Ley procesal para la justicia de familia de mendoza parte primera. Parte general



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TÍTULO I. ETAPA PREVIA.


Artículo 74. Objetivo. La etapa previa consiste en un procedimiento judicial y obligatorio de resolución consensuada de conflictos, en el que un funcionario especializado del juzgado, denominado consejero de familia, informa, orienta, acompaña y asiste a las personas involucradas en un conflicto familiar para que arriben a un acuerdo justo, duradero y estable que:

  1. Evite procedimientos contenciosos.

  2. Ponga fin a los ya iniciados.

  3. Disminuya los alcances de los ya iniciados.

Artículo 75. Ámbito de Aplicación. La etapa previa rige para cualquier conflicto familiar que verse sobre materias que el ordenamiento jurídico reconoce que son de libre disponibilidad de las partes, o que pueden ser acordadas si son judicialmente homologadas.

Excepto disposición en contrario, todos los procedimientos que regula esta ley comienzan con la etapa previa prevista en este Título.



Artículo 76. Reglas generales. La etapa previa se rige por las siguientes reglas:

  1. Flexibilidad e informalidad: se desarrolla sin sujeción a reglas prefijadas, excepto los requisitos mínimos que esta ley establece.

  2. Carácter personalísimo: los intervinientes deben asistir en forma personal a todas las audiencias, excepto razones debidamente fundadas, admitidas por el consejero de familia.

  3. Confidencialidad y secreto profesional.

  4. Imparcialidad y neutralidad: el consejero de familia debe respetar las diferentes posturas que sostienen las partes, preservar la igualdad real, y resguardar los intereses de las personas vulnerables, en especial, las personas menores de edad y con capacidad restringida.

Artículo 77. Inicio de la etapa previa. Formulario. La etapa previa exige patrocinio letrado y se promueve mediante la presentación de un formulario, redactado de conformidad a la reglamentación que establezca la Suprema Corte de Justicia. La solicitud debe presentarse ante la Mesa de Entradas de la Justicia de familia y puede iniciarse sin patrocinio letrado cuando razones de urgencia lo justifiquen.

Debe contener:



  1. Nombre, apellido domicilio real del presentante;

  2. Nombre, apellido y domicilio real de las personas involucradas en el problema. En caso de no conocerse el domicilio real, puede denunciarse el lugar de trabajo o cualquier otro que permita su citación

  3. Objeto de la presentación;

  4. Breve relato de la cuestión que lleva al presentante a iniciar el trámite.

Artículo 78. Trámite. Presentado el formulario, de inmediato, se da intervención al consejero de familia quien, dentro de las 24 (veinticuatro) horas, decide sobre la admisibilidad de la etapa previa.

Si la considera inadmisible, en el mismo plazo, de oficio, eleva las actuaciones al juez para que resuelva según corresponda.

Si la considera admisible, dentro de 5 (cinco) días, cita a una audiencia a las partes y demás interesados.

Artículo 79. Atribuciones del consejero de familia. El consejero de familia es el director del procedimiento de la etapa previa y, en cuanto tal, debe procurar tener conocimiento acabado del conflicto, los intereses comprometidos y las posturas de las partes. Para el mejor ejercicio de sus funciones está facultado para:


  1. Requerir a las partes toda información pertinente.

  2. Requerir informes técnicos a organismos públicos o privados.

  3. Convocar a personas o entidades especializadas para realizar abordajes interdisciplinarios de la conflictiva familiar, que faciliten la consecución de los objetivos de la etapa.

  4. Disponer el retiro transitorio de la audiencia de alguna de las partes, sus abogados o terceros intervinientes, siempre que respete los principios y reglas mencionados en esta ley.

