Normas básicas complementarias



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Regla 3.- En relación con los exámenes especiales a los informes de auditoria interna, de que trata el artículo 277 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC), se tendrá en cuenta que el referido artículo fue derogado por el numeral 1 del artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y que,

por tanto, no es aplicable para los exámenes correspondientes a ejercicios anteriores al 12 de junio de 2002, aunque su emisión y aprobación se produzca con posterioridad a dicha fecha.


Regla 4.- En la determinación de responsabilidades civiles culposas, lo fundamental será identificar y evidenciar la fecha en que se produjeron las acciones u omisiones culposas sin que, sea relevante la fecha de la orden de trabajo.
Esta regla básica se aplicará para los informes que correspondan a ejercicios anteriores al 12 de junio de 2002 y para los informes relativos a ejercicios posteriores a dicha fecha.
Regla 5.- En todos los casos de responsabilidades civiles culposas se tendrá en cuenta y cumplirá lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Regla 6.- La Contraloría General, en relación con los informes de las auditorias internas, que contengan responsabilidades, cumplirán lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Regla 7.- Los informes de las auditorias internas no necesitan de la aprobación de la máxima autoridad de

la entidad examinada ni de la aprobación de la Contraloría General, pero en la tramitación de dichos informes se cumplirán las normas de la ley, las del presente reglamento, y las normas nacionales e internacionales de auditoria interna.


Nota: Regla 7 derogada por el artículo 15 del Acuerdo No. 018-CG, publicado en el Registro Oficial No. 142 de 7 de agosto de 2003.
Regla 8.- La Contraloría General, conforme lo previsto en el artículo 16 de su Ley Orgánica, prestará asesoría y asistencia técnica a las unidades de auditoria interna que la requieran, y orientará y coordinará la preparación de su plan anual de trabajo de acuerdo a las normas específicas que se dicten para el efecto.
Regla 9.- Las auditorias internas, en la elaboración de sus informes, respetarán las normas técnicas que la Contraloría General emita sobre la materia, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de su Ley Orgánica, y por tanto, entre otros requisitos, realizarán la conferencia final, elaborarán el memorando de antecedentes, que contenga sugerencias sobre responsabilidades, y cumplirán lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que concuerda con los artículos 24 y 25 de la misma ley.
Regla 10.- En la asesoría y asistencia técnica que la Contraloría General preste a las auditorias internas se mantendrá la debida unidad de criterio.
Regla 11.- La Contraloría General en los casos en que reciba los informes de auditoria expedidos por las auditorias internas, para fines de control de calidad, está obligada a tramitarlos, como regla general, en un plazo no mayor de 90 días y los servidores de las referidas auditorias internas y de la Contraloría General serán responsables por caducidad, prescripción y silencio administrativo en los términos previstos en los artículos 75 y 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
DISPOSICION FINAL.- El presente reglamento entrará a regir desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Despacho del Contralor General del Estado, Subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 16 de abril de 2003.
Comuníquese.
f) Dr. Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado, Subrogante.
Dictó y firmó el acuerdo que antecede el señor doctor don Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado,

Subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil tres.-


f) Dr. César Mejía Freire, Secretario General de la Contraloría, Encargado.
Promulgado en el Registro Oficial No. 70 de 28 de abril de 2003.

A


ACUERDO No. 009-CG
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE
Considerando:

Que el Art. 31 numeral 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio del 2002, dispone que es atribución de la Contraloría General del Estado llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos de todos los contratos que celebren las instituciones del sector público, a base de la solicitud y resolución emitida por la respectiva entidad contratante;


