Naciones unidas a asamblea General



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A/HRC/7/78

página



NACIONES UNIDAS

A

Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/7/78


14 de julio de 2008

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Séptimo período de sesiones
Tema 1 de la agenda
Cuestiones de organización y de procedimiento
3 de marzo a 1º de abril de 2008

INFORME DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE
SU SÉPTIMO PERÍODO DE SESIONES


Vicepresidente y Relator: Sr. Alejandro ARTUCIO (Uruguay)

GE.08-14665 (S) 140808 250808



ÍNDICE

Página

PRIMERA PARTE: RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO


EN SU SÉPTIMO PERÍODO DE SESIONES 8

7/1. Violaciones de los derechos humanos resultantes de los ataques e


incursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado,
particularmente los que se han producido recientemente en la Franja
de Gaza ocupada 8

7/2. Composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado de


las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 9

7/3. Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los


derechos humanos 12

7/4. Mandato del Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda


externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los
Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo
los derechos económicos, sociales y culturales 14

7/5. Mandato del Experto independiente sobre los derechos humanos y


la solidaridad internacional 16

7/6. Mandato de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías 18

7/7. La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en la lucha contra el terrorismo 21

7/8. Mandato del Relator Especial sobre la situación de los defensores


de los derechos humanos 24

7/9. Los derechos humanos de las personas con discapacidad 26

7/10. Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad 30

7/11. La función del buen gobierno en la promoción de los derechos


humanos 32

7/12. Desapariciones forzadas o involuntarias 35

7/13. Mandato del Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía 39

7/14. El derecho a la alimentación 41



ÍNDICE (continuación)

Página

7/15. Situación de los derechos humanos en la República Popular


Democrática de Corea 48

7/16. Situación de los derechos humanos en el Sudán 50

7/17. Derecho del pueblo palestino a la libre determinación 51

7/18. Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida


Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado 53

7/19. La lucha contra la difamación de las religiones 57

7/20. Cooperación técnica y servicios de asesoramiento en la República
Democrática del Congo 61

7/21. Mandato del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios


como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el
ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación 63

7/22. Los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento 65

7/23. Los derechos humanos y el cambio climático 68

7/24. Eliminación de la violencia contra la mujer 70

7/25. Prevención del genocidio 73

7/26. Convención Internacional para la protección de todas las personas


contra las desapariciones forzadas 77

7/27. Los derechos humanos y la extrema pobreza 78

7/28. Las personas desaparecidas 79

7/29. Los derechos del niño 82

7/30. Los derechos humanos en el Golán sirio ocupado 96

7/31. Situación de los derechos humanos en Myanmar 98

7/32. Mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos en Myanmar 100

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

7/33. De la retórica a la realidad: un llamamiento mundial para la adopción


de medidas concretas en contra del racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia 101

7/34. Mandato del Relator Especial sobre las formas contemporáneas


de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas
de intolerancia 102

7/35. Asistencia a Somalia en materia de derechos humanos 106

7/36. Mandato del Relator Especial sobre la promoción y protección del
derecho a la libertad de opinión y de expresión 108

SEGUNDA PARTE: RESUMEN DE LAS ACTUACIONES 113

I. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTO 1 - 120 113

A. Apertura y duración del período de sesiones 1 - 4 113

B. Participantes 5 113

C. Segmento de alto nivel 6 - 12 113

D. Segmento general 13 - 15 116

E. Agenda y programa de trabajo del período de sesiones 16 - 17 117

F. Organización de los trabajos 18 - 27 118

G. Sesiones y documentación 28 - 36 120

H. Visitas 37 - 38 120

I. Examen, racionalización y perfeccionamiento de los


mandatos 39 - 110 120

J. Selección y nombramiento de los titulares de mandatos 111 - 112 129

K. Elección de los miembros del Comité Asesor del Consejo de
Derechos Humanos 113 - 116 129

L. Aprobación del informe del período de sesiones 117 - 120 130



ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

II. INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS


NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
E INFORME DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
Y DEL SECRETARIO GENERAL 121 - 137 131

A. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas


para los Derechos Humanos 121 - 124 131

B. Informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones


Unidas para los Derechos Humanos y del Secretario General 125 - 129 131

C. Examen de los proyectos de propuestas y adopción de


medidas al respecto 130 - 137 132

III. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS


HUMANOS, CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES, INCLUIDO EL DERECHO
AL DESARROLLO 138 - 313 133

A. Paneles 138 - 143 133

B. Diálogo interactivo con los procedimientos especiales 144 - 202 135

C. Representante Especial del Secretario General sobre la


situación de los defensores de los derechos humanos 203 - 207 144

D. Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención


del Genocidio 208 - 211 144

E. Informes presentados en relación con el tema 3 de la agenda


y debate general sobre ese tema 212 - 214 145

F. Examen de los proyectos de propuestas y adopción de


medidas al respecto 215 - 313 146

IV. SITUACIONES DE DERECHOS HUMANOS QUE


REQUIEREN LA ATENCIÓN DEL CONSEJO 314 - 353 160

A. Situación de los derechos humanos en la República Popular


Democrática de Corea 314 - 317 160

B. Situación de los derechos humanos en Myanmar 318 - 321 160

C. Situación de los derechos humanos en el Sudán 322 - 325 161

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

IV. (continuación)

D. Debate general sobre el tema 4 de la agenda 326 - 327 162

E. Examen de los proyectos de propuestas y adopción de


medidas al respecto 328 - 353 163

V. ÓRGANOS Y MECANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 354 - 358 166

VI. EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL 359 166

VII. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PALESTINA


Y OTROS TERRITORIOS ÁRABES OCUPADOS 360 - 386 167

A. Seguimiento de las resoluciones S-1/1, S-1/3, S-3/1 y S-6/1


del Consejo de Derechos Humanos 360 - 361 167

B. Examen de los proyectos de propuestas y adopción de


medidas al respecto 362 - 386 168

VIII. SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y


PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA 387 - 389 171

IX. RACISMO, DISCRIMINACIÓN RACIAL, XENOFOBIA Y


FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA, SEGUIMIENTO
Y APLICACIÓN DE
LA DECLARACIÓN Y PROGRAMA
DE ACCIÓN DE DURBAN 390 - 419 172

A. Diálogo interactivo con los procedimientos especiales 390 - 398 172

B. Informes presentados en relación con el tema 9 de la agenda
y debate general sobre ese tema 399 - 404 173

C. Examen de los proyectos de propuestas y adopción de


medidas al respecto 405 - 419 175

X. ASISTENCIA TÉCNICA Y FOMENTO DE LA CAPACIDAD 420 - 448 177

A. Diálogo interactivo con los procedimientos especiales 420 - 433 177

B. Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas


para la cooperación técnica en materia de derechos humanos 434 179

C. Debate general sobre el tema 10 de la agenda 435 - 436 179

D. Examen de los proyectos de propuestas y adopción de
medidas al respecto 437 - 448 179

ÍNDICE (continuación)

Página

Anexos

I. Agenda 181

II. Repercusiones administrativas y para el presupuesto por programas de
las resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo en su séptimo
período de sesiones 182

III. Asistencia 203

IV. Lista de los documentos publicados para el séptimo período de sesiones
del Consejo 212

V. Lista de los titulares de mandatos de procedimientos especiales nombrados


por el Consejo en su séptimo período de sesiones 237

VI. Lista de los miembros del comité asesor y duración de su mandato 239

VII. Lista de troikas para el mecanismo de examen periódico universal 240

Primera parte

RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO EN SU
SÉPTIMO PERÍODO DE SESIONES


7/1. Violaciones de los derechos humanos resultantes de los ataques e incursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado, particularmente los que se han producido recientemente en la Franja de Gaza ocupada

El Consejo de Derechos Humanos,

Guiado por los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos,

Guiado también por los derechos de todos los pueblos a la libre determinación y la inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante el uso de la fuerza, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas,

Afirmando la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, al territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental,

Afirmando asimismo la aplicabilidad de las normas internacionales de derechos humanos al territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental,

Considerando que los ataques e incursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado, en particular los que se han producido recientemente en la Franja de Gaza ocupada, constituyen violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de los palestinos que viven allí y socavan los esfuerzos internacionales, como la Conferencia de Annapolis y la Conferencia Internacional de Donantes de París para el Estado palestino, que tienen por objeto revitalizar el proceso de paz y establecer para el final de 2008 un Estado palestino viable, contiguo, soberano e independiente,

Considerando también que los recientes ataques e incursiones israelíes en la Franja de Gaza ocupada han causado un número considerable de muertos y heridos entre la población civil palestina, incluidos mujeres, niños y bebés,

1. Condena los persistentes ataques e incursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado, en particular los que se han producido recientemente en la Franja de Gaza ocupada, que causaron más de 125 muertos y centenares de heridos entre la población civil palestina, incluidos mujeres, niños y bebés;

2. Expresa su consternación por el bombardeo israelí de hogares palestinos y la muerte de civiles que vivían allí, así como por la política de Israel de infligir un castigo colectivo a la población civil, que son contrarios al derecho internacional humanitario, y pide que se haga comparecer a los autores ante la justicia;

3. Pide que cesen de inmediato todos los ataques militares israelíes en toda la extensión del territorio palestino ocupado y el lanzamiento de cohetes artesanales que causaron dos muertos y algunos heridos entre la población civil del sur de Israel;

4. Pide asimismo que se adopten urgentemente medidas internacionales para poner fin de inmediato a las graves violaciones cometidas por la Potencia ocupante, Israel, en el territorio palestino ocupado, incluida la serie de ataques e incursiones militares israelíes incesantes y repetidos en ese territorio y el asedio de la Franja de Gaza ocupada;

5. Reitera todos sus llamamientos para que se brinde protección inmediata al pueblo palestino en el territorio palestino ocupado en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario;

6. Insta a todas las partes interesadas a que respeten las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y se abstengan de ejercer violencia contra las poblaciones civiles;

7. Pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que informe al Consejo, en su próximo período de sesiones, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución.



