Normas básicas complementarias


Art. 6.- Bases para el cálculo.-



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Art. 6.- Bases para el cálculo.- En general, la cuantía de una caución por rendirse se obtendrá multiplicando el sueldo básico del servidor caucionado por el factor que corresponda a las funciones que va a desempeñar, según la tabla referencial del artículo precedente.
En caso de que un servidor deba cumplir una o más funciones o actividades, la cuantía corresponderá al valor de la función de más alta jerarquía constante en la tabla referencial, más un 30%.
La caución se incrementará en un 50 % cuando por la naturaleza, cuantía y liquidez de los recursos públicos que tiene a cargo el servidor, implique un mayor riesgo, o cuando maneje recursos adicionales a la función ordinaria. La procedencia y pertinencia de este incremento será determinada por la máxima autoridad de cada institución pública.

Los servidores caucionados de los cuerpos de bomberos y otros que desempeñan cargos honoríficos, rendirán una caución no menor al 10% del presupuesto anual de la institución.


Artículo 7.- Los funcionarios consulares rentados rendirán una caución básica de acuerdo con sus funciones:
Vicecónsul US $ 200

Cónsul US$ 300

Cónsul de Primera US$ 400

Cónsul General US$ 500

Cónsul General

de Primera US$ 600


El valor de la caución básica se incrementará según el monto promedio de las recaudaciones anuales de la oficina consular en la que va a ejercer su actividad el respectivo funcionario, de conformidad con la siguiente tabla:
RECAUDACION CAUCION COMPLEMENTARIA

Hasta USD 10.000.oo USD 500.oo


Desde USD 10.001.oo hasta USD 50.000.oo USD 1.500.oo
Desde USD 50.001.oo hasta USD 100.000.oo USD 3.750.oo
Desde USD 100.001.oo hasta USD 150.000.oo USD 6.250.oo
Más de USD 150.000.oo USD 7.500.oo

Las cauciones básica y complementaria se las puede rendir mediante una sola de las garantías previstas en el artículo 4 de este Reglamento.


Los funcionarios consulares ad honorem rendirán únicamente una caución de USD 700,oo
Art. 8.- Responsables de Caja Chica.- Los servidores que manejen un fondo de caja chica por un monto mayor a USD 50.oo, rendirán una caución equivalente al valor fijo del fondo.
Art. 9.- Desempeño del cargo caucionado.- Ninguna persona puede tomar posesión de un cargo sujeto a caución y menos desempeñarlo mientras no rinda la caución con arreglo a este Reglamento.
En forma previa a la posesión de un cargo sujeto a caución, el servidor designado registrará la caución correspondiente en la Contraloría General del Estado. Sin la certificación de que se ha cumplido este requisito, la autoridad nominadora no podrá posesionarlo, ni la unidad responsable del manejo de personal registrará el nombramiento o contrato. El incumplimiento de esta obligación inhabilita al servidor para el desempeño del cargo público, y debe ser removido de inmediato en caso de que se haya posesionado sin rendir la caución.
Art. 10. Unidades encargadas del control.- El registro, la aceptación o rechazo, sustitución, cancelación, ejecución, archivo de las cauciones y las demás acciones que se deriven del control de ellas, se realizará en la matriz de la Contraloría General del Estado o en sus Direcciones Regionales o Delegaciones Provinciales, según el caso, de acuerdo con su jurisdicción. Las Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales remitirán obligatoriamente a la matriz un informe mensual con el detalle de la realización de los mencionados trámites.
La unidad de la Contraloría encargada de ejercer las referidas funciones, mantendrá archivos de las distintas clases de cauciones que fueren presentadas, en forma cronológica, alfabética, numérica, territorial, por dependencias u otras que fueren convenientes o necesarias.
Art. 11.- Alcance de la caución.- En toda garantía que se rinda constará que la caución se extiende no solo a los actos del garantizado en el cumplimiento específico de su cargo, sino también al desempeño de cualesquiera otros deberes, comisiones o encargos temporales, o a los resultados de su gestión.
Art. 12.- Prohibición.- No podrán actuar como garantes o fiadores a favor de los servidores públicos obligados a rendir caución: el Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros de Estado, los jueces y ministros jueces de la Función Judicial, los miembros de la Legislatura, de los Tribunales Electorales y del Tribunal Constitucional, los servidores de la Contraloría y del Ministerio de Economía y Finanzas, los servidores de las auditorías internas, los miembros de la fuerza pública en servicio activo, los gobernadores, prefectos, alcaldes, los jefes políticos y máximas autoridades con ámbito nacional.
En el caso de que las personas señaladas en el inciso anterior, antes de encontrarse incursas en la indicada prohibición, hubieren rendido garantía a favor de un servidor público, el caucionado la sustituirá dentro del término de veinte días contados desde cuando se produjo el impedimento.
Si el servidor no cumpliere con esta obligación, el Contralor General ordenará su inmediata remoción.
Art. 13.- Control en las instituciones públicas.- La unidad encargada del control de las cauciones en cada institución debe mantener registros y archivos de los servidores caucionados y comunicar oportunamente a la Contraloría General del Estado los ingresos, salidas, cambios de funciones u otras novedades en relación con tales servidores.
Art. 14.- Incapacidades.- La autoridad nominadora cuidará especialmente que el servidor nombrado o por ser nombrado para un cargo caucionado, no se halle incapacitado para el desempeño de una función pública por haber sido declarado culpable mediante sentencia ejecutoriada por las infracciones puntualizadas en el artículo 257 del Código Penal y los artículos agregados a continuación de este. Si el servidor caucionado estuviere incurso en tal incapacidad, será removido inmediatamente del cargo.
Art. 15.- Vigencia de las cauciones y remoción.- Las instituciones públicas tienen la obligación de vigilar que las garantías otorgadas por los servidores caucionados, de acuerdo con la naturaleza de éstas, se mantengan en vigencia. La renovación de las cauciones se efectuará con treinta días de anticipación a su vencimiento.
La autoridad nominadora exigirá por escrito la inmediata presentación de la caución correspondiente al servidor que, estando obligado a rendirla, ampliarla o sustituirla, desempeñe un cargo sin cumplir esta obligación. Si en el término de veinte días no se atiende esa exigencia, la máxima autoridad comunicará sobre ese particular al Contralor General del Estado, quien pedirá la remoción inmediata del servidor caucionado.
CAPITULO II
Presentación, trámite y constitución de las cauciones

