"milessi, miguel angel y otro/a c/ fisco de la provincia de buenos aires s/ pretension indemnizatoria"



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"MILESSI, MIGUEL ANGEL Y OTRO/A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA"

La Plata, 7 de mayo de 2010.

Y VISTOS

Estos autos caratulados “Milessi, Miguel Angel y otro/a c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria”, causa n° 2798, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 de La Plata, a mi cargo de los que:



RESULTA

I) Que los señores Miguel Angel Milessi y María Concepción Rojas, por derecho propio, deducen demanda contencioso administrativa contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener indemnización por los daños y perjuicios derivados de la muerte de su hijo.

Relata que conforme surge de la Investigación Penal Preparatoria n° 235.792, el hijo de los actores, Miguel Angel Milessi, el día 23 de julio de 2004 aproximadamente a la 13:15 horas, fue ingresado por personal policial al edificio que ocupa la Seccional Sexta de Policía con jurisdicción en la localidad de Tolosa, partido de La Plata. Habría sido alojado primeramente en la cocina de la dependencia, al cuidado del agente P.G., para posteriormente, a las 15:00 hs., ser introducido en el sector calabozos, el cual se encontraba inhabilitado por no reunir las mínimas condiciones exigidas de seguridad para los ocasionales aprehendidos. A las pocas horas, al dirigirse al lugar ubicado en los fondos de la dependencia, el oficial C.F.S constata que Miguel Angel se encontraba sin vida, colgado del cuello con un nudo de una frazada cuyo otro extremo se hallaba asido a una abertura de ventilación con rejas emplazada en la parte superior del calabozo.

Narra que el acontecimiento fue comunicado al titular de la dependencia y al fiscal de turno, quienes se hicieron presentes y efectuaron pericias fotográficas, planimétricas y de levantamiento de rastros. Con intervención de la Policía Científica de la Plata, se practicó la correspondiente operación de autopsia que arrojó como conclusión médico legal que la muerte de Miguel Angel Milessi, se produjo por asfixia mecánica por ahorcadura.

Puntualiza que el fallecimiento acaeció cuando la víctima se encontraba privada de su libertad y bajo la guarda y custodia del personal policial de la Comisaría Sexta de La Plata.

Refiere que, por tener antecedentes penales, su hijo era hostigado desde hacía tiempo atrás por el personal policial encargado de recorrer la jurisdicción Tolosa, mientras ejercía la venta ambulante de artículos de limpieza y afines que legalmente comercializaba en los espacios públicos, situación que le provocaba profundo malestar y aflicción, causándole perturbación anímica y psicológica.

Manifiesta su discrepancia con la versión del suicidio por ahorcamiento que se hizo constar en la Investigación Penal Preparatoria, alegando que Milessi, con una talla de 1,76 mts., con los brazos extendidos difícilmente podría alcanzar la abertura del ventiluz con rejas ubicadas en la parte superior del calabozo para asir de ella la frazada con la que supuestamente se quitó la vida; así como que el amarre que se visualiza en la fotografía resista su peso de alrededor de 75 a 80 Kg., sumado al movimiento convulsivo que se produce en un cuadro de asfixia y la atadura se mantenga sin desprenderse.

Aduna que el causante no tenía antecedentes suicidas, llevaba una vida ordenada, en un hogar confortable junto a su madre, una hermana de diecisiete años y un sobrino de cinco años a quienes ayudaba económicamente con su trabajo, no padecía cuadro psiquiátrico, salvo la presión aludida precedentemente. Sospecha que habría sido la policía quien causó deliberadamente la muerte de un inocente.

Asevera que aún ciñéndose a la causa penal, se desprende de la misma que las condiciones de detención del joven fallecido, no impedían, hasta facilitaban, la comisión de un presunto acto suicida. Varios fueron los elementos, producto de negligencia y descuido por parte de las autoridades policiales encargadas de alojar a los detenidos y procesados, que crearon condiciones propicias para que supuestamente el apresado, encontrándose en un hipotético estado de severa perturbación psicológica, tomara la decisión de quitarse la vida.

Indica entre dichos elementos, haberle proveído supuestamente una manta en una celda con una tarima y una abertura enrejada de una altura tal que permitiera montar un dispositivo de ahorcamiento, de forma que una persona de estatura normal lograra alcanzar fácilmente con sus brazos aquellas rejas para efectuar un nudo entre las mismas con la manta.

Destaca la omisión de practicar sobre el detenido el examen médico de rutina inmediatamente después de la aprehensión, a fin de constatar su estado físico y psíquico, y si era necesario brindarle atención psicológica o farmacológica.

Afirma que los policías a cargo de la comisaría, durante el tiempo transcurrido entre el arribo y el suicidio, tampoco han cumplido correctamente con su deber, pues una constante vigilancia y monitoreo sobre el accionar y el comportamiento del detenido conjuntamente con una requisa del lugar de alojamiento, seguramente hubieran evitado el lamentable resultado

Considera que, frente a la responsabilidad de guarda, custodia y asistencia del detenido, correspondía a la demandada procurar un buen diagnóstico y atención ante el supuesto cuadro clínico psiquiátrico que presentaba Milessi.

Puntualiza que esta negligencia, en los términos del art. 1112 del Código Civil, sólo es imputable a quienes tenían la guarda y custodia del causante, lo cual incluye los deberes de asistencia y seguridad médica. La referencia a que Milessi causó su propia muerte no exculpa la responsabilidad de la accionada, toda vez que el cuidado de los internos importa su preservación física y las autoridades policiales y judiciales tienen la obligación de arbitrar todos los medios necesarios para preservar la seguridad de los detenidos, procesados y condenados, como lo prescribe el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Entiende que no ha quedado claro, a la hora de analizar lo investigado en la causa penal, bajo qué condiciones Milessi pudo tener a su alcance todos los elementos y facilidades para provocar su sospechosa muerte. No se encuentra probado que la diligencia de la autoridad policial en función penitenciaria en la preservación de la salud e integridad física del interno óbito, se hubiera visto superada, para trasladar de esta forma la responsabilidad a la propia conducta de la víctima, a fin de encuadrar la cuestión en los términos del artículo 1111 del Código Civil.

Colige que ha fallado el deber de guarda y seguridad policial y sin perjuicio de la participación del causante en el evento, de los elementos que se tienen en la causa, poca trascendencia puede tener en esta sede a dilucidar la mecánica de la producción del ahorcamiento.

