirección de Responsabilidades no requerirá la presentación previa del informe del examen practicado; lo hará señalando
el tiempo dentro del cual se efectuará el reintegro, que no será menor de diez ni mayor de treinta.
A la orden de reintegro deberá preceder un razonable análisis.
Nota.- El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control _LOAFYC-, que contenía los artículos 296, 303 y 341, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 37.- Reconsideración.- Dentro de los diez días siguientes al de la notificación de la orden de reintegro, el interesado podrá pedir al Contralor General la reconsideración de la misma, siendo indispensable para ello que fundamente por escrito su solicitud; de tratarse de cuestiones de puro derecho, el interesado lo expresará así con cita de las normas legales o con la exposición jurídica que sea pertinente.
No habrá lugar a la reconsideración cuando la mencionada solicitud no esté legalmente fundada.
El Contralor se pronunciará en el plazo máximo de treinta días contados desde que recibe la solicitud del interesado; de no pronunciarse en este plazo, se entenderá que la niega.
De la decisión expresa o tácita no habrá recurso de carácter administrativo; habrá sólo el recurso de impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que podrá ser propuesta por el obligado principal o por el subsidiario, dentro del término de 30 días que se contará a partir de la terminación del tiempo señalado en el inciso anterior.
El ejercicio del derecho de reconsideración de que trata este artículo no será requisito previo para que proceda la impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a que se refiere el artículo 332 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
Notas:
- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue suprimido por las reformas constitucionales del 23 de diciembre de 1992, que crearon los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. De presentarse recurso de casación lo conocerá la Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia, en esta materia.


  • El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía el artículo 332, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría


General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
CAPITULO V
Responsabilidad Penal
Art. 38.- Acta y su contenido.- Si como resultado del estudio del movimiento financiero, hubiere lugar al establecimiento de los hechos a que se refiere el artículo 257 del Código Penal, se formulará un acta con los siguientes elementos:
1.- Encabezamiento.- Este deberá contener el título del documento (Acta de Presunción de Responsabilidad Penal), la clase de diligencia y el nombre de la entidad que se examina.
2.- Lugar y fecha de otorgamiento.
3.- Nombre y cargo del auditor actuante.
4.- Número y fecha de la orden de trabajo, período (s) cubierto y rubro (s) examinado (s).
5.- Nombres y apellidos y cargos de las personas que toman parte en la diligencia.

6.- Movimiento contable de la cuenta.
7.- Regulación o ajuste del saldo cuando corresponda.
8.- Presentación del saldo.
9.- Requerimiento, el presunto responsable del faltante, de la reposición inmediata del valor del mismo.
10.- Suscripción del acta por los intervinientes.
11.- Nombres y apellidos, cargos y firmas de las personas que han tomado parte en la diligencia. En caso de que el presunto sujeto de la responsabilidad se negare o no pudiere firmar lo harán dos testigos.
Para la formulación y tramitación del acta a que se refiere el presente artículo no se requerirá que previamente se haya presentado el informe del examen practicado.
Art. 39.- Otros casos.- Cuando los hechos a que se refiere el artículo 257 del Código Penal aparecieren con evidencia en el curso del examen, y no fuere posible llegar en corto tiempo a resultados finales de todo el movimiento financiero, o cuando no hubiere sido factible hacer el requerimiento a que se refiere el artículo 41 de este Reglamento, será suficiente un informe sobre el particular, en el que constan los hechos que dan origen al establecimiento de la responsabilidad.

Tampoco se requerirá el acta en el caso del artículo 345 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, debiendo procederse conforme a los artículos 15 y 16 de este Reglamento.



Nota.- El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC- que contenía el artículo 345, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio del 2002.
Art. 40.- Impugnación de documentos de soporte.- Aunque aparezcan sospechas de ser carentes de veracidad, no se podrán impugnar y desechar los documentos de soporte de los asientos contables sujetos a examen, a menos que sea evidente su falsedad como resultado de la aplicación de los procedimientos en los artículos 294, 369, 373 y 374 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control o de las técnicas y procedimientos de auditoría.

Cuando la falsedad sea evidente conforme el inciso anterior, se efectuarán los asientos contables del caso.


Nota.- Los Títulos VII y IX de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-,
que contenían los artículos 294, 369, 373 y 374, en su orden, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 41.- Requerimiento para cubrir al faltante.- De haber una diferencia de menos, o sea faltante de los recursos a los que se refiere el artículo 7 de este Reglamento, el servidor público que intervenga en la diligencia, antes de proceder conforme al artículo 38 requerirá al presunto responsable del faltante la reposición inmediata del valor del mismo. La reposición podrá efectuarse en dinero en efectivo, cheque certificado o depósito bancario a la orden de la cuenta respectiva, siempre que el depósito se hubiere hecho efectivo. Realizada la reposición, el servidor público que intervenga en la diligencia dejará constancia de ello en el informe.