Artículo 80. Intervención del cuerpo auxiliar interdisciplinario. Si lo considera conveniente, en cualquier momento de la etapa previa, el consejero de familia puede solicitar la intervención del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario a fin de que preste colaboración para:

  1. Fijar estrategias que faciliten la realización de un acuerdo.

  2. Realizar el seguimiento del acuerdo al que se hubiese llegado.

  3. Requerir la presencia de uno o varios de los integrantes del equipo en cualquiera de las audiencias.

Artículo 81. Audiencia. Si el consejero de familia considera que es posible lograr un acuerdo:

  1. Establece la forma de intervención.

  2. Deja constancia de las obligaciones que asumen las partes y, en su caso, los terceros intervinientes y personas o instituciones especializadas.

Cualquiera sea el resultado de la audiencia, se levanta un acta que da cuenta de lo acontecido, firmada por todos los intervinientes.

Si no fue posible lograr un acuerdo, el consejero de familia cierra la etapa previa, mediante un informe que notifica al juez dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de clausurada la audiencia.



Artículo 82. Acuerdo. El acuerdo al que arriben las partes debe ser remitido por el consejero de familia al juez dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de su celebración. El juez puede observar el acuerdo si está en contra de disposiciones legales, o perjudica de modo manifiesto los intereses de alguno de los integrantes del grupo familiar, o de terceros interesados. Si estima que las observaciones pueden ser corregidas, el juez convoca a una audiencia, dentro del plazo de 10 (diez) días de tomar conocimiento del acuerdo, a la que deben comparecer las partes, el consejero de familia y los terceros interesados, si correspondiere. Si comparecen y se salva la observación, el juez procede a homologar el acuerdo con las modificaciones introducidas.

Artículo 83. Incomparecencia. Si alguna de las partes no comparece, ni acredita justa causa de incomparecencia, el consejero de familia levanta acta conclusiva de la etapa previa y la remite al Juez a fin de proceder a la apertura del proceso que corresponda.

Por única vez, y por razones debidamente justificadas, el consejero de familia puede diferir la audiencia.

La incomparecencia injustificada debe ser especialmente valorada en el proceso

Artículo 84. Duración. La etapa previa no puede exceder los 40 (cuarenta) días computados desde la presentación del formulario.

Excepcionalmente, a pedido de parte, del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario o de un tercero interesado, el consejero de familia puede prorrogar la duración de la etapa previa por un plazo no mayor a 30 (treinta) días. Vencido este último plazo, a pedido de las partes, el consejero puede extenderlo por 30 días más.



Artículo 85. Conclusión de la etapa previa sin acuerdo. Si no hubo acuerdo en el plazo máximo establecido, o antes, si el consejero de familia considera que ese acuerdo no es posible, mediante informe debidamente fundado, da por finalizada la etapa previa y remite las actuaciones al juez interviniente para continuar el proceso.

Dentro de las 24 (veinticuatro) horas de recibida las actuaciones, el juez dicta una resolución dando por concluida la etapa previa. La resolución debe ser notificada a las partes y es irrecurrible.



TÍTULO iI. PROCEso ORDINARIO POR AUDIENCIAS

Artículo 86. Carácter supletorio. Los procesos que no tengan asignado un trámite especial se rigen por el trámite del proceso ordinario por audiencias, que se regula en este capítulo.

Artículo 87. Facultades judiciales. El juez, en atención a la mayor o menor complejidad de la cuestión, puede cambiar el tipo de proceso mediante resolución fundada, intimando por cédula a las partes para que dentro del plazo de diez (10) días adecuen sus peticiones conforme a su decisión. Esta decisión sólo es susceptible de recurso de reposición.

Artículo 88. Etapa de postulación. La demanda, contestación, reconvención, oposición de excepciones y sus contestaciones exigen forma escrita.

Artículo 89. Resolución sobre competencia. Si la competencia no resulta claramente de la cuestión propuesta, se emplaza al demandante para que formule precisiones. Vencido el plazo conferido, el juez resuelve en tres días.

Artículo 90. Traslado de la demanda. Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez da traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro del plazo de diez (10) días.

Artículo 91. Hechos no invocados en la demanda o contrademanda. Cuando en la contestación de la demanda o de la reconvención se alude a hechos no invocados en la demanda o contrademanda, los demandantes o reconvinientes, según el caso, pueden ofrecer prueba y agregar la documental referente a esos hechos, dentro de los 5 (cinco) días de notificado fictamente el decreto que tiene por contestada la demanda.

