Ley de Víctimas del Estado de Morelos



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ARTÍCULO 109. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de sus organismos, dependencias y entidades de Salud Pública, así como los Municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias, serán las entidades obligadas a otorgar el documento que identifique a las víctimas ante el sistema, conforme al Registro Estatal de Víctimas, con el fin de garantizar todos los derechos a los que se refiere la presente Ley.
ARTÍCULO 110. El Registro Estatal de Víctimas recabará e integrará su información, entre otras, por las siguientes fuentes:
I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito o de violaciones de Derechos Humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva Estatal;

II. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad Estatal o Municipal; y

III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley, que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.
Las entidades productoras y usuarias de la información sobre las víctimas a nivel estatal y que posean registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Estatal de Víctimas la información que producen y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.
ARTÍCULO 111. Para ser tramitada la incorporación de datos al Registro Estatal de Víctimas deberá, como mínimo, contener los establecidos en la Ley General de Víctimas.
ARTÍCULO 112. La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso definitivo al Registro. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.
Para adelantar esa valoración, la Comisión Ejecutiva Estatal, podrá solicitar la información que considere necesaria a cualquiera de las autoridades estatales o municipales, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días naturales.
Si hubiera una duda razonable sobre los hechos, se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado el ingreso en el Registro, quien podrá concurrir ante la Comisión Ejecutiva Estatal. En caso de hechos probados o de naturaleza pública, deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.
La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima.

ARTÍCULO 113. No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:
I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente;

II. Exista una determinación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que dé cuenta de los hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;

III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aún cuando no se haya dictado sentencia o resolución;

IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter, emitido por algún Organismo internacional de protección de Derechos Humanos al que el Estado Mexicano le reconozca competencia; y



V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los Derechos Humanos le reconozca tal carácter.
ARTÍCULO 114. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas cuando, después de realizada la valoración contemplada en el Artículo 111, incluido haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, la Comisión Ejecutiva Estatal encuentre que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general.
La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse o a quien haya solicitado la inscripción, con el fin de que la víctima pueda interponer, si lo desea, Recurso de Reconsideración de la decisión ante la Comisión Ejecutiva Estatal, para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento de la presente Ley.
La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer la notificación personal, se le enviará a la víctima una citación a la dirección, al número de telefónico o a la dirección de correo electrónico que figuren en el formato único de declaración o en los demás sistemas de información, a fin de que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.
CAPÍTULO III

DEL INGRESO DE LA VÍCTIMA AL REGISTRO
ARTÍCULO 115. El ingreso de la víctima al registro se hará por la denuncia, la queja o el conocimiento de los hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.
ARTÍCULO 116. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración.
El Ministerio Público, los Defensores Públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, no podrán negarse a recibir dicha declaración y enviar el Formato Único a la entidad correspondiente de acuerdo a lo establecido la presente Ley.
Cuando la víctima sea mayor de 12 años, podrá solicitar su ingreso al sistema por sí misma o a través de sus representantes.
En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso a través de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en esta Ley.
Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal para realizar su declaración, las cuales tendrán las obligaciones que la Ley General de Víctimas determine.
ARTÍCULO 117. Una vez recibida la denuncia, queja o el conocimiento de los hechos, deberán ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no excederá de veinticuatro horas.
En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados a recibir su declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de reinserción social.
Cuando un servidor público, sin ser autoridad ministerial o judicial, tenga conocimiento de un hecho de violación a los Derechos Humanos, como tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de inmediato ante la autoridad competente.
ARTÍCULO 118. Para efectos de esta Ley, el otorgamiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
I. El Juzgador penal mediante sentencia ejecutoriada;

II. El Juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

III. El Ministerio Público;

IV. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; y

V. Los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos a los que el Estado de Mexicano les reconozca competencia.
La Comisión Ejecutiva Estatal deberá estudiar el caso y, de ser procedente, dar el reconocimiento de la condición de víctima. A dicho efecto deberá tener en cuenta los informes de los jueces de lo familiar, de los que se desprendan las situaciones para poder determinar que la persona que lo ha solicitado, podrá adquirir la condición de víctima.
ARTÍCULO 119. El reconocimiento de la calidad de víctima:
I. Permitirá acceder a todos los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de la Ley General de Víctimas y esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;

