Lima, 10 de abril de 2017



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Lima, 10 de abril de 2017

Señores/as del Comité de Derechos Humanos

Presente.-

De nuestra mayor consideración:

En el marco de la preparación del “List of Issues” como parte del proceso de evaluación periódica del Estado peruano, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, presenta información relevante sobre los derechos humanos en el Perú en aspectos de interés relativos a la situación de derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI, niñas, adolescentes y mujeres; todo ello en el marco de la igualdad y no discriminación.

El Centro de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) es una organización no gubernamental feminista, conformada por hombres y mujeres profesionales y activistas que busca contribuir a la vigencia de la integridad y dignidad de las personas en el acceso a la salud sexual y reproductiva en un marco de garantía de los derechos humanos.

En el presente documento presentaremos información importante sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos, y la garantía del principio/derecho de igualdad y no discriminación en el Estado peruano. En ese sentido, lo señalado se abordará a partir de la evaluación de las obligaciones del Estado establecidas en los sendos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. Principio de igualdad y no discriminación, y violencia contra las personas TLGBI en el país (artículos 2 (párrafos 1, 2 y 3), 6, 7, 24, 25 y 26)

1.1 Violencia institucional contra personas LGTBI y ausencia de mecanismos especiales de prevención, investigación y sanción

Las personas LGTBI sufren agresiones, que pueden configurar tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes1 impulsados por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género2. En ese sentido, el Relator Especial sobre el tema indicó que “tanto la indiferencia como la inacción del Estado constituyen una forma de incitación y/o de autorización de tales hechos”3.

En el período 2015 - 20164, se registraron ocho (8) casos de discriminación perpetrados por policías y serenazgos en espacios públicos (parques, plazas, etc.) con la finalidad de expulsar a parejas no heterosexuales y reprimir sus muestras de afecto bajo la justificación de que son “inapropiadas para los niños”5, que “no es normal besarse con otro hombre”6 o que constituyen un “acto obsceno”7.

En cuanto a las afectaciones a la seguridad personal que no resultaron en muerte, se reportó que las mujeres trans vinculadas al trabajo sexual fueron las principales víctimas de agentes estatales (24 casos). Estos actos se han convertido en prácticas sistemáticas de serenazgos8, quienes las detienen arbitrariamente, golpean y trasladan a lugares desolados para quitarles sus pertenencias y violentarlas sexualmente (desnudo forzado, violación sexual, etc.).

Sin embargo, no existe una política nacional específica para prevenir, registrar, investigar y sancionar la discriminación y violencia contra personas LGTBI perpetrada por serenos y policías, que puedan constituir tortura. En el Código Penal no se establecen sanciones específicas al respecto y las modificaciones al mismo no consideran los patrones mencionados. Si bien el poder Ejecutivo modificó el Código Penal para sancionar los crímenes de odio mediante una agravante de penas (Art. 46.d) e incluir la orientación sexual e identidad de género como categorías prohibidas de discriminación (Art. 323), en el ámbito legislativo dichas modificaciones pretenden anularse.

Mediante la Ley N° 30506 (Ley autoritativa) el Congreso de la República delegó facultades al Ejecutivo para legislar en materia de Seguridad Ciudadana. Dicha ley autoritativa, en el artículo 2, numeral 2, literal a, determinó que el Ejecutivo podría legislar en materia de seguridad ciudadana a fin de “(…) modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal (…) para combatir la violencia familiar y la violencia de género (…)”.

Es así que, en cumplimiento de dichas facultades, se aprobaron una serie de decretos legislativos. Entre ellos, el Decreto Legislativo N° 13239, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 6 de enero de 2017, mediante el cual, el poder ejecutivo incorporó modificaciones al artículo 46 (circunstancias de atenuación y agravación) y 323 (Delito de Discriminación) con el objeto de sancionar con mayores penas la violencia de género motivada por la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género de las personas y que, explicitaba por primera vez, que también se sancionaría la discriminación basada en dichas categorías.

Sin embargo, en el marco del control constitucional que es función del poder legislativo, el Decreto Legislativo pasó a ser examinado en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, donde el Grupo de trabajo encargado del control constitucional realizó dos informes: Informe en minoría10 que, rechazaba, únicamente, la inclusión de las categorías de orientación sexual e identidad de género en la tipificación del delito de discriminación y las agravantes de penas; y el informe en mayoría11, que confirmaba la constitucionalidad del decreto.

