Memoria justificativa para la compra de ordenadores e impresoras para el almacén de equipos de la subsecretaria



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7.5 Seguridad vial


El sistema informático con el que cuentan las Fiscalías no permite obtener toda la información que se interesa desde la Fiscalía General del Estado y por tanto, a falta todavía de una informatización adecuada, sólo se puede ejercer un mínimo control a través de una actuación personal, que, dado el volumen de expedientes, resulta de difícil aplicación. Para el próximo año y atendiendo a los requerimientos de datos de la memoria, se llevará un control personal a través del análisis de los atestados, para, conforme a ellos, poder elaborar una estadística fiable, que en el momento actual no se ha podido realizar. Pese a todas estas limitaciones, se está intentando llegar a un control efectivo de todos los expedientes, y también se procura asistir a las vistas de Juicio de faltas.

Sería interesante la realización de un seguimiento concreto de la norma concursal, dado que de esa manera podríamos hacer un seguimiento real y eficaz de todos aquellos procedimientos en los que existan víctimas o daños materiales derivados de la infracción criminal.

Partiendo de esta carencia las distintas Fiscalías han tratado de aportar los datos en relación a esta modalidad delictiva de la forma más exacta posible constatando que conforme a los datos aportados se perciben dos tendencias:

- la primera, descenso en el número total de procedimientos incoados por delitos contra la seguridad vial, y tanto los incoados a través de Diligencias Previas como de los incoados a través de Diligencias Urgentes

Ello induce a pensar que el empeño de todos los organismos e instituciones del Estado, la concienciación de la ciudadanía en torno a los hechos relativos a la seguridad vial, así como las medidas legales implementadas, han podido llevar a una mayor concienciación ciudadana en torno al respeto a las normas tanto administrativas como legales vigentes sobre la materia

- la segunda, la definitiva consolidación como cauce procesal eficaz del juicio rápido en lo que ataña al delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducción sin licencia o permiso cuando no exista resultado y haya inmediatez en la intervención policial.

El Fiscal de Álava apunta en su Memoria que en lo referente a los escritos de acusación efectuados por delitos contra la seguridad del tráfico o imprudencia viaria y las actuaciones del Ministerio Fiscal (recursos, dictámenes, contactos con los Juzgados, actuación selectiva del Fiscal de Guardia) para depurar la calificación como delito o falta de estos comportamientos y procurar la tramitación como delito de los supuestos más graves, existe un control cotidiano de las diligencias previas, los atestados entrantes en el servicio de guardia y los recursos interpuesto por particulares comparecientes en la causa. Pero lo cierto es que no existe un fiel reflejo de esas actuaciones por las limitaciones, nuevamente, de las aplicaciones informáticas.

En este sentido señala que resulta práctica habitual de los juzgados la incoación de juicio de faltas con todos los partes de urgencias recibidos en los juzgados. Posteriormente, previa denuncia del perjudicado, se procede al estudio real del alcance de las lesiones y de las características de la imprudencia cometida. Por ello, por parte de los Fiscales se ha desarrollado un especial afán de control de la incoación y archivo provisional de los procedimientos por falta de lesiones imprudentes, a la hora de velar por los intereses de las víctimas y de obtener una correcta calificación jurídica de la infracción.

En todo caso en Alava del total de asuntos calificados, de cualquier tipología en el ámbito de la seguridad vial, se ha solicitado pena privativa de libertad en ochenta y dos asuntos, correspondientes a supuesto de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y supuesto de multirreincidencia en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial.

Por lo demás y en relación a los supuestos de delitos contra la seguridad vial en relación concursal con resultado (homicidio imprudente, lesiones imprudentes) el tiempo de tramitación resulta razonable, no siendo necesaria la adopción de medidas especiales. Destaca Alava la correcta actuación de las distintas policías, tanto local como autonómica, en el desarrollo de la investigación y preparación del atestado. Se ha tramitado un procedimiento por homicidio imprudente en relación con la seguridad vial y 14 procedimientos por delito de lesiones por imprudencia grave.