Art. 16.- Presentación de garantías.- Los servidores obligados a rendir caución, antes de posesionarse, presentarán en las respectivas dependencias de la Contraloría General del Estado una de las garantías previstas en el artículo 4 de este Reglamento, para su aceptación y registro.
Ninguna garantía será registrada si no contempla expresamente que responderá por los actos del caucionado durante el período que garantiza, y además que el garante se obliga a responder por tales actos hasta un año después.
Art. 17.- Depósito de dinero.- Los depósitos de dinero se harán en dólares, en un banco legalmente establecido en el país, con la indicación de que el depósito se lo efectúa a órdenes de la entidad nominadora.
Aceptada esta clase de caución por la entidad respectiva, el comprobante de depósito bancario por el valor correspondiente se presentará para registro en la Contraloría General, la cual extenderá una certificación.
Los intereses que produzcan estos depósitos pertenecerán al caucionado. El valor de la caución más los intereses, en caso de haberlos, será devuelto por la autoridad nominadora después del cese de funciones del servidor, previo el pronunciamiento de la Contraloría General del Estado en el sentido de que no hay responsabilidades ni observaciones a la gestión del caucionado.
Art. 18.- Cauciones hipotecarias.- Las cauciones hipotecarias se constituirán sobre inmuebles que tengan un valor comercial de catastro equivalente al 166%, cuando menos, respecto del fijado para la caución, sin que para computar este valor se tomen en cuenta los frutos pendientes, semovientes ni los bienes muebles.
De no llegar a este valor y si hubieren construcciones nuevas o mejoras, o los inmuebles tuvieren un valor real mayor que el que conste en el catastro respectivo, se aceptará como prueba supletoria el avalúo practicado por un perito profesional designado por la entidad nominadora.
No se aceptarán cauciones hipotecarias:


  1. Sobre bienes inmuebles adquiridos o viviendas construidas con préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas, mientras subsistan los gravámenes a favor de tales instituciones;




  1. Sobre inmuebles constituidos en patrimonio familiar;




  1. Sobre derechos y acciones hereditarios;




  1. Sobre inmuebles gravados con primera hipoteca o cuyo derecho de dominio se halle limitado por fideicomiso, usufructo o derecho de uso o habitación.