Interpreta que la responsabilidad de la accionada, sea por falta de atención y cuidado médico suficientes antes del infortunio o por la negligencia en la guarda y custodia cuando se encontraba detenido deviene impuesta por aplicación del citado artículo 1112 del Código Civil. Se configura el cumplimiento irregular o defectuoso de las obligaciones legales que le vienen impuestas a los funcionarios policiales en función penitenciaria y verificadas como exigibles dentro de sus tareas específicas, como son la guarda, custodia y preservación física y la asistencia médica adecuada a las circunstancias de tiempo y lugar (artículo 512 y 902 del Código Civil).

Sostiene que el funcionario a cargo del establecimiento de detención no se comportó con la diligencia que las circunstancias de persona, tiempo y lugar le requerían y con el énfasis que su profesionalismo también le imponía, por ello repotenció la cosa riesgosa bajo su mando, el ambiente carcelario, haciéndola más peligrosa y absorbiendo sobre si una mayor causalidad respecto de las consecuencias dañosas provocadas.

Interpreta que la policía no suministró la mera ocasión que favoreciera la predicada actitud del detenido, como puede llegar suponerse, sino la condición adecuada, que justifica la atribución de responsabilidad objetiva (artículos 1074 y 1112 Código Civil).

Argumenta que la responsabilidad estatal por este suceso, tiene fundamento constitucional, los funcionarios tienen a su cargo la custodia de los presos con exclusividad y los reglamentos de cualquier lugar de encarcelamiento deben atender al resguardo de la salud física y moral del interno y facilitar su desenvolvimiento personal y afectivo; de ello se desprende que a las autoridades que monopolizan el ejercicio del poder disciplinario sobre personas privadas de su libertad les incumbe un deber de custodia sobre éstas y les corresponde velar por su seguridad, salud e integridad física y psíquica, lo cual presupone, ante todo, asegurar la vida de los detenidos, pues ninguno de los objetivos del encarcelamiento puede lograrse si no se preserva su existencia misma.

Sostiene que la conducta omisiva que reprocha a los guardias de Milessi está causalmente ligada al resultado dañoso, de modo que se puede afirmar que la abstención ha actuado como factor eficiente de consumación del hecho, la circunstancia de que teóricamente tuviera un psiquismo precario no significa que la demandada deba ser eximida de indemnizar las consecuencias que sobre esa personalidad de base ha provocado el siniestro, pues no es dable compurgar la falta de servicio de los agentes estatales; razón por la cual la accionada debe cargar con la exclusividad de la responsabilidad objetiva que le tiene prefijada la norma del artículo 1112 antes citado

Puntualiza que la responsabilidad del Estado en materia de detenidos a disposición del Poder Judicial tiene sólidos fundamentos constitucionales y encuentra eco en las disposiciones de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 30 de la Carta Magna Provincial; y en las leyes Nºs. 12.155 y 12.061.

En cuanto a los rubros indemnizatorios, reclama en concepto de gastos efectuados en el funeral llevado a cabo a la víctima la suma de $2.000.

Asimismo solicita indemnización por el daño futuro y cierto, perdida de chance, afirmando que resulta difícil tarifar el perjuicio ocasionado por la muerte del hijo de los actores, quien al momento del deceso contaba con 28 años de edad, circunstancia que, al margen de que en ese momento no ejerciera actividad rentada, le abría un singular abanico de potenciales actividades laborales y además también dinero para la subsistencia de su familia.

Argumenta que luego del fallecimiento de su hijo, la economía de la familia se vio resentida, configurándose con ello una total afectación el derecho patrimonial que les asistía. Refiere al informe ambiental que adjunta, señalando que la señora María Concepción Rojas se encuentra desocupada, habiendo tenido que renunciar a su trabajo en una empresa de seguridad debido al cuadro de angustia y depresión que la aqueja. Valúa el monto del rubro en la suma de pesos $60.000, a la fecha del siniestro.

Reclama daño moral al cual valora en la suma total de $100.000.

Solicita indemnización en concepto de daño psicológico, por la suma de $25.000 para la progenitora y $10.000 para el padre del causante. Justifica la procedencia del rubro acompañando un dictamen de parte efectuado a la señora María Concepción Rojas.

Reclama además indemnización para atender los costos de tratamiento psicológico en la suma de $4.000 para la actora y $2.500 para el actor.

Peticiona que sobre el total de la condena se aplique la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a 30 días vigente en los distintos períodos de aplicación desde la fecha del siniestro y hasta el día del efectivo pago.

Funda el derecho en los artículos 33, 43, 901, 902, 903, 904, 912, 1068, 1074, 1083, 1084, 1112 sgte y concs. del Código Civil; 163 inc. 5°, 320 y concs. C.P.C.C.; arts. 116, 18 y 16 Constitución Nacional y 30 de la Carta Magna Provincial.

Ofrece prueba documental, informativa, testimonial y pericial. Cita jurisprudencia y doctrina autoral en apoyo de su postura.

Peticiona la homologación del convenio de honorarios obrante a fojas 110/112 de autos.

II) Que corrido el traslado de demanda (fs. 34) se presenta Fiscalía de Estado y la contesta, solicitando se la rechace en todos sus términos (fs. 43/51).

Niega todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de inicio, salvo los expresamente reconocidos. Rebate también la autenticidad y valor probatorio de la documentación adjunta por los actores, con excepción de los instrumentos públicos.

Destaca que en virtud de la existencia de la causa penal caratulada “SUICIDIO”, I.P.P. n° 235.792, en trámite ante la Unidad Fiscal de Investigaciones nº 2 del Departamento Judicial La Plata, remite a las constancias y actuaciones allí agregadas y admite como ciertos los hechos corroborados en la misma.

Señala que de las constancias agregadas a la citada causa penal, en particular de las consideraciones médico legales de la operación de autopsia obrantes fojas 35/38 y 102, se desprende que la víctima sufrió en vida la compresión del cuello que provocó un síndrome asfíctico mecánico irreversible; no se observaron lesiones de defensa y lo hallado es compatible con una autoeliminación. Además a fojas 35/37, 55, 56 obran declaraciones testimoniales en sentido coincidente; en virtud ello ha quedado debidamente acreditado que el hecho fatal que ocasionó la muerte del señor Milessi se debió a un suicidio provocado por la propia víctima en momentos en que se encontraba detenido.

Argumenta que la conducta atribuida no ha sido la causa del daño, la causa adecuada del mismo se encuentra en el accionar del propio damnificado, conforme lo establece el artículo 1111 del Código Civil, es definitivamente la asfixia mecánica por compresión del cuello producida por su propia voluntad.

