Normas básicas complementarias



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Nota: El Título VII de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –LOAFYC-, que contenía el artículo 303, fueron derogados por el artículo 99, numeral 1, de la Ley No. 2002-73 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.
ACUERDA:
EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTROL DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL JURAMENTADA
Art. 1.- De los obligados a declarar.- Están obligados a presentar una declaración patrimonial juramentada los funcionarios de libre nombramiento y remoción; los designados para período fijo; los que manejan recursos o bienes públicos o que están funcionalmente vinculados con los mismos, como son los servidores de la Contraloría General del Estado en su totalidad, los ciudadanos elegidos por votación popular y los miembros de la fuerza pública.
Art. 2.- Presentación de la declaración.- Los servidores públicos señalados en el artículo anterior, al inicio de su gestión presentarán la declaración patrimonial juramentada.
En el caso de los miembros de la fuerza pública realizarán la declaración patrimonial juramentada a su ingreso a la institución y en forma previa a la obtención de ascensos, y a su retiro.
Durante el desempeño de las funciones o dignidades, el Contralor General podrá disponer la actualización de la declaración patrimonial juramentada.
Las personas a las que se refiere el artículo 1 de este reglamento, dentro de 60 días de finalizada su gestión, deberán presentar una declaración patrimonial juramentada debidamente notarizada en la forma prevista en el artículo 4 de este reglamento.
La falta de presentación de la declaración según lo dispuesto en este artículo, hará presumir enriquecimiento ilícito.
Art. 3.- Recepción de la declaración.- La declaración patrimonial juramentada, se realizará ante Notario Público, quién conferirá mínimo dos copias certificadas. Una de ellas se presentará en la respectiva institución y la otra en la Contraloría General en la matriz o en las Direcciones Regionales o Delegaciones Provinciales, de acuerdo con su jurisdicción.
Art. 4.- Contenido de la declaración.- La declaración patrimonial se realizará bajo juramento y contendrá claramente la siguiente información:
a) Detalle de cuentas de ahorros, cuentas corrientes en dólares americanos y en otras monedas, señalando el nombre o razón social del depositario, número de cuenta y saldo promedio a la fecha de la declaración.

b) Descripción y valor de bienes muebles, incluidas las obras de arte, colecciones, joyas y otros no específicos.


c) Detalle de las inversiones en papeles fiduciarios y en toda clase de títulos valores, con la identificación de la institución privada o pública en la cual tengan o hayan efectuado dichas inversiones, fecha de la inversión, monto invertido y el rendimiento devengado y percibido de esas inversiones.
d) Lista de créditos por cobrar con indicación de su monto y la identificación de los deudores.
e) Detalle de los bienes inmuebles de propiedad del declarante, especificando su ubicación, fecha de adquisición e inscripción en el registro de la propiedad.
f) Detalle de las obligaciones por pagar, nombre o razón social del acreedor, con sus respectivos valores.
g) El patrimonio del declarante que resulta de restar del valor total de los bienes, valores y derechos (activos) el valor total de las obligaciones (pasivos) que debe cumplir.
La información requerida, deberá corresponder tanto al patrimonio que

mantenga en el país como al del exterior.