Si no se hiciere la reposición en forma inmediata se procederá de acuerdo con los artículos 15 y 16 de este Reglamento, y la Dirección de Responsabilidades preparará la denuncia que corresponda.


En el caso de las auditorías internas, se seguirá el trámite prescrito por el artículo 278 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.

- El Título VII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía el artículo 278, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 42.- Falta de Reposición.- De no ser cubierta la diferencia de menos, el auditor actuante formulará la correspondiente acta, expresando que se realizó el requerimiento, y se procederá en la forma prevista por los artículos 278, 279 y 342 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, según sea el servidor público que intervenga en la diligencia.
Nota.- Los Títulos VII y VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía los artículos 278, 279 y 342, en su orden, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Art. 43.- Competencia del Juez.- En los casos de los artículos 278, 342 y 345 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, una vez que el asunto esté sometido a conocimiento del juez de lo penal, toda
petición o alegación que presenten los interesados a la Contraloría será remitida en copia certificada al juez que se encuentre conociendo de la causa para que resuelva lo que fuera legal.
De acuerdo con la ley, el juez de lo penal podrá ordenar cualesquiera pruebas conducentes a la verificación de la infracción y de los responsables (como prueba de peritos para la evaluación del contenido del acta), pero no podrá disponer la práctica de una nueva auditoría o examen especial por la Contraloría, pues toda decisión a este respecto compete privativamente al Contralor; de acuerdo con los artículos 303 y 306 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
Nota.- Los Títulos VII y VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenían los artículos 278, 303, 306, 342 y 345 en su orden, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Sin embargo, si la Contraloría General verificara algún error de hecho o de derecho con respecto a la presunción de la responsabilidad establecida, rectificará de oficio el error en que hubiera incurrido y hará conocer al
juez de lo penal la rectificación de que haya sido objeto el acta correspondiente. En este caso se procederá como lo dispone el artículo 35 de este Reglamento, a efecto de establecer la responsabilidad contra el servidor público que, por acción u omisión, haya inducido al error.
Art. 44.- Derogatoria.- Derógase el Reglamento de Responsabilidades, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 587 de 16 de mayo de 1978 y sus reformas publicadas con anterioridad a la expedición de este Reglamento.
Art. 45.- Vigencia.- Este Reglamento codificado entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, a 23 de agosto de 1985.
f) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Contralor General del Estado.
Promulgado en el Registro Oficial No. 258 de 27 de agosto de 1985.
FUENTES DEL PRESENTE REGLAMENTO DE RESPONSABILIDADES

1. Acuerdo No. 917 publicado en el Registro Oficial No. 258 de 27 de agosto de 1985.


2. Acuerdo No. 013-CG, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 23 de junio de 2003.

ACUERDO No. 014-CG
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE
Considerando:
Que el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, mediante Ley No. 73, que se encuentra publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio del 2002;
Que el Art. 31, numeral 32 de la citada Ley, faculta a la Contraloría General del Estado, para ejercer la acción coactiva para la recaudación de sus propios créditos, así como de las instituciones y empresas que no tienen capacidad legal para ejercer la acción coactiva, en concordancia con el Art. 57 de la misma Ley;
Que la Contraloría General del Estado se encuentra facultada para emitir títulos de crédito y recaudar, mediante el ejercicio de la acción coactiva, no sólo las obligaciones derivadas de resoluciones dictadas por el Contralor General, sino además, las obligaciones a favor de las instituciones del Estado sujetas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que no tengan capacidad legal para ejercer la coactiva;
Que mediante Acuerdo No. 022-CG publicado en el Registro Oficial No. 145 de 21 de agosto del 2000, se expidió la respectiva regulación para el ejercicio de la acción coactiva, bajo los lineamientos del Art. 36 de la Ley de Racionalización Tributaria, que reformó el Art. 337 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control;
Que la promulgación de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que derogó, entre otros, el Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, dentro del cual se encontraba el Art. 337, hace necesaria la expedición de un nuevo Acuerdo que actualice las normas regulatorias para el ejercicio de la acción coactiva por parte de la Contraloría General del Estado;
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 22 y 23 del Art. 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
ACUERDA:
EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION COACTIVA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Art. 1 Ámbito para el ejercicio de la acción coactiva.- La Contraloría General del Estado, ejercerá la acción coactiva en los siguientes ámbitos:

a) Para la recaudación de sus propios créditos;