Sin embargo, el 04 de abril de 2017, la Comisión de Constitución y Reglamento, votó por recomendar al Pleno del Congreso dejar sin efecto las modificaciones señaladas en favor de las personas TLBI en el país12, por considerar que la violencia en su contra no puede ser considerada como violencia de género y que la prohibición de discriminación contra las personas TLGBI es un tema “controversial” que debe ser propuesto y discutido en el Congreso y no por el Poder Ejecutivo; deslizando la idea de que, por su religión o creencias personales, algunos/as congresistas deberían tener la posibilidad de manifestar su oposición al respecto, desconociendo que es obligación del Estado cumplir con sus obligaciones internacionales que le exigen sancionar la violencia y discriminación contra las personas TLGBI.

En ese sentido, sugerimos realizar las siguientes preguntas al Estado peruano:

a. ¿Cómo se sancionará a quienes, en el ejercicio de la función pública, discriminen o violenten a las personas LGTBI?

b. ¿Cómo se garantizará que se sancione penalmente la violencia por prejuicio (crímenes de odio) y la discriminación motivada por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de las personas?

c. ¿Cómo se garantizará que las personas LGTBI no sean detenidas arbitrariamente, sin proporcionar información sobre su paradero y condición, así como para no criminalizarlas bajo la aplicación de normas generales y abstractas que protegen la “moral” o las “buenas costumbres”, cuya aplicación queda a discrecionalidad de operadores de justicia?

d. ¿Cómo se garantizará que la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo tengan un registro detallado de los actos de violencia y discriminación que sufren las personas LGBTI?

e. ¿Qué medidas se han tomado para la formación e instrucción de agentes del orden sobre la prohibición de la tortura y los malos tratos contra personas TLGBI?

1.2 Las barreras actitudinales y la falta de debida diligencia que enfrentan las personas LGBTI cuando son víctimas de violencia y/o discriminación:

Ante casos de violencia y discriminación contra personas LGBTI no existe en el Sistema de Justicia protocolos especializados tanto para la atención de víctimas como para la investigación especializada de los hechos; más aún cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes LGTBI.

En ese sentido, la actuación de operadores de justicia puede ser discriminatoria y afectar la debida diligencia durante las investigaciones y el proceso judicial. De esa manera, la violencia contra las personas LGTBI puede ser catalogada per se como un “crimen pasional” bajo estereotipos relativos al móvil, las víctimas y victimarios de la violencia por prejuicio que, como consecuencia, no permite abrir las líneas investigativas correspondientes que permitan determinar si se pudo haber tratado de un crimen de odio, afectándose la debida diligencia y el acceso a justicia.

Promsex, en mayo de 2016, asumió la defensa de una adolescente que desde niña sufrió violencia física y psicológica. Cuando su madre -que pertenece a una iglesia evangélica- y su padrastro se enteraron que es lesbiana, las agresiones se intensificaron, dejaron de pagar sus estudios y la hostigaron para que fuera a la iglesia evangélica a “salvar su alma” y dejar de ser lesbiana. Sin embargo, la primera vez que fue a denunciar, los policías le señalaron que primero debía pasar por un examen psicológico y le sugirieron no denunciar, porque se trataba de sus padres, a pesar de que su obligación es recibir toda denuncia y no desincentivar a las víctimas, ni revictimizarlas. Finalmente, cuando denunció solo le otorgaron medidas de protección que prohíben el acercamiento de sus padres. Hasta el momento, pese a ser un caso de violencia familiar cuyo trámite procesal es expeditivo, sus agresores no han recibido sanción y ella no ha accedido a medidas de reparación; lo cual evidencia el incumplimiento del plazo razonable en el proceso.

En ese sentido, sugerimos las siguientes preguntas al Estado peruano:

a. ¿Cómo se garantizará la atención e investigación especializada y el juzgamiento libres de prejuicios y discriminación cuando se aborden casos de violencia y discriminación contra las personas LGTBI, especialmente niños, niñas y adolescentes en el Poder Judicial y Ministerio Público?

b. ¿Cómo se garantizará que las personas LGTBI no sean discriminadas en el sistema de Justicia y se trate, especialmente, a las personas trans según su propia autoidentificación aun cuando no hayan podido modificar su nombre o sexo en sus documentos de identidad?

e. ¿Qué medidas se han tomado para la formación e instrucción de agentes del Sistema de Justicia sobre la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género?