Décima sesión,
6 de marzo de 2008.

Aprobada en votación registrada por 33 votos contra 1 y 13 abstenciones. El resultado de la votación fue el siguiente:



Votos a favor: Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bangladesh, Bolivia, Brasil, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, Gabón, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Malí, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Uruguay, Zambia.

Votos en contra: Canadá.

Abstenciones: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Eslovenia, Francia, Guatemala, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Rumania, Ucrania.

Véase el capítulo VII.



7/2. Composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El Consejo de Derechos Humanos,

Recordando el apartado g) del párrafo 5 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, en el que la Asamblea decidió que el Consejo de Derechos Humanos asumiera la función y las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos en relación con la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con arreglo a lo decidido por la Asamblea en su resolución 48/141, de 20 de diciembre de 1993,

Tomando nota de todas las resoluciones pertinentes aprobadas sobre ese tema por la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo,

Tomando nota también del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/7/57),

Tomando nota asimismo de los informes de la Dependencia Común de Inspección sobre el examen de la gestión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/59/65-E/2004/48 y Add.1) y sobre la financiación y dotación de personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (JIU/REP/2007/8),

Teniendo presente que un desequilibrio en la composición del personal podría disminuir la eficacia de la labor de la Oficina del Alto Comisionado si se considerara resultado de prejuicios culturales y no representativo de las Naciones Unidas en general,

Reafirmando la importancia de seguir trabajando para corregir el desequilibrio en la representación regional del personal de la Oficina del Alto Comisionado,

Subrayando que la consideración primordial al contratar a personal de todas las categorías es la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y expresando su convicción, a tenor del párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas, de que este objetivo es compatible con el principio de una distribución geográfica equitativa,

Reafirmando que la Quinta Comisión es la Comisión Principal de la Asamblea General encargada de las cuestiones administrativas y presupuestarias,

1. Toma nota con interés de que la Alta Comisionada haya declarado en su informe que el logro del equilibrio geográfico en la composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado seguirá siendo una de sus prioridades y pide a ella y a sus sucesores que adopten todas las medidas necesarias para corregir el actual desequilibro en la distribución geográfica del personal de la Oficina del Alto Comisionado;

2. Toma nota de las diferentes medidas propuestas y ya adoptadas para corregir el desequilibro en la distribución geográfica del personal, al tiempo que subraya que ese desequilibrio sigue siendo considerable;

3. También toma nota de la voluntad de la Alta Comisionada de elaborar medidas adicionales para lograr un mayor equilibrio geográfico en la Oficina del Alto Comisionado, como indica en la conclusión de su informe;

4. Pide a los futuros Altos Comisionados que sigan intensificando los esfuerzos por lograr el objetivo del equilibrio geográfico en la composición del personal de la Oficina;

5. Subraya la importancia de seguir fomentando la diversidad geográfica al contratar personal para los puestos de alto nivel y del cuadro orgánico, incluido el personal directivo, como principio de las políticas de contratación de la Oficina del Alto Comisionado;

6. Señala la vital importancia del equilibrio en la distribución geográfica del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, teniendo en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales y de los diversos contextos históricos, culturales y religiosos, así como los diferentes sistemas políticos, económicos y jurídicos, para la promoción y defensa de la universalidad de los derechos humanos;

7. Recuerda las disposiciones del párrafo 3 de la sección X de la resolución 55/258 de la Asamblea General, de 14 de junio de 2001, sobre la gestión de los recursos humanos, en la que se pide nuevamente al Secretario General que siga incrementando sus esfuerzos por mejorar la composición de la Secretaría velando por una distribución geográfica amplia y equitativa del personal en todos los departamentos;

8. Alienta a la Asamblea General a estudiar la posibilidad de adoptar medidas adicionales para promover la aplicación de gamas convenientes de equilibrio geográfico en la composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado que reflejen las particularidades nacionales y regionales, los diversos contextos históricos, culturales y religiosos, así como la variedad de sistemas políticos, económicos y jurídicos;

9. Celebra el aumento significativo de los recursos humanos y financieros asignados a las actividades de la Oficina del Alto Comisionado;

10. Reconoce la importancia del seguimiento y la aplicación de la resolución 61/159 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 2006, y subraya la importancia primordial de que la Asamblea siga brindando apoyo y orientación al Alto Comisionado en el proceso actual de mejora del equilibrio geográfico en la composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado;

11. Pide a la Alta Comisionada que presente un informe amplio y actualizado al Consejo en 2009, con arreglo a su programa de trabajo anual, ciñéndose a la estructura y el alcance del informe mencionado y prestando especial atención a las nuevas medidas que se hayan adoptado para corregir el desequilibrio en la composición geográfica del personal de la Oficina.



39ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada en votación registrada por 34 votos contra 10 y 3 abstenciones. El resultado de la votación fue el siguiente:



Votos a favor: Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Camerún, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Malí, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Uruguay, Zambia.

Votos en contra: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Eslovenia, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Ucrania.

Abstenciones: Japón, República de Corea, Suiza.

Véase el capítulo II.



7/3. Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos

El Consejo de Derechos Humanos,

Reafirmando su compromiso de promover la cooperación internacional, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas, concretamente en el párrafo 3 del Artículo 1, así como en las disposiciones pertinentes de la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, a fin de fomentar una auténtica cooperación entre los Estados Miembros en la esfera de los derechos humanos,

Recordando la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2000, y la resolución 62/160 de la Asamblea, de 18 de diciembre de 2007, y teniendo presente la decisión 4/104 del Consejo, de 30 de marzo de 2007,

Recordando también la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica) del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001, y su contribución al fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos,

Observando que el fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos es esencial para conseguir plenamente los propósitos de las Naciones Unidas, incluidas la promoción y la protección efectivas de todos los derechos humanos,

Observando también que la promoción y protección de los derechos humanos se deben basar en el principio de cooperación y diálogo genuino y deben procurar fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en beneficio de todas las personas,

Reafirmando que el diálogo entre religiones, culturas y civilizaciones en la esfera de los derechos humanos podría contribuir en gran medida a fortalecer la cooperación internacional en esa esfera,

Destacando la necesidad de seguir avanzando en la tarea de promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante, entre otras cosas, la cooperación internacional,

Subrayando que la comprensión mutua, el diálogo, la cooperación, la transparencia y el fomento de la confianza son elementos importantes de todas las actividades de promoción y protección de los derechos humanos,

1. Reafirma que es uno de los propósitos de las Naciones Unidas y responsabilidad de todos los Estados Miembros promover, proteger y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante, entre otras cosas, la cooperación internacional;

2. Observa que, además de la responsabilidad individual que cada Estado tiene respecto de su sociedad, incumbe a todos los Estados la responsabilidad colectiva de defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial;

3. Reafirma que el diálogo entre las culturas y civilizaciones facilita la promoción de una cultura de tolerancia y respeto de la diversidad, y acoge con beneplácito a ese respecto la celebración de conferencias y reuniones a nivel nacional, regional e internacional sobre el diálogo entre civilizaciones;

4. Insta a todos los actores en la escena internacional a establecer un orden internacional basado en la inclusión, la justicia, la igualdad y la equidad, la dignidad humana, la comprensión mutua y la promoción y el respeto de la diversidad cultural y los derechos humanos universales, y a rechazar todas las doctrinas de exclusión basadas en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

5. Reafirma la importancia de fortalecer la cooperación internacional para promover y proteger los derechos humanos y alcanzar los objetivos de la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

