Material digitalizado con fines de docencia e investigación. Distribución sin fines de lucro



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Material digitalizado con fines de docencia e investigación.

Distribución sin fines de lucro.


Referencia Nº: 00-68491






Índice

Primera parte

I. Introducción

II. Breve reseña de las etapas históricas. La consideración de la responsabilidad penal de las personas menores de edad

III. Los/as niños/as y adolescentes y la responsabilidad penal

IV. Herramientas de la investigación

Segunda parte

V. Análisis de las etapas del proceso judicial uruguayo vigente por infracciones a la ley penal de personas menores de edad

1. Datos generales obtenidos en los registros de sentencias correspondientes al año 2002, de los tres juzgados de menores que funcionan en Montevideo

1.1. Total de sentencias dictadas por los tres Juzgados durante el año 2002

1.2. Distribución global de los casos según edades.

1.3. Distribución de los casos según sexo

1.4. Distribución de los casos según delito (tentativa y delitos consumados)

1.5. Barrios de extracción de los adolescentes sometidos a proceso

1.6. La sentencia

1.7. La sanción impuesta a la sentencia

1.8. Aspectos temporales del proceso y de las sanciones

2. Indagatoria e inicio del proceso judicial

2.1. Marco jurídico

2.2. Antes de llegar al juzgado de menores: el ámbito policial

2.2.1. Detención de personas menores de edad

2.2.2. Duración del lugar de detención previa a la conducción al juzgado

2.2.3. La incomunicación

2.2.4. Allanamiento

2.2.5. Diligencias probatorias en sede policial

2.2.6. Informe de “anotaciones” (antecedentes de ingresos a comisaría)

2.2.7. A modo de resumen

2.2.8. Lo que no dice el parte policial

2.2.9. Algunas conclusiones

2.3. En el juzgado

2.3.1. El ingreso

2.3.2. Audiencia indagatoria

2.3.3. Actuaciones previas a la resolución judicial.

2.3.4. Resolución judicial de inicio de procedimiento

2.3.5. Algunas conclusiones

3. Medidas cautelares que se aplican durante el proceso

3.1. Normativa vigente

3.2. Datos emergentes de los expedientes analizados

3.3. Medidas no privativas de libertad

3.4. Las medidas privativas de libertad

3.5. Las condiciones del encierro en las medidas privativas de libertad con medidas de seguridad

3.6. Los adolescentes privados de libertad en establecimientos muy alejados de lugar en que residen

3.7. La comunicación con la comunidad

3.8. Los informes de situación y evaluación de cumplimiento de la medida cautelar

3.9. La vigilancia y defensa del adolescente durante la aplicación de las medidas

3.10. Extensión temporal de la medida cautelar

3.11. Algunas conclusiones

4. Autos de manifiesto etapa de prueba acusación fiscal. defensa

4.1. Autos de manifiesto

4.2. Prueba solicitada por el Ministerio Público y la Defensa

4.3. El informe de antecedentes

4.4. Acusación Fiscal

4.5. Contestación de la Defensa

4.6. Algunas conclusiones

VI. La sentencia

1. Forma y contenido de la sentencia

2. La sanción

Algunas conclusiones

Tercera parte

VII. Los niños y el proceso por infracción a la ley penal adolescente

VIII. Las condiciones del encierro

Cuarta parte

IX. Conclusiones



Prólogo

Primera parte

I. Introducción

Garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida ciudadana es el pilar fundamental del Estado de Derecho.

La Constitución de la República Oriental del Uruguay más los instrumentos internacionales de derechos humanos de la infancia, que también integran el ordenamiento jurídico nacional al haber sido ratificados por nuestro país, establecen el marco jurídico necesario para la existencia de un sistema de protección de los derechos de los/as niños/as y adolescentes. Sin embargo, aún falta mucho para que lo que ya ha sido aceptado como derecho humano pase del papel a la realidad.

La Convención de los Derechos del Niño parte de la concepción de los/as niños/as y adolescentes como sujetos de derecho, y desde allí construye un nuevo estatuto jurídico para la infancia, que impacta tanto en la normativa nacional como en las prácticas cotidianas de quienes están a cargo de su aplicación.

En nuestro país, la ausencia de un código de niñez adecuado a la doctrina de la protección integral contenida en la mencionada Convención, verdadero tratado de derechos humanos, deja en evidencia el desajuste entre el nuevo paradigma y el verdadero estado de aplicación de los derechos en la vida diaria de los niños y adolescentes confrontados al sistema judicial.

