Ley procesal para la justicia de familia de mendoza parte primera. Parte general



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TÍTULO IV. PATROCINIO LETRADO


Artículo 45. Patrocinio letrado. Regla general. Excepto disposición en contrario, el patrocinio letrado es obligatorio. El abogado patrocinante puede solicitar, con su sola firma, el dictado de decretos de mero trámite. La representación en juicio podrá instrumentarse mediante acta labrada ante el secretario del tribunal interviniente con la comparecencia del poderdante.

El patrocinante está facultado para actuar por su patrocinado excepto para aquellos actos procesales que impliquen renuncia, disposición de derechos o recepción de pagos.



Artículo 46. Patrocinio letrado de niñas, niños y adolescentes. El niño, niña o adolescente que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede:

  1. Si existe conflicto de intereses con sus representantes legales, intervenir con asistencia letrada.

  2. Solicitar la designación de un abogado para que lo asista en las peticiones que los afecten directamente.

Artículo 47. Patrocinio letrado de personas con capacidad restringida. Las personas con capacidad restringida deben intervenir con asistencia letrada, excepto que se encuentren absolutamente imposibilitadas de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, en cuyo caso lo hacen a través de sus representantes legales.

Artículo 48. Información sobre abogado especializado a personas menores de edad y con capacidad restringida. Los niños, niñas y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez suficiente y las personas con capacidad restringida pueden solicitar al juez, al consejero de familia o al asesor de personas menores de edad, incapaces y capacidad restringida, información sobre los posibles abogados especializados, inscriptos en el registro local, a los fines de poder elegir uno que lo asista en juicio.

Artículo 49. Registro local de abogados del Niño. En los casos en que el Juez, el consejero de familia o el asesor consideren necesaria la designación de un abogado para la mejor defensa de los intereses de los niños, niñas y adolescentes o de las personas con capacidad restringida, el juez designa un abogado del Registro local de abogados del Niño, de conformidad con los previsto con la reglamentación especial.

Artículo 50. Falta de firma del abogado patrocinante. El escrito que omite firma de letrado debiendo llevarlo se tiene por no presentado, y se devuelve al firmante, sin más trámite ni recursos, si la omisión no es suplida dentro del segundo día de notificado el decreto que exige el cumplimiento de ese requisito.

La omisión de patrocinio letrado se suple por:



  1. La ratificación por un abogado mediante una presentación posterior.

  2. La suscripción del mismo escrito por un abogado ante el funcionario judicial autorizado.

Artículo 51. Comparecencia sin patrocinio letrado de personas menores de edad y con capacidad restringida. El juez debe citar al niño, niña o adolescente con edad y grado de madurez suficiente o a la persona con capacidad restringida que ha presentado un escrito que requiere firma de abogado sin ella, para informarle que, para tratar su petición, debe ser ratificada por un abogado.

TÍTULO V. AUDIENCIAS

Artículo 52. Reglas Generales. Excepto disposición en contrario, las audiencias se rigen por las siguientes reglas:

a) No son públicas.

b) Deben ser notificadas con anticipación no menor de tres (3) días, excepto por razones especiales y fundadas que exijan mayor brevedad, en cuyo caso la notificación se puede efectuar por cualquier medio de comunicación (informático, oral o escrito) dejando constancia en el expediente.

Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia, en el mismo acto debe fijarse la fecha de su reanudación. El juez tiene el deber de concentrar en una misma audiencia todas las actuaciones que sea necesario realizar.

c) Las notificaciones a las audiencias se consideran realizadas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra.

d) Comienzan a la hora designada, pero los citados tienen obligación de esperar quince (15) minutos, transcurridos los cuales pueden retirarse dejando constancia en el expediente.

e) Todas las audiencias se captan mediante medios electrónicos o audiovisuales y se registran mediante digitalización del archivo en el sistema informático. También se hace un acta en la que se deja constancia de la realización de la audiencia. El acta debe ser firmada por el juez, el consejero cuando intervenga y el secretario. Las partes deben firmar, excepto cuando alguna de ellas no quiera o no pueda hacerlo; en este caso, debe consignarse esa circunstancia.

La audiencia preliminar no se filma, debiendo labrarse acta de su contenido. Las tratativas tendientes a la solución consensuada del conflicto, previas o no al juicio, tampoco son filmadas.

