Licenciada raquel caballero de guevara



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INFORME ALTERNATIVO AL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA LISTA DE CUESTIONES PREVIA A LA PRESENTACIÓN DEL SÉPTIMO INFORME PERIÓDICO DE

EL SALVADOR

LICENCIADA RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA

PROCURADORA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE EL SALVADOR
FEBRERO DE 2018

SAN SALVADOR, EL SALVADOR








SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ARTS Artículos

CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos

CDN Convención sobre los Derechos del Niño

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CLD Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

CNB Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno

CNJ Consejo Nacional de la Judicatura

CONAIPD Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad

CONNA Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

CONMIGRANTES Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la

Persona Migrante y su Familia

COMURES Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador

Comité CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos

FAES Fuerza Armada de El Salvador

FGR Fiscalía General de la República

IML Instituto de Medicina Legal

INDH Instituciones Nacionales de Derechos Humanos

ISNA Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la

Niñez y de la Adolescencia

ISTA Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria

LEPINA Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

LGTBI Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales

LEIV Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

NNA Niñas, Niños y Adolescentes

PDDH Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PNC Policía Nacional Civil

SNPINA Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia

OIT Organización Internacional del Trabajo

TPS Estatus de Protección Temporal 

UCA Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana





ÍNDICE__Párrafos_Página_IV._DERECHO_A_LA_VIDA,_PROHIBICION_DE_LA_TORTURA_Y_OTROS__TRATOS_CRUELES,_INHUMANOS_O_DEGRADANTES_Y_LUCHA_CONTRA'>ÍNDICE___Párrafos_Página__I._INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………_1-5_8_II._MARCO_CONSTITUCIONAL_Y_LEGISLATIVO……………………………………..'>ÍNDICE

Párrafos Página

I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………… 1-5 8
II. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO…………………………………….. 9
A) Adecuación de la legislación nacional al PIDCP……………………………. 6-8 9
B) Medidas adoptadas para que la PDDH disponga de recursos

humanos y financieros suficientes, de conformidad con los

Principios Relativos al Estatuto de las INDH (Principios de París)……… 9-14 9
III. NO DISCRIMINACIÓN, IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE

HOMBRES Y MUJERES Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

(ARTS. 2, 3, 6, 7 Y 26)…………………………………………………………………………… 11
A) Medidas para combatir el racismo estructural, la discriminación

racial y xenofobia. En particular, medidas adoptadas para

combatir la discriminación contra afrodescendientes, comunidades

indígenas, migrantes, personas con discapacidad, personas con VIH,

especialmente con respecto al acceso a la educación,

vivienda y empleo…………………………………………………………………………….. 15-29 11


B) Prevención y protección eficaz contra la violencia y discriminación

por motivos de orientación sexual o identidad de género, incluyendo

cuando sean cometidos por funcionarios públicos…………………………….. 30-37 13
C) Brecha salarial entre hombres y mujeres, sobre la prevención del

acoso en lugares de trabajo y la efectiva representación de mujeres

en puestos de toma de decisión………………………………………………………… 38-42 15
D) Medidas para garantizar en igualdad los derechos

reconocidos en el Pacto a las mujeres trabajadoras en maquilas

y domésticas, especialmente respecto a condiciones de trabajo

y contratación……………………………………………………………………………………. 43-45 16


E) Situación de violencia en contra de las mujeres, la implementación

e impacto de la LEIV, los avances en materia de prevención, sanción

y protección a las mujeres de la violencia en su contra,

particularmente el feminicidio…………………………………………………………… 46-56 16



ÍNDICE

Párrafos Página
IV. DERECHO A LA VIDA, PROHIBICION DE LA TORTURA Y OTROS

TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES Y LUCHA CONTRA

LA IMPUNIDAD (ARTS. 2, 6 Y 7)……………………………………………………………………… 19
A) Acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva………. 57-58 19
B) Medidas adoptadas para asegurar que se investigue, se

enjuicie y se sancione a los responsables de graves violaciones a

los derechos humanos del pasado conflicto armado y se garantice

el acceso a la justicia y a la reparación para las víctimas……………………….. 59-64 19


C) Programa Nacional de Reparación……………………………………………………. 65-67 21
D) La especial situación del desplazamiento forzado…………………………….. 68-75 22
E) Actuación de la Inspectoría General de Seguridad Pública y

medidas adoptadas para prevenir, investigar y sancionar los

abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por

agentes del orden…………………………………………………………………………………. 76-79 23


F) Presencia de la FAES en áreas de actuación de competencia

de la PNC………………………………………………………………………………………………. 78-94 24


G) Prohibición de la trata de personas………………………………………………….. 95-96 28
V. DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONALES, DERECHOS

DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, JUICIO JUSTO

Y GARANTIAS PROCESALES (ARTS. 7,9,10 Y 14)……………………………………………… 97-104 28
A) Abogados y defensores públicos………………………………………………………. 105-109 30
B) Condiciones de los centros penales………………………………………………….. 110-114 31
C) Medidas tomadas para el combate a la violencia

(Ley de Proscripción de Maras)……………………………………………………………… 115-117 31


D) Proceso de selección y nombramiento de jueces,

magistrados del CNJ y jefes de instituciones del

Ministerio Público…………………………………………………………………………………. 118-120 32
ÍNDICE

Párrafos Página

VI. DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS

HUMANOS (ARTS. 9, 21 Y 22)……………………………………….……………………….. 121-129 33
VII. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS

MENORES DE EDAD (ARTS. 7 Y 24)………………………………………..………………. 130-132 34
A) Prevención y prohibición de los castigos corporales y

la sensibilización a la población sobre sus efectos perjudiciales…………….. 133-136 35


B) Existencia de planes para establecer una edad de

consentimiento de las relaciones sexuales…………………………………………….. 137-139 36


C) El Estado de la situación de las personas adolescentes

en conflicto con la ley penal…………………………………………………………………… 140-142 37


D) Erradicación del trabajo infantil, en particular en el servicio

doméstico y en actividades agrícolas. ……………………………………………………. 143-147 38


E) Medidas adoptadas para garantizar la inscripción de los

nacimientos de todos las niñas y niños nacidos en el territorio

del Estado, particularmente en las zonas rurales………………………………….. 148-150 39
a) Obtención de la constancia de verificación de parto………………. 151-153 40

b) Asentamiento en el Registro del Estado Familiar

del lugar del parto……………………………………………………………………… 154-155 41

c) Obtener una copia del asiento de nacimiento como

prueba de la realización del registro………………………………………….. 156 41

d) Rectificación de errores en el asiento del nacimiento……………. 157 42


F) Medidas tomadas para prevenir los riesgos que corren las niñas,

niños y adolescentes migrantes que viajan sin su padre y madre

hacia EUA y para ofrecerles protección………………..………………………………… 158-160 42

G) Actividades realizadas por el CONNA, sus resultados,

y las medidas adoptadas para asegurar su adecuado funcionamiento….. 161-165 43
VIII. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (ARTS. 2, 26 Y 27)……………………. 166-167 44

A) Mecanismos o procesos de consulta existentes que garanticen

el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas…… 168-169 44
B) Proceso de titulación de tierras, incluyendo datos estadísticos

respecto a la entrega de títulos de tierra a familias

identificadas como indígenas…………………………………………………………………. 170-172 45
C) Reconocimiento por parte del Estado del derecho de los pueblos

indígenas como tales a obtener títulos de propiedad sobre las tierras….. 173-174 45


D) Medidas tomadas para promover la participación de los

indígenas en puestos de toma de decisiones…………………………………………. 175-177 46



IX. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL PACTO

Y SUS PROTOCOLOS FACULTATIVOS (ART.2) …………………………………………………. 178-179 47


  1. INTRODUCCIÓN.

1. En atención al mandato constitucional que me ha sido conferido como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y en virtud de la sesión sobre la Lista de Cuestiones previa a la revisión del Séptimo Informe Periódico de El Salvador, presento al Comité de Derechos Humanos mi opinión en torno al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP).


2. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (en adelante PDDH) es el órgano que constituye la piedra angular del Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos1 cuya atribución esencial es la de supervisar la actuación y omisión de las autoridades públicas frente a las personas en aras de garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las obligaciones contenidas en las normas internacionales; la rendición de cuentas y la garantía progresiva de los derechos humanos.
3. Es así que en el desarrollo de mis atribuciones aplicamos diferentes mecanismos de protección que incluyen inter alia múltiples diligencias, inspecciones, estudios de expedientes, opiniones sobre proyectos de ley, informes especiales y situacionales, entrevistas y mediaciones para la resolución de conflictos, así como el acompañamiento directo a las víctimas junto con la emisión de recomendaciones orientadas a reparar los agravios ocasionados y prevenir futuras violaciones.
4. De esta forma, el asidero constitucional de mi mandato y la definición del carácter permanente e independiente de la institución que dirijo, me facultan para ejercer una magistratura moral dotada de un conjunto de competencias cuya amplia formulación se encuentra en sintonía con los Principios de París y las exigencias de una efectiva defensa de los derechos humanos.
5. Por lo que, ante ese contexto y en el marco de la colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos, los siguientes apartados esperan contribuir con el mandato del Comité de Derechos Humanos, identificando los desafíos vigentes en la aplicación del PIDCP; partiendo, por un lado, de la importancia y el valor de las personas en tanto su dignidad y titularidad de derechos, y por el otro, de la obligación afirmativa que supone verificar el comportamiento estatal en el marco de los compromisos que derivan de los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, la normativa nacional que los desarrolla y los principios, valores y estándares que determinan su alcance y contenido.



  1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO.


A) Adecuación de la legislación nacional al PIDCP.
6. En El Salvador no existe un mecanismo efectivo que permita cumplir con la obligación de adecuar la legislación interna a los tratados de derechos humanos en general y al PIDCP en particular. De esta manera, no es una práctica usual que durante el proceso de formación de ley se realice un examen previo, exhaustivo, oportuno y participativo que integre el derecho internacional de los derechos humanos a la norma nacional.
7. También resulta clara la falta de atención de las autoridades públicas para tomar en cuenta las normas internacionales de derechos humanos o la interpretación que los organismos especializados hacen de aquella como herramientas para sustentar sus prácticas, razonamientos jurídicos o de cualquier otra índole. La misma Sala de lo Constitucional, máximo tribunal en el país, que se ha autoproclamado guardián último de los derechos fundamentales2, y en general el funcionariado judicial o fiscal no tiene una practica consistente y rigurosa para incorporar dichos estándares en sus decisiones.
8. Adicionalmente, la carencia de un mecanismo idóneo para dar cumplimiento a los dictámenes y decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos es una cuestión de especial preocupación, porque su inexistencia imposibilita la adopción de estrategias integrales, así como la celeridad, prioridad y articulación en las acciones estatales necesarias para el ejercicio de derechos o la reparación adecuada en casos de violaciones cometidas.

B) Medidas adoptadas para que la PDDH disponga de recursos humanos y financieros suficientes, de conformidad con los Principios Relativos al Estatuto de las INDH (Principios de París).
9. Sin duda alguna los recursos asignados a la PDDH no son suficientes para garantizar de modo razonable las mejoras necesarias y progresivas en el cumplimiento de su mandato, teniendo en cuenta que casi la totalidad del presupuesto establecido se concentra en las remuneraciones del personal y adicionalmente no existe protección alguna contra reducciones arbitrarias3.
10. Sumado a lo anterior, hasta la fecha no se cuenta con instalaciones propias –ni en las oficinas centrales ni en las delegaciones departamentales– en San Salvador se siguen teniendo serias dificultades para encontrar un único inmueble que acoja a todo el personal y cuyo arrendamiento sea posible de cubrir con fondos propios, por lo que las diferentes dependencias institucionales se encuentran dispersas en varios edificios dificultando la expedita coordinación de las labores y la comunicación más fluida, además de aumentar los costes de mantenimiento.

11. Es por ello que en reiteradas ocasiones he expresado públicamente la absoluta urgencia de incrementar los fondos institucionales, de tal manera que puedan atenderse las diferentes necesidades en los ámbitos de protección, promoción y fortalecimiento administrativo y técnico, permitiendo la creación de nuevos programas y el fortalecimiento de los ya existentes. De forma particular, he requerido un refuerzo presupuestario para la creación de unidades especializadas para la asistencia y protección de las víctimas, la atención a la primera infancia, la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.