II. Facilitará el acceso a los recursos del fondo y la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones. El procedimiento y los elementos a acreditar se determinarán en el Reglamento correspondiente; y

III. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima acceder adecuadamente a la defensa de sus derechos y el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento ordenarán suspender de inmediato, todos los juicios y procedimientos administrativos y detendrán los plazos de prescripción y caducidad en que aquella se vea involucrada, y todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de ejercer adecuadamente los derechos en dichos juicios y procedimientos.
TÍTULO OCTAVO

DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS
CAPÍTULO I

DE SU CREACIÓN, OBJETO E INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 120. Se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 121. El Fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Morelos.
ARTÍCULO 122. Para ser beneficiario del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto establece la Ley General de Víctimas, esta Ley y sus reglamentaciones, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a efecto de que la Comisión Ejecutiva Estatal realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y en su caso, la compensación.
ARTÍCULO 123. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se conformará con:
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos en el rubro correspondiente, en un porcentaje no inferior al 0.14 por ciento del total de los mismos, sin que pueda disponerse de dichos recursos para fines diversos a los señalados por esta Ley;

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales, en términos de lo previsto por la Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos;

III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad, de conformidad con las reglas que rigen el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos y la normatividad aplicable;

IV. Recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad administrativa o judicial cuando se violen deberes reconocidos por esta Ley, en términos de la normatividad aplicable;

V. Recursos provenientes de multas y sanciones impuestas al Estado por violaciones a Derechos Humanos, que en términos de esta Ley y su Reglamento se establezcan;

VI. Donaciones o aportaciones en efectivo o especie realizadas por terceros, personas físicas o morales, de carácter público, privado o social, nacional o extranjera, de manera altruista;

VII. El monto establecido en la sentencia condenatoria en aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado de Morelos en la proporción que la misma establezca;

VIII. El monto de la reparación integral del daño cuando el beneficiario renuncie a ella o no lo reclame dentro del plazo legal establecido;

IX. Las subastas públicas respecto de objetos o valores que se encuentren a disposición de autoridades investigadoras o judiciales, siempre y cuando no hayan sido reclamados por quien tenga derecho a ello, en términos de Ley;

X. Las sumas recuperadas por el Estado en los juicios de carácter civil, que se dirijan en contra de los servidores públicos que hayan sido encontrados como responsables de haber cometido violaciones a los Derechos Humanos;

XII. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo; y

XIII. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de Ley.


Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al Ejercicio Fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión Ejecutiva Estatal velará por la optimización del uso de los recursos, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.
ARTÍCULO 124. El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal local, así como de los diversos gravámenes que pudieren estar sujetas las operaciones que se realicen con el Estado de Morelos.
CAPÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 125. Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para tal efecto se expida.
ARTÍCULO 126. El manejo, administración y ejercicio de los recursos del Fondo y su fiscalización se regirá por lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y demás normatividad aplicable.
ARTÍCULO 127. El Titular del Fondo, tendrá las atribuciones y deberes que el Reglamento de esta Ley le confiera. En especial tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes:
I. Administrar cautelosamente los recursos que conforman el Fondo a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de ésta Ley;

II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al mismo;

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante el Pleno de la Comisión Ejecutiva Estatal;

IV. Crear mecanismos e incentivos para nutrir de recursos el Fondo; y

V. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo.
ARTÍCULO 128. Los recursos del Fondo se aplicarán para otorgar apoyos de carácter económico a la víctima, las cuales podrán ser de ayuda, asistencia o reparación integral, en los términos de la Ley General de Víctimas, la presente Ley y conforme el Reglamento que la desarrolle.
El Titular del Fondo será el responsable de entregar la indemnización o compensación que corresponda otorgar a la víctima, previa autorización que al respecto emita la Comisión Ejecutiva Estatal. El pago de las indemnizaciones se regirá en los términos dispuestos por la presente Ley.
CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 129. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.
Las resoluciones del Comisión Ejecutiva Estatal, serán apelables en los términos que señale el Reglamento que al efecto se emita.
ARTÍCULO 130. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando:
I. La condición socioeconómica de la víctima;