Para la aceptación de las cauciones hipotecarias, los interesados presentarán certificados actualizados de avalúo catastral y de gravámenes con historial de quince años, otorgados por los funcionarios competentes del cantón donde estuviere ubicado el inmueble.


La copia certificada de la escritura pública de constitución de la caución debidamente inscrita, se registrará en la correspondiente unidad de la Contraloría General del Estado.
Art. 19.- Fianzas personales.- Las cauciones personales serán constituidas por escrito, con reconocimiento de firma y rúbrica ante un juez competente o notario, por dos o más personas de reconocida solvencia moral y económica, quienes se obligarán solidariamente con el caucionado para responder por el monto de la caución.
Los fiadores serán propietarios de bienes raíces suficientes que cubran el valor de la caución y señalarán domicilio dentro del área de competencia de la respectiva Corte Superior del distrito donde el caucionado desempeñe sus funciones.
La solvencia de los fiadores se calificará, principalmente, a base de la presentación de certificados expedidos por el registrador de la propiedad que acrediten el dominio de los bienes, así como el certificado del tesorero municipal que demuestre el avalúo y que los fiadores no adeuden a la municipalidad respectiva.
En toda fianza personal se hará constar expresamente que los fiadores responderán con sus bienes por el fiel cumplimiento de los deberes específicos del caucionado y de otros deberes y comisiones que le sean confiados por razón del cargo, así como por el resultado de su gestión.
Las fianzas personales constituidas de acuerdo con las normas anteriores se presentarán para registro en la Contraloría General del Estado.
Art. 20.- Garantías Bancarias.- Las garantías bancarias serán otorgadas por un banco legalmente establecido en el país a la orden de la entidad nominadora, y deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.
Art. 21.- Pólizas de Seguro.- Cada institución pública podrá contratar pólizas de seguro de fidelidad que cubran las cauciones que deben rendir sus servidores, en los casos y cuantías determinadas por este Reglamento. Dichas pólizas para cauciones pueden ser individuales, colectivas y tipo blanket o abiertas, emitidas por compañías de seguros nacionales o mixtas que no consten inscritas en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, a la orden de la entidad nominadora, y aceptadas por la Contraloría General del Estado.
Las pólizas de seguro serán incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, y contendrán indispensablemente cláusulas especiales que se refieran a la obligación de las compañías aseguradoras de cubrir el seguro hasta un año después del cese de funciones del caucionado. Dichas compañías comunicarán a la Contraloría General y a la institución asegurada, con treinta días de anticipación, el vencimiento del contrato de seguro.
Para la contratación de pólizas de seguro de fidelidad por parte de las instituciones públicas, se observará el procedimiento previsto en el artículo 74 de la Ley General de Seguros.
Las pólizas de seguro de fidelidad individuales o colectivas, además de la identificación de la institución pública asegurada, contendrán el detalle con los nombres y apellidos, cargo, número de la cédula de ciudadanía, sueldo básico, factor aplicado y monto individual de la caución de cada uno de los servidores caucionados.
Las pólizas de seguro de fidelidad tipo blanket o abiertas, cubrirán a todo el grupo de servidores obligados a rendir caución por un monto único, ya sea individual o colusorio, sin detallar los sueldos básicos, factores ni valores de las cauciones de cada uno de ellos. La respectiva institución pública establecerá dicho monto único en función del índice de siniestralidad de los cinco últimos años, y exigirá que la póliza incluya una cláusula especial de restitución automática de valor asegurado.
Art. 22.- Casos de nueva caución o ampliación.- Cuando a un servidor caucionado se le extendiere un nuevo nombramiento o se le modificaren los factores señalados en el artículo 5, la autoridad nominadora exigirá que en el plazo de treinta días se actualice o amplíe la caución rendida. Dicho plazo será de sesenta días para los funcionarios consulares. La nueva caución se registrará en la Contraloría General del Estado.
Si no se actualizare o ampliare la caución, el servidor no podrá continuar en el desempeño del cargo ni entrar en posesión del nuevo, según sea el caso.
Art. 23.- Subrogación.- Si por disposición de ley un servidor caucionado tiene subrogante, podrá expresarse en el instrumento de caución que la garantía se extiende también a los actos de quien le subroga.
Si no lo tuviere o si la caución no contemplare esta estipulación especial, el subrogante rendirá una caución por separado, de acuerdo con el presente Reglamento, con el fin de que pueda ejercer el cargo que subroga.
Art. 24.- Vacancia del cargo caucionado.- Cuando por cualquier causa quedare vacante un cargo caucionado, la autoridad nominadora deberá encargar a un servidor caucionado de la misma institución, las funciones y la custodia de los fondos, valores o bienes. El servidor encargado rendirá la respectiva caución en forma previa a asumir el encargo y durará en el desempeño de sus funciones hasta que sea posesionado el titular, sin perjuicio de rendir cuenta de su gestión y responder por los recursos públicos a su cargo.
Art. 25.- Subalternos.- En el caso de subalternos que desempeñen actividades de carácter puramente material o manual como preparación de cheques para la firma, o fueren encargados de cuidar especies o materiales, será la máxima autoridad quien decida si ellos deben o no rendir caución, considerando la cuantía de los recursos públicos que manejen y la naturaleza y liquidez de esos recursos.
Art. 26.- Certificado de registro.- Cada vez que se registre, sustituya, renueve o amplíe una caución, se emitirá un certificado de registro.
Art. 27.- Sustitución de fianzas.- En el caso de que el caucionado o su garante deseen sustituir una caución con otra de las garantías previstas en el artículo 4, deberán solicitarlo por escrito al Contralor General del Estado.
Aceptada la sustitución, el interesado dispondrá del término de veinte días para rendir la nueva caución. Una vez registrada la nueva garantía se autorizará la cancelación de la anterior.
En todos los casos de sustitución de caución se cumplirán los requisitos exigidos en este Reglamento para su constitución.
CAPÍTULO II
Cancelación y ejecución de las cauciones

