Última reforma publicada en la gaceta oficial: 22 de febrero de 2018


(ADICIONADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O. 22 DE FEBRERO DE 2018)



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(ADICIONADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O. 22 DE FEBRERO DE 2018)

En el caso de los Cuerpos de Bomberos, los Ayuntamientos podrán crear organismos públicos intermunicipales de conformidad con lo establecido en el presente artículo.


Artículo 75. Los Presidentes y miembros de los órganos de gobierno, consejos de administración, comités técnicos, o sus equivalentes, de las entidades paramunicipales, serán designados por el Ayuntamiento. Asimismo, los Directores Generales, o sus similares, de dichas entidades serán designados por el Presidente Municipal, con autorización del Ayuntamiento o por el órgano de gobierno, consejo de administración, comité técnico o sus equivalentes cuando así lo señale expresamente el acuerdo de su creación.

Artículo 76. Para ser Director General, o su similar, de entidad paramunicipal, se deberán reunir los requisitos siguientes:



  1. Ser vecino del municipio de que se trate;



  1. Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;



  1. Tener un modo honesto de vivir;



  1. No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo;



  1. Haber desempeñado cargos cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y



  1. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de Gobierno señalan las fracciones II, III y IV del artículo 81 de esta ley.

Artículo 77. Las entidades paramunicipales deberán informar al Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal, de los ingresos que perciban y someterán a su consideración los presupuestos respectivos. Dichas entidades, sin perjuicio de lo establecido por su normatividad interior y las leyes aplicables, para su vigilancia, control y evaluación, incorporarán órganos de control interno y contarán con los comisarios públicos que designe el Ayuntamiento.

Al efecto, el Ayuntamiento designará miembros en los Órganos de Gobierno, Consejos de Administración, Comités Técnicos, o sus equivalentes, de las entidades paramunicipales.

(ADICIONADO, TERCER PÁRRAFO, G.O. 09 DE ENERO DE 2007)

Se exceptúa lo señalado en este artículo cuando se trate de entidades paramunicipales creadas por dos o más ayuntamientos, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el instrumento de creación o en la legislatura que regula el objeto de dicha entidad. Para el ingreso y egreso de recursos, así como para su vigilancia, control y evaluación, se sujetará al Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aun cuando los ayuntamientos participantes tengan su propio Código Hacendario Municipal.

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Artículo 78. Son organismos descentralizados las entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento, previa autorización del Congreso, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea:





  1. La prestación de una función o servicio público a cargo del municipio; o



  1. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Artículo 79. En los acuerdos que se aprueben para la creación de un organismo descentralizado se establecerán, entre otros elementos:





  1. Su denominación;



  1. El domicilio legal;



  1. Su objeto, conforme a lo señalado en el artículo anterior;



  1. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como las que se determinen para su incremento;



  1. La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al Director General, así como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste;



  1. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuáles de dichas facultades son indelegables;



  1. Las atribuciones del Director General, quien tendrá la representación legal del organismo; y



  1. Sus órganos de vigilancia, así como sus respectivas atribuciones.

Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista económico o del interés público, se podrá disolver, fusionar, liquidar o extinguir, según sea el caso, siempre que se observen las mismas formalidades establecidas para su creación y se fijen los términos de su disolución, fusión, liquidación o extinción.

Artículo 80. Los organismos descentralizados serán administrados por un Órgano de Gobierno y un Director General.

El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de seis miembros propietarios y de sus respectivos suplentes. El cargo de miembro del Órgano de Gobierno será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes.

Artículo 81. No pueden ser miembros del Órgano de Gobierno:



  1. El Director General del organismo de que se trate, con excepción de aquellos casos en que así lo determinen expresamente el respectivo acuerdo de creación;



  1. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno o con el Director General;



  1. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trata; y



  1. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

(ADICIONADO, G.O. 17 FEBRERO DE 2016)

Artículo 81 Bis. En cada Ayuntamiento deberá crearse el Instituto Municipal de las Mujeres, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual deberá contar con autonomía técnica y de gestión, para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

El Ayuntamiento deberá remitir al Congreso del Estado, junto con la solicitud de aprobación de la creación del Organismo, el Reglamento que establezca los requisitos y el cumplimiento de lo establecido en los artículos 78, 79, 80 y 81 de la presente ley.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL

Artículo 82. Son empresas de participación municipal las que, además de lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones aplicables, satisfagan alguno de los requisitos siguientes:



  1. Que el Gobierno Municipal, uno o más organismos descentralizados u otras empresas de participación municipal, considerados conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios del cincuenta y uno por ciento o más del capital social;



  1. Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie especial, que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Municipal; y



  1. Que al Gobierno Municipal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, Junta Directiva u Órgano de Gobierno, así como designar al Presidente, al Director, al Gerente o que el Gobierno municipal tenga facultades para vetar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas del Consejo de Administración o de la Junta Directiva u Órgano de Gobierno equivalente.

Artículo 83. Las empresas de participación municipal deberán tener por objeto el mismo que señala el artículo 78 de esta ley.

Artículo 84. Cuando alguna empresa de participación municipal no cumpla con el objeto a que se contrae el artículo anterior o ya no resulte conveniente conservarla como entidad paramunicipal desde el punto de vista económico o del interés público, el Presidente Municipal, atendiendo la opinión de la Tesorería Municipal, propondrá al Ayuntamiento la enajenación de la participación municipal o en su caso su disolución o liquidación, en términos de lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones aplicables, siempre que se observen las mismas formalidades establecidas para su creación. La enajenación de los títulos representativos del capital de la Administración Pública Municipal, deberá realizarse a través de las operaciones que garanticen las mejores condiciones de venta para el Gobierno Municipal, de acuerdo con las disposiciones aplicables. El Ayuntamiento vigilará el debido cumplimiento de lo anterior.

Artículo 85. El Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal, ejercerá las facultades que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas de participación municipal.

Artículo 86. Los Consejos de Administración, o sus equivalentes, de las empresas de participación municipal, se integrarán conforme a lo dispuesto por esta ley y de conformidad con su normatividad interna, en lo que no se oponga a ésta.

Los integrantes de dichos consejos, o sus equivalentes, que representen la participación del Gobierno Municipal, además de aquellos a que se refiere el artículo 75 de este ordenamiento, serán designados por el Ayuntamiento. Asimismo, éstos deberán constituir en todo tiempo más de la mitad de los miembros del Consejo y serán servidores públicos de la Administración Pública Municipal o personas de reconocida calidad moral o prestigio, con experiencia respecto de las actividades propias de la empresa de que se trate.

Artículo 87. La fusión o disolución de las empresas de participación municipal se efectuará conforme a lo dispuesto en esta ley y a los lineamientos o disposiciones establecidos en la normatividad interna de la empresa y demás disposiciones aplicables.

El Ayuntamiento, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, intervendrá a fin de señalar la forma y términos en que deba efectuarse la fusión o la disolución, debiendo cuidar en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público, de los accionistas o titulares de las acciones o partes sociales y los derechos laborales de los servidores públicos de la empresa.

SECCIÓN TERCERA

DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS

Artículo 88. Son fideicomisos públicos las entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado, que se constituyan con recursos de la Administración Pública Municipal y se organicen, de acuerdo a su normatividad interior, con el propósito de auxiliar al Ayuntamiento en la realización de actividades de interés público.

Los comités técnicos y los Directores Generales de los fideicomisos públicos se ajustarán, en cuanto a su organización, funcionamiento y atribuciones, a las disposiciones que el presente capítulo establece para los Órganos de Gobierno y para los Directores Generales en cuanto sea compatible a su naturaleza.

Artículo 89. El Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, quien será el fideicomitente único del Gobierno Municipal, y en unión del Síndico, cuidará que los contratos mediante los cuales se constituyan los fideicomisos públicos contengan:



  1. Disposiciones que precisen los derechos y acciones que corresponda ejercer al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos;



  1. Las instituciones que establezca o que se deriven de derechos de fideicomisarios;



  1. Los derechos que el fideicomitente se reserve y las atribuciones que fije en su caso al Comité Técnico, el cual deberá existir obligadamente en los fideicomisos a que se refiere el artículo anterior;



  1. La facultad expresa del Ayuntamiento de revocarlos, en su caso, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los fideicomisarios, salvo que se trate de fideicomisos constituidos por mandato de la ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita;