Que el artículo 55 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial No. 272 de 22 de febrero del 2001, amplia el período de inhabilidad de los contratistas que se hubieren negado a suscribir contratos adjudicados o que hubieren incumplido contratos celebrados con entidades u organismos del sector público;
Que según la norma citada, el oferente fallido y el contratista incumplido extienden su impedimento a las personas jurídicas a las que se encuentren vinculadas y estas, a su vez, a sus socios, accionistas e integrantes;
Que el Art. 76 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, que reforma el Art. 110 de la Ley de Contratación Pública, determina que la entidad contratante puede declarar la terminación unilateral y anticipada de un contrato aunque exista pendiente de resolución un reclamo judicial o administrativo;
Que el Art. 43 de la Ley General de Seguros, faculta a las empresas aseguradoras para que otorguen fianzas o garantías por cuenta de terceros a favor de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas;
Que los Arts. 71, 73 y 74 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, determinan que las garantías contempladas en esta Ley, son cauciones y que tienen la característica de incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato;
Que mediante Acuerdo No. 015-CG, publicado en el Registro Oficial No. 21 de 8 de septiembre de 1992, se expidió el "Reglamento Sustitutivo para el Registro de Contratos y su cumplimiento, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción";
En uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 211 inciso final, de la Constitución Política y 31 numeral 22, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;
ACUERDA:
EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA REGISTRO DE CONTRATISTAS INCUMPLIDOS Y ADJUDICATARIOS FALLIDOS, REGISTRO DE CONTRATOS, REGISTRO DE GARANTÍAS DE CONTRATOS Y RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN.
Art. 1.- Ambito de aplicación. Las disposiciones de este Reglamento rigen para las entidades y organismos del sector público, previstas en el artículo 118 de la Constitución Política de la República.
CAPITULO I
REGISTRO DE CONTRATOS
Art. 2.- Unidad responsable del registro. Corresponde a la Dirección de Contratación Pública de la Contraloría General, llevar el Registro de los contratos que celebran las entidades del Sector Público, cuya cuantía sea igual o mayor a la prevista para el Concurso Público de Ofertas.
Art. 3.- Objetivos.- Son objetivos del registro de contratos:
a) Disponer de información oportuna y confiable que permita

evaluar el avance de las obras contratadas;


b) Mantener y consolidar la base de datos que facilite la programación de las áreas y proyectos prioritarios a ser controlados mediante la auditoria externa, y,
c) Disponer de la información necesaria para efectos de emitir el informe del que trata el Art. 102 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.
Art. 4.- Documentos que deben registrarse. Las entidades enviarán los siguientes documentos para fines de Registro.
a) Copia certificada del contrato principal y de sus complementarios
b) Actas de recepción: parcial, provisional, definitiva o de liquidación.
c) Convenio de terminación del contrato por mutuo acuerdo; y,
d) Copias de los papeles de depósito de las contribuciones establecidas en los Arts. 110 y 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.
Las entidades enviarán las copias certificadas de los contratos dentro del

término de seis días de celebrados. Los demás documentos serán remitidos en el término de quince días contados a partir de su aprobación o depósito.


CAPÍTULO II
REGISTRO DE GARANTIAS
Art. 5.- Registro de garantías. Cada entidad u organismo del sector público mantendrá un Registro de las garantías que, de conformidad con la Codificación de la Ley de Contratación Pública, deban otorgarse para asegurar el cumplimiento de los contratos que celebren.
Las garantías otorgadas por Compañías de Seguros, que por su naturaleza no son seguros sino cauciones, tendrán el carácter de irrevocables, incondicionales y de cobro inmediato, su pago se realizará sin tardanza y sin requisitos ni plazos que dilaten su cancelación.
Art. 6.- Otras Garantías.- Para los contratos de cuantía inferior a mil salarios mínimos vitales generales, podrán admitirse como garantías, a parte de las señaladas en el Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, la fianza personal y la prenda.
Art. 7.- Garantías que deben registrarse.- Las entidades y organismos del sector público,

registrarán las garantías señaladas en la Codificación de la Ley de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y en el presente Reglamento.