II La repercusión del daño en la vida familiar;

III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;

IV. El número y la edad de los dependientes económicos;

V. El enfoque diferencial; y

VI. Los recursos disponibles en el Fondo.


ARTÍCULO 131. Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de reparación integral, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Estatal, deberá justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.
TÍTULO NOVENO

DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 132. El Gobierno del Estado de Morelos garantizará:
I.- La inclusión dentro de sus programas de formación y capacitación contenidos temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por la Ley General de Víctimas y la presente Ley, así como las disposiciones específicas de Derechos Humanos contenidos en la Constitución y Tratados Internacionales, protocolos específicos y demás instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y

II.- El diseño e implementación de un sistema de seguimiento que logre medir el impacto de la capacitación en los miembros de sus respectivas dependencias. A dicho efecto deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas contra dichos servidores públicos, las sanciones impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.


ARTÍCULO 133. Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y reconocimiento de servidores públicos que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su servicio a víctimas en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir, dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a Derechos Humanos.
Artículo 134. El Poder Ejecutivo del Estado, creará un programa continuado de capacitación y formación para servidores públicos que atienden víctimas. Este programa deberá garantizar como mínimo:
I. La formación en derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral;

II. Enfoque diferencial para mujeres, niños, niñas, jóvenes, comunidades o pueblos originarios y otros grupos vulnerables;

III. Procedimientos administrativos y judiciales;

IV. Normatividad internacional, nacional y estatal relacionada; y



V. Rutas y procedimientos de atención a víctimas.
ARTÍCULO 135. El Poder Ejecutivo del Estado, implementará una estrategia integral de divulgación de los derechos de las víctimas en todo el territorio estatal que permita a las mismas, a las organizaciones y a la población en general, el conocimiento de los derechos contemplados en la presente Ley y otras normas relacionadas.
ARTÍCULO *136. La Fiscalía General del Estado de Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, deberán disponer lo pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la Ley General de Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones pertinentes, sean parte de las estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión de los programas correspondientes en los institutos de capacitación.
Se dispondrá en la legislación de la materia, la creación de una Subprocuraduría de Apoyo a las Víctimas y Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con el fin de implementar adecuadamente los derechos establecidos en la presente Ley.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo inicial por artículo décimo cuarto del Decreto No. 1310, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5172, de fecha 2014/03/26. Vigencia 2014/03/27. Antes decía: La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, deberán disponer lo pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la Ley General de Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones pertinentes, sean parte de las estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión de los programas correspondientes en los institutos de capacitación.
ARTÍCULO 137. Los Institutos y Academias que sean responsables de la capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos ministeriales, policiales y periciales estatales y municipales, deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los Programas Rectores de Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas y los lineamientos mínimos impuestos por el presente Capítulo de esta Ley.
Así mismo, deberán proponer convenios de colaboración con universidades, mediante la creación de cátedras u otras iniciativas y otras instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar formación académica integral y de excelencia a los servidores públicos de sus respectivas dependencias.
ARTÍCULO 138. Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se brindará a las víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional. A tal efecto, y sin perjuicio de las iniciativas públicas que correspondan, se diseñarán programas en coordinación con entidades o empresas privadas que se integren al programa.
La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y transformador. Se ofrecerá a la víctima, programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo a la utilidad de dicha capacitación o formación. El objeto es brindar a la víctima herramientas idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención y la reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia de la víctima.
Asimismo, deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le permita optar sobre los programas, planes y rutas de capacitación y formación más idóneos conforme su interés, condición y contexto.
Para el cumplimiento de lo descrito, se aplicarán lo programas existentes en los tres órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma.
TÍTULO DÉCIMO

DE LA ASESORÍA JURÍDICA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 139. Se crea la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, como área especializada en asesoría jurídica para víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal.
ARTÍCULO 140. La Asesoría Jurídica del Estado de Morelos, estará integrada por Asesores Jurídicos estatales de Atención a Víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas. Contará con las áreas administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señale el Reglamento.
ARTÍCULO 141. La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor Jurídico, el cual elegirá libremente desde su solicitud de ingreso al Sistema.
La víctima tendrá el derecho de que su Asesor Jurídico comparezca a todos los actos en los que sea requerido.
El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que quieran o no pueden contratar a un abogado particular y en especial a:
I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

