Ley procesal para la justicia de familia de mendoza parte primera. Parte general



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LEY PROCESAL PARA LA JUSTICIA DE FAMILIA DE MENDOZA

PARTE PRIMERA. PARTE GENERAL.

TÍTULO I. REGLAS GENERALES

Artículo 1. Fines del proceso e interpretación y aplicación de las normas procesales. La finalidad del proceso de familia es la efectiva operatividad de las normas del derecho sustancial.

Las disposiciones de esta ley y del código procesal civil de la provincia, en cuanto es aplicable por remisión expresa u omisión de esta ley, deben ser interpretadas y aplicadas en consonancia con la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Mendoza, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en los que la Nación sea parte, el Libro Segundo del Código Civil y Comercial de la Nación y los principios y reglas generales de los procesos de familia enunciados en este Título.



Artículo 2. Principios y reglas de los procesos de familia. El proceso de familia debe respetar el debido proceso y, en especial, asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos.

Los jueces tienen el deber de prevenir y sancionar todo apartamiento de la buena fe y lealtad procesal, y de dirigir el proceso para asegurar su observancia.

Rigen en el trámite las reglas de oficiosidad, oralidad, inmediación, gratuidad y acceso limitado al expediente.

Artículo 3. Acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad.

Se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante la justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Los jueces deben evitar que la desigualdad entre las personas por razones de vulnerabilidad afecte el desarrollo o resultado del proceso.

Artículo 4. Especialidad e interdisciplina. Los jueces deben ser especializados y contar con un equipo interdisciplinario.

Artículo 5. Interés superior del niño. Toda decisión que se dicte en un proceso en el que están involucrados derechos de niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta su interés superior.

Artículo 6. Resolución consensuada de los conflictos. La resolución de los conflictos familiares debe procurar y preferir soluciones consensuadas, sea por el juez, sea por profesionales especializados.

La expresión resolución consensuada comprende la conciliación, la transacción, la mediación y toda otra vía de solución no contenciosa.



Artículo 7. Participación en el proceso de personas con capacidad restringida, incapaces, y niños, niñas y adolescentes. Las personas con capacidad restringida, los incapaces, y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos e instancias que los afecten directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de madurez y discernimiento, y la cuestión debatida en el proceso.

Los actos procesales en los que participen personas con capacidad restringida e incapaces, y niños, niñas y adolescentes deben:

a) Utilizar un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y evitar formalismos innecesarios;

b) Realizarse en un hábitat adecuado. Si fuese conveniente y beneficioso para estas personas, el juez y/o los demás integrantes del juzgado pueden trasladarse al lugar donde ellas se encuentren.



Artículo 8. Oralidad e inmediación. Proceso por audiencias. Excepto disposición en contrario de esta ley, el proceso se desarrolla mediante audiencias.

El trámite debe conducirse observando las reglas de celeridad, concentración, saneamiento y eventualidad.



Artículo 9. Oficiosidad. El impulso procesal está a cargo del juez, quien puede, oficiosamente:

  1. ordenar pruebas.

  2. disponer medidas no patrimoniales urgentes, cautelares y no cautelares.

El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas plenamente capaces.

La caducidad de la instancia no opera en los casos en que el impulso oficioso del trámite corresponde al juez. En los demás supuestos, la instancia caduca conforme lo dispuesto en el código procesal civil de la provincia.



Artículo 10. Gratuidad. Los procedimientos regulados por esta ley carentes de contenido económico son gratuitos y, en consecuencia, están exentos del pago de cualquier tipo de tributo o carga.

En los demás procesos, quien alegue insuficiencia de bienes e ingresos para afrontar los gastos causídicos debe presentar una declaración jurada por ante el funcionario que recibe demandas, quien le informará sobre las consecuencias de la eventual falsedad. A ese fin, una copia de la declaración jurada será remitida a los organismos recaudadores, quienes deben actuar en los plazos y con las consecuencias administrativas, fiscales y procesales establecidas en el ordenamiento jurídico.



Artículo 11. Acceso limitado al expediente. El acceso al expediente está limitado a las partes, sus representantes y letrados, y a los auxiliares designados en el proceso.

En caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, la remisión se ordena sólo si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva.



Artículo 12. Lenguaje. Las resoluciones judiciales deben redactarse mediante construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

Las notificaciones, requerimientos y demás actos procesales deben utilizar términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a la situación particular de las partes. Las expresiones o elementos intimidatorios deben evitarse, excepto que el uso de expresiones conminatorias sea necesario para comprender las consecuencias del incumplimiento.

