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CAT/C/NLD/5-6




Naciones Unidas

CAT/C/NLD/5-6



Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes


Distr. general

13 de septiembre de 2012

Español

Original: inglés



Comité contra la Tortura

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención

Informes periódicos quinto y sexto combinados que
los Estados partes debían presentar en 2011, presentados
en respuesta a la lista de cuestiones (CAT/C/NLD/Q/6) transmitida al Estado parte con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes (A/62/44,
párrs. 23 y 24)


Países Bajos* ** ***

[3 de enero de 2012]



I. Introducción

1. El Reino de los Países Bajos ha decidido emplear el nuevo procedimiento facultativo de presentación de informes aprobado por el Comité en su 38º período de sesiones y, por tanto, presenta su informe en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes atendiendo a la lista de cuestiones aprobada por el Comité en su 43° período de sesiones (CAT/C/NLD/Q/6).

2. Tras las reformas constitucionales introducidas en el Reino de los Países Bajos, las Antillas Neerlandesas, integradas por las islas de Curaçao, San Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba, dejaron de existir como parte del Reino de los Países Bajos a partir del 10 de octubre de 2010. Curaçao y San Martín pasaron a ser países autónomos dentro del Reino de los Países Bajos, y las islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba pasaron a formar parte de los Países Bajos y constituyen la parte caribeña de los Países Bajos. A partir de esa fecha, el Reino de los Países Bajos consta de cuatro partes: los Países Bajos (la parte europea y la parte caribeña), Aruba, Curaçao y San Martín.

3. Estos cambios constituyeron una modificación de las relaciones constitucionales internas del Reino de los Países Bajos. Por consiguiente, el Reino de los Países Bajos seguirá siendo el sujeto de derecho internacional con quien han de concertarse los acuerdos.



II. Respuestas a las cuestiones planteadas por el Comité contra la Tortura

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 1 de la lista de cuestiones (CAT/C/NLD/Q/6)

Resumen del proyecto de ley sobre asistencia letrada e interrogatorios de la policía en los Países Bajos

4. Se está preparando un proyecto de ley que el Ministro de Seguridad y Justicia proyecta presentar al Consejo de Estado en los próximos meses. En primer lugar, el proyecto procura consagrar el derecho de los sospechosos detenidos a obtener asistencia letrada antes de ser interrogados por primera vez por la policía. La modificación de la legislación relativa a la asistencia letrada para los sospechosos adultos está en consonancia con los procedimientos establecidos por la Junta de Fiscales Generales. Estas instrucciones se redactaron en respuesta a la jurisprudencia establecida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (empezando con las sentencias en los casos Salduz y Panovits, por ejemplo) y el Tribunal Supremo. En segundo lugar, toda persona acusada de un delito sancionado con una pena de prisión de seis años o más, de acuerdo con la definición legal, tiene derecho a pedir la asistencia de un abogado durante el interrogatorio. La policía puede denegar esta solicitud si dicha asistencia es contraria a los intereses de la investigación. El principio básico de la legislación es que se presta asistencia jurídica en las etapas iniciales de una investigación penal. Mientras que en el pasado el sospechoso recibía la asistencia de un abogado antes de comparecer ante el fiscal auxiliar en relación con su detención preventiva, actualmente el sospechoso tiene derecho a la asistencia de un abogado (es decir, a consultar con un abogado; para mayor información, véase la respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 12 de la lista de cuestiones) antes del interrogatorio inicial por la policía después de la detención. De acuerdo con la interpretación del Tribunal Supremo de los Países Bajos, los sospechosos menores de 18 años que hayan sido detenidos por la comisión de un delito reciben la asistencia de un abogado, que tiene derecho a estar presente durante el interrogatorio.



