Marco de gestión social


Los Grupos Étnicos en Colombia



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Los Grupos Étnicos en Colombia


De acuerdo con los datos del Censo 2005, aportados, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, en Colombia habita una población de 1.378.884 indígenas, los que constituyen el 3.3% del total nacional. De la población indígena, 1.081.399 (el 78.4%) habitan en el área rural y 297.485 (el 21.6%) se encuentran en áreas urbanas; adicionalmente, del total indígena el 50.4% son hombres y el 49.6% son mujeres.

      1. Generalidades

Dentro del contexto de diversidad étnica de Colombia, en la actualidad se tiene información de la existencia de 84 grupos étnicos indígenas. Estos grupos se encuentran esparcidos en las diferentes regiones geográficas del territorio nacional, con presencia en todos los departamentos y en el Distrito Capital, aunque los territorios de los grupos étnicos se encuentran claramente localizados en 25 de estas entidades territoriales.


Las etnias indígenas que habitan el País son representativas de una amplia diversidad humana y social, la cual está dada por elementos socioculturales que se constituyen en referentes de identidad y de adscripción o pertenencia al interior de cada uno de los grupos indígenas y de diferenciación en relación con los demás grupos indígenas, con otros grupos étnicos, como son los afrocolombianos y los gitanos, y con el conjunto de la sociedad nacional.
Dichos elementos identitarios y de diferenciación se derivan de características culturales particulares, sobre los cuales existe una amplia literatura etnográfica y etnológica. Al respecto, entre estos aspectos culturales se encuentran: i) cosmovisiones particulares: que determinan múltiples explicaciones del origen y constitución del mundo y de los seres que lo habitan, de las relaciones entre estos, del orden y las trasgresiones, etc.; ii) variedad de manifestaciones lingüísticas: se identifican 64 lenguas diferentes, de las cuales 56 pertenecen a 14 familias lingüísticas y 8 son clasificadas como independientes; iii) múltiples formas de organización social: fundamentadas en estructuras y relaciones de parentesco específicas, que se soportan en el tipo de segmentos sociales que integran el grupo, en las prescripciones con respecto al tipo de alianza, residencia, descendencia, filiación, etc.; iv) formas de organización política diferenciada: generalmente dada por la existencia de estructuras de poder que son aceptadas y acatadas por el conjunto de la población del grupo, las cuales generalmente están regidas por autoridades tradicionales de carácter ancestral y/o por los cabildos que se han convertido en una forma aceptada de control y regulación de relaciones, en ámbitos sociales, económicos y políticos; v) relaciones económicas diferenciadas de la dinámica general de la economía nacional: predominan los procesos productivos en pequeña escala, fundamentalmente dirigidos a la autosubsistencia familiar y grupal, en este último caso, con mecanismos de distribución mediados por relaciones de intercambio y solidaridad entre los que sobresale la reciprocidad.

