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Título de la ponencia: La corrupción en España y sus causas 1

Nombre del autor: Ibiza Melián

Institución de procedencia: Universidad Rey Juan Carlos

Dirección electrónica: ibizamelian@gmail.com

Resumen:

Con este trabajo se busca relacionar el alto grado de corrupción política en España y el sistema institucional adoptado. Amén de que hayan podido influir otro tipo de factores histórico-religiosos. Pues conforme a las tesis de Popper no debemos preguntarnos “¿quién debe gobernar?”, ya que la respuesta será inevitablemente los mejores. Lo que raramente ocurre. Por tanto, la cuestión a resolver será: “¿cómo debemos gobernar?” Investigación que resulta crucial en este momento. En un país que empieza nuevamente a polarizarse, rehén de la eterna lucha fratricida entre “las dos Españas”. Y las soluciones han de venir del mundo académico, para después difundirse y provocar el cambio. Entre las propuestas están: instaurar la figura del city-manager; la elección uninominal por circunscripción electoral o el sistema de rondas múltiples.



Palabras clave: corrupción, separación de poderes, city-manager, elección uninominal por circunscripción electoral, elección por rondas múltiples

Nota biográfica del autor: Ibiza Melián es estudiante del Master en Derecho de las Administraciones Públicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Graduada en Derecho. Concejal municipal desde el 14 de Junio del 2003 hasta mayo del 2015. Sus escritos se encuentran recopilados en su Blog Personal: http://ibizamelian.com/, donde se pueden consultar también el resto de datos biográficos.

Afirmaba Ayn Rand en su célebre novela La rebelión del Atlas”: “Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces, podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada.” (Rand, 2008: 359) ¿Está condenada España?

Queda patente si analizamos el Índice de percepción de la corrupción del 2014 la mala posición de España respecto a otros países, situándose en el puesto 37. Mientras, por ejemplo, Finlandia se ubica en el 3, Alemania en el 12 o el Reino Unido en el 14. En situación similar a la española se encuentra Portugal, que ocupa el lugar 31 e Italia y Grecia el 69 (datosmacro.com). Porque corrupción, así como asesinatos, siempre habrá, al poseer todo ser humano un lado oscuro (Almazán) que puede brotar en cualquier momento. Lo significativo pues es cuánta corrupción hay. Debiendo tratar los Estados de circunscribirla a las menores cotas posibles, distinguiéndose por tanto unos países de otros por el cómputo que albergan sus sistemas.

¿QUÉ HACE DIFERENTE AL SUR DE EUROPA?

Por qué se produce esta diferencia entre el Norte y el Sur de Europa es una cuestión a investigar. Una Europa modelada por la religión cristiana que germina en el Imperio Romano. Separándose del catolicismo el protestantismo con la eclosión de los movimientos reformadores. Dentro del primer grupo permanecerían los países del Sur: España, Portugal, Italia y Grecia, en su fórmula cristiana de Iglesia Ortodoxa.

De tal modo que, uno de los elementos primordiales para los católicos es que la interpretación de la Biblia corresponde a la Iglesia. Empero, para los protestantes la Biblia ha de ser interpretada por uno mismo, denominado como “principio de libre examen” (Fuentes). Con ello vuelven al cristianismo primigenio, más intimista y de relación directa con Dios sin necesidad de interlocutores, clérigos. Aparece pues un fuerte componente moral individual, que exige coordinar pensamientos, palabras y actos. Cuyo máximo exponente es Kant, protestante. Quien parte de la esencia del deber moral por el que cada uno nos hemos de obligar, no por presiones externas, sino por propias convicciones fundamentadas en firmes principios. Dejando a un lado la búsqueda de la utilidad o la conveniencia. Luego, en toda actuación ha de primar la moral, la libertad y la razón, derivada de las normas que nosotros nos hemos impuesto, y no por determinación de un agente exterior (Sandel, 2011: 121-160). En tanto los católicos a través de la penitencia expiaban fácilmente cualquier sentimiento de culpa por los errores cometidos. Si para los protestantes el sacerdote es uno mismo; (Negro, 2013) para los católicos los interlocutores de Dios en la Tierra, los párrocos, podían otorgar la indulgencia a sus fieles por los pecados que hubiesen cometido. Y así el católico soslayaba rápidamente cualquier remordimiento de conciencia. Y es que el catolicismo no instruía en el perfeccionamiento moral a la persona. Ya que el dogma asevera que lo escogido no es el ser, sino el pueblo que profesa la concreta doctrina. La veneración se hace a la divinidad de manera conjunta en días previamente establecidos, enfatizando lo que no se debe hacer. No se inicia al individuo en la experimentación propia, como sí se hacía en los inicios, sino en el miedo al incumplimiento, al castigo impuesto externamente (Hoeller, 1990).

