Nº 86 / En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los diez días del mes de julio del año dos mil seis, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de



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Nº 86 / En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los diez días del mes de julio del año dos mil seis, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RAMÓN RUBÉN AVALOS Y MARIA LUISA LUCAS, quienes emitirán su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente nº 1-20.622/06, caratulado:"MONTIEL, JUAN ALFREDO; MONTIEL, CRISTIAN HUGO S/ROBO A MANO ARMADA", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 462 Y 410 del Código Procesal Penal.-

Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes



C U E S T I O N E S

1°) ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto a fs. 331/334 vta.?

2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN RAMÓN RUBÉN AVALOS, dijo:

I- Que la Cámara Segunda en lo Criminal de esta ciudad, a través de una de sus Salas Unipersonales, dictó la sentencia Nº 120 glosada a fs. 287/328 disponiendo en su punto IV- condenar a Juan Alfredo Montiel como autor penalmente responsable de los delitos de Robo con Armas en Concurso Real con Robo Simple (Arts. 166 inc. 2do., 1er. párrafo; 55 y 164 del C.P.), a la pena de Seis Años y Seis Meses de prisión, más accesorias legales y en su punto V- condenar a Cristian Hugo Montiel como autor penalmente responsable del delito de Robo con Armas (Art. 166 inc. 2do., 1er. párrafo del C.P.) a la pena de Cinco Años y Nueve Meses de prisión, más accesorias legales.-

Contra dicho aspecto del pronunciamiento se alzó la defensa de ambos imputados interponiendo recurso de casación el que fuera concedido por el a-quo y elevado a esta Sala donde se imprimiera a la causa el trámite procesal correspondiente, encontrándose en condiciones de dictarse sentencia.-

En su memoria impugnaticia se exponen las razones para su admisibilidad y motivos, planteando la nulidad de los alegatos, de la clausura del debate, de la deliberación y posterior sentencia pues conforme la regla del art. 189 del CPP, porque la nulidad de un acto procesal importa la nulidad de los actos consecutivos que de aquel dependan.-

Precisa que el vicio nulificatorio se presenta porque se introducen con posterioridad al dictado de la sentencia, presuntas afirmaciones de los testigos que nunca fueron volcadas por ellos y que son utilizadas como pruebas de cargo, además de omitirse consignar elementos de descargo decisivos que surgieron de los dichos en el debate y de los cuales oportunamente se solicitó al Sr. Presidente de trámite que se dejara constancia en acta, lo que no obstante ser aprobado por el mismo y sin motivo alguno que lo justifique no se encuentran reflejadas en aquella, vulnerándose de tal forma derechos elementales que hacen al desarrollo de la labor defensiva.-

A título ejemplificativo transcriben algunos de los dichos de testigos que habrían sido omitidos de consignar en el acta y aclaran que el Sr. Presidente de trámite accedió a sus peticiones porque de lo contrario -afirman- habrían planteado revocatoria y formal reserva de recurrir en casación. Exponen razones por las cuales las consideran trascendentes, concluyendo que de tal forma se privó a la defensa de contar con fehaciente prueba de la existencia de instigación por parte de la prevención policial a los testigos, dirigida a incriminar a sus defendidos.-

Sostienen que, además de ello, se han inobservado las reglas de la sana crítica racional, al contener el fallo conclusiones equivocadas e infundadas, adoleciendo también de dogmatismo y apartamiento injustificado de las probanzas de autos. Agregan que es aparente la fundamentación en punto a la autoría y ello se observa en relación al punto que hayan sido los imputados y no otras personas los autores del hecho ocurrido en el domicilio de los Almirón.-

Refieren a ciertas particularidades con la declaración de una testigo quien se manifestara fóbica y medicada como consecuencia del hecho y cuestionan el razonamiento del sentenciante al analizar sus dichos. Aclaran que no se ataca la valoración o los criterios para lograr tan loable fin, sino la incongruencia y deficiencias axiológicas que se manifiestan en el fallo, la cual quebrantan toda lógica en la aplicación de la sana crítica como método realizador porque existen determinadas contradicciones sin dudas insalvables las que no fueron evaluadas por el Sr. Juez, siendo que la prueba de testigos es sin duda la prueba madre en un proceso penal, mas por ser fuente habitual de error es menester su correcta valoración, tanto extrínseca cuanto intrínseca; conclusiones que lo hacen con apoyo doctrinario.-