      1. Indígenas y Afrodescendientes en la Ciudad


Es cada vez más grande el número de indígenas que se trasladan a las ciudades ya sea en busca de oportunidades de comercio, estudio, o por razón de la guerra. Los procesos de migración de los indígenas en general se presenta de manera individual y por familias, aunque se han presentado fenómenos de migración como el de los ingas del Alto Putumayo que iniciaron procesos de mercadeo de su medicina y yerbas naturales y establecieron un grupo importante que reproduce de manera adaptada usos y costumbres, lo cual les permite mantener y afianzar su sentido de miembros de un pueblo distinto. Ellos han fortalecido la educación bilingüe, las autoridades reconocidas con competencia jurisdiccional hacen justicia, y mantienen vínculos afectivos, sociales, culturales y políticos con sus comunidades de origen, pero también han sido anfitriones de otros individuos y grupos recientemente llegados a la capital.
Los indígenas en las ciudades se relacionan entre sí, y como indígenas pertenecientes a diversos pueblos han configurado cabildos multiculturales y pluriétnicos y multilingüísticos. Unidos por el sentido de ser pueblos distintos, amplían la solidaridad de grupo, intercambian visiones del mundo y también establecen matrimonios mixtos.
Pese a que son una minoría, han logrado una presencia respetada particularmente por la creciente participación de indígenas en el Senado y la Cámara, en cargos públicos y de gobierno, y a una mayor difusión de lo étnico cultural indígena en los medios de comunicación y en la cotidianidad de los no indígenas en las ciudades.
Los indígenas realizan trámites, participan en organismos e instituciones, tienen sedes organizativas que son además de puntos de encuentro y lugares donde proyectan asuntos, realizan tareas para conectarse con los nacionales y con diferentes comunidades internacionales. Existen grupos identificados en Bogotá, Medellín, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Montería, Villavicencio, Popayán, Cali, Pasto, donde sus condiciones de vida son muy limitadas.
En las ciudades empieza a ser importante, generar sentido de diversidad étnica, por ejemplo en Bogotá la Secretaria de Educación y el Departamento Administrativo de Bienestar del Distrito plantean la necesidad de preparar a los ciudadanos en valores multiculturales y adecuarse institucionalmente para ofrecer una educación especializada a los migrantes indígenas, estudiantes, trabajadores y funcionarios, hasta hoy se empiezan a examinar estas necesidades y a configurar programas27. En todas estas situaciones de migración a la ciudad, los niños y jóvenes indígenas se ven privados del acceso a la educación. Por tanto, comienzan a surgir propuestas alternativas de educación indígena urbana, como la inga en Bogotá, que es pionera en Colombia.
El Cabildo Inga de Bogotá tiene un jardín infantil y una propuesta bilingüe para atender a los niños y niñas ingas. Todo esto es producto de una reafirmación cultural y étnica que comenzó de otra manera, o sea, como mecanismo de supervivencia en la ciudad. Los indígenas se ocultan al emigrar a zonas urbanas; buscan no ser reconocidos como hablantes de otras lenguas, no utilizan la vestimenta propia y no viven la cultura para poder adaptarse a la nueva realidad. Sin embargo, a medida que se van adaptando van encontrando la necesidad de adecuar su cultura al modo de vida cotidiano, en lo que es posible, de modo que fortalecen usos y costumbres que pueden sobrevivir en un espacio distinto. Se utilizan las lenguas propias, las bebidas y alimentos, se activan celebraciones rituales y se fortalece la solidaridad y la ayuda mutua para proyectar un futuro como grupo distinto.
En relación con las comunidades afrodescendientes han migrado a las ciudades por las mismas razones que los indígenas y son comunidades que han sido afectadas altamente por el desplazamiento generado por el conflicto interno del país. Sus aspectos culturales están más ligados a costumbres y su adaptación a la vida urbana es más notoria. La población afrodescendiente en las cinco ciudades más grandes del país es significativa; tal es el caso de Barranquilla con el 13% de la población (146.052 habitantes) que se consideran afrodescendientes; en Cali el 26,1 % (542.039 habitantes), en Medellín se identificó una población afro que representa el 6,9% de la población total del municipio.
Las ciudades con menos población indígenas son Bogota y Bucaramanga con el 1,4% y el 2,9% respectivamente. Finalmente, se resaltan los municipios de Quibdó, Buenaventura y Tumaco donde sus áreas urbanas y rurales tienen porcentajes del 91,6%; 83,6% y 80,1% de población afrodescendientes.28


Cuadro No 11 Hogares Según Tipología de Familia

Ciudad

Población Afrodescendientes

Total población

% de Afro

Bogotá

96.523

6.778.691

1,4

Barranquilla

143.644

1.112.889

12,9

Cali

542.039

2.075.380

26,1

Medellín

137.715

2.219.861

6,2

Bucaramanga

14.619

509.918

2,9

Pereira

24.373

428.397

5,7

Manizales

3.308

368.433

0,9

Fuente: Censo 2005 - DANE
La población afrocolombiana en las ciudades se ha establecido de dos maneras diferentes. La primera correspondiente al 90%; son familias que se integran y acostumbran a la vida urbana, muchas de ellas han vivido y nacido en las ciudades, olvidando aspectos culturales de su identidad; el otro 10% son familias de más alta vulnerabilidad que se les dificulta la inserción en las metrópolis y se conforman en grupos familiares donde se dan solidaridad y apoyo, manteniendo con más fuerza algunos aspectos de su identidad.