1.3 La necesidad de sancionar los discursos de odio y establecer límites a la libertad de expresión (Artículos 2, 19 y 20)

En el país existe un contexto de prejuicios estereotipados contra las personas LGTBI que es premisa para la discriminación y violencia en su contra. Recientemente, la 51 Fiscalía Penal de Lima dispuso investigar al pastor Rodolfo Gonzales Cruz, líder del Movimiento Misionero Mundial, por instigación al homicidio. "Si encuentran dos mujeres teniendo sexo, maten a las dos (…) en el nombre de Jesús", indicó13 como parte de su discurso de exhortación a padres de familia para participar en la marcha contra la inexistente 'ideología de género'14. Sin embargo, no es la primera vez que ello sucede. Líderes políticos, religiosos (pastores evangélicos o católicos) y de opinión que se oponen a cualquier avance en el reconocimiento y protección de derechos de las personas LGTBI han proferido argumentos discriminatorios que, en algunos casos, también incitan a la violencia y discriminación, sin recibir sanción alguna.

En el 2016, en un evento con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, el pastor evangélico Santana Leiva señaló: “Las sagradas escrituras reconocen al homosexualismo como vicio sexual (…) si un homosexual va a tener derecho se va a legalizar (…) el sodomismo”15. Sin embargo, pese a ser denunciado, la 6º Fiscalía Superior Penal de Lima archivó la denuncia argumentando que “(…) sus expresiones no pueden ser consideradas como un supuesto de “promoción a la discriminación”, sino el ejercicio de su libertad de religión y de expresión”.

En ese contexto, preocupa que, si bien el Código Penal antes tipificaba como delito la incitación a la discriminación (Art. 323), luego de su reciente modificación, ello se haya eliminado; con lo que, discursos como los señalados quedarían impunes aun cuando los límites a la libertad de expresión hubiesen sido manifiestamente excedidos.

En ese sentido, sugerimos las siguientes preguntas al Estado peruano:

a. ¿Cómo se garantizará que se sancione penalmente los discursos de odio que promueven la violencia y discriminación contra las personas LGTB, estableciendo penas agravadas en el caso de líderes políticos o funcionarios públicos del Estado?

b. ¿Cómo se garantizará la autorregulación de contenidos en los medios de comunicación para evitar la difusión de discursos que promuevan la violencia y discriminación contra personas LGTBI?

c. ¿Qué medidas se han tomado para la concientización de líderes políticos, líderes de opinión y funcionarios públicos con la finalidad de que eviten utilizar discursos de odio en contra de las personas TLGBI?



1.4 Violencia y discriminación contra niños/as y adolescentes LGBT en las escuelas públicas y privadas

Según una Encuesta de Clima Escolar del 201616 en el país, se encontró que, de los estudiantes LGBT entre 14 y 17 años, 7 de cada 10 se sintieron inseguros/as en su colegio, debido a su orientación sexual y el 29.3 % a causa de su identidad de género. Por otro lado, el 58.8% señaló haber escuchado, por parte de alumno/as y profesores/as, comentarios denigrantes como ‘marica’, ‘rosquete’, ‘leca’ o ‘machona’ y el 40.6%, comentarios como ‘traca’ o ‘travesti’. Asimismo, 8 de cada 10 (82.8%) manifestaron haber sido víctimas de acoso verbal; 4 de cada 10 (42%), de acoso físico y la mitad (53.2%), de acoso sexual.

Por ello, si bien el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica17 señala que, se buscará que los y las estudiantes se “relacionen con los demás bajo un marco de derechos, sin discriminar por género u orientación sexual y sin violencia”, preocupa que, congresistas de la República hayan presentado proyectos de ley para eliminar dicho objetivo y, principalmente, para dejar sin efecto el currículo por contener un enfoque de igualdad de género18 y lineamientos generales de igualdad y no discriminación.

En ese sentido, sugerimos las siguientes preguntas al Estado peruano:

a. ¿Cómo se garantizará la prevención, atención, investigación y posibilidad de denuncia para casos de violencia y discriminación contra niños, niñas y adolescentes TLGBI en las escuelas a nivel nacional?

b. ¿Qué medidas se han tomado para la formación e instrucción de personal administrativo y profesores/as de los colegios para que puedan atender debidamente situaciones de violencia escolar contra niños, niñas y adolescentes TLGBI a su cargo?



