Ley de Víctimas del Estado de Morelos



Descargar 1.33 Mb.
Página4/5
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño1.33 Mb.
1   2   3   4   5

ARTÍCULO 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que los Estados Unidos Mexicanos es parte, y en la Ley General de Víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las víctimas de uno o más delitos.
ARTÍCULO 4. En caso de incompatibilidad entre normas que protejan a víctimas, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.
CAPÍTULO II

DE LOS CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES
ARTÍCULO *5. Se denominarán víctimas directas cualquier persona física que individual o colectivamente haya sufrido directamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Los familiares o personas físicas a cargo o que tengan una relación inmediata con la víctima directa, tanto formal como informal, que de alguna forma sufra un daño es una víctima indirecta.
Se considera víctima potencial aquella que peligre en su esfera de derechos por auxiliar, impedir o detener la violación de un derecho de una víctima o la comisión de un delito y, por lo tanto, objeto de medidas de protección y atención.
El ofendido en razón de la comisión de un delito, podrá tener la calidad de víctima directa, indirecta o potencial.
La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, independientemente de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño, o de su participación en algún procedimiento judicial o administrativo. Dicha calidad tampoco se pierde al existir algún nexo entre la víctima y una persona condenada o vinculada a una investigación por comisión de un delito.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Adicionado el párrafo cuarto, recorriéndose en su orden el párrafo subsecuente por artículo séptimo del Decreto No. 2048, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5243 Alcance, de fecha 2014/12/10.
ARTÍCULO 6. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, se determinarán, implementarán y evaluarán, de conformidad con los principios establecidos y definidos en la Ley General de Víctimas, tales como:
Dignidad: La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.
En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado y sus Municipios están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.
Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requieran, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.
Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.
Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.
Debida diligencia: El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.
El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.
Enfoque diferencial y especializado: Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior de la infancia.
Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.
Enfoque transformador: Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.
Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.
Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, Estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.
Integralidad, indivisibilidad e interdependencia: Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos.
La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.
Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada.
Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno deberá velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los Derechos Humanos.
Las autoridades adoptarán en todo momento medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico así como la intimidad de las víctimas.
Mínimo existencial: Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia.
No criminalización: Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.
Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.
Victimización secundaria: Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.
Participación conjunta: Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

Progresividad y no regresividad: Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

Publicidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los Derechos Humanos de las víctimas o las garantías para su protección.
El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.
Rendición de cuentas: Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.
Transparencia: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.
Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas; y
Trato preferente: Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.
ARTÍCULO 7. Son también principios rectores:
Debido Proceso y deber de investigar. El Estado, a través de los órganos competentes, debe garantizar un proceso justo y eficaz que responda a los principios de celeridad, razonabilidad y garantía de derechos. El Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables de la comisión de delitos y violaciones a los Derechos Humanos.

Gradualidad. El principio de gradualidad implica la responsabilidad estatal de diseñar herramientas operativas y garantizar los recursos presupuestales que permitan la escalonada implementación de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin desconocer la obligación de implementarlos en todo el Estado en un plazo determinado y respetando el principio constitucional a la igualdad. La gradualidad de la política tendrá en cuenta el grado de vulnerabilidad y los enfoques diferenciales.


Prioridad. Se atenderá y reparará de forma prioritaria a aquellas víctimas con mayores dificultades económicas o mayor nivel de vulnerabilidad.
Sostenibilidad. El desarrollo de las medidas a las que se refiere la presente Ley, deberá hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal, con el fin de darles, en su conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.
ARTÍCULO 8. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Atención: La acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos;

II. Asistencia: El conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social y cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas y brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica;

III. Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, con excepción de los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten;

IV. Delito: Conducta típica, antijurídica y culpable que sanciona la legislación penal del Estado de Morelos;

V. Entorno familiar: Aquellas personas que tengan una relación de parentesco en línea recta o colateral, o bien una relación inmediata formal o informal con la víctima directa del delito o la violación de Derechos Humanos;

VI. Núcleo esencial: Aquella parte, esencial, de un derecho fundamental, que no puede ser restringida o limitada. Es el mínimo de garantía de ese derecho, sin el cual la persona no podría desarrollarse o vivir como ser humano;

VII. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte;

VIII. Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

IX. Violación de Derechos Humanos: Todo acto u omisión que afecte los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales aplicables, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de Derechos Humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público;

X. Derecho a la información: El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes y abogados, en su caso, con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial;

XI. Derecho a la justicia: Es deber del Estado garantizar y adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones descritas en la presente Ley, la identificación de los responsables y su respectiva sanción. Las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en esta Ley o en otros instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la justicia;

XII. Derecho a la verdad: Las víctimas individuales y colectivas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones que se describen en la presente Ley y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima y al esclarecimiento de su paradero; y

XIII. Derecho a la reparación integral: Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones descritas en la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.
Para propósitos de esta Ley se entenderá por:
a) Asesor Jurídico estatal: Al Asesor Jurídico estatal de Atención a Víctimas o equivalente en el Estado de Morelos;

b) Asesoría Jurídica Estatal: A la Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas;

c) Centros de Atención Integral a Víctimas: A los espacios públicos al alcance de las víctimas, ubicados en diferentes lugares del territorio del Estado de Morelos, en donde confluyen las instituciones encargadas de la aplicación de la presente Ley, para prestarles atención integral;

d) Comisión Ejecutiva Estatal: A la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos;

e) Constitución: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

f) Fondo: Al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;

g) Instituciones: A todas las oficinas, dependencias, órganos, organismos o cualquier otra área del poder público, incluyendo los tres poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos y aquellos que tienen autonomía académica;

h) Ley: A esta Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos;

i) Modelo: Al Modelo Integral de Atención en Salud;

j) Programa de Atención: Al Programa Único de Ayuda, Asistencia y Atención Integral a Víctimas;

k) Programa de Protección: Al Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Servidores Públicos del Estado de Morelos;

l) Reglamento: Al Reglamento de la presente Ley;

m) Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos: Al Mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de Derechos Humanos al Sistema creado por la Ley General de Víctimas de forma complementaria al Registro Nacional de Víctimas;

n) Servidores Públicos: A toda persona que desempeñe cualquier empleo, cargo o comisión en los Poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los ayuntamientos, las instituciones de educación superior y las instituciones de educación superior con autonomía académica; y

o) Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
ARTÍCULO 9. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y no limitativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de este cuerpo normativo, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los Derechos Humanos y a su reparación integral;

II. A ser reparadas de manera integral, adecuada diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de las violaciones a Derechos Humanos;

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que les fueron violados sus Derechos Humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones y de los derechos que en su favor contemplan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en las leyes de la materia;

IV. A que se les brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal;

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus Derechos Humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;

VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre; así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;

VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

VIII. A la protección del Estado, incluido su bienestar físico y psicológico y la seguridad de su entorno, con respeto a su dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentre dentro de un proceso penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar ella y sus familiares con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima o del ejercicio de sus derechos;

IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;

X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;

XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, respetando los procedimientos que establezcan las leyes;

XII. A conocer el Estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;

XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva, cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;

XIV. A ser notificado de las resoluciones que se dicten en el Sistema relativas a las solicitudes de ingreso y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;

XV. A que su consulado sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;

XVI. A la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;

XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;

XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;

XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;

XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena;

XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;

XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;

XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los Derechos Humanos;

XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;

XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;

XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;

XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;

XXIX. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;

XXX. A que se les otorgue, en los casos que procedan, la ayuda provisional y humanitaria;

XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no hablen el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual;

XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;

XXXIII. A participar con espacios colectivos donde se proporcione el apoyo individual o colectivo y que le permitan relacionarse con otras víctimas;

XXXIV. A recibir la protección de su identidad, datos personales y confidencialidad; y

XXXV. Los demás señalados por las normas internacionales, federales y locales.
ARTÍCULO 10. La información y asesoría a las víctimas deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.
ARTÍCULO 11. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan, ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de parentesco que establece el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 12. Las víctimas recibirán ayuda inmediata de acuerdo con las necesidades que tengan relación directa con el hecho victimizante. Desde el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de los derechos, deberán:
I. Garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación;

II. Atender el aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia; y

III. Proporcionar transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos.
Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género, diferencial y especializado, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de urgencia en los términos de la presente Ley.
Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de la entidad y Municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.