Agregan que se ha incorporado de modo irregular prueba que fuera ofrecida por el Ministerio Público pero no admitida por el Tribunal, pero el Sr. Fiscal no ha impetrado contra ello recurso alguno. Precisan que transcurre el debate sin ella y luego de la audiencia y dictada la sentencia se impusieron del contenido del acta obrante a fs. 257/266 en que reza haberse "incorporado la prueba, incluso luego de una incidencia de las partes" siendo que dicha prueba jamás fue admitida y no la conocían antes de alegar, violentándose de tal forma la garantía del juicio previo.-



II- Inicialmente y a título ilustrativo para los interesados resulta oportuno describir los hechos que el a-quo consideró probados, luego de una minuciosa evaluación del caudal probatorio producido en ambas causas. El primero, juzgado en el Expte. Nº 1-20622/04 consistió en que: "El día 26 de agosto de 2004, siendo aproximadamente las 20 horas, Cristian Hugo Montiel y Juan Alfredo Montiel (a)" Fredy", conocidos como "los Sayas" ingresaron con un tercero desconocido, al salón de ventas de ropas de la familia Almirón, Cristian tomó a Marcos Alfredo Almirón (el hijo), quien se encontraba en la computadora y con un cuchillo en el cuello lo obligó ir hasta el living de la casa. Entretanto, Fredy y el otro empujaron violentamente la puerta plegadiza que separa el salón del resto de la vivienda, rompiéndola y tomaron: el desconocido al Sr. Felix Humberto Almirón y a punta de cuchillo lo obligó acostarse boca abajo en el suelo para que no mirara, y Fredy a la Sra. Olga Medina a quien, también a punta de cuchillo, la condujo a la habitación donde la obligó a darle el dinero efectivo que tenía en una caja recaudadora. Luego la condujo de nuevo al living donde la obligó que le entregue un alhajero conteniendo varias joyas y en el instante en que la obligaba a acostarse en el piso, pudo manotear el picaporte, abrir la puerta y salir corriendo hacia fuera mientras gritaba. Es así que los asaltantes se vieron en la obligación de tener que salir también corriendo. Se pasaron a la vereda de enfrente y pasaron la línea de marcha de la señora Medina pues corrían en la misma dirección....".-

El restante acontecimiento es el investigado en el Expte. Nº 1-30494/04, el que habría ocurrido de la siguiente manera: "..el día 6 de diciembre de 2004, siendo aproximadamente las 13,40 horas, en circunstancias en que la señora Juana Benítez había bajado del colectivo de regreso de su trabajo y se dirigía hacia su casa sito en calle Carrasco 1765, se detuvo en el negocio de la Sra. Marisa Maza sito en la misma arteria pero al 1634 para comprar algunas mercaderías; apoyó su bolso contra la ventana para abonar y en ese instante se apersonó Fredy Montiel quien le quiso arrebatar el bolso a lo que la señora Benítez se opuso tenazmente prendiéndose de la correa; cuando esta se rompió, la Sra. Benítez cayó al suelo y aún así fue arrastrada en la vereda hasta que Fredy Montiel pudo lograr su cometido y darse a la fuga hacia los números ascendentes de la calle Carrasco. El bolso fue recuperado de inmediato por el Sr. Santiago Fonteina, cuñado de la damnificada, no así el celular y el dinero...".- Ahora se pasa a tener presente que la Defensa, de acuerdo a lo supra relacionado, esencialmente se agravia por graves vicios que dice haberse incurrido en sucesivas actas de debate, al incorporarse a ellas supuestos dichos de algunos testigos que -afirma- no fueron por ellos expresados pero que, sin embargo, son empleados como prueba de cargo; además, como lo es también haberse omitido consignar en esas actas valiosas pruebas que favorecían a sus representados; planteando también por otras razones que exponen, la nulidad del acta que contiene los alegatos (Arts. 134 y 136 CPP) y los restantes actos consecutivos que de aquella dependan, en función a lo regulado por el art. 189 del C.P.P..-