Si se arriba a un acuerdo, se labra acta y, de ser posible por la materia, se lo homologa en la audiencia, resolviendo sobre costas, honorarios en el mismo acto. Caso contrario, se deja constancia de no haberse arribado a una solución consensuada del conflicto.

TÍTULO VI. PRUEBA.

Artículo 53. Principio de colaboración. Las partes tienen el deber de prestar colaboración para la efectiva y adecuada producción de la prueba. Cualquier incumplimiento injustificado de este deber genera una presunción en su contra, sin perjuicio de lo previsto respecto de cada medio probatorio. El deber de colaboración se extiende a los terceros implicados en su producción.

Artículo 54. Ofrecimiento. Con la demanda, reconvención, oposición de excepciones y sus respectivas contestaciones, las partes tienen la carga de ofrecer la totalidad de las pruebas de la que intentan valerse.

Artículo 55. Atribuciones judiciales. El juez puede disponer de oficio, en cualquier etapa del proceso, diligencias tendientes a conocer la verdad de los hechos, respetando el derecho de defensa de las partes.

Las medidas para mejor proveer son inapelables.

Por decisión fundada, de oficio o a pedido de parte, el juez puede desestimar la prueba inadmisible, impertinente, manifiestamente innecesaria o inconducente.

Artículo 56. Prueba documental. Si se trata de prueba documental oportunamente ofrecida, una vez interpuesta la demanda, los abogados patrocinantes pueden requerir directamente a entidades privadas, sin necesidad de previa petición judicial y mediante oficio con transcripción de este artículo, el envío de la pertinente documentación o de su copia auténtica, que debe ser remitida directamente a la secretaría, con transcripción o copia del oficio.

Artículo 57. Interrogatorio de parte. Puede ofrecerse el interrogatorio de parte, que consiste en la indagación libre sobre los hechos controvertidos.

Artículo 58. Prueba de testigos. En oportunidad de su ofrecimiento, deben indicarse los extremos que se pretenden acreditar mediante la declaración de cada testigo.

El número de testigos ofrecido no puede ser superior a cinco (5) por cada parte, excepto necesidad debidamente fundada al ofrecerlos, y sin perjuicio de lo que se resuelva en la audiencia preliminar.

Los testigos ofrecidos pueden ser sustituidos por otros de igual idoneidad hasta la citación a la audiencia de prueba, siempre que la parte contraria no se oponga con justa causa, sin perjuicio de las facultades ordenatorias del tribunal.

Artículo 59. Caducidad de las medidas de prueba. Si la parte plenamente capaz no efectúa los actos útiles a ese fin, el juez de oficio o a petición de la contraria la emplaza por cedula por una sola vez, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la prueba sin más trámite y sin necesidad de declaración alguna, para que los realice en el plazo prudencial que se le fije, el que puede ampliarse por causa justificada, siempre que la petición se efectúe antes del vencimiento del plazo.

Vencido el plazo sin que se haya realizado, la medida de prueba caduca automáticamente.

Emplazada la parte plenamente capaz y fracasada la diligencia de prueba, se la tiene por desistida sin sustanciación ni declaración previa alguna, excepto que expresamente la urgiere dentro de los tres (3) días de la notificación ficta de la constancia de su no producción. En el caso de audiencias que debían celebrarse en el tribunal, ese plazo se computa desde el día en que la audiencia debió realizarse.

TÍTULO VII. RESOLUCIONES JUDICIALES.

Artículo 60. Plazos. Excepto norma específica que prevea un plazo menor, el juez debe dictar las resoluciones dentro de los siguientes términos:

a) Los decretos, dentro de tres (3) días, e inmediatamente, si deben ser dictados en audiencia o no admiten aplazamiento alguno.

b) Los autos y sentencias homologatorias dentro de los diez (10) o quince días (15), según se trate del juez o de la Cámara de Apelaciones.

c) Las sentencias definitivas en proceso ordinario por audiencias dentro de los veinte (20) o treinta (30) días, según se trate de juez o Cámara de Apelaciones.

d) Las sentencias definitivas en el proceso abreviado, dentro de los quince (15) o veinte (20) días, según se trate de juez o Cámara de Apelaciones.

TÍTULO VIII. COSTAS.

Artículo 61. Regla general. La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado.

No obstante, a través de una decisión razonablemente motivada, el juez puede eximir total o parcialmente de esta obligación al litigante vencido.



Artículo 62. Solución consensuada del conflicto. Si el juicio termina por solución consensuada del conflicto, excepto acuerdo en contrario de las partes, las costas son impuestas en el orden causado. En este caso, los honorarios de los abogados que patrocinen a las partes serán regulados como si el juicio hubiere tramitado todas las etapas hasta la sentencia.

