Mercadeo Social y Sistema Penitenciario: Estrategias para Hacer Visible la Situación de las Mujeres que acompañan a los Privados y Privadas de Libertad



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CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La compleja realidad penitenciaria venezolana, caracterizada por la violación sistemática de los Derechos Humanos de internos e internas, ha sido abordada históricamente a través de diversas iniciativas, planificadas desde las instituciones responsables del sistema penal y procesal penal. Estas iniciativas, además de resultados poco satisfactorios



, tienen en común la ausencia de participación de las personas privadas de libertad y sus familiares.

Entre 2008 y 2010 la Defensoría del Pueblo propuso y ejecutó el Programa Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos en diversos recintos penitenciarios venezolanos, con la intención de desarrollar un nuevo estilo de gestión pública en materia de Derechos Humanos sustentado en la relación cara a cara sociedad-Estado. El referido programa tenía como objetivo general:


“Promover procesos educativos que contribuyan al fortalecimiento de la conciencia de autodeterminación de las personas privadas de libertad, así como la construcción de proyectos de vida para la defensa de sus derechos, con la participación de sus familiares y representantes de los órganos del Poder Público Nacional con competencia en la materia” Molina (2008).

Este programa permitió construir una relación orgánica con las personas privadas de libertad, quienes participaron en el diagnóstico de sus principales problemas e



interactuaron con las instituciones responsables para realizar planes de trabajo orientados a la superación de los mismos.

Sin embargo esta misma relación permitió comprender que la problemática asociada a la situación penitenciaria no es exclusiva del interno o interna, se extiende a sus familias y allegados, especialmente a las mujeres, que transforman sus vidas para atender las demandas que impone el sistema penal y procesal penal, (audiencias diferidas, pago de traslados, trámites legales ), así como las exigencias de la violenta rutina carcelaria masculina, tales como el pago de la “causa” ( mensualidad que aporta el reo por permanecer a salvo en un área del penal); alimentación, vestido, visita, soporte afectivo y emocional, mediación en los múltiples conflictos en que se ve envuelto el reo, etcétera. Todo esto, en la mayoría de los casos, sin las mínimas herramientas psicológicas, económicas, educativas ni legales.


La precariedad del sistema penitenciario nos muestra una vez más como las áreas en las que el estado y la sociedad en general han sido ineficientes, configuran un terreno propicio para la desigualdad de género y la violencia contra la mujer. Además el efecto de esta precariedad en la vida de las mujeres queda invisibilizado y naturalizado, lo cual se observa en los limitados análisis que del problema plantean las autoridades responsables; en las políticas públicas que se desarrollan y en la visión que las mismas mujeres tienen sobre estos problemas.
Las estrategias de marketing social pueden resultar útiles para hacer visible la situación de las mujeres afectadas por el sistema penitenciario ante diversas instituciones y actores responsables de esta realidad.

Formulación del Problema de investigación

A partir de la situación planteada en líneas anteriores surgen algunas interrogantes que orientan esta investigación:



  • ¿Qué aspectos de la realidad de las mujeres que acompañan a los privados y privadas de libertad requieren especial atención y necesitan ser divulgados?; ¿Con cuáles estrategias, con qué medios y cuál sería el público objetivo?

  • ¿Cómo puede el mercadeo social contribuir al diseño de políticas públicas diferenciadas, para estas mujeres?



Justificación

El presente trabajo permite dar cuenta de una realidad social que afecta a un sector vulnerable del país. Además propone una forma distinta de promover políticas públicas a partir del Mercadeo Social, con un abordaje interdisciplinario de los problemas, pues integra metodologías desarrolladas por las ciencias sociales, donde se supera la dicotomía sujeto-objeto para comprender mejor un fenómeno desde la racionalidad y la subjetividad de quienes lo viven con la lógica del Mercadeo para la divulgación y promoción estratégica de esa realidad a quienes tienen la posibilidad de contribuir con su transformación.



Objetivos



Objetivo General

Diseñar un Plan de Mercadeo Social que permita hacer visible la situación de las mujeres que acompañan a los privados y privadas de libertad en Venezuela, como aporte para la comprensión integral de la realidad penitenciaria y el desarrollo de políticas públicas que incluyan a la mujer afectada por esta realidad.


Objetivos Específicos
A. Comprender la realidad de las mujeres que acompañan a los privados y privadas de libertad haciendo uso de técnicas cualitativas de investigación.
B. Elaborar un perfil socio-demográfico y psicográfico1 de estas mujeres.
C. Identificar y comprender sus demandas sociales con relación a su rol de apoyo a privados y privadas de libertad.
D. Identificar el público objetivo y las estrategias comunicacionales apropiadas para abordarlo.
E. Partiendo de la información anterior desarrollar un plan de Mercadeo Social que permita hacer visible la realidad de las mujeres que acompañan a los privados y privadas de libertad.


CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

En la Revista Internacional de Marketing Público y no Lucrativo, Leal (2004) da a conocer cómo el marketing social ha de combatir los obstáculos que impiden su desarrollo en el mercado español, proponiendo una serie de estrategias para superar la etapa introductoria y avanzar hacia la fase de seguimiento. Aboga por la aceptación y reconocimiento del Marketing Social por la comunidad científica y profesional, así como por los colectivos a los cuales beneficia. Concluye que el aporte de esta especialidad a la sociedad, crecerá en la medida que aumenten los programas que actúan en el campo individual para provocar cambios estructurales y de comportamientos en la sociedad.


Samino, R (2006) a través de su tesis doctoral intenta probar la importancia que tiene para las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, la orientación al mercado; entendiendo esta como un enfoque de gestión de las organizaciones en el que adoptan el concepto de marketing como cultura organizativa conductora de sus estrategias competitivas. Utilizando las escalas de MKTOR y MARKOR, la autora, estimó el grado en que diversas fundaciones de Madrid se orientan al mercado, encontrando altos niveles de orientación en las más exitosas. Logro asociado a

esfuerzos de todos los niveles y áreas de estas organizaciones por comprender y satisfacer las necesidades de sus dos tipos de públicos o clientes: los beneficiarios de sus misiones y los contribuyentes que las financian.

Torres (2005) Con la finalidad de optimizar el programa “Dona tu Vuelto” del Dividendo Voluntario para la Comunidad, organización venezolana, sin fines de lucro que trabaja para atender a personas en situación de pobreza extrema; realizó un estudio de mercado que permitió conocer las motivaciones y actitudes del público donante ante el programa e identificar los factores clave que influyen en sus comportamientos de donación; lo que les permitió recomendar estrategias que incluían la información concreta sobre el destino de las donaciones; la sensibilización a través de la movilización de emociones positivas hacia el acto de donar y el fortalecimiento de alianzas estratégicas para una campaña en medios masivos; elaboración de material impreso entre otros mecanismos de información.
Otra investigación que se cita como antecedente de esta propuesta es la de

Rodríguez, B (2002) con el título: “Comunicaciones integradas como estrategia para la elaboración de un plan de mercadeo social de la misión y visión de la dirección de proyectos sociales de la Universidad Metropolitana”. La finalidad de este trabajo fue sugerir elementos claves para el diseño de un plan estratégico de mercadeo social inspirado en la concepción de las comunicaciones integradas, con el objetivo de facilitar el diseño en red de los programas de proyección social que adelantara dicha Dirección.