Los tribunales deben facilitar los medios para superar cualquier impedimento de comprensión y, en especial, contar con servicios de traductor e intérprete para los procesos en que intervienen extranjeros, personas con discapacidad e integrantes de pueblos originarios.

Artículo 13. Doble instancia. El proceso tiene dos instancias, excepto disposición en contrario.

Artículo 14. Flexibilidad de las formas del proceso. Para evitar excesos rituales, el juez puede adaptar las formas sin conculcar el debido proceso. El pedido y la causa de la petición pueden ser interpretados extensivamente.

Artículo 15. Principios relativos a la prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba.

La carga de la prueba pesa sobre quien está en mejores condiciones de probar.



Artículo 16. Aplicación supletoria. El código procesal civil de la provincia de Mendoza es de aplicación supletoria en todo lo no reglado, siempre que sea compatible con los principios y reglas establecidos en este título.

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE FAMILIA DE MENDOZA



Artículo 17. Integración. La justicia de familia está integrada por:

  1. Cámaras de familia.

  2. Juzgados de familia.

  3. Juzgados de violencia familiar y de género.

  4. Juzgados de paz en las materias en las que tienen competencia de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 8279

  5. Consejeros de familia

  6. Ministerio Público Fiscal de familia.

  7. Ministerio Público Pupilar de familia.

Artículo 18. Organismos auxiliares. Asisten a la justicia de familia los siguientes organismos:

  1. Cuerpo auxiliar interdisciplinario.

  2. Registro único de adopción.

  3. Comité de bioética.

  4. Cuerpo de mediadores.

  5. Cuerpo de codefensores de familia.

  6. Otros que se creen al efecto.

Artículo 19. Cámaras de familia. Las Cámaras de familia se componen de tres (3) jueces; todos deben tener reconocida versación en derecho de familia, niñez y adolescencia, violencia familiar y de género y cumplimentar los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser integrante de una Cámara de Apelaciones.

Artículo 20. Juzgados de familia. Los Juzgados de familia están a cargo de un (1) juez; debe tener reconocida versación en derecho de familia, niñez y adolescencia, y cumplimentar los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser Juez letrado de primera instancia.

Artículo 21. Juzgados de violencia familiar y de género. Los Juzgados de violencia familiar y de género están a cargo de un (1) juez; debe tener reconocida versación en derecho de familia, niñez, adolescencia y violencia familiar y de género, y cumplimentar los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser Juez letrado de primera instancia.

Artículo 22. Consejero de familia. Cada juzgado de familia debe contar con dos consejeros de familia; ambos deben tener reconocida versación en derecho de familia, niñez y adolescencia, formación y prácica en métodos no adversariales de resolución de conflictos y cumplimentar los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser juez letrado de primera instancia.

Cada juzgado de violencia familiar y de género debe contar con un consejero de familia especializado en derecho de familia, niñez, adolescencia, violencia familiar y de género y cumplimentar los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser juez letrado de primera instancia.



Artículo 23. Ministerio Público de familia. El Ministerio Público Fiscal y Pupilar de familia está integrado por las Fiscalías y las Asesorías de personas menores de edad, con capacidad restringida e incapaces.

Los fiscales y los asesores deben tener reconocida versación en derecho de familia, niñez y adolescencia y violencia familiar y de género y reunir los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser fiscal de primera instancia o asesor, respectivamente.



Artículo 24. Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario. El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario(CAI) asiste a la justicia de familia en los asuntos que le sean requeridos por el Juez; cumple sus funciones bajo la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que ejerce la superintendencia sobre el organismo y sus integrantes; a ese efecto, la Suprema Corte dicta las normas referidas al nombramiento de los profesionales integrantes, sus responsabilidades (éticas y administrativas), sanciones, incompatibilidades, capacitación, y todas aquellas necesarias para el correcto funcionamiento de este organismo auxiliar.

Artículo 25. Integración. El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario se integra por un plantel de profesionales especializados en las distintas áreas de la problemática de la familia, niñez y adolescencia.

Cuenta con una unidad especializada en violencia familiar y de género, compuesta por profesionales del área médica, de la psicología y del trabajo social, que presta servicios con exclusividad a los jueces de violencia familiar y de género, de modo de garantizar atención inmediata.