TÍTULO IX. RECURSOS.

Artículo 63. Remisión. Los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el Código Procesal Civil de Mendoza pueden ser interpuestos en el tiempo, forma y casos prescriptos en ese ordenamiento, excepto disposición en contrario de esta ley.

Artículo 64. Apelación. Plazos. El recurso de apelación sólo procede en contra de:

a) Sentencias.

b) Autos expresamente declarados apelables por esta ley o de contenido definitivo, imposibles de revisar en un proceso ulterior.

c) Decretos que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

Excepto disposición en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días.

Artículo 65. Apelación amplia y restringida. El recurso contra la sentencia definitiva dictada en el proceso ordinario por audiencias procede de modo amplio.

En la apelación amplia cabe la posibilidad de incorporar nuevos hechos y nuevas pruebas.

En los demás casos, la apelación es restringida. El tribunal de alzada debe resolver sobre la base del material reunido en primera instancia, sin perjuicio de la facultad de disponer medidas para mejor proveer.

Artículo 66. Apelación con trámite inmediato y diferido. La apelación tiene trámite inmediato, excepto en los casos en que la ley establece el trámite diferido.

Se conceden con trámite diferido las siguientes resoluciones:

a) La que decide el incidente de nulidad.

b) Las apelables dictadas en audiencia, excepto si hace lugar a excepciones que ponen fin al proceso.

c) Las apelables dictadas sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba.

d) Las que imponen costas y regulan honorarios, excepto cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara de Apelaciones como consecuencia del recurso de apelación con efecto inmediato deducido por alguna de las partes.

e) Las apelables en el trámite de ejecución previas al dictado de la sentencia que ordena seguir la ejecución adelante.

Artículo 67. Trámite diferido. El recurso con trámite diferido debe interponerse ante el juez de primera instancia.

Se funda ante la Cámara de Apelaciones conjuntamente con el recurso principal.

La Cámara de Apelaciones debe resolver los recursos deducidos con trámite diferido antes de llamar autos para dictar la sentencia definitiva.

Artículo 68. Apelación con y sin efecto suspensivo. La apelación procede con efecto suspensivo, excepto disposición en contrario.

Artículo 69. Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Si cualquiera de las partes pretende que el recurso debió otorgarse de forma diferente, puede solicitar, dentro del plazo de tres (3) días, que el juez lo modifique.

Estas disposiciones rigen sin perjuicio de la facultad de la Cámara de Apelaciones de revisar y modificar oficiosamente el modo, efecto y trámite de la concesión del recurso, disponiendo las medidas de saneamiento y reconducción necesarias que deben ser cumplidas en la alzada.



Artículo 70. Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación es interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admite ningún escrito para fundar la apelación. El plazo para interponerlo es el previsto para la reposición.

Artículo 71. Apelación sin efecto suspensivo. Si el recurso es sin efecto suspensivo, deben observarse las siguientes reglas:

    1. Si se recurre la sentencia definitiva, el expediente se remite a la Cámara de Apelaciones y en el juzgado queda copia de lo pertinente. El decreto que concede el recurso debe indicar las piezas que han de copiarse. Es carga del apelante presentar la copia.

    2. Si la decisión que se recurre no es la sentencia definitiva, el decreto que concede el recurso debe indicar las piezas que han de copiarse para ser remitidas a la Cámara de Apelaciones Las copias son remitidas a la cámara, excepto que el juez considere más expeditivo retenerlas para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. Es carga del apelante presentar las copias.

    3. Si el apelante no presenta las copias que se indican en este artículo y que están a su cargo, dentro de los cinco (5) días de concedido el recurso, el juez lo declara desierto.

Artículo 72. Remisión del expediente o actuación. Las actuaciones se remiten a la Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días de concedido el recurso o de formada la pieza separada, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del funcionario judicial autorizado. La remisión del expediente debe hacerse previo cumplimiento de todas las notificaciones y acompañada de la documentación original si la hubiera, y de todos los expedientes conexos ofrecidos y admitidos como prueba, bajo apercibimiento de multas al funcionario responsable, que serán impuestas por la sala administrativa de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 73. Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si procede anular la sentencia por esta causa, el tribunal debe resolver también sobre el fondo del litigio.

PARTE SEGUNDA. CLASES DE PROCESOS



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