b) Para la recaudación de las obligaciones derivadas de resoluciones ejecutoriadas expedidas por el Contralor General, por efecto de la determinación de responsabilidad civil culposa, multas y órdenes de reintegro a favor del Gobierno Central, así como de las instituciones y empresas que no tengan capacidad para ejercer la coactiva;
c) Para la recaudación de obligaciones establecidas a favor de las instituciones del Estado sujetas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que no sean del Gobierno Central y que no tengan capacidad legal para el ejercicio de la acción coactiva; y,
d) Para recaudar los daños y perjuicios establecidos en las sentencias condenatorias, de conformidad con lo dispuestos por el Art. 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Art. 2.- Titulares de la Acción Coactiva.- El Director de Recaudación y Coactivas actuará como funcionario recaudador o ejecutor, y en su ausencia, excusa o impedimento, actuará, en la provincia de Pichincha, el servidor que le sigue en jerarquía o el que el Contralor General designe por escrito.
En provincias que no sea la de Pichincha, actuará como funcionario recaudador el director regional o el delegado provincial, de acuerdo a su ámbito de competencia y, en caso de ausencia temporal, excusa o impedimento, le subrogará el servidor que le sigue en jerarquía o aquel a quien designe el Contralor General.
Si se trata de las obligaciones a las que se refieren los literales a) y b) del Art. 1 del presente Acuerdo, el director regional o el delegado provincial, fundamentarán su actuación en la orden que les remitirá mediante oficio, el Director de Recaudación y Coactivas, con la respectiva resolución o acto administrativo que corresponda, según el caso.
Art. 3.- Emisión de los títulos de crédito.- El procedimiento administrativo de ejecución de las obligaciones, iniciará con la emisión del respectivo título de crédito, que se fundamentará en la respectiva orden de cobro y en los elementos siguientes:
a) Si se trata de recaudación de créditos propios de la Contraloría General del Estado, en registros, asientos contables o resoluciones;
b) Si se trata de la recaudación de las obligaciones originadas en la determinación de responsabilidad civil culposa, multas y órdenes de reintegro a favor del Gobierno Central, o de las instituciones y empresas que no tengan capacidad para ejercer la coactiva, en las resoluciones del Contralor General o en los memorandos de la Dirección de Responsabilidades, según corresponda;
c) Si se trata de recaudación de obligaciones establecidas a favor de las instituciones del Estado sujetas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que no sean del Gobierno Central y que no tengan capacidad legal para el ejercicio de la acción coactiva, en las respectivas resoluciones, actos administrativos, providencias, autos o sentencias; y,
d) Si se trata de la recaudación de los daños y perjuicios establecidos en las sentencias condenatorias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en las respectivas sentencias y liquidaciones.
Los títulos de crédito serán emitidos por los titulares de la acción coactiva que se mencionan en el Art. 2 del presente Acuerdo.
El Director de Recaudación y Coactivas podrá emitir los títulos de crédito a nivel nacional, y enviarlos a la respectiva jurisdicción para su notificación.
Los funcionarios recaudadores de las Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales, en el plazo de treinta días contados a partir de la fecha de emisión del título, informarán detalladamente a la Dirección de Recaudación y Coactivas sobre los títulos de crédito emitidos. Además, mensualmente dichos funcionarios informarán a la Dirección de Recaudación y Coactivas, sobre el avance de los procesos administrativos de ejecución y de las acciones coactivas.
Art. 4.- Contenido del título de crédito.- El título de crédito contendrá los siguientes elementos:
a) Denominación de la Contraloría General del Estado como organismo emisor del título y de la dirección que lo expide;
b) Nombres y apellidos de la persona natural o razón social o denominación de la entidad privada o persona jurídica, que identifiquen al deudor; y, su dirección, de ser conocida;
c) Lugar y fecha de la emisión y número que le corresponda;
d) Concepto por el que se emite, con expresión de su antecedente;

e) Valor de la obligación o de la diferencia exigible, según el caso;


f) La fecha desde la cual se cobrarán los intereses, si éstos se causaren;
g) Señalamiento de la cuenta bancaria en la cual se depositará el valor de la obligación; y,
h) Firma del funcionario recaudador.
La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto del literal f), causará la nulidad del título de crédito.
Art. 5.- De la orden de cobro.- La orden de cobro constituye la disposición o el pedido impartido por un funcionario competente, constante en la respectiva resolución, providencia, auto, sentencia, oficio o memorando, de que se proceda a la emisión de un título de crédito, con el objeto de recaudar determinada obligación.
Art. 6.- Del trámite de la orden de cobro.- Las órdenes de cobro serán transmitidas por los funcionarios que se indican a continuación, a los correspondientes órganos administrativos de la Contraloría General del Estado, conforme al siguiente esquema:
a) En el caso de recaudación de créditos propios de la Contraloría General del Estado, por el Director Financiero al Director de Recaudación y Coactivas, señalando específicamente la persona natural o jurídica deudora, el monto de la obligación, la fecha desde la cual se hizo exigible la obligación, los antecedentes y el origen de la obligación y en general, todos los datos e información necesarios para la emisión del correspondiente título de crédito, de conformidad con el artículo 4 del presente Acuerdo.
b) En el caso de la recaudación de obligaciones originadas en la determinación de responsabilidad civil culposa, multas y órdenes de reintegro a favor del Gobierno Central, o de las instituciones y empresas que no tengan capacidad para ejercer la coactiva, por el Director de Responsabilidades al Director de Recaudación y Coactivas.
c) Si se trata de obligaciones establecidas a favor de las instituciones del Estado sujetas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que no sean del Gobierno Central y que no tengan capacidad legal para el ejercicio de la acción coactiva, la máxima autoridad de la respectiva institución, solicitará mediante oficio al Contralor General, que disponga la recaudación de tales obligaciones, para lo cual se adjuntará copias certificadas de la resolución o acto administrativo en los que conste la determinación de la obligación y la orden de cobro.