1.5 Discriminación institucionalizada: Sanciones disciplinarias discriminatorias en la Policía Nacional del Perú

En diciembre de 2016 se derogó el Decreto Legislativo N° 1150 que regulaba el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que establecía la infracción MG-55 en la que se disponía que “tener relaciones sexuales con personas del mismo género, que causen escándalo o menoscaben la imagen institucional” se sancionaba con pase a la situación de retiro19. La vigencia de dicho decreto durante (04) cuatro años generó que dicha sanción disciplinaria sea aplicada, pese a ser discriminatoria. Según la propia Policía Nacional del Perú, desde el año 2013 al 2015 seis (06) personas han sido retiradas de sus labores en base a dicha infracción20.

Sin embargo, en el Congreso de la República se derogará el Decreto Legislativo 1268, que derogó el Decreto Legislativo Nº 1150. De esa manera, el Régimen Disciplinario de la PNP, continuaría rigiéndose por éste último aun cuando de manera discriminatoria contiene la citada infracción MG-55.

En ese sentido, sugerimos la siguiente pregunta al Estado peruano:a. ¿Qué medidas se adoptarán para que no se derogue las modificaciones realizadas al Decreto Legislativo N° 1150 en el extremo de no mantener la infracción MG-55 que se sanciona con pase a retiro de las funciones policiales?



2. Cuestionamientos del Poder legislativo a la inclusión del enfoque de igualdad de género en el Currículo Nacional de Educación Básica Escolar como garantía del derecho a la educación sin discriminación (artículos 2 y 3)

El Ministerio de Educación (MINEDU) mediante la resolución Ministerial 281-2016-MINEDU publicada el 02 de junio del 201621 aprobó el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica, que consta de 7 enfoques transversales entre los que se incluye el enfoque de derechos, enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, enfoque intercultural, enfoque de igualdad de género, entre otros.

Sin embargo, se ha cuestionado la inclusión del enfoque de igualdad de género, por parte de colectivos que son movilizados por las principales iglesias cristianas en el país y apoyados por congresistas de la República que militan dichas iglesias o legitiman lo señalado por las mismas. Estas personas y autoridades públicas consideran que el Currículo incluye lo que denominan “ideología de género”, pues el mismo hace referencia a términos como “identidad de género” u “orientación sexual”, lo cual a su entender promueve las relaciones sexuales a temprana edad y el homosexualismo en las escuelas22. Lamentablemente, ello generó que el MINEDU realice modificaciones al currículo y aunque no se eliminó el enfoque de igualdad de género, se eliminó el término de identidad de género23.

Sin embargo, la situación todavía es preocupante, pues ello se han sumado los ataques por parte de congresistas, quienes haciendo uso del poder político y la función legislativa anteponen sus prejuicios e intereses personales para imponer mediante la aprobación de leyes la eliminación del Currículo vigente y la prohibición de la inclusión del enfoque de igualdad de género, además de toda referencia a la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en la elaboración de los próximos currículos escolares.

Hasta el momento se han presentado (039 tres iniciativas legislativas en ese sentido: el PL N.º 1043-2016/CR propone la eliminación de los términos identidad de género y orientación sexual del Currículo Nacional24, el PL N.º 1008/2016/CR, propone dejar sin efecto el Currículo Nacional por considerar que “(…)en un Estado de Derecho (…) las minorías no puede pretender que su opción sexual minoritaria se tome como modelo para ser difundido y enseñado masivamente en las escuelas (…)” y el PL N.º 1073-/2016-CR, propone “excluir en todo Currículo de Educación Básica toda mención o referencia al enfoque transversal de igualdad o identidad de género25.

En ese sentido, sugerimos las siguientes preguntas al Estado peruano:

a. ¿Cómo se garantizará la implementación del Currículo Nacional aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU?

b. ¿Cómo se garantizará que en la formulación de todo Currículo Nacional de Educación Básica se incluyan lineamientos de igualdad y no discriminación, especialmente, por la orientación sexual e identidad de género?

c. ¿Cómo se garantizará que no se realicen modificaciones legislativas por parte del Congreso que supongan un retroceso en materia de protección de los derechos humanos, especialmente, de determinadas personas, como mujeres y personas TLGBI?

