Memoria justificativa para la compra de ordenadores e impresoras para el almacén de equipos de la subsecretaria



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Personas con discapacidad

Cabe destacar el esfuerzo de las Secciones de discapacidades y tutelas de las tres Fiscalías por adaptar su trabajo diario a las exigencias que en esta materia ha impuesto la Convención de Nueva York y las instrucciones de la Fiscalía General del Estado en la materia que ponen de manifiesto el reforzado compromiso del Ministerio Público con la función tuitiva encomendada en el Estatuto.


Desde las tres Fiscalías se trata de reunir la mayor cantidad de información posible en las diligencias preprocesales de manera que la demanda interpuesta presente una base sólida. Así, en la mayor parte de las ocasiones se acuerda el examen por parte del Médico Forense en sede preprocesal salvo que los informes médicos existentes resulten contundentes. Asimismo, se solicitan antecedentes psiquiátricos y/o neurológicos a los servicios de salud que son remitidos al Médico Forense para facilitar su labor y poder realizar la propuesta de medida de protección más adecuada a las necesidades reales del interesado.

Igualmente, en las ocasiones en las que se pone de manifiesto algún problema familiar o social, se solicita informe a los Servicios Sociales Municipales para detectar posibles deficiencias o dificultades de relación entre parientes que permitan proponer la persona que resulte más idónea para el ejercicio del cargo de protección.


      1. PARTICULAR PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL COMO DEMANDANTE

La actividad del Ministerio Fiscal como demandante en los procedimientos de determinación de la capacidad es importante y aumenta año tras año.

Uno de los motivos, en cuanto a las comunicaciones realizadas por familiares, radica en la gratuidad de la actuación del Ministerio Público que evita a los familiares tener que acudir a un profesional del Derecho cuyos honorarios deberían abonar.

Conviene destacar también, las abundantes comunicaciones de situaciones de desprotección que provienen de instituciones públicas, ya sea de entidades sanitarias o servicios sociales.



      1. LA PRÁCTICA EN LA ACTUACIÓN DE LOS JUZGADOS DURANTE EL AÑO 2012 EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CAPACIDAD DE LAS PERSONAS


Durante el pasado año se ha producido en los tres territorios un satisfactorio avance en la traslación de los principios de la Convención a las resoluciones judiciales y a las sentencias en los procedimientos de limitación de la capacidad de las personas.

Así, con menor o mayor cita expresa de los preceptos de la Convención, cada vez son más frecuentes las resoluciones judiciales que realizan una delimitación concreta de la capacidad de la persona, estableciendo limitaciones parciales de sus facultades, relativas a aspectos concretos, tanto en relación con su persona como con su patrimonio, concretando igualmente a facultades determinadas la actuación de las personas llamadas a ejercer la tutela o curatela de las mismas. Igualmente también son cada vez más frecuentes las sentencias que expresamente declaran la no afectación de derechos personalísimos y fundamentales de la persona invirtiendo la tendencia tradicional a unir a la declaración de incapacidad la inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio o la incapacidad para disponer del patrimonio mortis causa.

En relación con ello cabe destacar que durante el año 2012 se han normalizado modelos de demanda de la Fiscalía en los que se establece, ya en la petición inicial, una concreta delimitación de la capacidad de obrar de la persona, señalando el concreto alcance que se pretende dar a las medidas de protección y a las facultades de actuación del tutor o curador que velará por el interés de la persona con discapacidad.

El petitum de las demandas se estructura de tal modo que se concreta, caso por caso, de una parte, los ámbitos de la capacidad de obrar de la persona con discapacidad que se considera necesaria delimitiar y complementar y de otra parte, las concretas funciones de apoyo que se solicita se atribuyan al tutor en relación con esa delimitación.

También en la demanda inicial se incluyen tres cuestiones en orden a asegurar la proporcionalidad de la sentencia que establezca la tutela o curatela y el respeto a los principios derivados de la Convención de Nueva York en orden a la referida proporcionalidad y adecuación de las medidas restrictivas de derechos. Así, la demanda de la Fiscalía se pronuncia expresamente:

.- Solicitando que no se prive del derecho de sufragio al demandado cuando no concurre causa específica que así lo justifique (en la mayoría de los supuestos);

.- Solicitando que no se restrinjan otros derechos fundamentales y personalísimos que no guarden relación con la protección tutelar que se pretende;

.- Solicitando que las funciones tutelares preserven un margen de autonomía personal al tutelado con reserva de sus derechos de información tanto en el ámbito de la protección de su salud y tratamientos médicos como en el ámbito de la gestión y administración de su patrimonio.