Aduce que el juicio de probabilidad basado en la experiencia común, de acuerdo a lo que suele suceder, según el curso ordinario y natural de las cosas, indica que si no hubiere estado presente en el detenido la decisión de quitarse la vida, es seguro que la muerte del mismo no hubiere ocurrido.

Arguye que la conducta de la víctima debe funcionar como factor de exoneración de responsabilidad, el daño reclamado es el resultado de un obrar ajeno a la Provincia, al cual plantea como eximente total, a tenor de la doctrina y jurisprudencia que sostiene que la causal de exoneración debe ser expuesta al contestar demanda.

Refiere que el artículo 1113 del Código Civil ha sido previsto por el codificador, con el fin de regular la conducta de la víctima como causal eximente de responsabilidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia están conteste en el sentido que para ser operativa la causal de exoneración, se tienen que dar ciertos requisitos o caracteres en el hecho de la víctima, tales como causa adecuada, no ser imputable al demandado y ser cierto.

Colige que tales presupuestos surgen con meridiana claridad del análisis de la causa penal citada.

Asevera que se encuentra acreditado en las dichas actuaciones penales que el hecho no puede ser imputado a los dependientes de la Policía Bonaerense para quienes resultó imprevisible y a la vez inevitable, al tiempo que de las pruebas existentes, entre ellas las declaraciones testimoniales y los informes periciales agregados al sumario administrativo y a la causa penal, surge la certeza del evento.

Respecto del requisito de imprevisibilidad e inevitabilidad, alega que en el caso, adquiere notoria importancia la relación entre lo inevitable y el caso fortuito regulado por el artículo 514 del Código Civil para la esfera contractual y extendido tanto por la doctrina autoral como judicial al ámbito extracontractual.

Estima que el suicidio provocado por la propia víctima, ha sido para el personal policial imposible de evitar, el hecho de que para ello se valiera de una frazada no puede constituir el piso sobre el cual se construye la responsabilidad de la provincia, es impensable que toda la población carcelaria que precisamente tiene estos elementos para abrigo y mayor comodidad a la hora del descanso, máxime si se trata de épocas de baja temperatura, debiera necesariamente suicidarse. Solicita que se valore la conducta del personal policial considerando las circunstancias de tiempo, lugar y personas.

Interpreta que no se encuentran reunidos los presupuestos de la responsabilidad para atribuirle el daño reclamado por la actora, peticiona el rechazo de la demanda.

En cuanto al reclamo patrimonial pretendido por la actora, en el rubro pérdida de chance, solicita que se tengan en cuenta las condiciones de vida de la víctima, en particular su carrera delictiva.

Destaca que el Ministerio de Seguridad en el expediente administrativo n° 5100-3065/05, que acompaña como prueba documental, informa con relación a los antecedentes, que el causante figura como identificado en varias oportunidades por el delito de tentativa de robo en La Plata, cometido el 17/01/01; robo agravado por el uso de armas, causa n° 42528 en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional de Lomas de Zamora; tentativa de robo agravado, causa 161; el delito de hurto en tentativa, IPP 201.791, ocurrido el 25/10/03; robo agravado de tentativa, IPP 226.042, ocurrido el 14/05/04 y hurto en grado de tentativa, causa n° 903 del Juzgado Correccional n° 3 de La Plata.

Pone de resalto que se desprende de la documental adunada a la demanda que la víctima no cursó estudios secundarios, ni universitarios, ni tenía oficio o profesión alguna, y no obstante su corta edad presentaba un importante prontuario que le impedía trabajar y tener ingresos dignos, con poca expectativas de revertir dicha situación.

Considera que la alegada contribución económica a sus progenitores resultaba ocasional, sin probabilidades ciertas de concreción y de muy dudosa procedencia, que en caso de hacerse lugar a la monto reclamado para el rubro, se pondría a la familia del causante en una situación económica que sería imposible que pueda logar per se, de no ser por la indemnización.

Sostiene que en el rubro, falta uno de los requisitos indispensables del daño resarcible, la certeza. En tal inteligencia, lo resarcible es la eliminación de la chance misma, que algún valor tiene desde luego, y no del objeto al que la chance tendía, ello supone un resarcimiento menor en comparación con el que cabe en el supuesto de daños ciertos.

Sienta su posición en cuanto a que, al ser los legitimados activos de la presente acción los padres de la víctima y no cónyuge sobreviviente, hijos menores o incapaces, no resulta de aplicación la presunción iuris tantum que emerge de los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, por lo cual tienen a su cargo, más allá de acreditar los presupuestos de la responsabilidad, la prueba fehaciente de la existencia del daño, de lo contrario se deberá rechazar el rubro indemnizatorio.

Niega que la actora sufriera el daño moral alegado en el escrito de inicio y que el mismo deba cuantificarse en al suma de $100.000. Considera desproporcionado y excesivo dicho el monto y sostiene que de hacerse lugar al mismo, se originaría un enriquecimiento sin causa siendo su representada quien sufriría el perjuicio, empobreciéndose injustamente.

Solicita que se establezca en relación de causalidad adecuada a las constancias que la causa arroja, reduciéndose equitativamente el importe resarcitorio.

Señala, respecto al daño psicológico reclamado, que el mismo no conforma una categoría autónoma de indemnización, puede considerarse subsumido dentro de la categoría de daño moral o en la de daño patrimonial, en virtud que la actora ha reclamado por tales rubros interpreta que procede rechazar la indemnización solicitada. Entiende que para el caso que se considere al daño psicológico como categoría resarcible autónoma, queda en cabeza de los actores acreditar los extremos pertinentes, la certidumbre y la relación causal con el hecho que se ventila en autos, vale decir que las alteraciones psíquicas alegadas por la actora deben tener su causa adecuada en el hecho de autos y no derivar de su personalidad o ser anteriores al mismo. Eventualmente que se morigere su cuantía.

Respecto de los gastos de sepelio y colaterales, refuta que corresponda indemnización por tal concepto y subsidiariamente peticiona la reducción de la suma solicitada. Argumenta que la procedencia de su reintegro queda supeditada a la concreta erogación que se demuestre y no habiéndolo hecho en la demanda, solicita que se la adecue a la realidad de los mismos.

Ofrece prueba documental e instrumental. Cita jurisprudencia y doctrina autoral en apoyo de su postura.

Hace reserva del caso federal.