Liminarmente, corresponde poner de resalto que las actas de debate revisten el carácter de instrumentos públicos, en el caso, labradas por el Sr. Secretario del Tribunal de juicio; consecuentemente, ellas hacen plena fe -en lo que respecta a la existencia material de los hechos que el funcionario público hubiese enunciado como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia (art. 993 del C.C.)- hasta que las mismas sean argüidas de falsedad mediante la vía legal correspondiente (in re, esta Sala: "Romero...." sent. 4/90; "Basse..." sent. 43/92, entre otras). En consecuencia, le está vedado a esta sede indagar oficiosamente sobre la veracidad o falsedad del documento cuyo contenido debe ser valorado según su texto literal.-

La parte recurrente también plantea la nulidad de una de las actas de debate invocando lo regulado por los arts. 134 y 136 del C.P.P., la que -afirma- una vez declarada debe proyectarse en el caso a la sentencia motivo de agravio (art. 189 del C.P.P.). Al respecto, es dable advertir, que el acta glosada a fs. 257/267 que documenta la continuación del debate oral, exterioriza en la primera de dichas fojas que "Se encuentran presentes el Sr. Fiscal de Cámara...y los Sres. Defensores de los encartados Dres. MARIO FEDERICO BOSCH y DANIEL DE SENA.."; al finalizar la misma, el Sr. Secretario interviniente consigna a fs. 267 "No siendo para más se da por finalizado el acto. Leída y ratificada, firman las partes luego de hacerlo el Sr. Juez, todo por ante mi, Secretario que DOY FE". Sin embargo, al pie se verifican solo tres firmas ilegibles, con sellos aclaratorios: del Sr. Juez de Cámara, del Sr. Fiscal y del Sr. Secretario; evidentemente, ninguno de los defensores suscribió el acta no obstante que por lo menos uno de ellos necesariamente debía estar presente, además de constar en dicho instrumento que ambos habían intervenido en el debate haciendo uso de la palabra. Tampoco el Actuario consignó al pie si alguno de ellos "no pudiere" o "no quisiere" firmar, como lo exige el art. 134, 1er. apartado, in fine del ritual, siempre que esta omisión se hubiere sustentado en alguno de esos motivos.-

Verificada esta irregularidad cabe dar respuesta al planteo nulificatorio efectuado por la defensa el que es proyectado por la misma para que resulte abarcativo del fallo motivo de agravio. Al respecto, liminarmente es dable tener presente que esta Sala Segunda tiene dicho que acarrea la nulidad absoluta del acta la falta de firma del Secretario porque es la que autentica el acto dándole especial fuerza certificante, habida cuenta que la firma de los Jueces no puede suplir la firma del Secretario (Conf. in-re" Rodriguez.."sent.21/77; "Sub.Comisario Arzamendia.." res.114/96"), criterio adoptado con apoyo en reconocida doctrina (Conf. Manzini "Der. Proc. Penal T. III pág. 15; T. IV pág. 435; Leone "Der. Proc. Penal" T. I pág. 599; Clariá Olmedo "Der. Proc. Penal" T. IV pág. 207); conclusión respecto a la naturaleza de la nulidad, que se extiende a la ausencia de firma de algunas de las partes (Conf. in-re:"Basse, Francisco Luis..."sent. cit.).-

Habiéndose definido que la falta de firma en un acta de debate de un Magistrado o de una de las partes solo se tratan de nulidades relativas (Conf. Cafferata Nores.." Código Procesal Penal.."ed. Mediterránea, ed. 2003", ello nos conduce a lo normado por el art. 188 del C.P.P. en cuanto dispone en su art. 1º) "Cuando el Ministerio Público o las partes no las opongan oportunamente (Art. 187)" y en el caso debió denunciarse la nulidad inmediatamente después de cumplirse el acto, bajo pena de caducidad (Art. 187, 1er. apartado e inc. 3ro.). En consecuencia, solo cabe rechazar este planteo efectuado a ese respecto y en este estadio procesal solo cabe valorar literalmente lo consignado en las sucesivas actas de debate glosadas a esta causa, en función a lo regulado por los arts. 993; 994 y 995 del Código Civil.-

En cuanto a los restantes agravios también corresponden sean rechazados porque, aún sin perjuicio de la conclusión precedente, ellos no podían tener eco favorable toda vez que no fuera observado por la parte recurrente el requisito impuesto para estos casos consistente en demostrar con suficiencia que los elementos probatorios que se argumentan como introducidos ilegalmente al juicio oral y que se omitieran hacerlo, resultaban definitorios -por sí solos- para sostener las conclusiones a que se han llegado en el fallo objeto de ataque, de cara a los elementos de convicción que han sido captados por el juzgador para determinar la autoría y responsabilidad de ambos imputados: Juan Alfredo Montiel y Cristian Hugo Montiel.-