La propuesta del plan de mercadeo se diseñó siguiendo los principios tradicionales de la planificación estratégica; y teniendo en cuenta las diferencias entre la mercadotecnia pura y el mercadeo social, sustentados por Kotler y Armstrong (1996); y haciendo énfasis en las comunicaciones integradas como estrategia clave en la elaboración de dicho plan. La creación de la Dirección de Proyectos Sociales fue aprobada en el mes de Septiembre de 2001, por el Consejo Superior de la Universidad Metropolitana, con el objetivo de fortalecer la responsabilidad social de los estudiantes de la misma, a través de programas de participación social para facilitar la formación de su sensibilidad, conciencia social y capacidad emprendedora.

Bases Teóricas





  1. Mercadeo Social

Las metodologías que han demostrado eficacia para detectar y satisfacer necesidades de consumo de bienes y servicios, también son útiles para detectar y satisfacer necesidades sociales y humanitarias, superando el contexto empresarial, para extender sus aportes a organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, fundaciones, entidades religiosas y el Estado. Tal como señala Mendive (2007) estos nuevos campos de acción constituyen lo que Kotler ha denominado Marketing Social.


Kotler y Zaltman desarrollaron el concepto de marketing social en 1971, desde entonces es utilizado para referirse a la aplicación de técnicas derivadas del marketing comercial en el análisis, planificación, ejecución y evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia objetivo, con la finalidad de mejorar el bienestar individual y colectivo.
El Mercadeo Social hace alusión a la satisfacción de necesidades humanas y si estas necesidades son de tipo social, deben satisfacerse con un producto social. Algunos ejemplos de estos productos sociales son:

Promoción de ideas: defensa de Derechos Humanos.

Prácticas sociales: ahorro de energía.

Uso de determinado elemento: uso del preservativo para evitar ets.
El término Mercadeo Social también hace referencia, según Kotler (2002) al mercadeo relacionado con causas, donde las empresas forjan una relación con causas sociales en beneficio mutuo, logrando mejorar su imagen y conciencia de marca a la vez que contribuyen con la transformación social.

Kotler y Roberto señalan que al igual que en el marketing tradicional en el mercadeo social se utilizan los siguientes conceptos: (a) segmentación de los destinatarios de la campaña; (b) Investigación sobre el consumo, desarrollo y comprobación de los conceptos de productos; (c) Comunicación directa; (d) Otorgamiento de facilidades, incentivos para optimizar la respuesta de los destinatarios.


Los pasos que establece Kotler para implementar un programa de marketing social son:
1.- Definir objetivos del cambio social

2.- Analizar las actitudes, creencias, valores y conductas del grupo a quien se dirige el plan.

3.- Analizar procedimientos de comunicación y distribución

4.- Elaborar un plan de marketing

5.- Construir una organización de marketing para que ejecute el plan

6.- Evaluar y ajustar el programa para que sea eficaz.


Para elaborar una estrategia adecuada en necesaria la etapa de investigación que permita comprender cómo las personas toman decisiones y pasan a la acción. Es importante señalar que cada grupo tiene un conjunto particular de creencias, actitudes y valores, por lo tanto las estrategias de marketing social, deben adaptarse de acuerdo a las necesidades de cada segmento al que se dirigen.


1.- Elementos Constitutivos del Marketing Social

Andreasen ( citado en Mendive 2007) propone los siguientes elementos constitutivos para el marketing social:


a) Demanda Negativa: presencia de motivaciones y conductas contrarias a las deseadas, por ejemplo si se desarrolla una campaña en contra del tabaquismo, habrá una gran cantidad de personas que no desean dejar de fumar.

b) Resultados Altamente Sensibles: implica costos políticos, cambios de vida, confronta realidades con frecuencia muy duras.

c) Beneficios invisibles: frecuentemente alienta comportamientos que parecen no tener consecuencias a corto plazo, como es el caso de la prevención.

d) Los beneficios pueden ser para terceros o difusos: debe motivar la acción de grupos humanos que no obtienen un beneficio directo por sus comportamientos, pues se espera que los beneficios impacten en otros grupos humanos o en causas colectivas como la conservación del ambiente, el ahorro de energía, la seguridad ciudadana, etc.

e) Los intangibles son difíciles de representar: porque las consecuencias del

Cambio de comportamiento son invisibles, a largo plazo o se experimentan en grupos humanos no cercanos, En tal sentido la creatividad es un factor importante para recrear los beneficios a través de la comunicación.

f) Los cambios pueden llevar mucho tiempo: la complejidad de los problemas que se abordan, aunado a la necesidad de cambios individuales y/o colectivos de demanda positiva o negativa por lo general toma mucho tiempo.

g) El cambio puede generar un conflicto con la cultura de la organización que lo promueve: puede poner en evidencia la propia ineficacia de la institución que lo promueve, especialmente si pertenece al Estado y está relacionada con la problemática.

h) Encuesta pública: es frecuente que el Estado, la prensa o investigadores consulten el grado de eficacia del programa.

i) Presupuesto Limitado

j) Múltiples Públicos: el éxito no depende solo de la influencia sobre el público objetivo, sino también en quienes dan asistencia o regulan las actividades.
2.- Consideraciones en Torno a la Estrategia del Marketing Social.

Andreasen enfatiza que la estrategia adecuada del marketing social, está centrada en el público objetivo, destinatario del programa, es decir, el cliente, de quien es necesario conocer sus necesidades y deseos los cuales deben prevalecer sobre los de la organización. En tal sentido, el autor señala algunas características de un programa de marketing centrado en el cliente:




  1. La misión de la organización es lograr el encuentro entre el cambio de comportamiento y las necesidades y deseos de los clientes.

  2. El cliente es visto como alguien con percepciones únicas, necesidades y deseos a los cuales el especialista se debe adaptar.

  3. El marketing social es visto como algo más que comunicaciones.

  4. La investigación para el marketing social es vital.

  5. Se divide al cliente en segmentos

  6. Se observa la competencia en cada caso. Nunca se toma la competencia como un fin.

  7. El especialista elige las estrategias gracias al conocimiento que obtiene del cliente.

El mismo autor afirma que una buena estrategia de marketing social, además de estar centrada en el cliente, (a) debe ser visionaria, para lo cual es preciso que se plantee un futuro claro hacia donde se dirige el programa; (b) debe diferenciarse de otras iniciativas y ofrecer una razón para que el público objetivo emprenda las acciones pretendidas; (c) debe estar atenta a los cambios y preparada para enfrentarlos;