Intuyéndose que los índices de perversión del sistema político son menores en aquellos países donde se practica mayoritariamente una religión intimista y no colectiva como la católica (Treisman, 2000). Y es que en ésta última se puede inferir que si nadie sabe de mi acción desviada, no recibiré la pena. En tanto el caso contrario, por ejemplo, sería Japón, cuya religión mayoritaria es el budismo. Más preocupada en el ser, que en el colectivo. Lo que provoca que el índice de percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía japonesa sea inferior al español. Tierra donde los samuráis tenían en tan alta estima su honor, que si se deshonraban sesgaban su vida mediante el “harakiri”. A causa de su incapacidad para soportar la falta de armonía entre sus convicciones y actos (Melián, 2014).

Otro fundamento, relacionado asimismo con el condicionante religioso, es que los aires de la Ilustración, que dan lugar a los primeros Estados liberales, tuvieron una diferente penetración. Cuyo precedente es la experiencia inglesa, postulados fijados en la revolución norteamericana. Circunscribiéndose la Ilustración al siglo XVIII. Corriente que implicaba dejar atrás el Antiguo Régimen, en el que el poder lo ostentaba el soberano quedando en sus manos el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No había en ningún caso igualdad ante la Ley (Turull, 2008: 65-67). Siendo una de sus notas características la concesión de privilegios, es decir, el mercantilismo. Mediante el cual los grandes comerciantes y agricultores lograban que el gobierno regulara a su favor (Rothbard, 2005: 17).

Con la Ilustración se consagra el concepto de igualdad ante la ley. Al objeto de desterrar las arbitrariedades y privilegios de la etapa precedente. Dando lugar a la redacción de novedosas Constituciones. Será la primera Constitución española, la de Cádiz, refrendada en 1812, la que se haga eco de las sucintas teorías. Mas los efímeros periodos constitucionales españoles desde ese instante, rotos por otros dictatoriales, impidieron la consolidación de la referida doctrina en España. El perpetuo antagonismo entre “las dos Españas”, la que aún se agarraba al Antiguo Régimen y la liberal, propiciará que iniciativas que se robustecían en otros Estados europeos, aquí escasamente llegasen a brotar. Manteniéndose un sistema político caciquil y oligárquico (Melián, 2011). Y que se resume en el célebre pasaje de Ortega y Gasset sobre “las dos Españas”. Una “que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida”; y otra “vital, sincera, honrada, la cual estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia” (Lain, 1980). Si bien debiéramos dirigirnos hacia la Tercera España, aquella que para Salvador de Madariaga era la de la libertad, la integración y el progreso (Melián, 2011).

El problema español lo resume perfectamente Eduardo García de Enterría, en la página 57 de su obra “La Administración española” (1961), de este modo: “la ausencia de una sociedad burguesa constituida como tal, ausencia que se prolonga por lo menos hasta la Restauración y aún en lo esencial hasta nuestros mismos días, como es obvio, privaba al país (…) de la posibilidad de una efectividad social y política de la idea liberal.” Libro donde aborda el relato histórico de la Administración Pública española, desde la recepción del modelo napoleónico francés. Sistema que subsiste hasta que la Constitución de 1978, con su Estado de Autonomías, lo ha modificado en ciertos elementos. Comenzando a ganar la batalla la descentralización sobre la centralización. Ya que como afirmara Francisco Tomás y Valiente (2011, p. 588-591): “La recepción del régimen administrativo napoleónico en España fue completa (…). Javier de Burgos (…) notable estadista, colaborador afrancesado de José Bonaparte, ministro ilustrado dotado de inteligencia y de propósitos muy claros, supo reorganizar la Administración española aunando la tradición de la más tardía Administración del Antiguo Régimen con la importación consciente de las técnicas administrativas napoleónicas. (…) lo que Burgos quiere (…) es una Administración “fuerte, vigorosa y centralizada.” (…) (decía en noviembre de 1833). (…) Bajo estos supuestos fue naciendo una Administración cada vez más centralizada y un Derecho Administrativo más preocupado por la eficacia que por el respeto al principio de legalidad, mucho más atento a la organización que a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, mucho más interesado en la creación de una Administración poderosa que en el sometimiento de la misma al Derecho.” (Tomás y Valiente, 2011: 588-591)

Otro dato a destacar que une a España, Grecia y Portugal es que sus vigentes democracias son relativamente jóvenes, al haber estado gobernadas con anterioridad por dictaduras. Pasando de la dictadura a la democracia en fechas muy similares. La historia de la actual democracia española germina con la Transición, que es el período que acontece desde el fallecimiento de Franco, el 20 de Noviembre de 1975, hasta la aprobación de la Constitución española, el 29 de Diciembre de 1978. Aunque lo más acertado sería incluir igualmente la etapa que abarca hasta 1982, donde se siguen detectando elementos similares a los anteriores (Melián, 2011).

Por su parte en Portugal la dictadura que había regido el país desde 1926, cayó el 25 de abril de 1974. Gracias al levantamiento militar que provocó la denominada Revolución de los Claveles y que derrocó al régimen de Salazar (González, 2011). Y en Grecia el 24 de julio de 1974 concluye la etapa dictatorial, calificada como Dictadura de los Coroneles, que arrancó el 21 de abril de 1967. Proclamándose la Tercera República Helénica (Vidal, 2001).