Por su parte el Fiscal de Gipuzkoa señala que en general se está produciendo un acortamiento en los plazos de duración de los procesos penales, sin perjuicio de que, en muchos supuestos, al ser el criterio general tanto de la Fiscalía como de los propios Juzgados más severo en cuanto al análisis de las conductas delictivas, y por tanto en cuanto a la diferenciación entre delito y falta (en las infracciones imprudentes, sobre todo), se está produciendo un incremento en el número de recursos interpuestos por las defensas de los imputados, lo que redunda en un retraso en la celebración de las vistas orales, que, quizás, habrían podido celebrarse antes si el hecho hubiera sido enjuiciado como falta y no como delito. No obstante, es indudable que cuando las diligencias incoadas dan lugar a calificaciones penales más estrictas, lo cierto es que se produce una dilación en la tramitación de los expedientes, lo que, obviamente, también se produce en el caso de los delitos de otro tipo, donde también es regla general que a mayor gravedad del hecho delictivo, mayor retraso en la tramitación del procedimiento correspondiente.
A) Grado de efectividad de las previsiones y criterios de la Circular 10/2011 y en lo que no esté modificado por ella , de las conclusiones de las Jornadas de Fiscales de Seguridad Vial publicadas en las Memorias 2009 y 2010 de la FGE, así como de las Conclusiones de las Jornadas de Fiscales Delegados de 2.012.

La Fiscalía de Bizkaia señala al respecto que a lo largo del presente año 2.012 se han seguido cumpliendo con los criterios establecidos en las jornadas de Fiscales de Seguridad vial y publicadas en las memorias de los años precedentes 2009 y 2010. En relación a las Conclusiones de las Jornadas de Fiscales Delegados de Seguridad Vial se hace expresa mención de seguir el criterio de apreciar la agravante de reincidencia entre los delitos del articulo 379.2 y 384, como se acordó en las Conclusiones de las Jornadas de León, y mientras se unifican los criterios por todos los Delegados a través del foro.

La Fiscalía de Álava por su parte señala que se ha dado cuenta a la Junta de Fiscales de todos los criterios contenidos en la Circular 10/2011 y en las Jornadas de Especialistas y se están realizando acciones destinadas a la unificación de criterios penológicos, en cuanto a la extensión de las penas y las cuantías de las multas. En el ámbito de los concursos de delitos no han existido discrepancias respecto de los criterios mantenidos por la Circular 10/2011. Se han iniciado contactos con las fuerzas policiales a fin de solventar cualquier duda que pudieran tener en relación con la misma. Y puntualiza que existe, por otro lado, un debate abierto sobre la consideración agravante de reincidencia entre las conductas del artículo 379 y las del 384, siendo proclives los fiscales de Alava a no considerar su existencia.
B) Específica mención a la aplicación de las conclusiones 17 a 19 de la Circular sobre seguimientos de procedimientos por los Fiscales Delegados y pautas para la citación y asistencia a juicio de faltas así como simplificación y pronta calificación y señalamiento de los procedimientos por delitos de homicidio y lesiones imprudentes de los artículos 142 y 152 del Código Penal. Consigna el número de procedimientos tramitados por estos últimos, pendientes en la provincia de más de dos años de duración desde la incoación, distinguiendo los que aun no han sido objeto de escrito de acusación y de sentencia.

La Fiscalía de Bizkaia reitera lo expuesto en memorias anteriores, en el sentido de seguir las directrices establecidas en la Instrucción 3/2006, a la hora de discernir la imprudencia grave de la leve, y así se atienen:

1º.- A la mayor o menor falta de diligencia mostrada en la acción u omisión.

2º.- A la mayor o menor previsibilidad del evento que sea el resultado, y

3º.- A la mayor o menor intensidad de la infracción del deber de cuidado, quedando tal intensidad referida a que las normas de cuidado infringidas sean o no tan elementales como para entender que las respetaría el menos diligente de los ciudadanos (grave) o un ciudadano cuidadoso (leve).