Art. 28.- Cancelación de fianzas.- A petición escrita del interesado, el Contralor General del Estado podrá disponer la cancelación de las cauciones después de haberse practicado el correspondiente examen especial, auditoría o entrega-recepción de cuyos resultados no aparezcan observaciones, o cuando se pruebe que de haberse formulado cargos, se los ha desvanecido o satisfecho.
Si a la fecha de recepción de la solicitud de levantamiento de la caución no se ha efectuado el acto de control respectivo, se podrá cancelar la garantía siempre y cuando se presente un informe de la respectiva institución pública del cual se desprenda que no hay observaciones a la gestión del servidor. Para todo trámite de cancelación de cauciones se obtendrán, de las unidades administrativas correspondientes, informes sobre juicios o trámites procedimentales por determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.
Art. 29.- Responsabilidades.- El levantamiento de la caución no impedirá el establecimiento de responsabilidades en contra del servidor, si hay lugar a ellas, según los resultados de los exámenes o auditorías realizados con posterioridad a la cancelación de la garantía.
Art. 30.- Ejecución de las cauciones.- Cuando un servidor caucionado cometa un acto de infidelidad, la institución pública ejecutará la caución rendida de acuerdo con las siguientes normas:
1. En el caso de cauciones que se hayan constituido mediante pólizas de seguro de fidelidad, la máxima autoridad de la institución perjudicada solicitará por escrito a la compañía aseguradora que haga efectiva la caución incondicional, irrevocable y de cobro inmediato que otorgó en favor de la entidad asegurada, adjuntando la documentación probatoria pertinente. Para la reclamación se observará lo previsto en las condiciones generales y particulares de la póliza y lo previsto en la Ley General de Seguros.
2. Si la caución se constituyó mediante garantía bancaria incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, el reclamo lo efectuará la máxima autoridad al banco que la otorgó, adjuntando la documentación probatoria del perjuicio.
3. Si la caución se constituyó mediante depósito de dinero, la entidad asegurada hará efectiva la caución hasta el monto del perjuicio más los respectivos intereses.
4. Para la ejecución de las cauciones constituidas mediante hipoteca o fianza personal, la máxima autoridad de la entidad comunicará a los garantes hipotecarios o a los fiadores personales, según el caso, para que de inmediato cubran el perjuicio ocasionado por el servidor caucionado. De no hacerlo en el término de 30 días, se procederá a ejecutar las garantías por la vía ejecutiva.
5. En todos los casos, el reclamo se hará por el valor del perjuicio más los intereses calculados desde la fecha del ilícito hasta la fecha de ejecución, y se enviará una copia de la reclamación a la Contraloría General para fines de seguimiento y control.
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 31.- Responsables del Control de Cauciones.- Las unidades de recursos humanos o sus similares, de las entidades del sector público, serán responsables por la actualización, control y manejo de las cauciones.
Art. 32.- Pago de Primas de Seguros.- La máxima autoridad de cada institución decidirá si contribuye con un porcentaje para el pago de la prima de seguros, de contar con el presupuesto para el efecto, o si los servidores obligados a rendir caución deben cubrirla en su totalidad. En ningún caso la institución pública aportará con más del 60% de las primas de seguros.
Art. 33.- Las Direcciones de Auditoría, Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales, controlarán e incluirán en el Plan Anual de Control la verificación del cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.
Art. 34.- Trámite de Cobro.- En el caso de responsabilidades civiles firmes y ejecutoriadas, determinadas en contra de funcionarios caucionados, el trámite de cobro podrá efectuarse mediante la ejecución de las correspondientes garantías rendidas por el funcionario responsable.
Art. 35.- Dudas.- El Contralor General resolverá las dudas que se presenten sobre la aplicación de este Reglamento.
Art. 36.- Derogatoria.- Deróganse el Reglamento de Cauciones para el desempeño de cargos públicos expedido mediante Acuerdo No. 023-CG publicado en el Registro Oficial No. 211 de 15 de junio de 1993, y las demás disposiciones que se opongan a este Reglamento.