Otra diferencia entre el Norte y el Sur de Europa, eminentemente España, Portugal y Grecia, es que los partidos políticos irrumpen en estos últimos países cuando en el resto de naciones el modelo de masas ya está en retirada. Al tratarse de democracias relativamente jóvenes. Potenciando en el supuesto español formaciones muy cohesionadas y disciplinadas (Galindo et al., 2014: 47). Lo que se nota en la labor legislativa que se fusiona con la del ejecutivo al que sustenta. Donde el Presidente del Gobierno es el líder igualmente de su partido (Galindo et al., 2014: 68). El calificado como Estado de Partidos, que en teoría proscribe el mandato imperativo de los electores, pero en la práctica emana de la orden del jefe del partido, (García, 2010) sustentado en listas cerradas y bloqueadas. Primacía que confiere la Constitución española a los partidos, en su artículo 6, al definirlos como “instrumento fundamental para la participación política.” Con el fin de permitir que se consolidaran las formaciones en nuestro suelo patrio, con una UCD recién creada, o un PSOE y PCE que venía de la clandestinidad (Galindo et al., 2014: 65).

LA UTOPÍA DEL GOBIERNO DE LOS MEJORES

No siendo la corrupción un problema nuevo sino que se ha repetido a lo largo del tiempo. Llegando a clamar los regeneracionistas durante la Restauración (1874-1931) por la figura del “cirujano de hierro”. Con Joaquín Costa como máximo exponente de dicho movimiento. Declarando en su obra “Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla”: “se requiere sajar, quemar, resecar, amputar, extraer pus, transfundir sangre, injertar músculo; una verdadera política quirúrgica. (…) esa política, sin la cual la libertad podrá ser una promesa y una esperanza para mañana, para un mañana muy remoto, en manera alguna para hoy, (…); esa política quirúrgica, repito, tiene que ser cargo personal de un cirujano de hierro, que conozca bien la anatomía del pueblo español y sienta por él una compasión infinita, (…); que tenga buen pulso y un valor de héroe, y más aún que valor, lo que llamaríamos entrañas y coraje, para tener a raya a esos enjambres de malvados que viven de hacer morir a los demás; que sienta un ansia desesperada y rabiosa por tener una patria (…).

Ese gobernante, ese libertador, que ha de sacar a la nación del cautiverio en que gime (…); convertirse en alma de la nación, en fuerza de haberse compenetrado con ella, y al propio tiempo ser un brazo armado; poner en ecuación la España legal con la España real y viva, para que desaparezca esa inmensa ficción que llamamos “Estado”, y el interés de todos vuelva a anteponerse al de unos cuantos, y el gobierno “de los peores” quede sustituido por el “de los mejores”.” (Costa, 1902)

Sin duda un ideal encomiable, que irrumpe ante el hartazgo de una situación casi imposible de revertir. Mas como señala el sabio refranero popular: “El infierno está empedrado de buenas intenciones”. Pues al final lo único que trajo fueron dos dictaduras inspiradas en tan noble concepto. En el que se ampararía Miguel Primo de Rivera para auparse dictatorialmente en el poder (1923-1930) (Alfonso, 2014). Fuentes de las que bebería posteriormente Franco (Ben, 2012), para terminar imponiendo 40 años de duro invierno a las libertades.

Pero Costa lo que invocaba era el gobierno del sabio, del filósofo, influido por el mito de la Caverna de Platón. Aquel que aportaría luz a la gente que en ella habitaba (Melián, 2013). Idéntica idea albergaba Unamuno, quien se definía discípulo de Costa en diversos elementos. Aseverando: “Lo que aquí se impone es una tutela ejercida por los intelectuales, pues otra cosa sería la barbarie” (Dueñas, 1997). En definitiva, las “minorías selectas” de José Ortega y Gasset, (Cajade, 2008) que deberían sustituir a la dirección del “hombre-masa”, aquel “cuya vida carece de proyecto y va a la deriva” (Benguigui, 2012).

Y es que tanto Costa, como Unamuno, como José Ortega y Gasset mantenían un fuerte vínculo con otra gran figura española, Francisco Giner de los Ríos. Para Unamuno sería su referente intelectual, mientras que Ortega sentía por él una profunda admiración (Marichal, 1998). En tanto Costa fue fiel seguidor de las teorías de la legendaria Institución Libre de Enseñanza (ILE). Modulando su vida a partir de estos razonamientos. Llegando incluso a ser profesor de la misma (Dueñas, 1997).

Aires que conformaban el movimiento de los institucionistas, que surgió siguiendo la estela del krausismo. Escuela filosófica que influyó poderosamente en la corriente educativa y liberal de la España contemporánea. Concretamente durante el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y el inicio de la dictadura franquista. Sus orígenes se remontan a las teorías del filósofo idealista alemán, Karl Christian Friedrich Krause. De las cuales se hizo eco el jurista español Julián Sanz del Río alrededor de 1840 (Proyecto de Filosofía en español).