Artículo 26. Registro único de adopción. El Registro único de adopción (RUA) funciona como organismo dependiente de la Secretaría Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Posee competencia en toda la provincia de Mendoza y puede habilitar delegaciones en cada una de las circunscripciones judiciales. Cada delegación coordina sus actividades con los organismos del Sistema de Protección de Derechos y los Juzgados de familia a los fines del control y procesamiento de la información susceptible de registración.

El RUA está integrado por un Director y un equipo Interdisciplinario. Su función es evaluar a los pretensos adoptantes según criterios técnicos científicos, y elaborar los informes sobre las aptitudes de los inscriptos, incluidos en el legajo de cada uno de los pretensos adoptantes.



Artículo 27. Cuerpo de Mediadores. El Cuerpo de Mediadores cumple sus funciones bajo la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien ejerce la superintendencia sobre el organismo y sus integrantes; a ese efecto, la Suprema Corte dictará normas referidas al nombramiento de los mediadores, sus responsabilidades (éticas y administrativas), sanciones, incompatibilidades, capacitación, y todas aquellas necesarias para el correcto funcionamiento de este organismo auxiliar.

Artículo 28. Comité de Bioética. El Comité de Bioética es multidisciplinario y multisectorial. Se integra con personas de reconocida solvencia en su campo de conocimiento y tiene por finalidad dictaminar sobre los aspectos científicos, éticos y jurídicos que le sean encomendados.

Artículo 29. Convocatoria para su intervención. Por auto fundado, y cuando lo considere conveniente en razón de la materia implicada, el tribunal convoca al Comité de Bioética a fin de que dictamine sobre el tema propuesto.

Artículo 30. Integración. El Comité de Bioética está integrado por siete miembros, representantes de los siguientes campos del conocimiento:

  1. Ciencias de la salud.

  2. Psicología.

  3. Antropología o sociología.

  4. Educación.

  5. Ética o filosofía.

  6. Trabajo Social.

  7. Jurídico.

Los integrantes del Comité se designan, para cada pedido de dictamen, de una lista que elabora anualmente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.

Ningún integrante del Comité puede delegar sus funciones. Ante impedimentos transitorios o incompatibilidades, puede ser reemplazado por decisión fundada del juez que ha requerido su intervención.

Las pautas para su funcionamiento e intervención son acordadas por el propio Comité en la primera reunión.

Artículo 31. Organización y funcionamiento. La presidencia del Comité es ejercida por un integrante designado por mayoría de sus miembros.

El Comité requiere para sesionar, como mínimo, cuatro de sus integrantes.

Los dictámenes deben ser emitidos, como mínimo, por cuatro de sus integrantes y deben ser evacuados en el plazo que el juez determine, el que puede ser prorrogado por una sola vez, a solicitud del Presidente del Comité, peticionada con anterioridad al cumplimiento de plazo inicialmente fijado.

Emitido el dictamen, se regulan honorarios conforme el procedimiento para los peritos y se disuelve el comité creado para ese asunto.



TÍTULO III. ÁMBITO DE aplicación Y REGLAS DE COMPETENCIA

Artículo 32. Competencia material de los Juzgados de familia. Las normas de esta ley se aplican a los siguientes asuntos:

  1. Acciones derivadas de capacidad de las personas humanas y su restricción.

  2. Acciones derivadas del matrimonio, nulidad y divorcio.

  3. Acciones derivadas del régimen patrimonial del matrimonio, excepto la etapa de la liquidación si se ha declarado el concurso o la quiebra de uno o ambos cónyuges o que se produzca la muerte de alguno de los cónyuges.

  4. Acciones derivadas de las uniones convivenciales.

  5. Acciones derivadas del parentesco.

  6. Acciones derivadas de la filiación por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida y adoptiva.

  7. Acciones derivadas de la responsabilidad parental.

  8. Acciones derivadas de la guarda y de la tutela.

  9. Acciones resarcitorias derivadas de las relaciones de familia.

  10. Acciones derivadas de la inscripción de nacimientos, identidad de género, nombre de las personas, estado civil y sus registraciones.

  11. Cuestiones vinculadas con las directivas médicas anticipadas.

  12. Cuestiones que se susciten con posterioridad al deceso de las personas sobre disponibilidad de su cuerpo o alguno de sus órganos.

  13. Acciones por restitución internacional de niños y demás cuestiones de derechos internacional privado en las relaciones de familia.