DISPOSICION TRANSITORIA.- Las cauciones que rijan a la fecha en que entre en vigencia este Reglamento continuarán con los mismos montos hasta ser renovadas o sustituidas, de acuerdo con los nuevos factores y con sujeción a las disposiciones que contempla este cuerpo normativo.


DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Despacho del Contralor General del Estado, en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 25 de junio de 2003.
Comuníquese,
f) Dr. Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado, Subrogante.
Dictó y firmó el Acuerdo que antecede, el señor doctor don Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado, Subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil tres.- Certifico.
f) Dr. César Mejía Freire, Secretario General de la Contraloría, Encargado.
Promulgado en el Registro Oficial No. 120 de 8 de julio de 2003.


NORMAS COMPLEMENTARIAS



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
(PARTE PERTINENTE)

“….. De los Organismos de Control.- Capítulo 1.- De la Contraloría General del Estado.- Art. 211.- La Contraloría General del Estado es el organismo técnico superior de control, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por el Contralor General del Estado, quien desempeñará sus funciones durante cuatro años.- Tendrá atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. Realizará auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector público y sus servidores, y se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. Su acción se extenderá a las entidades de derecho privado, exclusivamente respecto de los



bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan.- La Contraloría dictará regulaciones de carácter general para el cumplimiento de sus funciones. Dará obligatoriamente asesoría, cuando se le solicite, en las materias de su competencia”.
Promulgada en el Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998.

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
(PARTE PERTINENTE)
“…..Funciones y atribuciones.- Art. 31, numeral 11.- Registrar las cauciones rendidas por los servidores públicos a favor de las respectivas instituciones del Estado”.
“….. Art. 31, numeral 22.- Dictar regulaciones de carácter general para la práctica de la auditoría gubernamental; la determinación de las responsabilidades de que trata esta Ley; el control de la administración de bienes del sector público; y, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones”.
“….. Art. 95.- Emisión de regulaciones.- La Contraloría General del Estado expedirá las regulaciones de carácter general, los reglamentos y las normas internas necesarias para el cumplimiento de sus funciones”.
Promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002.

LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA
(PARTE PERTINENTE)
“….. Art. 21.- Prohibiciones de prestar caución.- No podrán dar caución a favor de los funcionarios o empleados que estén obligados a presentar cuentas o estados financieros: El Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros de Estado, los jueces y ministros de los tribunales, los miembros del Congreso, los funcionarios o los empleados de hacienda o de la Contraloría, los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo ni los gobernadores de provincia”.
Promulgada en el Registro Oficial No. 574 de 26 de abril de 1978.
REGLAMENTO A LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA
(PARTE PERTINENTE)
“….. Capítulo II.- Del Ingreso.- Art. 12, literal g).- Certificado de haber rendido caución, conferido por la Contraloría General del Estado, en los casos exigidos por la Ley”.
“….. Título VI.- De la Cesación definitiva de funciones.- Art. 130.- Los servidores públicos caucionados no podrán abandonar el puesto de trabajo hasta que su renuncia haya sido expresamente aceptada. Si lo hicieren se considerará abandono injustificado del puesto”.
Promulgado en el Registro Oficial No. 162 de 10 de abril de 1985.
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
(PARTE PERTINENTE)
“….. Disposiciones del Presupuesto General del Estado 2003, Numeral 24.- Pago de Honorarios.- El pago de honorarios con cargo al Presupuesto General del Estado se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Los servidores públicos caucionados que deban permanecer en sus funciones con posterioridad a la fecha de cesación de sus cargos, tendrán derecho a percibir honorarios en un monto equivalente a la última remuneración mensual, por un período no mayor a noventa días”.
Promulgado en el Registro Oficial No. 5, Edición Especial, de 10 de abril de 2003.

REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO
(PARTE PERTINENTE)
“….. “Art. 2.- Cuidado de los bienes.- Es obligación de la máxima autoridad, velar por la conservación y correcto uso de los bienes de dominio público o privado, que han sido adquiridos o asignados para el uso, cuidado o administración del respectivo organismo o entidad, de acuerdo con el presente Reglamento y las demás disposiciones que dicten la Contraloría General y el propio organismo o entidad.- La responsabilidad en la tenencia y conservación de los bienes corresponde a los servidores caucionados que designe la respectiva autoridad, y en forma inmediata y directa a los servidores a quienes se hubiere entregado los bienes para su uso; los superiores del servidor caucionado o de los usuarios deberán cuidar sobre el mantenimiento y buen uso de los bienes”.
Promulgado en el Registro Oficial No. 258 de 27 de agosto de 1985.
DECRETO LEGISLATIVO

No. 70
LA CÁMARA NACIONAL DE REPRESENTANTE
Considerando:
Que el Ecuador es asignatario de varios convenios internacionales que prescriben la caución para los bibliotecarios, basándose en el criterio técnico de instituciones especializadas en Bibliotecología;

Que la caución como medida de seguridad para proteger a las bibliotecas, limita el cumplimiento de las finalidades específicas para las que fueron creadas;


Que el Código Penal reprime con reclusión mayor ordinaria a toda persona encargada de un servicio público, que hubiere abusado de efectos mobiliarios que estuvieren en su poder en razón de su cargo, lo que constituye una medida para precautelar los bienes del Estado, más efectiva que la caución;
Que es deber de los poderes públicos, dictar las normas convenientes para eliminar los obstáculos que impiden la difusión de la cultura en el país y cumplir con los convenios internacionales; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de la República,
Decreta:
Art. 1.- Los Bibliotecarios y las personas que trabajan en bibliotecas, no rendirán ninguna clase de caución para el desempeño de su cargo.
Art. 2.- Constitúyese una Comisión integrada por tres funcionarios: dos designados por el Contralor General del Estado y uno por el Ministerio de Educación y Cultura, para que formule las normas generales de Auditoría a que se someterán los organismos del sector público para el control del material bibliográfico de cada una de sus bibliotecas.
La Asociación Ecuatoriana de Bibliotecarios designará una persona de su seno para que intervenga en la Comisión antes indicada, con voz informativa.
Nota: Según la actual organización ministerial establecida en el artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial No. 68 de 24 de abril de 2003, que reforma el citado artículo 16, el Ministerio de Educación y Cultura, es actualmente “Ministerio de Educación y Culturas”.
Art. 3.- En base de las normas generales de Auditoría que formule la Comisión creada por este Decreto, cada institución del sector público, elaborará un reglamento interno para su aplicación, el que será sometido a la aprobación de dicha Comisión.
Art. 4.- Los bibliotecarios, en los casos en que se les comprobare dolo o negligencia manifiesta en las pérdidas que sufriere la Biblioteca confiada a su custodia, serán sancionados de conformidad con el Art. 257 del Código Penal vigente.
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas, a los veinte y cuatro días del mes de junio de mil novecientos ochenta y uno.