De igual modo, hay que destacar que aunque Francisco Giner de los Ríos no era masón, sí lo era Krause, (Álvarez, 2006: 348) en quien basaron los institucionistas sus teorías. Cuya aspiración era esculpir la esencia humana para mejorarla. Lo que en simbología masónica, recogiendo la estela de los alquimistas, es tornar la piedra bruta en el más noble metal. Labor conferida a los mejores. Elementos que aparecen, por ejemplo, en un discurso de José Ortega y Gasset publicado el 8 de Noviembre de 1931, en el Sol: “se trata de tomar a la República en la mano para que sirva de cincel con el cual labrar la estatua de esta nueva España; para urdir la nueva nación” (Ortega, 1931). Siendo el mazo y el cincel herramientas de las que alegóricamente se valen los masones, para a través de la voluntad y la inteligencia mejorar su propio ser (Diario masónico). Y es que Ortega y Gasset, conforme a lo manifestado por diversas fuentes, era masón (Logia Mediodía).

En sí este ideal compartido por regeneracionistas, krausistas e institucionistas es de los más nobles. Pero tergiversado y mal aplicado puedo llevar a resultados funestos. Porque no hay que olvidar que a lo largo de la historia todas las corrientes místicas y filosóficas enseñan que la verdad, la luz o la perfección individual, quizás nunca se alcance. Sólo si se pone mucha perseverancia simplemente se atisbe al final de nuestros días, después de una larga batalla con nuestros bajos instintos y pasiones.

Por lo que el filósofo Karl Popper afirmaba que no debemos preguntarnos “¿quién debe gobernar?”, ya que la respuesta será inevitablemente los mejores. Lo que raramente ocurre, pues los que llegan a dirigir casi nunca están a la altura. Lo que hemos de interpelarnos es: “¿cómo debemos gobernar?” Debiendo trabajar sobre el sistema para evitar que se puedan socavar los cimientos del Estado democrático desde el poder (Popper, 2010).

Pues los seres humanos nos movemos en base a incentivos. Luego, la política hay que interpretarla igualmente como una actividad supeditada a la búsqueda de rentas. Y sus titulares por tanto invertirán sus esfuerzos en aquello de lo que puedan obtener un beneficio. Esto se traduce en que terminarán por apoyar las propuestas que les proporcionen más votos (Álvarez, 1996).

Por todo lo expuesto es ilógico dejar al albur de que un “cirujano de hierro” o las “minorías selectas” perviertan el sistema a su antojo. Cuando lo coherente sería establecer normas claras que, pase lo que pase y ostente quien ostente el bastón de mando, haga muy difícil transgredir la legalidad vigente. Porque, como declaró James M. Buchanan en 1983: “Para mejorar la política es necesario mejorar o reformar las reglas y la estructura dentro de la que tiene lugar el juego político. No sirve afirmar que las mejoras se pueden producir seleccionando agentes moralmente superiores que utilicen sus poderes para buscar el “interés público”. Un juego solo se define por sus reglas y para conseguir un juego mejor es preciso modificar las reglas.” (Álvarez Renduele, 2014) Cuestión que ya tenían muy clara los Padres Fundadores de una de las democracias más consolidadas a nivel mundial, como es Estados Unidos. Lo que se refleja en la ulterior cita de James Madison (1987), cuarto presidente de dicho país: “Si los hombres fueran ángeles no sería necesario el gobierno, y si fueran a ser gobernados por ángeles no se requeriría ningún control al gobierno, que es una administración de hombres sobre hombres.”

PROPUESTAS PARA LOGRAR LA TERCERA ESPAÑA

Ergo, resulta iluso pensar que la gran transformación vendrá por el simple hecho de cambiar unas caras, unas siglas, o a una hipotética tribu de adscripción por otra. Imbuidos los que albergan tal teoría por las diatribas de la nueva religión secular (Negro, 2009). Aquella que insiste en que sólo basta con sustituir a los dirigentes de mayor edad por los más recientes. Al venerar la juventud como una virtud esencial. Ídolos que supuestamente crearán en este mundo la ciudad perfecta, en la que habita el hombre perfecto adoctrinado. Empero, lo que casi siempre terminan por propiciar es un clímax infernal. Pues la gran diferencia, entre los países con menores índices de percepción de la corrupción y otros más desaventajados, radica en las medidas que se adoptan.

Mostrándose primordial garantizar que funcionen todos los controles. Con el fin de poder detectar desde el inicio cualquier conducta desviada. Tanto los propios de la inicial separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los cuales han de controlarse entre sí para evitar toda clase de abuso. Como los controles internos de la Administración Pública, que se fundan en la defensa del interés general por parte de los empleados públicos, contrarrestando la probable inclinación partidista de los políticos. Y por último, el control ciudadano, que resulta factible gracias a la implantación de las máximas medidas de transparencia.