Información sobre los derechos de los sospechosos

5. Esto se refiere a la codificación de la obligación de informar a los sospechosos acerca de sus derechos, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como a los requisitos que han de reunirse para garantizar un juicio imparcial. Todo sospechoso tiene derecho a ser informado del delito de que se le acusa, derecho a asistencia jurídica y derecho a la asistencia de un intérprete si no domina el neerlandés o no tiene un conocimiento suficiente del idioma. La enumeración de los derechos del sospechoso y la notificación obligatoria por ley de dichos derechos están en consonancia también con las novedades puestas en marcha en el contexto del Programa de Estocolmo y el proyecto de directiva sobre el derecho a la información en las actuaciones penales. Con arreglo al derecho neerlandés vigente, se informa a los sospechosos de su derecho a guardar silencio antes de ser interrogados por la policía.



Derecho de acceso a un médico independiente

6. Los artículos 15, 16 y 16a del Decreto de (administración de) los cuerpos regionales de policía especifican los servicios a que tienen derecho las personas bajo detención policial. El Reglamento de los conjuntos de celdas de la policía desarrolla de manera más detallada las disposiciones del Decreto.

7. Un servicio básico necesario es la atención médica (véase el artículo 15, párrafo 1 d), del Decreto). El código de conducta de cada cuerpo policial proporciona instrucciones detalladas, de modo que pueden existir diferencias regionales. En la mayoría de las regiones, toda persona detenida es examinada por personal de enfermería dos veces al día. Si hace falta prestar atención médica o el detenido así lo solicita, se llama a un médico. Existen mecanismos para la prestación de atención médica a nivel regional. En la región de Ámsterdam, por ejemplo, la policía ha concertado acuerdos con los servicios municipales de salud. En Friesland, existen acuerdos para poder disponer de los servicios de un médico generalista fuera de horario.

8. Los detenidos pueden también consultar a un médico cuyos servicios no se hayan previsto en acuerdos (es decir, un médico de su propia elección). En tales casos, los gastos de la atención médica corren por cuenta del detenido. Los estudios revelan que esto ocurre rara vez.

9. Solo los médicos tienen acceso al historial clínico del detenido. Existe un comité independiente de supervisión (véase el artículo 16a del Decreto) que supervisa y presenta informes anuales al jefe del cuerpo regional de policía y al Ministro de Seguridad y Justicia.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 2 de la lista
de cuestiones

10. A partir del 24 de diciembre de 2010, los Países Bajos están obligados por las disposiciones de la directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (directiva relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular). Los párrafos 5 y 6 del artículo 15 establecen que la detención para los fines de la expulsión no debe exceder de 6 meses y puede prorrogarse por un máximo de 12 meses. La práctica neerlandesa está acorde con estas disposiciones (que son directamente ejecutables). Estas disposiciones serán incorporadas al derecho interno neerlandés. Actualmente la Cámara de Representantes y el Senado están considerando un proyecto de ley en la materia.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 3 de la lista
de cuestiones

11. Los plazos para la tramitación de las causas penales son constante motivo de preocupación para el Gobierno y la judicatura. El Gobierno está colaborando con la judicatura y la Fiscalía a fin de acelerar el proceso de enjuiciamiento penal ofreciendo opciones tales como la adopción de procedimientos sumarios y la autorización de la Fiscalía para resolver casos simples (la Fiscalía puede imponer varios tipos de sanciones pero no la privación de la libertad). Gracias a estos cambios se ha aligerado la labor de la judicatura, lo cual le ha permitido prestar mayor atención a las causas más complicadas y graves. De este modo, los cambios han servido para acortar el plazo que el acusado pasa detenido antes de la condena o del sobreseimiento. El Gobierno ha encomendado un estudio jurídico comparado, entre otras cosas, de las alternativas a la detención preventiva que permiten imponer condiciones a los acusados encaminadas a limitar el riesgo de reincidencia, incluidas la vigilancia electrónica y la constitución de fianza. Los resultados del estudio se publicaron en el verano de 2011. El Gobierno está tratando de determinar ahora qué conclusiones pueden extraerse de los resultados y qué medidas cabe adoptar.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 de la lista
de cuestiones

12. Los niños comparecen ante el juez de menores (kinderrechter). El Código de Procedimiento Penal contiene un título aparte con reglas procesales formuladas especialmente para los casos en que se trata de niños. Estas normas se aplican también a aquellos casos, según lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, que afectan a menores que tenían 16 o 17 años cuando cometieron el delito que llevó al enjuiciamiento.