Asimismo en relación a la incoación de juicios de faltas viene a señalar que, ante cualquier parte de lesiones o atestados relacionados con accidentes de tráfico, la mayoría de los juzgados procede a incoar DIP a pesar de que la mayoría de ellos acaben finalmente transformándose en Juicio de Faltas. Esto implica un mayor seguimiento por parte de Fiscalía, puesto que tras la práctica de las primeras diligencias por parte del Juzgado de Instrucción, éste remite las actuaciones a la Fiscalía a efectos de determinar la continuación como diligencias previas o como juicio de faltas. En todo caso se trata de evitar el archivo provisional de los mismos por ausencia del requisito de la previa denuncia y el archivo definitivo por el transcurso del plazo de 6 meses previsto para la prescripción de las faltas.

La actuación del Ministerio Fiscal en los juicios de faltas se desarrolla siguiendo la norma de intervención cuando se trata de imprudencias de tráfico de los artículos 621.1, 2 y 3 CP, en casos de muerte y/o indicios o probable pronóstico de graves lesiones (lesiones medulares o cerebrales) y de acuerdo con lo previsto en el art. 639 CP cuando el afectado o denunciante sea persona menor de edad, incapaz o persona desvalida. Por lo demás y en aras a garantizar la presencia del Fiscal en los juicios de faltas con resultado de muerte, el Fiscal, cuando se le notifica la tramitación del procedimiento, remite un escrito al juzgado interesando expresamente se les cite a fin de comparecer al juicio.

Igualmente señala esta Fiscalía vizcaína que de conformidad con la circular 10/2011, se está llevando un riguroso seguimiento desde su incoación, de las causas tramitadas por los delitos de homicidio imprudente del art. 142 del CP, y por los comprendidos en el art. 152 CP, especialmente cuando se refieren a lesiones de singular gravedad (lesiones medulares y cerebrales) y en aplicación de la referida Circular así como de la Instrucción 3/2005, los procedimientos en los que resultan afectados o implicados colectivos vulnerables. Y en relación a la aplicación en los procedimientos de referencia de la conclusión 20 de la Circular 10/2011 sobre protección de los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico reitera lo señalado en la Memoria del pasado año 2.011.


C) Mención a la conclusión vigésima de la Circular 10/2011,

La Fiscalía de Álava constata en los distintos procedimientos la correcta información de derechos a las víctimas de accidentes de tráfico, tanto por las instancias policiales, policía local y autonómica, como por las instancias judiciales. Pero, añade, que resulta dificultoso el seguimiento de la utilización de las indemnizaciones por parte de los familiares de las víctimas, por lo que poco se puede hacer al respecto, a salvo los casos en que haya existido un procedimiento de incapacidad que sea seguido por la sección especializada de la fiscalía. En esos casos, será en la dación de cuenta por el tutor donde se hará seguimiento de la gestión integral de los bienes y de la persona declarada incapaz.

La Fiscalía de Gipuzkoa señala que los Fiscales hacen un especial esfuerzo en aquellos supuestos en que los perjudicados del hecho delictivo son menores de edad o incapaces, no sólo estando presentes en todas las fases del procedimiento, sino también recabando información, en los supuestos de renuncia, de la cantidad efectivamente cobrada por las víctimas, con objeto de poder ser examinada y obtener la aprobación judicial con el informe previo del Fiscal, lógicamente, siempre que la cantidad abonada se considere ajustada a derecho.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Protección Integral a las víctimas de violencia doméstica, se estableció la necesidad de la creación de un Centro de coordinación. En el caso de Guipúzcoa, el centro de coordinación estaba centralizado en el Servicio de asistencia a la víctima; y a mediados del año 2010 se creó un Centro de Coordinación centralizado en Bilbao, que cubre, organiza y lleva a cabo toda la función administrativa que antes estaba dispersa y asignada a los tres Servicios de las tres provincias.