Como expresa Thomas Kuhn, se generan tensiones entre paradigmas reinantes y paradigmas emergentes,1 a las que se responde a través de “ajustes” dentro de la teoría vigente, con lo que el nuevo modelo permanece teñido de la influencia de los anteriores. Así, en el ámbito del derecho penal adolescente, como sostiene Carlos Uriarte,2 “estamos transitando una situación híbrida, a medio camino entre la situación irregular y el garantismo penal”.

Se trata de un paso fundamental en el proceso de construcción de la ciudadanía de los niños/as y adolescentes. Afirma Emilio García Méndez: “El tratamiento de la cuestión del adolescente infractor constituye uno de los termómetros más sensibles para medir la cantidad y calidad de la vida democrática en [un] país”.3

El propósito de este trabajo es determinar el lugar que se confiere a los/as niños/as y adolescentes confrontados al sistema judicial en el denominado proceso de menores regulado por el Código del Niño, investigando si esta forma de intervención estatal, en su funcionamiento cotidiano, respeta la calidad de sujeto de derecho de quien es sometido a proceso y, por consiguiente, si se cumplen los preceptos constitucionales y legales vigentes que garantizan el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

El ser sujetos de derecho significa para los niños, niñas y adolescentes, ser titulares de los mismos derechos de que gozan todas las personas, más un extra de “derechos específicos” motivados por su condición de ser personas que están creciendo.

El Estado democrático de Derecho pone a disposición de los juristas y de todos los operadores del derecho los mecanismos para la implementación de las políticas compatibles con el respeto por el principio de la dignidad de la persona humana.

Nuestra intención es contribuir al logro de un tratamiento justo a dispensar a niños, niñas y adolescentes, en la convicción de que “un sistema de responsabilidad penal garantista es, por definición, pedagógico, porque implica el aprendizaje de reglas del juego democráticas del debido proceso, del ejercicio de la civilidad y del respeto de todos los derechos humanos para todos los actores que intervienen en el proceso judicial”.4

II. Breve reseña de las etapas históricas en la consideración de la responsabilidad penal de las personas menores de edad

Siguiendo a Emilio García Méndez,5 la percepción y el tratamiento de la responsabilidad penal de los menores ha transitado por tres grandes etapas:



1. Etapa de carácter penal indiferenciado, en la que las personas menores de siete años de edad eran equiparadas en sus actos a los animales, y a partir de dicha edad recibían prácticamente el mismo tratamiento que los adultos. El castigo por sus conductas violatorias de la ley penal se diferenciaba únicamente en la duración de la pena, que se disminuía en un tercio.

2. Etapa de carácter tutelar. Se originó en los Estados Unidos de América a fines del siglo XIX, liderada por el Movimiento de los Reformadores, como respuesta a una profunda indignación moral por las condiciones carcelarias y de promiscuidad de los niños y adolescentes, que se alojaban en las mismas instalaciones que los adultos.

La nueva normativa se inspiró “en el positivismo criminológico”, que comprendía a la pena como “la respuesta científica a una ‘anormalidad’ del delincuente (biológica y social) y concebía el procedimiento como una investigación de la misma naturaleza, con el objeto de producir la respuesta adecuada”.6

Como forma de lucha contra la promiscuidad, se dispuso en la ley que las personas menores de edad estuvieran separadas de los adultos, considerándolas “incapaces” y, por tanto, “objeto de tutela-compasión-represión”.

Desde esta concepción se construyó el paradigma de la situación irregular, en la que el niño, la niña o el/la adolescente eran considerados un objeto de tutela. El juez actuaba discrecionalmente (“como buen padre de familia” que concentraba simultáneamente la función de juez, padre, acusador, decisor y protector) ante conductas denominadas antisociales (no necesariamente antijurídicas). El procedimiento era inquisitivo, no reglado; las decisiones judiciales no eran fundadas. La privación de libertad indeterminada en el tiempo era la regla, bajo el nombre de internación.7



3. La tercera etapa surge como consecuencia de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, inspiradora de la concepción de la doctrina de la protección integral, que concibe a los/as niños/as y adolescentes como sujetos de derechos y, por tanto, progresivamente responsables por sus actos, en la medida de su crecimiento y madurez. La discrecionalidad bondadosa, las prácticas “tutelares y compasivas” y también las “autoritarias y criminalizadoras de la pobreza” comienzan a ser desplazadas por la “justicia garantista”.8

Esta concepción implica el reconocimiento de niños/as y adolescentes como sujetos de derechos y, en consecuencia, como titulares del derecho al debido proceso, en todas las actuaciones públicas. Se contempla la posibilidad de que a partir de determinada edad sean juzgados y responsabilizados por sus actos, con las garantías del derecho penal, pero siempre atendiendo a sus características específicas, como personas en etapa de crecimiento.



III. Los/as niños/as y adolescentes y la responsabilidad penal


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