13. En los Países Bajos el juez de menores puede imponer, en estas causas, una pena o una medida no punitiva basada en las leyes penales aplicables a los adultos (art. 77b del Código de Procedimiento Penal), por ejemplo, debido a la gravedad del delito, la personalidad del autor o las circunstancias en que se cometió el delito. Por consiguiente, con arreglo a la ley, la pena o medida no punitiva debe cumplirse, en principio, dentro del régimen aplicable a los adultos.

14. Cabe observar que el juez de menores en los Países Bajos procede con gran prudencia al imponer penas o medidas previstas en las leyes penales aplicables a los adultos. En 2006, 2007 y 2008, se impusieron tales penas o medidas a 108, 103 y 104 niños, respectivamente. Estas cifras representan el 1,4%, 1,3% y 1,2% de todas las condenas de menores. En la mayoría de los casos, los menores que reciben una sentencia basada en las leyes aplicables a adultos llegan a la mayoría de edad antes de cumplir la sentencia. De conformidad con leyes recientes, cuando un juez de menores dicta un auto de hospitalización ("TBS", es decir, una orden de tratamiento con arreglo a la legislación penal aplicable a adultos), la orden puede cumplirse en una institución para jóvenes infractores, es decir, fuera del régimen de adultos, hasta que la persona cumpla los 21 años. Se introdujo esta enmienda a la ley para poner en práctica las recomendaciones formuladas en la materia por el Comité de los Derechos del Niño.

15. En este contexto, también es importante mencionar que se ha prohibido expresamente, por ley de 20 de diciembre de 2007, la imposición de condena a cadena perpetua a menores (Boletín de Leyes y Decretos 2007, 575), en cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño en cuanto a las condenas de menores a cadena perpetua.

16. Como ya se dijo, cuando un juez de menores impone una sentencia con arreglo a las leyes penales aplicables a adultos, existe la posibilidad de que el menor pueda tener que cumplir la sentencia en el régimen de adultos. Por esta razón, cuando pasaron a ser parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, los Países Bajos formularon una reserva al artículo 37 c). En esa reserva se indica que, si bien los Países Bajos aceptan la disposición, ello no impide que se apliquen las leyes penales de adultos a niños de 16 años o más si se reúnen los criterios establecidos. El Gobierno neerlandés ha reconsiderado esta reserva en vista de las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño. La posición del Gobierno es que, pese al hecho de que las penas o medidas punitivas impuestas con arreglo a las leyes penales aplicables a adultos rara vez se aplican a menores, desea preservar esa posibilidad. Se ha expresado esta posición en una carta enviada a la Cámara de Representantes por el Secretario de Estado de Seguridad y Justicia, relativa a la introducción de una ley penal aparte para los adolescentes de 16 a 23 años de edad (Documentos Parlamentarios, Cámara de Representantes 2010/11 28 741, Nº 17). La finalidad de contar con una ley penal aplicable a los adolescentes consiste en permitir a los tribunales que adopten un enfoque más individualizado al imponer penas o medidas no punitivas, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en que se encuentra el adolescente o el joven. Por consiguiente, es posible imponer penas y medidas no punitivas basadas en los elementos educativos de la legislación penal de menores a jóvenes de menos de 23 años. El derecho interno de los Países Bajos permite actualmente esta práctica para los jóvenes de menos de 21 años (art. 77c, Código Penal). Los niños infractores seguirán siendo procesados por jueces de menores. En esa carta, el Gobierno declara que, debido a la posibilidad de imponer penas y medidas punitivas aplicables a adultos a menores que hayan cumplido los 16 años, no es necesario transformar lo que es actualmente un régimen de penas poco severo con arreglo a la legislación penal de menores en un régimen, mucho más severo de aplicación generalizada.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 5 de la lista
de cuestiones

