Marco de gestión social


Matriz Resumen del Marco social para los Macroproyectos Urbanos



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Matriz Resumen del Marco social para los Macroproyectos Urbanos


El marco de evaluación social actúa de manera complementaria al decreto 4260 de 2007 los instrumentos metodológicos desarrollados permiten dar lineamientos para elaborar la información y estudios que se solicitan en la norma. Igualmente estas metodologías responden a los marco de política establecidos por el BM. La siguiente matriz resume el momento y el instrumento a ser aplicado en los proyectos a ser financiados por el BM.



INSTRUMENTO

MOMENTO A APLICARSE

RESPONSABLE

Evaluación social Fase uno Documento preliminar

En la Formulación y presentación de la iniciativa al MAVDT

Municipio y/o proponente del macroproyecto

Aplicación del instrumento de evaluación de la tierra y de presencia de Comunidades étnicas

En la Formulación, adjuntando la documentación soporte solicitada en el decreto

Municipio y/o proponente del macroproyecto evaluado por el MAVDT

Evaluación Social – fase dos- Actualización de la - Plan de manejo

Una vez este el anuncio del proyecto y haya constituido el estructurador

El estructurador deberá realizar los estudios de profundización, evaluación y plan de manejo

Marco de Reasentamiento

Una vez este el anuncio del proyecto y haya constituido el estructurador

El estructurador deberá realizar los estudios de profundización, evaluación y plan de reasentamiento

Plan de Gestión Social

En La Ejecución del proyecto

El estructurador y el constructor



  • La Supervisión es una actividad transversal que se realizará en todas las etapas de los macroproyectos y deberá ser realizada por el Grupo Técnico del MAVDT y el BM garantizando la aplicación de los instrumentos propuestos en el marco social que hace parte del crédito.


  1. Descripción del Proyecto Macroproyectos urbanos




    1. Contexto General

El sector de la vivienda en Colombia se caracteriza por grandes déficits cuantitativos y cualitativos y la limitada capacidad para satisfacer la demanda residual y las nuevas soluciones de vivienda. Basándose en los resultados del censo de 2005, el déficit global ascendía, para ese año a 3,8 millones de hogares de los cuales 2,2 millones se localizan en zonas urbanas – y representan aproximadamente el 27% de los hogares urbanos en el país. Se estima que 1,0 millones de estos hogares se encuentran en déficit cuantitativo, mientras que el restante 1,2 millones de hogares experimentan un déficit cualitativo de vivienda relacionado con estructuras deficientes y el acceso inadecuado a los servicios básicos.


El 21% de este déficit se concentra en las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Pereira2- . La producción anual de viviendas en estas urbes ha crecido de manera constante en los últimos años pero está lejos de alcanzar a cubrir la nueva demanda anual generada por los cambios demográficos y la formación de nuevas familias.
Las políticas implementadas para responder al déficit de vivienda se han ido modificando hacia la generación de recursos de subsidios para que las familias accedan a la VIS, para lo cual, en 1991 el gobierno colombiano creó el Instituto de Vivienda y Reforma Urbana (INURBE) que debía tener a su cargo la administración de los subsidios para la vivienda urbana, esencialmente para hogares con ingresos comprendidos entre cero y dos salarios mínimos.
A partir de la Ley 3ª de 1991, el Gobierno nacional circunscribió su acción a la entrega del subsidio a familias seleccionadas por sus características socioeconómicas o de vulnerabilidad y la declaración de elegibilidad de los proyectos (privados o públicos (municipales, distritales o departamentales) a los cuales los adjudicatarios de subsidio pueden acceder por su propia liberalidad.
El subsidio cubría sólo una parte del valor de la vivienda, por lo cual las familias deberían al mismo tiempo obtener un crédito complementario en una entidad financiera, la cual tradicionalmente no habían atendido a este sector de la población. A su vez, la oferta de vivienda tuvo modificaciones, en la medida en que el nivel nacional se retiró de la producción de vivienda, y en los municipios recayó la responsabilidad de habilitar el suelo y, eventualmente, producir directamente las viviendas sociales. De manera que la implantación del nuevo esquema del SFV supuso:


  • Involucrar al sector privado constructor que hasta entonces sólo se había ocupado esporádicamente de la producción de vivienda social, generalmente como contratista del ICT o de alguna entidad pública municipal o regional.

  • Complementar el subsidio con crédito para que las familias adjudicatarias pudieran acceder a las viviendas terminadas, lo cual involucró también a las entidades de crédito hipotecario, que sólo excepcionalmente habían considerado a los sectores populares como sujetos de crédito.

  • Involucrar al municipio, que había participado sólo marginalmente, como actor principal para el desarrollo de los programas a través de la habilitación de suelo, el impulso directo a los programas y la definición de normas que los promovieran3.