El declarante autorizará expresamente para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias.
La declaración a que se refiere el presente Reglamento deberá incluir los bienes de propiedad exclusiva del declarante, así como también aquellos pertenecientes a la sociedad conyugal que el declarante tenga conformada, sin hacer diferencia alguna respecto de quien conste como titular de los bienes o responsable de las obligaciones.
Art. 5.- Formulario para la declaración.- La declaración juramentada será hecha mediante escritura pública que contendrá la descripción del patrimonio según el formulario anexo, que se lo considera parte del presente reglamento y se lo incorporará como documento habilitante.
Las instituciones proporcionarán al declarante un ejemplar del antes mencionado formulario, para que el declarante lo llene y lo utilice en la respectiva notaría.
Art. 6.- Indicios de testaferrismo.- Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro, el Contralor General o su Delegado podrá solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública.
Art. 7.- Registro y Control.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política y en armonía con lo previsto en el artículo 3 del presente Acuerdo, la unidad administrativa correspondiente de la Contraloría General, se encargará del registro y del examen de las declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito.
Art. 8.- Presunción de enriquecimiento ilícito.- La Contraloría General examinará las declaraciones patrimoniales presentadas. Si del examen de éstas se estableciere un incremento no justificado en el patrimonio, concederá al declarante 60 días para justificar dicho incremento; si no lo justificare, la Contraloría General presumirá enriquecimiento ilícito y comunicará el particular al Ministerio Público para el trámite procesal penal respectivo. En igual forma procederá si la persona que cesare en su cargo o función no entregare la declaración al finalizar la misma, habiendo transcurrido 60 días.
La Contraloría General, de ser necesario, solicitará a la Superintendencia de Bancos la información de las cuentas bancarias de las personas cuyas declaraciones sean sujetas a examen, así como también a cualesquier otra institución del sector público o privado que se requiera para tal propósito.
Disposición Transitoria.- Las personas designadas en el artículo 1 de este Reglamento que no hubieren hecho la declaración hasta la presente fecha, tendrán treinta días contados a partir de la promulgación de este Reglamento en el Registro Oficial, para presentar dichas declaraciones.
Artículo Final.- El presente Reglamento regirá a partir de la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.
Dado en el Despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 5 de julio de 2000.
Comuníquese:
f) Dr. Alfredo Corral Borrero, Contralor General del Estado.
Dictó y firmó el Acuerdo que antecede el señor doctor don Alfredo Corral Borrero, Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco días del mes de julio del año dos mil.-
Certifico:
f) Dr. Manuel Antonio Franco, Secretario General de la Contraloría.
Promulgado en el Registro Oficial No. 119 de 13 de julio del 2000.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
(PARTE PERTINENTE)
“…..Capítulo 2.- De la función pública.- Art. 122.- Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados para período fijo, los que manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos elegidos por votación popular, deberán presentar, al inicio de su gestión, una declaración patrimonial juramentada, que incluya activos y pasivos, y la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no hacerlo, no podrán posesionarse de sus cargos. También harán una declaración patrimonial los miembros de la fuerza pública a su ingreso a la institución, previamente a la obtención de ascensos, y a su retiro.- Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial juramentada, que incluya igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del Estado examinará las dos declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las funciones hará presumir enriquecimiento ilícito.- Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares, a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública”.
“….. Capítulo 1.- De la Contraloría General del Estado.- Art. 211.- La Contraloría General del Estado es el organismo técnico superior de control, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera dirigido y representado por el Contralor General del Estado, quien desempeñará sus funciones durante cuatro años.- Tendrá atribuciones para controlar ingresos, gastos inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. Realizará auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector público y sus servidores, y se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. Su acción se extenderá a las entidades de derecho privado, exclusivamente respecto de los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan.- La Contraloría dictará regulaciones de carácter general para el cumplimiento de sus funciones. Dará obligatoriamente asesoría, cuando se le solicite, en las materias de su competencia”.
Promulgados en el Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998.