12. Por otro lado, debo señalar mi preocupación por distintas sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en las que se incluyen valoraciones sobre los “límites de la competencia de la Procuraduría frente a las actuaciones judiciales” calificando sus decisiones como “ineficaces de producir efecto jurídico alguno” y previniendo a esta institución de intervenir indebidamente en los procesos constitucionales en trámite y abstenerse de pretender sustituir o revisar la interpretación o armonización de los derechos constitucionales que dicho Sala realiza4.

13. Respecto de lo anterior, debo precisar que por la naturaleza misma del cargo que ostento es imposible pretender sustituir las competencias de la Sala de lo Constitucional; sin embargo, debo indicar que las irregulares expresiones incluidas en dichas sentencias pretenden disminuir el mandato constitucional y legal que me ha sido conferido para supervisar a todos los órganos del Estado salvadoreño, sin excepción alguna, examinando si con su comportamiento cumplen o no con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos.


14. Adicionalmente, debe tenerse presente que las decisiones de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos son jurídicamente vinculantes, pero carecen de coercibilidad; es decir, no pueden ser impuestas por vías coactivas, ni siquiera con el auxilio de la fuerza pública, por lo que su eficacia descansa en la buena fe de sus destinatarios. Sin embargo, la Constitución dota a la institución de un conjunto de medidas o acciones para impulsar, por vías indirectas, la efectividad de sus resoluciones que pueden llegar incluso a la declaratoria de una censura pública, si las circunstancias, en función de la valoración que realice la titularidad, así lo ameritan.



  1. NO DISCRIMINACIÓN, IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (ARTS. 2,3,6,7 Y 26).



A) Medidas para combatir el racismo estructural, la discriminación racial y la xenofobia. En particular, medidas adoptadas para combatir la discriminación contra afrodescendientes, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad, personas con VIH, especialmente con respecto al acceso a la educación, vivienda y empleo.

15. Existen ciertos logros en la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia en el país, durante el período analizado. Entre ellos hay que mencionar un hito importante en relación a los derechos de los pueblos indígenas: la reforma del artículo 63 de la Constitución de la República, realizada el 12 de junio de 2014, en la que El Salvador los reconoce y se compromete a adoptar “políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.


16. Asimismo, actualmente se cuenta con una política pública y un Plan Nacional de Pueblos Indígenas, que fueron validados a través de un proceso participativo, pero que aún no han sido presentados públicamente y el Estado no ha implementado las herramientas necesarias, instrumentos o un mecanismo para garantizar el cumplimiento de la reforma constitucional.
17. Adicionalmente, aunque se han entregado títulos de propiedad a través del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) a personas que pertenecen a los pueblos indígenas, dicha acción no responde necesariamente a una medida especial destinada a garantizar sus derechos desde un enfoque integral y bajo el amparo del principio de no discriminación.
18. Por otro lado, tampoco se ha incorporado al ordenamiento jurídico salvadoreño una definición del concepto de discriminación racial apegada los estándares de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial.
19. En relación a las personas migrantes retornadas, en verificaciones realizadas desde esta institución al Centro de Atención a Retornados de la Dirección General de Migración y Extranjería, ubicado en San Salvador, se ha constatado la idoneidad de las instalaciones de acogida de personas deportadas, el uso eficiente de los recursos tecnológicos y el trato adecuado hacia dicha población.
20. Asimismo, se ha observado la participación coordinada del personal designado por el Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Procuraduría General de la República, Policía Nacional Civil e Instituto para el Desarrollo de la Mujer, quienes prestan los servicios que les corresponden de acuerdo a sus atribuciones.
21. No obstante, todavía deben reforzarse los programas de reinserción que ofrezcan oportunidades concretas para quienes deciden quedarse en el país y trabajar para mejorar sus condiciones de vida. Además, a partir de la decisión del gobierno estadounidense de terminar, en septiembre de 2019, con el beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 190 mil personas salvadoreñas en Estados Unidos, deben realizarse las acciones que correspondan para implementar políticas, planes y programas de contingencia, en caso de no encontrar una alternativa de estatus permanente y el número de deportaciones al país incremente en forma exponencial.
22. Al mismo tiempo, como he exhortado al Estado en su conjunto, debe propiciarse el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, la seguridad y todos los demás derechos humanos para evitar la migración forzosa de personas salvadoreñas hacia el exterior.
23. Otro asunto de especial preocupación lo representan las personas migrantes no localizadas o desaparecidas5 que sufren violaciones o vulneraciones a sus derechos durante el transcurso de los ciclos migratorios en los cuales intervienen autoridades de los países de origen, tránsito y destino y, por lo tanto, requieren asistencia humanitaria, atención integral (psicológica y legal) diferenciada.