III. Los trabajadores eventuales o subempleados;

IV. Los miembros de los pueblos o comunidades originarios; y

V. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.
ARTÍCULO 142. Se establece la figura del Asesor Jurídico Estatal de Atención a Víctimas, el cual tendrá las funciones siguientes:
I. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;

II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales y administrativas tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de Derechos Humanos tanto en el ámbito nacional como internacional;

III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;

IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;

V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psiquiátrica y psicológica de las víctimas, así como su plena recuperación;

VI. Informar y asesorar al entorno familiar de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables;

VII. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;

VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;

IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público; y

X. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.


ARTÍCULO 143. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, reglamentará lo pertinente acerca de la conformación, garantía de capacidad institucional y funciones de la Asesoría Jurídica de Atención a las Víctimas del Estado de Morelos, determinando los ajustes institucionales necesarios y respetando los criterios generales establecidos por la Ley General de Víctimas.
La estructura, operación, funcionamiento, atribuciones y facultades de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Delito del Estado de Morelos, se establecerán en el Reglamento que al efecto se emita.
TÍTULO UNDÉCIMO

DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 144. El Estado de Morelos, garantizará los recursos necesarios para la implementación de la presente Ley, con el objetivo de permitir el fortalecimiento institucional, el capital humano, los recursos técnicos, materiales y otros que resulten necesarios.
ARTÍCULO 145. Las personas públicas o privadas que colaboren por medio de donaciones u otro acto tendiente a apoyar e incrementar los fondos financieros para la implementación, operación y cumplimiento de la presente Ley, podrán acceder a los beneficios tributarios que las leyes de la materia establezcan.
La Comisión Ejecutiva Estatal creará, mecanismos para la generación de recursos o aportes con el fin de atender al cumplimiento de los objetivos fijados en esta Ley
ARTÍCULO 146. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, brindará apoyo técnico a los Municipios del Estado de Morelos, con el fin de desarrollar bajo el principio de corresponsabilidad las acciones contenidas en la presente Ley y en la Ley General de Víctimas.
ARTÍCULO 147. Los servidores públicos que en el marco del proceso penal o cualquier otro tipo de actuación jurisdiccional o administrativa afecten derechos de las víctimas, responderán ante las instancias competentes por las acciones u omisiones en que incurran.
ARTÍCULO 148. Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos que:
I. Impidan u obstaculicen el acceso de las víctimas y sus representantes a la información, no sujeta a reserva legal, sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones a las que se refiere la presente Ley, así como a conocer la verdad acerca de esas violaciones;

II. Proporcionen información falsa a las víctimas o sobre los hechos que produjeron la victimización;

III. Discriminen por razón de la victimización; o

IV. Se nieguen, cuando estén obligados a ello, a dar una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.


ARTÍCULO 149. Es deber del Estado de Morelos:
I.- Garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la Ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma;

II.- Hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución y la Ley que garanticen la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en esta Ley, el acceso a la información, el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de las víctimas en los niveles estatal y municipal; y