En provincias que no sea Pichincha, la solicitud será formulada al Director Regional o al Delegado Provincial de la Contraloría General, por la máxima autoridad de la entidad acreedora de la obligación de la respectiva jurisdicción.


El Director Regional o el Delegado Provincial, informará mensualmente a la Dirección de Recaudación y Coactivas sobre los pedidos formulados, los títulos emitidos y el estado del trámite de las acciones coactivas de ellos derivados, así como las recaudaciones alcanzadas. Al informe adjuntará copias certificadas de los títulos emitidos, liquidaciones efectuadas, y comprobantes de depósitos.
d) Si se trata de recaudación de multas impuestas por organismos judiciales o administrativos, o de daños y perjuicios establecidos en las sentencias condenatorias, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el Secretario del organismo judicial o la máxima autoridad del organismo administrativo, según corresponda, solicitará mediante oficio al Contralor General que disponga la recaudación de tales obligaciones, para lo cual enviará copias certificadas de la resolución, providencia, auto, sentencia o acto administrativo que contenga la determinación de la obligación y la orden de cobro. En los casos de sentencias condenatorias se remitirá además la liquidación respectiva.
En provincias que no sea Pichincha, la solicitud será formulada bajo los mismos parámetros referidos en el inciso segundo del literal c) del presente artículo, y se utilizará el mismo procedimiento allí establecido.
En todos los casos previstos en este artículo, los funcionarios y autoridades que soliciten la recaudación de obligaciones, especificarán los nombres y apellidos o la razón social o denominación completos del deudor, así como su domicilio, con indicación de calles, número, ciudadela y ciudad, y de ser posible, el número de cédula de ciudadanía o del registro único de contribuyentes, según el caso.
Art. 7.- Notificación con el título de crédito.- Emitido un título de crédito, será notificado al deudor o a sus herederos, concediéndoles el plazo de ocho días para el pago, a partir de la fecha de notificación.
El pago deberá ser efectuado en la cuenta bancaria que conste señalada en el respectivo título de crédito.
Art. 8.- Formas de notificación.- La notificación de los títulos de crédito se practicará:
a) En persona.- La notificación personal se hará entregando al deudor, en su domicilio o lugar de trabajo, o en el del representante legal, tratándose de personas jurídicas, una copia certificada o auténtica del título de crédito. La diligencia de notificación será suscrita por el notificador en la respectiva razón. Si el notificado se negare a firmar, lo hará por él un testigo, dejando constancia de este particular.
b) Por boleta.- Cuando no pudiere efectuarse la notificación personal, por ausencia del interesado en su domicilio o por otra causa, se practicará la diligencia por una boleta, que será dejada en ese lugar, cerciorándose el notificador de que, efectivamente, es el domicilio del notificado, en los términos que disponen los artículos 58 y 60 del Código Tributario. En cuanto a la notificación por este medio, se estará a lo que dispone en el Art. 107 del citado Código Tributario.
c) Por la prensa.- Cuando la notificación deba hacerse a los herederos o a personas cuya individualidad o residencia sean difícil de establecer, la notificación con el título de crédito se efectuará por la prensa, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación nacional, o en el del cantón o provincia más cercanos.
Las notificaciones por la prensa surtirán efecto desde el día hábil siguiente al de la publicación.
La notificación por la prensa podrá ser individual o colectiva.
d) Por casilla judicial.- Si el deudor en contra de quien se ha emitido el título de crédito, hubiere señalado casillero judicial dentro del proceso administrativo de determinación de responsabilidad administrativa o civil, o dentro del proceso de confirmación de tales responsabilidades, o al interponer recurso de revisión, o en general dentro del proceso del cual haya derivado la emisión del título de crédito, éste podrá ser notificado en el casillero judicial señalado.
e) Por correo certificado o por correo autorizado.- La notificación del título de crédito se entenderá realizada por este medio, en la fecha de la constancia de la recepción del aviso del correo certificado o del documento equivalente del correo paralelo.
Las notificaciones de los títulos de crédito a las que se refieren los literales a) y b) del presente artículo, la efectuarán los funcionarios notificadores de la Dirección de Recaudación y Coactivas o de la respectiva Dirección Regional o Delegación Provincial.
Si luego de emitido el título de crédito se estableciere que el domicilio del deudor se encuentra en otra jurisdicción, el funcionario que lo emitió enviará al titular de la acción coactiva que ejerce jurisdicción en el lugar donde tiene su domicilio el deudor, a fin de que proceda a su notificación. Una vez practicada esta diligencia, remitirá las razones correspondientes al funcionario que emitió el título para la continuación del trámite.
Art. 9.- Reclamación respecto del título.- Dentro del plazo señalado en el Art. 7 del presente Reglamento, el deudor o sus herederos podrán presentar al Contralor General del Estado reclamación, con las observaciones formales pertinentes, respecto del título de crédito con el cual han sido notificados, o respecto al derecho para su emisión; el reclamo suspenderá hasta su resolución, el proceso coactivo.
La reclamación deberá estar patrocinada por un abogado y en ella se señalará casillero judicial para futuras notificaciones.
La resolución que adopte el Contralor General del Estado no será susceptible de impugnación en la vía administrativa ni tampoco en la vía judicial, conforme lo dispone el Art. 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y deberá ser expedida dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación. Si ésta fuere presentada en provincias que no sea Pichincha, el plazo será de treinta días.
En provincias que no sea Pichincha, el reclamo también será dirigido al Contralor General del Estado, pero podrá ser presentado en la respectiva Dirección Regional o Delegación Provincial, las cuales deberán remitir el expediente y la reclamación a la matriz, a efectos de que se expida la resolución correspondiente.
Art. 10.- Facilidades de pago.- El deudor, notificado con el título de crédito, podrá solicitar a los titulares de la acción coactiva, la concesión de facilidades para el pago.
La petición del deudor será motivada, estará patrocinada por un abogado y contendrá los siguientes requisitos:
1. Nombres y apellidos completos del deudor o coactivado, o su denominación o razón social, según corresponda, con indicación del número de la cédula de ciudadanía o del registro único de contribuyentes, según se trate de persona natural o jurídica;
2. Dirección domiciliaria del deudor, con indicación de calles, número, urbanización, barrio o ciudadela y ciudad;
3. Número del título de crédito respecto del cual se solicita la concesión de facilidades de pago y su fecha de emisión.
4. Razones por las cuales el solicitante se encuentre impedido de realizar el pago de contado.
5. Cheque certificado a órdenes de la Contraloría General del Estado, por un valor equivalente al menos al 20% de la obligación constante en el título de crédito; o, formular la oferta incondicional e irrevocable de consignar o depositar ese porcentaje, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la fecha en que se comunique al solicitante la aceptación de su oferta de pago. Además, se determinará el plazo dentro del cual se cancelará el saldo, para lo cual se observarán las siguientes reglas:
a) Si la cuantía supera los diez mil dólares, el plazo para el pago será de hasta 12 meses contados a partir de la fecha en que se dicte la resolución motivada concediendo facilidades para el pago.