LEY No. 2003-4
EL CONGRESO NACIONAL
Considerando:
Que es necesario regular el contenido de la declaración patrimonial juramentada
y establecer las consecuencias de su no presentación, para que la norma constitucional pueda cumplir a cabalidad su objetivo de crear un instrumento adecuado para combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito; y,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:
LEY QUE REGULA LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURAMENTADAS
Art. 1.- Obligados a declarar.- Están obligados a presentar su declaración patrimonial juramentada:
a) Los ciudadanos elegidos por votación popular;
b) Los funcionarios de libre nombramiento y remoción;
c) Los funcionarios elegidos o designados para período fijo;
d) Los miembros de la Fuerza Pública y de la Comisión de Tránsito del Guayas, a su ingreso a la institución, previamente a la obtención de ascensos y a su retiro;
e) Terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública cuando existan graves indicios de testaferrismo;
f) Los servidores públicos encargados de la recepción, control, custodia e inversión de los fondos públicos, o del manejo de bienes públicos;
g) Los integrantes de cuerpos colegiados que funcionen como órganos directivos de las instituciones del Estado;
h) Los integrantes de comités de contrataciones y otros cuerpos colegiados encargados de resolver sobre contratos a ser celebrados por las instituciones del Estado;
i) Los directivos y autoridades de los institutos de Seguridad Social;
j) Los directivos y autoridades de entidades y empresas, sometidas al régimen jurídico privados, que en cualquier porcentaje manejen participaciones o fondos públicos, cuyos capitales o bienes pertenezcan al Estado;
k) Las autoridades y directivos de las universidades, escuelas politécnicas e institutos de Educación Superior; que se financian en todo o en parte con fondos públicos;
l) Los funcionarios de cuerpos colegiados, fundaciones y corporaciones bajo cuya responsabilidad se encuentra la administración y gobierno de instituciones de derecho público y privado, con finalidad social y

pública, que se financian en todo o en parte con recursos públicos;


m) Los magistrados y jueces de la Función Judicial y del Consejo Nacional de la Judicatura;
n) Las autoridades y directivos de los organismos de control y de las instituciones que ejerzan potestades de regulación; y,
o) Los funcionarios y trabajadores de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.
Si hubiere duda sobre la obligación de presentar la declaración patrimonial juramentada por parte de algún ciudadano, ellas serán resueltas por el Contralor General del Estado.
Art. 2.- Presentación de la declaración.- Los dignatarios, funcionarios y empleados, obligados a presentar su declaración patrimonial juramentada deberán hacerlo antes de posesionarse en la función o cargo para el que han sido designados, la inobservancia a esta disposición acarreará la anulación inmediata del nombramiento y el cese definitivo de funciones del obligado, además de la remoción de la autoridad que infringiere esta disposición.
La nueva declaración deberá hacerse durante los veinte días hábiles siguientes a la finalización de la función o dignidad desempeñada.
Los miembros de la fuerza pública harán su declaración patrimonial juramentada, a su ingreso a la institución Policial, Militar o de la Comisión de Tránsito del Guayas, previo a la obtención de ascensos y, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su retiro.
La Contraloría General del Estado podrá requerir de terceras personas la respectiva declaración cuando existan graves presunciones de testaferrismo.
La falta de declaración patrimonial al finalizar la gestión pública del obligado dará lugar a que el Contralor General del Estado inicie un examen especial de conformidad con el artículo 5 de esta ley.
Art. 3.- Contenido de la declaración.- La declaración patrimonial juramentada se hará a través de escritura pública y contendrá información completa sobre el patrimonio, los activos y pasivos del declarante, en el país como el extranjero. Incluirá, especialmente:
a) El detalle de todas las cuentas y cualquier tipo de depósitos en bancos nacionales o extranjeros, en cualquier moneda, con indicación del nombre, razón social del depositario, el número de la cuenta y su saldo a la fecha de apertura de la cuenta y de la declaración;
b) El detalle, la descripción y el valor comercial de los bienes inmuebles,
de acuerdo al avalúo municipal, haciendo constar su ubicación, fecha de adquisición e inscripción en el Registro de la Propiedad;
c) El detalle, descripción y el valor de los bienes muebles, especialmente si éstos son vehículos, maquinaria, equipos, se indicará la marca, modelo, número de placa según corresponda, obras de arte, colecciones, joyas y similares;
d) El detalle de las inversiones en papeles fiduciarios y el detalle de cualquier clase de títulos valores, con la identificación de la institución privada o pública en la cual tengan o hayan efectuado dichas inversiones, fecha de la inversión, monto invertido y el rendimiento devengado y percibido por esas inversiones;
e) El detalle de las acciones y participaciones en compañías de cualquier tipo;
f) La lista de los créditos por cobrar, con indicación de su monto, la identificación de los deudores y de las garantías otorgadas a favor suyo;
g) La lista de las obligaciones por pagar, con el nombre o razón social del acreedor, los respectivos valores y garantías de cada obligación, de haberlas;