(d) debe ser fácilmente comunicada, los elementos centrales de la estrategia, serán simples y claros, de modo que el público objetivo y el propio personal no entiendan de forma ambigua la estrategia; (e) debe ser motivadora, no ser vista como una campaña más y tener aspiraciones irrealistas.
La esencia de la estrategia debería ser lo suficientemente amplia como para que permita diversos modos de actuar a quienes la ejecutan. Se debe actuar con prudencia, por etapas con lo cual se logran cambios progresivos, el proponer objetivos irrealistas puede crear falsas esperanzas en el publico objetivo que podrían cerrar las puertas a futuras iniciativas.
Existen diversas fuentes de frustración en los programas de mercadeo social, una de ellas es que las consecuencias positivas esperadas sean poco satisfactorias para el publico objetivo, también es posible que los nuevos comportamientos reporten consecuencias negativas, también es probable que personas influyentes conspiren en contra del cambio.
Tal como lo señala Andreasen, en el proceso de cambio de comportamiento, desde el que experimenta la persona, hasta el que se intenta promover se describen cuatro etapas:
Etapa de Precontemplación: el objetivo central en esta etapa es que el público objetivo se entere de una nueva posibilidad de comportamiento y de los beneficios que esta implica a través de la educación y la divulgación. Pero esta comunicación necesariamente debe basarse en el conocimiento que se tiene sobre las necesidades, valores y actitudes del público objetivo. A partir de este conocimiento se ajustan los mensajes, se buscan las oportunidades naturales adecuadas en armonía con el estilo de vida de la audiencia, en un lenguaje que la audiencia pueda comprender y a través de medios a los cuales les presta atención.
Etapa de Contemplación: implica un análisis permanente para entender cómo hacen las personas a quienes se dirige el plan, para tomar decisiones y cuáles podrían ser las motivaciones para emprender la acción deseada. Diversos autores coinciden en señalar que estas decisiones se basan en distintos tipos de creencias, sobre las consecuencias positivas o negativas de sus comportamientos, en las personas se produce un proceso mental donde se contempla la realidad actual y el posible escenario de un cambio de conducta.
En esta etapa es de suma importancia evaluar la competencia, entendida como las alternativas de comportamientos incompatibles con el cambio deseado.

Se han propuesto diversas explicaciones para el cambio de conducta, algunos opinan que la decisión de actuar se produce cuando los beneficios percibidos exceden los costos. Bajo esta premisa la tarea del mercadeo social implicaría, aumentar la extensión de los beneficios que conseguirá la gente, disminuir la extensión de los costos en que incurrirían, agregar nuevos beneficios, disminuir los beneficios de las conductas que compiten y hacer perceptible sus costos.


Investigación en la etapa de contemplación:
En la tarea de investigar la naturaleza de los costos y beneficios que las personas contemplan, cuando consideran la posibilidad de emprender un cambio de comportamiento. Conforme a las nuevas tendencias en investigación, donde no existe una división radical sujeto-objeto, el grupo humano con el que se interactúa puede ser un coinvestigador, permitiendo una comprensión más cercana de la realidad, especialmente si tomamos en cuenta que las decisiones de cambio no son un proceso cognitivo individual sino que el grupo de referencia influye en esta decisión, en tal sentido los grupos significativos, los líderes de opinión para una determinada comunidad y los comportamientos que se perciben como deseados en estos grupos, también deben ser investigados.


Planeamiento estratégico en la etapa de contemplación:
A partir de los resultados de la investigación, la estrategia debe apuntar a incrementar y hacer visible, el conjunto de beneficios percibidos en torno al cambio de comportamiento deseado y minimizar los costos. Así mismo es preciso considerar la opinión de los líderes de la comunidad como transmisores de información, modelos de comportamiento y fuentes de presión social.
Etapa de Acción: una vez tomada la decisión de actuar, se impone una creencia adicional relacionada con la viabilidad de los comportamientos esperados, lo que Bandura ha denominado la “eficacia percibida” es decir la percepción de que se tiene el conocimiento y las habilidades necesarias para llevar adelante el comportamiento y de que los factores del entorno no lo impedirán.
Lo anterior plantea dos estrategias diferentes para el marketing social, pues si la percepción de ineficacia es personal el objetivo debe centrarse en aumentar la percepción de eficacia del destinatario lo que implica el modelaje de nuevos hábitos, descubrimiento de destrezas propias entre otras estrategias. Cuando los consumidores perciben el obstáculo en otra gente, el desafío es determinar si las percepciones son erróneas, de ser así lo ideal es aclarar los hechos mientras que si la percepción está fundamentada se debe evaluar si es posible influir en esa realidad y actuar.
Etapa de Mantenimiento: implica un seguimiento para comprobar y evaluar la continuidad de los comportamientos promovidos y el desenlace de los procesos impulsados, la investigación y el planeamiento estratégico de las etapas anteriores no constituyen esquemas lineales, son ciclos que se retroalimentan y continúan hasta que la realidad lo permita.


B.- Comunicación

Los modelos explicativos y teorías de la comunicación son múltiples y de variada complejidad. En un intento por ofrecer una visión amplia que permita comprender los aportes más significativos que pueden ser útiles al presente trabajo, es preciso destacar , la coexistencia de una tradición científica propia de la modernidad, una tradición humanista y una postura crítica surgida en el contexto latinoamericano como respuesta a la dominación y hegemonía ideológica liberal.

Autores como Paulo Freire, Rosa María Alfaro, Jesús Martín Barbero y Luis Ramiro Beltrán, entre otros, han dado valiosos aportes para entender la comunicación desde una perspectiva dialógica, más pertinente para las realidades de nuestros países.

Para el abordaje de los principales modelos de la comunicación, utilizaremos una selección hecha por Miquel Rodrigo (2005) de cuatro propuestas, que a su juicio son representativas de la evolución de las teorías de la comunicación. Si bien, el autor comenta en pasado sus metodologías y planteamientos, en nuestra opinión muchos de ellos continúan vigentes en la práctica, especialmente en el área de Mercadeo.



Para cerrar el tema haremos un esbozo de las posturas críticas, introduciendo las ideas de Luis Ramiro Beltrán, en torno a la comunicación para el desarrollo en América Latina.
El primero de los modelos que describiremos es el Modelo Matemático de Comunicación de Shanom y Weaver, que centró su interés en la eficacia de la transmisión del mensaje. Tal como refiere Rodrigo (2005) este modelo conceptualizaba la comunicación como “conjunto de procedimientos por medio de los cuales un mecanismo afecta a otro mecanismo”, el interés de ese modelo para la presente investigación es que centra su atención en la capacidad de influencia.
Para Weaver en la comunicación hay tres problemas que resolver de forma sucesiva: ¿con qué precisión se pueden transmitir las señales de la comunicación?; ¿con qué precisión los mensajes son recibidos con el significado deseado? Y por último ¿con qué efectividad el significado recibido afecta a la conducta del destino en el sentido deseado por la fuente de información? El problema técnico para esta teoría es fundamental.