    1. Problemáticas Sociales

La realización de un programa de la dimensión de los macroproyectos urbanos requiere tener en cuenta las múltiples problemáticas sociales a las que se enfrenta y como estas podrán agudizarse o ser atendidas por el programa. La violencia y conflicto armado que vive Colombia con su fenómeno de desplazamiento, unido a los problemas sociales que genera la urbe como inseguridad, conflicto entre vecinos y pandillas son aspectos que merecen atención.



      1. Violencia y Conflicto Armado

Existen múltiples factores interrelacionados que explican el fenómeno de la violencia o conflicto armado que vive el país, este fenómeno inciden en la forma en que éste se manifiesta, perdura y se agrava. Como primera medida, los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley (GAML) y el Estado, y en no pocas ocasiones entre ellos mismos, se dan en circunstancias que convierten a la población civil en víctima directa. En segundo lugar, el tráfico ilegal de drogas y las actividades criminales relacionadas (comercio ilícito de armas, lavado de activos, secuestro y extorsión, entre otros) le agregan complejidad, combustible y letalidad a la violencia.


Por último, están los problemas sociales que se revelan y tratan de resolverse de manera violenta, ante la ausencia, debilidad e incapacidad del Estado para arbitrar los conflictos, tramitar las demandas y solucionar las dificultades.
La situación de violencia en Colombia se agravó a partir de la década de los ochenta, debido a que los recursos y los intereses del narcotráfico se involucraron de manera creciente en las agendas de los GAML. Se puede afirmar que es a partir de ese momento cuando se da la génesis del más reciente estadio de alteración del orden público interno que afronta Colombia, una amenaza de los grupos armados en auge que, en los años previos a 2002, tuvo un significativo incremento por la fortaleza de una infraestructura económica fincada, primordialmente, en el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
En el crecimiento de las organizaciones armadas al margen de la ley desde 1990. Es destacable la disminución presentada en 2003-2004, período en el cual el número de hombres en las filas de GAML cayó en 21,5%.
Por otro lado, y aunque el fenómeno del homicidio en Colombia no puede circunscribirse de manera exclusiva a la dinámica de la violencia armada, no puede desconocerse la injerencia de ésta en una mayor letalidad en la resolución de las diferencias.
El conflicto armado unido al narcotráfico no se circunscribe en las zonas rurales ha llegado a permear los barrios periféricos de las principales ciudades de país, Las milicias urbanas, el sicariato y pandillas se han presentado en Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín con una gran influencia en esta última.
Para los macroproyectos urbanos, donde se concentrará un alto número de población, la institucionalidad y la gobernabilidad son importantes para detener acciones, en este sentido se deberá estudiar la situación de violencia en las áreas de construcción de los macroproyectos y tomar acciones directas para su control.

      1. Desplazamiento de Población

En los últimos 14 años, de acuerdo con las cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el total de desplazados entre 1993 y junio de 2008 asciende a 2.649.139 personas. No obstante, estas cifras difieren de las estimaciones del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos –SISDHES acumulados por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES y la Conferencia Episcopal Colombiana, que afirman que el desplazamiento ha alcanzado un total y 4,36 millones de personas, para junio de 2009 equivalente al 10.9% del total de la población colombiana reportada en el censo de 2005, que asciende a 42’888.592 personas29.