b) Si la cuantía supera los seis mil y es de hasta diez mil dólares, el plazo para tales efectos será de hasta 9 meses contado a partir de la misma fecha.

c) Si la cuantía supera los dos mil y es de hasta seis mil dólares, el plazo será de hasta 6 meses.

d) Si la cuantía es inferior o igual a dos mil dólares, el plazo será de hasta 3 meses.


6. Casillero judicial en el que recibirá las notificaciones que le correspondan.
El pedido de facilidades de pago lo podrá formular también el coactivazo a quien se le haya citado con el auto de pago.
Art. 11.- Trámite de la solicitud de concesión de facilidades de pago.- Los titulares de la acción coactiva, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, mediante resolución motivada, aceptarán o negarán la concesión de facilidades para el pago de la obligación. Tal concesión procederá cuando la solicitud cumpla los requisitos señalados y se haya cubierto el valor del 20% de la obligación, en cuyo caso se concederán los plazos previstos para el pago, en función de la cuantía; caso contrario se desechará la solicitud.
En ambos casos se notificará al solicitante con la resolución adoptada, la cual no será susceptible de impugnación ni recurso alguno, ni en la vía administrativa, ni en la vía judicial.
La resolución será expedida dentro del plazo de treinta días contados a partir de la presentación de la solicitud.
El pago del saldo se hará en cuotas mensuales iguales, de acuerdo a lo que determine el titular de la acción coactiva. El cálculo de dichas cuotas incluirá los intereses calculados hasta los vencimientos de aquellas, sin perjuicio de que deban ser reliquidadas en caso de que el deudor no cumpla con los pagos en las fechas de vencimiento. En todo caso se observarán las normas contenidas en el artículo 13 del presente Acuerdo.
El no pago de una o más cuotas dentro del plazo concedido, implica la terminación de la concesión de facilidades de pago, en cuyo caso la Contraloría General del Estado iniciará el proceso coactivo y exigirá la cancelación de la totalidad de la obligación, pudiendo proceder al embargo, de conformidad con lo que disponen los artículos 167 y siguientes del Código Tributario. El mismo derecho tendrá la Contraloría General en caso de que el deudor no concretare la consignación o depósito del 20% al que se refiere el numeral 5 del Art. 10 de este Acuerdo, en el plazo allí establecido.
Art. 12.- Efectos de la solicitud de facilidades de pago.- Presentada la solicitud de concesión de facilidades de pago, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución o la acción coactiva, hasta que se expida la resolución motivada del funcionario ejecutor, concediendo o no tales facilidades.
Art. 13.- Intereses de las obligaciones.- Las obligaciones contenidas en los títulos de crédito y en los autos de pago, devengarán intereses, de acuerdo con lo que dispone el Art. 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, calculados a la tasa máxima de interés convencional determinada por el organismo competente.
En todos los casos a los que se refiere el Art. 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el pago se imputará primeramente a los intereses, de conformidad con el Art. 1638 del Código Civil.
En el caso de faltantes cubiertos durante el curso de un examen especial, para efectos de la restitución se realizará una liquidación de la obligación adeudada, que incluirá los intereses calculados de conformidad con el Art. 84, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Los intereses serán calculados hasta la fecha de la recaudación de la totalidad de la obligación.
Para el cálculo de los intereses de obligaciones que no consten en títulos de crédito ni en autos de pago, y cuyos deudores deseen cancelarlas, se aplicarán las normas contenidas en el presente artículo, previa solicitud formulada por los deudores a los titulares de la acción coactiva, a la cual adjuntarán copia certificada de la resolución o acto administrativo en el que conste determinada obligación.
Para efectos de la correcta aplicación de las disposiciones del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, los funcionarios que transmitan una orden de cobro a los titulares de la acción coactiva, deberán remitir toda la información que permita emitir los títulos de crédito, con sujeción a lo establecido en el Art. 4 del presente Acuerdo. Entre la información que se remita constará la indicación específica de la fecha a partir de la cual se calcularán los intereses, de conformidad con las disposiciones del mencionado Art. 84.
DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA
Art. 14.- Ejercicio de la Acción Coactiva.- La acción coactiva se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito y la orden de cobro.
Art. 15.- De la emisión del auto de pago.- Vencido el plazo de ocho días que se señala en el Art. 7 de este Reglamento, si el deudor no hubiere satisfecho la obligación, o incumpliere los términos de la resolución en virtud de la cual se le hubiese concedido facilidades de pago, el funcionario recaudador, dictará el auto de pago ordenando que el deudor, o sus garantes, o ambos, paguen la deuda o dimitan bienes dentro del término de tres días contados desde el siguiente al de la citación con el auto de pago, apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán bienes equivalentes a la deuda, inclusive los intereses, multas, costas de recaudación y otros recargos accesorios.
El auto de pago se expedirá siempre que la deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido.
El funcionario recaudador podrá dictar las medidas precautelatorias que prevé el Art. 165 del Código Tributario.
Art. 16.- Citación con el auto de pago.- La citación con el auto de pago se efectuará de acuerdo con lo que dispone el Art. 164 del Código Tributario.
Si al ser notificado con el título de crédito, el deudor hubiere señalado casillero judicial, la citación con el auto de pago podrá efectuarse a través de dicho casillero.
Art. 17.- Solemnidades Sustanciales.- Son solemnidades sustanciales de la ejecución coactiva de la Contraloría General:
a) Legal intervención del funcionario recaudador;
b) Legitimidad de personería del coactivado;
c) Aparejar la coactiva con el título de crédito y la orden de cobro;
d) Que la obligación sea líquida, determinada y de plazo vencido; y,

e) Citación al coactivado con el auto de pago.