3. Garantía de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes, principalmente, víctimas de violencia sexual (Artículo 2, 3, 6, 7, 24, 25 y 26)
3.1 Violencia sexual, embarazo forzado y muerte/morbilidad materna en niñas y adolescentes

En América del Sur, Perú registra la tasa más alta de denuncias por violencia sexual26. Durante el 201427 y 201528, el 66% (7 443) de denuncias correspondió a víctimas entre 10 y 17 años. A ello se suma el alto número de embarazos forzados producto de violación sexual en niñas entre 11 y 14 años. Según el Seguro Integral de Salud (SIS), entre 2011 y 2015 se reportó un promedio de 2 mil partos atendidos por año en niñas de dicho rango de edad29, quienes no pudieron acceder a servicios de aborto por encontrarse penalizado en caso de violación sexual.

La mortalidad materna en niñas y adolescentes es uno de los indicadores sanitarios que evidencia en mayor medida la inequidad y la exclusión. En el año 2012 sus muertes representaron el 17.6% del total de muertes maternas a nivel nacional; en el 2013 bajó a 9.3%, en el 2014 fue de 13.3% y en el 2015 de 12.1%30. En el período 2014-2015, murieron 68 niñas y adolescentes, principalmente, por hemorragias (19), enfermedad hipertensiva del embarazo (9) e infecciones (14)31, pese a que ello se hubiese evitado con el acceso a servicios de aborto terapéutico.

En ese sentido, sugerimos la siguiente pregunta al Estado peruano:



  1. ¿Cómo se garantizará la prevención de embarazos en niñas y adolescentes producto de violación sexual?

  2. ¿Cómo se garantizará el acceso a la atención profiláctica de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual?

  3. ¿Cómo se garantizará el acceso a la anticoncepción oral de emergencia en niñas y adolescentes y víctimas de violencia sexual?

  4. ¿Cómo se garantizará la prevención de la muerte y morbilidad materna en niñas y adolescentes?

  5. ¿Cómo se ha garantizado (por medio de políticas públicas, normativa y presupuestalmente) que se reduzca el embarazo adolescente?

3.2 Acceso a servicios especializados de salud sexual y reproductiva para niñas y adolescentes

Desde el año 2009 la anticoncepción oral de emergencia (AOE) no está disponible en el sector público y, por ello, tampoco han brindado información sobre la misma, especialmente, dirigida a niñas y adolescentes. Actualmente, la provisión de AOE es temporal debido a una medida cautelar dictada por el 1er Juzgado Constitucional de Lima, en el marco de un proceso de amparo presentado por una ciudadana peruana. Cabe señalar que, el Estado todavía no cumple con solicitar información técnica a la Organización Mundial de la Salud u Organización Panamericana de la Salud sobre los efectos de la AOE con la finalidad de adecuar su política pública, en el marco del cumplimiento de su Plan Nacional sobre Derechos Humanos 2014-201632.

A ello se suma, el hecho de que aún está pendiente de discusión, en el Congreso, el Proyecto de Ley 387-2016/CR, que propone la despenalización del aborto en casos de violación sexual, pese a que, en el 2011 el Comité CEDAW estableciera la responsabilidad internacional del Estado en el caso L.C vs. Perú, fijando como medida de no repetición la despenalización del aborto en casos de violación sexual.

Asimismo, aun cuando en el 2014 se adoptó el Protocolo de Aborto Terapéutico, uno de los retos de su implementación efectiva es que la interpretación de lo que se entiende por la práctica del aborto “cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente” deje de ser restrictiva para que niñas y adolescentes víctimas de violación sexual puedan acceder a un aborto legal por la afectación a su salud mental e inclusive física33.