El mapa del desplazamiento forzado cubre hoy la mayor parte del territorio nacional. Según cifras de este mismo informe para junio de 2009 los departamentos con mayor índice de recepción fueron Antioquia con 14.6%, Bogotá con 8.5%, Valle del Cauca con 6,3%, Bolívar con 6.2% y Magdalena con 5, 5 y Sucre con 5,2%. 30
Al igual que para el 2005 que de un total de 172.736 personas desplazadas, los departamentos que más población recibieron fueron Bogotá con 14,1%, Antioquia con 10.6%, Meta con un 7%, Bolívar con 6.7% y Valle del Cauca con el 5.8%. Para el 2006 de un total de población desplazada de 172.569 los departamentos con mayor índice de recepción fueron Bogotá con el 16.2%, Boyacá con un 12.6%, Antioquia con el 5.3%, Meta con un 5.2 % y Caldas con el 5%. En otras palabras, Bogotá paso de recibir 24.414 personas en el 2005 a 28.030 en el 2006, es decir un 2.1% más, convirtiéndose en el lugar del país, que recibe mayor población desplazada. Según los datos del Censo 2005 los municipios que reciben mayor población desplazada son Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cali31.


        1. Características de la Población Desplazada

Los hogares de la población desplazada son hogares grandes: 5,1 personas en promedio para los hogares desplazados inscritos en el RUPD y 4,7 personas en promedio para la población desplazada no inscrita. Tienen, entonces, en promedio, una persona más que el conjunto de los hogares colombianos (3,9 personas en promedio, según el Censo de 2005).


La tasa de jefatura femenina es más alta en los hogares de población desplazada que en el conjunto de hogares colombianos (43,8% para hogares desplazados vs. 29.9% para el total nacional, según el Censo de 2005). Y buena parte de estas mujeres ejercen solas dicha jefatura: del total de hogares de población desplazada RUPD con jefatura femenina (43,8%), 66,8% tienen como jefe una mujer sin cónyuge y 49,4% de los hogares una mujer sin cónyuge, con hijos menores de 18 años. La situación de los hogares desplazados no inscritos en el RUPD es similar: 42,3% de jefatura femenina, de los cuales 70,5% son mujeres sin cónyuge y 46% mujeres sin cónyuge y con hijos menores de 18 años. Dos problemas se conjugan aquí: una mayor vulnerabilidad, causada por la jefatura única y la presencia de hijos menores de 18 años, y una mayor carga para las mujeres.
La pirámide poblacional de la población desplazada se parece más a la que el país tenía hace más de 20 años que a la que tiene actualmente. La alta presencia de niños, niñas y adolescentes (57,6% de personas menores de 20 años para la población desplazada RUPD y 53,6% para la desplazada no RUPD) y la menor proporción de personas en edades adultas hace que la dependencia demográfica y económica sea mayor. Esta situación se agrava con la alta tasa de embarazos (4,7% de las mujeres entre 12 y 50 años se encontraban embarazadas en el momento de la II ENV-2008), ya que sigue presionando la ampliación de la base de la pirámide.

        1. Desplazamiento de Grupos Étnicos

La presencia porcentual de grupo étnicos entre la población desplazada es mayor que la censada a nivel nacional, lo que corroboraría que estas poblaciones han sufrido en gran medida el rigor del desplazamiento forzado. En efecto, de acuerdo con la II ENV-2008, un 23,6% de la población desplazada se declara perteneciente a un grupo étnico (16% se declara afrocolombiana frente a un promedio del 7,2% a nivel nacional, según el Censo de 2005, y 6,5% indígenas, frente a un promedio del 3,4% a nivel nacional). A la vulnerabilidad del desplazamiento y de sus condiciones socioeconómicas actuales, se suma, para esta población, la vulnerabilidad ocasionada por la discriminación histórica.


