Normas básicas complementarias



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(PARTE PERTINENTE)
“….. Art. Innumerado.- Declaración Juramentada de Bienes.- Todos los ciudadanos que, de conformidad con la constitución de la Convención Interamericana contra la corrupción, tengan la calidad de funcionarios públicos, además de los establecidos en el Art. 122 de la Constitución Política, y que pertenezcan a las entidades y organismos previstos en el Art. 2 de este Decreto, están obligados a efectuar su declaración patrimonial en los términos establecidos en la citada norma”.
Promulgado en el Registro Oficial No. 25 de 19 de febrero de 2003.





ACUERDO No. 024-CG
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
Considerando:
Que de conformidad con el Art. 143 de la Constitución Política de la República, Codificada, es de competencia de la Contraloría General del Estado, el control de los ingresos, administración, custodia, gasto e inversión de los recursos y bienes públicos, así como dictar regulaciones para el cumplimiento del control;
Que el numeral 8 del artículo 303 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control faculta al Contralor General del Estado, a dictar los reglamentos, políticas, manuales e instructivos que se requieran para el control de los recursos materiales y financieros de las entidades y organismos del Sector Público;
NOTA: El Título VIII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía el artículo 303, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
Que el artículo 3 de las Normas de Restricción del Gastos Público, dispone que las entidades y organismos del sector público reducirán al máximo posible los compromisos y gastos que afecten las asignaciones de egresos variables constantes en su presupuesto; y,
Nota: Las Normas de Restricción y Austeridad en el Gasto Público y su reforma, fueron derogados por el artículo final del Decreto Ejecutivo No. 44, publicado en el Registro Oficial No. 11 de 30 de enero de 2003.
Que es necesario regular el uso de servicio de telefonía móvil celular a objeto de precautelar los intereses de las entidades y organismos del Sector Público.
En uso de las facultades que le confiere la Ley,
Acuerda:
EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA EL USO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CELULAR EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMO DEL SECTOR PUBLICO
Art. 1.- AMBITO.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en todas las entidades y organismos del Sector Público a las que se refieren los artículos 72 de la Constitución Política de la República Codificada, 2 de la Ley de Presupuestos del Sector Público y 383 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
NOTA: El título X de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía el Art. 383, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1 de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.

Art. 2.- Cada Ministerio podrá contratar el servicio de telefonía móvil celular para uso exclusivo del Ministro y del Funcionario que lo reemplace, para atender asuntos inherentes al ejercicio de sus cargos.
En los demás Organismos e Instituciones que se financian total o parcialmente con asignaciones del Presupuesto General del Estado y en las Entidades adscritas y Empresas del Estado, así como en los Organismos Seccionales, solo podrán contratar el servicio de telefonía móvil celular para uso exclusivo de la máxima autoridad de la Institución.
En las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial y las entidades autónomas de control, sólo podrán disponer de este servicio para cada uno de sus dos máximas autoridades, así: el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidente y Vicepresidente del Congreso Nacional, Presidente Titular y
Subrogante de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, contralor y Subcontralor General del Estado, Procurador y Subprocurador, Superintendente de Bancos y Superintendente de Compañías.
En los organismos que se rijan por cuerpos colegiados se entenderán como máximas autoridades al Presidente del Directorio y Director Ejecutivo.

Similar disposición regirá para los demás organismos del Estado señalados en la Constitución.


“El Contralor General del Estado, en casos planamente justificados, podrá autorizar el uso del servicio a funcionarios no contemplados en el presente Reglamento”.
NOTA: Inciso agregado por el artículo 1 del Acuerdo No. 017-CG, publicado en el Registro Oficial No. 58 de 6 de mayo de 1997.
Art. 3.- Previo a la contratación del servicio de telefonía móvil celular, los funcionarios mencionados en el artículo anterior deberán analizar la conveniencia y justificar su necesidad.
Art. 4.- Los funcionarios facultados para el uso de este servicio velarán por su efectiva, eficiente y correcta utilización.

La responsabilidad en la tenencia, conservación y mantenimiento del teléfono celular corresponde a los funcionarios a quienes se les hubiere entregado para su uso, mediante la correspondiente acta de entrega recepción.


Art. 5.- La telefonía móvil celular se empleará para los fines propios del servicio público y para comunicaciones dentro del país. Las llamadas internacionales deberán ser justificadas semestralmente ante este organismo de control.
Art. 6.- Cada entidad u organismo mantendrá un registro del uso de la frecuencia, la que será cotejada con el registro automatizado de la Empresa proveedora, para su posterior control.
Art. 7.- La Contraloría General del Estado, en el ámbito de su competencia, vigilará el fiel cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.


Art. 8.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Despacho del señor Contralor, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 5 de septiembre de 1996.
Comuníquese:
f) Dr. Fernando Rosero González, Contralor General del Estado.
Dictó y firmó el Acuerdo que antecede el señor doctor don Fernando Rosero González, Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco días del mes de septiembre de 1996.
Certifico
f) Javier García Vera, Secretario General de la Contraloría.
Promulgado en el Registro Oficial No. 25 de 13 de septiembre de 1996.





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