México informe de paíS



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MECANISMO DE SEGUIMIENTO OEA/Ser.L/II.7.10

CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) MESECVI-IV/doc.83/12

CUARTA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE 26 marzo 2012

16 de abril de 2012 Original: Textual

Washington D.C



MÉXICO

INFORME DE PAÍS

http://scm.oas.org/pdfs/2010/CIM02731T-A.pdf Anexos 1 al 13

http://scm.oas.org/pdfs/2010/CIM02731T-B.pdf Anexos 14 al 17


INFORME FINAL SOBRE MÉXICO
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE MÉXICO AL

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE


LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ”


RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe se elaboró bajo las disposiciones señaladas en los artículos 7 y 8 de la Convención de Belém do Pará, lo dispuesto en el Estatuto del MESECVI, así como lo estipulado en el Reglamento del Comité de Expertas. Además de lo anterior y con la finalidad de facilitar su elaboración, se siguieron los lineamientos enviados el 12 de julio del 2010, por la Coordinadora del CEVI, señora Hilda Morales.


Dichos lineamientos consideran en primera instancia una breve reseña de los avances registrados destacando los más importantes, continuar con un breve recuento de los obstáculos enfrentados. Posteriormente se hará la evaluación de acuerdo al orden del cuestionario, manteniendo en la medida de lo posible la información proporcionada por el país, la cual servirá de base para la elaboración del informe hemisférico.
Finalmente señalar las conclusiones, emitir recomendaciones generales y específicas, haciendo énfasis en que la información que se reciba será analizada teniendo siempre en consideración que tanto la Convención como el MESECVI tienen como propósitos promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.1
Para este informe es conveniente recordar que los Estados Unidos Mexicanos son, “una república federal compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”2, por lo que la evaluación tiene que considerar los aspectos contenidos en los párrafos anteriores, aplicables a cada uno de los Estados federados y los que sean comunes a todos o algunos de los Estados.
Es en ese sentido y tal como se señalara en el Informe de la I Ronda de Evaluación, “… cada una de las entidades federativas da pie para la elaboración de una política pública diversa en lo que se refiere a la tutela y promoción del derecho a una vida libre de violencia, sin embargo se observan elementos comunes entre las entidades federativas: existen organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema con seriedad; en los gobiernos locales las Secretarías de Salud promueven, entre los/as médicos/as, el uso de la Norma Oficial Mexicana NOM 190 –SSA1-1999 relativa a la prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica para la violencia familiar; las Procuradurías de Justicia cuentan con atención especializada para las víctimas de delitos sexuales y violencia familiar, los sistemas DIF3 estatales tienen las procuradurías del menor y la familia y las instancias de la mujer en las entidades federativas brindan asesoría legal y psicológica a las mujeres víctimas de violencia familiar”4.
Es por lo anterior que se hace necesario mencionar los esfuerzos que el Estado Mexicano ha implementado con el propósito de alcanzar el objetivo de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado a lo largo y ancho de su territorio. El fruto de todo ese esfuerzo se evidencia en el hecho de que las 31 entidades federativas y el Distrito Federal cuentan con sus respectivas leyes de acceso de las mujeres a una libre de violencia, base legal necesaria para la definición de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos hacia el objetivo.
Sin embargo se hace necesario aclarar que, la existencia de una legislación dentro del cuerpo normativo nacional y en plena vigencia, no garantiza que su aplicación sea efectiva e inmediata en todo el territorio nacional, máxime en un estado federativo como lo es México.
I. Legislación
En la Respuesta al Cuestionario de la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral se señala que: “… con la finalidad de intensificar los esfuerzos de coordinación y participación en el cumplimiento a este Tratado Internacional y acorde al ordenamiento jurídico nacional vigente, se tienen los siguientes logros:


  • Al mes de marzo de 2010, las 31 entidades federativas y el Distrito Federal cuentan con sus respectivas leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

  • 27 entidades federativas y el Distrito Federal han incorporado en sus leyes de acceso de las mujeres el concepto de violencia contra éstas, contenido en la Convención Belém Do Pará.

  • 29 entidades federativas y el Distrito Federal incorporaron la violencia psicológica, física, sexual patrimonial, económica y otras.

  • 30 entidades federativas y el Distrito Federal han tipificado el delito de trata de personas.

  • 17 entidades federativas y el Distrito Federal han legislado en sus leyes de acceso de las mujeres sobre el acoso sexual en el trabajo, así como en instituciones educativas, mientras que 8 entidades federativas remiten a la tipificación establecida en el Código Penal de su Estado.

  • 20 entidades federativas y el Distrito Federal han incorporado el delito de violación dentro del matrimonio y la unión de hecho.

  • 30 entidades federativas y el Distrito Federal, han legislado sobre medidas u órdenes de protección a solicitud de la víctima, de terceras personas o de oficio, antes y durante el proceso judicial.”

En cuanto a la tipificación de la violencia contra las mujeres, distinguiéndola de la violencia intrafamiliar, familiar o doméstica, se menciona que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en su artículo 5 fracción IV dispone que se entenderá por violencia contra las mujeres: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.