ARTÍCULO 13. Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral a la que tuvieran derecho las víctimas.
ARTÍCULO 14. En el Estado de Morelos se creará un Programa Único de Ayuda, Asistencia y Atención Integral para las Víctimas, y sus familias, compuesto por los servicios de salud, alojamiento y alimentación, transporte, protección, asesoría y acompañamiento jurídico. Así como de medidas de asistencia y atención tendientes a restablecer a la víctima en el ejercicio pleno de sus derechos y a promover la superación de su condición, dentro de las que se encuentran medidas en materia de: educación; económicas y de desarrollo; de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia.
ARTÍCULO 15. Los Centros de Atención Integral a Víctimas deberán estar al alcance de las víctimas en diferentes lugares de Morelos. Estos centros contarán con el personal competente y capacitado para atender a víctimas en materia psicológica, médica, jurídica así como derivar a las instituciones competentes a las víctimas para que reciban la ayuda, asistencia y atención apropiada y especializada. Para este fin se debe establecer rutas únicas de atención que deben estar contempladas en el Programa Único de Atención a Víctimas diseñado por la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas reglamentará lo referente al funcionamiento y responsabilidades de estos centros.
ARTÍCULO 16. El Estado de Morelos ofrecerá y prestará ayuda, asistencia y atención, independientemente de que la víctima presente o no denuncia por los hechos que las motivan.
Todas las medidas de ayuda, asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas, del Estado y de los Municipios, a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos. Ésas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio-económica y sin exigir otras condiciones previas que las establecidas en la presente Ley.
ARTÍCULO 17. Sin perjuicio de las competencias del Ministerio Público, se crea la figura del Representante Especial para niños, niñas y adolescentes que deberá acompañar a los menores de edad en todo lo que se refiere a la aplicación de la presente Ley. Cualquier persona, servidor público, institución pública o privada que tenga conocimiento de un hecho que afecte a los niños, niñas y adolescentes, deberá comunicar al representante, de forma inmediata, la situación de que se trate, para garantizar la ayuda, asistencia y atención de aquéllos, conforme al reglamento que se expida.
CAPÍTULO II

DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD
ARTÍCULO 18. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.
ARTÍCULO 19. Las instituciones hospitalarias públicas del Estado de Morelos y sus Municipios tienen la obligación de dar atención de urgencia a las víctimas que lo requieran, de acuerdo a los protocolos de atención, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.
ARTÍCULO 20. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:
I. Hospitalización;

II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis, órtesis y demás instrumentos que la persona requiera para su movilidad, conforme al diagnóstico dado por el médico o especialista en la materia;

III. Medicamentos;

IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;

V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

VI. Unidades móviles de atención hospitalaria;

VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia del delito o la violación a sus Derechos Humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica o psiquiátricamente;

VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del hecho delictivo o la violación a los Derechos Humanos;

IX. Servicios que se prevean en la Ley General de Víctimas y en la presente Ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima;

X. La atención para la salud sexual de las víctimas; y

XI. En caso de que la unidad médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus costos hayan sido cubiertos por la víctima, o en caso de la fracción IV, a las autoridades Estatales o Municipales, según corresponda, lo reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 21. La Comisión Ejecutiva Estatal, velará por la aplicación eficaz del Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, de educación de prevención y promoción y asistencia social definido por la Comisión Ejecutiva establecida en la Ley General de Víctimas, en concordancia con los programas de salud establecidos en la Ley General de la Salud.
El acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad.
El Modelo deberá incluir lo siguiente:
1. Proactividad. Los servicios de atención deben buscar el acercamiento a las víctimas.

2. Atención individual, familiar y comunitaria. Se deberá garantizar una atención de calidad por parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual, para lo cual deberá contar con un componente de atención psicosocial para atención de víctimas. Se deberá incluir entre sus prestaciones la terapia individual, familiar y acciones comunitarias según protocolos de atención que deberán diseñarse e implementarse localmente en función del tipo de violencia y del marco cultural de las víctimas.

3. Gratuidad. Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios del Modelo de Atención Integral en Salud a Víctimas, incluyendo el acceso a medicamentos en los casos en que esto fuera requerido y la financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea necesario.

4. Duración. La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las víctimas y al dictamen emitido por el equipo de profesionales.

5. Ingreso. Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación que defina la condición de beneficiario del Modelo de Atención Integral en Salud y permita el acceso a los servicios de atención.

6. Multidisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación de servicios constituidos por profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores comunitarios entre otros profesionales, en función de las necesidades locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines.


Las autoridades de salud en el Estado, bajo la coordinación de la Comisión Ejecutiva Estatal, reglamentarán la estructura, funciones y la forma en que operará el Modelo de Atención Integral en Salud.
ARTÍCULO 22. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud, para los usuarios de los servicios de salud y tendrá los siguientes derechos adicionales:
I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de las unidades médicas públicas estatales y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los Derechos Humanos sufridos por cada víctima. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el profesionista, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

II. El Estado de Morelos, a través de sus organismos, dependencias y entidades de Salud Pública, así como aquellos Municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán otorgar citas médicas, en el menor tiempo posible y no mayor al contemplado en la Ley General de Víctimas, previa solicitud, salvo que sean casos de atención de urgencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la receta médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral;

IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis, órtesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al diagnóstico dado por el especialista en la materia, así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus Derechos Humanos;

V. Las autoridades Estatales y, en su caso, las Municipales, proporcionarán atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente en la forma en que se determine en el Reglamento;

VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso, incluyendo programas de nutrición; y



VII. En aquellos lugares en donde no se cuente con infraestructura hospitalaria o médica, se deberán garantizar las condiciones necesarias de acceso al servicio de salud o atención para evitar que las víctimas tengan que recorrer grandes distancias y que permita atender a las víctimas de urgencia, para después hacer la debida derivación a centros de salud especializados, conforme a la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 23. A toda víctima de violación o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de la profilaxis post exposición para Virus de Inmunodeficiencia Humana y aquellos que se contemplen y prevean de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Víctimas y lo previsto en la presente Ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.
En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.
ARTÍCULO 24. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cumpla con lo señalado en los artículos anteriores y sus costos hayan sido cubiertos por la víctima, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral creado en esta Ley se los reembolsará de manera completa y rápida.
CAPÍTULO III

DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
ARTÍCULO 25. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y demás instituciones públicas que existan y brinden estos servicios en el ámbito Estatal o Municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del hecho punible cometido contra ellas o de la violación de sus Derechos Humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.
Se podrán establecer convenios de coordinación con instituciones privadas para la prestación de estos servicios.
ARTÍCULO 26. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, creará los albergues para la Familia. De acuerdo con el diagnóstico elaborado, se adaptarán las medidas y requerimientos necesarios para su funcionamiento y se reglamentará la materia.
La atención de que sean objeto las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los discapacitados y los grupos étnicos, deberá contar con programas especiales que obedezcan a las necesidades propias de cada grupo poblacional.
CAPÍTULO IV

DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 27. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto a su lugar de residencia y desee regresar, el Ejecutivo Estatal cubrirá los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso sea el más seguro y el que le cause menos molestia de acuerdo con sus condiciones. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado reglamentará lo concerniente a los procedimientos necesarios que permitan garantizar que dicho retorno sea de carácter voluntario, seguro y digno.
CAPÍTULO V

DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 28. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de Derechos Humanos sufrida, las autoridades del orden Estatal o Municipal, de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato las medidas ordinarias, extraordinarias o procesales que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.
Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes principios:

I. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;

II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;

III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser clasificada como confidencial para los fines de la investigación o del proceso respectivo; y



IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.
Serán sancionados administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos estatales o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia, o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

ARTÍCULO 29. El Estado de Morelos, creará y reglamentará el Programa de Protección de Víctimas, Testigos, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Servidores Públicos del Estado de Morelos. Este programa tendrá como objetivo implementar las medidas de protección integral a la población objeto referida, que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de atención, asistencia, apoyo y reparación, a través de los cuales las víctimas reclaman sus derechos. En el caso de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, el sólo ejercicio de la actividad fundamenta la protección si de ella se deviene un riesgo. Las medidas de protección serán determinadas según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular y en la medida en que exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal, atendiendo a la normatividad existente sobre la materia.
Como Coordinadora del Programa, la Procuraduría General de Justicia del Estado, llevará un registro de todas las medidas adoptadas y velará porque las acciones adelantadas por otras entidades para garantizar la protección se realicen de forma coordinada, integral y efectiva.
Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de evitar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad.
Cuando las mujeres soliciten protección y esta sea aprobada, se deberá tener en cuenta el enfoque diferenciado y que las medidas respondan a este.
Para otorgar dicha protección y definir sus aspectos, se deberá realizar un estudio por la autoridad correspondiente para determinar el nivel de riesgo que se podrá definir como ordinario y extraordinario. Dicho Programa será reglamentado por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a partir de la vigencia de la presente Ley, teniendo en cuenta las recomendaciones que al respecto realice la Comisión Ejecutiva Estatal.
ARTÍCULO 30. Cuando las autoridades judiciales, administrativas o del Ministerio Público tengan conocimiento de situaciones de riesgo señaladas en el siguiente artículo, remitirán de inmediato tal información a la autoridad competente designada de acuerdo a los programas de protección, para que inicien el procedimiento urgente conducente a la protección de la víctima, de acuerdo a la evaluación de riesgo.
ARTÍCULO 31. Las medidas de protección podrán extenderse al núcleo familiar, siempre que ello sea necesario, según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular y exista amenaza contra los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal de los miembros del mismo. El estudio técnico de nivel de riesgo gozará de carácter reservado y confidencial.
ARTÍCULO 32. El programa de protección deberá incluir los siguientes criterios:
I. Adopción de las medidas proporcionales al nivel de riesgo de la víctima antes, durante y después de su participación en procesos jurisdiccionales o administrativos;

II. Valoración e identificación del riesgo y factores que lo generan, debiendo ser evaluado periódicamente y las medidas actualizadas de acuerdo a dicha evaluación;

III. Protección, sin discriminación alguna, de las víctimas y testigos cuya vida, seguridad y libertad estén en riesgo con ocasión a su participación en procesos judiciales o administrativos contemplados en la normatividad relacionada con dichos programas. Por consiguiente, el programa establecerá las medidas sin perjuicio del tipo de delito que se investigue o juzgue, del presunto responsable del hecho, de la fecha de ocurrencia del delito o del procedimiento judicial o administrativo para el reclamo de los derechos, siempre y cuando exista un claro nexo causal entre las amenazas y la participación de la víctima o testigo;

IV. Adopción de los criterios necesarios para la evaluación de riesgo y las decisiones sobre las medidas que deberán atender y tomar en consideración los aspectos diferenciales por género, capacidad y cultura;

V. Coordinación permanente con los programas de atención a víctimas, con el fin de atender el trauma causado por el hecho victimizante y la situación de riesgo generada;

VI. Las medidas de protección deberán ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de los beneficiarios del programa. Una vez decidida la medida de protección por parte de la autoridad que corresponda, la víctima o testigo podrá sugerir medidas alternativas o complementarias a la decidida si considera que ésta no resulta adecuada para las circunstancias particulares del caso. Por la autoridad que corresponda determinará su conveniencia, viabilidad y aplicabilidad;

VII. Las entrevistas realizadas con las víctimas dentro del marco del programa de protección deberán efectuarse en espacios que garanticen la seguridad y confidencialidad, en particular cuando involucren a mujeres, niñas, niños y adolescentes; y

VIII. Se deberá dar información permanente a las autoridades jurisdiccionales y administrativas que atiendan los procesos de investigación que ocasionaron o agravaron el riesgo, con la finalidad de que en el transcurso del mismo se tenga en cuenta la situación de la víctima y testigo. Especialmente, se tendrán en cuenta las razones que puedan impedir o dificultar la participación de aquellos en las diligencias y se adoptarán las oportunas medidas de apremio que lo garanticen.


ARTÍCULO 33. Las autoridades Estatales y Municipales brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. Las autoridades Estatales y Municipales garantizarán a las víctimas la información y asesoría completa en los términos del presente artículo.
Para el efecto se adoptarán los criterios y mecanismos establecidos por la Comisión Ejecutiva Estatal.
TÍTULO TERCERO

DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN TENDIENTES A RESTABLECER A LA VÍCTIMA EN EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y A PROMOVER LA SUPERACIÓN DE SU CONDICIÓN
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 34. Las autoridades Estatales y Municipales garantizarán que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidas en la presente Ley.
ARTÍCULO 35. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva Estatal, las diferentes secretarías y dependencias del ejecutivo estatal y los Municipios deberán contar con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación.
CAPÍTULO II

DE LAS MEDIDAS DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 36. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo, si como consecuencia del delito o de la violación a Derechos Humanos se interrumpen los estudios.
ARTÍCULO 37. Las instituciones del sistema educativo estatal impartirán educación de manera tal que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.
ARTÍCULO 38. Todas las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, prestarán especial cuidado a los planteles escolares que, por la particular condición de la asistencia y atención a víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.
ARTÍCULO 39. La víctima o sus familiares, de conformidad con la presente Ley, tendrán el derecho de recibir becas completas en instituciones públicas de estudio, como mínimo hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran. Igualmente, se buscará garantizar mecanismos de apoyo económicos para que las víctimas accedan a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
ARTÍCULO 40. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de sus Secretarías, Dependencias, Entidades y Organismos de Educación, así como aquellos Municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de tales servicios, en el marco de sus competencias, deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes, para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.
ARTÍCULO 41. La víctima o sus hijos menores de edad deberán tener acceso a los libros de texto y demás materiales educativos complementarios que las autoridades educativas determinen.
ARTÍCULO 42. El Poder Ejecutivo Estatal, a través de sus Secretarías, Dependencias, Entidades y Organismos de Educación, y las Instituciones de Educación Superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula, que permitan a las víctimas que así lo requieran acceder a los Programas Académicos ofrecidos por estas Instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado y podrán implementar medidas para el acceso preferencial de las víctimas.
ARTÍCULO 43. Las Instituciones de Educación Superior Privada podrán crear Programas Específicos de becas cuyos beneficiarios sean población víctima, que contribuyan para el desarrollo integral de los mismos.
CAPÍTULO III

DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS Y

DE DESARROLLO
ARTÍCULO 44. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dentro de la Política de Desarrollo Social, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios de dicha política conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante.
ARTÍCULO 45. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, así como los relativos a la no discriminación, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
ARTÍCULO 46. Las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.
ARTÍCULO 47. Las Autoridades Estatales y Municipales del Estado de Morelos, están obligadas a proporcionar la información necesaria de los programas aludidos en el artículo precedente, sus reglas de acceso, operación, recursos y cobertura.
TÍTULO CUARTO