h) El detalle de tarjetas de crédito, incluirá número de tarjeta, fecha de expedición, valor máximo de crédito otorgado; e,


i) Para establecer el valor de sus bienes muebles e inmuebles, de sus activos, de sus derechos, acciones o participaciones y en general de los que forma parte de su patrimonio, el declarante podrá hacer la valoración económica teniendo como referencia los valores comerciales de mercado.
En la declaración, el declarante autorizará expresamente para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias.
La declaración deberá incluir tanto los bienes de propiedad exclusiva del declarante, de los pertenecientes a la sociedad conyugal, sociedad de hecho; y, los de propiedad de los hijos menores de edad.
Si las declaraciones patrimoniales juramentadas no contienen toda la información prevista en este artículo, se concederá un lazo de quince días a efecto de subsanar el error u omisión.
Art. 4.- Recepción por Contraloría General.- Copias certificadas de las declaraciones patrimoniales juramentadas a las que se refiere esta Ley serán entregadas por el obligado declarante, a la institución nominadora, a la matriz de la Contraloría General del
Estado, o las direcciones regionales, o delegaciones provinciales de la jurisdicción en donde ejercerá funciones el declarante, dentro de los diez días hábiles siguientes a su otorgamiento.
Art. 5.- Examen de las declaraciones.- Cuando la Contraloría General del Estado examine las declaraciones patrimoniales juramentadas que le hubieren presentado los obligados por ley que han terminado sus funciones, procederá a comparar las dos declaraciones juramentadas por el servidor, tanto al iniciar sus funciones como al concluirlas y únicamente de encontrar diferencias evidentes que hicieren presumir un incremento patrimonial no justificado, la Contraloría comunicará al declarante el resultado de la comparación a fin de que se pronuncie en un plazo de dos meses.
Si la Contraloría resolviere que el pronunciamiento del declarante es insuficiente, o de no haberse pronunciado éste, procederá, mediante un examen especial de auditoría, a verificar el contenido de las declaraciones y emitirá la resolución que corresponda, estableciendo bajo su responsabilidad legal si hay o no indicios de responsabilidad penal.
Cuando el obligado por ley, no hubiere presentado su declaración juramentada al término de su función, la Contraloría procederá a realizar el examen especial establecido en el inciso anterior.
De existir indicios de responsabilidad penal, luego de realizados los exámenes especiales, el Contralor comunicará su resolución y los resultados del examen, junto a toda la evidencia acumulada sobre un presunto enriquecimiento ilícito, al Ministerio Público para el ejercicio de la correspondiente acción penal.
Art. 6.- Carácter reservado del examen.- El examen al que se refiere el artículo anterior tendrá el carácter de reservado salvo, para quien esté siendo investigado y solo perderá su carácter de tal, si una vez remitido al Ministerio Público, éste iniciare la instrucción fiscal respectiva.
El directivo, dignatario, autoridad, funcionario y/o servidor público, cuyas declaraciones patrimoniales juramentadas se examinen y sus abogados patrocinadores, tendrán acceso a la documentación del examen y a sus resultados.
Art. 7.- Sigilo y reserva bancarios.- Para la realización del examen al que se refiere el artículo 5, no rigen el sigilo ni la reserva a los que se refiere el Capítulo III del Título VIII de la Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero.
Art. 8.- Presunción de enriquecimiento ilícito.- La falta de presentación de la declaración patrimonial juramentada al término de sus funciones, hará presumir enriquecimiento ilícito.
Art. 9.- Obligación de entregar información.- Durante el proceso de examen de las declaraciones patrimoniales, a que se refiere el artículo 5, el Contralor General del Estado podrá solicitar directamente que en un plazo de sesenta días le entreguen cualquier tipo de información que requiera, tanto a las instituciones del Estado, como a personas jurídicas sometidas al control de las superintendencias.
La información requerida por el Contralor General deberá entregarse obligatoriamente, bajo pena de destitución para los funcionarios públicos y de multa de mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norte América para las personas jurídicas mencionadas en el inciso anterior. La sanción que corresponda será impuesta directamente por el Contralor General del Estado; por falta de pago, se ejecutará la sanción por la vía coactiva.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los funcionarios y servidores públicos que no hayan realizado declaración patrimonial juramentada previa a la posesión de cargo o función que vienen desempeñando, deberán hacerlo dentro de los noventa días posteriores a la vigencia de esta Ley y en caso de no presentarlas se sujetarán además a las sanciones dispuestas en este cuerpo legal.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del Congreso Nacional, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil tres.


f) Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente del Congreso Nacional.
f) Jhon Argudo Pesántez, Prosecretario del Congreso Nacional.
Palacio Nacional, en Quito, a ocho de mayo de dos mil tres.
PROMULGUESE.
f) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración Pública.
Promulgada en el Registro Oficial No. 83 de 16 de mayo de 2003.

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
(PARTE PERTINENTE)
“…..Funciones y atribuciones.- Art. 31, numeral 9.- Exigir y examinar las declaraciones patrimoniales juramentadas e investigar los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito,
en armonía con lo preceptuado en el artículo 122 de la Constitución Política de la República, de acuerdo a las regulaciones que se dicten para el efecto, y notificar a los organismos electorales o a la autoridad nominadora correspondiente, los casos de incumplimiento de las normas vigentes, para que se adopten las medidas legales pertinentes, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría general del Estado en esta materia”.
Promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio del 2000.
LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA

(PARTE PERTINENTE)
“…..Capítulo II.- De los nombramientos.- Art. 11.- Declaración juramentada de bienes.- Todos los funcionarios y empleados del sector público, que determine la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional presentará en una Notaría declaración juramentada de todos los bienes patrimoniales que posean al momento de su nombramiento, debiendo remitir una copia certificada de la correspondiente escritura a la Dirección Nacional de Personal. Igual declaración deberá formularse y remitirse cuando dichos funcionarios y empleados cesen en el ejercicio de sus cargos.- Tales declaraciones no causarán ningún impuesto y se les considera de cuantía indeterminada para
efectos de la fijación de los derechos notariales”.
“…..Art. 12.- Prohibición de inscribir.- La Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional no inscribirá el nombramiento o contrato de la persona que no haya dado cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley”.
“…..Art. 61.- Salvo lo dispuesto en el Art. 112 de la Ley, la suspensión temporal, sin goce de sueldo, a los servidores de Carrera, será acordada por la Autoridad Nominadora, luego de un sumario administrativo, levantado por el Director de Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal, con notificación al afectado. El servidor sancionado perderá únicamente el sueldo básico señalado en el nombramiento”.
Promulgados en el Registro Oficial No. 574 de 26 de abril de 1978.
REGLAMENTO A LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA
(PARTE PERTINENTE)
“…..Capítulo II.- Del Ingreso.- Art. 15.- Los funcionarios y empleados que determine la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional mediante resolución en uso de la atribución del artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, deberán rendir declaración jurada de todos los bienes
patrimoniales que posean al momento de su nombramiento; esta declaración incluirá bienes muebles (inclusive acciones, participaciones, derechos, cuentas bancarias y títulos) e inmuebles y constará en escritura pública o en documento autenticado por un notario”.
“…..Art. 16.- La Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional determinará los funcionarios o empleados que deban rendir declaración jurada de todos sus bienes patrimoniales al terminar su función, declaración jurada que se extenderá en la forma señalada en el artículo anterior y se registrará en la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional. El servidor público que no cumpliere con esta obligación de presentar su declaración jurada de bienes al término de su función, quedará sujeto a lo dispuesto por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en su artículo 61”.

Promulgados en el Registro Oficial No. 162 de 10 de abril de 1985.
ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA



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