La implantación de este esquema presentó dificultades, tanto para el manejo del subsidio propiamente dicho, como para el desempeño de los otros actores: los municipios sin experiencia en la producción de vivienda y los privados acostumbrados a un grupo de población con capacidades económicas y con otras reglas. Algunos de estos problemas se han ido superando a lo largo de estos 17 años de vigencia del programa, otros como la habilitación de suelo, continúan sin resolverse.


En la aplicación de estas políticas el Gobierno Colombiano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el 29 de enero de 2004, un contrato de préstamo, el cual buscó apoyar los esfuerzos del Gobierno por mejorar la provisión de vivienda social en áreas urbanas. El monto del préstamo fue de US$ 150.000.000, con una contrapartida local de US$ 125.000.000 y sus objetivos fueron: (i) consolidar y financiar el nuevo sistema de gestión de subsidios para vivienda social urbana; (ii) ordenar y fortalecer el marco institucional e intergubernamental del sector, y (iii) apoyar el desarrollo de áreas estratégicas del sector.
Resultado de este proceso fue la estructuración del sistema de información del Subsidio Familiar de Vivienda y el Sistema Nacional de Información de Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual da información a nivel nacional de quienes han recibido los subsidios, permitiendo que todas las instituciones obtengan dicha información.
Complementario a los programas de subsidio fomentados por el Estado, las cajas de compensación y las organizaciones no gubernamentales de vivienda como, Asociación de vivienda Popular, -AVP4- y otras de origen privado han contribuido en atender esta demanda de vivienda en dos aspectos: construcción y mejoramiento de vivienda5,
De los resultados de estas políticas es importante destacar aspectos positivos como; i) ser un factor dinamizador en la producción de vivienda nueva. ii) Incentivar organizaciones de vivienda popular OPV y iii) En cuanto a la focalización de los subsidios el INURBE concentró el 73% del monto de sus subsidios habitacionales en familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos legales. Por su parte, las cajas de compensación familiar han destinado el 42% del monto de sus subsidios a hogares con esos ingresos, y el 58% de ese monto a hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos legales.

A principios del 2003 el nuevo Gobierno emprendió un plan de reforma institucional y reestructuración del sector de la vivienda que incluyó la liquidación del INURBE6. El Gobierno creó el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (VMVDT) en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) le confió la función de formular y coordinar políticas, planes y programas integrales para la gestión de tierras y viviendas; dentro de los cuales, se establece el Programa de Macroproyectos Urbanos, propuesto y liderado por este Viceministerio.


Este programa garantizará la actuación integral del Estado conjuntamente con la participación del sector privado, para la generación de suelo para Vivienda de Interés Social y Prioritario -VIS- y –VIP- y la construcción e incorporación de equipamientos e infraestructura de escala regional o nacional en el ordenamiento territorial” 7 de estas ciudades. Para este efecto, el PND – dentro de la Ley 1151 de 2007 de Plan de Desarrollo, estableció esta acción como un objetivo a cumplir8.
Además, El programa propuesto se concentrará en gran medida en la resolución de la restricción “del lado de la oferta” alentando un funcionamiento más eficiente de los mercados de tierras y vivienda, dado que existe un importante número de subsidios a la demanda que cada año quedan sin ser utilizados debido a que se conjuga una limitada oferta de unidades de vivienda de interés social y las restricciones para acceder al financiamiento hipotecario.
Dentro de este contexto el Banco Mundial identifica una oportunidad de apoyo al programa de Macroproyectos; financiando un tipo de proyectos específicos que se desarrollaran bajo una estructura Pública-Privada. De tal forma que los objetivos a cumplir serian bajo esta modalidad de proyecto serian los siguientes:

El objetivo principal del proyecto es facilitar el acceso a la vivienda de 40,000 hogares de escasos recursos a través de un modelo mixto (público – privado) para la urbanización del suelo y el desarrollo de viviendas de interés social.



 

El proyecto financiara directamente 10,000 subsidios a la oferta para la gestión del suelo, la urbanización y construcción de infraestructura secundaria asociados a sub-proyectos de mediano tamaño de usos mixtos, principalmente vivienda. A través de estos subsidios, el proyecto apalancara el acceso a la vivienda de aproximadamente 40,000 hogares. El proyecto desarrollara e implementara un esquema público – privado  de carácter innovador para la gestión del suelo y el desarrollo de viviendas de interés social que transfiere el riesgo comercial de los sub-proyectos a los desarrolladores urbanos y constructores de vivienda mientras maximiza el impacto de los recursos limitados del Gobierno Nacional para subsidios de vivienda. “



 



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