Grafico 1. Modelo de Shanon y Weaver

Tomado de: http://www.uvmnet.edu/investigacion/episteme/numero10-07/enfoque/a_comunicacionydg.asp
La crítica al anterior modelo y la intervención de la Sociología permitieron el desarrollo de modelos centrados en los efectos de la comunicación, de los cuales el más representativo es el que propuso Wilbur Scharmm con respecto a la comunicación de masas. Para este autor, tal como señala Rodrigo (2005) el medio de comunicación de masas o mass media es un sujeto comunicador que al igual que las personas recibe información sobre acontecimientos desde múltiples fuentes, la decodifica, interpreta y codifica.
En el modelo de Scharmm, que dominó las teorías entre las décadas de los 50 a los 70, las masas son la audiencia, compuesta por receptores individuales que a su vez van a decodificar, interpretar y codificar los mensajes recibidos. Este proceso es un acto individual pero influido por los grupos sociales con los cuales se relaciona cada persona en su vida cotidiana, donde la presencia de líderes de opinión determina la reinterpretación de los mensajes. En tal sentido la influencia interpersonal es uno de los factores clave para estudiar el efecto de los mass media.
A partir de los años 70 a través de la semiótica, se profundizan los estudios sobre el mensaje, los signos y la significación del discurso. El modelo semiótico propuesto por Umberto Eco (Citado en Rodrigo 2005) enfatiza la importancia del contexto y la circunstancia en la codificación de los mensajes. Según este autor un mismo mensaje puede decodificarse de formas distintas según la situación que lo envuelve y la multiplicidad de códigos y sub-códigos que comparten o no los interlocutores. Lo anterior significa que más allá de la intencionalidad comunicativa del emisor hay que considerar los efectos emocionales no programados que se producen en el receptor.
La posmodernidad plantea en la década de los 90 la necesidad de un diálogo disciplinar, a partir del cual se desarrolla el modelo sociosemiótico que describe el proceso de la comunicación como tres fases interconectadas: la producción, que corresponde a la creación del discurso de los mass media; la circulación que se produce cuando la comunicación entra en el mercado competitivo de la comunicación de masas y el consumo, referido a la utilización que dan los usuarios de estos recursos.
Este modelo estudia las condiciones político-económicas y las circunstancias históricas en la producción de los discursos, así como las posibilidades tecno-comunicativas y estrategias discursivas de los mass media. La digitalización de las comunicaciones supone una gran complejidad en el ecosistema comunicativo (espacio donde circulan los discursos) cuyo alcance es impredecible.
Otro aspecto relevante del modelo sociosemiótico es el estudio de los procesos previos a la comunicación, que inciden en ella (situación precomunicativa) donde se destacan tres aspectos: (a) el contexto (b) la circunstancia y (c) la competencia.
El contexto hace referencia al momento histórico y cultural de cada sociedad, estas son cuerpos vivos que interpretan los fenómenos sociales de forma distinta. La circunstancia alude a la situación de consumo de la información. Se pone en evidencia que el uso de medios de comunicación forma parte de las prácticas culturales cotidianas, por lo que el dónde y el con quién se consume la información es relevante para comprender la interpretación del mensaje. La competencia comunicativa se refiere a los conocimientos y aptitudes necesarias para que un individuo pueda utilizar todos los sistemas semióticos que están a su alcance como miembro de una comunidad sociocultural determinada que no necesariamente coincide con las del emisor.
C.-Comunicación Para el Desarrollo
A partir de la década de los 60 surge en América Latina un pensamiento crítico que cuestiona el poder de la comunicación para imponer valores, creencias, normas, comportamientos y posturas ideológicas prescritas por países y grupos poderosos, que dominan culturalmente a las mayorías vulnerables.

En los años 70 esta corriente crítica logra reconocimiento de la UNESCO donde se abrió un espacio de reflexión sobre las políticas de comunicación en América Latina y el Caribe, convocando a especialistas de estas naciones como el boliviano Luis Ramiro Beltrán.

Sin embargo, tal como refiere Silva (2008) esta brecha reflexiva encontró grandes resistencias por parte de Estados Unidos y las dictaduras militares que ostentaban el poder en la mayoría de los países latinoamericanos entre los años 70 y 80.

A pesar de la resistencia se produjo un gran desarrollo teórico que permitió poner en evidencia la invisibilización cultural de las mayorías y promovió la comunicación como herramienta para la transformación social. Autores como Paulo Freire con su pedagogía del oprimido y más recientemente Rosa María Alfaro, dan cuenta del poder educativo de la comunicación. Entre los planteamientos más relevantes que surgen de esta postura crítica están:


1.- Énfasis en el proceso dialógico de la comunicación y rechazo a la verticalidad en la transmisión de contenidos. Las masas no son una audiencia pasiva, la gente produce información e intercambia ideas en los espacios que conforman su cotidianidad.

2.- Rechazo a la hegemonía comunicativa y promoción de la comunicación popular.

3. La comunicación debe convertirse en un instrumento de humanización, al servicio de los más desposeídos.

4. Para lograr la justicia social a través de la comunicación, los mensajes y contenidos deben surgir de la misma gente en un proceso de construcción colectiva, que permita transparentar la realidad a través de la reflexión crítica sobre la propia existencia.


En la actualidad, si bien se reconoce el poder transformador de la comunicación para el desarrollo, ha quedado en evidencia que las transformaciones sociales no son posibles solo a través de la producción y transmisión de mensajes, pues muchos desafíos del desarrollo van más allá de la falta de conocimientos o información.
Como señala Waisbord (2007):
“la información sola es incapaz de hacer que los actores actúen. Difundir la información puede, en el mejor de los casos, tener un impacto solo en el corto plazo. Lo que se necesita es una comprensión de los matices acerca de cómo funcionan los procesos de toma de decisiones y cuales incentivos y recompensas existen en el apoyo de políticas de desarrollo entre los públicos clave”. (p.13).
Waisbord advierte que los límites del paradigma de la información también se encuentran en los programas de comunicación que pretenden influir en el conocimiento, actitudes y prácticas de las comunidades ya que existen factores distintos a la información que disuaden a la gente de prácticas clave. Solo una buena comprensión de cómo se mantienen o cambian las normas sociales en comunidades específicas puede proporcionar lineamientos para que los enfoques comunicativos sean más adecuados, esto plantea la importancia de los métodos de investigación etnográficos para comprender y actuar sobre la realidad.

D.- Participación

Para Montero (2004) la participación se entiende como “la acción desarrollada por los miembros de la comunidad en función de objetivos generados a partir de necesidades sentidas y de acuerdo con estrategias colectivamente definidas, fundamentadas en la solidaridad y en el apoyo social. Tal acción va acompañada de liderazgos comunitarios”. (p.66)


Sánchez (2001) cp. Pizani (2008) señala que la participación no debe ser entendida como un concepto estático y único, sino que es preferible hablar de idea de participación, pues alude a una forma de movilización de la comunidad en un determinado momento histórico que puede cambiar con rapidez, dejando a cualquier definición incompleta en poco tiempo. En tal sentido la define como “un proceso de acción colectiva, voluntaria e inclusiva, mediante la cual la comunidad de manera organizada gestiona el logro de metas comunitarias, lo cual implica, generalmente influir en las decisiones públicas relacionadas con tales metas” (p.85)
Delgado (2007) cp. Pizani (2008) con respecto al concepto de participación, señala que es importante diferenciar la política de participación, desde la perspectiva de los actores comunitarios e institucionales, de la dimensión intersubjetiva de la participación, en donde interesa el estudio de las actitudes, opiniones e influencia de factores psicosociales que disponen a la gente a involucrarse en las políticas públicas.
1.- Comunidad y Participación
Montero (2004) define comunidad como “un grupo en constante transformación y evolución, que en su interrelación, genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo, fortaleciéndose como unidad y potencialidad social” (p.102)
La misma autora aclara que la comunidad no constituye un grupo homogéneo, sino grupos de individuos que comparten conocimientos, sentimientos, necesidades, deseos y proyectos, cuya atención beneficiará al colectivo, beneficiando así a sus miembros.
Por otra parte, el hecho de compartir un mismo espacio físico no es condición suficiente para que un grupo sea considerado una comunidad, sin embargo la relación cara a cara pareciera ser una condición necesaria, que se expresa en las definiciones de varios autores, por lo que se discute si es posible considerar comunidad a los grupos virtuales que solo se comunican a través de la tecnología.
Analizando definiciones de diversas fuentes, Montero concluye que la comunidad está hecha de relaciones no solo entre personas, sino entre éstas y un lugar, que junto a las acciones y emociones compartidas genera una memoria colectiva e individual.