Artículo 92. Demanda y contestación conjunta. El demandante y el demandado, de común acuerdo, pueden presentar al juez la demanda y contestación, precisando la cuestión a resolver y ofreciendo la prueba en el mismo escrito.

Artículo 93. Causa de puro derecho. El juez, sin otro trámite, dispone el llamamiento de autos para resolver si la causa es de puro derecho.

Artículo 94. Reconvención. En el escrito de contestación el demandado debe deducir reconvención. Si no lo hace, no puede ser deducida después, excepto su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio.

La reconvención es admisible si las pretensiones en ella deducidas derivan de la misma relación jurídica o son conexas con las invocadas en la demanda.



Artículo 95. Trámite posterior. Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, el juez:

  1. Declara, aún de oficio, la improponibilidad objetiva de la demanda o la ausencia de legitimación manifiesta, sea activa o pasiva.

  2. Si existen hechos controvertidos, recibe la causa a prueba y convoca a la audiencia preliminar que debe realizarse en el plazo de 15 días

Artículo 96. Audiencia preliminar. Reglas generales. La audiencia preliminar se rige por las siguientes reglas:

  1. Debe ser presidida por el juez. Esta función es indelegable.

  2. Las partes deben comparecer en forma personal, excepto que exista motivo fundado a criterio del juez, que justifique la comparecencia por representante. Las personas jurídicas y las personas incapaces comparecen por intermedio de sus representantes.

  3. Las personas con capacidad restringida comparecen con sus apoyos.

  4. Las personas con capacidad restringida y menores de edad que cuentan con edad y grado de madurez suficiente pueden comparecer asistidas por su abogado; además, el juez puede citar al integrante del equipo técnico que estime conveniente.

  5. Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, una de las partes no puede comparecer, la audiencia puede diferirse por una sola vez. La decisión sobre el diferimiento se tiene por notificada el mismo día de su dictado.

  6. La inasistencia no justificada de la parte actora importa el desistimiento de su pretensión, incluso si la parte demandada tampoco comparece.

  7. La inasistencia injustificada del demandado permite tener por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no exista prueba en contrario, excepto que esté comprometido el orden público o se trate de derechos indisponibles. Su inasistencia no impide que el juez disponga oficiosamente medidas para sanear el proceso, fije el objeto de la prueba y decida sobre los medios probatorios a producir.

Artículo 97. Audiencia preliminar. Contenido. En la audiencia preliminar el juez:

a) Interroga informalmente a las partes sobre las circunstancias conducentes para la delimitación de las cuestiones en disputa.

b) Invita a las partes a una conciliación total o parcial del conflicto. Si se arriba a un acuerdo conciliatorio, se labra acta en la que conste su contenido y la homologación por el juez interviniente. El acuerdo homologado tiene efecto de cosa juzgada. Si no hubiera acuerdo entre las partes, en el acta se hace constar esta circunstancia, sin expresión de causas. Los intervinientes no pueden ser interrogados en ninguna etapa posterior del proceso acerca de lo acontecido en la audiencia preliminar.

c) Si no se llega a un acuerdo, y lo considera pertinente, puede invitar a las partes a derivar la cuestión a un mediador.

d) Fija el objeto del proceso y de la prueba y se pronuncia sobre los medios probatorios solicitados por las partes, rechazando los que sean inadmisibles, innecesarios o inconducentes; también puede disponer prueba de oficio.

e) Subsana eventuales defectos u omisiones que advierta en el trámite del proceso, con el objeto de evitar o sanear nulidades.

f) Decide sobre los hechos nuevos planteados y la prueba ofrecida para acreditarlos.

g) Ordena la producción y diligenciamiento de la prueba admitida y fija la fecha para la audiencia complementaria de prueba en un plazo que no puede exceder de cuarenta días, teniendo en cuenta que ínterin debe producirse toda la que no puede realizarse en audiencia.

h) Dicta el auto por el que se resuelven las excepciones previas.

i) Si corresponde, declara que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho; en tal caso, la causa queda en estado de dictar sentencia.