III) Que recibida la causa a prueba (fs. 57), producida la misma, y agregado el cuaderno de prueba actora (fs. 72); glosados los respectivos alegatos (fs. 77/80 y 81) y adquiriendo firmeza el llamamiento de autos para sentencia (fs. 83/86), la causa quedó en estado de emitir pronunciamiento (art 49 C.C.A.); y



CONSIDERANDO:

1°) Liminarmente y ponderando los términos en que la demandada plantea su defensa, cabe destacar que esa parte no desconoce que el causante falleciera ahorcado mientras se encontraba detenido, si bien niega que el hecho trasunte una omisión o falta de servicio por parte del personal de la Policía Bonaerense, cuestión ésta que configura el thema decidendum de la controversia de autos.



1.1 Efectuada tal aclaración, corresponde examinar las piezas obrantes en la Investigación Penal Preparatoria nº 235.792, caratulada “Milessi, Miguel Angel (víctima) s/ suicidio”, ofrecida como prueba por las partes y agregada en autos a fojas 135/355 del cuaderno prueba.

A fojas 137 obra informe suscripto por funcionarios dependientes de la Comisaría Sexta de La Plata del cual surge que con fecha 23 de julio de 2004, siendo las 17:40 hs. en el asiento de la citada dependencia el Oficial Inspector C.F.S, se dirigió al sector calabozos, sito en el fondo de la misma “… al proceder a llamar a viva voz al aprehendido para que se acerque a la puerta principal con la intención de trasladarlo a la oficina del oficial de servicio y notificarlo de la formación de la causa y efectuar posteriormente el reconocimiento médico legal, es que no se recibe respuesta alguna del nombrado Milessi, por cuanto se intenta abrir el candado colocado en la puerta principal, constatándose que este se encuentra trabado, haciendo inútil el esfuerzo de introducir la llave correspondiente, a lo que el suscripto procede a ir a buscar a su automóvil particular la llave cruz saca rueda y un tensor metálico de hierro, solicitando la colaboración del ayudante de guardia Sargento S,J.L. y el encargado de tercio Sargento Primero L, E., quienes se presentan en la puerta del sector de calabozos y con los elementos suministrados por el suscripto, antes descriptos, el sargento S procede a violentar el candado produciéndose su apertura, a lo que todos los actuantes procedemos a ingresar al sector estableciendo que en la abertura de la puerta de acceso al interior de una celda individual, la cual carece de puerta se halla el cuerpo sin vida de Milessi Angel, colgado del cuello por un trozo de frazada la cual en su otro extremo, se encuentra amarrada a una pequeña abertura de ventilación la cual se encuentra enrejada, en la parte superior de la abertura mencionada, ante este hecho de forma inmediata se procede a comunicar la novedad al Comisario J.C,…Ante todo lo narrado se procede a comunicar telefónicamente al Fiscal en turno,…quien se hace presente en esta dependencia, impartiendo directivas al respecto, a continuación se solicita la presencia de peritos en las especialidades de fotografía, planimetría y levantamiento de rastros de la Policía Científica La Plata…”

Por su parte de la declaración testimonial brindada por el numerario policial C.F.S se desprende que “…cumpliendo funciones como oficial de servicio,…siendo las 13:15 horas aproximadamente ingresó en calidad de aprehendido por el delito de robo, una persona del sexo masculino identificada como Angel Milessi, de 28 años de edad, poniéndose en conocimiento de la aprehensión realizada por personal de esta Comisaría, al señor Fiscal en turno …al nombrado Milessi se lo tenía alojado en un primer momento en la cocina de la seccional, bajo la custodia del agente P.G, que momentos antes de la 15:00 horas el suscripto dispone se lo aloje en el sector calabozos, siendo introducido al interior de los calabozos vacíos,… siendo las 16:30 horas,…, el suscripto dispone trasladarse al sector de calabozos con la finalidad de controlar el puesto y sacar del interior al aprehendido Milessi, con la finalidad de llevarlo a la oficina del suscripto para ser notificado de la formación de la causa que se le imputaba y conducirlo al cuerpo médico departamental, es así las cosas que al intentar abrir el candado de la puerta principal del sector de calabozos, se establece que el candado se hallaba trabado, no permitiendo el acceso de la llave pertinente, por lo que se comienza junto al sargento V. a llamar al aprehendido Milessi, a viva voz para que se acerque a la puerta principal, sin recibir respuesta alguna, es entonces que el suscripto solicita la colaboración del encargado de tercio sargento primero L,.E. y del ayudante de guardia sargento S,J.L. procediendo a ir a buscar…para poder abrir el candado, es así que en tales circunstancias el sargento S, L. con dichos elementos logra violentar el candado existente y se produce la apertura del mismo, procediendo todos a ingresar al sector de calabozos, constatando que en una de las celdas que carece de puerta se hallaba colgado del cuello sin vida el aprehendido Milessi, con un trozo de frazada amarrada a una pequeña abertura de ventilación enrejada ubicada en la parte superior del marco de la puerta…” (v fs. 140/141).

Del acta de declaración testimonial de F.A.V., quien se desempeña también como empleado de la Policía, surge “…que pasados unos diez minutos de cumplir con su función se constituyó en el lugar el oficial de servicio, oficial inspector S,C. a los fines de controlar el puesto y proceder a sacar del interior del calabozo al aprehendido quien se llamaba Milessi, Angel, es así que al intentar abrir el candado de la puerta principal, el candado se encontraba trabado no permitiendo el acceso de la llave pertinente, por cuanto al no poderse abrir el mismo procedió a llamar a viva voz al aprehendido y al no recibir respuesta alguna, se optó por violentar el candado, por cuanto el oficial suministró una…ingresando todos al sector de calabozos, dado a que los mismos se encuentran inhabilitados y poco seguros supuso en un primer momento que el aprehendido había fugado, pero con sorpresa se constató que el mismo se hallaba colgado con trozo de frazada, amarrado de una pequeña abertura enrejada a modo de ventilación ubicada sobre la parte superior del marco de la abertura de la puerta de una de las celdas…” (v fs. 142). Las declaraciones testimoniales obrantes a fojas 143 y 144, son esencialmente coincidentes con las precedentemente reseñadas.

El informe de reconocimiento médico legal y operación de autopsia realizado por perito perteneciente a la Dirección General de Policía Científica, obrante a fojas 172/191, arrojó como conclusiones medico legales que “la muerte de Milessi Angel, se produce por una asfixia mecánica por ahorcadura, ad referéndum de las pericias solicitadas”.