Art. 18.- Embargo, tercería y remate.- Para efectos de embargo, tercerías y remate, el funcionario ejecutor observará las normas contenidas en los parágrafos 2do. y 3ro. De la Sección 2da. Del Capítulo V del Título II del Libro II del Código Tributario, así como las Secciones 3era. y 4ta., del mismo Capítulo, Título y Libro.
Subsidiariamente, el funcionario ejecutor aplicará el Código de Procedimiento Civil.
Art. 19.- Excepciones.- El coactivado podrá proponer únicamente las excepciones previstas en el primer artículo innumerado, agregado a continuación del artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Si la resolución respectiva o en general el acto administrativo del cual haya derivado la emisión del título de crédito, se hubiere ejecutoriado en la Función Judicial, se exigirá que en forma previa a la presentación de las excepciones, el coactivado acredite haber efectuado la consignación a la que se refiere el artículo 1020 del Código de Procedimiento Civil.
Art. 20.- Trámite de las excepciones.- Para efectos de presentación y trámite de las excepciones que formulen los coactivados, se aplicarán el Art. 57 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, así como las normas contenidas en el Capítulo innumerado agregado a continuación del artículo 58 de las reformas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por el Decreto Supremo No. 611, publicado en el Registro Oficial No. 857 de 31 de julio de 1975.
Una vez planteadas excepciones a la acción coactiva implementada por la Contraloría General del Estado, el expediente será remitido por la Dirección de Recaudación y Coactivas a la Dirección Jurídica, a fin de que ésta se encargue de defender los intereses institucionales, con sujeción a las disposiciones constantes en el Capítulo innumerado agregado a continuación del artículo 58 de las reformas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por el Decreto Supremo No. 611, publicado en el Registro Oficial No. 857 de 31 de julio de 1975, y más normas pertinentes.
La Dirección Jurídica, a pedido de la Dirección de Recaudación y Coactivas, se encargará además de entablar y vigilar la sustanciación de los juicios de insolvencia correspondientes, en contra de los coactivados que no satisfagan totalmente sus obligaciones.
Art. 21.- Abogado director de acciones coactivas.- Al dictar el auto de pago, el titular de la acción coactiva podrá designar un abogado de la propia Contraloría General, para que sustancie la acción coactiva.
Art. 22.- Contratación de abogados directores de acciones coactivas.- Los abogados directores de las acciones coactivas, también podrán ser contratados por el Contralor General de acuerdo con las demandas y requerimientos de la acción coactiva institucional. Los juicios se les asignará en forma aleatoria y equitativa, considerando su cuantía, la ubicación de los domicilios de los coactivados y otros aspectos. El contrato definirá detalladamente las responsabilidades que adquiere el abogado director dentro de los juicios que se le encarguen y estipulará que, por cumplir servicios de naturaleza profesional a ser prestados en libre ejercicio de su profesión, no tendrá relación laboral ni dependencia de ninguna índole con la Contraloría General; en consecuencia, la Contraloría General quedará totalmente relevada de cualquier obligación patronal respecto de los profesionales contratados.
Los honorarios correspondientes a los abogados contratados como directores de los juicios derivados de los procedimientos de ejecución, serán cancelados de conformidad con lo establecido en el instructivo pertinente.

Art. 23.- Secretario de Recaudación y Coactivas.- El Contralor General asignará las funciones de Secretario de la Dirección de Recaudación y Coactivas en la provincia de Pichincha, a un funcionario que pertenezca a la Institución, sin perjuicio de que pueda designar para el ejercicio de ese cargo a otras personas.