DEL ACCESO A LA JUSTICIA
CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

EN EL PROCESO PENAL
ARTÍCULO 48. Las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia en los términos de la Constitución, de modo que se les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de Derechos Humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.
Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.
ARTÍCULO 49. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo precedente, los Poderes del Estado de Morelos garantizarán a las víctimas el acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las normas previstas en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y en las Leyes Federales y Locales.
ARTÍCULO *50. Del mismo modo, las víctimas gozarán de los siguientes derechos:
I. A ser informadas, cuando así lo solicite de manera clara, precisa y accesible, de sus derechos por el Ministerio Público, Asesor Jurídico, Juez o Tribunal o con la primera autoridad con la que tenga contacto que conozca del hecho delictivo, tan pronto este ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que le reconocen la Constitución, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria, no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaren la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

III. A coadyuvar con el Ministerio Público para que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso y se desahoguen las diligencias correspondientes;

IV. A intervenir en el juicio como partes plenas, ejerciendo durante el mismo sus derechos. Así mismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

V. A ser asesoradas y representadas en cualquier etapa del procedimiento por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no pueda contratar un abogado, les será proporcionado dicho servicio por el Estado, en términos de la legislación aplicable;

VI. A tener derecho a la Segunda Instancia y a otros recursos ordinarios y extraordinarios en los mismos casos y condiciones que el procesado y en los demás que establezcan las leyes;

VII. A impugnar ante la Autoridad Judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;

VIII. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;

IX. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;

X. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juzgador de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

XI. A expresar libremente sus opiniones y preocupaciones ante las autoridades e instancias correspondientes de procuración e impartición de justicia y a que ésas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten a sus intereses;

XII. A rendir o ampliar sus declaraciones de modo que quede garantizada su seguridad, que en cualquier caso se extenderá a sus datos personales y a aquellos otros aspectos que el juzgador considere necesarios; la declaración podrá hacerse por medios electrónicos, si así lo autoriza el Ministerio Público o el Juzgador;

XIII. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervenga y de las actuaciones que requiera;

XIV. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

XV. A ofrecer o solicitar la práctica de pruebas a través de peritajes independientes, acreditados ante Organismo Nacional o Internacional de Protección de los Derechos Humanos;

XVI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;

XVII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución;

XVIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar también que grupos de esos expertos revisen, informen y lleven a cabo recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas;

XIX. Cuando las víctimas no se expresen en el idioma español, se dispondrá de la presencia de traductores o intérpretes durante todo el proceso. Las sentencias serán traducidas para dicha comprensión;

XX. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito, con un familiar, e incluso con su Asesor Jurídico;

XXI. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad;

XXII. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación, y

XXIII. Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables.

En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución.

Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos y demás disposiciones aplicables.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformadas las fracciones I, V, XVIII y XIX, y adicionadas las fracciones XX, XXI, XXII, y XXIII y dos párrafos finales por artículo séptimo del Decreto No. 2048, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5243 Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decían: I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que le reconocen la Constitución, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;

V. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado dicho servicio por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su Representante Legal;

XVIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar también que grupos de esos expertos revisen, informen y lleven a cabo recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas; y

XIX. Cuando las víctimas no se expresen en el idioma castellano, se dispondrá de la presencia de traductores o intérpretes durante todo el proceso. Las sentencias serán traducidas para dicha comprensión.


ARTÍCULO 51. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio sin autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna, que se garantice la suma con la cual se hará frente a la reparación del daño a la víctima que se fije en sentencia o en la resolución que ponga fin al procedimiento.
En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, previo proceso aplicable, la autoridad jurisdiccional competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima, una vez se produzca alguna de las resoluciones señaladas en el párrafo anterior. En los mismos términos los fiadores están obligados a pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el Procedimiento Económico Coactivo que las Leyes Fiscales señalen.
ARTÍCULO 52. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, pero si no se personaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos, ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia.
ARTÍCULO 53. Las víctimas tendrán derecho a que se consideren su discapacidad temporal o permanente, físicas, o mentales, así como su condición de niñas, niños y adolescentes o adultos mayores. Así mismo, a que se respete un enfoque transversal de género y las diferencias culturales, religiosas, de credo, étnicas, entre otras igualmente relevantes. Cuando sea necesario, el Estado proporcionará intérpretes y traductores. Las víctimas no podrán ser discriminadas por ninguna causa de conformidad a la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la presente Ley y las demás aplicables en la materia.
ARTÍCULO 54. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse y, en caso de aceptar su realización, a ser acompañadas en todo momento por el Asesor Jurídico o la persona que consideren.
ARTÍCULO 55. Toda comparecencia ante el Órgano Investigador, el Juez o Tribunal o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refieren las leyes laborales.
ARTÍCULO 56. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la Justicia Alternativa, a través de Instituciones como la Conciliación y la Mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.
Para el efecto, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos.

No podrá celebrarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado, a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión y en los casos en que la Ley lo prohíba.


La Procuraduría General de Justicia del Estado llevará un registro y una auditoría puntual sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer y la defensa del menor y la familia, a fin de que se verifique que la víctima tuvo la asesoría necesaria para la toma de dicha decisión. Los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conllevan, serán sancionados conforme a lo previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
ARTÍCULO 57. Se creará una estrategia especial para el trato jurídico de casos de violencia sexual. Dicho Programa deberá prever una asistencia diferenciada a las víctimas de este delito, informar a la víctima y su representante de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso, desde que se tenga conocimiento del hecho delictivo.
ARTÍCULO 58. Para garantizar el derecho a la justicia de víctimas de manera efectiva, en los casos en que se investiguen delitos que involucren violencia sexual, toda autoridad aplicará, como mínimo, las siguientes reglas:
I. Cuando por razones de seguridad o porque la naturaleza del delito dificulte la descripción de los hechos en la audiencia pública o cuando la presencia del inculpado genere alteraciones en el Estado de ánimo de las víctimas, el Ministerio Público, Juez o Magistrado, en el expediente, decretará de oficio o a petición de parte, que la declaración se rinda en un recinto cerrado, en presencia solo del Ministerio Público, de la Defensa, del Ministerio Público y del propio Juez o Magistrado. En este caso, la víctima deberá ser informada que su declaración será grabada por medio de audio o video, quedando esta reproducción debidamente custodiada como parte de la documentación del Procedimiento;

II. Para todas las víctimas que participen en el proceso o que declaren como testigos, se deberá contar con la presencia de personal especializado y experto en situaciones traumáticas, tales como psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras o terapeutas, entre otros;

III. La víctima deberá tener derecho a elegir el género de la persona ante la cual desea rendir declaración; y

IV. La Institución encargada de la representación de las víctimas deberá hacer una reestructuración interna que garantice el cumplimiento de las garantías establecidas en la Ley.


ARTÍCULO 59. En los casos en que se investiguen delitos que involucren violencia sexual contra las víctimas, el Ministerio Público, Juez o Magistrado, en sus respectivos casos, aplicarán las siguientes reglas:
I. El consentimiento de la víctima respecto del hecho victimizante no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la misma cuando la violencia, la amenaza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre;

II. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento voluntario y libre;

III. El silencio o la falta de resistencia no implicará necesariamente un consentimiento por parte de la víctima; y

IV. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza del compromiso anterior o posterior de la víctima o de un testigo.