  14. Medidas urgentes (cautelares y no cautelares), preparatorias, y preliminares en las relaciones de familia.

  15. Acciones colectivas relativas a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

  16. Cualquier cuestión conexa o accesoria de las enumeradas en los incisos anteriores, con excepción de las atinentes al derecho sucesorio.

  17. Trámite del exequátur para la ejecución de sentencias o resoluciones en las materias enumeradas en este artículo emanadas de tribunales extranjeros.

Artículo 33. Competencia material de los juzgados de violencia familiar y de género. Los juzgados de violencia familiar y de género son competentes para todas las acciones derivadas de la violencia familiar y de género con el alcance previsto en esta ley.

Artículo 34. Competencia territorial. Carácter. La competencia territorial atribuida a los jueces es improrrogable.

Las Cámaras de familia, los Juzgados de familia, y los Juzgados de violencia familiar y de género, ejercen la función jurisdiccional en el territorio que indiquen las leyes de su creación, de conformidad con la presente ley, la Ley Orgánica de Tribunales, el Código Procesal Civil de Mendoza en lo que resulte compatible, y las acordadas que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza tiene facultad para asignar competencia territorial a los Juzgados de familia y de violencia familiar y de género, Cámaras de familia y otros tribunales con competencia material de familia, según criterios de conveniencia y oportunidad razonablemente motivados.

La competencia no puede ser delegada, excepto que se trate de la realización de diligencias determinadas fuera de la jurisdicción y siempre que la delegación y las dilaciones no pongan en riesgo a personas vulnerables. El juez que interviene en el proceso de familia goza de atribuciones extraterritoriales dentro del país para el cumplimiento de trámites que no admiten aplazamiento alguno.



Artículo 35. Juzgados de Paz con competencia en asuntos de familia. Los Juzgados de Paz tienen competencia en asuntos de familia, conforme las previsiones del art. 6 de la ley 8279, en los procesos referidos a:

  1. Juicio de dispensa de edad y autorización para contraer matrimonio.

b) Acciones de divorcio, si se declara que no existen bienes.

c) El control de legalidad y dictado de medidas conexas en las causas originadas por aplicación de la Ley 26.061. Si corresponde, declara la situación de adoptabilidad y remite las actuaciones al uez de familia con competencia de conformidad con lo dispuesto en el art 37 inc. k.



  1. Causas originadas en situaciones de violencia familiar y de género

  2. Acciones derivadas del ejercicio de la responsabilidad parental y guarda de personas menores de edad.

  3. Cuestiones derivadas de las uniones convivenciales, si se declara que no existen bienes.


Artículo 36. Competencia territorial. Centro de vida. A los efectos de la competencia, la expresión centro de vida se refiere al de las personas menores de edad, con capacidad restringida, e incapaces.
Artículo 37. Reglas de competencia territorial. La competencia se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado.

Es juez competente:



  1. En las acciones de restricciones a la capacidad, el juez del domicilio de la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso, o residencia habitual del denunciado o el del lugar de internación mientras ésta subsista, según el caso.

  2. En las acciones de divorcio y nulidad de matrimonio, el del último domicilio conyugal efectivo o el del demandado, a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges en el divorcio bilateral.

  3. En los procesos de separación judicial de bienes, el del último domicilio conyugal efectivo o el del demandado, a elección del actor.

  4. En los procesos de liquidación del régimen de bienes en el matrimonio, el que intervino en la causal de extinción, excepto en caso de concurso o quiebra, en el que conoce el juez del proceso colectivo.

  5. En las acciones derivadas de las uniones convivenciales, el del último domicilio común efectivo o el del demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial si la presentación es bilateral.

  6. En las acciones de guarda y en todas aquellas cuestiones referidas al ejercicio de la responsabilidad parental, o en el que se decidan de modo principal derechos de niños, niñas y adolescentes, el del domicilio que corresponda a su centro de vida. Si el centro de vida ha sido modificado ilícitamente por una persona plenamente capaz, el expediente se remite al juez competente por la materia de la jurisdicción territorial pertinente.

  7. En las acciones por alimentos, a elección del demandante, el juez de su domicilio, de su residencia habitual, de su centro de vida, del domicilio o residencia habitual del demandado, o donde éste tenga bienes susceptibles de ejecución.

  8. Si la acción de alimentos se promueve entre cónyuges, el del último domicilio conyugal, o el del domicilio o residencia habitual del demandado, o el que haya entendido en la disolución del vínculo.