Krause considera que hay un número de componentes que permiten construir el concepto de comunidad o reconocer la comunidad en un grupo social concreto. Esos componentes son: la pertenencia, la interrelación y la cultura común... El primero se define como sentirse parte de o identificado con, el segundo hace alusión a la comunicación interinfluyente, mientras el tercero implica significados compartidos a lo largo de una historia común.


Luego de las consideraciones arriba planteadas Montero completa la definición de comunidad como “grupo social histórico que refleja una cultura preexistente al investigador; que posee una cierta organización cuyos grados varían según el caso, con intereses y necesidades compartidos; que tiene su propia vida, en la cual concurre una pluralidad de vidas provenientes de sus miembros; que desarrolla formas de interrelación frecuentemente marcadas por la acción, la efectividad, el conocimiento y la formación. Cómo parte de su dinámica en esas relaciones internas puede llegar a situaciones conflictivas que generen su disgregación y la pérdida de identidad. (Montero 2004 p.100)
2.- Participación Popular en Venezuela
Tal como se evidencia en los estudios realizados por Altez (1987; 2000) en Venezuela la participación popular, tiende a reproducir la lógica de la desigualdad social.
Esta autora redefine el concepto de sector popular basándose en la propuesta de Friedman, para quien la carencia de poder social convierte a determinados grupos humanos en pobres y a su vez estos conforman el sector popular; esta carencia de poder social se traduce en limitaciones de recursos financieros, tiempo libre, espacio, conocimiento relevante, instrucción, servicios, herramientas de producción, entre otras.

Altez señala que lo popular no solo refiere a una situación de vida caracterizada por la carencia y la escasez, sino además a un conjunto de prácticas o creaciones propias de este sector de la población, dirigidas a hacer frente a las situaciones de crisis.

Son iniciativas adquiridas tradicionalmente que se recontextualizan o reacomodan y apuntan a la obtención de recursos escasos, mediante el clientelismo, parentesco, amistad y otras redes de relaciones. Sin embargo, según el análisis de esta autora, la participación sociopolítica del sector popular varía de una forma desconcertante, desde la anomia hasta la apatía absoluta.
Altez pone en evidencia los rasgos de una participación popular enviciada históricamente por los partidos políticos tradicionales en Venezuela a partir de 1958; con un fuerte clientelismo definido por la autora como:


  1. Participación condicionada por la obtención de beneficios materiales y simbólicos.

  2. El fetichismo del “otro” y su capacidad de decisión. Lo cual se refiere a la visión de la participación como un medio inmediatista de solventar problemas cotidianos, pero que se agota en la respuesta o no del Estado, convirtiéndose en movilizaciones acríticas que no logran trascender el orden de lo cotidiano. En tal sentido las instituciones del estado, entes, funcionarios y/o líderes mediadores se convierten en un fetiche que puede llegar a resolver los problemas más importantes de la cotidianidad; pero no se critica la relación asimétrica de poder que esto implica.

  3. Significación paradigmática de los criterios básicos de la modernidad. Que implica una comprensión de la cultura que trasciende lo directamente observable para ubicarse en el plano simbólico o de significación y permite dar vida al concepto de clientelismo cultural. Un ejemplo concreto que ilustra este concepto, se refiere a las características de la participación sociopolítica de la parroquia Caruao, estudiada por la citada autora, condicionada por la obtención de beneficios que a la vez conserva los rasgos de una relación asimétrica entre nosotros y los otros. En tal sentido es una actuación sociopolítica que no busca fracturar los lazos de desigualdad social impuestos desde el siglo XVII.



E.- Discriminación Positiva

La Declaración Universal de Derechos Humanos, plantea que éstos son “atributos” inherente a todo ser humano y se rigen por el principio de igualdad. Sin embargo la lucha de grupos históricamente discriminados como las mujeres, afro- descendientes e indígenas, ha puesto en evidencia que la pretendida “igualdad” es imposible mientras persistan las desventajas heredadas que mantienen a estas minorías en situación de opresión y subordinación.


El reconocimiento de esta desigualdad histórica, que no se solventa con solo decretar la igualdad, ha permitido el desarrollo de políticas de discriminación positiva.
Tal como lo señala Velazco (2007) los programas de discriminación positiva consisten en la aplicación de medidas especiales para eliminar o reducir desigualdades fácticas, en virtud de criterios étnicos o de género. Un ejemplo sería reservar un número específico de cupos universitarios para afroamericanos; o de cargos gubernamentales para mujeres.
Estas medidas tienen como objetivo prioritario, atender a una razón de estricta justicia, como lo es eliminar el daño inferido a un determinado grupo social, compensar a sus miembros por las consecuencias de la discriminación de la que han sido y siguen siendo víctimas, “atendiendo así a la dimensión retrospectiva de la justicia”. Es decir compensar las injusticias percibidas de exclusión y negación de reconocimiento.
Algunos detractores liberales, argumentan que las políticas de discriminación positiva, pueden tener efectos desintegradores y de auto-exclusión, además de ser injustas con grupos igualmente vulnerados que no cuentan con los criterios favorecedores para gozar de los “privilegios” que se prevén en dichas políticas.
Por otra parte algunos autores señalan que el ideal de cualquier programa de discriminación positiva, es que progresivamente desaparezcan las situaciones de desigualdad que las sostienen, en tal sentido no deberían ser permanentes y se debería contar con mecanismos periódicos de revisión para constatar si efectivamente las políticas implementadas están contribuyendo a reducir las diferencias estructurales entre los diversos grupos humanos.

F.- Género, Discriminación Positiva en Venezuela y Victimización de las Mujeres que Acompañan a los Privados de Libertad.

La constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde 1999 en su artículo 21 reconoce medidas de discriminación positiva, pues transforma la fría y abstracta igualdad ante la ley, presente en casi todas las constituciones del mundo, por la protección de derechos humanos de las minorías, cuando señala que: “todas las personas son iguales ante la ley”, pero, “la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva. Adoptando medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (Artículo 21 numeral 2. CRBV).