Los Directores Regionales o Delegados Provinciales, en su calidad de funcionarios recaudadores, podrán designar Secretario de Coactivas, a funcionarios que pertenezcan a la Institución.
A falta de Secretario titular, el funcionario recaudador designará un Secretario ad-hoc, que podrá ser uno de los empleados de la Dirección de Recaudación y Coactivas o de la Dirección Regional o Delegación Provincial, según el caso.
Art. 24.- Funciones del Secretario de Recaudación y Coactivas.- Son funciones del Secretario de la Dirección de Recaudación y Coactivas, y del Secretario del Área de Coactivas de las direcciones regionales y delegaciones provinciales, las siguientes:
a) Notificar y citar con los títulos de crédito y autos de pago respectivamente;
b) Llevar los procesos administrativos y judiciales, debidamente foliados y numerados;
c) Certificar sobre los documentos que reposen en los procesos coactivos;
d) Cancelar los títulos de crédito, cuando las obligaciones han sido satisfechas en su totalidad;
e) Cursar oficios de mero trámite, respecto a los autos o resoluciones que se adopten dentro de los procesos coactivos;
f) Notificar a los interesados, con las providencias que se emitan en los juicios coactivos; y,
g) Las demás diligencias que sean necesarias practicar dentro de los procesos de ejecución y que le encargue el funcionario recaudador.
Art. 25.- Alguacil y depositario.- El Contralor General designará alguacil y depositario de la Dirección de Recaudación y Coactivas. En las Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales, los designarán los titulares de la acción coactiva, de entre los funcionarios que prestan servicios en la respectiva Dirección Regional o Delegación Provincial.
El alguacil y el depositario judicial percibirán las remuneraciones que consten en el distributivo de sueldos de la Contraloría General y deberán rendir caución de la clase y por el monto establecido en el Reglamento de Cauciones.
En el caso de que no existieren funcionarios que puedan ser designados para estos cargos en las Direcciones Regionales o Delegaciones Provinciales, los titulares de la acción coactiva podrán designarlos, previa autorización del Contralor General, de entre personas residentes en la respectiva jurisdicción, que gocen de reconocida solvencia y honorabilidad. En este caso los honorarios serán regulados de acuerdo al Instructivo que la Contraloría General expida para el efecto.
Art. 26.- De las Costas.- Todo procedimiento de ejecución coactiva que inicien los funcionarios recaudadores, conlleva la obligación del pago de las costas de recaudación, las mismas que serán canceladas por los coactivados a partir de la emisión del auto de pago.
Los honorarios de abogados contratados, alguaciles, depositarios, notificadores, peritos, emisión de certificados, publicaciones por la prensa y otros gastos que se deriven del ejercicio de la acción coactiva, constituirán las costas judiciales, las mismas que serán liquidadas y canceladas conforme al Instructivo que se dicte para el efecto.
Art. 27.- Fondos Propios y de Terceros.- Los valores recaudados se depositarán en la cuenta bancaria que señale el funcionario recaudador y tendrán el tratamiento de fondos ajenos.
Art. 28.- Entrega de valores y 10% de la Contraloría General.- Una vez recaudadas las obligaciones por efectos de la acción de la Contraloría General, serán entregadas a la institución pública acreedora, de conformidad con el Instructivo de Procedimientos Administrativos, Judiciales y Contables, emitido por la Asesoría General.
Sobre el total de los valores recaudados, se aplicará y retendrá el 10% que dispone el inciso quinto del artículo 57 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en beneficio de esta Entidad de Control.
El 10% al que se refieren los incisos anteriores y las costas, se aplicarán y retendrán a favor de la Contraloría General, tanto cuando se trate del Gobierno Central, como también en el caso de instituciones, entidades y organismos que no tienen facultad coactiva.
La totalidad de las costas quedarán retenidas a favor de la Contraloría General.