f) Ing. Raúl Baca Carbo, Presidente de la H. Cámara Nacional de Representantes.
f) Dr. Vicente Vanegas López, Secretario de la H. Cámara Nacional de Representantes.
Palacio Nacional, en Quito, a tres de julio de mil novecientos ochenta y uno.
Ejecútese
f) Oswaldo Hurtado Larrea, Presidente Constitucional de la República.
Es copia.- Lo Certifico.
f) Dr. Orlando Alcívar Santos, Secretario General de la Administración Pública.
Promulgado en el Registro Oficial No. 35 de 10 de julio de 1981.
REGLAMENTO DE LAS OFICINAS CONSULARES
(PARTE PERTINENTE)
“….. Disposiciones Comunes para la Funcionarios Consulares.- Art. 5.- Los funcionarios consulares están obligados a prestar caución a favor del Fisco, para el fiel cumplimiento de los deberes que la Ley y los respectivos reglamentos les imponen, y por la cuantía que señale el Contralor General de la Nación. En caso de duda, el Contralor General determinará si se debe o no prestar caución.- La caución se extiende no sólo a los actos del garantizado en el cumplimiento de los deberes específicos de su cargo, sino también al desempeño de cualesquiera otros deberes o comisiones que le sean legalmente confiados por razón de su función”.
“….. Art. 6.- Los funcionarios consulares tienen la obligación de presentar su caución dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se haya expedido el nombramiento.- En caso de que el funcionario nombrado no residiere en el Ecuador sino en el exterior, el término para prestar la caución será de treinta días, más un tiempo prudencial según la distancia de que se trate”.
Promulgado en el Registro Oficial No. 457 de 15 de marzo de 1965.
RESOLUCIÓN S/N
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Considerando:
Que de conformidad con lo expresado en el Art. 174 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, el monto de las cauciones que deben rendir los servidores judiciales, tiene que ser fijado por la autoridad que los nombre;
Que el mandato legal antes indicado lo ratificó la Corte Suprema de Justicia, en lo referente a los Secretarios de ésta y de las Cortes Superiores, en Resolución publicada en Registro Oficial No. 699 de 2 de diciembre de 1974;
Que es necesario señalar criterios precisos y actualizados a fin de que las autoridades nominadoras fijen el monto de las respectivas cauciones, de acuerdo con la realidad geográfica y socio-económica del país y las remuneraciones de los servidores judiciales;
En uso de las facultades que le confiere el Art. 13 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Función Judicial,
Resuelve:
Art. 1.- Aprobar las cuantías de las cauciones que deben rendir los servidores judiciales que constan en el cuadro que se adjunta a esta Resolución.
Art. 2.- De la ejecución de esta Resolución encárguense las autoridades nominadoras de los servidores judiciales a que se refiere el Art. 174 de la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en Registro Oficial No. |699 de 2 de diciembre de 74.
Art. 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, en la Sala de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Promulgada en el Registro Oficial No. 640 de 23 de febrero de 1995.

CUANTÍA DE CAUCIONES PARA LA FUNCIÓN JUDICIAL

CARGO


SUELDO

Anterior

Actual


CAUCIÓN

Anterior

Nueva


FACTOR

Anterior



Nueva

SECRETARIOS:














General Corte Suprema


600.000


1.200.000


14.400.000


14.400.000


24


12


Relator Corte Suprema


450.000


650.000


10.800.000


7.800.000


24


12


Relator Corte Superior


420.000


560.000


10.080.000


6.720.000


24


12


Tribunales Penales


360.000


500.000


8.640.000


6.000.000


24


12


Juzgados


360.000


460.000


8.640.000


5.520.000


24


12


Citaciones


300.000


430.000


7.200.000


5.160.000


24


12


DIRECTORES NACIONALES:


Financiero


690.000


1.400.000


12.420.000


22.400.000


18


16


Administrativo


690.000


1.400.000


12.420.000


22.400.000


18


16


JEFES DEPARTAMENTALES:


Presupuesto


390.000


500.000


7.020.000


8.000.000


18


16


Proveeduría


390.000


500.000


7.020.000


8.000.000


18


16


Remuneraciones


270.000


500.000


4.860.000


8.000.000


18


16


Contabilidad


390.000


500.000


7.020.000


8.000.000


18


16


Pagaduría


390.000


500.000


7.020.000


12.000.000


18


24


ANALISTAS JEFES:


Presupuesto


330.000


460.000


5.940.000


6.900.000


18


15


Bodega


270.000


460.000


5.940.000


6.900.000


18


15


Pagaduría


270.000


460.000


4.860.000


6.900.000


18


15


ANALISTA 3:














Mantenimiento


270.000


390.000


5.940.000


5.400.000


18


14

ANALISTA 2:














Pagadores


270.000


350.000


8.100.000


8.400.000


30


24


Contadores


270.000


350.000


8.100.000


4.200.000


14


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