6. Considera que la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, de conformidad con los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, debería contribuir de forma eficaz y práctica a la urgente tarea de prevenir las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

7. Reafirma que la promoción, protección y plena realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales deberían regirse por los principios de universalidad, no selectividad, objetividad y transparencia, de forma compatible con los propósitos y principios enunciados en la Carta;

8. Toma nota del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la intensificación de la cooperación en la esfera de los derechos humanos (A/HRC/7/31);

9. Exhorta a los Estados Miembros, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales a que sigan manteniendo un diálogo constructivo y celebrando consultas para mejorar la comprensión y la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y alienta a las organizaciones no gubernamentales a que contribuyan activamente a esa labor;

10. Invita a los Estados y a los correspondientes mecanismos y procedimientos de derechos humanos de las Naciones Unidas a que sigan prestando atención a la importancia de la cooperación y comprensión mutuas y del diálogo para asegurar la promoción y protección de todos los derechos humanos;

11. Pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que consulte a los Estados y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales acerca de las vías y los medios para intensificar la cooperación internacional y el diálogo en los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos, como lo indica la Asamblea General en el preámbulo de su resolución 60/251 de 15 de marzo de 2006, y que presente un informe sobre sus conclusiones al Consejo en el período de sesiones que corresponda en 2009;

12. Decide seguir examinando la cuestión en 2009 de acuerdo con su programa de trabajo anual.

39ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada sin votación. Véase el capítulo III.



7/4. Mandato del Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales

El Consejo de Derechos Humanos,

Reiterando todas las resoluciones y decisiones anteriores aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos en relación con las consecuencias que tienen las políticas de ajuste estructural y reforma económica y la deuda externa para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, incluidas las resoluciones 1998/24 de 17 de abril de 1998, 1999/22 de 23 de abril de 1999, 2000/82 de 26 de abril de 2000, 2004/18 de 16 de abril de 2004 y 2005/19 de 14 de abril de 2005, y la decisión 2/109 del Consejo de Derechos Humanos, de 27 de noviembre de 2006,

Teniendo presente el párrafo 6 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006,

Recordando sus resoluciones 5/1, "Construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", y 5/2, "Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos", de 18 de junio de 2007, y subrayando que los titulares de mandatos cumplirán sus funciones de conformidad con lo dispuesto en esas resoluciones y sus anexos,

Tomando en consideración el informe (A/HRC/7/9) del Experto independiente saliente sobre las consecuencias de las políticas de reforma económica y la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales,

1. Reconoce con agradecimiento el trabajo y las contribuciones de Bernards Andrew Nyamwaya Mudho durante su mandato como Experto independiente sobre las consecuencias de las políticas de reforma económica y la deuda externa para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los económicos, sociales y culturales, y toma nota con agradecimiento de su último informe al Consejo;

2. Decide redefinir el mandato del procedimiento temático especial y denominarlo "Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales", a fin de que el titular del mandato pueda prestar particular atención a lo siguiente:

a) Las consecuencias de la deuda externa y de las políticas adoptadas a fin de hacerles frente para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales en los países en desarrollo;

b) Las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas para la capacidad de los Estados de formular y aplicar sus políticas y programas, que incluye la existencia de un presupuesto nacional que responda a los requisitos fundamentales para la promoción del ejercicio de los derechos sociales;

c) Las medidas adoptadas por los gobiernos, el sector privado y las instituciones financieras internacionales para aliviar esas consecuencias en los países en desarrollo, especialmente los más pobres y los muy endeudados;

d) Los nuevos acontecimientos, las medidas y las iniciativas tomadas por las instituciones financieras internacionales, otros órganos de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con respecto a las políticas de ajuste estructural y los derechos humanos;

e) La cuantificación de normas mínimas para la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio;

f) La intensificación de las consultas con todos los interesados relevantes en el cumplimiento de este mandato;

3. Decide también que el mandato del Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, se prorrogue por tres años;

4. Pide al Experto independiente que, en su informe anual analítico al Consejo, estudie más detalladamente las interconexiones con el comercio y otras cuestiones, como el VIH/SIDA, cuando examine las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, y que también contribuya, cuando proceda, al proceso al que se ha encomendado el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, con miras a señalar a su atención el amplio alcance de su mandato;

5. Pide también al Experto independiente que solicite a los Estados, organizaciones internacionales, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, comisiones económicas regionales, instituciones financieras internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales sus opiniones y sugerencias sobre su proyecto de directrices generales, con miras a perfeccionarlas como corresponda y presentar un proyecto actualizado de directrices generales al Consejo en 2010;

6. Pide asimismo al Experto independiente que, con arreglo a su mandato, coopere con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité Asesor, los procedimientos especiales, los mecanismos y los grupos de trabajo pertinentes del Consejo cuyos mandatos se relacionan con los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, como parte de su labor de perfeccionamiento del proyecto de directrices generales;

7. Pide al Secretario General que ponga a disposición del Experto independiente toda la asistencia que precise, en particular el personal y los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, y que facilite su participación en el proceso de seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, así como las aportaciones que pueda hacer al respecto;

8. Insta a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a las instituciones financieras internacionales, a las organizaciones no gubernamentales y al sector privado a que cooperen plenamente con el Experto independiente en el desempeño de su mandato;

9. Pide al Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, que en 2009 presente al Consejo un informe analítico sobre la aplicación de la presente resolución, de conformidad con su programa anual de trabajo, y que presente un informe de avance sobre el tema a la Asamblea General en su sexagésimo tercer período de sesiones;

10. Decide seguir examinando esta cuestión en relación con el mismo tema de la agenda.

39ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada en votación registrada por 34 votos contra 13. El resultado de la votación fue el siguiente:



Votos a favor: Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Camerún, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Malí, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Uruguay, Zambia.

Votos en contra: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Eslovenia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Rumania, Suiza, Ucrania.

Véase el capítulo III.



7/5. Mandato del Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional

El Consejo de Derechos Humanos,

Reafirmando todas las resoluciones sobre la cuestión de los derechos humanos y la solidaridad internacional aprobadas anteriormente por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos, incluida la resolución 2005/55 de la Comisión, de 20 de abril de 2005,

Teniendo presente el párrafo 6 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006,

Recordando sus resoluciones 5/1, "Construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", y 5/2, "Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos", de 18 de junio de 2007, y subrayando que los titulares de mandatos cumplirán sus funciones de conformidad con esas resoluciones y sus anexos,

Recordando también la importancia, para la promoción y protección de la solidaridad internacional, de las declaraciones y los programas de acción de conferencias internacionales tales como la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey (México) en 2002, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002, y la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, celebrada en Kobe (Japón) en 2005,

Reafirmando que la creciente disparidad entre los países económicamente desarrollados y los países en desarrollo es inadmisible y obstaculiza la realización de los derechos humanos en la comunidad internacional, por lo que resulta aún más necesario que cada país, según su capacidad, haga el máximo esfuerzo posible para eliminar esa disparidad,

Considerando que no se ha prestado suficiente atención a la importancia de la solidaridad internacional como componente fundamental de los esfuerzos que despliegan los países en desarrollo para que sus pueblos disfruten del derecho al desarrollo y para promover el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales de todos,

1. Decide prorrogar el mandato del Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional por un período de tres años, que consistirá en:



a) Promover la realización del derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional, entre otros medios, desarrollando nuevas directrices, criterios, normas y principios encaminados a ampliar el goce de ese derecho fundamental y adoptando medidas, a nivel regional e internacional, para promover y consolidar la asistencia internacional a los países en desarrollo en sus esfuerzos por lograr el desarrollo y crear las condiciones que hagan posible el pleno disfrute de todos los derechos humanos;

b) Recabar, en el desempeño de su mandato, las opiniones y contribuciones de los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y no gubernamentales pertinentes, teniendo en cuenta los resultados de todas las principales cumbres mundiales de las Naciones Unidas y de otras entidades y de las reuniones ministeriales en las esferas económica y social;

c) Examinar los medios y criterios para superar los actuales obstáculos, así como los que puedan presentarse, a la realización del derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional;

d) Formular recomendaciones sobre posibles medidas para lograr progresivamente la plena realización del derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional, así como propuestas para superar los crecientes retos en la cooperación internacional;

e) Trabajar en estrecha cooperación con todos los Estados, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y otros actores pertinentes que representen la gama más amplia posible de intereses y experiencias, en el marco de sus respectivos mandatos, a fin de integrar plenamente en las actividades de las Naciones Unidas la realización efectiva del derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional;

f) Seguir participando en las conferencias y reuniones internacionales pertinentes, y aportando contribuciones a ellas, con miras a promover la realización del derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional;

2. Pide a todos los Estados, a los organismos de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales pertinentes que incorporen de lleno en sus actividades el derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional y que cooperen con el Experto independiente en el desempeño de su mandato, le faciliten toda la información que necesite y estudien seriamente la posibilidad de responder favorablemente a sus solicitudes para visitar países, y que permitan al Experto independiente cumplir su mandato con eficacia;

3. Pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que proporcione al Experto independiente todos los recursos humanos y financieros necesarios para el desempeño eficaz de su mandato;

4. Pide al Experto independiente que continúe trabajando en la preparación de un proyecto de declaración sobre el derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional y que presente al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente resolución, de conformidad con su programa de trabajo anual;

5. Decide seguir examinando esta cuestión en relación con el mismo tema de la agenda.

39ª sesión,
27 de marzo de 2008

Aprobada en votación registrada por 34 votos contra 13. El resultado de la votación fue el siguiente:



Votos a favor: Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Camerún, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Malí, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Uruguay, Zambia.