  9. Si la acción de alimentos se promueve entre convivientes, el de su residencia habitual.

  10. En las acciones de filiación por naturaleza y técnicas de reproducción humana asistida:

      1. De emplazamiento, a elección del actor, el del centro de vida, el del domicilio de quien lo reclama, o el del domicilio del pretendido progenitor.

      2. De desplazamiento, a elección del actor, el del centro de vida o el del domicilio del hijo.

  11. En las acciones derivadas de la filiación adoptiva:

      1. En la declaración de situación de adoptabilidad y otorgamiento de guarda con fines de adopción, el del centro de vida. Para el caso que se desconozca dicho domicilio, el que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales, o en su defecto, el del lugar en que se encuentre el niño, niña o adolescente.

      2. En el juicio de adopción, es competente el juez que declaró la situación de adoptabilidad y otorgó la guarda con fines de adopción, o a elección de los pretensos adoptantes, el del centro de vida si el traslado fue tenido en consideración en esa decisión.

Artículo 38. Competencia por conexidad. El juez de familia que ha entendido en medidas urgentes, cautelares o no cautelares, preliminares, preparatorias y provisionales debe seguir interviniendo en los demás procesos conexos o que deriven del mismo conflicto familiar, excepto que haya tomado esas medidas sin ser competente, o exista disposición expresa en contrario.

Ante el juez de familia que intervino primero tramitan todas las acciones referidas al grupo familiar implicado en el conflicto por el cual se abrió la jurisdicción. 



TÍTULO III. SUJETOS PROCESALES.

Artículo 39. Deberes y atribuciones del juez. Son deberes y atribuciones del juez:

  1. Resolver las causas dentro de los plazos fijados.

  2. Incentivar la resolución consensuada del proceso mediante el asesoramiento necesario, dentro de un diálogo constructivo y no adversarial.

  3. Aplicar la normativa procesal regulada en esta ley de manera proactiva, a fin de lograr la solución más justa y eficaz al conflicto que se le presenta.

  4. Excepcionalmente, admitir pretensiones o disponer prestaciones relacionadas con el objeto de la pretensión y la causa de la petición, que no fueron inicialmente formuladas, siempre que los hechos que las originen se encuentren probados y que durante su incorporación al proceso haya mediado oportunidad de defensa.

  5. Dictar medidas de protección para evitar todo perjuicio a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

  6. Asumir una actitud dinámica y responsable, no inquisidora ni espectadora, respetuosa de la intimidad familiar y la autonomía personal, utilizando razonablemente los instrumentos jurídicos procesales que se regulan.

  7. Conducir el proceso velando por la igualdad real de las partes y la garantía de la defensa.

  8. Prevenir y sancionar todo acto contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe.

  9. Sancionar el fraude procesal.

  10. Integrar las normas procesales en los casos en los que se carece de una regulación expresa a fin de tratar adecuadamente el conflicto.

  11. Recurrir al cuerpo interdisciplinario a fin de ampliar el conocimiento sobre el conflicto planteado.

  12. Convocar al Comité de Bioética cuando lo considere conveniente en razón de la materia implicada

  13. Disponer oficiosamente medidas de saneamiento para evitar la indefensión de las partes o subsanar nulidades.

  14. Informar a los intervinientes en el proceso la finalidad de los actos procesales y los derechos y deberes que tienen dentro del proceso.

  15. Dirigirse a las partes, sus abogados y demás intervinientes con respeto y mediante la utilización de un lenguaje claro y sencillo.

  16. Escuchar de manera directa a los niños, niñas y adolescentes involucrados y valorar su opinión según su edad y grado de madurez.

  17. Escuchar de manera directa a las personas con capacidad restringida y valorar su opinión conforme su posibilidad de comprensión del tema a decidir.

  18. Mantener relación directa con las personas incapaces.

  19. Motivar los decretos denegatorios, los autos, y toda sentencia, de conformidad con las normas vigentes y en correspondencia con las alegaciones y pruebas arrimadas en el proceso.

  20. Ejercer sus deberes y atribuciones en materia probatoria, especialmente, al decidir la admisión o no de elementos de prueba presentados por las partes e intervinientes, y disponer, de oficio, la utilización de otros medios eficaces.

  21. Autorizar la utilización de recursos y medios tecnológicos que considere pertinentes.

  22. Ordenar la realización de estudios y dictámenes, y solicitar la colaboración de organismos e instituciones especializadas para procurar una solución integral y efectiva de los conflictos de familia.

