Materiales de un debate sobre el currículo de acreditación en la sociedad contemporánea: hacia un currículo de resistencia


En Antioquia, un experimento privatizador del uribismo: Del “Proyecto de Mejoramiento Cualitativo de la Educación” a la “Revolución Educativa”



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En Antioquia, un experimento privatizador del uribismo: Del “Proyecto de Mejoramiento Cualitativo de la Educación” a la “Revolución Educativa”


Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, cada vez que hay crisis (por la caída tendencial de la tasa de ganancia), los capitalistas echan mano de las contratendencias: por eso elevan el grado de explotación de la fuerza de trabajo obteniendo plusvalía absoluta mediante el prolongamiento de la jornada laboral; reducen el salario por debajo de su valor real; abaratan los elementos de capital constante (maquinaria, tecnología), echan mano de la sobrepoblación relativa; se abren al comercio exterior con la apertura económica, el TLC y el ALCA; y, finalmente, aumentan capital accionario (a través, por ejemplo, de la entrega de empresas estatales a los particulares). Por eso también, en los últimos decenios han venido haciendo cambios en la organización del trabajo, de la mano de apuestas como la “gerencia estratégica” y el couching.

Tal como ocurrió por los años 70 con la crisis (de crédito fundamentalmente) del ciclo de acumulación correspondiente al llamado “Estado de bienestar” Keynesiano; tal ocurre —ahora— con la crisis (que estamos padeciendo) del “neo” liberalismo empollado y experimentado bajo la dictadura de Pinochet en Chile y extendido hoy por todo el mundo.

En efecto, con la crisis del endeudamiento, también en Colombia, las clases en el poder responsabilizaron de esa situación y del déficit fiscal a los trabajadores, principalmente a los vinculados en el sector de “servicios públicos” (financiados con los impuestos). Así, cambiando de dinámica, se optó por el negocio, por la venta de “servicios públicos” tales como el agua potable, las carreteras, la educación, la salud, los teléfonos, etc. Se dio rienda suelta a las empresas rentables (productoras y reproductoras de ganancias) prestadoras de los servicios. Vale decir que, en este proceso, se ha afinado al Estado como instrumento de acumulación de los particulares disfrazados de “entidades sin ánimo de lucro”.

La intermediación (subcontratación) posibilita que el Estado (municipio, departamento o nación) contrate la prestación del servicio con privados que se quedan con buena parte del salario y de las prestaciones sociales de los trabajadores que explotan.

Aquí las políticas estatales de la “desregulación” y la flexibilización laboral (abaratamiento de la fuerza de trabajo) apuntan a disminuir y liquidar el empleo estable protegido por una legislación laboral conquistada por los trabajadores en largos años de lucha, en sangrientas jornadas. Es en este contexto en el que el régimen corporativo dominante en este país implementó en los últimos gobiernos el “Programa de ampliación de cobertura educativa con entidades sin ánimo de lucro”.

En efecto, hace una década, en el contexto de la propuesta del “Salto Educativo” y en desarrollo de la “Apertura educativa”, el CONPES y el MEN reiteraron el carácter fundamental de la educación como eje económico, político y social del país. La Secretaría de Educación del gobierno departamental del hoy presidente, fundamentó el programa en varios elementos:



1) La desescolarización (en ese entonces) de 2,4 millones de niños y jóvenes entre los 12 y los 17 años de edad.

2) La “baja eficiencia” interna del sistema.

3) El “irrestricto apoyo a la educación Básica” 15 (la que sólo es hasta 9º, según mandato constitucional.

4) La implementación de los subsidios para contratar (según estudiantes atendidos) con instituciones privadas, solidarias o mixtas constituidas como “entidades sin ánimo de lucro”.

5) El acogimiento a las metas y estrategias del Plan Decenal de Educación referidas a la Cobertura Educativa. Entre ellas: “Garantiza para el año 2005 que todos los menores entre 5 y 15 años de edad puedan cumplir con el mandato constitucional de estudiar obligatoriamente. Esta meta incluye a los menores de los grupos étnicos y a los menores con necesidades educativas especiales. El logro de esta meta implica alcanzar la cobertura total de un año de educación preescolar y de 9 de educación básica”.

6) “Darle contenido educativo a la atención de por lo menos el 50% de los niños entre 3 y 5 años”.

7) Para “universalizar” la educación básica, ofrecimiento de matrículas, por parte de las instituciones educativas, según las exigencias y tendencias poblacionales.