Gracias a la lucha de diversos movimientos de mujeres venezolanas, que pusieron en evidencia las razones estructurales que promueven la violencia hacia la mujer en nuestro país, se aprobó en el año 2000 la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigencia el 19 de marzo de 2007.
Esta ley establece sanciones severas, para quienes “humillen, ofendan, aíslen, hagan comparaciones destructivas o amenazas constantes que atenten contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer. También para quienes “hostiguen, amenacen, cometan actos lascivos, incurran en prostitución forzada, esclavitud sexual y violencia laboral”. ( Preámbulo de la Ley Orgánica Para el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”).
En la actualidad, aun existiendo la ley, la violencia contra la mujer no ha disminuido, mientras las instituciones como la Defensoría del Pueblo y Fiscalía centran su atención en los órganos receptores de denuncias. Las causas estructurales de la violencia están poco atendidas y solo el 1% de los casos se denuncia.
En el sistema penitenciario venezolano, la violencia hacia la mujer, es estructural, no se solventa con aumentar los órganos receptores de denuncias cerca de los recintos de reclusión; pues el hecho de que el sistema no garantice las necesidades básicas de los reos, hace que las mujeres redoblen su carga de trabajo para atenderlas; el hecho de que los traslados y el retardo procesal estén constantemente presentes, implica que las mujeres dediquen la mayoría de su tiempo y recursos económicos a esta causa.
Adicionalmente las requisas a las que son sometidas durante las visitas, el maltrato verbal por parte de la Guardia Nacional quienes las acusan de cómplices y “sinvergüenzas” por apoyar a los presos (a quienes ven como sus enemigos) y servir de “mulas” para el ingreso de sustancias y objetos prohibidos, aunado al maltrato que con frecuencia reciben de sus familiares internos, así como las condiciones precarias en las que realizan visitas conyugales. Conforman un panorama estructural de violencia hacia la mujer, que se ha invisibilizado y que ellas mismas perciben como natural.
La experiencia en el trabajo penitenciario y la interacción directa con la Guardia Nacional en talleres educativos, permite dar cuenta de un fenómeno que debe ser estudiado y atendido.
La Guardia Nacional, institución responsable de la seguridad externa de las cárceles, lo cual contradice todos los acuerdos internacionales para el tratamiento de reclusos. Son una fuerza armada, que sufre maltratos y vejaciones, al igual que los internos, están cometidos a un código de castigos violatorio de sus derechos y la custodia de las cárceles es una tarea reservada para los funcionarios de menor estatus, significa un castigo o la ausencia de poder para acceder a mejores posiciones.
Los “verdes”, tal como son llamados por los presos, representan la violencia del Estado, son sus “peores enemigos” y sin embargo conviven día a día con ellos.
Los efectivos de la GN ante la anarquía intramuros están llamados a “poner orden”, cueste lo que cueste, con armamentos inferiores a los que tienen las mafias carcelarias. Esto genera a veces acuerdos de complicidad entre mafias y guardias o peligrosos enfrentamientos. Se observa que la frustración de los efectivos por no poder someter a los internos tal como es su mandato, así como las rencillas con determinados reclusos son vengadas con el trato que le dan a sus familiares ( la mayoría mujeres) durante las visitas.
Las prohibiciones y abusos de poder que no pueden ser expresadas con las mafias armadas, pueden en cambio tener su manifestación, “menos violenta” con las mujeres visitantes, es así como después de largas colas, se les prohíbe el acceso con cualquier excusa, se les decomisan pertenencias, se le agrede verbalmente y en general se les da un trato poco digno.

Lo anterior conforma un proceso de victimización terciaria hacia la mujer, que consideramos debería ser estudiado y atendido con políticas públicas específicas, lo cual es viable existiendo un marco jurídico favorable.



G.- Marco Jurídico y Políticas Públicas a Favor de la Equidad de Género en Venezuela.

Como conquista de diversos grupos organizados de mujeres en Venezuela se ha desarrollado un marco jurídico y político dirigido a favorecer la equidad entre géneros y erradicar la violencia, es así como el Estado venezolano, se suscribe en 1980 a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1979; la cual ha ratificado desde entonces. Todos los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno.


La Constitución de 1999 está escrita con lenguaje no sexista, establece igualdad de derechos entre hombre y mujeres en todos los ámbitos de la vida e incorpora todas las propuestas planteadas por el Instituto Nacional de la Mujer y los movimientos organizados de mujeres, que se recogen especialmente en el capítulo V denominado “De los Derechos Sociales y de las Familias” (4º, 5º y 6º Informes Periódicos de la República Bolivariana de Venezuela CEM- UCV, INAMU, PNUD, UNIFEM, UNFPA, 2005).
Entre las iniciativas legislativas venezolanas, desarrolladas para cumplir con los acuerdos de la CEDAW podemos destacar:

  • Reforma del Código Civil.

  • Ley de Igualdad de Oportunidades.

  • Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con respecto a la estructura organizativa venezolana en materia de género:

Durante 1993 en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer se conforma el Consejo Nacional de la Mujer, como una comisión presidencial permanente, que posteriormente pasa a ser Instituto Nacional de la Mujer, ante la reforma de la Ley en 1999, con la figura de Instituto Autónomo y patrimonio propio. Este instituto ha fortalecido su labor, con el trabajo del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV y organizaciones no gubernamentales.


En 2004 se crea la Defensoría Especial de la Mujer, adscrita a la Defensoría del Pueblo, con competencia a nivel nacional.

En 2009 se crea el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, que tiene entre sus competencias:

“Rectorizar la formulación, seguimiento, evaluación y ejecución de las políticas públicas del Estado, dirigidas a la mujeres, en especial en la materia de salud, educación, economía, cultura, recreación, formación, capacitación, participación política, vivienda y hábitat, ciencia y tecnología, empleo y seguridad social en coordinación con los demás entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada”. (Gaceta Oficial Nº 39156 de fecha 13 de abril de 2009).
El instituto Nacional de la Mujer, conjuntamente con Banmujer y la Fundación Misión Madres del Barrio son en la actualidad entes adscritos a este ministerio.

En materia de políticas públicas se destacan:



  • Desarrollo de la campaña 50-50 para dar acceso a las mujeres al poder político, con lo cual se logró un incremento de la presencia de mujeres en altos cargos de la esfera pública.

  • Creación del Banco para el Desarrollo de la Mujer, que pretende mejorar las condiciones sociales de la mujer, favoreciendo su acceso a créditos, productos financieros y no financieros.

  • Creación de 16 institutos estatales, 29 municipales y 63 casas de la Mujer.




  • Creación de 29 tribunales (20 de control y 9 de juicio), así como 52 fiscalías especiales en la materia. De igual forma existe la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud, adscrita a la Asamblea Nacional. Entre otras iniciativas.



H.- Opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos de las Humanas en Venezuela.

Según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en diciembre de 2009, es imposible evaluar adecuadamente el impacto de las medidas adoptadas por el Estado venezolano por la falta de actualización de las estadísticas, pues el Estado ha respondido a las solicitudes de información más recientes, con cifras de 2002. En tal sentido para el citado informe, toman en cuenta las cifras manejadas por organismos no oficiales como el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres, quienes reportan alrededor de 100 casos diarios relativos a violencia de género.


Por otra parte de acuerdo con esta organización, a pesar de que las mujeres venezolanas han alcanzado mejores niveles educativos, esto no ha significado mejores condiciones laborales puesto que la violencia extra familiar y la ausencia de servicios adecuados para el cuidado de niños no escolarizados las mantienen principalmente en el ámbito doméstico o desempeñando trabajos de baja calificación.

Según este informe, los homicidios contra mujeres en Venezuela se han incrementado, durante el primer trimestre de 2008, 87 mujeres habrían sido asesinadas en la ciudad de Caracas. De estos casos, menos de la mitad se debió a violencia doméstica.


La CIDH señala que para el año 2005 hubo 36777 casos de violencia contra las mujeres, mostrando preocupación por la falta de cifras oficiales. La falta de información oficial coherente entre un organismo y otro, impide analizar si las leyes están siendo aplicadas efectivamente por las autoridades o si los programas implementados están teniendo un impacto positivo en la reducción de la violencia y el logro de la equidad.
Con respecto al tema de la impunidad en los delitos de violencia contra la mujer, preocupa a la comisión, que en base a cifras oficiales, solo un tercio de los casos tramitados judicialmente por violencia contra la mujer han tenido una sentencia. De las 66000 denuncias recibidas por los Tribunales de Violencia contra la Mujer solo 22000 han sido sentenciadas.
El Ministerio Público venezolano reporta el procesamiento de 58.421 causas relacionadas con violencia contra la mujer de las cuales solo han regresado 2165.