III.- Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de esta Ley.
ARTÍCULO 150. La Comisión Ejecutiva Estatal, diseñará un protocolo de participación efectiva a fin de que se brinden las condiciones necesarias para el derecho a la participación.
ARTÍCULO 151. Si con posterioridad al reconocimiento de la indemnización administrativa, se demostrare que la persona no tenía la calidad de víctima o de beneficiario o lo hubiere acreditado de manera engañosa o fraudulenta, se revocarán las medidas de compensación otorgadas, se ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren reconocido y entregado por este concepto y se remitirán copias autorizadas copias a la autoridad competente para la investigación y el deslinde o fincamiento de responsabilidad a que haya lugar, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 152. Los servidores públicos que atiendan a víctimas en el Estado de Morelos, serán objeto de medidas que busquen contrarrestar el impacto que genera la atención y el acompañamiento de las víctimas en este tipo de procesos, lo que se preverá en el Reglamento que al efecto se emita.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
TERCERA. Por única ocasión, de los cinco comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, que sean designados, tres de ellos durarán en su cargo tres años, para proceder a su sustitución en términos de lo dispuesto en la presente Ley; los dos restantes, durarán cuatro años en el cargo para, una vez concluido, se proceda también a su sustitución.
Para este efecto, en la primera designación, el Congreso del Estado, mediante un proceso de insaculación, determinará el término de designación que a cada uno de los comisionados corresponda, debiendo considerar que la sustitución no recaiga en comisionados del mismo origen en el mismo año.
CUARTA. El Gobernador Constitucional del Estado y el Congreso del Estado, deberán realizar el procedimiento establecido en la presente Ley, para la convocatoria, selección, formulación de ternas y designación de los cinco comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
QUINTA.- Una vez realizada la designación de los comisionados citados en la disposición precedente, deberá instalarse el Consejo del Organismo Público Descentralizado que por virtud de esta Ley se crea, y aprobará el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
SEXTA. El Gobernador Constitucional del Estado, deberá emitir el Reglamento de la presente Ley.
SÉPTIMA. Una vez publicado el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se procederá a su inscripción en el Registro Público de los Organismos Descentralizados del Estado de Morelos.
OCTAVA. El Gobierno del Estado, sus dependencias y entidades deberán adecuar la normatividad que les resulte aplicable, así como emitir la reglamentación, los acuerdos, circulares, instructivos, bases, manuales de organización, protocolos, procedimientos y/o lineamientos que resulten necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que sean competencia estatal, que se deriven de la presente Ley de conformidad al presupuesto aprobado.
NOVENA. Los Municipios del Estado de Morelos, sus dependencias y entidades deberán adecuar la normatividad que les resulte aplicable, así como emitir la reglamentación, los acuerdos, circulares, instructivos, bases, manuales de organización, protocolos, procedimientos y/o lineamientos que resulten necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que sean competencia municipal, que se deriven de la presente Ley.
DÉCIMA. Una vez instalado el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, aprobado y publicado su estatuto orgánico, dicho órgano de gobierno presentará su propuesta de asignación de recursos presupuestales al Gobernador Constitucional del Estado, para que éste, con toda oportunidad, presente la iniciativa de modificación del Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio del año Fiscal dos mil trece.
Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de julio de dos mil trece.
Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. Presidente. Dip. Jordi Messeguer Gally. Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. Secretaria. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil trece.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU

SECRETARIO DE GOBIERNO

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN

RÚBRICAS.

DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS DIEZ.

POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS LEYES ESTATALES, PARA CREAR, ESTABLECER Y REGULAR AL COMISIONADO Y A LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
POEM No. 5172 de fecha 2014/03/26
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
TERCERA. Todas las referencias hechas en el marco normativa estatal, respecto de la Secretaría de Seguridad Pública o a la Policía Preventiva Estatal, se entenderán hechas al Comisionado Estatal de Seguridad Pública o a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, según sea el caso.
CUARTA. Las Secretarías de Gobierno, de Administración, de Hacienda y de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, deberán tomar las medidas administrativas necesarias para que los recursos humanos, presupuestarios y materiales asignados a la Secretaría de Seguridad Pública en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2014, se reasignen a la primera para la operación y funcionamiento de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Órgano Desconcentrado denominado Secretariado Ejecutivo de Sistema Estatal Seguridad Pública.
QUINTA. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos Décimo Transitorio y 132, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, deberá de ejecutar todas y cada una de las acciones tendientes a la capacitación, adiestramiento y profesionalización de los elementos que integran la fuerza pública Estatal, debiendo de garantizar en dichas acciones los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 103, DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS.
POEM No. 5175 de fecha 2014/04/02
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto.
Tercero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y OCHO

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS ESTATALES PARA LOGRAR SU ARMONIZACIÓN CON EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
POEM No. 5243 Alcance de fecha 2014/12/10
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. Una vez emitida la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Estado de Morelos, que emita el Congreso del Estado, quedarán abrogados el Código de Procedimientos Penales en el Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial número 1180, segunda sección de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial número 3820 tercera sección el día nueve de octubre de mil novecientos noventa y seis y el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, aprobado el día trece de noviembre del dos mil siete y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, número 4570 de fecha veintidós de noviembre del dos mil siete, así mismo, se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango jerárquico que se opongan al presente Decreto.
TERCERA. En su caso, las menciones que en otros ordenamientos permanezcan y se hagan de los Códigos de Procedimientos Penales que se abrogan por virtud de la disposición transitoria que antecede, se entenderán referidas al Código Nacional de Procedimientos Penales.

DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DELO ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO.
POEM No. 5478 de fecha 2017/03/01
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión Oficial del Gobierno del estado de Morelos.
Tercera.- Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.
Cuarta.- El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables.
DECRETO NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE DIVERSAS LEYES ESTATALES Y EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; PARA ADSCRIBIR A LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LA FAMILIA, A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.
POEM NO. 5611 Alcance de fecha 2018/07/11
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos.
TERCERA. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobada el 12 de marzo del 2014 y publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5172, el día 26 del mismo mes y año.
CUARTA. Se abroga el “ACUERDO NÚMERO 18 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, FORMALIZA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO, DENOMINADA “UNIDAD DE COMBATE AL SECUESTRO”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4680, el día 4 de febrero de 2009, así como los demás Acuerdos que se contrapongan a lo previsto en el presente Decreto.
QUINTA. Una vez publicado el presente Decreto, dentro de los ciento veinte días siguientes, contados a partir del inicio de vigencia del presente Decreto, se deberán realizar las adecuaciones que se requieran a las leyes correspondientes para su armonización con el presente Decreto.
SEXTA. Dentro del mismo término, la Fiscalía General deberá emitir su Reglamento Interior, y una vez publicado éste, dentro de los noventa días siguientes, emitirá los restantes Reglamentos a que se refiere la presente Ley, sin perjuicio de continuar aplicando los reglamentos vigentes, en lo que no se opongan a la presente.
SÉPTIMA. La Fiscalía Anticorrupción, en uso de su facultad de gestión, emitirá en el plazo a que se refiere la Disposición Quinta Transitoria, su nuevo Reglamento Interior, y una vez publicado éste, dentro de los noventa días siguientes, emitirá los restantes reglamentos a que se refiere la presente Ley, sin perjuicio de continuar aplicando los reglamentos vigentes, en lo que no se opongan a la presente.
OCTAVA. En mérito de lo anterior se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico que se opongan al presente Decreto.
NOVENA. En todo caso no se afectará la situación administrativa o laboral del personal que presta sus servicios en las Fiscalías General y Especializada en Combate a la Corrupción.
DÉCIMA. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, que ha venido ocupando y administrando la Fiscalía General del Estado de Morelos hasta ahora, pasan a formar parte del patrimonio de ésta última por virtud de esta Ley desde el momento de su entrada en vigor, dada su naturaleza de órgano constitucional autónomo, otorgada en términos del artículo 79-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; para lo cual el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías, Dependencias y Entidades competentes, deberá realizar, gestionar, emitir o celebrar todos los actos jurídicos y administrativos idóneos que resulten necesarios al efecto, conforme a la normativa aplicable.
Toda vez que respecto del bien inmueble identificado como Lote 10, manzana 10, zona 01, poblado de Tlaltenango, ubicado en avenida Emiliano Zapata, número 803, colonia Bella Vista, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, con clave catastral 1100-19-007-009, y una superficie de 11,444.00 m2 (once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados), conforme a la autorización concedida mediante Decreto Legislativo número dos mil doscientos uno, emitido por este Congreso y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5513, el 16 de julio de 2017; se tiene conocimiento de que el Ejecutivo Estatal ha realizado la desincorporación respectiva por Decreto Administrativo, publicado en el mismo órgano de difusión, número 5546 de 01 de noviembre de 2017, sin que a la fecha se haya materializado la enajenación del mismo; por lo que se deberá estar a lo señalado en el primer párrafo de la presente Disposición Transitoria.
Así mismo, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Administración, debe informar al Congreso del Estado respecto del cumplimiento de la presente Disposición Transitoria y, por ende, del Decreto Legislativo número dos mil doscientos uno.
DÉCIMA PRIMERA. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado o del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, que se han venido ocupando y administrando hasta ahora por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y por la Dirección de Centros de Asistencia Social, ambos pertenecientes a dicho Sistema, así como por sus albergues o centros de asistencia social, mismos que quedan a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos por virtud de este acto legislativo, pasan a formar parte del patrimonio de ésta última desde el momento de su entrada en vigor; para lo cual el Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías, Dependencias y Entidades competentes, deberá realizar, gestionar, emitir o celebrar todos los actos jurídicos y administrativos idóneos que resulten necesarios al efecto, conforme a la normativa aplicable.