Las consideraciones y conclusiones anatomopatológicas de la pericia estudio histopatológico exponen que “4.1 se trata de una lesión en piel compatible con surco de ahorcamiento de carácter vital; 4.2 cuadro compatible con pulmón de lucha; 4.3 congestión polivisceral” (v fs. 223/224).

Del informe ampliatorio producido a fojas 240, una vez efectuadas las pericias complementarias, se desprende que “1. Se confirma por el peritaje histopatológico obrante a fojas 85/87, cuadro de asfixia mecánica por ahorcadura, ya que se constató un cuadro de pulmón de lucha con ruptura de septos alveolares, edema pulmonar y focos de neumorragia, focos de hemorragia en partes blandas de las vías aéreas y vasos sanguíneos; congestión visceral generalizada y lesión del cuello compatible con surco de ahorcadura de carácter vital…Conclusiones Medico Legales:…se concluye que la muerte de quien en vida fuera Milessi, Miguel Angel, se produce a consecuencia de una Asfixia Mecánica por ahorcadura”

Asimismo el perito ingeniero civil de la Asesoría Pericial La Plata desinsaculado para las actuaciones penales, en respuesta al punto 3) dictaminó que “resulta cierto que una persona de una talla de 1,76 m. pueda alcanzar con sus brazos extendidos la abertura de ventilación con rejas emplazada en la parte superior del calabozo donde se encontraba alojado quien en vida fuera Milessi, Miguel Angel y además efectuar un nudo entre dichas rejas con la frazada que ilustran las placas fotográficas obrantes a fojas 26/30 y 43/44 de autos y la tarea enunciada se vería mucho más facilitada utilizando la cama de material existente en el calabozo en que fue hallado el citado Milessi, ilustrada en las placas fotográficas n° 3-4 y 12 que lucen a fs. 26/30 de autos. Lo expuesto más allá de la observancia de los elementos acompañados fue ratificado por la inspección ocular realizada” .

Al punto 9) “se informe cualquier otro dato que sirva para esclarecer las circunstancias del hecho que se investiga”, respondió “se requirió del Laboratorio de Estudios de Materiales y Estructuras para la Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata para realizar un ensayo de tracción hasta rotura sobre la frazada remitida. Realizado el ensayo, la rotura de la frazada por desgarramiento se produjo bajo una carga de 85 Kg.” (v fs. 309 vta.).

Por su parte la perito médico forense de la Asesoría Pericial La Plata diagnosticó que “…es dable considerar desde el punto de vista médico legal, que se podría tratar de un accionar suicida. No obstante y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, no es posible descartar con rigor científico, la hipótesis homicida” (v fs. 321 vta/322).

Finalmente, a fojas 338 obra resolución de fecha 27 de diciembre de 2005, por la cual se dispone nuevamente el archivo de las actuaciones toda vez que de lo actuado, no surgen nuevos elementos que permitan variar el pronunciamiento del día 28 de diciembre de 2004, en virtud del cual se ordenó remitir los actuados al archivo por no surgir prueba suficiente para determinar la existencia de hecho delictivo.

1.2 La pericia accidentológica realizada por el perito ingeniero civil de la Asesoría Pericial La Plata desinsaculado en autos determinó que “resulta cierto que una persona de una talla de 1,76 m pueda alcanzar con sus brazos extendidos la abertura de ventilación con rejas emplazada en la parte superior del calabozo donde se encontraba alojado Milessi y además efectuar un nudo entre dichas rejas con parte de una frazada, considerando para ello la cama de material existente en el calabozo. De no utilizarse un elemento de escalamiento (escalera, cama aledaña, etc), la tarea resultaría mucho más laboriosa y demandaría más tiempo” (v fs. 95/96 cuaderno prueba).

2º) Que de los antecedentes fácticos reseñados y la prueba reunida en autos, surge configurado el funcionamiento irregular de la policía provincial, derivando de ello un daño, con apropiado nexo de causalidad que apontoca en la falta de servicio -un concepto propio del derecho administrativo y ajeno a la necesidad de acreditar la culpa o dolo como factor de atribución de responsabilidad civil- y compromete a la demandada con sustento en el artículo 1112 del Código Civil y artículo 18 de la Constitución Nacional, cláusula esta última que impone el deber primario del Estado de garantizar la seguridad y la integridad de toda persona detenida.

Al tiempo que en el ámbito provincial la ley 13.482 establece que el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, en el desempeño de sus funciones deberá “asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su custodia” (artículo 13, inc “d”, el destacado me pertenece).

Asimismo ese ordenamiento legal preceptúa que cualquier privación de la libertad de las personas deberá practicarse de forma que no perjudique al detenido en su integridad física, honor, dignidad y patrimonio, así como de los derechos que le asisten…”a que se realice un reconocimiento médico que verifique su estado psicofísico al momento de la privación de su libertad y, en su caso, a recibir en forma inmediata asistencia médica si fuese necesario” (artículo 16, inc “e”, el destacado me pertenece).

 Tal como resulta acreditado con la prueba documental acompañada por las partes, el detenido se encontraba alojado en un lugar cuya infraestructura no era la adecuada, podía alcanzar la abertura de ventilación con rejas con los brazos extendidos, facilitado además por la tarima de mampostería, tuvo la posibilidad de realizar los preparativos necesarios y confeccionar el dogal, concluyendo así con la maniobra que termina con su vida. Sin embargo, nada de ello fue advertido por quienes estaban a cargo del sector, circunstancia que demuestra, con relación al causante, que el personal de la Comisaría perdió absolutamente el control y no prestó adecuadamente el servicio de vigilancia. A ello debe añadirse que la puerta de entrada al sector se encontraba trabada y debió ser forzada para que los guardias franquearan su acceso (v. pericia accidentolólogica fojas 95/96; declaraciones testimoniales fojas 137/144; informe de fotografía y planimetría de fojas 161/167; pericia de fojas 309/316 del cuaderno de prueba).

En tal sentido, el Máximo Tribunal Federal tiene sentado que el Estado debe ser, particularmente exigente, en el deber de cuidado de los detenidos, porque un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas, proscribiendo toda medida “que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija” (art. 18 de la Constitución Nacional), destacando que dicha cláusula tiene un contenido operativo y como tal, impone al Estado la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral. (C.S.J.N., Fallos 318:2002, “Badín”; in re “Gothelf, Clara Marta c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios”, sent. del 10-IV-2003 y “Manzoni, Juan Carlos y López, Norma María c/ Gobierno de la Provincia de Jujuy”, dictamen Procurador, sent. 1-VI-2004).

