Memoria justificativa para la compra de ordenadores e impresoras para el almacén de equipos de la subsecretaria



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Medio ambiente y urbanismo

1º-Breve referencia a asuntos, enjuiciados o en tramitación, de especial interés

En Bizkaia, resalta la Fiscal los siguientes asuntos:

a)-Dentro del apartado relativo a diligencias de investigación o preprocesales:

Se concluyeron las Diligencias de investigación nº 63/11 y se interpuso denuncia contra los miembros de la corporación local de Loiu, por un presunto delito de prevaricación urbanística en su modalidad de concesión de licencia contraria a norma, por la concesión de licencia para edificar en núcleo urbano sin disponer de la extensión legalmente exigible, dándose la circunstancia de que parte del terreno que se invocaba para acreditar la extensión mínima era titularidad de la Diputación Foral de Vizcaya e incluso parte de ella tenía la consideración del dominio público al tratarse de viales.

Por otra lado cabe destacar, las diligencias preprocesales 23/12, que se incoaron sobre la base de una reunión organizada por el Fiscal de Sala Coordinador de la materia de Medio Ambiente y ordenación del territorio en la que se expuso la preocupación por la calidad del aire en la Villa de Bilbao respecto de los valores que presentan tres contaminantes directamente relacionados con el tráfico rodado: NO2, PM10 y O3.

Se delegó el examen de la materia en la Policía Autonómica Vasca quien obtuvo toda la información precisa de las cabinas de medición del Gobierno Vasco ubicadas en diversos puntos de Bilbao y elaboró un programa informático que se plasmó en unas tablas en las que poder examinar los resultados de cada uno de los valores, permitiendo una fácil comprensión, valoración e interpretación de los datos allí expuestos.

Por otra parte se recabó información directamente del Ayuntamiento de Bilbao sobre los planes presentes y futuros del Consistorio para la mejora de la calidad del aire en dicha localidad, informando sobre la implantación de planes de muy diversa índole, desde aquellos que implican un impulso a la utilización de modos de transporte, vehículos y combustibles menos contaminantes.

Las diligencias de investigación nº 52/12 fueron las primeras de una cierta complejidad cuya práctica fue delegada íntegramente en la Sección de Medio Ambiente de la Policía Autonómica Vasca y en ellas debieron recabar información de todas las instancias que intervinieron en la construcción de una red de Saneamiento Integral de la Reserva de la Biosfera del Urdaibai, puesto que se trataba de actuación conjunta entre el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, la Confederación Hidrográfica del Norte, la Agencia Vasca del Agua y el Patronato del Urdaibai, entre otros.

En el apartado de delitos contra el patrimonio histórico destacamos que a partir del mes de marzo de 2012, se sucedieron una serie de robos en iglesias y parroquias (un total de 14 supuestos) que contaban con protección legal diversa – atendiendo a su calificación como patrimonio histórico foral, autonómico o local - en localidades como Dima, Galdames, Balmaseda y Lezama, entre otras.

La razón de incluirlos en este apartado se halla en la producción de los daños ocasionados, sin perjuicio del valor de los objetos sustraídos en dichos actos depredatorios.
En materia de incendios forestales, básicamente todos acontecidos en el partido judicial de Balmaseda, se ha optado desde la Sección especializada por impedir el archivo automático de dichos procedimientos dado que de manera generalizada se acordaba el sobreseimiento bien libre bien provisional una vez registrado el atestado confeccionado por la Policía Autonómica Vasca.

Frente a ello de manera sistemática se interponía recurso de reforma subsidiario de apelación a fin de obtener como diligencia de investigación mínima e imprescindible la emisión de informe por parte del Servicio de Montes de la Diputación foral de Vizcaya en el que constara los datos precisos para conocer detalles tales como la extensión del incendio, tipo de monte afectado, titularidad, origen y causa del incendio, vegetación afectada, medios empleados para su extinción, valoración inicial del perjuicio, carácter intencionado o negligente de su producción, etc.

Se han dictado dos sentencias condenatorias por delitos de incendio forestal imprudente, una de ellas en la jurisdicción de menores, habiéndose dictado sentencia de conformidad.

De manera similar en cuanto interponer recursos la Fiscalía de medio ambiente se ha procedido en supuestos de presunta contaminación acústica denunciados por particulares.

El registro de estas causas, como en otras de la materia de medio ambiente, es ciertamente irregular puesto que se suelen encontrar calificados bajo el nombre de “contra la libertad”, “coacciones” y “otros delitos” y a lo largo del año 2012 se han detectado 14 denuncias por tales hechos.
El mayor número de asuntos registrados corresponde al maltrato a animales , un total de 47 asuntos de los cuales se han calificado dos.

La incoación de tales procedimientos ha respondido normalmente a denuncias interpuestas por particulares, siendo de reseñar igualmente aquellas formuladas por asociaciones (tales como ATEA o PACMA) constituidas con el fin de procurar la protección de los animales. Igualmente resulta significativo poner de manifiesto que se han denunciado maltratos a animales también en el seno de procedimientos seguidos ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer al ser frecuente ejercer violencia sobre los animales domésticos como medio de ocasionar un mayor perjuicio a la víctima.


Resulta obligado mencionar cómo un número muy significativo de las causas incoadas por delito contra el medio ambiente tiene como objeto de investigación la empresa Petronor, ya que un grupo de vecinos de la localidad de Muskiz, localidad en la que se halla enclavada la refinería de Petronor, interpone denuncias que son archivadas por los Juzgados de Baracaldo, mientras que la postura adoptada por la Fiscalía es la de evitar el archivo automático e inmediato de las múltiples denuncias que se interponen por molestias por ruidos y/o gases, de las que tiene conocimiento a través de la sección de Medio Ambiente de la Policía Autonómica.

Destacamos el impulso de la acusación pública es el que permite culminar los procedimientos sin dilaciones en el tiempo.


Constata la Fiscal de Guipúzcoa que en el año 2012 se ha producido un leve aumento de las Diligencias de Investigación incoadas, pues se ha pasado de 9 diligencias en 2011 a 10 en el año 2012. Algunas diligencias de investigación han dado lugar a la interposición de la correspondiente denuncia. En el caso de las Diligencias de investigación nº 18/2012, incoadas a consecuencia del recorte de prensa entregado en la sede de la Fiscalía por parte de la Ertzaintza de Medio Ambiente, se trataba de la comisión de un posible delito contra el patrimonio histórico, puesto que se tuvo noticia del posible derribo de un pilar de piedra de sillería del siglo XVI en la localidad de Elgóibar. Tras obtener información sobre el citado pilar, siendo que el mismo pertenecía a la llamada Torre Andonegi, encontrándose incluida en la Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Elgóibar, se interpuso la correspondiente denuncia por la Fiscalía, lo que dio lugar a las DIP 669/2012 en Eibar, que siguen pendientes de instrucción.

Las Diligencias de Investigación 68/2012 se iniciaron en virtud de escrito remitido por el Consejo de Administración de “Azkoitia Lantzen SA”, con el objeto de poner en conocimiento de la Fiscalía las posibles irregularidades en el relleno de la balsa del vertedero de Oñartxo. Tras la elaboración del correspondiente atestado por la policía judicial, se interpuso denuncia por parte del Ministerio Fiscal puesto que habían sido utilizados materiales tales como ferrosita y polvo de acería en dicho relleno, valorándose la necesidad de continuar con la investigación en sede judicial. Las Diligencias de Investigación 135/2012 se iniciaron tras el escrito remitido por el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno Vasco, dando lugar a la remisión inmediata al Juzgado de Azpeitia puesto que ya existían unas Diligencias Previas incoadas sobre el particular.

Las diligencias de Investigación nº 92/2012 se iniciaron en virtud de escrito remitido por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, siendo objeto de archivo por parte de Fiscalía tras el atestado entregado por la Ertzaintza del que se desprendía que el dueño de los animales supuestamente maltratados mantenía a los mismos en correcto estado higiénico sanitario.

En el caso de las Diligencias de Investigación 83/2012, cuyo origen era un escrito igualmente remitido por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, terminaron archivadas por parte de la Fiscalía al conocer la existencia de un procedimiento judicial (DIP 3572/2012, del Juzgado de Instrucción nº 5 de San Sebastián) sobre los mismos hechos, solicitando no obstante, la adopción de oficio de medidas cautelares en relación a los animales.

Las Diligencias de Investigación nº 86/2012 se iniciaron de oficio por el Ministerio Fiscal tras tener conocimiento por los medios de comunicación de la existencia de un incendio en el monte Ulía, en la localidad de San Sebastián. Las citadas diligencias terminaron en el archivo de las mismas dado que, siendo el incendio intencionado, no se pudo determinar el autor/autores del mismo.

Las Diligencias de investigación nº 59/2012 se incoaron tras la recepción de escrito y documental remitida por Mutriku Natur Taldea, poniendo en conocimiento de la Fiscalía la posible existencia de un delito contra el medio ambiente derivado de la explotación de las canteras Urkulo y Duquesa en el término municipal de Deba. Requerido el Gobierno Vasco a fin de que se informara acerca de la efectiva existencia del Estudio de Impacto Ambiental que debió elaborarse, se procedió a archivar las referidas diligencias al constatar que dicha obligación se encontraba cumplida.

Fueron asimismo incoadas en 2012 y se encuentran en el momento presente en trámite las Diligencias de Investigación 54/2012 en relación a los niveles de calidad del aire de les estaciones de Lezo y Jaizkibel), las Diligencias de Investigación 129/2012 referidas a un posible delito contra el patrimonio histórico en la cueva de Ermittia en la localidad de Deba, y las Diligencias de Investigación 133/2012 en relación a un posible incendio forestal acaecido en la localidad de Deba.

En referencia a las diligencias previas de los Juzgados de Guipúzcoa, se incoaron ocho nuevos procedimientos judiciales con la rúbrica de delitos contra el medio ambiente, nueve diligencias previas en relación a delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, cinco delitos contra el patrimonio histórico, unas diligencias previas de incendios forestales y cinco procedimientos en relación a malos tratos a animales domésticos.

Novedad destacable del año 2012 fue la interposición de demanda de 10 de febrero de 2011 ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, dando lugar al Procedimiento Ordinario 989/2010 que se tramita actualmente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de San Sebastián. Con ello se da cumplimiento al requerimiento de 10 de noviembre de 2010 de la propia Fiscalía Coordinadora, que planteaba la posibilidad de acudir a la vía contencioso administrativa con el objeto de plantear la nulidad del Decreto 50/2010 del Ayuntamiento de Mutriku de 14 de julio de 2010, por el que se disponía la prórroga durante cinco años de la licencia de actividad de la explotación de una cantera en el barrio de Olatz, que lindaba con el Lugar de Interés Comunitario Arno. Con dicha demanda, se abre un nuevo camino en la actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ubanismo, pues no deja de ser novedosa la intervención activa del Fiscal en este orden jurisdiccional interponiendo la demanda. En el momento actual, tras practicar prueba testifical el 12 de diciembre de 2011, se dictó sentencia el 27 de septiembre de 2012 disponiendo la desestimación de la demanda contencioso-administrativa interpuesta por la Fiscalía, por lo que el 18 de octubre de 2012 se interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, sin que haya recaído aún resolución.

Se sigue constatando la lentitud con la que en los juzgados de instrucción se tramitan los delitos contra el medio ambiente, especialmente los relacionados con el artículo 325 del Código Penal y la prevaricación medioambiental. Por lo general, pese a que desde la Fiscalía Coordinadora se cumplen escrupulosamente los plazos de duración de las diligencias de investigación, al llegar los asuntos a los juzgados su investigación sufre un importante retraso y freno que puede hacer perder eficacia a la persecución de este tipo de delitos, recurriendo sistemáticamente a la remisión de los asuntos al Fiscal a fin de que informe las diligencias a practicar, siendo prácticamente inexistente la iniciativa instructora. Por tal motivo, durante el 2012 no se llegó a dictar ningún auto de procedimiento abreviado que permitiera la consiguiente calificación provisional o solicitud de sobreseimiento. Se estima que una mejor formación o especialización en los juzgados sobre esta especial materia ayudaría sobremanera a su persecución.

En la Fiscalía de Alava, deben mencionarse las diligencias previas nº 1281/09 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria-Gasteiz, incoadas a instancia de la Diputación Foral de Álava por un posible fraude, con daños en su caso, al patrimonio histórico, producido en unas excavaciones arqueológicas próximas a Vitoria-Gasteiz, en las que fueron hallados restos arqueológicos en cuyo descubrimiento se ha podido producir alguna manipulación, investigación cuya tramitación continúa para investigar si las inscripciones y dibujos que aparecen en las piezas halladas, que constituyen patrimonio histórico, son originales o han sido realizadas después de ser descubiertas con la finalidad de dotarles de mayor importancia histórica que la que les corresponde. Actualmente continúa la instrucción de la causa, centrada especialmente en la realización de una prueba pericial con relación a los restos arqueológicos objeto de la causa. En el mes de noviembre de 2.012 se han trasladado para su estudio 39 evidencias al Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE).

Igualmente deben mencionarse las diligencias previas nº 406/2012 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en donde se investiga la contaminación de las aguas subterráneas del acuífero fluvial en la zona de Miranda de Ebro (Burgos), limítrofe con la provincia de Álava. El origen de esta contaminación parece estar relacionada con la actividad industrial desarrollada en la empresa GENERAL QUÍMICA S.A., situada en el polígono industrial de Zubillaga, entre cuyos residuos de producción se encuentran la anilina y el benzotiazol. El día 17 de enero de 2.013 el Área de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, ha remitido al Juzgado de Instrucción un completo informe con relación a estos hechos.

En el ámbito de la prevención del delito, como en años anteriores, se han incoado las correspondientes diligencias preprocesales en materia de prevención de incendios.
2º-Relaciones con la Administración

En Bizkaia, las relaciones entre la Fiscal Delegada y las distintas administraciones, han sido ciertamente escasas y las pocas que se han producido han tenido lugar a través de comunicaciones escritas y en su totalidad en el seno de diligencias de investigación y preprocesales.

En Guipúzkoa , en las relaciones con la Administración , se destaca diligencia en la contestación a los oficios remitidos desde fiscalía por parte de la mayoría de Ayuntamientos de Guipúzkoa, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Agencia Vasca del Agua (URA).

En Alava, las relaciones entre Fiscalía y las Administraciones concernidas, se circunscribe a los diferentes informes escritos que se solicitan en el curso de las diligencias de investigación y preprocesales incoadas en Fiscalía, existiendo buena colaboración, en general, por parte de las administraciones públicas, en especial con el Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava.


3º-Relaciones con las fuerzas policiales
En Bizkaia, se mantienen relaciones con la sección de medio ambiente y urbanismo de la Policía Autonómica Vasca, siendo las mismas constantes, directas y personales.

Con periodicidad mensual miembros de dicha sección se personan en la Fiscalía y mantienen una reunión con las Fiscales encargadas de la gestión de medio ambiente, en el curso de la cual se hace entrega de una relación de causas encuadradas en la materia, lo cual permite un registro inmediato de las mismas para su seguimiento desde la Sección de medio ambiente.

Ello ha contribuido a que hayan detectado aquellas causas que se desconocía al haber sido registradas de manera inadecuada o por haber sido archivadas con el visto bueno de fiscales ajenos a la materia.

Al margen de lo que se acaba de exponer, lo cierto es que la sección de medio ambiente de la Ertzaintza ha experimentado sólo en Vizcaya un incremento de asuntos del 120 %, lo cual necesariamente redunda en una elevación del número de procedimientos conocidos por la Fiscalía.

De igual manera se ha podido profundizar en determinados asuntos – así los casos de Petronor o la calidad del aire en Bilbao – y dar indicaciones de actuaciones en determinadas materias.

En este sentido se ha detectado la necesidad de contar con una diligencia expresiva de la calificación de inmuebles objeto de protección (tales como iglesia, ermitas, y parroquias) con carácter previo a la presentación del atestado en el Juzgado, lo cual facilitará una correcta calificación jurídica ya en el mismo momento del registro del atestado e incoación de diligencia y permitirá una adecuada respuesta a los hechos denunciados.

De igual manera la labor de la Sección de Medio Ambiente de la Policía Autonómica Vasca se ha incrementado al verificar personalmente la inspección ocular de aquellos enclaves que conforme a los criterios de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente puedan representar un elevado riesgo de incendios forestales.

En Guipúzkoa, existe adecuada colaboración entre la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Policía Autónoma Vasca-Ertzaintza y la Fiscal Coordinadora, obteniendo información con periodicidad mensual de aquellos atestados que se hayan incoado a raíz de los requerimientos realizados por la Fiscalía en las diferentes diligencias de investigación. No obstante, durante el año 2012 se constató por un lado, la falta de incoación de atestados de oficio por parte de la Ertzaintza así como el hecho de que la toma de muestras en casos de vertidos se verificaba por URA pero no por la policía. Tras la reunión de la Comisión Provincial de Policía Judicial, se obtuvo el compromiso por parte de la fuerza policial de incoar de oficio cuantos asuntos revistieran indicios de infracción penal por parte de la comisaría del término municipal en que los hechos ocurrieran. Asimismo, dada la ausencia de formación y medios materiales de la Policía Autónoma, se obtuvo como solución que seguiría siendo URA quien tomara las muestras correspondientes en caso de vertido, si bien serían acompañados por agentes del Área de Medio Ambiente a fin de levantar acta.

En Alava, en el año 2010 se creó el grupo especializado en delitos contra el medio ambiente en el País Vasco, integrados en el Área de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, que actúa en la investigación de estos delitos y la relación del citado grupo de agentes con el Fiscal Delegado de Medioambiente y Urbanismo es habitual y periódica con relación a las causas que se incoan con motivo de la especialidad.

4º-Coordinación

La Fiscal de Bizkaia, Semestralmente, lleva acabo una revisión de los asuntos registrados en Fiscalía, para instar la tramitación de los procedimientos, concretamente, interesando la resolución de recursos que hacía meses que pendían o la celebración de juicios demorados, constatándose que no es infrecuente que en determinados juzgados o en la solicitud de ciertos informes a la administración se precise de mas de un recordatorio para su cumplimentación.

En la fiscalía de Guipúzcoa en 2012 los procedimientos penales tramitados en los diferentes Juzgados relativos a esta materia son despachados por la Fiscal de Medio Ambiente desde la instrucción hasta la fase de enjuiciamiento, si bien las vistas orales, atendiendo al calendario de señalamientos y guardias, son despachadas por el Fiscal coordinador según sus posibilidades.

5º-Sugerencias, propuestas y reflexiones

La Fiscal de Bizkaia y a los efectos de facilitar la redacción de la memoria anual con la confección de la correspondiente estadística y su previa recopilación de datos, considera conveniente que a principio de cada uno de los años se facilitaran o adelantaran por el Fiscal de Sala, aquellos campos sobre los que se va a recabar información para la elaboración de la memoria de esa Fiscalía.

De esta manera cada uno de los obligados a su redacción tendrá perfecto conocimiento de aquellos datos exigidos pudiendo ir recopilando tal información, siendo ésta, por lo tanto, mas certera y fiable, finalidad a la que debe aspirar cualquier memoria.


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