17. Los Países Bajos están en vías de establecer una institución nacional independiente de derechos humanos. El nuevo Instituto Neerlandés de Derechos Humanos será una institución nacional independiente y funcionará de conformidad con los Principios de París. El Senado aprobó un proyecto de ley por el cual se creó esta institución el 22 de noviembre de 2011. El Instituto se inaugurará en 2012.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 a) de la lista
de cuestiones

18. Sírvanse remitirse a la descripción detallada del procedimiento de asilo enmendado que figura en el anexo. Es importante señalar que este procedimiento no es un procedimiento acelerado (como se da por sentado en la pregunta), sino que se trata del procedimiento general, que puede prolongarse en ciertas circunstancias. Todo solicitante de asilo comienza con el procedimiento general de solicitud de asilo; de ser necesario, la investigación puede continuar en el procedimiento de asilo prolongado.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 b) de la lista
de cuestiones

19. La introducción de la suspensión del plazo con fines preparatorios antes de la iniciación del procedimiento general de asilo ofrecerá a los solicitantes de asilo mayor tiempo que antes para reunir y presentar la información pertinente a fin de fundamentar la solicitud. La segunda entrevista (preparada por el solicitante de asilo junto con su asesor jurídico) del procedimiento también ofrece al solicitante suficientes oportunidades para presentar la información reunida.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 c) de la lista
de cuestiones

20. Como se acaba de explicar, no se trata de un procedimiento acelerado. Se conceden a los menores por lo menos tres semanas de suspensión del plazo para la preparación a fin de darles tiempo suficiente para reunir las pruebas de la manera más completa posible en colaboración con el tutor designado y el asesor jurídico. Existen además funcionarios especiales capacitados para entrevistar a los menores en salas de entrevistas adaptadas a los niños. También se lleva a cabo un reconocimiento médico de las personas con problemas de salud, a cargo de funcionarios médicos que determinan si existe algún problema de salud que pueda tener influencia en la entrevista.

21. No existen criterios para determinar si el trámite de una solicitud ha de llevarse a cabo mediante el procedimiento general de asilo fuera del criterio de las necesidades del caso.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 d) de la lista
de cuestiones

22. Todos los solicitantes de asilo reciben asistencia jurídica gratuita y todas las entrevistas tienen lugar en presencia de un intérprete. En cuanto a la duración de la asistencia jurídica, sírvanse remitirse al pasaje pertinente del resumen anexo del procedimiento de asilo enmendado.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 e) de la lista
de cuestiones

23. Durante la suspensión del plazo para la preparación del trámite, el solicitante de asilo recibe asesoramiento acerca de la importancia de la documentación. Se ponen a su disposición servicios como Internet, teléfono y fax para facilitar el envío de los documentos pertinentes a los Países Bajos.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 f) de la lista
de cuestiones

24. Sírvanse remitirse al pasaje pertinente del resumen anexo del procedimiento de asilo enmendado.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 g) de la lista
de cuestiones

25. Sírvanse remitirse al pasaje pertinente del resumen anexo del procedimiento de asilo enmendado y a la respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 11 de la lista de cuestiones.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 7 de la lista
de cuestiones

26. Los informes sobre el Iraq, redactados y publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, indican que la violencia y la situación en cuanto a los derechos humanos en distintas partes del Iraq, o en todo el territorio del país, han sido motivo de preocupación durante muchos años. Al mismo tiempo, también indican que la situación ha mejorado apreciablemente si se compara con la prevaleciente en 2006 y 2007. En vista de esta información, no hay ninguna razón para concluir que el carácter y la intensidad de la violencia en el Iraq hayan alcanzado tales proporciones que una expulsión a ese país constituiría una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o de cualquier otro tratado pertinente. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresó su opinión de que la situación en el Iraq era excepcional ya en 2009, en su sentencia F.H. c. Suecia (20 de enero de 2009). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que, si bien la situación general en cuanto a la seguridad en el Iraq, y en Bagdad, era incierta y problemática, no era tan grave que los ciudadanos iraquíes que retornaran hubieran de hacer frente a un riesgo real de un trato contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos simplemente por encontrarse en el país.