Las manifestaciones del juez en la audiencia preliminar, en cuanto están ordenadas al cumplimiento de las actividades previstas, no importan prejuzgamiento en ningún caso.

Artículo 98. Resoluciones dictadas en la audiencia preliminar. Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia:

  1. Se notifican a las partes en la misma audiencia.

  2. Admiten recurso de reposición, que debe interponerse en la misma audiencia y decidirse en forma inmediata por el tribunal.

  3. Todas las excepciones se resuelven en forma conjunta, excepto si se declara la incompetencia, en cuyo caso no corresponde pronunciarse sobre las otras cuestiones.

  4. La sentencia que hace lugar a las excepciones previas de incompetencia, litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, desistimiento, transacción, conciliación u otro medio de resolución consensuada del conflicto que, además, pone fin al proceso, es apelable con trámite inmediato, debiendo indicarse el efecto, suspensivo o no, al conceder el recurso.

Artículo 99. Audiencia de prueba. Reglas generales. En la audiencia de prueba el juez:

  1. Intenta la conciliación o cualquier otro medio para arribar a un acuerdo.

  2. Recibe la declaración de las partes; también la de las personas con capacidad restringida y la de los niños, niñas y adolescentes con edad y grado de madurez suficiente, si correspondiese.

  3. Toma declaración a los testigos.

  4. Requiere explicaciones a los peritos respecto de los dictámenes presentados.

Artículo 100. Audiencia de prueba. Trámite. Abierto el acto:

  1. Se da lectura resumida a las conclusiones de la prueba y diligencias realizadas desde la audiencia preliminar, excepto que las partes prescindan de ella por considerarse suficientemente instruidas.

  2. Se recibe la prueba.

  3. Excepto el intento de acuerdo, el resto del desarrollo de la audiencia se registra por medios electrónicos o audiovisuales, quedando incorporado el archivo audiovisual al sistema informático. Sólo se firma un acta abreviada que dé cuenta de la comparecencia de las partes y, en su caso, de los otros sujetos involucrados.

  4. La audiencia de prueba concluye cuando la totalidad de las cuestiones propuestas han sido tratadas. Sin embargo, excepcionalmente, el juez puede suspenderla por causas de fuerza mayor o por la necesidad de incorporar un elemento de juicio considerado indispensable, en cuyo caso debe fijar la fecha de reanudación a la mayor brevedad.

  5. Terminada la audiencia y durante diez (10) minutos, las partes pueden alegar en el orden que el juez determine. El juez puede requerir aclaraciones y precisiones tanto durante el curso del alegato, como a su finalización.

  6. Finalizado el debate concluye la audiencia y, previa vista al Ministerio Público, si corresponde, el juez llama autos para sentencia.

Artículo 101. Efectos del llamamiento de autos para resolver. Desde el llamamiento de autos para resolver toda discusión queda cerrada y no pueden presentarse más escritos ni producirse más pruebas, excepto las que el juez disponga como medida para mejor proveer. Tales medidas deben ser ordenadas en un solo acto y la resolución que las dispone debe ser notificada de oficio.

Artículo 102. Notificación de la sentencia. La sentencia debe ser notificada de oficio, dentro de los tres (3) días de su dictado. En la cédula se transcribe la parte dispositiva. Al litigante que lo pida, se le entrega una copia simple de la sentencia, firmada por el secretario.

TÍTULO III. PROCEso ABREVIADO.

Artículo 103. Procedencia. El proceso abreviado se aplica cuando así lo dispone esta ley, o en los supuestos que el juez lo resuelva expresamente.

Artículo 104. Reglas. El proceso abreviado se rige por las reglas del proceso ordinario, en cuanto sea pertinente, con las siguientes modificaciones:

  1. El juez da traslado de la demanda para que el demandado comparezca y conteste dentro del plazo de cinco (5) días.

  2. El trámite se concentra en una sola audiencia. La inasistencia de las partes se rige por lo dispuesto en el Art. 96.

  3. Después de la contestación de la demanda, el juez se pronuncia sobre la prueba, fija la fecha de la audiencia y dispone que se produzca la que no puede ser recibida en esa audiencia, de modo tal que, a la fecha de aquélla, ésta se encuentre diligenciada.