Las autoridades competentes deberán crear un protocolo para la investigación de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, en el que se contemplen medidas jurídicas y psicológicas y aspectos como el fortalecimiento de la asistencia a las víctimas durante todas las etapas del procedimiento y acciones específicas para la atención de mujeres.
ARTÍCULO 60. Las víctimas deben ser informadas sobre los siguientes aspectos:
I. Las entidades y organizaciones a las que puede dirigirse para obtener asesoría y apoyo especializado;

II. Los servicios y garantías a que tiene derecho o que puede encontrar en las distintas entidades y organizaciones;

III. El lugar, la forma, las autoridades y requisitos necesarios para presentar una denuncia;

IV. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y los derechos y mecanismos que como víctima puede utilizar en cada una de ellas. Las autoridades deben informar a las mujeres y los menores de edad sobre su derecho a no ser confrontados con el agresor o sus agresores;

V. Las Autoridades ante las cuales puede solicitar protección y los requisitos y condiciones mínimos que debe acreditar para acceder a los programas correspondientes;

VI. Las Entidades y las autoridades que pueden brindarle orientación, asesoría jurídica o servicios de representación judicial gratuitos;

VII. Las Instituciones competentes y los derechos de los familiares de las víctimas en la búsqueda, exhumación e identificación en casos de desaparición forzada y de las medidas de prevención para la recuperación de las víctimas;

VIII. Los trámites y requisitos para hacer efectivos los derechos que le asisten como víctima;

IX. Del curso o trámite dado a su denuncia;

X. Del inicio de la investigación formal y de la posibilidad de constituirse en parte dentro de la actuación;

XI. De la captura o detención del presunto o presuntos responsables;

XII. De la decisión adoptada sobre la detención preventiva o libertad provisional de los presuntos responsables;

XIII. Del inicio del juicio y del derecho a participar en el proceso;

XIV. De la celebración de las audiencias públicas de investigación y juzgamiento;

XV. De la sentencia emitida por el Juez o Magistrado;

XVI. De los recursos que cabe interponer en contra de la sentencia;

XVII. De la exhumación de restos o cadáveres que pudieran corresponder a un familiar desaparecido, de la identificación de posibles lugares de inhumación y del procedimiento en el que tienen que participar las víctimas para lograr la identificación de los restos;

XVIII. De las medidas vigentes para la protección de las víctimas y testigos y los mecanismos para acceder a ellas;

XIX. De las resoluciones sobre medidas cautelares que recaigan sobre bienes destinados a la reparación; y

XX. De las demás actuaciones judiciales que afecten los derechos de las víctimas.


Toda asesoría y acompañamiento jurídico sobre la realización de las diligencias judiciales en las que la víctima pueda participar, deberá efectuarse en un término razonable y de conformidad con el respectivo proceso.
Frente a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, así como los delitos contra la libertad e integridad personal como la desaparición forzada y el secuestro, las autoridades que intervengan en las diligencias iniciales deberán brindar garantías de información reforzadas, mediante personal especializado en atención psicosocial, sobre las Instituciones a las que deben dirigirse para obtener asistencia médica y psicológica especializada, así como frente a sus derechos y la ruta jurídica que debe seguir.
Toda información, asesoría y acompañamiento jurídico deberá garantizar la confidencialidad de las solicitudes que se realicen.
La mujer víctima podrá en todo momento estar acompañada por una persona de su confianza.
ARTÍCULO 61. La Procuraduría General de Justicia del Estado deberá tomar las decisiones correspondientes para que, en unión y colaboración con otras Instituciones del Estado competentes en la materia y las Autoridades del Orden Federal, se adopte un sistema o estrategia para combatir eficazmente el crimen organizado y acabar con los índices de impunidad, en beneficio con las víctimas y la sociedad en general. Para ello deberán fortalecer las herramientas investigativas y de persecución de las más graves violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
TÍTULO QUINTO

DEL DERECHO A LA VERDAD
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 62. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a Derechos Humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas fallecidas, desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.
ARTÍCULO 63. El Estado, a través de sus Instituciones, de oficio, tiene la obligación de iniciar de manera eficaz y urgente las acciones para lograr la localización y el rescate de la víctima que haya sido reportada como desaparecida. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.
Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los tratados internacionales de los que Estado Mexicano sea parte.

Esta obligación incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.


Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí o a través de sus asesores jurídicos o representantes; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los Derechos Humanos o expertos en el mismo campo, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.
Una vez identificados plenamente y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley y en la codificación penal adjetiva, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar, en su caso, los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.
A efectos de garantizar las investigaciones, la autoridad competente deberá informar a los familiares acerca de la imposibilidad de cremación de los restos hasta en tanto no exista una resolución emitida por autoridad judicial competente debidamente ejecutoriada. En caso de reclamación por parte de un gobierno extranjero para la cremación de cadáveres identificados o sin identificar, la autoridad estatal dará curso a la petición de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables.
Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición, se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.
ARTÍCULO 64. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos.
Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.
ARTÍCULO 65. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, el Estado generará mecanismos para la investigación independiente, imparcial y efectiva, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:
I. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de Derechos Humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;

II. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos;

III. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y escuchadas;

IV. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas de investigación; y

V. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos.
Para el cumplimiento de estos objetivos deberán realizarse consultas que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.

La autoridad competente para la investigación garantizará los derechos de las víctimas y de los testigos, asegurando su presencia y declaración voluntarias. Así mismo se garantizará la confidencialidad de las víctimas y los testigos para proteger su dignidad e integridad, adoptándose las medidas oportunas para salvaguardar su seguridad. La autoridad referida deberá adoptar las medidas oportunas e incluso diseñar los protocolos de actuación necesarios que preserven la cadena de custodia de las diligencias y pruebas desahogadas para su utilización posterior en los procedimientos penales que correspondan.


ARTÍCULO 66. Las Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como Asociaciones Profesionales, Gremiales y Sindicales, Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones Académicas y otras de similar naturaleza, podrán proporcionar a la autoridad competente los resultados que arrojen sus investigaciones, con el fin de contribuir a la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.
ARTÍCULO 67. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los Derechos Humanos, así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos.
El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su sustracción, destrucción, alteración o falsificación; permitir su consulta pública, particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y contribuir a garantizar la acción de la justicia.
Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.
Los Tribunales Nacionales e Internacionales, los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, así como los investigadores que trabajen en esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los Derechos Humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio.
En ningún caso, las Instituciones del Estado de Morelos podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento de las personas.
ARTÍCULO 68. De conformidad con el la Ley General de Víctimas, se creará el Archivo de la Verdad del Estado de Morelos. Dicho archivo deberá contar con dos subarchivos de verdad judicial y verdad histórica.
De conformidad con el respeto y dignidad de las víctimas, en los casos donde exista reserva procesal especial o garantía del derecho a la intimidad y protección de la víctima, se mantendrá la estricta confidencialidad de los archivos y documentos. Se garantizará la protección de los datos personales de las víctimas contenidos en los archivos.
Los jueces y magistrados deberán enviar a dicho archivo la documentación de cada caso una vez finalizado el procedimiento.
Se deberá garantizar a las víctimas el acceso a dicho archivo para consulta en todo momento, de forma gratuita. Debe mantenerse en todo caso la seguridad y protección a las víctimas y testigos.
ARTÍCULO 69. Se creará la Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos, como establecimiento público de orden estatal, como parte de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. La Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos tendrá como sede principal la ciudad de Cuernavaca.
ARTÍCULO 70. La Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos tendrá como objeto fomentar actividades educativas, pedagógicas, museísticas y culturales dirigidas a la reconstrucción de la memoria sobre las violaciones a los Derechos Humanos.
El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de Cultura definirá la estructura y funcionamiento de la Casa de Memoria.
ARTÍCULO 71. Son funciones específicas de la Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos:
I. Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria Histórica Estado de Morelos, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva;