Se mantuvieron conversaciones y reuniones informales entre la Fiscal Delegada para la protección de las víctimas (que es también la Delegada para la Seguridad Vial) y la letrada del Servicio, porque el Servicio puso de manifiesto que su función no debía circunscribirse únicamente a la violencia sobre la mujer. En el año 2011, se produjeron reuniones entre los servicios de asistencia a la víctima y el Fiscal Superior en orden a posibilitar que tales servicios, y en concreto el de Guipúzcoa, extendieran su actuación en favor también de las víctimas de delitos de seguridad vial; todo ello ha llevado consigo el hecho de que el servicio de orientación a la víctima haya tenido ya varias intervenciones en estos supuestos. En 2012 se produjeron 8 llamadas sin identificar, 11 primeras reuniones presenciales, 14 entrevistas, 10 llamadas con dudas, 1 presentación de denuncia, 3 presentaciones de otros escritos, 1 acompañamiento a juicio, y 2 acompañamientos al Juzgado. Estos datos, si bien son discretos, ponen de manifiesto un avance sobre todo si se tiene en cuenta que en el año 2011 sólo hubo una intervención en esta materia por parte de los Servicios de Asistencia a la víctima.
D).- Respecto de las nuevas tipologías delictivas estudiadas en memorias anteriores,

La Fiscalía alavesa constata que se han incoado diligencias por hechos relativos a la manipulación de tacógrafos que están pendientes de resolución. Sin embargo no existen diligencias en relación con la emisión de certificados falsos por centros médicos reconocidos, ni por deficiencias estructurales en vías públicas, ni se ha recibido comunicación de la autoridad administrativa en relación a la existencia de las mencionadas conductas.

El Fiscalía vizcaína por su parte señala no haber detectado procedimiento alguno incoado por esta modalidad delictiva de falsedades.
E) En cuanto a la doctrina emanada de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales

La Fiscalía de Bizkaia señala el criterio particular seguido por la Sección Sexta de esta A.P acogiendo los criterios establecidos en resoluciones de otras Audiencias ( Cuarta de Valencia , Diecisiete de Madrid , Octava de las Palmas, Dieciseis de Madrid, entre otras ) condenando solo por delito del articulo 379.2 y absolviendo por delito de 383 C.P.

El Fiscal de Álava, manifiesta no haber existido pronunciamiento alguno que sea de interés jurisprudencial en materia de seguridad vial. Añadiendo solo que tal órgano sigue manteniendo el criterio de considerar el concurso entre el artículo 379 y el artículo 381 CP como un concurso de leyes y no como concurso real de delitos, postura contraria a la que se mantiene en la circular 10/2011.
F).- Cuestiones o incidencias derivadas de las nuevas penas fijadas para determinados tipos penales (Art. 379 y 384).

La Fiscalía de Álava señala la extensa revisión de sentencias que se realizó a raíz de la entrada en vigor de la LO 5/2010, siguiendo las instrucciones del Fiscalía General del Estado, no existiendo discrepancias importantes al respecto y constatando que la opción realizada por los penados se ha decantado por el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad debido esencialmente a su menor su duración y, en consecuencia, menor plazo de prescripción. Así mismo señala que respecto de las penas solicitadas e impuestas, tanto en vía de diligencias urgentes como en vía de juicio rápido o de procedimiento abreviado, predominan los trabajos en beneficio de la comunidad en los supuestos de delincuencia primaria, y las penas privativas de libertad en los casos más graves, ya sea por las circunstancias del hecho, por las circunstancias del sujeto o por la conjunción de ambos criterios tratando en todo caso de individualizar las penas.

La Fiscalía de Bizkaia señala a este respecto el criterio de solicitar la pena de trabajos para la comunidad, con carácter preferente a la pena de multa o a la pena de prisión, tratando de individualizarla y reservando ésta última para casos de especial gravedad, atendidas las circunstancias de cada caso, la puesta en peligro del bien jurídico protegido, la concreción o no del riesgo de peligro, junto con la reincidencia en la comisión de este tipo de delitos. Con el fin de evitar que esta pena prescriba, se expuso la necesidad de solicitar en los escritos de acusación sin conformidad la pena a partir de 31 días de trabajos (31 a 180 días, pena menos grave, con prescripción a los 5 años); y, en los escritos de Calificación con conformidad, la pena de 60 días de TBC, de forma que, reducida en un tercio, como consecuencia de la conformidad beneficiada, quedara en 40 días, agilizando con ello la ejecución a través del programa TRASEVAL (talleres de actividades en materia de seguridad vial organizados por las autoridades correspondientes previstos para condenados a TBC de hasta 40 días).