Votos en contra: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Eslovenia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Rumania, Suiza, Ucrania.

Véase el capítulo III.



7/6. Mandato de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías

El Consejo de Derechos Humanos,

Recordando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,



Recordando también todas las resoluciones anteriores sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas aprobadas por la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos, incluidas la resolución de la Comisión 2005/79, de 21 de abril de 2005, y la resolución del Consejo 6/15, de 28 de septiembre de 2007,

Afirmando que la adopción de medidas eficaces y la creación de condiciones favorables para la promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas que garanticen la no discriminación efectiva y la igualdad para todos, así como una participación total y verdadera en los asuntos que les conciernen, contribuyen a la prevención y a la solución pacífica de los problemas y situaciones relacionados con los derechos humanos que afectan a las minorías,

Preocupado por la frecuencia y gravedad de las controversias y conflictos que afectan a las minorías en muchos países y sus consecuencias a menudo trágicas, y el hecho de que las personas pertenecientes a minorías suelen padecer desproporcionadamente los efectos de los conflictos, lo que entraña la violación de sus derechos humanos, y son particularmente vulnerables a los desplazamientos que adoptan la forma, entre otras, de traslados de población, corrientes de refugiados o reubicación forzosa,

Teniendo presente el párrafo 6 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006,

Recordando sus resoluciones 5/1, sobre la construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y 5/2, sobre el Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, y subrayando que el titular de un mandato deberá cumplir sus funciones de conformidad con lo dispuesto en esas resoluciones y en sus anexos,

Tomando nota del informe del Secretario General sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (A/HRC/4/109), en el que recomienda que el Consejo mantenga y mejore los mecanismos existentes, entre otras cosas un procedimiento especial,

1. Encomia a la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías por la labor realizada a la fecha, por su importante contribución al mayor conocimiento y visibilidad de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas y por sus constantes esfuerzos por promover y proteger sus derechos con miras a lograr un desarrollo equitativo y sociedades pacíficas y estables, entre otros, mediante una estrecha cooperación con los gobiernos, los órganos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales;

2. Expresa su reconocimiento a los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que han prestado especial atención a la promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas y que han dado apoyo a la labor de la Experta independiente;

3. Decide prolongar el mandato de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías por un período de tres años y le pide lo siguiente:



a) Promover la aplicación de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, incluso mediante consultas con los gobiernos, teniendo en cuenta las normas internacionales vigentes y la legislación nacional en relación con las minorías;

b) Identificar las mejores prácticas y posibilidades de cooperación técnica que puede ofrecer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los gobiernos que lo soliciten;

c) Aplicar una perspectiva de género en su labor;

d) Colaborar estrechamente con los actuales órganos, mandatos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas, así como con las organizaciones regionales, velando al mismo tiempo por evitar la duplicación de tareas;

e) Tener en cuenta el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales en asuntos relacionados con su mandato;

f) Orientar la labor del Foro sobre Cuestiones de las Minorías, de acuerdo con lo decidido por el Consejo en su resolución 6/15;

g) Presentar al Consejo informes anuales de sus actividades, que incluyan recomendaciones de estrategias eficaces para un mejor ejercicio de los derechos de las personas pertenecientes a minorías;

4. Exhorta a todos los Estados a colaborar con la Experta independiente en el desempeño de las tareas y funciones que le han sido encomendadas y alienta a los organismos especializados, las organizaciones regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales a mantener un diálogo y una cooperación permanentes con la titular del mandato;

5. Pide al Secretario General y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que presten toda la asistencia humana, técnica y financiera necesaria para el efectivo cumplimiento del mandato de la Experta independiente;

6. Decide seguir ocupándose de este tema, en el marco del programa de trabajo anual del Consejo.



39ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada sin votación. Véase el capítulo III.



7/7. La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo

El Consejo de Derechos Humanos,

Recordando su decisión 2/112 y su resolución 6/28, y recordando también las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos 2003/68, 2004/87 y 2005/80, así como las resoluciones de la Asamblea General 57/219, 58/187, 59/191, 60/158, 61/171 y 62/159,

1. Reafirma que los Estados deben cerciorarse de que las medidas que se adopten para combatir el terrorismo estén en consonancia con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular las normas internacionales relativas a los derechos humanos y a los refugiados y el derecho humanitario;

2. Deplora hondamente el sufrimiento causado por el terrorismo a las víctimas y sus familiares, expresa su profunda solidaridad con ellos y subraya la importancia de proporcionarles la asistencia adecuada;

3. Reafirma su condena inequívoca de todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos e independientemente de su motivación por ser criminales e injustificables, y renovando su compromiso de estrechar la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo, y a ese respecto exhorta a los Estados y a otros actores competentes, según corresponda, a que sigan aplicando la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, en la que, entre otras cosas, se reafirma que el respeto de los derechos humanos para todos y el estado de derecho son la base fundamental de la lucha contra el terrorismo;

4. Reafirma también la obligación de los Estados, de conformidad con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de respetar el carácter irrevocable de ciertos derechos en toda circunstancia y recuerda, con respecto a los demás derechos consagrados en el Pacto, que toda medida para suspender la aplicación de las disposiciones del Pacto deberá ser compatible con las disposiciones de dicho artículo en todos los casos, y subraya la naturaleza excepcional y temporal de toda suspensión de esa clase1;

5. Exhorta a los Estados a que conciencien de la importancia de esas obligaciones a las autoridades nacionales encargadas de luchar contra el terrorismo;

6. Reafirma que las medidas de lucha contra el terrorismo deberían aplicarse tomando plenamente en consideración los derechos humanos de las personas pertenecientes a minorías y no deben ser discriminatorias por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social;

7. Exhorta a los Estados a que no recurran a perfiles basados en estereotipos fundados en motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional, por ejemplo motivos de pertenencia racial, étnica y/o religiosa;

8. Insta a los Estados a que, en su lucha contra el terrorismo, cumplan plenamente sus obligaciones en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en particular, la absoluta prohibición de la tortura;

9. Insta asimismo a los Estados a que respeten plenamente la obligación de no devolución que les incumbe en virtud del derecho internacional de los refugiados y las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, a que examinen, respetando rigurosamente esa obligación y otras salvaguardias legales, la validez de una decisión sobre la condición de refugiado de una persona si se obtienen pruebas pertinentes y fidedignas que indiquen que la persona en cuestión ha cometido actos delictivos, incluidos actos terroristas, a los que sean aplicables las cláusulas de exclusión previstas en el derecho internacional de los refugiados;

10. Exhorta a los Estados a que se abstengan de devolver personas a sus países de origen o a un tercer Estado, incluso en casos relacionados con el terrorismo, cuando dicho traslado sea contrario a las obligaciones que les impone el derecho internacional, en particular las normas de derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados, sobre todo en los casos en que haya motivos sólidos para creer que correrían peligro de ser sometidas a torturas, o que su vida o su libertad peligrarían, en violación del derecho internacional de los refugiados, por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o de sus opiniones políticas, teniendo presente la obligación que pudieran tener los Estados de procesar a esas personas cuando no sean devueltas;

11. Exhorta también a los Estados a que velen por que las directrices y prácticas que se apliquen en todas las operaciones de control de fronteras y en otros mecanismos previos a la entrada, sean claras y respeten estrictamente las obligaciones que les impone el derecho internacional, en particular el derecho de los refugiados y las normas de derechos humanos, respecto de quienes soliciten protección internacional;

12. Insta a los Estados a que, en la lucha contra el terrorismo, observen las debidas garantías procesales de conformidad con todas las disposiciones pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con sus obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales y la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951 y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, en sus respectivos ámbitos de aplicación;

13. Insta también a todos los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para cerciorarse de que las personas privadas de libertad, independientemente del lugar de detención o encarcelamiento, gocen de las garantías que les reconoce el derecho internacional, en particular la revisión de su detención y, si son llevadas a juicio, las garantías procesales fundamentales;