II. Diseñar, crear y administrar acciones encaminadas a fortalecer los Derechos Humanos y la Memoria Histórica, mediante el acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas físicas o colectivas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones de derecho humanos en el Estado de Morelos, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones; y

III. Suscribir convenios, contratos o cualquier otro acto jurídico que se requiera para la ejecución de sus funciones y el desarrollo de su encomienda;
Los documentos que no tengan carácter reservado o confidencial y se encuentren en archivos privados y públicos en los que consten las violaciones de Derechos Humanos, serán constitutivos del patrimonio documental bibliográfico;
ARTÍCULO 72. Se instituye el día 28 de marzo de cada año como el Día Estatal de Conmemoración de las Víctimas del Estado de Morelos, como medida de satisfacción y mecanismo de garantía de no repetición de los hechos violentos del pasado, sin que exista suspensión de actividades laborales o escolares.
TÍTULO SEXTO

DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 73. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones de Derechos Humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
La determinación de medidas obedecerá al desarrollo del enfoque diferencial y propender por la reconstrucción del proyecto de vida de la víctima y su entorno familiar con enfoque transformador.
ARTÍCULO 74. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:
I.- La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus Derechos Humanos;

II.- La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de Derechos Humanos;

III.- La indemnización o compensación que se otorgue a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de Derechos Humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de Derechos Humanos;

IV.- La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las víctimas; y

V.- Las medidas de no repetición que persigan la no reiteración del hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima.
ARTÍCULO 75. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.
Las medidas colectivas tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los Derechos Humanos.

ARTÍCULO 76. Para la determinación e implementación de medidas objeto de reparación integral, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal, elaborará el Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas.
El Plan fijará una metodología que permita establecer para cada víctima un plan individual de reparación, donde se determinen los derechos vulnerados, el daño y se establezcan las medidas necesarias para garantizar la reparación integral y los términos. Las personas colectivas objeto de reparación también deberán ser objeto de plan individual.
Las medidas desarrolladas en el marco del Plan de Reparación Integral se desarrollarán con cargo al Fondo de Reparaciones.
ARTÍCULO 77. Las Autoridades Estatales y Municipales apoyarán los gastos funerarios de las víctimas directas cuando la causa de muerte sea homicidio y cuando sus familiares no tengan los medios para solventar los gastos. Por ningún motivo se impedirá a las víctimas indirectas ver los restos de sus familiares.
CAPÍTULO II

DE LAS MEDIDAS DE RESTITUCIÓN
ARTÍCULO 78. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.
Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:
I.- Restablecimiento de la libertad;

II.- Restablecimiento de derechos civiles y políticos;

III.- Restablecimiento de la identidad;

IV.- Restablecimiento de la vida y unidad familiar;

VI.- Regreso digno y seguro al lugar de residencia;

VII.- Reintegración en el empleo; y

VIII.- Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuere posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juzgador podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito, sin necesidad de recurrir a prueba pericial.
En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán de los registros los respectivos antecedentes penales.
CAPÍTULO III

DE LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN
ARTÍCULO 79. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:
I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;

II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;

III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadano; y

IV. Programas de educación y capacitación laboral orientados a la formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;


La atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada a que se refiere la fracción I del presente artículo, se desarrollará a través del Modelo de Atención Integral en Salud contemplado en correspondiente numeral de esta Ley. Dicho Modelo deberá determinar las medidas individuales, físicas y mentales, que permitan a las víctimas, su familia y entorno social superar las secuelas de la victimización y desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de manera individual o colectiva.
Los servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo será prestado por la Asesoría Jurídica en términos de lo previsto por el correspondiente numeral de esta Ley.
Las demás acciones enunciadas en el presente artículo serán desarrolladas por la Comisión Ejecutiva Estatal.
ARTÍCULO 80. En materia de rehabilitación se dará trato preferencial y diferenciado a las mujeres, los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a personas dependientes de éstas.
CAPÍTULO IV

DE LAS MEDIDAS DE INDEMNIZACIÓN O COMPENSACIÓN
ARTÍCULO 81. La indemnización o la compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de Derechos Humanos o de la comisión de los delitos considerados como graves, en el ámbito de la competencia estatal, contra la vida, la libertad y la integridad física o mental, al igual que los casos donde la víctima haya fallecido o quedado física o mentalmente incapacitada como consecuencia del delito, incluyendo el error judicial, a los que se refiere la Ley General de Víctimas.
Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:
I.- La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;

II.- La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por ése, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;

III.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;

IV.- La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;

V.- Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a Derechos Humanos;

VI.- El pago de los gastos y costas judiciales, incluyendo los honorarios de la asistencia letrada cuando ésta sea privada;

VII.- El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los Derechos Humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psicológica y física de la víctima, y

VIII.- Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione su asistencia al juicio o tratamiento, si la víctima reside en Municipio distinto al del enjuiciamiento o donde recibe la atención, respectivamente.


Los niños, niñas y adolescentes víctimas tienen el derecho a obtener una indemnización o compensación. Los padres o, en su defecto, la autoridad competente, podrán elevar la solicitud, como representantes legales del niño, niña o adolescente, de la indemnización o compensación a la que ellos tengan derecho. La entidad judicial u órgano competente ordenará, en todos los casos, la constitución de un encargo fiduciario o fondo establecido a favor del beneficiario, asegurándose que se trate del que haya obtenido en promedio los mayores rendimientos financieros en los últimos seis meses. Los costos de administración del encargo serán a cargo del Estado. La suma de dinero les será entregada una vez alcancen la mayoría de edad.
ARTÍCULO 82. En el caso de que se abra procedimiento judicial, surgirá la obligación de indemnizar o compensar una vez se dicte sentencia que haya causado ejecutoria y en los términos de la misma. En el caso de que el responsable se hubiera sustraído a la acción de la justicia, la autoridad judicial fijará la indemnización o compensación cuando dicha situación se consolide, mediante la correspondiente resolución. Todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:
a) Un Órgano Jurisdiccional Nacional;

b) Un Órgano Jurisdiccional Internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano;

c) Un Organismo Público de Protección de los Derechos Humanos; y

d) Un Organismo Internacional de Protección de los Derechos Humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo Tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.


En casos en que la víctima demuestre extrema vulnerabilidad con ocasión de la ocurrencia del acto delictivo, la Comisión Ejecutiva Estatal podrá reconocer, en calidad de indemnización provisional y anticipada, los montos a que diera lugar de manera parcial o total. En caso de que no se cumplan los elementos contenidos en este artículo, la víctima estará obligada a realizar la devolución de la indemnización anticipada, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas que de los mismos hechos pudieran derivar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.
Las Normas Reglamentarias Estatales, de acuerdo a los Lineamientos Federales aplicables, establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo, que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.
La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos, señaladas en la Ley General de Víctimas, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y las condiciones señaladas en la misma.
ARTÍCULO 83. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste o, en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.
ARTÍCULO *84. La Comisión Ejecutiva Estatal fijará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:
a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído a la acción de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad; y

b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial.