La Defensoría del Pueblo refiere a la comisión, con respecto a los órganos receptores de denuncias, que son numerosas las quejas de victimas ante la falta de sensibilidad y desidia en la atención.


Ante las consideraciones anteriores, la CIDH llama al Estado venezolano, a adoptar los mecanismos legales e institucionales idóneos para prevenir, investigar, sancionar y reparar las denuncias por violencia contra la mujer en Venezuela, insta además a hacer pública la información estadística, que permita evaluar con seriedad la situación de violencia que aqueja a las mujeres en Venezuela.


Marco Referencial

A.- Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en Venezuela


En Venezuela existe un marco constitucional favorable, donde se determina la naturaleza que debe caracterizar el sistema penitenciario nacional. Ello se expresa en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece como obligación fundamental del Estado, el diseño e implementación de políticas que garanticen un sistema penitenciario respetuoso de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad:
“El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciarias profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia post-penitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Art. 272.
Sin embargo es necesario destacar la brecha existente entre la vigencia de un Código Orgánico Procesal Penal que entre sus postulados propugna “el estado de libertad de la persona”, ante proceso penal determinado; y la realidad imperante en los Centros Penitenciarios e Internados Judiciales, cuya población penal está integrada en su mayoría por ciudadanos y ciudadanas en condición de procesados y procesadas, quienes han sido objeto de medida preventiva privativa de su libertad.
Tal aseveración la hacemos partiendo de las cifras oficiales emanadas de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (Dirección de Servicios Penitenciarios); donde se evidencia que para 2009 la población penitenciaria era de 32.515 internos e internas, de los cuales solo 11.056 tenían una sentencia y cumplían una pena, mientras que 21.459 están siendo procesados.
La situación se agrava para 2010 con el incremento de la población penitenciaria a 36.540 personas con solo 34% personas penadas (11.234) mientras 23.736 es decir un 66% permanecía en calidad de procesadas. Siendo el 94% hombres y solo el 6% (2.278) mujeres.
Una consecuencia de lo anterior es la situación de hacinamiento que existe en nuestras cárceles, así como las condiciones de deterioro e insalubridad en la que se encuentran las instalaciones de dichos recintos penitenciarios. Generándose a su vez, altos niveles de violencia, así como constantes reclamos que se manifiestan a través de las conocidas huelgas de hambre, huelgas de sangre, secuestros, autosecuestro de sus familiares y demás personas.
Actualmente existen medidas de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para seis internados judiciales y cárceles venezolanas, estas son La Pica en Monagas, desde 2006, Uribana en Lara, desde 2007, Yare I y II en Miranda desde 2006; Rodeo I y II en Miranda, desde el año 2008.
En el caso de la Pica la resolución de la Corte, instan al Estado venezolano, a tomar las medidas necesarias para evitar el hacinamiento, la violencia y en general las condiciones inhumanas de los reclusos y reclusas. La decisión se sustenta en numerosos argumentos, de los cuales podemos citar:
- “Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2005 se produjeron aproximadamente 425 muertes y 657 heridos en incidentes de violencia en las cárceles venezolanas”.

- “En el Internado La Pica, situado en la ciudad de Maturín, se registraron en 2005 un saldo de 43 muertos y al menos 25 heridos graves, lo cual constituye más del 10% de las muertes violentas registradas en el sistema penitenciario a nivel nacional”.

- “Los internos de La Pica están bajo vigilancia de 16 custodios divididos en dos turnos de 24 horas, lo que establece un ratio promedio de un guardia por cada 63 internos.

-Los familiares de algunos internos fallecidos han señalado a miembros de la Guardia Nacional y a vigilantes del Internado como presuntos autores de algunas de las muertes”.

- “Las celdas colectivas están construidas para albergar a 7 personas pero cada una alberga hasta 15 internos en la actualidad. En ellas, los internos no tienen camas ni cobijas, duermen en el suelo y algunos lo hacen en pedazos de goma de espuma”.

- “El Internado cuenta con un anexo improvisado, cercano al área administrativa, en el que están recluidas mujeres privadas de libertad en condiciones de vida deplorables. En este anexo improvisado viven de 22 a 24 mujeres distribuidas en tres cuartos que no tienen las condiciones para alojar personas.

Las mujeres duermen en el piso o sobre cartones y el único baño del que disponen para su aseo y hacer sus necesidades es un baño pequeño, con una sola letrina, con aguas negras colapsadas de manera casi permanente. Ello hace que permanezca con olores intolerables y que las aguas potables se mezclen con las negras. En el baño está el foco principal de ratones y de ratas”.

(Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de febrero de 2006. Medidas Provisionales Respecto de la República Bolivariana de Venezuela

Caso del Internado Judicial de Monagas “la pica”).
Con respecto a Uribana, citamos algunos datos que sustentan las medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

- “Para el 25 de enero de 2007 tenía una población reclusa de 1448 internos, siendo la capacidad máxima del establecimiento de 790 plazas… Conviven internos procesados y condenados e incluso hombres y mujeres sin la adecuada separación entre ellos”.

- “La población carcelaria está siendo custodiada por ocho funcionarios, es decir, un custodio por cada 181 privados de la libertad”.

- “Entre enero de 2006 y enero de 2007..., se registraron un total de 80 muertes violentas y 213 heridos…”

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2007) Medidas Provisionales Respecto de la República Bolivariana de Venezuela Asunto del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”)
En relación con Yare I y II:

- “Desde enero del año 2005 hasta la fecha se habrían producido diversos hechos de violencia en la Cárcel de Yare, dejando un saldo de 59 muertes violentas producto de disparos con arma de fuego, heridas con armas blancas, ahorcamientos y decapitaciones, así como al menos 67 heridos graves”.

- “La Cárcel de Yare está dividida en dos secciones denominadas Yare I y Yare II. Yare I tiene una capacidad para albergar a 750 reclusos y actualmente alberga a 507 personas penadas y 13 procesadas. En Yare II, con capacidad para 680 personas, hay 158 procesados y 1 penado”. En esta cárcel la violencia no vienen dada por el hacinamiento, sino por la ausencia de control por parte del Estado, las áreas están totalmente dominadas por líderes o pranes quienes gobiernan de forma absoluta.

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006. Disponible en http://www.ventanaalalibertad.org/2010/06/resolucion-de-la-corte-interamericana.html.

En el caso del Rodeo I y II para el momento en que se adoptaron las medidas las situaciones más importantes que refiere la Corte se resumen en:

- “El Rodeo I cuenta con capacidad para albergar 750 reclusos, mientras que El Rodeo II tiene capacidad para 684 reclusos, es decir la capacidad total es de 1.434 plazas. No obstante, guardan prisión 2.143 reclusos”.

- “El área administrativa, pasillos e incluso azoteas son controladas por los reos. Las bandas conocidas como "Barrio Chino" y "La Corte Negra" son los interlocutores que negocian con el Ministerio del Interior y Justicia”.

- “Durante el año 2006 se registraron en la cárcel 86 muertes de internos y 198 heridos en diversos incidentes de violencia. Asimismo, en el año 2007 se habrían producido 51 muertes y 101 reclusos habrían sido heridos”.

-“Sólo existen alrededor de 20 custodios en cada turno para la vigilancia de una población de aproximadamente 2.143 reclusos. Además, estos funcionarios no pueden acceder a algunos de los pabellones donde su integridad personal corre riesgo”.