27. La situación general del Iraq justifica que se siga designando a varios grupos étnicos de ese país como grupos minoritarios vulnerables. Si se considera que una persona pertenece a un "grupo minoritario vulnerable", esa persona se sentirá menos presionada para insistir en factores individuales a fin de fundamentar debidamente su necesidad de ser protegida. En consecuencia, los cristianos, mandeanos, yazidíes, palestinos, judíos, shabak y kaka'i no necesitan contar con muchos factores individuales pertinentes para establecer satisfactoriamente que reúnen los requisitos de protección. Una persona que presente relativamente pocos factores individuales pertinentes no necesita haber sufrido personalmente un trato que viole el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos para demostrar que se siente amenazada. Las violaciones de los derechos humanos de los allegados del interesado o de personas pertenecientes a los grupos minoritarios vulnerables en cuestión también pueden constituir motivos suficientes para reconocer la amenaza de violación del artículo 3 del Convenio. Además, en vista de lo que se sabe de la situación general en el Iraq, la política de asilo específica para ese país también dispone que deberán evaluarse con especial cuidado las solicitudes presentadas por los miembros de ciertos grupos, como los intelectuales, los periodistas y las personas que ejercen profesiones de alto riesgo.

28. Cabe concluir de lo dicho que tanto la política en su conjunto como la evaluación de las solicitudes de asilo individuales tienen en cuenta la situación del país en general y de la seguridad en particular. Las personas que, según se cree, no necesitan protección deberán regresar a su país de origen. La responsabilidad primaria del retorno incumbe a los propios extranjeros. Muchos iraquíes ya han regresado al Iraq por iniciativa propia, en tanto que otros han solicitado asistencia a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Según cifras publicadas por la OIM, 719 iraquíes regresaron al Iraq en 2009 por propia iniciativa. El Gobierno neerlandés presta apoyo a estas personas, por ejemplo, mediante proyectos de retorno y reintegración. Si bien se prefiere el retorno independiente, la repatriación forzosa es, y seguirá siendo, una opción necesaria.

29. Si se rechaza una solicitud de asilo y el solicitante no dispone lo necesario para regresar por su cuenta, la medida siguiente será la repatriación forzosa, puesto que la residencia no es una opción. En tales casos, se lleva a cabo la repatriación forzosa. Siempre que se rechaza una solicitud de asilo, se sigue un procedimiento en el que se actúa con especial cuidado, y cada caso es examinado por un tribunal independiente.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 8 a) de la lista
de cuestiones

30. En 2010 se presentaron unas 15.150 solicitudes de asilo para su trámite (unas 9.050 de hombres y 6.100 de mujeres). Se estima que 5.450 solicitantes eran menores (de 17 años o menos) y 9.700 eran adultos.

31. Las limitaciones impuestas por la legislación neerlandesa sobre la privacidad significan que el registro del origen étnico se lleva a cabo de manera que no es posible generar datos agregados.

32. Desde el 1º de julio de 2010 se aceptaron para su trámite por el procedimiento de asilo general de ocho días unas 7.710 solicitudes de asilo. De estas, se ha concluido el trámite de unas 3.780 con el siguiente resultado: 1.650 (21% del total) fueron rechazadas y casi 2.140 (28% del total) fueron otorgadas. En los seis primeros meses después de introducido el procedimiento de asilo mejorado, se tramitaron, siguiendo el procedimiento general, el 49% de las solicitudes. El 51% restante se tramitaron siguiendo el procedimiento de asilo prolongado. Si se comparan estos resultados con los obtenidos seis meses antes de la introducción del procedimiento de asilo mejorado se verá que el número de casos tramitados ha aumentado en un 20%. En el primer semestre de 2010, se tramitaron unas 1.970 solicitudes con arreglo al procedimiento del centro de recepción de solicitudes, o sea aproximadamente el 29% del total (unas 950, o el 14%, fueron rechazadas y 1.020, o sea el 15%, fueron otorgadas). Por consiguiente, puede verse que el principal efecto ha sido el aumento del número de solicitudes otorgadas rápidamente.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 8 b) de la lista
de cuestiones