La resolución de la Comisión Ejecutiva Estatal deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a partir de la emisión de la resolución. El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado será hasta de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo segundo, por artículo único del Decreto No. 1467 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5478 de fecha 2017/03/01. Vigencia 2017/03/02. Antes decía: La resolución de la Comisión Ejecutiva Estatal deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a partir de la emisión de la resolución. El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado será hasta de quinientas veces el salario mínimo vigente en el Estado, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.
ARTÍCULO 85. La Comisión Ejecutiva Estatal ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar, entre otros:
I.- Las constancias del agente del Ministerio Público que competa, de las que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la judicialización de la carpeta de investigación con o sin detenido;

II.- La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar. En el incidente o expediente respectivo la reparación obtenida y como consecuencia de ello los conceptos que el sentenciado no pudo reparar; o

III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los Derechos Humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, ya sea de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación o de las autoridades responsables de la compensación subsidiaria de conformidad con lo que establece esta Ley.
ARTÍCULO 86. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos, se cubrirá con cargo al Fondo en términos de la Ley y su Reglamento en los términos que disponga la Comisión Ejecutiva Estatal.
ARTÍCULO 87. El Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.
ARTÍCULO 88. La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.
CAPÍTULO V

DE LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN
ARTÍCULO 89. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionen bienestar y contribuyan a mitigar el daño de la víctima. Las medidas de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica que a las mismas se pueden adicionar otras.

Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:


I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de Derechos Humanos;

II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

V. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las comunidades campesinas y pueblos y comunidades originarias, atendiendo a un enfoque diferencial. Se deberá en todo momento contar con la participación de las víctimas para el diseño, elaboración, creación e implementación de las medidas de satisfacción;

VI. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de Derechos Humanos;

VII. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas;

VIII. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor; y

IX. Efectuar las publicaciones a que haya lugar.
ARTÍCULO 90. Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
ARTÍCULO 91. A cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia se creará el programa especial para el encuentro y reconstrucción del tejido social, el cual tendrá por finalidad establecer acciones y herramientas que contribuyan a la reconstrucción de la memoria en espacios colectivos, elaborar un plan de acción que incluya actividades para la dignificación de las víctimas y su reconocimiento.
El proyecto de presupuesto de egresos del Estado y su correspondiente aprobación deberán garantizar una partida presupuestal para realizar los ajustes institucionales y financieros para el desarrollo de este programa.
CAPÍTULO VI

DE LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
ARTÍCULO 92. Las medidas de no repetición son aquellas que se adoptan para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y que contribuyen a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:
I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las corporaciones de seguridad pública;

II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a la normatividad internacional, federal y local relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;

III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;

IV. La limitación en la participación los Poderes del Estado, de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los Derechos Humanos;

V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las corporaciones de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y cualquier otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los Derechos Humanos;

VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información que coadyuven con los objetivos de esta Ley;

VII. La protección de los defensores de los Derechos Humanos;

VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los Derechos Humanos y la capacitación en esta materia de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como las corporaciones de seguridad;

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de protección de Derechos Humanos, por los servidores públicos, incluido el personal de corporaciones de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales;

XI. La revisión y reforma de las Leyes, Normas u Ordenamientos Legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos o las permitan; y

XII. Profesionalización y actualización de las corporaciones de seguridad en materia de respeto, garantía y protección de los Derechos Humanos.


ARTÍCULO 93. El Estado de Morelos creará un Sistema de Alertas que tenga por finalidad realizar estudios sobre el comportamiento delictivo en el Estado y monitoreo a la violación de Derechos Humanos, generando alertas tempranas de prevención e intervención de las autoridades competentes. Este sistema deberá contemplar, más allá de un enfoque policial, la seguridad humana, aspectos sociales y de otra índole.
ARTÍCULO 94. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de las violaciones a los Derechos Humanos las siguientes:
I. Supervisión de la autoridad;

II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él en caso de existir peligro inminente para la víctima;

III. Determinación y caución de no ofender;

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos; y

V. La asistencia a tratamiento de rehabilitación dictada por un Juez y sólo en caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o el hecho victimizante, en los términos de la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 95. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación de los condenados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad.
Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, se reduzca la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.
El Poder Ejecutivo del Estado garantizará la implementación de esta medida de acuerdo a los lineamientos del área de Reinserción Social.
ARTÍCULO 96. Durante la tramitación del procedimiento, el Ministerio Público y el Juez, dentro de los límites y condiciones que se fijen en la resolución respectiva, adoptarán las medidas necesarias para proteger la integridad física y moral de la víctima y podrán exigir al imputado o condenado, respectivamente, una garantía de no ofender o de acceder a un lugar determinado o que resida en él, siempre que ello pueda afectar a la seguridad de las víctimas.
ARTÍCULO 97. Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a los Derechos Humanos, cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.
TÍTULO SÉPTIMO

DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
CAPÍTULO I

DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
ARTÍCULO 98. De conformidad a las obligaciones derivadas de la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas como máxima Institución en los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la Ley General de Víctimas, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos está obligado a :
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;

III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;

IV. Participar en la elaboración del Programa;

V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

VI. Promover, en coordinación con el gobierno federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los Derechos Humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa;

VII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

IX. Promover programas de información a la población en la materia;

X. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;

XI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;

XII. Rendir ante el Sistema un informe anual sobre los avances de los programas locales;

XIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;

XIV. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en la ejecución de los programas estatales;

XV. Recibir de las organizaciones privadas las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;

XVI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para su elaboración;

XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; y

XVIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales.


ARTÍCULO 99. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, las siguientes competencias:
I. Instrumentar y articular, en concordancia con las políticas nacional y estatal, la política municipal para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II. Coadyuvar con los Gobiernos Federal y Estatal, en la adopción y consolidación del Sistema;

III. Promover, en coordinación con las autoridades estatales, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;

VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;

VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y

IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 100. Las competencias y obligaciones del Estado y de los Municipios, así como de sus servidores públicos, tales como Ministerio Público, Magistrados, Jueces, asesores jurídicos de las víctimas y las policías, se encuentran consagradas en la Ley General de Víctimas, los cuales hacen parte integral de la presente Ley.
ARTÍCULO 101. A la víctima le corresponde:
I. Actuar de buena fe;

II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes;

III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así lo requiera y por el lapso que se determine necesario; y

IV. Cuando tenga acceso a información reservada o confidencial, respetar y guardar la secrecía de la misma.


Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique ausentismo.
ARTÍCULO 102. Se crea la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, como organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones y objeto de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a su normatividad correspondan.
El organismo tendrá su sede en la ciudad de Cuernavaca, pero con capacidad de establecer oficinas en diversas localidades de la entidad, conforme lo determine su órgano máximo de gobierno.
Para ese efecto, el organismo contará con dos instancias de dirección:

I. El Consejo; y

II. La Coordinación Ejecutiva.
El Consejo se integrará de la siguiente manera:
I. El Gobernador Constitucional del Estado o el servidor público que éste designe, quien lo presidirá;

II. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

III. Dos Diputados del Congreso del Estado, designados por el Pleno de la Asamblea Legislativa, a propuesta de los integrantes del órgano político de la misma; y

IV. Los cinco comisionados a que se hace alusión en el siguiente artículo.


En el Estatuto Orgánico se establecerán las disposiciones para el funcionamiento del Consejo, así como la estructura orgánica del organismo, en la que se incluirá al órgano de control respectivo.
El Gobernador del Estado, designará al titular de la Coordinación Ejecutiva, en los términos dispuestos en el Estatuto Orgánico, con apego a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, respecto de los requisitos a cumplir y atribuciones de los titulares de los organismos auxiliares.
El Titular del Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento de esta Ley.
ARTÍCULO *103. Los cinco comisionados a que se refiere la fracción IV, del artículo anterior, integrantes del Consejo de la Comisión Ejecutiva Estatal, durarán en el cargo tres años, pudiendo ser designados por un período más; anualmente, la Comisión Estatal Ejecutiva dispondrá de una partida presupuestal suficiente para cubrir las costas o aportaciones económicas que resulten convenientes con su función, sin que represente de manera alguna una retribución a su actividad.
La sustitución de los comisionados se hará de manera alternada, tres en la primera sustitución y dos en la siguiente.
El Ejecutivo Estatal enviará al Congreso del Estado, previa convocatoria pública, una terna por cada comisionado a elegir, atendiendo el procedimiento que se establezca en el Estatuto Orgánico. El Congreso elegirá a cada comisionado por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes.
Una vez cerrada la convocatoria, el Ejecutivo deberá publicar la lista de las propuestas recibidas.
Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva Estatal estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará con las propuestas presentadas al Ejecutivo Estatal, en los siguientes términos:
I.- Tres comisionados especialistas en derecho, psicología, Derechos Humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por las universidades públicas del Estado de Morelos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; y

II.- Dos comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años.