  4. El juez ejerce la facultad de limitar la prueba ofrecida y desestimar la inadmisible, impertinente, manifiestamente innecesaria o inconducente, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza abreviada del trámite

  5. El juez se pronuncia en una única decisión sobre todas las excepciones y defensas. Si acoge la excepción de incompetencia puede omitir pronunciarse sobre las otras.

  6. En la segunda instancia no se admite otra prueba que la que el tribunal ordene como medida para mejor proveer.

Artículo 105. Recursos. Contra la decisión dictada en proceso abreviado procede la apelación restringida.

TÍTULO IV. PROCeso URGENTE NO CAUTELAR.

Artículo 106. Adaptación. Potestades judiciales. En casos de extrema urgencia, si es necesario para salvaguardar derechos fundamentales de las personas, el juez puede resolver la pretensión del peticionario acortando los plazos previstos para el proceso abreviado y disponiendo las medidas que juzgue necesarias para una tutela real y efectiva.

Excepcionalmente, cuando existe prueba fehaciente y evidencia del derecho invocado, puede resolverse sin sustanciación.



Artículo 107. Presupuestos. Para la procedencia del proceso urgente no cautelar deben cumplirse los siguientes presupuestos:

  1. Existencia de la necesidad de satisfacer una obligación incondicionada impuesta por ley, o de hacer cesar de inmediato conductas o vías de hecho, producidas o inminentes, contrarias a derecho, según la legislación de fondo.

  2. Petición limitada a obtener una solución de urgencia no cautelar, que no involucre la declaración judicial de derechos conexos o afines, y que la protección de su interés jurídico no requiera de la ulterior promoción de un proceso de conocimiento.

  3. El juez puede exigir al peticionante que preste garantía suficiente, de conformidad con las particularidades del caso.

Artículo 108. Trámite. Sustanciación:

  1. No procede la etapa previa.

  2. La contraparte debe ser oída por el juez, en la audiencia que debe fijarse dentro de los 5 días de presentada la demanda.

  3. Si el derecho es evidente o la urgencia es extrema, puede ordenar la medida de modo inmediato, posponiendo la sustanciación para cuando lo ordenado se haya cumplido.

  4. En todos los casos, la resolución debe ser notificada personalmente o por cédula. Si no ha mediado traslado previo, con la notificación de la resolución se cita a la contraria a ejercer su derecho de defensa, haciéndole saber que debe cumplir la medida ordenada, aunque formule oposición a la pretensión.

Artículo 109. Oposición. El legitimado que se ha opuesto a la pretensión urgente no cautelar puede impugnar la resolución, mediante recurso de apelación, sin efecto suspensivo, o mediante juicio declarativo de oposición, que tramita por las normas del proceso abreviado, ante el juez que dictó la resolución impugnada.

PARTE TERCERA. PROCESOS ESPECIALES.

TÍTULO I. PROCESO DECLARATIVO DE RESTRICCIÓN A LA CAPACIDAD E INCAPACIDAD.

Artículo 110. Iniciación del trámite. En los procesos de declaración de restricción de capacidad o incapacidad no procede la etapa previa.

La presentación de cualquiera de los legitimados debe:



  1. Exponer los hechos, debiendo especificar: motivación para iniciar el proceso; diagnóstico y pronóstico; época en la que se presentó la situación; recursos personales, familiares y sociales existentes; régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía.

  2. Acompañar dos certificados de profesionales que den cuenta del estado de salud mental. Cuando no fuere posible acompañarlos, el juez, a pedido de parte o de oficio, debe requerir al servicio de salud que haya prestado asistencia a la persona que, en el plazo de cinco días, remita las constancias que tenga en su poder, priorizando las más próximas en el tiempo.