14. Se opone a toda forma de privación de libertad que equivalga a sustraer al detenido de la protección de la ley, e insta a los Estados a que respeten las salvaguardias relativas a la libertad, seguridad y dignidad de las personas y a que en todos los lugares de detención traten a todos los reclusos de conformidad con el derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario;

15. Toma nota de la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por la Asamblea General en su resolución 61/177, de 20 de diciembre de 2006, y reconoce que su entrada en vigor será un acontecimiento significativo;

16. Exhorta a los Estados a que se cercioren de que sus leyes que penalizan la conducta y/o las actividades terroristas son accesibles, están formuladas con precisión, no son discriminatorias ni tienen carácter retroactivo y se ajustan al derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos;

17. Insta a los Estados a que, velando por el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales incluyan las debidas garantías de los derechos humanos en sus procedimientos nacionales para establecer la lista de personas y entidades con miras a combatir el terrorismo;

18. Reafirma que, en la lucha contra el terrorismo, es imperativo que todos los Estados respeten y protejan la dignidad de las personas y sus libertades fundamentales, así como las prácticas democráticas y el estado de derecho;

19. Toma nota con agradecimiento de los informes del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo presentados al Consejo (A/HRC/6/17 y Corr.1; A/HRC/4/26 y E/CN.4/2006/98);

20. Toma asimismo nota con agradecimiento de los informes sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo presentados al Consejo (E/CN.4/2006/94 y A/HRC/4/88) por la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de la labor realizada para llevar a la práctica el mandato que le confiaron la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 2005/80 y la Asamblea General en su resolución 60/158, y pide a la Alta Comisionada que continúe sus esfuerzos a este respecto;

21. Exhorta a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales a que fortalezcan su coordinación y cooperación en la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en su lucha contra el terrorismo;

22. Alienta a los Estados a que pongan a disposición de las autoridades nacionales competentes la "Recopilación de Jurisprudencia de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo" y a que tengan en cuenta su contenido;

23. Observa con reconocimiento el diálogo establecido en el contexto de la lucha contra el terrorismo entre el Consejo de Seguridad y su Comité contra el Terrorismo y los órganos competentes para la promoción y protección de los derechos humanos, y alienta a los órganos pertinentes de derechos humanos, en particular la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, a seguir desarrollando y aumentando la cooperación y el diálogo con el Consejo de Seguridad y su Comité contra el Terrorismo, incluida su Dirección Ejecutiva;

24. Observa también con reconocimiento la cooperación entre el Relator Especial y todos los procedimientos y mecanismos pertinentes del Consejo, los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y les insta a que continúen su cooperación, de conformidad con sus respectivos mandatos, y a que coordinen sus iniciativas, según proceda, a fin de promover un planteamiento coherente en la materia;

25. Alienta a los Estados a que, en la lucha contra el terrorismo, tomen en consideración las resoluciones y decisiones pertinentes de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y a que tengan debidamente en cuenta las recomendaciones de los procedimientos y mecanismos especiales del Consejo y las observaciones y opiniones pertinentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos;

26. Acoge con reconocimiento la publicación por el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de su orientación normativa Nº 2 relativa a los derechos humanos y el Comité;

27. Toma nota de la petición hecha por la Asamblea General a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de que, en su lucha contra el terrorismo, sigan contribuyendo a la labor del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, entre otras cosas, aumentando la conciencia sobre la necesidad de respetar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo;

28. Pide a la Alta Comisionada que presente con regularidad un informe sobre la aplicación de la presente resolución al Consejo, de conformidad con su programa de trabajo anual, y a la Asamblea General;

29. Decide continuar el examen de esta cuestión en el ciclo 2008-2009 del Consejo, de conformidad con su programa de trabajo anual.



39ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada sin votación. Véase el capítulo III.



7/8. Mandato del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos

El Consejo de Derechos Humanos,

Recordando la resolución 53/144 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea aprobó por consenso la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, cuyo texto figura como anexo de esa resolución, y reiterando la importancia de la Declaración y de su promoción y aplicación,

Recordando también que las disposiciones de la citada Declaración siguen siendo válidas y aplicables,

Recordando además todas las resoluciones anteriores sobre esta cuestión, en particular la resolución 2005/67 de la Comisión de Derechos Humanos, de 20 de abril de 2005, y la resolución 62/152 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 2007,

Teniendo presente el párrafo 6 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006,

Recordando las resoluciones del Consejo 5/1, sobre la construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y 5/2, sobre el Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, y subrayando que los titulares de los mandatos deberán desempeñar sus funciones de conformidad con esas resoluciones y sus anexos,

Destacando el importante papel que desempeñan los individuos y las instituciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, los grupos y las instituciones nacionales de derechos humanos, en la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos,

1. Toma nota con reconocimiento de la labor realizada por el Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;

2. Decide prorrogar el mandato para el procedimiento especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos por un período de tres años encomendándolo a un Relator Especial y pide al Relator Especial que:

a) Promueva la aplicación efectiva e íntegra de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, por medio de la cooperación y de una participación y diálogo constructivos con los gobiernos, los interlocutores pertinentes y otros actores interesados;

b) Estudie de manera global las tendencias, novedades y desafíos referentes al ejercicio del derecho de toda persona a, actuando individualmente o en asociación con otras, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales;

c) Recomiende estrategias concretas y eficaces para proteger mejor a los defensores de los derechos humanos adoptando un enfoque universal, y se ocupe del seguimiento de estas recomendaciones;

d) Recabe, reciba y examine información, y responda a ella, sobre la situación y los derechos de toda persona que, actuando individualmente o en asociación con otras, promueva y proteja los derechos humanos y las libertades fundamentales;

e) Integre una perspectiva de género en toda la labor relativa a su mandato, prestando especial atención a la situación de las defensoras de los derechos humanos;

f) Trabaje en estrecha coordinación con otros órganos, oficinas, departamentos y organismos especializados competentes de las Naciones Unidas, tanto en la Sede como en los países, y en particular con otros procedimientos especiales del Consejo;

g) Informe periódicamente al Consejo y a la Asamblea General;

3. Insta a todos los gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el desempeño de su cometido, a facilitarle toda la información necesaria y a responder sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les haga llegar;

4. Exhorta a los Estados a considerar seriamente la posibilidad de acceder a las solicitudes del Relator Especial de visitar sus países y los insta a entablar un diálogo constructivo con el Relator Especial sobre el seguimiento y el cumplimiento de sus recomendaciones, a fin de que pueda cumplir su mandato de forma aún más eficaz;

5. Pide al Secretario General y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presten al Relator Especial toda la asistencia que necesite para llevar a cabo su mandato de forma eficaz;

6. Decide seguir examinando esta cuestión con arreglo a su programa de trabajo anual.

40ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada sin votación. Véase el capítulo III.



7/9. Los derechos humanos de las personas con discapacidad

El Consejo de Derechos Humanos,

Recordando las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, las más recientes de las cuales son la resolución 62/170, de 18 de diciembre de 2007, relativa a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, y la resolución 62/127, de 18 de diciembre de 2007, relativa a la aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad,

Recordando asimismo las resoluciones pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos, la más reciente de las cuales es la resolución 2005/65, de 25 de abril de 2005, y las de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social,

Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,

Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás,

Reconociendo asimismo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud, la educación, la información y las comunicaciones para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,

Reconociendo además la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países, particularmente en los países en desarrollo,

Consciente de que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, y subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad,

1. Reafirma la necesidad de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y de promover el respeto de su dignidad inherente y, a este respecto, pide a los Gobiernos que adopten medidas activas para:



a) Prevenir y prohibir todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad; y

b) Garantizar a las personas con discapacidad la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto a su autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones; la independencia, y la igualdad de oportunidades;

2. Acoge con satisfacción la aprobación por la Asamblea General, el 13 de diciembre de 2006, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, y expresa el deseo de que entren en vigor en breve;

3. Acoge con satisfacción asimismo que desde la apertura a la firma de la Convención y el Protocolo Facultativo, el 30 de marzo de 2007, hayan firmado la Convención 126 Estados y la hayan ratificado 17, y que hayan firmado el Protocolo 71 Estados y lo hayan ratificado 11, y pide a los Estados y las organizaciones de integración regional que todavía no lo hayan hecho que consideren como cuestión prioritaria la firma y la ratificación de la Convención y el Protocolo Facultativo;

4. Acoge con satisfacción además la atención prestada por varios relatores especiales en el cumplimiento de sus mandatos a los derechos de las personas con discapacidad, y pide que todos los responsables de los procedimientos especiales, en el cumplimiento de sus mandatos, tengan en cuenta el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por las personas con discapacidad;

5. Alienta al Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos y a los demás mecanismos del Consejo a que integren la perspectiva de las personas con discapacidad, según proceda, en sus actividades y en sus recomendaciones para facilitar la inclusión de esas personas en la labor del Consejo;