  1. Las facultades especiales que en su caso se otorguen al Comité Técnico, indicando cuales asuntos requieren de la aprobación del mismo para el ejercicio de acciones y derechos que correspondan al fiduciario, entendiéndose que las facultades del citado cuerpo colegiado constituyen limitaciones para la institución fiduciaria;



  1. Disposiciones para la realización de actos urgentes cuya omisión pueda causar notorio perjuicio al fideicomiso, cuando no sea posible reunir al Comité Técnico, previa consulta del Tesorero Municipal al Ayuntamiento y con autorización de éste;



  1. Las estipulaciones que se deriven de la naturaleza específica del fideicomiso de que se trate y que sean necesarias para garantizar los recursos de la Administración Pública Municipal, de conformidad con lo señalado por esta ley y demás disposiciones aplicables; y



  1. La determinación de su estructura administrativa.

Artículo 90. Las instituciones fiduciarias, a través del delegado fiduciario general, dentro de los seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos deberán someter a la consideración del Ayuntamiento al que pertenezcan, los proyectos de estructura administrativa o las modificaciones que se requieran.

Artículo 91. La institución fiduciaria tendrá las obligaciones siguientes:



  1. Realizar y celebrar, por instrucción del Comité Técnico, los actos, contratos y convenios de los que resulten derechos y obligaciones para el fideicomiso;



  1. Informar al fideicomitente y al Comité Técnico acerca de la ejecución de los acuerdos;



  1. Presentar al fideicomitente y al Comité Técnico la información contable requerida para precisar la situación financiera del fideicomiso; y



  1. Cumplir con los demás requerimientos que se fijen de común acuerdo con el fideicomitente y el Comité Técnico.

TÍTULO CUARTO

DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES,

CONCESIONES, CONTRIBUCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS Y CONVENIOS

CAPITULO I

DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Artículo 92. Los Ayuntamientos administrarán el funcionamiento, conservación aprovechamiento y prestación de los servicios públicos señalados en el artículo 35, fracción XXV, de esta ley, de conformidad con sus condiciones territoriales, socioeconómicas, administrativas y financieras.

Artículo 93. La prestación de los servicios es de interés público, serán generales, continuos, regulares y uniformes. Cuando falte alguna de estas características por deficiente prestación, en caso de que estén concesionados, los Ayuntamientos estarán facultados para requisar en forma inmediata los bienes destinados a la prestación de dichos servicios, en tanto se expiden las reglas que, con base en esta ley, dicte el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, conforme a las cuales se extinga la concesión de que se trate.

Artículo 94. Las cuotas y tarifas que se deban cobrar por derechos en la prestación de los servicios públicos municipales serán aprobadas por el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso. Esta disposición se aplicará aun cuando el servicio esté concesionado.

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017)

Artículo 95. Cuando se trate del cobro de cuotas o tarifas por concepto de servicios de agua potable y alcantarillado a pensionistas y jubilados, o en su caso, a la viuda o concubina legalmente reconocida de éstos, así como a los adultos mayores de sesenta y cinco años, y personas con discapacidad física, e intelectual, o sensorial se les disminuirá el cincuenta por ciento sobre la cuota o tarifa que les corresponda, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

(REFORMADA, G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017)



  1. Que se compruebe de manera fehaciente la calidad de pensionista o, en su caso, el fallecimiento de éstos y la relación matrimonial o concubinaria legalmente reconocida; de la misma forma, los adultos mayores de sesenta y cinco años deberán acreditarse con la credencial de elector vigente y las personas con discapacidad física, intelectual, o sensorial con el documento que al efecto expida el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz;



  1. Que se encuentren al corriente en sus pagos;

  2. Que el pago se realice en forma anual o mensual; y



  1. Que se trate de la casa habitación del beneficiario.

(ADICIONDADA, G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017)



  1. Que se acredite por la Autoridad Administrativa que la persona con discapacidad, habita en el domicilio.

Por ningún motivo se extenderá este beneficio a más de un inmueble por persona y, en todo caso, corresponderá al Ayuntamiento, concesionario u organismo prestador del servicio, establecer con claridad los mecanismos o documentos con las que deban satisfacer los requisitos exigidos. Este beneficio se otorgará aún cuando el servicio sea concesionado.