Dicha Ley además define los tipos de violencia: física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, y sus modalidades: familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional y feminicida. Estas definiciones han sido pilares sustantivos para establecer los ejes de las políticas públicas en la materia, lo que ha permitido un importante logro de nuestro país, así como un seguimiento puntual del cumplimiento de estas normas.
Es importante mencionar aquí que, en cuanto a la incorporación de la Convención Belem do Para en la legislación nacional, únicamente los estados de Durango, Michoacán, Estado de México, Nayarit y Tabasco, no tiene incorporado en sus respectivas legislaciones el concepto de “violencia contra las mujeres” tal y como lo señala dicha Convención, ya que utilizan la definición de violencia de género.
Referente a la legislación nacional con disposiciones que incluyan la definición de violencia contra las mujeres, distinguiéndola de la violencia intrafamiliar, familiar o doméstica, y que incluya como elementos: acción, omisión o conducta contra las mujeres por su condición de ser mujeres; que tenga como resultado la muerte, daño o sufrimiento; que dicho daño o sufrimiento sea físico, sexual o psicológico; que las afectadas sean mujeres, niñas y adolescentes; que dicha afectación se produzca tanto en el ámbito público como privado, es evidente el avance que este país ha tenido en esta materia, ya que casi la totalidad de las entidades federativas cuentan con disposiciones jurídicas en el marco de sus respectivas leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que incorporaron la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y otras.
En ese sentido, se señalan a la Federación, al igual que las siguientes 30 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Solo el estado de Coahuila define violencia económica, patrimonial y sexual y el único estado que no define los tipos de violencia es Jalisco.
La legislación existente en el país es vasta y abarca varios delitos en materia de violencia contra las mujeres, sin embargo esta situación no es general en todas las entidades federativas; es decir, no todos los estados disponen de todos los instrumentos jurídicos que se han promulgado, por lo que la legislación no sólo no es homogénea, sino que además no existe el mismo desarrollo jurídico entre las entidades federativas.
En cuanto a la legislación contra el delito de Trata, se informa que el 27 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como su Reglamento el 27 de febrero de 2009. Estas disposiciones establecen las medidas para la prevención y sanción de este delito, así como la protección y asistencia de las víctimas u ofendidos del mismo. Da cumplimiento a los compromisos derivados del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, y demás ordenamientos internacionales en la materia. Además, como resultado de la política nacional que el Gobierno de México ha emprendido, el Código Penal Federal y los códigos penales de 29 Entidades tienen tipificado este delito. Se nota el esfuerzo que el gobierno mexicano ha realizado en ese sentido, en especial por ser una temática relativamente nueva en su abordaje. Es un avance significativo.
Por otra parte, la violencia cometida contra las mujeres desde el Estado merece un reconocimiento por todos los esfuerzos realizados al incluir en la LGAMVLV lo relacionado con este tipo de violencia, ya que si bien es cierto que la violencia institucional no se encuentra tipificada en los códigos penales, esta ley sí la contempla como una de las modalidades de la violencia. En este sentido, como ya se mencionó, las 32 entidades federativas cuentan con una ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en cada una de ellas se contempla la violencia institucional, algunas con otra denominación pero con el mismo objetivo.
En materia de derechos en salud sexual y reproductiva, si bien existen normativas en el sector salud que pretenden regular la intervención en los casos de violencia contra las mujeres sin discriminación de ningún tipo, en el caso de la violencia obstétrica, solo se menciona lo relacionado a tres entidades federativas: Veracruz, Chiapas y Guanajuato, por lo que se desconoce qué ocurre en el resto de las 29 entidades federativas respecto a este tema. Con respecto a la inseminación artificial no consentida la legislación penal federal no contempla ese tipo penal; en cuanto al aborto terapéutico, en 31 entidades federativas se encuentra despenalizado y en cuanto al delito de violación el Código Penal Federal y las 32 entidades federativas incluyen en sus Códigos Penales esta disposición.
Cabe resaltar como un avance importante, el hecho de que, en la LGAMVLV promulgada en el año 2007, además de los tipos de violencia, se señalen también los ámbitos de ocurrencia de la misma, quedando de esa manera cubiertos bajo esta ley, si la misma ocurre tanto a nivel público como privado.
Otro avance específicamente en materia de violencia sexual, lo constituye el hecho de que se modificara “ … el Código Penal Federal, publicado el 14 de agosto de 1931, reformado para su publicación el 26 de junio de 2008, tipifica el delito de violación en los artículos 262 a 266 bis, sin considerar el 264 que se encuentra derogado. Las 31 entidades federativas y el Distrito Federal incluyen en sus Códigos Penales la disposición del delito de violación.”
Se reconoce el avance en esta materia desde lo operativo, ya que el Código Penal Federal y las 32 entidades tipifican el delito de hostigamiento sexual en sus códigos penales. Además de este importante esfuerzo, también es importante señalar el aporte de la publicación por parte del INMUJERES, de un protocolo para la intervención en casos de hostigamiento y acoso sexual, el cual se presentó de manera oficial para su aplicabilidad el 7 de abril del año en curso.
Es importante también hacer notar el esfuerzo del Estado Mexicano en general y de algunas instancias federativas en particular, por definir e implementar campañas de sensibilización, información y capacitación sobre el tema de la violencia contra las mujeres, así como en lo referente a los derechos humanos de las mujeres. Se aporta en el cuestionario información sobre las diversas actividades desarrolladas en casi la mayoría de las entidades federativas.
Para ello se han destinado recursos de diferentes instancias de la institucionalidad pública y también se han incluido diferentes aspectos y grupos poblacionales afectados por la violencia de género. Se menciona en el cuestionario: “Finalmente, el Instituto Nacional de las Mujeres ha difundido dentro de su página web, un apartado relativo a la Convención de Belem do Para, asimismo, a partir del mes de abril del año en curso se ha difundido bajo ese mismo medio el documento denominado “A 15 años de la Belem do Para”.
No obstante todo lo señalado anteriormente, es necesario indicar que no queda claro si la prohibición de la conciliación en delitos sexuales es inviable en todas las entidades federativas tal y como se señala en el artículo 8 Fracción IV de la LGAMVLV, o solo en los cinco estados mencionados.


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