33. En 2010 se otorgaron en total 8.700 permisos de residencia como asilados (unos 4.550 hombres y 4.150 mujeres). Se calcula que 3.800 solicitantes eran menores, y 4.890, adultos.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 8 c) de la lista
de cuestiones

34. El sistema del Servicio de Inmigración y Naturalización no deja constancia de los motivos exactos por los cuales se resuelve favorablemente una solicitud de asilo individual. Por esta razón, los Países Bajos no pueden proporcionar datos exactos sobre el número de permisos de asilo concedidos por motivos de tortura o de violencia sexual.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 8 d) de la lista
de cuestiones

35. Puesto que existe una prohibición absoluta respecto de la devolución, no hubo ningún ejemplo de expulsión que entrañara devolución, directa o indirectamente.

36. Se sabe que en 2010 salieron del país, en total, 11.770 extranjeros que no tenían derecho, por ley, a la residencia (esto abarca todas las categorías, no solo los ex solicitantes de asilo). De estos, 3.780 se marcharon por propia iniciativa (bajo supervisión), en tanto que otros 7.990 fueron sometidos a repatriación forzosa.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 9 de la lista
de cuestiones

37. El Gobierno realizó indagaciones ante las autoridades competentes y comprobó que los Países Bajos no habían recibido ninguna solicitud de extradición en relación con delitos de tortura durante el período que se examina.



Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 10 de la lista
de cuestiones

38. La capacitación del personal policial incluye un módulo sobre la interacción con los presos, una parte importante del cual se refiere al trato de los reclusos. Contiene también un módulo sobre el contexto jurídico de la labor policial y los deberes de los agentes de policía. El respeto de los derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura, constituye un elemento importante de ese módulo. Buena parte de la capacitación se imparte en la forma de instrucción durante el ejercicio de las funciones policiales. Puesto que la capacitación del personal policial presupone la combinación del estudio y de la experiencia en el trabajo, los conocimientos prácticos se adquieren tanto en la escuela de policía como en el ejercicio de las funciones. Existe un manual sobre el trato de los presos detenidos en celdas de comisaría que hace las veces de importante directriz para la práctica cotidiana de la policía.

39. A fin de garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal neerlandés para la protección de los derechos de sospechosos y testigos, se han organizado cursos de capacitación en técnicas de interrogatorio destinados a las fuerzas policiales neerlandesas. Estos cursos se dictan en la Academia de Policía de los Países Bajos y tienen por centro el interrogatorio de determinados grupos como, por ejemplo, los sospechosos vulnerables, los testigos menores de edad, de 4 a 12 años, y los testigos con discapacidad mental. Se hacen grabaciones sonoras o audiovisuales de los interrogatorios de menores y personas vulnerables. De este modo, todas las partes en las actuaciones pueden verificar cómo se llevó a cabo el interrogatorio. Durante su formación, los policías aprenden a adaptar su examen a la vulnerabilidad y el nivel de desarrollo de las personas que interrogan.

40. En un curso de capacitación contra la tortura destinado a personal penitenciario se incluye un módulo sobre legislación penal. Un importante elemento de este módulo es el protocolo de conducta ética, que contiene instrucciones detalladas sobre cómo y cuándo puede recurrirse al uso de la fuerza contra los presos.

41. El Centro de Formación y Estudios para la Judicatura (SSR) ofrece varios cursos que tratan de la tortura. Asisten a estos cursos jueces y fiscales. Por ejemplo, los cursos WIM/WOS I y II tratan de la Ley de delitos internacionales y la Ley de crímenes de guerra. El SSR también imparte dos cursos sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos en los cuales se examina el artículo 3 del Convenio, es decir, la prohibición de la tortura. También se utiliza el material didáctico sobre el artículo 3 del Convenio que puede encontrarse en el sitio web del Consejo de Europa (http://www.coehelp.org/course/
view.php?id=8
).




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