Así, en Antioquia —para el período 1995-1997— se crearon 100.000 nuevos cupos sin nombrar directamente un solo maestro, sino “aprovechando al máximo la infraestructura privada y la capacidad pedagógica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro”, pero en la práctica, entregando las plantas físicas a los particulares.

En el documento Bases del Plan de Desarrollo “Antioquia nos une” (marzo de1988-2000), se reconocían, entre otros problemas, un desempleo cercano al 15%, la baja escolaridad en la educación básica en Antioquia (5,3 años en promedio), la deserción (7,9%) y la repitencia (7,2%). Allí mismo se planteaba la implementación de la jornada única16 (en sus fases de diseño, experimentación y aplicación de la propuesta), la continuidad del programa de ampliación de cobertura a través de la contratación con las ONG‘s “sin ánimo de lucro”, la “racionalización” (congelamiento) de la planta oficial de docentes, a la cual hace 8 años correspondían 29.120 en Antioquia. También el Plan priorizó el Programa SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial) o “estrategia pedagógica que exige un trabajo semi-presencial del alumno, mediante la cual miembros de la población campesina una vez terminados sus estudios de educación básica primaria, pueden continuar la básica secundaria y media, en un sistema acorde con las características culturales, sociales y productivas del campo, que sin exigir un abandono de sus comunidades, le permite al estudiante desempeñar al mismo tiempo sus actividades laborales”17. Así mismo, se llamó en el Plan al “fortalecimiento institucional de la gestión educativa del departamento, de los municipios y de los colegios”, mediante la implementación de modelos administrativos (los de la gerencia estratégica18, tan en boga hoy, de la mano del instrumento nada dialéctico de la DOFA) técnico-pedagógicos y curriculares19 con “enfoque subregional”.

Se propuso el Plan resolver el Talón de Aquiles de la enseñanza básica, referente a la lecto-escritura, las matemáticas, el desarrollo del pensamiento lógico y la “convivencia —de “convivir”— pacífica ciudadana”. Para tal propósito se inició la concreción del “Proyecto de Mejoramiento Cualitativo de la Educación Básica”. Tal proyecto, diseñado en 1996, fue presentado como “la primera expresión coherente con la Ley General de Educación que se hace en Antioquia para mejorar la calidad de la educación”, según el supervisor de Seduca de entonces, Héctor Sánchez G.

Las metas confesadas del Proyecto apuntaban —y siguen apuntando por estos días— al fortalecimiento del PEI, disminuir la deserción, aumentar cupos en grado cero y sexto, poner en funcionamiento la red departamental, mejorar la “calidad”, descentralizar la gestión en los municipios y colegios, propender por mayor participación de la “comunidad” y desarrollar una educación con “autonomía”20, entre otros aspectos.

Calculado inicialmente para 15 planteles educativos de 80 municipios del departamento, el proyecto quedó de invertir 80.000 millones de pesos, la mitad de los cuales fueron un crédito con el Banco Mundial y la otra mitad, cofinanciación departamento-municipios21 según la “categoría socioeducativa” a los “colegios” rurales y urbanos les correspondería una inversión entre 18 y 78 millones de pesos. Para la ejecución del proyecto se estipuló la contratación y “alianzas estratégicas”, preferiblemente con las ONG‘s y la empresa privada (parte, dicen, de la “sociedad civil”). Se llamaba, en fin, a que los resultados de dicho proyecto fueran difundidos a nivel nacional e internacional. Pues sí; hoy vemos, por ejemplo, que el uribismo ha venido copando el negocio de la intermediación en la salud, pero también en la educación y demás “servicios públicos” que los “clientes” tenemos que pagar.

Entre los criterios de selección, el proyecto de Seduca había incluido: cumplimiento de la jornada única diurna, las 10 horas de lúdica, la presentación del SABE 1996 y 1997, la apertura de cuenta bancaria para el manejo del Fondo de Servicios docentes, la elección democrática del gobierno escolar y la existencia de subproyectos ejecutados con otros recursos (gestionados con otras instituciones). Como podrá verse, según estos criterios, la administración departamental buscaba estimular planteles que hubiesen desarrollado elementos esenciales de las políticas educativas del Estado.