Art. 29.- Apoyo para el ejercicio de la acción coactiva.- Los funcionarios titulares de la acción coactiva, podrán solicitar la colaboración de las autoridades civiles, militares y policiales, para la recaudación y ejecución de las obligaciones objeto de dicha acción. Tales autoridades estarán obligadas a prestar la colaboración requerida.
Art. 30.- Arreglo de Procesos.- Los titulares de la acción coactiva cuidarán que el Secretario observe en los procesos, las normas del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones Judiciales, expedido por la Corte Suprema de Justicia, en cuanto fuere aplicable.
Art. 31.- De la baja de títulos de crédito.- La baja de títulos de crédito a la que se refiere el numeral 33 del Art. 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, será declarada por el titular de la Acción coactiva que los hubiere emitido, siempre y cuando se demuestre que se hubieren hecho incobrables y que su cuantía, incluidos los intereses, no supera los cuarenta dólares.
La declaratoria de baja de los títulos de crédito se hará mediante una resolución motivada, a la que se agregará una certificación del Área o Sección de Contabilidad o del Contador, que acredite que la cuantía del título de crédito, incluidos los intereses, no supera los cuarenta dólares. Además, para la expedición de la resolución, el titular de la acción coactiva deberá contar con un informe legal emitido por un abogado de la respectiva Dirección, que demuestre que el título es incobrable.
Art. 32.- Derogatoria.- Derógase el Acuerdo No. 024-CG, publicado en el Registro Oficial No. 145 de 21 de agosto del 2000, y las demás disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.
Art. 33.- Vigencia.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Despacho del Contralor General del Estado, Subrogante en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de junio de 2003.
Comuníquese:
f) Dr. Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado, Subrogante.
Dictó y firmó el Acuerdo que antecede, el señor doctor don Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado, Subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil tres.- Certifico.
f) Dr. César Mejía Freire, Secretario General de la Contraloría, Encargado.
Promulgado en el Registro Oficial No. 117 del 3 de julio de 2003.

ACUERDO No. 015-CG
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE
Considerando:
Que mediante Ley 2002-73, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio del año 2002, se expidió la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;
Que el numeral 11 del artículo 31 de dicha Ley dispone que la Contraloría registrará las cauciones rendidas por los servidores públicos a favor de las respectivas instituciones del Estado;
Que los artículos 211 de la Constitución Política de la República, 31 numeral 22 y 95 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, disponen que la Contraloría dictará regulaciones de carácter general para el cumplimiento de sus funciones; y,
Que es necesario actualizar la normativa inherente a las cauciones para el desempeño de cargos públicos.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

ACUERDA:

EXPEDIR EL SIGUIENTE

REGLAMENTO PARA REGISTRO

Y CONTROL DE CAUCIONES



CAPITULO I



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