Es decir, que para considerar que las pruebas supuestamente ilegales conlleven a la falta de motivación, es imprescindible que su valoración haya sido esencial en el razonamiento del sentenciante, a tal punto que si mentalmente se las suprimiera o se incorporaran las omitidas, el desenlace hubiese sido necesariamente distinto; aquí, la defensa, no aportó la precisa evidencia de tal esencialidad.-

En efecto, en el fallo se otorga razonable importancia a la declaraciones prestadas por las tres víctimas del hecho, en particular las de Olga Carmen Medina y su hijo Marcos Almirón, el reconocimiento en rueda de personas efectuado por este último que resultara positivo en cuanto a la identificación de Juan Alfredo Montiel y los dichos de la testigo Norma Marisa Maza quien lo hiciera con Cristian Montiel cuando escapaba corriendo de la casa de la familia Almirón, aún cuando hasta ese momento se los reconocía a ambos como de apellido Zayas; todas las cuales fueron debidamente valoradas y de manera decisiva para tener por acreditada la autoría de los acusados y luego su correcta identidad; como así, la existencia de armas blancas en el momento de producirse uno de los hechos, el investigado y juzgado en la causa Nº 1-20622/04. Al respecto, los quejosos reiteran algunas de estas cuestiones sin atender que ellas ya fueran oportunamente debatidas y también tratadas en la sentencia, desestimándose fundadamente esos planteos, luego de un adecuado análisis sin que tampoco fueran debidamente objetados, en esta sede, por la Defensa.-

Es dable poner de resalto un palpable defecto estructural de la impugnación en análisis en cuanto no se desarrolla ningún agravio específico referido a la condena recaída contra el imputado Juan Alfredo Montiel respecto al hecho por el cual fuera acusado y condenado en la causa Nº 1-30494/04; sin embargo, expone uno referido a la omisión en que se habría incurrido en el acta de debate de fecha 14 de Octubre del 2004 glosada a fs. 254/256 en cuanto a expresiones de una declarante -Nidia Beatriz Solis- las que habrían sido solicitados al Tribunal para que sean insertadas en el acta lo que -afirma- no fuera cumplimentado por el a-quo. Sobre este aspecto de la cuestión, se observa que la defensa ostentó efectivamente la oportunidad de solicitar lo que en concreto consideraba de relevancia y de ejercitar el control de todos los medios de prueba incorporados al acta, incluyendo la parte de los dichos de la citada víctima que resultaban de sus interés, por lo que resulta inatendible la articulación deducida en tal sentido toda vez que uno de los Sres. defensores suscribió el acta de conformidad sin exponer protesta alguna porque no se registrara esa constancia en el acta (Conf. fs. 256); como así, que la supuesta omisión deriva de una causa en la que recayera absolución de culpa y cargo en favor de su defendido (Expte Nº 1-29395/04) no exponiendo razones atendibles que permitieran justificar su interés por ese hecho, que ya aparece como una cuestión abstracta, o si lo era para vincular esa prueba omitida con el otro hecho por el cual fuera condenado su representado Cristian Hugo Montiel.-

Por todo ello, resultan inaudibles las genéricas invocaciones de violación de las reglas de la sana crítica racional, en particular de la lógica y razón suficiente, como así tampoco la queja por la descalificación por la falta de credibilidad en cuanto a los dichos de algún testimonio, ya que, como lo tiene dicho la Corte Suprema, para que los recursos extraordinarios sean formalmente procedentes, no basta con invocar la existencia de un agravio, sino que es preciso la demostración de tal agravio que sirve de fundamento en el caso concreto (Fallos 299:393, in-re "Cosimano"), lo que evidentemente no aconteciera en el sub examen, ya que este requisito no se satisface con las argumentaciones referidas, sin controvertir el decisorio de manera adecuada, proponiendo razones y fundamentos que resulten serios, válidos y concordantes.-