De tal manera que la principal acción para asegurar la separación de poderes sería la elección uninominal por circunscripción electoral. Acabando así con la hegemonía del Estado de Partidos (García, 2010). Soslayando el modelo de mayoría simple los extremismos, y fomentando el pragmatismo opositor. Además el vínculo de un representante con los electores de su circunscripción es bastante alto. Potencia igualmente la rendición de cuentas, al ser fácilmente atribuible la responsabilidad al político. En el que se escogería a un cargo electo por cada distrito, legitimado por la confianza que su electorado ha depositado en él, lo que evita cualquier injerencia partidocrática. De este modo el representante público se pensará mucho el hacer caso omiso de las solicitudes del ciudadano, en pro de acatar el mandato imperativo de su organización camuflado como disciplina de partido. Porque si así se comportara, indefectiblemente perdería el puesto en los siguientes comicios.

El sistema de elección uninominal por circunscripción electoral se asemejaría a la configuración de los primeros partidos de notables o de cuadros. Coalición de candidatos individuales que sortean cualquier abuso de poder, al estar elegidos directamente por sus votantes, ante quienes responden de modo inmediato. Modelo que persigue seleccionar a los mejores. Evitando la burocratización y profesionalización política de los de masas o los “atrapa-todo” (Vallès, 2008). Soslayando también que las organizaciones acaben padeciendo de cualquier síntoma de regresión paranoide (Uniactiva).

Con el fin de mejorar la participación y empujar a que cada uno vote a quien desee, por muy minoritaria que sea la opción, se instauraría el sistema de rondas múltiples. Con variantes, es utilizado en Australia, Irlanda del Norte, Irlanda, Malta. Ideado en el siglo XIX por Thomas Hare, Inglaterra, y Carl Andru, Dinamarca. (ACE)

En él se elimina la doble vuelta. Si bien se conserva la tendencia de esta al multipartidismo, explicitado por el sociólogo francés Maurice Duverger (1959). Evitándose el gasto económico de unos nuevos comicios seguidos y el esfuerzo de la población de tener que ir dos veces continuadas a las urnas.

En una única papeleta se colocarían por orden, según las preferencias del elector, los candidatos. En primer lugar se situaría el ganador que uno desea, aquel que coincide con nuestras convicciones. Independientemente de las probabilidades que tenga de hacerse con la victoria. Suprimiendo así el efecto perverso que provoca el voto útil, o sea, no voto a “x”, aunque me identifico con sus argumentos, porque tiene escasas posibilidades de resultar electo. En segundo lugar se señala otro postulante, aquel que de no salir mi primera alternativa querría que triunfase. Y así sucesivamente. Pudiendo marcarse las preferencias que se quiera, solo una, dos,… u ordenar por predilección todos los aspirantes que se presentasen.

En el sistema de rondas múltiples, a la hora de contar los votos, se computan inicialmente en la primera ronda sólo la primera preferencia. Ganaría aquel que obtuviese la mitad más uno de todos los votos. Si no fuera así, el que menos apoyos sacó queda eliminado y en la segunda ronda las segundas preferencias de estas papeletas se suman al resto. Si tras este cálculo alguno consigue la mayoría absoluta determinada en un primer momento, ese conseguiría el escaño. De lo contrario se volvería a eliminar al aspirante que menos respaldos recibió, y las preferencias de estas papeletas se sumarían a los demás. Prosiguiendo en las restantes rondas de igual manera hasta que algún candidato obtuviese la mayoría absoluta en el primer instante fijada (Álvarez, 2010).

De igual modo, con el fin de sortear el delito electoral 2 se deberá votar utilizando dispositivos electrónicos, y no material de papel impreso, en la propia mesa electoral que sería la encargada de verificar que el DNI corresponde a la persona presente. Y para los ausentes, en vez de voto por correo, se hará igualmente con el DNI electrónico. Acudiendo a la mesa más cercana que previamente se haya notificado o a una sede consular. Conllevando también este método una merma del desmesurado dispendio en papeletas y sobres que hacen los partidos para que los electores lleven el voto preparado el día de las elecciones, lo que quedaría prohibido. Gastos actualmente subvencionados por el erario público en base a los resultados de los comicios anteriores, 3 un claro perjuicio para las nuevas formaciones. Contribuyendo además a que seamos más respetuosos con el medio ambiente, al no imprimirse tanto papel (Melián, 2013).

Por otro lado, una de las instituciones que aparentemente más niveles de corrupción presentan, a tenor del número de resoluciones judiciales, son los Ayuntamientos. Básicamente por sostener la figura del Alcalde fuerte (“strong-mayor”), con casi plenos poderes. Propiciando una modalidad que guarda ciertas similitudes con el caciquismo. Y es que EEUU vivió lo mismo que en España se está produciendo a finales del siglo XIX. Decidiendo pasar de la figura del “strong-mayor”, que nosotros tenemos, a la del “city-manager” (Villasana, 2007). Con lo que lograron reducir enormemente la corrupción municipal (Lapuente, 2009). Nombrándose en 1908 el primer city-manager en Staunton (Virginia) (Stauton).