24. Frente a esta dramática situación, es esencial que el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES), implemente de manera eficaz la política migratoria integral basada en una estructura sólida de principios rectores garantes de los derechos humanos de los diferentes grupos vulnerables como consecuencia de la migración.


25. En lo que respecta a las personas con discapacidad, en los últimos años se han reportado avances, aunque en las entidades del Órgano Ejecutivo está ausente la articulación y coherencia de las políticas públicas en relación con la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, aún cuando en ésta se les asignan responsabilidades concretas en materia de accesibilidad, educación, salud, empleo, acceso a justicia, vivienda, entre otros.
26. El Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad (CONAIPD), ente rector en materia de discapacidad y supervisor del cumplimiento de la Política antes referida, en la realidad no es reconocido como tal por parte de diversas instituciones del Órgano Ejecutivo y mucho menos por los Órganos Legislativo y Judicial. De allí que no se tome en cuenta esa rectoría en los procesos de construcción y elaboración de sus políticas. Tampoco, se les consulta durante los procesos de formación de ley, tal como debería hacerse. Y todavía menos se tiene como práctica generar la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en dichos procesos.
27. En general, el Estado no realiza gestiones claras enfocadas a superar la discriminación y menos aún, medidas efectivas para alcanzar la igualdad de las personas con discapacidad. Prueba de ello es que siguen vigentes las disposiciones en la Constitución de la República y en las leyes secundarias que propician la discriminación en perjuicio de las personas con discapacidad. En la actualidad la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, como lo hemos afirmado en reiteradas ocasiones, no responde al estándar internacional sobre el enfoque de la discapacidad. Es de lamentar también que la propuesta de un proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, no ha sido iniciativa del Estado, sino que fue elaborada y presentada por la sociedad civil y la PDDH desde la Mesa Permanente de las Personas con Discapacidad de nuestra institución; no obstante ello, a la fecha no se tienen acciones concretas del Órgano Legislativo para su aprobación.
En lo concerniente a las personas con VIH, según datos epidemiológicos del Ministerio de Salud, hasta junio de 2017, se contaba con un reporte de 34,951 casos de VIH acumulados desde 19846. La actualización de la normativa para una respuesta integral al VIH aún está en deuda, ya que las reformas a la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana7 deben encaminarse a la protección jurídica en torno al VIH, a la respuesta multisectorial, al acceso a la justicia por agravios a los derechos de las personas con VIH y sus allegadas, entre otras; así como en la elaboración del reglamento que desarrolle dicha ley. Estas medidas permitirían disminuir las constantes afectaciones a derechos específicos de personas con VIH, como los derechos laborales, el derecho a la confidencialidad del diagnóstico, el acceso a bienes y servicios sin discriminación, contratación de seguros médicos y servicios funerarios. Por lo que se reafirma la ineludible necesidad de reforzar la legislación para prohibir estas prácticas e implementar medidas educativas para concienciar a la población y prevenir actos discriminatorios.
29. Finalmente, sobre las personas afrodescendientes sigue siendo un desafío el desarrollo de planes y programas específicos para proteger, fomentar y promover el respeto de sus derechos y reconocimiento de su identidad, especialmente para evitar cualquier tipo de discriminación
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Shared%20Documents -> Ccpr/C/dom/Q/6/Add
Shared%20Documents -> Quito, 26 de mayo de 2016
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Shared%20Documents -> Ccpr/C/ven/Q/4/Add
Shared%20Documents -> Informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Guatemala: El Derecho a la tierra en Guatemala1 Situación agraria en Guatemala: conflictividad territorial, precariedad institucional e impunidad
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Shared%20Documents -> Anexo 13 Sobre Cursos y Talleres Impartidos y Convenios Concertados por sedena en Materia de Derechos Humanos


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