6. Insta a todos los interesados a que tengan en consideración los derechos de las personas con discapacidad en todas las etapas del examen periódico universal, por ejemplo en las consultas celebradas por los Estados a nivel nacional para preparar la información que se ha de presentar para el examen, de modo que incluyan en esas consultas a las instituciones nacionales de derechos humanos y a las organizaciones no gubernamentales que representan a las personas con discapacidad;

7. Acoge con satisfacción la atención prestada a los derechos de las personas con discapacidad en la labor de varios órganos de supervisión de tratados de derechos humanos y alienta a éstos a que sigan integrando la perspectiva de las personas con discapacidad en su trabajo, especialmente en sus actividades de supervisión y al formular las observaciones generales;

8. Insta a los gobiernos a que, en consulta con las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de personas con discapacidad, entre otros, tengan plenamente en cuenta los derechos de las personas con discapacidad cuando presenten los informes previstos en los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y se congratula de los esfuerzos de los gobiernos que han empezado a hacerlo;

9. Acoge con satisfacción el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad (A/HRC/7/61), e invita a la Alta Comisionada a que siga prestando la ayuda oportuna con miras a integrar la perspectiva de las personas con discapacidad en el trabajo del Consejo y a proseguir las actividades de su Oficina que contribuyan a dar a conocer y explicar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo en cooperación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría;

10. Alienta a los Estados a que den a conocer los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo en campañas de sensibilización y programas de formación, para luchar contra los estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas y las barreras psicológicas respecto de las personas con discapacidad y para promover imágenes positivas y una mayor conciencia social acerca de las personas con discapacidad;

11. Alienta asimismo a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a que tenga plenamente en cuenta la aplicación progresiva de normas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios del sistema de las Naciones Unidas, teniendo presentes además las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y subraya la necesidad de que el Consejo sea totalmente accesible a las personas con discapacidad, incluidos sus recursos de Internet;

12. Alienta además a los Estados a que adopten las medidas oportunas para identificar y eliminar los obstáculos e impedimentos a la accesibilidad de las personas con discapacidad, en particular para velar por que esas personas tengan acceso, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones y a otros servicios abiertos o suministrados al público, tanto en las zonas urbanas como en las rurales;

13. Se congratula por el importante papel desempeñado por las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, en la negociación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y alienta a las instituciones y organizaciones pertinentes a que prosigan sus actividades para fomentar la comprensión de la Convención y, cuando proceda, su aplicación;

14. Alienta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que siga fortaleciendo sus alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y sus actividades de comunicación con ellas, centrándose especialmente en las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, para hacerlas más conscientes de la labor del sistema de derechos humanos;

15. Decide celebrar en uno de sus períodos ordinarios de sesiones un debate interactivo anual sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que el primero de esos debates se celebre en su décimo período de sesiones y trate de las medidas jurídicas esenciales para la ratificación y la aplicación efectiva de la Convención, y también en relación con la igualdad y la no discriminación;

16. Pide a la Oficina del Alto Comisionado que prepare un estudio temático para mejorar el conocimiento y la comprensión de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad centrado en las medidas jurídicas esenciales para la ratificación y la aplicación efectiva de la Convención, como las relativas a la igualdad y la no discriminación, en consulta con los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad, y las instituciones nacionales de derechos humanos, y pide que el estudio esté disponible en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado en un formato accesible antes del décimo período de sesiones del Consejo;

17. Toma nota de que la Asamblea General pidió al Secretario General que le presentara en su próximo período de sesiones un informe sobre la situación de la Convención y el Protocolo Facultativo y sobre la aplicación de la resolución 62/170, y de que también pidió al Secretario General que presentara ese informe al Consejo para facilitar el examen de los derechos de las personas con discapacidad;

18. Invita al Relator Especial de la Comisión de Desarrollo Social encargado de la situación de la discapacidad a que siga cooperando con el Consejo y a que le informe, de conformidad con el programa de trabajo del Consejo, sobre las actividades que haya realizado en cumplimiento de su mandato.



40ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada sin votación. Véase el capítulo III.



7/10. Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad

El Consejo de Derechos Humanos,

Guiado por los Propósitos, Principios y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas,

Guiado también por el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho a una nacionalidad y nadie deberá ser privado arbitrariamente de su nacionalidad,

Reafirmando su decisión 2/111, de 27 de noviembre de 2006, así como todas las resoluciones anteriores aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad, en particular la resolución 2005/45, de 19 de abril de 2005,

Reconociendo el derecho de los Estados a establecer leyes que rijan la adquisición, renuncia o pérdida de la nacionalidad, de conformidad con el derecho internacional, y observando que la cuestión de la apatridia ya está siendo examinada por la Asamblea General como parte del tema amplio de la sucesión de los Estados,

Observando las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los instrumentos sobre apatridia y nacionalidad, entre otras cosas, el apartado iii) del párrafo d) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el párrafo 3 del artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los artículos 1 a 3 de la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, el artículo 9 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia,

Recordando que las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad están amparadas por el derecho internacional en materia de derechos humanos y de refugiados, así como por los instrumentos sobre apatridia, lo que incluye, con respecto a los Estados Partes, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y el Protocolo de ésta,

Destacando que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí y que la comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso, como se reafirma en la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 y la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, en la cual la Asamblea estableció el Consejo de Derechos Humanos,

Recordando la resolución 61/137 de la Asamblea General, de 25 de enero de 2007, en la que, entre otras cosas, se instó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a seguir trabajando en la identificación de los apátridas, la prevención y reducción de la apatridia y la protección de los apátridas,

Observando la importante labor que lleva a cabo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para tratar y prevenir el problema de la apatridia, incluida la adopción, por su Comité Ejecutivo, de la conclusión sobre la identificación, prevención y reducción de la apatridia y la protección de los apátridas, Nº 106 (LVII)-2006,

Teniendo presente que la Asamblea General, en su resolución 41/70, de 3 de diciembre de 1986, hizo suyo el llamamiento a todos los Estados para que promoviesen los derechos humanos y las libertades fundamentales y se abstuviesen de denegar estos derechos y libertades a personas de sus poblaciones por motivos de nacionalidad, etnia, raza, religión o idioma,

Recordando las resoluciones de la Asamblea General 55/153, de 12 de diciembre de 2000, y 59/34, de 2 de diciembre de 2004, sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados,

Recordando también las resoluciones de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos acerca de los derechos de los no ciudadanos, en particular el párrafo 7 de su resolución 2003/21, de 13 de agosto de 2003, así como el informe final del Relator Especial de la Subcomisión sobre los derechos de los no ciudadanos (E/CN.4/Sub.2/2003/23 y Add.1 a 4),

Expresando su profunda preocupación por la privación arbitraria de su nacionalidad a personas o grupos de personas, especialmente por motivos raciales, nacionales, étnicos, religiosos, de género o políticos,

Recordando que la privación arbitraria de la nacionalidad de una persona puede conducir a la apatridia, y en ese sentido expresando su preocupación por las diversas formas de discriminación ejercidas contra los apátridas, que infringen las obligaciones asumidas por los Estados en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos,



Subrayando que los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas cuya nacionalidad pueda verse afectada por una sucesión de Estados deben respetarse plenamente,

1. Reafirma que el derecho de toda persona a una nacionalidad es un derecho humano fundamental;

2. Considera que la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, nacionales, étnicos, religiosos, políticos o de género es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

3. Exhorta a todos los Estados a que se abstengan de adoptar medidas discriminatorias y de promulgar o mantener leyes que priven arbitrariamente a personas de su nacionalidad por motivos de raza, color, género, religión, opiniones políticas u origen nacional o étnico, especialmente si esas medidas y leyes tienen por efecto hacer apátrida a una persona;

4. Insta a todos los Estados a que aprueben y apliquen una legislación sobre nacionalidad con miras a evitar la apatridia, en consonancia con los principios fundamentales del derecho internacional, en particular impidiendo la privación arbitraria de la nacionalidad y la apatridia como consecuencia de una sucesión de Estados;

5. Exhorta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de adherirse a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas;

6. Observa que el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de un individuo podría verse menoscabado a raíz de una privación arbitraria de la nacionalidad, con el consiguiente obstáculo a su integración social;

7. Exhorta a los Estados a que garanticen un recurso efectivo a las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad;

8. Insta a los mecanismos apropiados del Consejo y a los órganos competentes de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados a que sigan reuniendo información sobre la cuestión de los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad de todas las fuentes pertinentes y a que tengan en cuenta esa información, así como todas las recomendaciones al respecto, en sus informes y en las actividades que ejecuten en el marco de sus mandatos respectivos, y alienta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a que haga lo mismo;

9. Pide al Secretario General que reúna información sobre esta cuestión de todas las fuentes pertinentes y la ponga a disposición del Consejo en su décimo período de sesiones;

10. Decide continuar examinando este asunto en su décimo período de sesiones en relación con el mismo tema de la agenda.

40ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada sin votación. Véase el capítulo III.