Donde la labor del pleno es legislativa, confiriéndose la ejecutiva al “city-manager”. Quien es contratado por el Consejo Plenario por un periodo distinto que el de los cargos electos que lo nombran. Con ello se persigue que en su despido, que ha de estar acordado por la mayoría de concejales, solo puedan influir motivaciones inspiradas en resultados. El Pleno diseña la hoja de ruta a seguir y el “city-manager” la ejecuta. Tiene que ser una persona con altos conocimientos jurídicos y de gestión. No podrá pertenecer a ningún partido político.

La contratación del personal estará a su cargo, en pro de que solo se tengan en cuenta los méritos de los candidatos. Los ediles resuelven si se tiene que emplear a alguien, previa sugerencia del “city-manager”, y éste escoge a la persona idónea para la plaza.

Además, instaurando el arquetipo norteamericano se elimina la posibilidad de incorporación de cargos de confianza. Formalmente denominados personal eventual y que hoy comporta una cuantía estratosférica. Asimismo, hacemos desaparecer el contexto propicio para que se cometan hipotéticos delitos por otorgar empleos a cambio de apoyo electoral. Erradicando cualquier tipo de red clientelar que se pueda dar.

En el nuevo modelo se escogerían entre 5 ó 7 concejales por Ayuntamiento. Y no la horquilla de 5 a 25 de España. Se dividiría el municipio en distintos distritos con idéntico número de electores, hasta un máximo de 7. Resultando ganador exclusivamente un edil por cada zona (Hernández, 2011). Eso sí, deben vivir en la circunscripción por la que se presenten. Los aspirantes que deseen participar en los comicios deberán inscribirse, avalados por un mínimo número de firmas de residentes del área a la que representen (Melián, 2013).

Porque hay que recordar que la mayoría de casos de corrupción se dan en el término municipal, suscitados por: contratación de personas sin seguir los cauces legalmente establecidos; en el ámbito del urbanismo; en el área de la contratación pública. Estando incluso relacionado en ocasiones con la financiación de los partidos políticos. Y también es el territorio donde prácticamente se aprecia la comisión del delito electoral. 4 De donde parten las redes clientelares. Además a ello se une el escaso grado de formación jurídica de los ediles. Existiendo un número destacable que sólo dispone de los estudios básicos, con nulo conocimiento de procedimiento administrativo. (Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas, 2009) Con lo que si a este hecho sumamos que la normativa es bastante farragosa y el amplio margen de poder de la figura del Alcalde fuerte español (“strong-mayor”), quizás lo extraño es que no haya más condenas. Y es que de poco sirve endurecer las penas para quien desconoce las normas, por mucho que el artículo 6.1 del Código Civil diga que: “La ignorancia de las leyes no excusa de su incumplimiento.” Estando sometidos los políticos locales diariamente a la presión de innumerables personas que presuntamente reclaman su favor correspondiente.

Al pasar de la figura del “strong-mayor”, que nosotros tenemos, a la del “city-manager”, retiramos el peso de la guadaña que pende día tras día sobre la cabeza de los cargos electos municipales. A quienes todos están prestos a, metafóricamente, decapitar. Mas con escasa capacidad de ver el problema desde una posición de empatía y verdaderamente resolutiva. Y es que quizás si se continúa persistiendo en las mismas soluciones, lo único que pasará es que o bien a la política municipal llegue lo peor de lo peor. Lo que se desencadena ante el miedo aterrador que supone ese cargo cuando se es consciente de lo que implica. O que se paralice la Administración ante el pánico por cometer un error y ver tu nombre negativamente mentado en los matutinos o vespertinos rotativos.

Igualmente se propondría fusionar Ayuntamientos. Existiendo actualmente 8.114, de los que 5.700 no llegan a 2.000 habitantes, de nula viabilidad con los recursos económicos de los que disponen. Prácticamente hay las mismas entidades locales con las actuales conexiones que cuando las carreteras eran de tierra y los medios de transporte: el caballo, el burro o la carreta. Sin tener en cuenta que hoy Internet facilita la conexión con la Administración. En teoría se tendría que poder hacer cualquier trámite por esta vía. Gran Bretaña, por ejemplo, pasó de 1.500 consistorios a 400 con 60 millones de habitantes, nosotros sólo tenemos 47 millones de residentes. Alemania con 82 millones, casi el doble que nosotros, disminuyó su número de 25.000 a 8.400. Bélgica de 2.359 a 596 (Estévez, 2012). Suecia en 1960 pasó de 2.500 Ayuntamientos a 290. Dinamarca entre 2005 y 2010 se quedó sólo con 65 municipios, de 238 que tenía.

Al aumentar el tamaño de los municipios se disminuye el riesgo del antiquísimo caciquismo y aumenta la calidad democrática. Mejorando igualmente la prestación de servicios. Entrando los Ayuntamientos en una especie de competición para ver quién lo hace mejor, lo que provoca un afán perfeccionista que beneficia sin duda al ciudadano.

Y es que hay que tener en cuenta que los países europeos con menores niveles de corrupción albergan ambas características. Es decir, mantienen el modelo gerencial de gobierno municipal y han reducido drásticamente el número de Ayuntamientos. Un dato que constata este hecho es que tanto España, Italia, como Portugal, ostentan la figura del “strong-mayor” (Lapuente, 2013) y son los que presentan mayores niveles de percepción de la corrupción (datosmacro.com).