  3. De no existir servicio de salud que pueda proporcionar esta información, el estado de salud debe ser probado sumariamente por el peticionante.

  4. Proponer un sistema de apoyos o curatela.

Si el trámite no ha sido iniciado por el Ministerio Público, presentada la demanda, el juez le corre vista.

Artículo 111. Notificaciones. La persona en cuyo beneficio se realiza el proceso debe ser notificada en forma personal de las siguientes resoluciones:

  1. La que da curso a la petición inicial.

  2. La que dispone la producción de la prueba.

  3. La sentencia que decide sobre la declaración de capacidad restringida o de incapacidad.

  4. La sentencia que decide el pedido de cese de la incapacidad o de la capacidad restringida.

  5. La resolución que desestima la petición de declaración de capacidad restringida o de incapacidad.

  6. Toda otra que el juez disponga expresamente.

Todas las notificaciones deben realizarse con los ajustes razonables a fin de eliminar las barreras sociales que el proceso implique.

Artículo 112. Traslado de la demanda a la persona en cuyo beneficio se inició el proceso de restricción de capacidad. Contestada la vista por el Ministerio Público o vencido el plazo para hacerlo en caso de corresponder, el juez corre traslado de la demanda a la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso, para que comparezca en el plazo de 10 días haciéndole saber que puede presentarse con asistencia letrada para el ejercicio de sus derechos y que, en caso de no hacerlo o de carecer de medios, se le designará un abogado del Estado.

Artículo 113.  Informe del equipo interdisciplinario. Contestada la demanda o vencido el plazo, de oficio, el juez ordena al cuerpo interdisciplinario la realización de un informe, que debe contener datos, con la mayor precisión posible, sobre:

  1. Diagnóstico.

  2. Fecha aproximada en que la situación que da fundamento al proceso se manifestó.

  3. Pronóstico.

  4. Abordaje aconsejable para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible.

  5. Recursos personales, familiares y sociales existentes.

Artículo 114. Entrevista personal. Atribuciones del juez. Incorporado al expediente el informe del equipo interdisciplinario, el juez fija una fecha para mantener una entrevista con la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso, a quien debe asegurarse asistencia letrada. La entrevista debe realizarse en un plazo no mayor de 10 días a partir de la incorporación del informe.

El juez debe mantener relación directa con la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso y, a tal efecto, está facultado para realizar todos los ajustes razonables del procedimiento, según las circunstancias del caso lo requieran. 



Artículo 115. Proponibilidad de la demanda. Desestimación. Medidas de protección. Finalizada la entrevista personal, el juez resuelve fundadamente si:

a) Declara proponible la demanda excepcional de incapacidad o restrictiva de la capacidad.

b) Desestima la demanda sin más trámite.

c) Desestima la demanda; no obstante, si advierte que en el caso existen derechos económicos, sociales y culturales vulnerados, notifica a los organismos estatales que corresponden.

En cualquier etapa del proceso, el juez debe ordenar medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso.

Artículo 116. Resolución de proponiblidad. La resolución que declara la proponibilidad de la demanda debe:


  1. Notificar los informes interdisciplinarios incorporados en la causa a la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso.

  2. Resolver sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida y ordenar su producción, incluida la que acredite la idoneidad del apoyo propuesto, y toda otra que las partes quieran aportar o el juez disponga de oficio.

Artículo 117. Producción de pruebas. La prueba debe rendirse dentro de los treinta (30) días computados a partir de la resolución que la admitió, si fue peticionada por las partes, o a partir de que fue ordenada oficiosamente por el juez.

Artículo 118. Alegatos y sentencia. Producida la prueba, se ponen los autos para alegar por el plazo de cinco días comunes, sin retiro del expediente. El juez dicta sentencia previa nueva vista al Ministerio Público.

Si la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso se presentó y manifestó su conformidad con lo peticionado en la demanda, el juez dicta sentencia sin presentación de alegatos.