Art. 8.- Renovación de garantías.- Cinco días antes del vencimiento de las garantías señaladas en la Codificación de la Ley de Contratación Pública, la entidad contratante solicitará al contratista su renovación. De no haber renovación, la entidad hará efectiva la garantía.
Art. 9.- Extinción.- La fianza y la prenda se extinguirán junto con la obligación principal.
Art. 10.- Control.- La Contraloría mantendrá, con respecto a las garantías, las facultades de control que le otorga la Ley.
CAPITULO III
REGISTRO DE CONTRATISTAS INCUMPLIDOS

Y ADJUDICATARIOS FALLIDOS
Art. 11.- Del Registro.- Es facultad privativa de la Contraloría General del Estado mantener el Registro de los contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos que se encuentran inhabilitados para suscribir contratos o convenios con entidades y organismos del sector público.
La inclusión o exclusión del Registro, de los contratistas incumplidos y de los adjudicatarios fallidos, no implica pronunciamiento alguno de la Contraloría General sobre la procedencia jurídica o la legalidad de las resoluciones emitidas por las entidades u organismos que lo soliciten.
La Contraloría General remitirá mensualmente al Registro Oficial, para su publicación, la nómina de las personas naturales o jurídicas que hubieren sido inscritas en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos en el período respectivo. Igualmente, publicará la nómina de las personas naturales o jurídicas que, habiendo estado inscritas en el registro, dejen de constar en el mismo.
Art. 12.- Inclusión en el Registro.- La máxima autoridad o el funcionario autorizado de la entidad pública contratante, solicitará expresamente a la Contraloría General el registro del contratista incumplido o del adjudicatario fallido, para el efecto adjuntará copia auténtica o debidamente certificada de la resolución de la autoridad correspondiente, mediante la cual se declare la terminación unilateral y anticipada del contrato o de la que declare fallido al adjudicatario, según el caso.
Las entidades u organismos del sector público contratantes podrán declarar la terminación unilateral y anticipada de un contrato aunque exista pendiente de resolución un reclamo judicial o administrativo. En caso de dictarse sentencia judicial ejecutoriada se estará a lo que disponga dicho fallo judicial.
Para la inclusión de una compañía aseguradora en el Registro de Contratistas Incumplidos no será necesaria la resolución administrativa de la Superintendencia de Bancos, de la que trata el Art. 44 de la Ley General de Seguros, sino únicamente la resolución de la entidad beneficiaria de la garantía que declare el incumplimiento de la firma aseguradora.
Art. 13.- Extensión del impedimento.- El adjudicatario fallido o el contratista incumplido extienden su impedimento a las personas jurídicas de la misma rama de actividad a la que se encuentre vinculado como persona natural o por interposición de persona jurídica. Este impedimento afecta en la misma forma a los socios, accionistas e integrantes de las personas jurídicas declaradas adjudicatarias fallidas o contratistas incumplidas. Para el efecto, junto al pedido de inclusión, la entidad contratante remitirá a la Contraloría General la nómina correspondiente.
Las Superintendencias de Compañías, Bancos y Seguros y los Registradores

Mercantiles proporcionarán a las entidades públicas la información necesaria que haga posible la aplicación de esta disposición.


Art. 14.- Identificación.- Para incluir en el registro, la entidad pública indicará a la Contraloría General, el número de cédula de ciudadanía de las personas naturales, sea que actúen individualmente, o que participen en asociaciones, consorcios, sociedades de hecho, compañías, bajo nombres comerciales o en entes sin personería jurídica.
Respecto de las personas jurídicas, la entidad remitirá el número de expediente de las que se hallen sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, o el número de registro o de identificación otorgado por otros organismos de control o entidades que llevan registros públicos.
Art. 15.-Cobro de Garantías.- Las entidades que hubieren solicitado el registro, una vez hechas efectivas las garantías, comunicarán a la Contraloría General la fecha correspondiente, para efecto de la aplicación de los literales b), c) y d) del artículo 55 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.
Art. 16.- Término.- Las entidades remitirán las resoluciones y solicitudes para el registro de los incumplidos o de los adjudicatarios fallidos a la

Contraloría General, en el término de 5 días a contarse desde la fecha de las respectivas resoluciones.