Finalmente, el otro factor de vulnerabilidad identificado tiene que ver con la educación: altas tasas de analfabetismo de la población desplazada de 15 años y más de edad y particularmente de los jefes de hogar (del 19,7%) para la población desplazada inscrita en el RUPD, se conjugan con bajos niveles de educación promedio (los jefes de hogar alcanzan algo más de 4 años de educación promedio, es decir, 5 años menos que la educación obligatoria prevista en las normas constitucionales).
Por lo anterior, es claro que la población desplazada sufre una acumulación de factores socio-demográficos adversos que incrementan la vulnerabilidad propia de su condición al punto de enfrentar una situación de verdadera crisis humanitaria. Si no se tienen en cuenta estos factores y se propicia su superación, no se podrá lograr que el goce efectivo de los derechos pueda llegar a ser una realidad para la población desplazada en el país.

        1. Problemática de la Población Desplazada a Nivel de Vivienda

El análisis de la vivienda en la población desplazada se orienta ha determinar si actualmente viven en propiedad o en arriendo y qué condiciones presenta la vivienda en relación con los legalidad de esta y sus condiciones de habitabilidad .


Con referencia al tipo de tenencia de las viviendas por parte de la población desplazada se observa que un 34,6% 32de los hogares de la población inscrita en el RUPD afirma habitar su vivienda en condición de propietario ver siguiente grafica. Es importante mencionar que de aquéllos que afirman vivir en condición de propietarios, el 58,6% aduce haber pagado totalmente la vivienda pero no cuenta con escritura o ésta no ha sido registrada.
Respecto a los hogares de la población desplazada el Registro Único de Población Desplazada – RUPD- registra que, un 34% afirma habitar su vivienda en condición de propietario. De aquéllos que argumentan ser propietarios, el 59,7% no cuenta con escritura o no está registrada.

Grafica No 2 Tipo de tenencia de la vivienda



Fuente: Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada, julio de 2008. Comisión de Seguimiento y CID–UN. Pag 121
Del total de las formas de tenencia se destaca que tanto para los hogares de la población desplazada no inscrita en el RUPD como para aquéllos que sí lo están, la forma más empleada es el arriendo con contrato verbal, siendo un poco más alto para aquéllos que se encuentran registrados en el RUPD (37% vs. 35,4%).33
Una de las primeras conclusiones a las que se puede llegar es que cerca del 71% de los hogares de la población desplazada inscrita en el RUPD habitan la vivienda en forma legal, ya sea propia o en arriendo. Un 23,7% habita principalmente en hospedaje ofrecido por un familiar o amigo y en ocupación de hecho.
La Ley 387 de 1997 en donde se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados, contempla en particular, programas relacionados con vivienda rural y urbana. Así mismo establece que se desarrollen programas especiales de vivienda para atender las necesidades de la población desplazada.
En cumplimiento de esta norma y para atender la gran demanda de ayuda estatal de la población desplazada se adaptaron y flexibilizaron los programas de vivienda existentes para la población pobre, eliminando requisitos y flexibilizando los procedimientos. El parágrafo del Artículo 18 de la Ley 387 establecía que “el desplazado cooperará en el mejoramiento, restablecimiento, consolidación y estabilización de su situación” lo cual es compatible con el esquema de corresponsabilidad establecido en los programas de vivienda.
La política nacional de vivienda para la población desplazada está concentrada en el otorgamiento de subsidios (parciales) de vivienda familiar. Dicha política está regulada por el Decreto 951 de 2001, en donde se establece un monto hasta de 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) para la adquisición de vivienda de interés social (VIS) nueva o vivienda usada, dependiendo de si la propiedad está ubicada en zona urbana o rural. Sumado a ello, se cuenta con subsidios para mejoramiento de vivienda propia, los cuales fluctúan entre 12 y 15 SMLMV. Para poder acceder a los subsidios de vivienda nueva se requiere que se den una serie de circunstancias como son la apertura de convocatorias de subsidios, la existencia de un proyecto de vivienda, la disponibilidad de recursos territoriales y la complementariedad de recursos por parte del hogar.




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