Nos encontramos con las dificultades derivadas del ejercicio de la tutela que viene impuesta por ministerio de la ley en el artículo 239 del Código Civil a la entidad pública encargada de la protección de incapaces, ya que la falta de recursos sociales y las dificultades derivadas del control de determinadas personas debido a su enfermedad mental, hacen que el ejercicio de la tutela sea imposible de llevar a cabo y en nada beneficie a la persona tutelada.

A este respecto cabe destacar la necesidad de que se constituya en los tres territorios un servicio público que asuma la tutela de los adultos en los que concurra discapacidad o enfermedad inhabilitante y que se encuentren en situación de desamparo, desprotección o vulnerabilidad.

En este sentido el sistema establecido en el territorio de Gipuzkoa pivota sobre los convenios establecidos por la entidad pública competente –la Diputación Foral de Guipúzcoa– con dos fundaciones privadas que cuentan entre sus fines la realización de funciones tutelares. Sin embargo, este sistema, que da un resultado absolutamente satisfactorio en relación con las tutelas que asumen las dos fundaciones referidas –Fundación “Hurkoa” y Fundación “Atzegi”– no alcanza a todos los supuestos.

Desde la Fiscalía se constata la necesidad de un sistema público de tutela subsidiaria o residual para aquéllos supuestos en los que por diversas causas no existe la posibilidad de una tutela en el ámbito familiar ni tampoco puede ser asumida por las referidas fundaciones.

Igualmente se pone de manifiesto la necesidad de que por parte de la entidad pública competente para asumir la tutela –las Diputaciones Forales– se establezcan los servicios públicos precisos en orden a la evaluación, y primera asistencia de personas adultas desamparadas, garantizando la adecuada coordinación de todas las administraciones y servicios públicos implicados (servicios sociales municipales, servicios sanitarios y recursos residenciales públicos).

      1. ACTIVIDAD DE CONTROL DEL MINISTERIO FISCAL EN LOS MECANISMOS TUTELARES

La labor de control del Ministerio Fiscal se centra en las rendiciones anuales de cuentas, aprobación de inventarios y autorizaciones judiciales de venta de bienes.

Durante el año 2012 se han iniciado algunos expedientes de remoción de tutor con base en la información derivada de las rendiciones de cuentas o facilitada por familiares. No obstante, podemos afirmar que, con carácter general, los tutores o curadores que presentan cuentas realizan adecuadamente su gestión.

No obstante, comprobamos un importantísimo déficit de medios materiales para el control de los mecanismos tutelares. Tras la realización de un control de los datos de procedimientos de tutela incoados desde el año 2002 y aquellos en los que se están presentando las rendiciones de cuentas, se ha comprobado que en un gran número de ellos los tutores no están cumpliendo con las obligaciones periódicas o, no se está dando traslado de ellas a Fiscalía.

A lo largo del año se ha puesto en marcha un plan de actuación desde esta Sección para presentar escritos interesando que se requiera inmediatamente a los tutores para regularizar la situación en los distintos procedimientos en los que se ha observado esta disfunción.

No se cuentan con los medios personales ni las herramientas informáticas o de sistematización que permitan realizar un control real y exhaustivo de las tutelas existentes. Desde la Fiscalía se realizado, manualmente, un archivo de todas las tutelas incoadas en los Juzgados desde años anteriores pero se considera imprescindible que se dote a la misma de herramientas informáticas que permitan una sistematización y tratamiento de los datos si se pretende que la labor de control y vigilancia de los mecanismos de protección por parte del Ministerio Fiscal sea posible y efectiva.



Internamientos

Gran parte de los internamientos involuntarios se refieren a personas que ni están incapacitadas ni procede promover su incapacitación puesto que se trata en la mayoría, de los supuestos de episodios agudos derivados de enfermedades mentales, consumo de tóxicos y otros; se constata también el aumento de personas mayores, que, dada la avanzada edad y la situación mental derivada de ello, hacen necesarios estos internamientos, ya que dichas personas no tienen capacidad mental para decidir, siendo necesario protegerlas ante la situación de desprotección que se pone de manifiesto.

Por lo que se refiere al traslado de enfermos mentales a centros psiquiátricos por agentes de la policía, continúan poniéndose de manifiesto importantes dificultades derivadas de la insuficiencia del marco legal regulatorio de esta materia. Así, durante el año 2012 se han reproducido situaciones de urgencia en las que tanto los profesionales sanitarios como los agentes de los diversos cuerpos policiales rehúsan actuar directamente sobre la persona que requiere de su ingreso recabando autorización judicial previa para realizar el traslado, a pesar del tenor literal del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del protocolo firmado a tal efecto para el caso de internamientos urgentes.