Artículo 119. Sentencia que restringe la capacidad. La sentencia de restricción a la capacidad debe precisar la extensión y alcance de la limitación, cuales son los actos que la persona no puede realizar por sí misma y designar el o los apoyos que fueran necesarios para que dichos actos puedan ser otorgados. Los apoyos pueden ser propuestos por la parte interesada.

Debe indicar el abordaje aconsejable para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible; a ese efecto, se debe tener en cuenta el mejor interés de la persona con discapacidad, disponiéndose las medidas que no resulten discriminatorias a la dignidad de su persona.

Se puede designar redes de apoyo institucionales y personas que actúen con funciones específicas durante un determinado tiempo.

El sistema de apoyos designado para la toma de decisiones de la persona está sujeto al debido contralor judicial, con intervención del Ministerio Público.



Artículo 120. Sentencia que declara la incapacidad. Si de la prueba resulta inequívocamente que la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier modo o medio, y que el sistema de apoyos resulta ineficaz para que tome decisiones autónomas, el juez, con carácter excepcional, puede declarar la incapacidad de la persona para ejercer por sí sus derechos.

Se debe designar uno o más curadores como representantes por el plazo máximo de tres (3) años, estableciéndose el alcance y extensión de sus funciones.

Se puede designar uno o varios apoyos y establecer las funciones representativas que mejor contemplen los intereses de la persona protegida.

Los actos realizados en representación de la persona cuya incapacidad ha sido declarada están sujetos a control judicial, con la intervención del ministerio público.

La sentencia debe ser notificada por el secretario.

Artículo 121. Apelación, La sentencia es apelable dentro del quinto (5) día, por el solicitante de la declaración, la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso, el apoyo, el curador, y el Ministerio Público.

La apelación se concede de modo restringido.



Artículo 122. Registración de la sentencia. La sentencia declarativa de restricción a la capacidad o la incapacidad de una persona debe inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y anotarse al margen del acta de nacimiento. A tal efecto, se librará oficio con copia certificada de la sentencia.

Artículo 123. Revisión de las designaciones. Las designaciones de los apoyos, curadores, redes de sostenes y otras personas con funciones específicas pueden ser revisadas en cualquier momento.

Artículo 124. Costas. Las costas son a cargo de la persona en cuyo favor se declara la restricción a la capacidad o la declaración de incapacidad y no pueden exceder, en conjunto, del diez (10) por ciento del monto de sus bienes.

Los gastos causídicos son a cargo del solicitante de la declaración si el juez considera que la petición fue formulada con malicia o con error inexcusable.



TÍTULO II. AUTORIZACIONES JUDICIALES

CAPÍTULO 1. DISPENSA Y AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER MATRIMONIO

Artículo 125. Dispensa para celebrar matrimonio a las personas indicadas en Art. 403 inc. g) del Código Civil y Comercial de la Nación. Legitimación. Las personas que padecen falta permanente o transitoria de salud mental que no les impide tener discernimiento para el acto matrimonial pueden pedir dispensa judicial para contraer matrimonio.

Artículo 126. Trámite del pedido de dispensa. El pedido de dispensa requiere dictamen del cuerpo interdisciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona que pretende contraer matrimonio.

El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes; también puede hacerlo con su o sus apoyos, cuidadores, representantes legales, si lo considera pertinente.

La entrevista se realiza con presencia del asesor de personas menores, con capacidad restringida e incapaces.

Artículo 127. Apelación. La resolución que otorga la dispensa para contraer matrimonio es apelable dentro de quinto (5) día. La cámara convoca a una audiencia a los pretensos contrayentes, sus representantes legales y/o apoyos y el Ministerio Público en un plazo máximo de diez (10) días; escucha a los convocados y dicta sentencia en el mismo acto.

Artículo 128. Dispensa para contraer matrimonio de las personas menores de dieciséis (16) años.

La persona menor de edad que desea contraer matrimonio, que tiene menos de dieciséis años y cuenta con grado de madurez suficiente, está legitimada para solicitar la dispensa judicial

Debe intervenir con patrocinio letrado y notificar a ambos progenitores. Si no comparecen al proceso, debe intervenir el defensor oficial.

No se aplica la etapa previa.