Para la elección de los comisionados, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso se turnarán las ternas, verificando el cumplimiento de los requisitos para su selección.
En su conformación, el Ejecutivo y el Congreso estatales garantizarán la representación de las diversas regiones geográficas del Estado, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes.
Para ser comisionado se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano y tener veintiún años cumplidos;

II.- Tener su residencia en la Entidad y no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso;

III.- Haberse desempeñado de manera destacada en actividades profesionales, de servicio público, en organizaciones de la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley; y

IV.- No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.


En la elección de los comisionados deberá garantizarse el respeto a los principios contenidos en la presente Ley.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado el primer párrafo por artículo único del Decreto No. 1321, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5175, de fecha 2014/04/02. Vigencia 2014/04/03. Antes decía: La Comisión Ejecutiva Estatal, estará integrada por cinco comisionados, los que durarán en el cargo tres años, pudiendo ser designados por un período más; los cargos de los comisionados serán honoríficos, por lo que no percibirán remuneración alguna por su función.

FE DE ERRATAS.- Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5176 de fecha 2014/04/09.
ARTÍCULO 104. La Comisión Ejecutiva Estatal, para su adecuada función, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema Nacional de Víctimas;

II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o de violaciones de Derechos Humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;

III. Elaborar anualmente el Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas y proponerlo para su aprobación al Sistema Nacional;

IV. Proponer políticas públicas en el Estado de prevención de delitos y violaciones a Derechos Humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

V. Diseñar un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;

VI. Desarrollar las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas, cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo;

VII. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad;

VIII. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de servidores públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

IX. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Estatal de Víctimas;

X. Cumplir las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas;

XI. Proporcionar un informe anual a la Comisión Intersecretarial, sobre los avances del Plan y demás obligaciones previstas en esta Ley;

XII. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XIII. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, a los funcionarios que incumplan con lo dispuesto en la presente Ley;

XIV. Nombrar, de entre las propuestas que le presente quien sea titular de la Coordinación Ejecutiva, a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica y del Registro estatales, y demás responsables de las dependencias que establezca la estructura orgánica;

XV. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva Estatal;

XVI. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo los proyectos de Reglamento de la presente Ley y otros reglamentos que resulten necesarios, así como sus reformas y adiciones;

XVII. Fijar medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;

XVIII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos estatales y municipales;

XIX. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus Derechos Humanos;

XX. Fijar las directrices que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia;

XXI. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz del capital humano, recursos técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos estatal y municipal;

XXII. Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los Derechos Humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley;

XXIII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro;

XXIV. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los Derechos Humanos;

XXV. Elaborar los manuales, lineamientos, programas y demás acciones, acorde a lo establecido por la normatividad de la materia en sus protocolos;

XXVI. Analizar y generar, en casos de graves violaciones a Derechos Humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso o justicia, a la verdad y reparación integral;

XXVII. Constituir y coordinar los Comités Especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de Derechos Humanos previstos en esta Ley;

XXVIII. Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los Derechos Humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;

XXIX. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales y municipales en materia de capacitación, capital humano, y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral, de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios de atención a víctimas;

XXX. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquellas que se encuentren en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;

XXXI. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, emitirán recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

XXXII. Recibir y evaluar los informes rendidos por quien sea titular de la Coordinación Ejecutiva, incluyendo las incidencias del Fondo, de la Asesoría Jurídica y del Plan y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia; y

XXXIII. Las demás que se deriven de la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 105. Para coadyuvar a la Comisión Estatal Ejecutiva y fungir como vínculo con las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado integrará, con fundamento en ejercicio de las facultades que se le otorgan en la Ley Orgánica de la Administración del Estado de Morelos, una Comisión Intersecretarial, compuesta por los Titulares de las Secretarías de Gobierno, Hacienda, Educación, Salud y Cultura o cualquiera otra, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo que al efecto emita el Gobernador Constitucional del Estado, quienes podrán nombrar representantes con nivel mínimo de Director General.
La Comisión Intersecretarial se constituirá como órgano consultivo y de coordinación operativa de la Comisión Ejecutiva Estatal, coadyuvando a la concreción de los objetivos de esta Ley, a efecto de consolidar la planeación, establecimiento y realización de las políticas públicas, acciones y medidas conjuntas necesarias.
ARTÍCULO 106. La Comisión Intersecretarial, para su adecuada función, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Las que en términos del presente ordenamiento correspondan al Poder Ejecutivo, con excepción de las que no sean delegables;

II. La coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas estatales y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los Derechos Humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

III. Formular propuestas a la Comisión Ejecutiva Estatal sobre la elaboración del Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas y demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los Derechos Humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

IV. Integrar los Comités Especiales y los que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;

V. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;

VI. Proponer a la Comisión Ejecutiva Estatal la emisión de criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de las víctimas del delito, así como la gestoría de trabajo social respecto de las mismas;

VII. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;

VIII. Adoptar estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a víctimas;

IX. Proponer programas de cooperación internacional en materia de atención a víctimas;

X. Promover la uniformidad de criterios jurídicos al interior del Poder Ejecutivo del Estado en las materias que regula esta Ley; y

XI. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II

DEL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS
ARTÍCULO 107. Se crea el Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos, como mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de Derechos Humanos al Sistema creado por la Ley General de Víctimas, de forma complementaria al Registro Nacional de Víctimas.
Para dar cumplimiento a la presente disposición, el Estado de Morelos deberá:
I. Unificar los registros y sistemas de información que actualmente tienen las diferentes instituciones y dependencias con presencia en el Estado, así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Se debe prestar especial atención a la información en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación;

II. Poner a disposición la información del Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos, al Registro Nacional de Víctimas contemplado en la Ley General de Víctimas;

III. Elaborar un plan de divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro Estatal de Víctimas. Este plan debe estar enfocado no sólo en las víctimas que soliciten su ingreso, sino a los diferentes servidores públicos, asesores jurídicos, integrantes de organizaciones de víctimas y la población en general;

IV. Garantizar que las personas que soliciten el ingreso en el Registro Estatal de Víctimas sean atendidas y orientadas de forma digna y respetuosa;

V. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas defina y el formato que suministrarán para el efecto;

VI. Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la inscripción en el registro;

VII. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de participación conjunta consagrado en esta Ley y en la Ley General de Víctimas;

VIII. Indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la solicitud de registro;

IX. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por el declarante y relacionar el número de anexos que se adjunten con la declaración;

X. Bajo ninguna circunstancia negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas a las que se refiere la presente Ley;

XI. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de inscripción para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley y a las relativas a la protección de datos personales;

XII. Dar cumplimiento a las disposiciones y medidas dictadas por la Comisión Ejecutiva Estatal para garantizar la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro;

XIII. Entregar una copia, recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud; y

XIV. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva Estatal.


ARTÍCULO 108. Las solicitudes de ingreso en el Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos se realizarán en forma totalmente gratuita y en ningún caso el servidor público responsable podrá negarse a recibir la solicitud de registro.


Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad