Materiales de un debate sobre el currículo de acreditación en la sociedad contemporánea: hacia un currículo de resistencia


En la educación, copia del esquema de la salud: Ganancias extraordinarias



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En la educación, copia del esquema de la salud: Ganancias extraordinarias


Para desarrollar la descentralización y corporativización (con el remoquete de “democracia participativa” o “Estado Comunitario”) sustentadas, desde el principio, en la Constitución Nacional de 1991, la ley 60 de 1993 dio las puntadas, que ocho años más tarde, la ley 715 (orgánica como aquélla) profundizó en la educación, al privatizarla, siguiendo las huellas del mismo modelo de la ley 100.

Ya hoy se habla de Empresas Prestadoras del Servicio Educativo EPS y de Instituciones Prestadoras del Servicio Educativo IPS. Es decir, el modelo, el sistema de organización, financiación y administración de la salud, se ha venido imponiendo en la Educación, y de no contenerse con la lucha nacional, se hará más regresiva con la plantelización o “nuevo colegio” autofinanciado, tan defendido por ideólogos del actual ciclo de acumulación capitalista, tales como Salomón Kalmanovich, César Gaviria, Rudolph Hommes, Juan Manuel Santos y Uribe Vélez, entre otros.

En efecto, tanto la ley 715 (y su embrión, la ley 115) como la ley 100, coinciden en elementos centrales: capitación (pago por persona atendida o matriculada), subsidiaridad, contratación con particulares intermediarios (EPS, IPS, ONGs), cobro de matrículas y pensiones (ya estipulado en el artículo 101 de la ley 115), fusiones, racionalización y “gerencia estratégica”, con sus criterios de planeación puestos al mando en la elaboración de los PEI, donde el currículo es apenas un instrumento para que “se cumplan las políticas”.

Y así como en el negocio de intermediación en la educación extraen los capitalistas ganancias extraordinarias y se presentan irregularidades como las esbozadas en el apartado anterior, así también ha ocurrido con el negocio de intermediación en la salud. Mientras el Estado tiene bloqueado al ISS al cual le debe más de 60 billones de pesos, prosperan las empresas privadas de salud y se cierran clínicas y hospitales oficiales. El escándalo más reciente que conocimos es el de SOLSALUD, una ARS que intermedia el negocio de la salud en Caldas y Santander, la cual se inventó 5.000 afiliados. Dice el diario “El Tiempo” que tal invento provino del Movimiento Convergencia Ciudadana. Dicha SOLSALUD tiene millón y medio de afiliados.

Son, pues, los mismos mecanismos de acumulación generados por el ciclo capitalista asentado en sociedades de capitalismo burocrático como la nuestra y en donde el imperialismo ha reforzado las estructuras gamonales, semifeudales y clientelistas.

Obviamente, la valoración de lo que ha sido el Programa de Ampliación de Cobertura, depende de la orilla en la que nos ubiquemos en la lucha de clases que se vive también en este país. Los cazadores de rentas extraordinarias y los ideólogos del “Neoliberalismo” están de plácemes por el descuadernamiento de la Educación Pública oficial y la entrega a los particulares del negocio de la educación. Así, a manera de ejemplo, Sergio Clavijo22, Co-Director del Banco de la República y prestante ideólogo de la gran burguesía de este país, al hacer un balance sectorial de las instituciones resalta el sistema de pago “por capitación” en educación, mediante la ley 715, apoyada por la Reforma Constitucional a los artículos 356 y 357. “Somos relativamente optimistas sobre la aplicación de la ley 715 de 2001”, reitera. Concluye Clavijo que

No es a través del prisma del ‘Estado Social de Derecho’ que lograremos combatir la pobreza y disminuir la desigualdad social, sino mediante la dinámica de la inversión privada y la apropiada regulación del mercado, que son las bases de la generación del empleo sostenido. Ojalá en un futuro cercano, logremos los Colombianos consolidar menos retórica alrededor de ‘lo social’ y mejores ejecutorias basadas en el Estado de Derecho y el respeto a la iniciativa a la propiedad privada bien habida” (Pág. 9)

Por su parte, Gustavo Petro U., Representante a la Cámara, radicó el 3 de Agosto de 2005 el Proyecto de ley “Por la cual se Reforma al Sistema Educativo para garantizar cobertura universal y el incremento de la calidad educativa”. En dicho material –de 17 páginas-expone, entre otros aspectos:

“…hemos fracasado como sociedad para garantizar un derecho fundamental para los Colombianos, no tenemos una cobertura universal ni siquiera en la educación primaria; (…) “En preescolar teníamos casi medio millón de niños no matriculados, exactamente 448.291 niños y niñas entre 5 y 6 años por fuera del sistema educativo. (…) “¡Apenas un poco más de la mitad de los niños en edad de estudiar están en la secundaria! (…) “Según la Encuesta de Calidad de Vida del 2003, los niños por fuera del sistema educativo son 1.602.648, es decir, un poco más del 13% de la población en edad escolar. (…) “En los niños entre los 16 y 17 años de edad la inasistencia de niños del campo llega al 62% del total de su población, mientras en la ciudad es del 40% (…) “Se presenta una segmentación de los colegios privados en una educación de alta calidad para ricos y una de pésima para pobres…(existe) un sistema de privatización educativa para estratos bajos que está arruinando por completo dicha educación (…) “El análisis de las pruebas del ICFES para los colegios en concesión establecidos en el Distrito Capital muestra que se ubican por debajo del promedio de puntuación de los colegios oficiales establecidos en la misma localidad (…) “Las medidas hasta ahora implementadas no demuestran un avance ni en términos de cobertura educativa ni mucho menos en términos de calidad para todos”.

La propuesta de Petro consiste en la creación de un subsidio para la permanencia escolar de 4 millones de niños más pobres de la sociedad Colombiana. “El 10% del subsidio a la permanencia escolar será entregado como esta bonificación al desempeño del estudiante”.

El Proyecto reclama autorización al gobierno nacional para la “Creación de cupos educativos hacia la cobertura universal en educación”; reclama abrir un rubro presupuestal denominado “subsidios para la permanencia y el desempeño escolar”; la meta consiste en subsidiar 4 millones de niños por año, entre el año 2006 y el 2010. “Focalizando el gasto en los estratos más pobres de la población”.

A propósito del Proyecto de Petro nos cuestionamos si la solución al problema de los cupos escolares en Colombia es el de los subsidios. Tal vez el amigo Petro no haya leído el libro “la libertad de elegir” de Milton Friedman, ni “Los fundamentos de la libertad”. Valdría la pena que lo hiciera a ver cómo logra diferenciar su propuesta de la que estos ideólogos del “neo” liberalismo hicieron con el sistema de los “vales” o “vouchers” como el camino más seguro en la privatización de la educación.

A la pregunta “¿cómo hacer para desmontar la Educación Pública estatal?”, Hayek tiene una respuesta y una estrategia con sus pasos tácticos. La tesis inicial quiere ser explícita: “ni la enseñanza debe ser financiada exclusivamente a cargo del erario, ni el presupuesto del Estado ha de ser la única fuente para su sostén. Como ha demostrado el profesor Milton Friedman, sería posible en nuestra época sufragar el coste de la instrucción con cargo a los ingresos públicos sin mantener escuelas estatales”. La fórmula es muy simple: “facilitar a los padres los bonos que, cubriendo el importe de los gastos que implicara la educación de cada adolescente, pudieran ser entregados a los establecimientos escolares de su elección [estatales o privados]. El prerrequisito es la asignación de costos en las “instituciones escolares” que los “usuarios” deben sufragar.

El asunto no se queda en aguas tibias: “sería conveniente que los poderes públicos rigieran las escuelas de las pocas comunidades aisladas donde el número de niños es escaso (y el costo medio de la enseñanza, por lo tanto, demasiado alto) para que las instituciones escolares privadas puedan funcionar debidamente”. Se trata, pues, de hacer que el Estado asuma económicamente lo que no es rentable para los negociantes de la educación y, al mismo tiempo, genere renta, de sus fondos, para esos “agentes privados” (asumiendo el pago de los estudiantes vinculados en las escuelas públicas, por medio del sistema de “Vouchers”). Éste es, de cuerpo entero, el negocio de la intermediación, de la entrega a terceros, de la eufemísticamente llamada “ampliación de cobertura (que entre otras cosas no “amplía” la “cobertura” sino que le entrega a las voraces fauces del capital burocrático los estudiantes ya vinculados como garantía de una renta y una ganancia extraordinaria, tal como se ha venido imponiendo en Itagüí, y se quiso hacer con las terceras jornadas en Bello).

Lo demás, es lo de menos: entregarle el resto del mercado, el de los estudiantes “mejor ubicados” a la competencia, al mercado así establecido.

Friedman, en su “Libertad de elegir”, había definido los presupuestos de esta política: “En la educación, los padres y los hijos son los consumidores y el profesor y el administrador de la escuela, los productores”. El mecanismo, sutil, corporativo, establece que el Estado entregue “el control de las escuelas a la comunidad local, al pueblo, a la ciudad pequeña, o alguna sección de las ciudades grandes”, esto, agrega el gurú “neo”liberal, incentivará la competencia. Si un ciudadano saca a su hijo de una escuela pública —razona el capo— y lo manda a una escuela privada, eso le evita al contribuyente un gasto. Pero ese ciudadano no se beneficiará de ello porque paga doble (impuestos y a la escuela privada). En cambio, si todos los ciudadanos hacen lo mismo, el estado podrá pagar a los “operadores” particulares, por el sistema de “bonos” o “vouchers” la educación de los hijos de esos ciudadanos. Esto, en la apuesta de Friedman, “dará a cada padre la libertad de elegir, y al mismo tiempo exigirá a las escuelas públicas que se autofinancien cobrando la enseñanza (totalmente si el vale corresponde al coste total; si no, al menos en parte). Las escuelas públicas tendrán que competir entonces tanto con las demás escuelas públicas como con las privadas”. Agrega impávido: “Una de las ventajas del proyecto de los vales [de la “ampliación de cobertura” y la intermediación, tal como se ha venido practicando en, por lo menos, Chile, México y Colombia] es que estimularía una tendencia gradual hacia la mayor financiación directa de los padres (...) la financiación pública de los casos de necesidad perdurará, pero eso es algo ya muy distinto que disponer de un sistema escolar financiado por el Estado del que se benefician un 90% de los niños...”. Más claro no canta un “neo” liberal. Como se ve, ésta es la matriz de la sisbenización y el pago de subsidios, según el estrato.



A pesar de todo, la propuesta debía dejar despejados los caminos. Por eso agrega: “[así] las dimensiones de una escuela pública estarían determinadas por el número de clientes que atraería (...) [entonces] las organizaciones libres —desde los vegetarianos a los boy scouts pasando por la MYCA (asociación de jóvenes cristianos)— podría montar escuelas e intentar atraer los padres. Y, lo más importante, aparecerían nuevos tipos de escuelas privadas para cubrir este enorme mercado”. Simplemente, es la apoteosis de las ONGs como instrumentos de la privatización.


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