El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes legales, con intervención del asesor de personas menores de edad, incapaces y capacidad restringida.

La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial; también debe evaluar la opinión de los representantes, si la hubiesen expresado.



Artículo 129. Dispensa para el matrimonio entre tutor o sus descendientes y el tutelado. La dispensa para contraer matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela se rige por las reglas previstas en el artículo anterior, teniéndose en cuenta los requisitos establecidos por la última parte del Art. 404 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 130. Autorización judicial para celebrar matrimonio de adolescentes entre 16 y 18 años. En el supuesto de que los padres o tutores no presten autorización para la celebración de matrimonio de adolescentes entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años, ya sea por negativa expresa o por ausencia, cumplida la etapa previa, el pretenso contrayente adolescente puede solicitar la correspondiente autorización judicial supletoria.

Artículo 131. Patrocinio letrado. Los pretensos contrayentes adolescentes deben comparecer con el correspondiente patrocinio letrado.

Artículo 132. Trámite. De la petición se corre traslado por cinco (5) días a los representantes legales para que expresen los motivos de su negativa.

En caso de ausencia o desconocimiento del paradero de los representantes legales, acreditada de modo indubitable, el juez convoca a una audiencia dentro de los cinco (5) días y resuelve la petición en ese acto.

Si la ausencia o desconocimiento del paradero de los representantes legales no se encuentra debidamente probada, previamente, debe acreditarse por el trámite de la información sumaria.

Artículo 133. Intervención de los representantes legales. Los representantes legales, excepto que estén ausentes o se desconozca su paradero, deben expresar los motivos de su negativa, que podrán fundarse en alguna de las siguientes razones:


  1. La existencia de alguno de los impedimentos legales.

  2. La falta de madurez del adolescente que solicita autorización para casarse.

Artículo 134. Audiencia y sentencia. El juez debe mantener una audiencia con todos los involucrados y dictar sentencia en ese mismo acto. La audiencia se realiza en presencia del asesor de personas menores, con capacidad restringida e incapaces.

Artículo 135. Apelación. La resolución que otorga autorización para contraer matrimonio es apelable dentro de quinto (5) día. La cámara convoca a una audiencia a los pretensos contrayentes, sus representantes legales y el Ministerio Público en un plazo máximo de diez (10) días; escucha a los convocados y dicta sentencia en el mismo acto.

CAPÍTULO 2. AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA SALIR DEL PAÍS.

Artículo 136. Legitimación. Los representantes legales, quienes tengan a una persona menor de edad bajo su cuidado o el propio niño, niña o adolescente si cuenta con edad y grado de madurez suficiente con el correspondiente patrocinio letrado, pueden solicitar autorización judicial para que los niños, niñas y adolescentes salgan del país ante la negativa o ausencia de uno o ambos representantes legales.

En caso de ejercicio de responsabilidad parental compartida, el trámite previsto en este capítulo resulta aplicable para solicitar el cambio de residencia permanente del hijo fuera de la provincia.



Artículo 137. Trámite. Recibida la petición, el juez convoca a una audiencia a la cual deben comparecer todos los interesados con la prueba que consideren pertinente. Si se desconoce el domicilio de uno o ambos representantes legales, se debe dar intervención al defensor oficial. En este caso, el peticionante debe declarar, bajo juramento y su propia responsabilidad, que desconoce el domicilio.

Si el juez lo considera conveniente, puede derivar la petición al consejero de familia o a mediación.



Artículo 138. Audiencia y sentencia. Al concluir la audiencia, el juez resuelve el pedido de autorización, excepto que según las circunstancias del caso ordene la realización de pruebas, que deben incorporarse al proceso en un plazo no superior a 10 (diez) días.

Artículo 139. Apelación. La resolución es apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. La cámara convoca a una audiencia a los niños, niñas y adolescentes que cuentan con edad y grado de madurez suficiente involucrados, sus representantes legales y el Ministerio Público en un plazo máximo de cinco (5) días; escucha a los convocados y dicta sentencia en el mismo acto.



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