Estos preceptos superiores relativos a las personas privadas de libertad tienen además, su correlato en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const. Nac. y 11, Const. Prov.).

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre estatuye que todo ser humano tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona (art. I) y que todo individuo que haya sido privado de su libertad, también tiene derecho a un tratamiento humano (art. XXV).

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” (art. 5, inc. 1).

A su vez el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (art. 10, inc 1).

En el marco de tal ordenamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatible con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal…el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a las personas que se encuentren bajo su custodia. Las autoridades estatales ejercen el control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia…Los establecimientos de detención policial deben cumplir ciertos estándares mínimos que aseguren la observancia de los derechos y garantías establecidos en los párrafos anteriores… La condición de garante del Estado con respecto a este derecho, le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquel” (C.I.D.H., caso “Bulacio c. Argentina”, sent. 18-IX-2003).

Además, señala el Tribunal Internacional que “el artículo 1.1 de la Convención establece la obligación general que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. En cumplimiento de esa obligación el estado Parte tiene la obligación erga omnes de proteger a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción… todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos por la misma Convención y según el Derecho Internacional general” (C.I.D.H., caso “Penitenciarías de Mendoza”, resolución 30-III-2006).

Por ende, de los antecedente reseñados y los elementos probatorios aportados en el sub judice surgen evidencias suficientes para comprometer la responsabilidad del Estado en los términos del artículo 1112 del Código Civil, pues denotan una irregular prestación del servicio a cargo de la autoridad policial, lo cual impone a la Provincia de Buenos Aires la obligación de reparar el daño, ya que tal como reiteradamente lo tiene dicho el Alto Tribunal Nacional, quien contrae la obligación de prestar un servicio –en este caso velar por la seguridad, integridad física y custodia de las personas detenidas- lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir con el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 306:2030, “Vadell”; 307:821; 312:343; 315:1892; 317:1921; 321:1776; 322:1393, entre otros).

En síntesis, en el caso se configura un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado con imputación “directa” -ya que la actividad de sus órganos o funcionarios se considera propia del Estado que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas- y con factor de atribución “objetiva”, que se trasunta a través de las denominadas faltas de servicio, con fundamento en el artículo 1112 del Código Civil (conf. doctr. S.C.B.A., causa L. 71.070, “Gimenez”, sent. del 23-XII-2003).

3º) Que sentado ello, corresponde valorar la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados por los actores, en su carácter de progenitores de la víctima.

3.1. Respecto a los “gastos de sepelio” solicitados, cabe señalar que, conforme se desprende de los recibos obrantes a fojas 88/93 de autos, no fueron los actores quienes realizaron tales erogaciones, aunque han alegado que el pago lo realizó la concubina del progenitor de la víctima, persona ajena a estos actuados (v. f. 77 vta).

Sin perjuicio de ello, estando probada la muerte del causante, la ausencia de prueba concreta acerca de la suma dineraria insumida por su sepelio, no conduce al rechazo de la pretensión por tratarse de un gasto necesario (arts. 2.307 y concs del Código Civil).

Así en el marco de la facultad establecida en el artículo 165 in fine del C.P.C.C., juzgo razonable reconocer en tal concepto la suma de pesos quinientos ($ 500).

3.2. Con relación al “valor vida-pérdida de chance”, tal como reiteradamente lo tiene dicho el Alto Tribunal Nacional, a los fines de “establecer el daño emergente debe destacarse que la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir... La supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes o, en su caso, el cese de la posibilidad de una futura realización de ese tipo de tareas. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, o que lo serían a través de actividades futuras” (C.S.J.N., Fallos 316:912; 317:1006 y 192; 318:2002).
En tal sentido, sostiene el Máximo Tribunal Provincial que “la pérdida de un hijo importa para sus padres un obstáculo o impedimento para que ciertos valores sostén futuro se incorporen al patrimonio de éstos”. Destaca además, que “la probabilidad del padre de necesitar esa ayuda, si es de humilde condición, y la posibilidad del hijo, podrá ser mayor o menor, podrá ser completamente insignificante, y aún desaparecer, pero en tanto exista, la pérdida de esa “chance” es un daño en la misma medida de su probabilidad” (S.C.B.A., causas Ac. 51.706, sent. 27-IX-1994; Ac. 52.947, sent. 7-III-1995).

Así, tiene sentado que “la circunstancia de tratarse de una chance no quita certeza al daño en tanto constituya una posibilidad real y concreta de sostén, ayuda o beneficio económico que resulta frustrada (art. 266, Cód. Civil)” (S.C.B.A., causas L. 48.490, sent. 29-IX-1992; L. 81.957, sent. 27-XII-2006).

En tal sentido para fijar la indemnización por valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas, sino considerar y relacionar las diversas variables relevantes en cada caso, tanto en relación con la víctima, como con los damnificados: edad, grado de parentesco, profesión, condición económica y social, expectativa de vida, etc. (conf. Fallos 317:1006 y sus citas).

Que a los fines de determinar la procedencia de la indemnización reclamada conforme al principio general del artículo 1.079 del Código Civil, según el cual todo perjudicado por la muerte de una persona tiene derecho a obtener la reparación del daño sufrido, debe estarse a los elementos que surgen de autos.

Mediante la pericia realizada por la asistente social de la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora, se han evaluado en los actores las condiciones habitacionales surgiendo que “la progenitora reside en vivienda tipo departamento ubicado en complejo habitacional. El inmueble se encuentra adjudicado a su nombre y habita en el lugar desde hace 17 años…las condiciones habitacionales se observan modestas y con buen mantenimiento. El progenitor reside en departamento ubicado en el edificio donde cumple tareas de encargada la concubina…”; del aspecto económico laboral la experta expone que “la Sra. María Concepción Rojas, realizaba actividad laboral en servicio de seguridad en tiempo previo al fallecimiento del hijo, trabajo que abandona por el desequilibrio emocional que le provoca la muerte del mismo. Al momento de peritar el grupo familiar que integra la entrevistada se mantiene deficitariamente con haberes del concubino y aportes de cuota alimentaria del progenitor del occiso. El Sr Miguel Angel Milessi trabaja como encargado de mantenimiento en edificio vecino al que reside y desarrolla trabajos temporarios ocasionales…Cubre necesidades básicas con la contribución de la concubina” y en cuanto a la situación familiar y social determina que “desde la Sra. María C. rojas, se observa desequilibrio emocional que afecta las relaciones intrafamiliares y la autopreservación. Desde el Sr. Miguel A. Milessi, actitud de colaboración, apoyo hacia las necesidades de la ex esposa y buena relación paterno filial con todos los hijos, en contexto que incluye a la concubina”. Concluyendo la experta, atento la recolección, observación, análisis y evaluación de datos obtenidos, que “el contexto personal, familiar y socio laboral de la Sra. María Concepción Rojas, aparece en la entrevista atravesado por los efectos que provoca el fallecimiento del hijo en situación de detenido, lo cual provoca aguda crisis y depresión en la entrevistada, con deterioro económico y grave riesgo sanitario, de acuerdo a lo que explicita en los ítem económico, sanitario y familiar. El señor Miguel Angel Milessi, presenta situación económico laboral limitada en ingresos y oportunidades laborales, lo cual le imposibilita atender adecuadamente necesidades requeridas del hogar de la hija que convive con al progenitora.” (v fs. 106/107, cuaderno prueba actora). Similares conclusiones surgen del informe socio ambiental acompañado como prueba documental por la actora, glosado a fojas 107/109 de autos.