De forma complementaria, las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, deben realizar los actos jurídicos y administrativos, necesarios e idóneos, para lograr que los recursos humanos, materiales y financieros que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos ha ocupado y proyectado para el funcionamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y los centros de asistencia social; se trasmitan a la Fiscalía General del Estado dada su autonomía constitucional.
DÉCIMA SEGUNDA. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y la Dirección de Centros de Asistencia Social, en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal, Federal y de los Municipios, o con cualquier persona física o moral, continuarán a cargo de las mismas, sin perjuicio de encontrarse ahora adscrita a la Fiscalía General del Estado de Morelos, por virtud del presente Decreto.
DÉCIMA TERCERA. Los asuntos que se encuentren en trámite o en proceso, incluidos los de adopciones, a cargo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia o la Dirección de Centros de Asistencia Social, continuarán tramitándose por esta, hasta su conclusión y en los términos que establezca la normativa aplicable, sin que el cambio de su adscripción a la Fiscalía General del Estado pueda modificar o alterar su curso y resultado.
DÉCIMA CUARTA. La Fiscalía General del Estado de Morelos y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, al realizar actuaciones para materializar el traslado de funciones y unidades a que se refiere el presente instrumento jurídico, deberán velar por la seguridad, vida e integridad de las personas que se encuentren bajo su custodia en alguno de los albergues y centros de asistencia social que se encontraban a cargo de dicho Sistema.
La Fiscalía General del Estado y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, una vez que entre en vigor el presente instrumento legislativo, deberán prestarse todas las facilidades para el traslado de los Albergues y Centros de Asistencia Social que hasta la presente reforma se encontraban a cargo de dicho Sistema.
DÉCIMA QUINTA. El personal adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, la Dirección de Centros de Asistencia Social y el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos, que pase a formar parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en ninguna forma podrá resultar afectado en sus derechos; debiéndose tomar las acciones necesarias para ello.
DÉCIMA SEXTA. En un plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la vigencia del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal deberá realizar o emitir las adecuaciones reglamentarias que se estimen pertinentes conforme lo previsto en el presente Decreto.
DÉCIMA SÉPTIMA. En un plazo no mayor de 180 días hábiles la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos deberá realizar las adecuaciones normativas al Estatuto Orgánico, mismas que deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados.
DÉCIMA OCTAVA. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Morelos, la Fiscalía General del Estado de Morelos y demás Secretarías, Dependencias y Entidades, procederán a realizar los actos administrativos idóneos y necesarios, así como la entrega recepción correspondiente, a partir del siguiente día al que entre en vigor el presente Decreto.
DÉCIMA NOVENA. Se abroga el Decreto por el que se reconoce y regula al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos como órgano desconcentrado de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5585, el 07 de marzo de 2018.
VIGÉSIMA. Las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán realizar los actos jurídicos y administrativos, necesarios e idóneos, para lograr la transferencia a la Fiscalía General del Estado de los recursos humanos, materiales y financieros que el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos ha ocupado y proyectado para su funcionamiento.
VIGÉSIMA PRIMERA. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos, en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal, Federal y de los Municipios, o con cualquier persona física o moral, continuarán a cargo de las mismas, sin perjuicio de encontrarse ahora adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos, por virtud del presente Decreto; en especial los derechos de la acreditación otorgada por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
VIGÉSIMA SEGUNDA. El Fiscal General informará y realizará las acciones conducentes ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, con relación a las adecuaciones realizadas por virtud de este Decreto, respecto del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos.


1 CIDH, Casos Velásquez Rodríguez, Indemnización compensatoria, cit., párr. 38, y Godínez Cruz, Indemnización compensatoria, cit., párr. 36.


de


Aprobación

2013/07/04

Promulgación

2013/07/16

Publicación

2013/07/17

Vigencia

2013/07/18

Expidió

LII Legislatura

Periódico Oficial

5105 alcance “Tierra y Libertad”





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