7/11. La función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos

El Consejo de Derechos Humanos,

Guiado por la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, que se aplica a todas las personas y a todos los órganos de la sociedad, y también por la Declaración y Programa de Acción de Viena, que afirman que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí,

Recordando la resolución 2005/68 de la Comisión de Derechos Humanos, de 20 de abril de 2005, y todas las anteriores resoluciones pertinentes sobre la función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos, así como la Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

Consciente de la importancia de un entorno propicio, a nivel nacional e internacional, para el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de la relación mutuamente enriquecedora entre el buen gobierno y los derechos humanos,

Consciente también de que una administración transparente, responsable, participativa, que deba rendir cuentas de su actividad y sea sensible a las necesidades y aspiraciones de la población, en particular las mujeres y los miembros de los grupos vulnerables y marginados, es la base del buen gobierno y condición indispensable para el pleno ejercicio de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo,

Destacando que las democracias conllevan ventajas institucionales indiscutiblemente favorables al desarrollo sostenible y que, cuando se basan en el respeto de los derechos humanos, proporcionan a los gobiernos incentivos políticos para responder a las necesidades y exigencias de la población, permiten un diálogo político más informado y extenso, son más adaptables y crean los frenos y contrapesos necesarios al poder del gobierno,

Reafirmando la función destacada que desempeñan las Naciones Unidas en el desarrollo y la promoción de la democracia y los derechos humanos, y reconociendo el papel de otros procesos, por ejemplo, la Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas y la Comunidad de Democracias,

Reafirmando también la importancia de la cooperación internacional y regional, cuando la solicitan los Estados necesitados, para facilitar la aplicación de prácticas de buen gobierno y de lucha contra la corrupción a todos los niveles,

Subrayando que el buen gobierno en los planos nacional e internacional es esencial para el crecimiento económico sostenido, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre, como se reconoció en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005,

Tomando nota con satisfacción de los resultados de las conferencias de la Comunidad de Democracias celebradas sucesivamente en Varsovia en 2000, en Seúl en 2002, en Santiago en 2005 y en Bamako en 2007, en las cuales los Estados se comprometieron a basarse en principios y objetivos compartidos para promover la democracia en todas las regiones del mundo, apoyar la integridad de los procesos democráticos en las sociedades que marchaban por la senda de la democracia y coordinar las políticas para fomentar la eficacia de la gobernanza democrática,

Consciente de que la lucha contra la corrupción en todos los niveles desempeña una importante función en la promoción y protección de los derechos humanos y en el proceso de creación de un entorno favorable a su pleno disfrute,

Considerando la creciente percepción en la comunidad internacional de los efectos nocivos de la corrupción generalizada en los derechos humanos, a través tanto de la debilitación de las instituciones y de la erosión de la confianza pública en el gobierno como de la disminución de la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular los derechos económicos y sociales de los más vulnerables y marginados,

Considerando también que la adopción de medidas eficaces de lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos se refuerzan mutuamente y que la promoción y protección de los derechos humanos es esencial para la ejecución de todos los aspectos de una estrategia de lucha contra la corrupción,

Tomando nota con atención de los resultados de los períodos de sesiones primero y segundo de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrados en el mar Muerto (Jordania) en 2006 y en Bali (Indonesia) en 2008,

1. Acoge con satisfacción la nota de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la que se trasmite el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medidas Anticorrupción, Buen Gobierno y Derechos Humanos, organizada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y celebrada en Varsovia los días 8 y 9 de noviembre de 2006, y observando los temas principales discutidos durante el seminario:



a) El impacto de la corrupción en los derechos humanos;

b) Los derechos humanos y el buen gobierno en la lucha contra la corrupción;

c) La función de la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación;

d) La lucha contra la corrupción sin menoscabo de la protección de los derechos humanos;

2. Invita a los Estados a que consideren la posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o de adherirse a ella y de promover la transparencia, la rendición de cuentas, la prevención y la aplicación de la ley como principios fundamentales de la lucha contra la corrupción;

3. Acoge con satisfacción la publicación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulada "Good Governance Practices for the Protection of Human Rights" (Prácticas de buen gobierno para la protección de los derechos humanos), en aplicación de la resolución 2005/68 de la Comisión de Derechos Humanos, y pide a la Oficina del Alto Comisionado que prepare una publicación sobre la lucha contra la corrupción, el buen gobierno y los derechos humanos basándose en los resultados de la Conferencia de Varsovia;

4. Decide continuar el examen de la cuestión de la función del buen gobierno, incluido el tema de la lucha contra la corrupción en la promoción y protección de los derechos humanos en un futuro período de sesiones.



40ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada en votación registrada por 41 votos contra ninguno y 6 abstenciones. El resultado de la votación fue el siguiente:



Votos a favor: Alemania, Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Camerún, Canadá, Djibouti, Egipto, Eslovenia, Filipinas, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Italia, Japón, Jordania, Madagascar, Malasia, Malí, Mauricio, México, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Rumania, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Ucrania, Uruguay, Zambia.

Abstenciones: Bolivia, China, Cuba, Federación de Rusia, Nicaragua, Sri Lanka.

Véase el capítulo III.



7/12. Desapariciones forzadas o involuntarias

El Consejo de Derechos Humanos,

Reafirmando los artículos pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan a toda persona el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, el derecho a no ser sometida a torturas y el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica,

Recordando la resolución 20 (XXXVI) de la Comisión de Derechos Humanos, de 29 de febrero de 1980, por la que se establecía un Grupo de Trabajo compuesto por cinco de sus miembros, en calidad de expertos a título individual, para examinar cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias,

Recordando también la resolución 47/133 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1992, por la que la Asamblea aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como conjunto de principios aplicables por todo Estado,

Tomando nota de la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por la Asamblea General en su resolución 61/177, de 20 de diciembre de 2006, y consciente de que su entrada en vigor lo antes posible al ser ratificada por 20 Estados será un acontecimiento importante,

Profundamente preocupado en particular por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, incluidos los arrestos, detenciones y secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento e intimidación y malos tratos padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido,

Reconociendo que los actos de desaparición forzada son crímenes de lesa humanidad, tal como se definen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

Recordando las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos 2004/40, de 19 de abril de 2004, y 2005/27, de 19 de abril de 2005,

Teniendo presente el párrafo 6 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006,

Recordando sus resoluciones 5/1, "Construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos", y 5/2, "Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos", de 18 de junio de 2007, y subrayando que el titular de un mandato desempeñará sus funciones de conformidad con esas resoluciones y sus anexos,

1. Toma nota del informe presentado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (A/HRC/7/2) y de las recomendaciones que en él se formulan;

2. Decide prorrogar el mandato del Grupo de Trabajo por otro período de tres años y alienta a éste a que, en el desempeño de su mandato:

a) Promueva la comunicación entre las familias de las personas desaparecidas y los gobiernos de que se trate, en particular cuando hayan fracasado los cauces ordinarios, con miras a asegurar que se investiguen los casos concretos suficientemente documentados y claramente identificados, y se cerciore de que esta información corresponde al ámbito de su mandato y contiene los elementos requeridos;

b) Observe, en su misión humanitaria, las normas y prácticas de las Naciones Unidas en lo que se refiere a la tramitación de las comunicaciones y al examen de las respuestas de los gobiernos;

c) Examine la cuestión de la impunidad a la luz de las disposiciones pertinentes de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y teniendo presente el Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4.Sub.2/1997/20.Rev.1, anexo II, y E/CN.4/2005/102/Add.1);

d) Preste particular atención a los casos de niños que han sido víctimas de desapariciones forzadas y de hijos de personas desaparecidas y coopere estrechamente con los gobiernos de que se trate en la búsqueda e identificación de esos niños;

e) Preste especial atención a los casos que se le transmitan que revistan suma urgencia desde el punto de vista humanitario y que se refieran a malos tratos, amenazas graves o intimidación padecidos por testigos de desapariciones forzadas o involuntarias o familiares de personas desaparecidas;

f) Preste especial atención a los casos de desaparición de personas dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, dondequiera que se produzcan, y formule recomendaciones adecuadas para impedir tales casos de desaparición y mejorar la protección de esas personas;

g) Aplique una perspectiva de género en la preparación de su informe, en particular al recopilar la información y al formular recomendaciones;

h) Preste una asistencia adecuada a los Estados para la aplicación de la Declaración y de las normas internacionales vigentes;

i) Prosiga las deliberaciones sobre sus métodos de trabajo e incluya esos elementos en sus informes al Consejo;

j) Presente un informe periódico sobre el desempeño de su mandato al Consejo de acuerdo con su programa de trabajo anual;