Ahora bien, de las afirmaciones vertidas en la demanda, se desprende que en ese momento el causante no ejercía actividad rentada y tal como surge de las constancias de autos y también lo admiten los actores, tenía numerosos antecedentes delictivos (v. fojas 149 de autos); es más, con motivo de la aprehensión por la cual fue alojado en la Comisaría 6ta. de Tolosa se instruyó la I.P.P. 235.791 caratulada “Bavaro Claudia Edith s/ robo imp. Milessi Miguel Angel” (v. fs 359 cuaderno prueba actora), circunstancias todas que denotan claramente que no contribuía a la subsistencia de la familia.

Sin embargo, negar la posibilidad de que en el futuro, de haber continuado en vida, el causante -quien al momento del deceso tenía 28 años de edad (ver fs. 117 de autos)- modificase su conducta, realizando tareas lícitas remuneradas y, en base a ellas, asistiera económicamente a sus progenitores, implicaría admitir un determinismo que la ciencia penal no acepta y negar, definitivamente, la posibilidad de readaptación social del delincuente. Empero, si bien cabe reconocer esa posibilidad, debe conferírsele una reducida probabilidad de acuerdo a los antecedentes del causante, y por tanto, al ser débil tal posibilidad, la reparación debe ser calculada en proporción a ella (conf. voto doctor Bossert, causa “Badín”, cit.).

Así, juzgo que procede otorgar un monto indemnizatorio destinado a resarcir la chance perdida por los progenitores de obtener en el futuro asistencia del hijo fallecido, el cual se estima prudente fijarlo en la suma de pesos quince mil ($ 15.000) para cada uno de ellos (arts. 77 inc. 1°, C.C.A.; 165, C.P.C.C.; conf. criterio de cuantificación, CCALP, causa 4.119, "Romero", sent. 17-4-2008).



3.3. Que el reclamo en concepto de daño moral es procedente, ya que el mismo no es sino la lesión en los sentimientos que determina dolor y sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (conf. Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 4ta. Ed. Abeledo Perrot, p. 205, número 557).

Por ello, corresponde resarcir el daño moral, sobre cuya entidad resulta ocioso formular mayores consideraciones, pues no cabe duda alguna que el hecho de autos ha provocado en los actores una aflicción espiritual, que afecta las esferas de su personalidad, repercutiendo en el ámbito laboral y familiar.

En tal sentido, abonan la procedencia de éste ítem indemnizatorio, las conclusiones de la pericia psicológica, de las cuales se desprende que efectivamente, los actores se encuentran atravesando una situación de duelo por la pérdida de su hijo.

En relación al quantum y en uso de la facultad que otorga el artículo 165, tercer párrafo del Código Procesal Civil, juzgo prudente fijar el resarcimiento por daño moral en la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000), para cada uno de los progenitores (arts. 77 inc. 1°, C.C.A.; 165, C.P.C.C.; conf. criterio de cuantificación, CCALP, causa 4.119, "Romero", sent. 17-4-2008).



3.4 Respecto al reclamo del rubro daño y tratamiento psicológico, procede señalar que, la Corte Suprema de Justicia Nacional, tiene sentado que “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físicas como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada, en la medida que asuma la condición de permanente” (C.S.J.N., Fallos: 326:1299; in re “Camargo, Martina y otros c/ San Luis, Provincia de y otras s/ daños y perjuicios”, sent. del 21-V-2002; “Lema, Jorge Héctor c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”; “Mochi, Ermanno y otra c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios”, ambas sentencias del 20-III-2003).

Destaca además, el alto Tribunal que “para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso” (C.S.J.N., in re “Coco, Fabián Alejandro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 29-VI-2004).

Cabe así, valorar el dictamen producido por la perito médico psiquiatra y psicóloga desinsaculada en autos (fs. 110/116 del cuaderno de prueba), dejando sentado que si bien el mismo no es obligatorio para el juzgador, debe acordársele valor probatorio cuando es suficientemente fundado y uniforme en sus conclusiones, ya que las reglas de la sana crítica aconsejan seguirlo cuando no se oponen a ello, argumentos científicos legalmente bien fundados. Asimismo es del caso señalar que el mismo fue realizado una vez trascurrido casi dos años del hecho que originó las actuaciones (arts. 77 inc. 1°, C.C.A.; 474 y concs., C.P.C.C.). En tanto que el informe psicológico adunado como prueba documental por la parte actora, glosado a fojas 97/9101 de autos, si bien refiere una incapacidad del 10%, señala que la actora está transitando el período de duelo y “no es posible determinar aún su desarrollo por lo reciente de la pérdida, no llega a cumplir los síntomas que se establecen en el stress post – traumático, pero si hay una situación traumática produciéndole un impacto en su vida, irreparable, irreversible e imborrable (v. fs. 100/101).

Así, la perito de la causa con relación a la progenitora del causante, señala en el punto g) “porcentaje de incapacidad psíquica que existe en las personas de los actores” “que la misma “padece un cuadro de depresión reactiva a la muerte traumática de su hijo de grado leve”.

Asimismo, sugiere “tratamiento psicológico individual para la señora Rojas. De todos modos el tratamiento será posible sólo si la actora cuenta con disponibilidad interna para hacerlo, implicándose subjetivamente en el mismo,…respecto de la frecuencia y tiempo sugeridos, se podría pensar en una sesión semanal durante un año, aproximadamente; el costo de las sesiones de psicología oscila entre un mínimo de 20 pesos y un máximo de 100 pesos o más”” (fs 115 vta/116 cuaderno prueba).