Pero debe destacarse la sana crítica con que la actuara el juzgador al fundar la eficacia probatoria de dos declaraciones testimoniales -las prestadas por Olga Carmen Medina y Norma Marisa Maza- y el reconocimiento en rueda de personas efectuado por el menor Marcos Almirón al rechazar el planteo de nulidad a su respecto, por lo que en el caso se ha procedido respetando las reglas que gobiernan el razonamiento humano: lógica, psicología y experiencia común. Y es sabido que cuando esa elaboración racional existe en el pronunciamiento, la sentencia es inatacable en su legitimidad formal aunque se discrepe con las conclusiones que de las mismas deriven.-

En consecuencia, podemos concluir que el recurso no se sustenta en argumentos que puedan considerarse aceptables y solo pone de manifiesto una mera discrepancia de los impugnantes con el quo respecto a la manera de concebir los hechos, omitiendo demostrar la existencia de vicios relevantes en la motivación del fallo, ya sea por la ilegitimidad de las pruebas o por un apartamiento concreto de las reglas de la sana crítica, por irrazonabilidad o incongruencia de las conclusiones, o bien la falta absoluta de fundamentación del decisorio, tratando de imponer su personal visión en lo atinente al criterio de selección y valoración del material probatorio, lo cual no conforma un modo hábil de fundar la queja.-

De tal manera también se pronuncia la Corte Suprema, quien considera inadmisible el recurso cuando las cuestiones relacionadas con la selección de la prueba y su valoración, según el sistema de libres convicciones, sólo revelan las discrepancias del quejoso con el criterio empleado por los jueces para interpretar los hechos, de conformidad a la prueba reunida (Cfr. Fallos 317:373), lo que aplicado en el sub examen conduce a la desestimación de la pretensión entablada.-

Si bien es cierto que el ejercicio de esta potestad conferida a los jueces de grado presenta las limitaciones derivadas de la obligatoriedad de fundamentar adecuadamente el pronunciamiento, a efectos de resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, lo que implica la necesidad de formular una exposición suficiente y esclarecedora de los motivos que la sostienen, con arreglo al derecho vigente y a las circunstancias que surjan de las constancias concretas de la causa, en el caso, dichas exigencias fueron observadas adecuadamente.-

Por todo lo expuesto, me expido negativamente en esta primera cuestión. ASI VOTO.-

A LA PRIMERA CUESTIÓN, MARIA LUISA LUCAS dijo:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto que antecede y por las razones allí expuestas que hago mías, voto negativamente a esta primera cuestión. ES MI VOTO.-



A LA SEGUNDA CUESTIÓN, RAMÓN RUBÉN AVALOS dijo:

Por el resultado arribado en el tratamiento de la cuestión anterior, debe rechazarse el recurso de casación interpuesto por la defensa a fs. 331/334 vta.; con costas. Asimismo propicio se regulen los honorarios profesionales de los abogados Mario Federico Bosch y Juan Daniel De Sena en la suma de Seiscientos pesos ($600.-), para ambos y en forma conjunta, por aplicación de la legislación arancelaria vigente (Arts. 2; 4; 7; 11 y 13). Asimismo debe recomendarse al Actuario del Tribunal de juicio Dr. Juan Pablo Cerbera el estricto cumplimiento de lo normado por el art. 134, 1er. párrafo, in fine y art. 400 inc. 7º, ambos del C.P.P.. ASI VOTO.-



A LA SEGUNDA CUESTIÓN, MARIA LUISA LUCAS dijo:

Por las razones expresadas al considerar la cuestión que antecede, adhiero al voto del preopinante y comparto la propuesta de los honorarios a regular. ES MI VOTO.-

Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretario que doy fe.-

S E N T E N C I A

N° 86 / Resistencia, 10 de julio de 2006.-

Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia,



RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de casación deducido a fs. 331/334 vta.; con costas.-

II- Regular los honorarios profesionales de los abogados Mario Federico Bosch y Juan Daniel De Sena en la suma de Seiscientos pesos ($600.-), para ambos y en forma conjunta, por aplicación de la legislación arancelaria vigente (Arts. 2; 4; 7; 11 y 13).-

III- Recomendar al Actuario del Tribunal de juicio Dr. Juan Pablo Cerbera el estricto cumplimiento de lo normado por el art. 134, 1er. párrafo, in fine y art. 400 inc. 7º, ambos del C.P.P..-

IV- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese a Caja Forense y oportunamente devuélvanse los autos.-


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