  23. Disponer de oficio o a petición de parte, por resolución fundada, la suspensión del procedimiento por un plazo que no podrá superar un año.

  24. Cumplir con el principio de inmediación, debiendo participar en todas las audiencias cuya presencia se exige en esta ley, bajo apercibimiento de multas que serán impuestas por la sala administrativa de la Suprema Corte de Justicia sobre la base de un baremo que deberá ser reglamentado por ese mismo Tribunal dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de esta ley, y lo actualizará la primera semana de febrero de cada año.

  25. Establecer el plazo dentro del cual las partes tienen la carga de realizar determinada actividad procesal cuando no ha sido previsto en esta ley, en el código procesal civil de la provincia de Mendoza, o en el Código Civil y Comercial de la Nación.

  26. Actualizar los conocimientos sobre la problemática de su competencia mediante la capacitación necesaria y continua.

Artículo 40. Deberes y atribuciones del consejero de familia. Son deberes y atribuciones del consejero de familia:

a) Dirigir la etapa jurisdiccional no litigiosa denominada en esta ley etapa previa, tendiente a alcanzar la resolución consensuada del conflicto.

b) Asesorar y orientar a las partes procurando la solución consensuada, teniendo en cuenta el interés superior del niño, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y el interés familiar, tanto en la etapa previa como en la contenciosa.

c) Proponer la presencia de determinadas personas y/u organismos que puedan colaborar en la resolución del caso.

d) Elaborar, conjuntamente con el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario, estrategias de intervención o alternativas tendientes a encontrar soluciones que eviten el proceso contencioso judicial o su continuación.

e) Colaborar con el juez e informarle sobre los avances de su intervención cuando así se lo requiera.

f) Solicitar el acompañamiento del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario para el abordaje conjunto de la problemática familiar planteada.

g) Actualizar los conocimientos sobre la problemática del derecho de familia, infancia y adolescencia y violencia familiar y de género mediante la capacitación necesaria y continua.



Artículo 41. Consejero de familia. Recusación sin expresión de causa. El consejero de familia puede ser recusado sin expresión de causa. En ese caso, debe intervenir el otro consejero de familia del mismo tribunal. Si no lo hubiese, en el término de tres días, la Suprema Corte decide qué consejero debe intervenir.

Artículo 42. Consejero de familia. Recusación con expresión de causa. El consejero de familia puede ser recusado y debe excusarse, siempre que se encuentre comprendido en las causales de recusación prevista para los jueces.

Deducida la recusación, el consejero informa al juez sobre el hecho denunciado dentro del plazo de dos (2) días; sin más trámite, el juez dicta resolución, que es inapelable.

Si prospera la recusación, interviene el otro Consejero de familia del tribunal. Si no lo hubiese, en el término de tres días, la Suprema Corte decide qué Consejero debe intervenir.

Artículo 43. Deberes y atribuciones de los integrantes del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario: Son deberes y atribuciones de los integrantes del cuerpo auxiliar interdisciplinario:


  1. Intervenir en los procesos judiciales en los que se solicite y/o disponga su intervención.

  2. Asesorar al juez y al consejero de familia en las materias relacionadas con su especialidad.

  3. Elaborar informes a solicitud del juez o del consejero de familia hábiles para la resolución del conflicto.

  4. Prestar contención emocional y atención profesional en casos de urgencia por disposición del juez o a solicitud de los organismos auxiliares.

  5. Colaborar en las diferentes estrategias indicadas por el juez o el consejero de familia para la resolución de los conflictos.

  6. Evitar la revictimización de las personas involucradas en el proceso.

  7. Realizar cualquier otra actividad ordenada por el juez que sea atinente y compatible con su función.

  8. Cumplir con las demás funciones que se les asigne de conformidad con las normativas que se dicten.

  9. Actualizar los conocimientos sobre la problemática del derecho de familia, infancia y adolescencia y violencia familiar y de género mediante la capacitación necesaria y continua.

Artículo 44. Intervención del Ministerio Público Pupilar.

La intervención de las Asesorías de personas menores de edad, con capacidad restringida e incapaces se rige por las disposiciones de esta ley, lo dispuesto en el Art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y, en lo no reglado, por las leyes de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, la ley del Ministerio Público y la Ley Orgánica de Tribunales, en cuanto fueran compatibles.





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