Respecto del padre de la víctima, la peritó dictaminó que “ha elaborado su duelo, si bien al momento actual, persiste el dolor por la pérdida del hijo, dolor por otra parte que puede persistir a lo largo de su vida, aunque no ha producido sintomatología de carácter patológico” (fs. 115)

De lo expuesto, se colige que no resulta acreditada una incapacidad irreversible y permanente que justifique el resarcimiento de este ítem.

En consecuencia, si bien de la experticia no surge probado un daño psicológico irreversible, susceptible de indemnización autónoma, estimo justo reconocer los gastos que demandará el tratamiento psicoterapéutico recomendado por la experta.

Para la actora, se estima el cálculo de una sesión semanal de psicoterapia individual, durante un año, a un costo de $60, ascendiendo la suma total reconocida en concepto de tratamiento psicoterapéutico a pesos dos mil ochocientos ochenta ($ 2.880), debiendo calcularse los intereses, a partir de la notificación del presente pronunciamiento (conf. doct. C.S.J.N., in re “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, provincia de s/ daños y perjuicios”, sent. 7-XI-2006).

4º) Que asimismo, procede desestimar la petición de actualización monetaria formulada por la actora, a tenor de la invariable doctrina judicial de la Casación Bonaerense que tiene sentado que la modificación introducida por la ley 25.561 mantiene la redacción del artículo 7° la ley 23.928 y, por tanto, no admite actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa (S.C.B.A., causa B. 49.193 bis, “Fabiano”, res. 2-X-02; B. 55.385, “Sosa”, res. 8-VIII-2003; Ac. 86.304, “Alba”, sent. 27-X-2004; B. 57.484, sent. 13-IX-2006; L. 88.158, “Bejarano” sent. 17-XII-2008; L. 93.705, “Galli”, sent. 4-II-2009; L. 93.235, “Ercorena”, sent. 11-II-2009; L. 92.958, “Da Silva”, sent. 3-VI-2009; entre otras).

En el mismo sentido se pronunció, el Máximo Tribunal Federal (C.S.J.N., Fallos 329:385 “Chiara Díaz” y recientemente, in re “Obra Social del Personal de Sociedad de Autores c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música”, sent. 10-III-2009).

5°) A mérito de los fundamentos expuestos corresponde hacer lugar a la pretensión indemnizatoria deducida por Maria Concepción Rojas y Miguel Angel Milessi contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar la suma de pesos ochenta y tres mil trescientos ochenta ($ 83.380), conforme al detalle establecido ut supra (arts. 10.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1 Pacto de San José de Costa Rica; I y XXV, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 13 inc. “d”, 16 inc. “e” y concs. ley 13.482; 266, 1068, 1069, 1078, 1112, 2307 y concs. del Código Civil; 1º, 2º inc. 4, 12º inc. 3, 50 inc. 6º, 77 inc. 1° y concs. C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.001; 165, 384, 474 y concs. C.P.C.C.).

A los importes establecidos deberá adicionársele el correspondiente a los intereses, que se calcularan desde el día 23 de julio de 2004 hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación (art. 7º y 10º, ley 23.928, texto según ley 25.561; 622 y 5°, ley 25.561).

Al importe determinado en concepto de gastos por tratamiento psicoterapéutico, se le adicionarán los intereses a partir de la notificación del presente pronunciamiento y hasta el efectivo pago, conforme a la tasa y pautas estipuladas precedentemente.

Las sumas deberán abonarse dentro de los sesenta días (art. 163, Const. Pcial.; 63, C.C.A.).

7°) Las costas se imponen en el orden causado, por no configurarse en este proceso las causales de excepción que autorizan su imposición a la vencida (art. 51, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101; conf. doct. S.C.B.A., causas A. 68.835, "Bonanno" y A. 68.418, "Asenjo", ambas sent. del 15-IV-2009).

Por ello,

FALLO:

1º) Hacer lugar a la pretensión indemnizatoria deducida por Maria Concepción Rojas y Miguel Angel Milessi contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar la suma de pesos ochenta y tres mil trescientos ochenta ($ 83.380), conforme al detalle establecido ut supra (arts. 10.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1 Pacto de San José de Costa Rica; I y XXV, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 13 inc. “d”, 16 inc. “e” y concs. ley 13.482; 266, 1068, 1069, 1078, 1112, 2307 y concs. del Código Civil; 1º, 2º inc. 4, 12º inc. 3, 50 inc. 6º, 77 inc. 1° y concs. C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.001; 165, 384, 474 y concs. C.P.C.C.).

A los importes establecidos deberá adicionársele el correspondiente a los intereses, que se calcularan desde el día 23 de julio de 2004 hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación (art. 7º y 10º, ley 23.928, texto según ley 25.561; 622 y 5°, ley 25.561).

Al importe determinado en concepto de gastos por tratamiento psicoterapéutico, se le adicionarán los intereses a partir de la notificación del presente pronunciamiento y hasta el efectivo pago, conforme a la tasa y pautas estipuladas precedentemente.

Las sumas deberán abonarse dentro de los sesenta días (art. 163, Const. Pcial.; 63, C.C.A.).

2º) Imponer las costas en el orden causado (art. 51, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).



3º) Diferir el tratamiento de la homologación del convenio de honorarios solicitada y la regulación de honorarios de los demás profesionales intervinientes hasta la aprobación de la liquidación a practicarse (art. 3°, 4°, 51° y concs. decreto-ley 8904/77).

Regístrese y notifíquese.
Catálogo: falloscompl -> infojuba
infojuba -> Barletta maria graciela c/ municipalidad de pehuajo s/pretension indemnizatoria. Expte: 6460
infojuba -> L. M. R. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Indemnizatoria
infojuba -> Villalba irma beatriz y otro/a c/ provincia de buenos aires s/ pretension indemnizatoria
infojuba -> Causa Nº 2275 ccalp
infojuba -> Causa nº 11095 ccalp “ahuad adela beatriz y otros c/ poder judicial s/ pretension anulatoria”
infojuba -> En la ciudad de General San Martín, a los días del mes de abril de 2007, establecido que deberá observarse el siguiente
infojuba -> Fernandez oscar alberto c/hospital interzonal de agudos eva peron y otros s/pretension indemnizatoria
infojuba -> Provincia de buenos aires poder judicial
infojuba -> Provincia de buenos aires poder judicial


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