Las entidades del Sector Público solicitarán a la Contraloría General el registro de los contratistas incumplidos o de los adjudicatarios fallidos, en relación a contratos o procesos de contratación de cualquier cuantía.
Art. 17.- Exclusión del Registro.- Los adjudicatarios fallidos y los contratistas incumplidos, luego de transcurridos tres y cuatro años, respectivamente, desde la fecha en que la entidad pública hizo efectiva la garantía de seriedad de la oferta o de fiel cumplimiento, según corresponda, serán excluidos del Registro a petición de la entidad u organismo contratante respectivo y, antes de ese plazo, cuando medie una sentencia ejecutoriada en la cual se determine que no existió tal incumplimiento, o cuando el respectivo organismo o entidad contratante hubiere revocado la declaratoria de incumplimiento, en cuyo caso la máxima autoridad o el funcionario debidamente delegado, solicitará expresamente al Contralor General la exclusión del referido registro, adjuntando copia auténtica de la correspondiente revocatoria.
La inclusión o exclusión del registro es responsabilidad única y exclusiva de la entidad u organismo público contratante que lo solicite.

La Contraloría General no podrá excluir del registro a ninguna persona o empresa por resolución propia. Los procedimientos impugnatorios y los pedidos de exclusión se realizarán en sede administrativa o judicial, al tenor de lo dispuesto en los Arts. 119 de la Constitución Política de la República y 69, 100 y siguientes del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.


Art. 18.- Otorgamiento de certificaciones.- Los certificados de cumplimiento de contratos con el Estado, tendrán una validez de sesenta días contados desde la fecha de su expedición.
Para el otorgamiento de los referidos certificados, los interesados presentarán los siguientes requisitos:
a) Las personas naturales que actúen individualmente o en cualquier forma de asociación o denominación social, la fotocopia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación, de ser el caso; y,
b) Las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, civiles o mercantiles, de cualquier especie, acreditarán su existencia legal mediante certificación auténtica o copia debidamente otorgada por el correspondiente organismo de control o por el respectivo Cónsul

Ecuatoriano, basado en el pronunciamiento de la autoridad competente del país en que tiene su domicilio principal la empresa.


En los certificados que otorgue la Contraloría, en el caso de personas naturales, constarán los nombres y apellidos y el número de cédula de ciudadanía del interesado; y, en el caso de personas jurídicas, la razón social o denominación y el número de expediente con el que la firma conste registrada en la Superintendencia de Compañías o de otros registros, según corresponda.
Los certificados serán suscritos por los funcionarios debidamente delegados por el Contralor General y reflejarán el estado o condición de la persona natural o jurídica a la fecha de su otorgamiento.
CAPITULO IV
REGIMEN DE EXCEPCIÓN
Art. 19.- Calificación.- Los casos de excepción para que personas no profesionales puedan suscribir contratos de obras públicas deberán ser calificados por la entidad pública contratante tomando en cuenta no solo la cuantía máxima declarada por el Contralor, sino el número e idoneidad del personal, el equipo que necesite para la ejecución de la obra y, principalmente, la experiencia y
preparación técnica que se requiera. Se invitará por lo menos a tres contratistas que pudieran tener interés en el contrato, entre quienes se escogerá la oferta que más convenga al interés institucional. En todo caso, se priorizará la participación profesional.
Art. 20.- Documentos habilitantes.- El contratista bajo régimen de excepción deberá acreditar documentadamente, ante la correspondiente entidad pública contratante que tiene la suficiente experiencia y conocimiento para la ejecución del objeto materia del contrato.
Los funcionarios que hubieren tramitado y celebrado el contrato serán responsables de su legal y correcta celebración y de que éste sea ejecutado con estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales y dentro de los costos y plazos previstos.
Art. 21.- Cuantía máxima.- La cuantía máxima permitida para la suscripción de contratos por régimen de excepción, será de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Art. 22.- Requisitos.- Los contratistas no profesionales presentarán los siguientes requisitos:


  1. Cédula de Ciudadanía y papeleta de votación;

b) Registro Unico de Contribuyentes, cuando proceda según la Ley;


c) Certificado de cumplimiento de contratos con el Estado, otorgado por la Contraloría General del Estado; y,
d) Garantías que aseguren el fiel cumplimiento del contrato, el anticipo y la debida ejecución de la obra, en las condiciones y montos señalados por la Ley y el presente Reglamento.
Art. 23.- Sanciones.- Cuando se comprobare el indebido fraccionamiento de la cuantía de los contratos sujetos a régimen de excepción, para eludir los procedimientos establecidos en la Codificación de la Ley de Contratación Pública, la transgresión será sancionada con la remoción del cargo de los funcionarios incursos en tal desviación, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran determinarse.
Art. 24.- Declaración de la Entidad.- La autoridad del sector público que contrate bajo régimen de excepción, está obligada a dejar constancia escrita de que en la entidad a su cargo no tienen profesionales técnicos en la materia, ni maquinaria, ni la mano de obra suficiente para ejecutar la respectiva obra. Esta declaración

constituye documento habilitante del contrato.


Art. 25.- Las dudas en la aplicación del presente Reglamento serán resueltas por el Contralor General.
Art. 26.- Derogatoria.- Derogase el Acuerdo No. 015-CG, de 27 de agosto de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 21 de 8 de septiembre de 1992; mediante el cual se expidió el Reglamento para Registros de Contratos y su cumplimiento, Registro de Garantías de Contratos y su cumplimiento, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción, y las reformas contenidas en los Acuerdos Nos. 016-CG de 21 de septiembre de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 38 de 1 de octubre de 1992; 026-CG de 10 de junio de 1993, publicado en el Registro Oficial No. 217 de 23 de junio de 1993; 008-CG de 17 de febrero de 1994, publicado en Registro Oficial Nº 388 del 28 de febrero de 1994; 015 de 22 de marzo de 1994, publicado en Registro Oficial Nº 417 de 11 de. abril de 1994; y 008-CG de 9 de marzo de 1995, publicado en el Registro Oficial No. 657 de 20 de los mismos mes y año; y, las demás disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

Art. 27.- Vigencia.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de

la fecha de su publicación en el Registro Oficial.


Dado, en el Despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 8 de mayo de 2003.

COMUNIQUESE,


f) Dr. Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado, Subrogante.


Dictó y firmó el Acuerdo que antecede, el señor doctor don Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado, Subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil tres.-
Certifico.
f) Dr. César Mejía Freire, Secretario General de la Contraloría, Encargado.
Promulgado en el Registro Oficial No. 85 de 20 de mayo de 2003.

ACUERDO No. 010-CG
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE
Considerando:
Que es necesario establecer normas en el uso del servicio de internet corporativo en la Contraloría General del Estado, aplicables a todas las unidades administrativas; y,
En ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos 211 de la Constitución Política de la República y el numeral 23 del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
ACUERDA:
EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA USO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Art. 1.- OBJETIVO.- Reglamentar el uso del servicio de Internet corporativo de la Contraloría General del Estado, así como el cumplimiento de leyes nacionales e internacionales, con la finalidad de velar por la privacidad y seguridad de las redes, sistemas, productos, servicios e informaciones transmitidas por medio del Internet.

Art. 2.- PROPÓSITO.- La Contraloría General del Estado cuenta con el servicio del Internet Corporativo, con un ancho de banda limitado, que incluye los siguientes servicios: correo electrónico y navegación. Se pretende brindar estos servicios a todas las unidades administrativas de la Contraloría General del Estado. El propósito es:
a) Fomentar el uso productivo del servicio de Internet corporativo en la Contraloría General del Estado; y,
b) Mantener un control adecuado de este servicio.
Art. 3.- Alcance.- Las normas de este reglamento se aplicarán a todas las

unidades administrativas de la Contraloría General del Estado.


Art. 4.- REGLAMENTACIÓN GENERAL
a) Utilización del servicio:
1. Todas las unidades administrativas de la Contraloría General del Estado, contarán al menos con una máquina debidamente configurada para el acceso a los servicios de Internet corporativo bajo los horarios establecidos por las autoridades de la Contraloría General del Estado.



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