CAPÍTULO II

DE LAS CONCESIONES

(REFORMADO G.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 96. El Congreso del Estado o la Diputación Permanente podrán autorizar a los Ayuntamientos para que concesionen la prestación total o parcial de los servicios públicos municipales que por su naturaleza, características o especialidad lo permitan, así como para aprovechamiento de bienes de dominio pùblico municipal.

(ADICIONADO G.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

Articulo 96 bis. Las concesiones para prestar servicios públicos municipales deberán sujetarse a las bases siguientes:





  1. La determinación del Ayuntamiento sobre la imposibilidad de prestar por sí mismo el servicio o la conveniencia de concesionarlo o la imposibilidad de que el Estado lo atienda, deberá hacerse del dominio público;



  1. Que el interesado en obtenerla formule la solicitud respectiva cubriendo los gastos que demanden los estudios correspondientes;



  1. Determinación del régimen a que deberán estar sometidas las concesiones, limitando el término de las mismas, que no excederá de quince años, así como las causas de extinción y la forma de vigilancia en la prestación del servicio. Se exceptúa de la disposición anterior la concesión del servicio público de panteones, así como cualquier otra que el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, considere pertinente bien por el interés social de la concesión o porque su otorgamiento por mayor tiempo beneficie al Ayuntamiento;



  1. Fijar las condiciones bajo las cuales se garantice la generalidad, uniformidad, continuidad y regularidad del servicio;



  1. Determinación de las condiciones y formas en que el concesionario deberá otorgar las garantías para responder de la prestación del servicio en los términos de la concesión, esta ley y demás disposiciones aplicables;



  1. Señalar el procedimiento que deberá tramitarse y los medios de impugnación que podrán interponerse, en aquellos casos en que resulten afectados los derechos de los usuarios del servicio concesionado; y

(REFORMADA, G.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2016)



  1. La aprobación del Ayuntamiento, escuchando la opinión de los Agentes, Subagentes Municipales, así como de los Jefes de Manzana y el Comisario Municipal.

(ADICIONADO G.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 96 ter. Las concesiones para usar, explotar y aprovechar bienes de dominio público municipal deberán sujetarse a las bases siguientes:





  1. No crearán derechos reales a favor de los particulares, a quienes únicamente les conferirán frente a la administración municipal, y sin perjuicio de terceros, el derecho de realizar los usos, aprovechamientos y explotaciones que se establezcan en el título de concesión;



  1. Sólo podrán ser otorgadas a favor de individuos mexicanos o de sociedades constituidas conforme a las leyes del país con cláusula de exclusión de extranjeros;



  1. Los interesados en obtener una concesión para usar, explotar y aprovechar bienes de dominio público municipal presentarán solicitud al Ayuntamiento respectivo, acompañándola de los estudios que soporten la viabilidad técnica y financiera del proyecto, así como los beneficios sociales o económicos que la concesión signifique para el municipio de que se trate y los elementos que acrediten su capacidad para explotar la concesión. Los Ayuntamientos podrán solicitar que tales estudios sean ampliados en la medida que consideren necesaria y a costa de los interesados, así como requerir a estos últimos cualquier documentación relacionada con su organización, funcionamiento, personalidad, experiencia y capacidad técnica o financiera;



  1. Los Ayuntamientos tendrán plena discreción para negar u otorgar la concesión solicitada, en este último caso, previa obtención de las autorizaciones y cumplimiento de los requisitos aplicables, pero evitarán el acaparamiento concentración de concesiones municipales en una sola persona;



  1. Antes de pedir al Congreso o a la Diputación Permanente del Estado su autorización para otorgar la concesión de que se trate, los Ayuntamientos deberán haber publicado por, cuando menos, quince días naturales consecutivos, en la tabla de avisos del municipio correspondiente, una copia de la solicitud a que se refiere la fracción III de este artículo. Durante ese plazo, los terceros que consideren que pudieran resultar afectados sus derechos podrán acudir al Ayuntamiento a manifestar lo que les convenga;



  1. Las solicitudes de autorización que sean presentadas al Congreso o la Diputación Permanente del Estado por parte de los Ayuntamientos deberán señalar, cuando menos:



  1. Los bienes del dominio público del municipio que serán materia de la concesión;




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