En lo referente al proceso de revisión de sentencias derivada de la entrada en vigor de la LO 5/2010 la Fiscalía vizcaína lo plantea en dos momentos diferentes: en los escritos de calificación, y en la fase de ejecución de la sentencia.

Y la Fiscalía de Gipuzkoa viene a manifestar a este respecto que la práctica en dicho territorio es dar traslado tanto al penado, en primer término, como al Ministerio Fiscal después, por el Juzgado para que ambos informen sobre la pena a imponer, tras lo que, como regla general, se ha dado preferencia a los solicitado por el penado.

Por otra parte en lo referente al comiso de vehículos se han seguido por las tres Fiscalías las pautas fijadas por Decreto del Fiscal Superior del País Vasco. Habiéndose emitido a lo largo del año 5 solicitudes de comiso por parte de la Fiscalía vizcaína.

La Fiscalía de Álava, apunta que tras la reforma del código penal efectuada por la Ley Orgánica 5/2010, en lo referente a los supuestos de comiso del vehículo, existe cierto confusionismo en los juzgados en los supuestos de comiso del vehículo como instrumento del delito, confundiéndolo con la figura del comiso para el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias. En ese sentido ha resuelto la Audiencia Provincial de Álava en el Auto de fecha 24 de enero de 2012, desestimando un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en un procedimiento en que se solicitaba del juzgado, en sede de instrucción, la ocupación del vehículo como instrumento del delito.

La Fiscalía de Gipuzkoa destaca que atendiendo a los criterios de la circular de la Fiscalía General del Estado 10/11 sobre criterios para la unificación de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial, se ha comenzado a solicitar el comiso en determinados supuestos, entre los que apunta su solicitud en un supuesto en que se apreciaba por el Ministerio Fiscal la circunstancia de multirreincidencia.


En cuanto a las Medidas privativas de libertad

La Fiscalía de Guipuzkoa señala que a lo largo del pasado año no se acordó ninguna prisión provisional por esta modalidad delictiva

La Fiscalía alavesa, por su parte apunta que a la hora de interesar tanto la prisión provisional como las demás medidas cautelares (intervención del vehículo, del permiso de conducir, medidas cautelares sobre el patrimonio) parte del criterio de su excepcionalidad habiendo solicitado y adoptado en alguna ocasión:


  • La retención del permiso de conducir.

  • EL comiso del vehículo, ya sea de forma cautelar o ya sea como pena accesoria solicitada en las calificaciones provisionales, prestando una especial atención a los casos más graves.

  • La ocupación del vehículo e intervención del permiso de circulación se ha realizado, fundamentalmente, en los casos de delitos de resultado cometidos por extranjeros en tránsito, dada, en ocasiones, la necesidad de asegurar las responsabilidades pecuniarias, y siempre con carácter excepcional.

En todo caso señala que del total de asuntos calificados, de cualquier tipología en el ámbito de la seguridad vial, se ha solicitado pena privativa de libertad en ochenta y dos asuntos, correspondientes a supuesto de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y supuesto de multirreincidencia en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial. En Alava se acordó prisión provisional derivada de un delito de conducción temeraria en una ocasión y pena privativa de libertad en 24 casos.

Del mismo modo la Fiscalía de Bizkaia, partiendo de un criterio de excepcionalidad en la solicitud de medidas cautelares las interesa para los supuestos más graves y con la finalidad de evitar la comisión de nuevos delitos por parte de quienes ya han ejecutado una conducta delictiva. Así señala haber interesado a lo largo del 2.012 y como medida cautelar una intervención del permiso de conducción, sin que se haya interesado medida alguna de prisión provisional. Por lo demás se ha impuesto pena de prisión en sentencia en 2 ocasiones por conducción a una velocidad superior a la permitida del Art. 379.1; en 85 sentencias por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias estupefacientes del Art. 379.2; en 27 por conducción temeraria del Art. 380; en 78 por negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas del Art. 383; en 33 por conducción sin licencia o permiso del Art. 384; y en 13 por conducción sin licencia o permiso del Art. 384.2. Todo ello hace un total de 238.
En el aspecto referido a los Programas de deshabituación:

La Fiscalía de Bizkaia apunta que la forma general de actuar por el Juzgado de Ejecutorias, es suspender la ejecución de la pena, cuando concurren los requisitos legalmente previstos para ello, en iguales condiciones que en delitos de otra naturaleza, condicionando la suspensión exclusivamente a que no se delinca durante el plazo de suspensión, siendo de destacar que en una de las ejecutorias, la nº 281/12, se suspendió la ejecución de la pena, de 16 meses de prisión, en base al Art. 87 del CP, esto es, por haber cometido el penado el delito a causa de su grave adicción a sustancias tóxicas, hallándose en el momento de la suspensión sometido a tratamiento deshabituador, y habiéndose condicionado la suspensión a que el penado no abandone el tratamiento deshabituador.


En cuanto a las Medidas de protección a las víctimas,

La Fiscalía vizcaína señala que cumple estrictamente las funciones que le encomienda el artículo 773.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Instrucción 3/2006, existiendo en los órganos judiciales modelos diseñados por la Comisión de informática que les son entregados oportunamente a las víctimas explicando la información de sus derechos en el correspondiente impreso, señalando que el ofrecimiento de acciones y la información de derechos se efectúa, en muchísimas ocasiones, por la Policía actuante. Ahora bien, apunta que en los Juicios de Faltas la problemática es distinta siempre que no concurra el requisito de procedibilidad de la previa denuncia del agraviado, pero lo que sí se hace es notificar el auto de archivo provisional de las actuaciones al perjudicado haciéndole saber la posibilidad de reabrir las actuaciones si presenta denuncia en el plazo de seis meses.

En este sentido recuerda que por el Gobierno Vasco se creó una oficina de atención a las víctimas de delitos contra la seguridad vial, con la que se puede contactar a través de un teléfono gratuito y en la que se les ofrece asesoramiento y apoyo, especialmente en materia jurídica, ofreciendo información respecto de los derechos que corresponden, y los trámites procesales a realizar.

Esta Oficina ha atendido a 21 victimas a los largo de 2012 en Bizkaia. Por lo demás colabora estrechamente con la entidad Stop Accidentes, que suelen derivarles a las víctimas, ya desde un principio, haciendo así más eficaz su ayuda sobre todo en las infracciones mas leves teniendo en cuenta los cortos plazos de prescripción y habida cuenta de la necesidad, de interponer denuncia por el perjudicado, como requisito de procedibilidad. La intervención prematura de la Oficina, auxiliando a los perjudicados en la redacción de la denuncia, e informando de los distintos plazos y trámites procesales, ha garantizado una mejor protección de las mismas, evitando que las infracciones se archiven por transcurso de los plazos de prescripción.


Y finalmente en lo referente a la Ejecución de las Sentencias
Respecto de la pena de multa, el penado suele solicitar el cumplimiento fraccionado, siendo criterio de la Fiscalía no oponerse siempre que se acrediten suficientemente las razones económicas que motivan tal petición. En caso de incumplimiento, voluntario o por vía de apremio, se acuerda por el Juzgado de Ejecutorias la responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad. Una vez acordada ésta, si el penado carece de otros antecedentes penales, se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena, generalmente por un plazo de dos años. En la responsabilidad personal subsidiaria de Trabajos en Beneficio de la Comunidad es criterio de la Fiscalía oponerse a la misma, o bien recurrir el Auto que la acuerda, en aquellas ocasiones en que ha sido acordada esta pena sin la conformidad previa del penado, bien mediante comparecencia o bien mediante escrito dirigido al Juzgado, por tratarse de un incumplimiento claro de lo dispuesto en el Art. 53, párrafo segundo del Código Penal

La mayor problemática se plantea en aquellas ocasiones en las que, habiéndose acordado la responsabilidad personal subsidiaria mediante privación de libertad, notificada ésta al penado, el mismo solicita le sea sustituida dicha pena por trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos entendemos que estamos ante una infracción de Ley, dado que se prevé en el Art. 88.3 del Código Penal que en ningún caso podrán sustituirse penas que sean sustitutivas de otras. La privación de libertad sustituye a la multa, por lo que no puede ser sustituida a su vez.





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