3. Pide a los gobiernos que llevan mucho tiempo sin haber dado una respuesta sustantiva sobre las denuncias de desapariciones forzadas ocurridas en sus países que lo hagan y que estudien debidamente las recomendaciones pertinentes acerca de este tema formuladas por el Grupo de Trabajo en sus informes;

4. Insta a los Estados a que:

a) Promuevan y apliquen plenamente la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas;

b) Cooperen con el Grupo de Trabajo y le presten ayuda para que pueda cumplir su mandato con eficacia y, en ese contexto, estudien seriamente las solicitudes para realizar visitas a sus países;

c) Impidan que se produzcan desapariciones forzadas, entre otras cosas, garantizando que toda persona privada de libertad permanezca únicamente en lugares de detención oficialmente reconocidos y controlados, garantizando el acceso a todos los lugares de detención a las autoridades e instituciones a quienes hayan reconocido competencia en ese ámbito, manteniendo registros y/o constancias oficiales, accesibles y actualizados de los detenidos y velando por que éstos sean puestos a disposición de una autoridad judicial con prontitud después de la detención;

d) Se esfuercen por poner fin al clima de impunidad de que disfrutan los autores de desapariciones forzadas y por esclarecer los casos de desapariciones forzadas, como medida crucial para una prevención eficaz;

e) Prevengan e investiguen con especial atención las desapariciones forzadas de personas pertenecientes a grupos vulnerables, especialmente niños, y enjuicien a los autores de esas desapariciones;

f) Adopten medidas para proteger a los testigos de desapariciones forzadas o involuntarias, a los defensores de los derechos humanos que luchan contra las desapariciones forzadas y a los abogados y las familias de las personas desaparecidas contra todo acto de intimidación o contra los malos tratos de que pudieran ser objeto;

5. Insta a los gobiernos que corresponda a que:

a) Intensifiquen su cooperación con el Grupo de Trabajo respecto de toda medida adoptada en aplicación de las recomendaciones que les haya dirigido;

b) Prosigan sus esfuerzos por esclarecer la suerte de las personas desaparecidas y velar por que se faciliten a las autoridades competentes encargadas de la investigación y enjuiciamiento los medios y recursos adecuados para resolver los casos y enjuiciar a los autores;

c) Prevean en su ordenamiento jurídico un mecanismo para que las víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias o sus familias puedan obtener una reparación justa, pronta y adecuada y además, según proceda, consideren la adopción de medidas simbólicas por las que se reconozcan los sufrimientos de las víctimas y se rehabilite su dignidad y reputación;

d) Atiendan las necesidades específicas de las familias de las personas desaparecidas;

6. Recuerda a los Estados que:

a) Tal como se proclama en el artículo 2 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas;

b) Todos los actos de desaparición forzada o involuntaria son delitos que deben ser sancionados con penas que reflejen su extrema gravedad en el derecho penal;

c) Deben velar por que sus autoridades competentes procedan inmediatamente a hacer averiguaciones imparciales en toda circunstancia en que haya motivos para creer que se ha producido una desaparición forzada en un territorio bajo su jurisdicción;

d) Si hay motivos para creer que se ha producido una desaparición forzada en un territorio bajo su jurisdicción, sus autores deben ser procesados;

e) La impunidad es una de las causas fundamentales de las desapariciones forzadas y al mismo tiempo uno de los principales obstáculos al esclarecimiento de esos casos;

f) Tal como se proclama en el artículo 11 de la Declaración, la puesta en libertad de toda persona privada de libertad deberá cumplirse con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad y, además, que lo ha sido en condiciones tales que estén aseguradas su integridad física y su facultad de ejercer plenamente sus derechos;

7. Expresa:

a) Su agradecimiento a los numerosos gobiernos que han cooperado con el Grupo de Trabajo y han respondido a sus solicitudes de información, así como a los gobiernos que han aceptado visitas del Grupo de Trabajo a sus países, les ruega que presten toda la atención necesaria a las recomendaciones del Grupo de Trabajo y los invita a informar al Grupo de Trabajo de las medidas que adopten al respecto;

b) Su satisfacción a los gobiernos que están investigando, están cooperando a nivel internacional y bilateral o han establecido o están estableciendo mecanismos adecuados para investigar cualquier caso de desaparición forzada que se señale a su atención, y alienta a todos los gobiernos interesados a que desplieguen más esfuerzos en esta esfera;

8. Invita a los Estados a que adopten medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo, incluso si se ha declarado el estado de excepción, a nivel nacional y regional y en cooperación con las Naciones Unidas, en caso necesario mediante la prestación de asistencia técnica, y a que faciliten al Grupo de Trabajo información concreta sobre las medidas adoptadas y los obstáculos con que han tropezado para prevenir las desapariciones forzadas o involuntarias y poner en práctica los principios enunciados en la Declaración;

9. Toma nota de la ayuda prestada al Grupo de Trabajo por las organizaciones no gubernamentales y de sus actividades en apoyo de la aplicación de la Declaración, y las invita a mantener esa cooperación;

10. Pide al Secretario General que siga:

a) Velando por que el Grupo de Trabajo reciba toda la asistencia y los recursos que necesita para desempeñar sus funciones, en particular para apoyar los principios de la Declaración, para realizar misiones y llevar a cabo su seguimiento y para celebrar reuniones en los países que estén dispuestos a recibirlo;

b) Facilitando los medios necesarios para actualizar la base de datos sobre casos de desaparición forzada;

c) Manteniendo periódicamente informados al Grupo de Trabajo y al Consejo de las medidas que adopte para dar a conocer y promover ampliamente la Declaración;

11. Decide seguir examinando este asunto de acuerdo con su programa de trabajo.

40ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada sin votación. Véase el capítulo III.



7/13. Mandato del Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

El Consejo de Derechos Humanos,

Teniendo presente el párrafo 6 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006,

Recordando las resoluciones del Consejo 5/1, sobre la Construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y 5/2, sobre el Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, y subrayando que los titulares de los mandatos deberán desempeñar sus funciones de conformidad con esas resoluciones y sus anexos,

Recordando también todas las resoluciones anteriores sobre el mandato relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en particular la resolución 1990/68 de la Comisión de Derechos Humanos, de 7 de marzo de 1990, y la decisión 2004/285 del Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2004,

Teniendo presente la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos y los demás instrumentos relativos a este mandato,

Profundamente preocupado por la persistencia de las prácticas de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía en muchas partes del mundo,

1. Acoge con satisfacción la labor y las aportaciones del Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

2. Decide prorrogar por un período de tres años el mandato del Relator Especial de:

a) Examinar las cuestiones relativas a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

b) Mantener un diálogo constante y constructivo con los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales interesadas, para seguir analizando las causas fundamentales de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, abordando todos los factores que contribuyen a esas prácticas, especialmente el de la demanda;

c) Identificar las nuevas pautas en la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía y hacer recomendaciones concretas para prevenirlas y combatirlas;

d) Identificar, intercambiar y promover las prácticas óptimas sobre medidas de lucha contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

e) En consulta con los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales interesadas, continuar su labor de promoción de estrategias integrales y medidas de prevención de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

f) Hacer recomendaciones sobre la promoción y la protección de los derechos humanos de los niños víctimas, reales o potenciales, de venta, prostitución y pornografía, así como sobre las diferentes cuestiones relativas a la rehabilitación de los niños víctimas de explotación sexual;

g) Incorporar una perspectiva de género en toda la labor de su mandato;

h) Trabajar en estrecha coordinación con otros órganos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño y, en particular, con otros procedimientos especiales del Consejo, como el Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y el Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños, teniendo presente que sus mandatos se complementan entre sí, a fin de fortalecer la labor de promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales evitando al mismo tiempo la duplicación de actividades;

i) Presentar un informe sobre la ejecución de su mandato al Consejo de conformidad con su programa de trabajo anual;

3. Pide a todos los gobiernos que cooperen con el Relator Especial en el desempeño de las tareas y deberes de su mandato, que le suministren la información necesaria que solicite en sus comunicaciones y que atiendan con prontitud a sus llamamientos urgentes;

4. Alienta a todos los gobiernos a que respondan favorablemente a las solicitudes del Relator Especial para visitar sus países a fin de que pueda desempeñar su mandato con eficacia;

5. Pide al Secretario General y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que proporcionen al Relator Especial toda la asistencia humana, técnica y financiera que sea necesaria para el desempeño eficaz de su mandato;

6. Decide proseguir el examen de esta cuestión, de conformidad con su programa de trabajo.

40ª sesión,
27 de marzo de 2008.

Aprobada sin votación. Véase el capítulo III.





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