-“Existe una situación de inseguridad y violencia de la mayor gravedad al interior de la cárcel, estimulada, entre otros factores, por el hacinamiento; la falta de una custodia adecuada; el ingreso y tenencia de armas blancas y de fuego por parte de los internos, tráfico en el que pudieran estar implicados los funcionarios que tienen a cargo la vigilancia del penal”.


(Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2008. Disponible en http://www.ventanaalalibertad.org/2010/06/resolucion-de-la-corte-interamericana.html)
Ante las situaciones descritas, el Estado venezolano ha implementado medidas como el “Plan de Humanización” que consiste principalmente en el mejoramiento de la infraestructura, pero las causas estructurales que generan violencia y vulneración de derechos se mantienen, es así como la falta de clasificación, el aumento de la población, que para mediados de 2011 ascendió a más de 40000 internos e internas, el retardo procesal, el dominio interno de las bandas, el tráfico de armas y drogas, siguen caracterizando la realidad penitenciaria.
La privación de libertad no despoja a la persona de la titularidad de todos sus derechos humanos. El Estado se encuentra en una posición especial de garante respecto a las personas bajo su custodia, éste tiene particular responsabilidad de asegurar que las personas privadas de libertad cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010) p.213

Conforme a las cifras del Observatorio Latinoamericano de Prisiones, en las

Cárceles de Venezuela anualmente ocurren alrededor de 2.200 muertes violentas por cada 100.000 internos. Este organismo ha destacado que, la tasa de fatalidad en las cárceles de Venezuela es 44 veces más alta que entre la población general, lo cual es un dato preocupante, ya que contamos con la población penal más baja en Latinoamérica y se trata de un grupo humano que se supone está bajo la completa custodia del Estado. La información entregada a la Comisión por el Observatorio Latinoamericano de Prisiones resalta que en comparación con la región, en el año 2008, en las cárceles de Venezuela hubo cinco veces más muertes violentas (422 personas) que en las cárceles de México (24 personas), Brasil (59 personas), Colombia (7 personas) y Argentina (10 personas).

B.- Sistema Penitenciario Venezolano e Invisibilización de la mujer.

Una mirada con perspectiva de género a las noticias y políticas públicas relacionadas con

El sistema penitenciario venezolano, evidencia una marcada invisibilización de la mujer, tanto de las que afrontan un proceso penal por la comisión de un delito como de las que acompañan a internos e internas.
En el primero de los casos es preciso considerar que menos del 5% de la población penal en el país, está conformada por mujeres. Además casi el 100% de los hechos violentos que frecuentemente se presentan en estos centros y ocupan la opinión pública y a las instituciones responsables, son protagonizados por hombres y son las mujeres quienes asumen las consecuencias, aún así, son ignoradas en las políticas públicas del sector penitenciario.

Revisando algunas noticias de prensa recientes se puede sustentar la anterior afirmación:

De 22 indultos presidenciales otorgados en 2009 solo seis fueron otorgados a mujeres.

A propósito de hechos de violencia registrados a principios de 2010 en el Reten de La Planta:


“Aproximadamente 40 mujeres se encuentran a esta hora en la avenida que colinda con el reten de la Planta. Insisten en que hoy podría producirse un traslado presuntamente a las cárceles de Tocorón y el Dorado.

Los familiares continúan denunciando que hay más muertos de los que oficialmente se señaló. Igualmente señalan que presuntamente en el Hospital Pérez Carreño hay más de 20 muertos y que entre las víctimas hay 2 mujeres quienes se encontraban dentro del penal en el momento de la riña”. Globovisión. Miércoles 28-01-2010

Según información tomada del diario de El Nacional publicada el 24 de mayo de 2010


“Desde horas de la tarde del domingo, mil 120 familiares de los reclusos de la Penitenciaría General de Venezuela se encuentran auto secuestrados.
La acción fue realizada para exigirles a las autoridades nacionales que se instale una mesa de diálogo y se ejecuten certeras acciones para evitar la intervención de las cárceles y cese en el país el retardo procesal, los diferimientos de causas y las irregularidades en los traslados a los tribunales.

Anabel Fernández, familiar de uno de los presos, informó que la protesta se inició una vez que concluyó el horario de visita del día domingo. …….

…Aparentemente en el recinto carcelario permanecen 905 mujeres, 72 hombres y 143 menores de edad

Algunos se subieron a los techos, tal como lo suelen hacer los presos…



La acción no será levantada hasta que el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami se presente en la PGV y convoque a una mesa de discusión, pues los familiares aseguran que la huelga de hambre no logró sus objetivos. Funcionarios de la Guardia Nacional redoblaron la vigilancia en los predios del penal.

Otra información publicada en el diario electrónico Entorno Inteligente, con fecha 24 de mayo de 2010 nuevamente da cuenta de que la lucha por las reivindicaciones del preso en Venezuela, fuera de los barrotes, está en los hombros de las mujeres:

“Según los comentarios de la directora nacional de centros penitenciarios del MIJ, Consuelo Cerrada, este fin de semana la crisis carcelaria en el país ha finalizado luego de una semana de huelgas y manifestaciones. Sin embargo, la presencia de madres y esposas de reclusos frente a la Defensoría del Pueblo el día de ayer, demostró que las cosas aún no andan bien, y los inconvenientes que ocurren actualmente tras los barrotes, continúan sin soluciones”.

Tal Cual Digital. 16 de Junio de 2010:

“Ayer un nutrido grupo de madres y esposas de los internos de La Planta, El Rodeo I y II, Los Teques, Yare, Penitenciaria General de Venezuela, Los Pinos y Tocorón se concentraron en la Plaza Morelos para marchar al Tribunal Supremo de Justicia y dejar un documento en el Ministerio del Interior y Justicia solicitando trato humano a la población reclusa y que se decrete de una vez la Emergencia Carcelaria, que no es otra cosa que velar porque los juicios se cumplan respetando el procedimiento penal y no dejando olvidado al interno”.

Contrario a las declaraciones de la presidenta del TSJ, en las cárceles aún no se instalan los tribunales móviles para atender el retardo procesal. Como medida de presión para que el Estado cumpla con la promesa de enviar a los jueces a los penales y agilizar el procesamiento de los reos en 10 cárceles del país se mantiene desde hace unos 15 días la protesta que denominaron "Desacato judicial...

Consiste en no salir a los tribunales ni permitir ningún ingreso a las cárceles hasta que no se instales los tribunales móviles. Para Nieto Palma, esta petición es lógica pues resulta más fácil trasladar a los jueces que a los reclusos.

Por su parte, Juan desde el Rodeo señaló que aún no han recibido la respuesta que pidieron sobre las fechas en las que llegarían los tribunales a las cárceles y de no tenerla considerarán intensificar la protesta”.

Recientemente, en junio de 2011, una protesta iniciada en el Internado Judicial Rodeo I, puso en evidencia lo descrito previamente en esta investigación con respecto a las estructuras internas de poder que existen en los centros penitenciarios; la ineficiencia de la Guardia Nacional y los organismos competentes para el control de la violencia; y las funciones de defensa de Derechos Humanos, mediación y contención de las mujeres involucradas. Adicionalmente mostró públicamente la afectación psicosocial que la situación carcelaria genera en las mujeres que acompañan a los privados de libertad.





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