Por último, es necesario destacar que se mantiene hoy en día la problemática derivada de la dificultad de encontrar alojamiento para personas jóvenes o de mediana edad cuando éstas abandonan los centros médicos en los que se encuentran internados y carecen de una familia que se haga cargo de ellas. En estos supuestos, la situación resultante es la de que, tras el alta médica, no tienen un lugar al que acudir, ninguna persona controla la medicación que deben tomar y se encuentran aislados socialmente. Todo ello hace imposible controlar sus actos, y como consecuencia se produce una rápida descompensación, con la consecuente necesidad de volver a ingresarlas con urgencia, lo que da lugar de nuevo a la misma situación cuando son dados de alta.

Es por ello indispensable que los organismos administrativos con competencia en la materia afronten decididamente esta cuestión, máxime teniendo en cuenta el incremento paulatino de estas situaciones, para lo que será necesario, por ejemplo, la apertura de centros o locales tutelados por la administración en los que exista una persona de referencia tanto para el enfermo que acaba de abandonar el Hospital Psiquiátrico, como para el futuro tutor.

Especial referencia a la situación de las personas adultas en desamparo o vulnerables con residencia habitual en España que se trasladan o sitúan fuera del territorio español

Durante el año 2012, como consecuencia de la situación geográfica fronteriza de la Comunidad Autónoma Vasca se han puesto de manifiesto, de nuevo, importantes problemas y dificultades para lograr la protección de personas con discapacidad –incapacitados o no judicialmente– que en momentos de inestabilidad, fundamentalmente en casos de enfermedad mental, abandonan territorio español con destino a Francia u otros países pertenecientes a la Unión Europea.

La falta de un mecanismo de cooperación judicial a nivel europeo para la adopción rápida de medidas de protección de estas personas –tal y como existe en otros ámbitos como es el caso de las cuestiones relativas al matrimonio, familia y protección de menores– determina la impotencia de nuestros órganos jurisdiccionales para poner en marcha de forma ágil y eficaz medidas cautelares a ejecutar en el territorio donde se encuentra la persona afectada.

Los protocolos de cooperación policial para la puesta en custodia derivados del artículo 97 del Instrumento de ratificación del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 se muestran absolutamente insuficientes para garantizar la protección de estas personas que en la mayor parte de las ocasiones se sitúan en situaciones de riesgo y de extrema vulnerabilidad. La misma insuficiencia, en orden a obtener una protección ágil y eficaz, se pone de manifiesto en relación con los mecanismos de colaboración consular derivados del Convenio de Viena de 24 de abril de 1963.

Hay que llamar la atención sobre la necesidad y oportunidad de que el Reino de España ratifique el Convenio de la Haya de 13 de febrero de 2000 sobre protección internacional de adultos, del que ya es parte Francia, entre otros estados europeos, ya que el referido texto internacional establece normas de competencia, legislación aplicable y mecanismos de cooperación judicial rápida, directa y eficaz para la protección de las personas adultas con discapacidad que se encuentran en situación de desamparo en el territorio de un estado parte en el mismo.

CUESTIONES DE INTERÉS EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK Y UNA EVENTUAL REFORMA LEGISLATIVA

En tanto no se ha producido aún la reforma legislativa del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en esta materia exige la entrada en vigor de la Convención, y por tanto, ante la falta de adaptación de nuestra legislación procesal y sustantiva a la misma reiteramos las siguientes cuestiones que consideramos de especial interés y que habrían de abordarse en una eventual reforma de la legislación actualmente vigente:

En cuanto al procedimiento de capacidad de la persona y la tutela.

.- Garantizar que la persona demandada sea informada de forma adecuada a su capacidad de comprensión acerca de la naturaleza del procedimiento, su objeto así como acerca de la posibilidad de actuar en el mismo con arreglo a su interés con su propia defensa y representación;

.- Garantizar que el nombramiento de defensor judicial recaiga en personas en las que no se dé conflicto de intereses ni riesgo de influencia indebida sobre la persona demandada.

.- Establecer la exigencia de una prueba pericial multidisciplinar en orden a realizar la valoración de la capacidad y grado de autonomía personal de la persona uniendo a los dictámenes médicos y/o forenses ahora preceptivos informes sociales y psicológicos que aborden el estudio de la persona desde una perspectiva integral constituyendo a tal efecto los equipos técnicos necesarios o estableciendo los convenios oportunos con las administraciones públicas competentes en materia de tutela de personas adultas con discapacidad.