En ese sentido, sugerimos las siguientes preguntas al Estado peruano:

a) ¿Qué medidas se han tomado para garantizar de manera efectiva que las niñas y adolescentes reciban información sobre salud sexual y reproductiva sin la necesidad de estar acompañadas por sus padres, tutores o cuidadores?

b. ¿Cómo se garantizará el acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva para adolescentes, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos modernos, especialmente la anticoncepción oral de emergencia, para víctimas de violación sexual?

c. ¿Cómo se garantizará el acceso al aborto terapéutico para niñas y adolescentes víctimas de violación sexual tomando en cuenta la afectación que el embarazo puede causar en su salud física, mental y social?

d. ¿Cómo se garantizará el acceso al aborto terapéutico en los servicios de salud privados?

e. ¿Qué medidas de fiscalización está desplegando la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) para garantizar la implementación del Protocolo de Aborto Terapéutico en los establecimientos privados de salud?

d. ¿Cómo se garantizará la despenalización del aborto cuando el embarazo sea producto de una violación sexual desde el poder ejecutivo?

e. ¿Cómo se garantizará que el poder legislativo apruebe la despenalización del aborto cuando el embarazo sea producto de una violación sexual?

f. ¿Qué medidas se tomarán para cumplir lo establecido en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, en el extremo que el Estado se compromete a solicitar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o a un organismo especializado de prestigio internacional que informen sobre el supuesto efecto antimplantatorio del Anticonceptivo Oral de Emergencia y en base a ello adecuar su política pública?

3.3 Criminalización del aborto en niñas y adolescentes

La atención no debería depender de la cooperación de la mujer en el enjuiciamiento penal, y en ningún caso podría utilizarse como prueba contra ella ni contra quienes hayan practicado el aborto34. Sin embargo, el artículo 326 del Código Procesal Penal35 obliga a los operadores de salud a denunciar a las mujeres por la comisión del delito de aborto, además de preverse la omisión de denuncia36 como un delito autónomo.

Ello ha generado que, durante el período 2014 – 2016 se ingresaran, ante las Fiscalías provinciales de Familia y Mixtas a nivel nacional, 269 denuncias contra adolescentes por la presunta comisión del delito de aborto, las mismas que, actualmente, se encontrarían involucradas en investigaciones penales; muchas de ellas habrían sido interceptadas por policías o fiscales en los mismos centros de salud, donde aprovechando su desinformación toman sus declaraciones sin el respeto de las garantías mínimas de procedimiento, como el contar con una abogada o abogado defensor.

En ese sentido, sugerimos las siguientes preguntas al Estado peruano:

a. ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar que las mujeres que sufren abortos espontáneos o causados de manera clandestina sean atendidas en los servicios de salud sin miedo a ser investigadas penalmente?

b. ¿Por qué hasta el momento el Estado no ha modificado su legislación penal para que prevalezcan las obligaciones constitucionales que protegen el secreto profesional, e impida que los profesionales de la salud denuncien a las mujeres por el presunto delito de aborto?

c. ¿Cuántas mujeres, niñas y adolescentes sometidas a procesos judiciales por el delito de aborto y cuáles han sido las sanciones impuestas?

d. ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar un debido proceso a las niñas y adolescentes procesadas por el delito de aborto, que supongan garantizar la imparcialidad en los operadores de justicia?



4. La trata de personas, especialmente mujeres adultas, adolescentes y niñas, con fines de explotación sexual (Artículos 2, 8 y 24)

4.1 La necesidad de prestar atención a las víctimas de trata en el ámbito de la salud
La trata de personas es un delito previsto en el Código Penal peruano. Los principales avances del Estado se han situado en la prevención y persecución; sin embargo, muy poco se ha avanzado en la atención y protección de víctimas, pues no se cuenta con presupuesto ni un Protocolo del sector salud que permita garantizar la asistencia a víctimas, familias y testigos37, sobre todo, en el campo de la salud mental, sexual y reproductiva.
La mayoría de víctimas afectadas por el delito de trata con fines de explotación sexual y explotación sexual, son niñas y adolescentes, quienes soportan consecuencias diferenciadas de otras víctimas. En el 201438, el 41% eran niñas y adolescentes menores de 18 años, de las que el 34.9% fue objeto de explotación sexual, que incluyó brindar servicios en prostíbulos y ser damas de compañía en bares. En el 2015, se denunciaron 526 casos, cifra que supera el número de casos reportados en años anteriores.39
En ese sentido, sugerimos las siguientes preguntas al Estado peruano:

a. ¿Cómo se garantizará la atención en salud que tome en cuenta las características de la trata y la explotación sexual en el país (minería ilegal) y las necesidades de niñas y adolescentes?


b. ¿Qué medidas se han tomado (de política pública y presupuestal) para garantizar la atención en salud mental, sexual y reproductiva de las víctimas de trata?
c. ¿Cuáles son las medidas específicas que se han adoptado para garantizar la recuperación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual?
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