En fin, queda claro que para los grandes empresarios y para el MEN, la calidad también está referida al abaratamiento de la fuerza de trabajo, la del maestro. Éste es, también, el punto de vista del modelo de desarrollo económico en curso, ligado a la “apertura económica”, la “globalización” (y ahora al TLC) y, en fin, a la mayor explotación de los trabajadores. Aquí se inscriben programas como el de “Ampliación de cobertura”, mediante el cual se ha racionalizado la planta de personal y se han entregado a las ONG`s “sin ánimo de lucro” contratos mediante los cuales se subcontratan educadores temporales, sin estabilidad y mal pagos. Este concepto oficial y empresarial de la calidad de la educación se liga, pues, a la rentabilidad, a la flexibilidad de la mano de obra, a la simple reproducción del “statu quo”.

Notorias son las irregularidades y abusos cometidos en contra de docentes y “usuarios” del “servicio” educativo, en la ejecución del programa de Ampliación de Cobertura. Muchos de los intermediarios de este negocio simplemente son accionistas o dueños de empresas de transporte, supermercados o similares, que también invierten capital en la prestación del servicio educativo. La intermediación no exige dominio de la pedagogía: requiere simplemente astucia en la subcontratación y buenas “migas” con los gobernantes de turno y sus directorios políticos. Esto ha sido lo predominante en esta sociedad de gamonales, clientelistas e inescrupulosos para traficar en el mercado de la educación.

Pruebas al canto: Informes de entes de control en Itagüí, Bello, Medellín y demás lugares del departamento y del país dan cuenta de severas irregularidades que han sido constantes en la última década, cuando se ha estado desmontando paulatinamente la Educación Pública oficial para viabilizar el reinado de lo privado también en el fundamental “servicio” de la educación. Veamos algunas de las anomalías en el desarrollo del programa y en la cacería de rentas extraordinarias:



  • En Cali, los intermediarios cobraron recientemente por miles de matrículas ficticias, lo cual originó una grave crisis no sólo de la Secretaría de Educación, sino de todo el gabinete municipal.

  • En Itagüí, la Corporación Ferrini usurpó en el 2005 la mejor planta física (con todos sus laboratorios y dotación), la correspondiente a la Institución Educativa “Diego Echavarría Misas” ubicada en el corazón de este municipio del sur del área metropolitana.

  • En Bello, ya las Contralorías Municipal y General de la República han evidenciado serias irregularidades, la mayoría de las cuales siendo también comunes donde quiera que se ha aplicado este nefasto programa experimentado en Antioquia y generalizado hoy a nivel nacional por el uribismo y su “Revolución educativa”. Leamos estos tres casos:

  • A septiembre de 2004, la Corporación Educativa y Juvenil de Colombia “FUNEJCOL” presenta una utilidad operacional del 67,01%, equivalente a $ 705.705.974” (Pág. 59 del informe de Contraloría Municipal de Bello, correspondiente al año 2004)

  • Al evaluar el convenio N. 14 de 2004, suscrito entre el municipio y la Corporación Educativa FERRINI para la prestación del servicio educativo en el programa de ampliación de cobertura, se encontró que se pagaron por parte del municipio $ 7,7 millones por 185 alumnos retirados durante el transcurso del periodo académico. Lo anterior se debe a la deficiencia de la Interventoría que debe ejercer la Secretaría de Educación Municipal, generando pagos indebidos e incumpliendo presuntamente con la cláusula 4ta parágrafo, del convenio, el artículo 53 de la ley 80 de 1993 y del articulo 3 del decreto 1528 que establece que se paga por alumno atendido. Es un hallazgo con connotación fiscal” (Pág. 18 del Informe de la Contraloría General de la República, de Diciembre de 2005).

  • El municipio celebró el convenio 05 de 2004, para ampliación de cobertura con la Corporación Eatgea, para impartir educación en los ciclos básica primaria y media, la cual lo cedió a la Corporación Pecas que no cumplía los requisitos, al no acreditar la experiencia de tres años, en los ciclos a impartir, por cuanto al momento de la cesión sólo contaba con un jardín infantil para prestar los servicios; por lo cual, el 2 de Febrero de 2004, mediante Resolución 006 del municipio de Bello, le cambia el nombre por Institución Educativa Esperanza, Amor y Paz, ampliando los ciclos pedagógicos. Lo anterior denota deficiencias en la gestión administrativa con el riesgo que el objeto contratado no se cumpla o que se afecte la calidad de la educación, incumpliendo presuntamente el artículo 5 numeral b del decreto 1528 del 2002” (Pág. 17 del Informe de la Contraloría General de la República, de Diciembre de 2005).

A propósito, esta Institución Educativa, recordémoslo, en una de las cláusulas del contrato advierte a los maestros que si ascienden en el escalafón, podrán ser despedidos.


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