.- Establecer un contenido mínimo de la sentencia de delimitación de la capacidad de obrar que deberá abordar los concretos aspectos personales y patrimoniales en los cuales se restringe la actuación de la persona y las facultades de representación y/o apoyo que se asignan al tutor o a la persona que haya de velar la persona con discapacidad afectada.

.-La necesidad de arbitrar mecanismos de garantía de los derechos del tutelado que puedan ser accionados por el mismo asegurando su derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva , en particular en relación con los siguientes derechos:

.- Derecho a ser oído en todos los expedientes en los que se haya de resolver cualquier cuestión de especial trascendencia personal o patrimonial en relación con su persona o con sus bienes;

.- Derecho a que se recaben segundos dictámenes médicos o periciales de otro género en relación con la evaluación de su estado, salud, capacidad y grado de autonomía, especialmente en relación con eventuales ingresos involuntarios.

.- Derecho a que se revise la delimitación de su capacidad y la tutela previamente acordada a la primera solicitud que formule a tal efecto, transcurrido un plazo razonable –mínimo de un año– desde que se adoptó la resolución anterior y siempre que se aporte un principio de prueba que acredita un cambio de circunstancias o de su estado que así lo justifique.

.- Derecho de acceso por sí mismo a su expediente de delimitación de capacidad de obrar y tutela.

.- Derecho a recabar la intervención judicial o fiscal en caso de discrepancia con el tutor en el desarrollo de sus funciones;

.- La necesidad de establecer una revisión periódica de oficio de la situación de las personas con capacidad limitada judicialmente sometidas a tutela en el plazo que se estime razonable que podría concretarse en la sentencia con un límite máximo de cinco años y que consistiría en recabar nuevos dictámenes médicos y las demás pruebas periciales oportunas en orden a valorar la evolución de la persona y el mantenimiento de las circunstancias que determinaron la intervención judicial.

.- La necesidad de una regulación moderna del control y seguimiento del expediente de tutela. En este punto, desde la Fiscalía se propone trasladar el modelo de plan de tutela a la legislación de modo que en la misma se contemple la doble herramienta que supone la combinación, de una parte, de una sentencia de delimitación de capacidad personalizada que permita una adecuación flexible a las circunstancias cambiantes del sujeto con, de otra parte, un plan de tutela que concrete de año en año la actuación del tutor o apoyo en sus funciones de velar por el tutelado, representarle cuando así se establezca, asistirle y apoyarle en los demás casos, determine las facultades y el ámbito de autonomía personal que conserva el tutelado y establezca las líneas de actuación en orden a lograr su progresiva autonomía individual, el libre desarrollo de su personalidad y su mejor integración social.



En cuanto al procedimiento de ingreso involuntario

La parquedad de la regulación de este procedimiento en el articulo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pone de manifiesto la necesidad de abordar una regulación del ingreso involuntario acorde con nuestra Constitución, con la Convención y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a las privaciones de libertad acordadas judicialmente. Esta necesidad se ha hecho aún mayor tras la declaración de inconstitucionalidad del mismo en relación con la vulneración de la reserva de ley orgánica que debería haberse respetado en su día al regular la materia. En particular desde la experiencia del día a día, se considera de especial interés:

.- La necesidad de regular mediante ley orgánica los supuestos que pueden dar lugar al ingreso involuntario, abordando los diversos casos y estipulando las circunstancias que pueden determinar el ingreso involuntario psiquiátrico y geriátrico.

.- La necesidad de regular mediante ley orgánica las garantías esenciales del procedimiento de ingreso involuntario.

.- La necesidad de regular con mayor detalle los diversos aspectos procesales y de ejecución del ingreso involuntario, una vez que el tenor literal del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha mostrado insuficiente generando importantes dudas en cuanto a su aplicación práctica. En particular resulta necesario determinar las facultades de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los profesionales sanitarios tanto a la hora de ejecutar un ingreso involuntario decidido judicialmente como en el caso de ejecución de un ingreso urgente para su posterior ratificación judicial. Con el fin de garantizar los derechos de las personas afectadas por un ingreso involuntario y también con el objeto de dar seguridad jurídica a los profesionales que actúan en estos casos, resulta necesario establecer expresamente en la legislación quiénes, cómo, con que medios coercitivos y cuándo pueden ejecutar el ingreso involuntario y la forma en que darán cuenta a la autoridad.

Igualmente resulta imprescindible dotar al procedimiento de ingreso involuntario de mayores garantías en relación con la evaluación médica del interesado, estableciendo la posibilidad de recabar segundos informes médicos de contraste y en todo caso fijando la obligatoriedad de recabarlos a solicitud del afectado o cuando el ingreso se prolongue más allá de un plazo determinado.



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