Quedando además sin sentido las Diputaciones, un intermediario suprimible entre el gobierno regional y el local (UPYD, 2010). Las cuales se crean con la Constitución de Cádiz de 1812, donde el Estado era unitario. Su configuración actual es prácticamente la misma que en 1833 (Redondo, 2013). Pero ahora vivimos en un Estado compuesto, que tiende casi a la federalización, donde irrumpen las Comunidades Autónomas. Asimismo, la Diputación no se designa por elección popular, contradiciendo por tanto la máxima de democracia representativa. Configurando lo que hipotéticamente se podría interpretar como la vigencia del, prohibido constitucionalmente, mandato imperativo de los partidos políticos a los que representan o de los consistorios de los que provienen. Y es que las Diputaciones terminan siendo un caldo de cultivo para el clientelismo y por ende la corrupción (Moreno, 2014). Y un gasto innecesario, pues no aporta valor añadido alguno. También al unirse los consistorios sobran las mancomunidades.

Como medida para fomentar el control ciudadano y mejorar la participación se propone el uso de las TIC. Comenzando por la Administración más cercana al ciudadano que son los Ayuntamientos. En este sentido su página web se puede convertir en el elemento central a través del cual se canalice la interacción con los ciudadanos. Suministrando toda la información disponible. De tal manera que sea fácilmente accesible, entendible y reutilizable. Cada contenido editado permitirá ser comentado por los usuarios. Pudiendo habilitarse servicios de suscripción para aquellos ciudadanos que así lo deseen, a través de e-mail, SMS a un número de teléfono móvil,…

Página que contendrá un área de contacto con el concejal de cada circunscripción electoral. A través de la cual los ciudadanos podrán remitirle todos aquellos comentarios, peticiones, quejas,… que estimen oportunos. Una vez enviada la solicitud el sistema les proporcionará un número, pudiéndose ver en cada momento en qué lugar se encuentra a la hora de ser respondida.

De igual modo, se podrán habilitar foros de debate sobre una cuestión determinada. Incluso la votación de propuestas por parte de los residentes mediante identificación digital. Siendo factible también establecer encuestas digitales. Creación de comunidades virtuales.

En definitiva, se trata de que cualquier decisión a tomar sea consensuada entre los distintos agentes implicados, integrando y no soslayando a la ciudadanía. Incluso que aquellas que no sean competencia del Ayuntamiento, sino de la Comunidad Autónoma o gobierno central, partan de una petición común desde el punto donde finalmente tendrán incidencia. Pasando de un Ayuntamiento dirigista-intervencionista a uno relacional, catalizador de sinergias (Alberich, 1999).

Además esta forma de actuar evitaría la judicialización de la política que ahora arrecia contra las instituciones. Ya que cuando todos participan de una resolución, primero se evitan desviaciones y segundo la irrupción de denuncias falsas, al haber participado todos en ella. Método este último que presuntamente se usa para descabalgar al rival con opción de salir elegido como cargo público. Buscando que se aburra, que su familia le implore que abandone y termine con semejante calvario. O que la opinión pública, debidamente manipulada a través de reiterados mensajes lanzados, lo vilipendie en la plaza mayor. Porque la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución española, a estas alturas, como demuestran las noticias que salpican un día sí y otro también los medios de comunicación, queda un poco en entredicho.

Por medio de los presupuestos participativos se concretarán en qué se han gastar los recursos económicos municipales. Estableciendo un rango de prioridades entre las inversiones a acometer. Primero, durante el mes de febrero, se abrirá un periodo para recibir sugerencias en la web municipal. Luego, entre marzo y julio, se convocará a una reunión a todos los interesados de cada circunscripción electoral, entre los que se elegirán un número de delegados determinado entre los ciudadanos. Dependiendo de los asistentes a la sesión.

En la siguiente sesión propuesta, que tendrá lugar en Septiembre, el concejal de cada circunscripción electoral se congregará con los delegados electos. Donde expondrá su criterio para esa área y el montante económico disponible para inversiones. Argumentando primeramente las obras pendientes de ejecutar, si las hubiera, presupuestadas el año anterior, así como las sugerencias recibidas hasta ese momento. Los delegados vecinales electos alegarán igualmente sus razonamientos. Todos ellos estarán ayudados por los técnicos municipales de cada ámbito y el “city-manager”. Quienes, entre otros puntos, garantizarán el encaje legal y financiero de las proposiciones, aclarando cualquier duda que pudiera surgir. Tras un debate se recogerá en un acta las obras a realizar, mejora de las ya existentes (carreteras, jardines, parques,…), o adquisiciones permanentes (vehículos, contenedores de basura,...). Por último, se escogerá entre los miembros vecinales a uno para que esté presente en la reunión global, presidida por el alcalde. Encuentro en el que se tratarán aquellas decisiones presupuestarias que tengan incidencia en todas las circunscripciones electorales del municipio, como por ejemplo, el arreglo de la planta de tratamiento de residuos.

Cuando el documento del presupuesto anual esté finalmente redactado se convocará una nueva sesión, en octubre, para dar traslado del mismo. De igual modo, se pondrá a disposición en la web municipal durante noviembre. Abriéndose un plazo de alegaciones de 15 días, una vez acabado el cual y tras ser resueltas las alegaciones se calificará como definitivo. Entonces el presupuesto completo, ingresos más gastos (gastos de personal, gastos financieros, gastos corrientes e inversiones) será aprobado por el Pleno municipal, presidido debidamente por el Alcalde. A los seis meses de la entrada en vigor del presupuesto, en julio, se celebrará otra asamblea con los miembros vecinales electos para explicar su ejecución hasta ese instante. Y también cuando expire el presupuesto. Las actas de cada sesión se colgarán en la web en el epígrafe del presupuesto del año correspondiente (Gimenez et al., 2002).

Con los presupuestos participativos se consigue una mayor transparencia y rendición de cuentas. Además de hacer accesible al ciudadano el conocimiento de la toma de decisiones municipales, pudiendo sentirse parte integrante del colectivo. Ergo, disminuyendo la brecha entre administradores y administrados.

De igual modo, para garantizar que funcionen los controles internos de la Administración Pública, se debería eliminar la posibilidad del flujo del funcionariado a la política. Con posibilidad de retorno y sin penalización alguna. Es decir, deberíamos ir al modelo del “Civil Service” británico. (Parada y Fuentetaja, 2014) Limitando la situación administrativa de servicios especiales, contemplada en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público. Como hacen los países anglosajones, nórdicos o Alemania, quienes separan la carrera funcionarial de la política. Para evitar que los empleados públicos se centren más en tejer amistades con sus superiores políticos que en el desempeño propio de sus funciones. Garantizando la imparcialidad y neutralidad. Naciones que no sólo imponen límites para dar el salto del mundo funcionarial a la política, sino que también penalizan su retorno. Padeciendo menores niveles de corrupción (Lapuente, 2009).

En la misma línea que lo anterior se ha de poner coto a la libre designación. Prohibiendo que se nombren de esta forma los cargos de Secretario, Interventor y Tesorero municipal (La Nueva España, 2015). Y aquellos otros puestos cuya misión sea el control del poder ejecutivo. Además, la decisión sobre la apertura de expedientes disciplinarios, así como su retribución, básicamente el complemento de productividad y el específico, no pueden depender de la determinación del cargo electo.

Para cumplir con parte de las observaciones hechas por el Consejo de Europa respecto a la necesaria independencia del Poder Judicial (Abogacía española, 2014), se habría de volver a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, en lo que a la elección de los Vocales se refiere. Quedando así conformado el Consejo General del Poder Judicial por 12 Vocales designados entre Jueces y Magistrados, 4 por el Congreso y 4 por el Senado.

Por último, respecto a la gran avalancha de casos de corrupción detectados en materia de contratación pública y urbanismo (Comisión europea, 2014), se ha de ir hacia una simplificación normativa. En general, en palabras de José Ramón Chaves García, Magistrado de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia: “leyes con calidad, claridad y poca cantidad” (Chaves, 2015). Porque como afirmara el político romano Tácito (55-120): “Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene” (Martínez, 2014).

Concretas medidas que han demostrado en otros lares su incidencia a la hora de reducir cualquier posibilidad de abuso.

Ya que sólo nos queda para erradicar la lacra que supone la corrupción, la aportación de ideas. Ideas que vendrán desde el mundo académico. Para luego pasar a los intelectuales (escritores, periodistas, cineastas,…) quienes serán los encargados de difundirlas. Y finalmente cuando esas ideas ya hayan sido asimiladas por la sociedad, serán adoptadas por los políticos de modo natural, lo que provocará el cambio (Leighton y López, 2012).

Y es que no hay que engañarse, ésta será la única vía. Pues no cabe esperar ya “la revolución desde arriba.” Aclamada por Antonio Maura en 1901, el que fuera cinco veces Presidente del Consejo de Ministros de España, entre 1904 y 1922. Quien afirmara: “(…) más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que un camino, que es la revolución (…) desde el Gobierno (…). Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el curso del tiempo; pero cada día que pasa, (…), es mucho más escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede ni ese remedio (…).” (Maura, 2010) Porque eso supondría el fin del Estado de Partidos y nadie se elimina a sí mismo.

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1 Esta ponencia es un extracto de mi Trabajo Fin de Máster del Máster en Derecho de las Administraciones Públicas (Universidad Rey Juan Carlos). Titulado: “La corrupción en España y sus causas institucionales: un enfoque desde el derecho público.” Dirigido por: Javier Guillén Caramés y Manuel Villoria Mendieta. Curso académico 2014-15. Agradeciendo a Javier Guillén Caramés el permitirme abordar un tema que me apasiona y a Manuel Villoria Mendieta su gran apoyo e infinita paciencia.

2 Artículo 146 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

3 Artículo 174.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

4 Artículo 146.1.a de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.


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