Ley de Víctimas del Estado de Morelos



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Artículo 111. Con relación a la fracción XXV del artículo anterior, en los casos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos contra un grupo de víctimas, las organizaciones no gubernamentales, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, los Municipios o cualquier otra institución pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos, podrán proponer el establecimiento de programas emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral de las víctimas conforme el procedimiento establecido en el Reglamento y a cargo del Fondo.
Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva Estatal a propuesta del Comisionado Ejecutivo cuando del análisis de la información con que se cuente determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.
Artículo 112. Los diagnósticos estatales que elabore la Comisión Ejecutiva Estatal deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.
Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, reorganizar o redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y competencia llevan a cabo los integrantes del Sistema Estatal, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios.
La Comisión Ejecutiva Estatal podrá también contar con la asesoría de grupos de expertos en temas específicos, solicitar opiniones de organismos estatales, nacionales o internacionales públicos de derechos humanos, instituciones u organizaciones públicas o privadas nacionales o extranjeras con amplia experiencia en cierta problemática relacionada con la atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral a las víctimas. Los recursos destinados para tal efecto deberán ser públicos, monitoreables y de fácil acceso para la sociedad civil.
Se deberá procurar en todo momento, además de la especialización técnica y científica, el aporte de los grupos de víctimas y organizaciones de base que trabajen directamente con víctimas.
SECCIÓN SEGUNDA

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 113. El gobierno, la administración y la vigilancia de la Comisión Ejecutiva Estatal, según corresponda, estarán a cargo de:


  1. Una Junta de Gobierno;

  2. Un Comisionado Ejecutivo, y

  3. Un Órgano Interno de Control.

La Comisión Ejecutiva Estatal además contará con un Comité Interdisciplinario Evaluador que tendrá por objeto las atribuciones específicas señaladas en la Sección Sexta de este Capítulo y una Asamblea Consultiva, en términos de la Sección Séptima, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.


Para el desempeño de sus funciones y cumplimiento de su objeto, la Comisión Ejecutiva Estatal contará también con las unidades administrativas que se establezcan en su Estatuto Orgánico y los Manuales Administrativos, de acuerdo a lo que disponga la Junta de Gobierno y la suficiencia presupuestal autorizada para ello.

El nivel y categoría de cada servidor público que forme parte de la Comisión Ejecutiva Estatal serán determinados por las Secretarías de Administración y de Hacienda, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, conforme el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo a la suficiencia presupuestal correspondiente, observando en todo tiempo lo dispuesto por el párrafo final del artículo 74 de la Constitución Local.


Artículo 114. A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, la Comisión Ejecutiva Estatal contará con un Fondo, una Asesoría Jurídica Estatal y un Registro Estatal de Víctimas para la atención a víctimas, los cuales estarán a cargo de las unidades administrativas correspondientes, en los términos que disponga la normativa aplicable.
SECCIÓN TERCERA

DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 115. La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de la Comisión Ejecutiva Estatal y se integra por:


  1. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá por sí o a través del representante que al efecto designe;

  2. La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal;

  3. La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal;

  4. La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal;

  5. La persona titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal;

  6. La persona titular de la Fiscalía General, y

  7. Un representante de la Asamblea Consultiva.

En las sesiones de la Junta de Gobierno el Comisionado Ejecutivo participará como Secretario Técnico de la misma, también participará el Comisario Público, ambos con derecho a voz pero sin voto.


Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su desempeño.
Por cada integrante propietario señalado en las fracciones de la I a la V, deberá designarse por escrito un suplente, el cual contará con las mismas facultades que el propietario. Dichos suplentes deberán contar con el nivel jerárquico inmediato inferior de Subsecretaría, Dirección General o su equivalente.
Para el caso de que el representante que designe el Gobernador para fungir como presidente de la Junta de Gobierno, sea un integrante de esta última en términos del presente artículo, dicho integrante deberá designar a su vez a la persona que lo supla, a fin de evitar la concentración de votos en una sola persona para la toma de decisiones.
Al desarrollo de las sesiones, la Junta de Gobierno podrá invitar, con derecho a voz, pero sin voto, a representantes de otras instituciones federales, estatales o municipales; asociaciones; organizaciones no gubernamentales y, en general, a cualquier persona con reconocida experiencia, con el objeto de aportar ideas para un mejor desempeño de la Comisión Ejecutiva Estatal y, en su caso, cuando los temas a tratar así lo requieran.
Artículo 116. La Junta de Gobierno sesionará en forma ordinaria cuando menos seis veces al año y de manera extraordinaria las veces que sea necesario, cuando se trate de asuntos urgentes o de imperiosa necesidad, a propuesta de su Presidente o alguno de sus integrantes, en la forma y términos que establezca el Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.
La Junta de Gobierno sesionará legalmente con la asistencia de la mitad más uno de la totalidad de sus integrantes, siempre que esté presente su Presidente; los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos de sus miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 117. La Junta de Gobierno, además de las señaladas en la Ley Orgánica y otros ordenamientos jurídicos aplicables, cuenta con las atribuciones no delegables siguientes:

  1. Proponer al Gobernador del Estado el proyecto de Reglamento de la presente Ley y otros ordenamientos e instrumentos jurídicos que resulten necesarios, elaborados por la Comisión Ejecutiva Estatal, así como sus reformas y adiciones;

  2. Aprobar las disposiciones normativas que el Comisionado Ejecutivo someta a su consideración;

  3. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva Estatal que proponga el Comisionado Ejecutivo;

  4. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo con esta Ley;

  5. Emitir las recomendaciones pertinentes sobre los informes periódicos que presente el Comisionado Ejecutivo, a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, y

  6. Las demás que le confiera la presente Ley y su Reglamento, el Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.

En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva Estatal otorgue a las víctimas.


SECCIÓN CUARTA

DEL COMISIONADO EJECUTIVO
Artículo 118. La Comisión Ejecutiva Estatal estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo que será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que enviará el Gobernador del Estado, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.
Para ser Comisionado Ejecutivo, además de los requisitos que establece al efecto la Ley Orgánica, deberán reunirse los siguientes:


  1. Contar con título profesional;

  2. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

  3. Contar con experiencia y conocimientos en la materia de esta Ley, y

  4. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

Las ausencias temporales del Comisionado Ejecutivo se regirán conforme a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico.


En la elección del Comisionado Ejecutivo, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.
El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
Artículo 119. El Comisionado Ejecutivo para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva Estatal designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Estatal de Víctimas.
Artículo 120. El Comisionado Ejecutivo tendrá, además de las atribuciones que le concede la Ley Orgánica, las siguientes:


  1. Crear los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de las funciones de la Comisión Ejecutiva;

  2. Notificar a los integrantes del Sistema Estatal los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;

  3. Coordinar las funciones del Registro Estatal de Víctimas, mediante la creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para implementar y vigilar el debido funcionamiento de dicho Registro;

  4. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva;

  5. Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la Comisión Ejecutiva Estatal a solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, así como los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que soliciten a través de las instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones de las instituciones;

  6. Suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

  7. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión Ejecutiva Estatal se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, expedita y articulada;

  8. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva Estatal;

  9. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los Recursos de Ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva Estatal otorgue a las víctimas. Para lo cual, el Comisionado Ejecutivo se podrá apoyar de la asesoría de la Asamblea Consultiva;

  10. Otorgar el documento que identifique a las víctimas ante el Sistema Estatal, conforme al Registro Estatal de Víctimas, con el fin de garantizar todos los derechos a los que se refiere la presente Ley;

  11. Aprobar la selección de los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica Estatal conforme la normativa aplicable;

  12. Hacer públicos los informes sobre las incidencias del Fondo, de la Asesoría Jurídica Estatal y el Registro Estatal de Víctimas, a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, y

  13. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva Estatal en términos de la legislación aplicable.


SECCIÓN QUINTA

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Artículo 121. El control interno de la Comisión Ejecutiva Estatal corresponderá al Órgano Interno de Control, el cual estará integrado por un Comisario Público, designado por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, en términos de los artículos 67 y 69 la Ley Orgánica, mismo que tendrá las funciones que señale esta última, el Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.
SECCIÓN SEXTA

DEL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR

Artículo 122. La Comisión Ejecutiva Estatal contará con un Comité Interdisciplinario Evaluador, que estará integrado por personal de la Comisión Ejecutiva Estatal y tendrá las siguientes atribuciones:


  1. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;

  2. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento;

  3. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y

  4. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.


SECCIÓN SÉPTIMA

DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA
Artículo 123. La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva Estatal.
La Asamblea Consultiva estará integrada por cinco representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos del estado de Morelos, quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.
Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva Estatal emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva atenderá a un criterio de representación regional rotativa de cuando menos una institución, organización, colectivo o grupo por región.


Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el Comisionado Ejecutivo y atender, cuando menos, a criterios de experiencia estatal, nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas, así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias afines a la Ley.
La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y enfoque diferencial.
Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo dos años, y podrán ser ratificadas sólo por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.
CAPÍTULO XIV

DEL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS
Artículo 124. El Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico a cargo de la unidad administrativa correspondiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional creado por la Ley General de Víctimas.
El Registro Estatal de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.
El Registro Estatal de Víctimas es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel estatal, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden estatal.

La Comisión Ejecutiva Estatal estará obligado a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro Estatal de Víctimas.


El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Estatal de Víctimas.
Los integrantes del Sistema Estatal estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Estatal de Víctimas.
Artículo 125. Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban solicitudes de ingreso al Registro Estatal de Víctimas:


  1. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro Estatal de Víctimas sean atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y respetuosa;

  2. Para las solicitudes de ingreso en el Registro Estatal de Víctimas tomadas en forma directa, diligenciar correctamente, en su totalidad y de manera legible, el formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva Estatal;

  3. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva Estatal determine;

  4. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración a la Comisión Ejecutiva Estatal;

  5. Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la diligencia;

  6. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de participación conjunta consagrado en esta Ley;

  7. Indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la solicitud de registro;

  8. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por el declarante y relacionar el número de folios que se adjunten con la declaración;

  9. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley, y a las relativas a la Protección de Datos Personales;

  10. Entregar una copia o recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud;

  11. Garantizar el derecho de la víctima a conocer todas las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro. Cuando sea un tercero quien solicite el ingreso, deberá notificársele por escrito si fue aceptado o no el mismo, y

  12. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva Estatal.

Bajo ninguna circunstancia la autoridad podrá negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas a que se refiere la presente Ley.


Artículo 126. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita ante la Comisión Ejecutiva Estatal. Si la Comisión Ejecutiva Estatal advirtiera que la solicitud realizada deriva de la comisión de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, remitirá inmediatamente dicha solicitud a la Comisión Ejecutiva Federal, realizando las acciones conducentes a efecto de no revictimizar a la víctima.
La información que acompaña la incorporación de datos al Registro Estatal de Víctimas se consignará en el formato único de declaración diseñado o adoptado por la Comisión Ejecutiva Estatal y su utilización será obligatoria por parte de las autoridades responsables de garantizar el ingreso al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. El formato único de incorporación al registro deberá ser accesible a toda persona y de uso simplificado y buscará recoger la información necesaria para que la víctima pueda acceder plenamente a todos sus derechos, incluidos los que se le reconocen en la presente Ley.
La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro Estatal de Víctimas. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
El ingreso al Registro podrá solicitarse y tramitarse de manera personal y directa por la víctima, o a través de representante que, además de cumplir con las disposiciones aplicables, esté debidamente inscrito en el padrón de representantes que al efecto establezca la Comisión Ejecutiva Estatal, conforme a lo que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Artículo 127. El Registro Estatal de Víctimas recabará e integrará su información, entre otras, por las siguientes fuentes:


    1. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos, o a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva Estatal;

    2. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad estatal o municipal, y

    3. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley, que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas a nivel estatal y que posean registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Estatal de Víctimas la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.


En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de víctima, deberá entregarse copia digital al Registro Estatal de Víctimas. En caso que estos soportes no existan, las entidades a que se refiere este artículo certificarán dicha circunstancia.
Dichas entidades serán responsables por el contenido de la información que transmiten al Registro Estatal de Víctimas.
Artículo 128. Para que las autoridades competentes del estado de Morelos u otras que se faculten por la presente Ley, procedan a la inscripción de datos de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas se deberá, como mínimo, tener la siguiente información:


  1. Los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan su ingreso o en cuyo nombre se solicita el ingreso. En caso que la víctima por cuestiones de seguridad solicite que sus datos personales no sean públicos, se deberá asegurar la confidencialidad de sus datos. En caso de que se cuente con ella, se deberá mostrar una identificación oficial;

  2. En su caso, el nombre completo, cargo y firma del servidor público de la Institución que recibió la solicitud de inscripción de datos al Registro Estatal de Víctimas y el sello de dicha Institución;

  3. La firma y huella dactilar de la persona que solicita el registro; en los casos que la persona manifieste no poder o no saber firmar, se tomará como válida la huella dactilar;

  4. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los hechos victimizantes;

  5. El funcionario que recabe la declaración la asentará en forma textual, completa y detallada en los términos que sea emitida;

  6. Los datos de contacto de la persona que solicita el registro, y

  7. La información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicita el registro, cuando no es la víctima quien lo hace. En caso que el ingreso lo solicite un servidor público deberá detallarse nombre, cargo e institución a la que pertenece.

En el caso de faltar información, la Comisión Ejecutiva Estatal pedirá a la institución que tramitó inicialmente la inscripción de datos, que complemente dicha información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron en forma directa al Registro Estatal de Víctimas o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado.


Artículo 129. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.
Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva Estatal, podrá solicitar la información que considere necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley General.
Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la Comisión Ejecutiva Estatal. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.
La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima, conforme lo establece esta Ley.
No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:


  1. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente;

  2. Exista una determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las comisiones estatales en esta materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;

  3. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución;

  4. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y

  5. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.


Artículo 130. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas cuando, después de realizada la valoración contemplada en el artículo anterior, incluido haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, la Comisión Ejecutiva Estatal encuentre que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general.
La decisión que cancela el ingreso en el Registro Estatal de Víctimas deberá ser fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito al interesado, a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse o a quien haya solicitado la inscripción, con el fin de que la víctima pueda interponer, si lo desea, recurso de reconsideración conforme lo establezca el Reglamento.
La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer la notificación personal se le enviará a la víctima una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el formato único de declaración o en los demás sistemas de información a fin de que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.
Artículo 131. La información sistematizada en el Registro Estatal de Víctimas incluirá:


    1. El relato del hecho victimizante, como quedó registrado en el formato único de declaración. El relato inicial se actualizará en la medida en que se avance en la respectiva investigación penal o a través de otros mecanismos de esclarecimiento de los hechos;

    2. La descripción del daño sufrido;

    3. La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho victimizante;

    4. La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante;

    5. La identificación de la persona o Institución que solicitó el registro de la víctima, cuando no sea ella quien lo solicite directamente;

    6. La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de atención que efectivamente hayan sido garantizadas a la víctima;

    7. La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima, y

    8. La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que, en su caso, se hayan brindado a la víctima.

La información que se asiente en el Registro Estatal de Víctimas deberá garantizar que se respeta el enfoque diferencial.


SECCIÓN ÚNICA

DEL INGRESO AL REGISTRO

ESTATAL DE VÍCTIMAS
Artículo 132. El ingreso de la víctima al Registro Estatal de Víctimas se hará por la denuncia, la queja o el conocimiento de los hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.
Artículo 133. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, que se hará constar en el formato único de declaración.
El Ministerio Público, los Defensores Públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, no podrán negarse a recibir dicha declaración.
Cuando la víctima sea mayor de 12 años, podrá solicitar su ingreso al Registro Estatal de Víctimas por sí misma o a través de sus representantes. En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso a través de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en esta Ley.
Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal para realizar su declaración, las cuales tendrán las obligaciones que la Ley General y demás normativa de la materia determine.
Artículo 134. Una vez recibida la denuncia, queja o el conocimiento de los hechos, deberán ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no excederá de veinticuatro horas.
En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados a recibir su declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de reinserción social.
Cuando un servidor público, sin ser autoridad ministerial o judicial, tenga conocimiento de un hecho de violación a los derechos humanos, como tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de inmediato ante la autoridad competente, conforme a la normativa aplicable.
Artículo 135. Para efectos de esta Ley, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:


  1. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;

  2. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

  3. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

  4. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

  5. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;

  6. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

  7. La Comisión Ejecutiva Estatal, y

  8. El Ministerio Público.

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.


Artículo 136. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:

  1. Acceder a todos los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de la Ley General de Víctimas, esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;

  2. Acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento, y

  3. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.


CAPÍTULO XV

DEL FONDO
Artículo 137. El Fondo estará a cargo de la unidad administrativa que determine el Estatuto Orgánico, y administrado por una institución fiduciaria en términos del artículo 143 de la presente Ley, teniendo por objeto brindar los recursos de ayuda y de reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el estado de Morelos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.
La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos de esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.
Artículo 138. Para ser beneficiario del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto establece la Ley General de Víctimas, esta Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro Estatal de Víctimas a efecto de que la Comisión Ejecutiva Estatal realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.
Artículo 139. El Fondo se conformará con:


  1. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos en el rubro en un porcentaje no inferior al 0.14 por ciento del total de los mismos, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que pueda ser disminuido;

  2. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código Nacional o en la normativa aplicable;

  3. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad, de conformidad con las reglas que rigen el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos y la normativa aplicable;

  4. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas;

  5. Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas físicas o morales de carácter público, privado o social nacionales o extranjeros de manera altruista;

  6. Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo;

  7. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley, y

  8. Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.

La constitución del Fondo será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones correspondientes.


Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión Ejecutiva Estatal velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.
Artículo 140. El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal, así como de los diversos gravámenes a que puedan estar sujetas las operaciones que se realicen por el Fondo.
Artículo 141. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las reglas de operación para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.
Artículo 142. Cuando la situación lo amerite, en términos de lo establecido en el Reglamento, el Comisionado Ejecutivo, previo dictamen a que se refiere el artículo 122, fracción III, podrá crear un fondo de emergencia para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. El ejercicio de los recursos del fondo de emergencia no estará supeditado al dictamen a que se refiere el artículo 122, fracción I, de esta Ley.
SECCIÓN PRIMERA

DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 143. El Fondo será administrado por una institución fiduciaria siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.
La Comisión Ejecutiva Estatal proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que se refiere esta Ley, con cargo al Fondo. La víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso. El Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la certificación del gasto.
Artículo 144. Los recursos del Fondo serán administrados y operados por medio de un fideicomiso público.
Artículo 145. El fideicomitente del Fondo deberá:

  1. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo se administren y ejerzan adecuadamente a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;

  2. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al mismo;

  3. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas a la Junta de Gobierno, y

  4. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo.


Artículo 146. Los recursos del Fondo se aplicarán también para otorgar a la víctima los de ayuda inmediata, asistencia y atención, y en los casos de víctimas de delitos o de violación a derechos humanos a la medida de compensación, en los términos de la Ley General, la presente Ley y sus Reglamentos respectivos.
La Comisión Ejecutiva Estatal determinará el apoyo o asistencia que corresponda otorgar a la víctima de los recursos del Fondo incluida la compensación, previa opinión que al respecto emita el Comité Interdisciplinario Evaluador.
Artículo 147. El Fondo será fiscalizado anualmente por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.
Artículo 148. El Estado se subrogará en los derechos de las víctimas para cobrar el importe que por concepto de compensación haya erogado en su favor con cargo al Fondo.
Para tal efecto, se aportarán al Estado los elementos de prueba necesarios para el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.
El Ministerio Público estará obligado a ofrecer los elementos probatorios señalados en el párrafo anterior, en los momentos procesales oportunos, a fin de garantizar que sean valorados por el juzgador al momento de dictar sentencia, misma que deberá prever de manera expresa la subrogación a favor del Estado en el derecho de la víctima a la reparación del daño y el monto correspondiente a dicha subrogación, en los casos en que así proceda.
En el caso de las compensaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente.

Artículo 149. El Estado ejercerá el procedimiento económico coactivo para hacer efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la vía civil, para cobrar la reparación del daño del sentenciado o de quien esté obligado a cubrirla, en términos de las disposiciones que resulten aplicables.
Artículo 150. El Reglamento precisará el funcionamiento, alcance y criterios específicos de asignación de recursos del Fondo.
Artículo 151. De los recursos que constituyan el patrimonio del Fondo, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo Federal, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y la Ley General.
SECCIÓN SEGUNDA

DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL FONDO
Artículo 152. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos que se establezcan en esta Ley y su Reglamento.
Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.
Artículo 153. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva Estatal la turnará al Comité Interdisciplinario Evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la determinación del Comisionado Ejecutivo en torno a los Recursos de Ayuda, Asistencia y Atención y, en su caso, la reparación que requiera la víctima.
Artículo 154. El Comité Interdisciplinario Evaluador deberá integrar dicho expediente en un plazo no mayor de cuatro días, el cual deberá contener como mínimo:


  1. Los documentos presentados por la víctima;

  2. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;

  3. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y

  4. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos.


Artículo 155. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse, además:


  1. Estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario Evaluador en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización;

  2. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación;

  3. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y

  4. Propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva Estatal donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda.

La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad del Comité Interdisciplinario Evaluador lograr la integración de la carpeta respectiva.


Artículo 156. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del Comité Interdisciplinario Evaluador para que integre la carpeta con los documentos señalados en el artículo anterior, analice, valore y concrete las medidas que se otorgarán en cada caso.
El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la ayuda.

La Comisión Ejecutiva Estatal deberá integrar el expediente completo en un plazo no mayor a veinte días hábiles y resolver con base a su dictamen la procedencia de la solicitud.


Artículo 157. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima:


  1. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar u otras formas de reparación;

  2. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron;

  3. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y

  4. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva Estatal.


Artículo 158. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando:


  1. La condición socioeconómica de la víctima;

  2. La repercusión del daño en la vida familiar;

  3. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;

  4. El número y la edad de los dependientes económicos;

  5. El enfoque diferencial, y

  6. Los recursos disponibles en el Fondo.


SECCIÓN TERCERA

DE LA REPARACIÓN
Artículo 159. Si el Estado no pudiese hacer efectivo total o parcialmente la orden de reparación integral establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Estatal, se deberá justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.
Artículo 160. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido dada por autoridad judicial u organismo nacional o internacional de protección de los derechos humanos, ésta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva Estatal. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal, dicha Comisión procederá a la documentación e integración del expediente conforme lo señalan los artículos 153, 154 y 179 de esta Ley.
Artículo 161. Cuando parte del daño sufrido se explique a consecuencia del actuar u omitir de la víctima, dicha conducta podrá ser tenida en cuenta al momento de determinar la compensación.
Artículo 162. Cuando el daño haya sido causado por más de un agente y no sea posible identificar la exacta participación de cada uno de ellos, se establecerá una responsabilidad subsidiaria frente a la víctima, y se distribuirá el monto del pago de la compensación en partes iguales entre todos los cocausantes previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo 163. Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole, en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. La reparación integral deberá cubrirse mediante moneda nacional, con la excepción de que se podrá pagar en especie de acuerdo a la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo 164. La Comisión Ejecutiva Estatal tendrá facultades para cubrir las necesidades en términos de asistencia, ayuda y reparación integral, a través de los programas gubernamentales federales, estatales o municipales con que se cuente.
Artículo 165. Cuando proceda el pago de la reparación, el Fondo registrará el fallo judicial que lo motivó y el monto de la compensación, que será de consulta pública.
CAPÍTULO XVI

DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
Artículo 166. Los integrantes del Sistema Estatal que tengan contacto con la víctima en cumplimento de medidas de atención, asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberán garantizar:


  1. La inclusión dentro de sus programas de formación y capacitación contenidos temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por la Ley General de Víctimas y la presente Ley, así como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la Constitución y los Tratados Internacionales, protocolos específicos y demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, y

  2. El diseño e implementación de un sistema de seguimiento que logre medir el impacto de la capacitación en los miembros de sus respectivas instituciones. A dicho efecto deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas contra dichos servidores públicos, las sanciones impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.


Artículo 167. Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y reconocimiento de servidores públicos que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su servicio a víctimas en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir, dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a derechos humanos.
Artículo 168. El Poder Ejecutivo Estatal expedirá un programa continuado de capacitación y formación para servidores públicos que atienden víctimas, que elaborará la Comisión Ejecutiva Estatal y que deberá garantizar como mínimo:


    1. La formación en derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral;

    2. Enfoque diferencial para mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, comunidades o pueblos originarios y otros grupos vulnerables;

    3. Normativa internacional, nacional y estatal en la materia, y

    4. Rutas y procedimientos de atención a víctimas.


Artículo 169. El Poder Ejecutivo Estatal, implementará una estrategia integral de divulgación de los derechos de las víctimas en todo el territorio estatal que permita a las mismas, a las organizaciones y a la población en general, el conocimiento de los derechos contemplados en la presente Ley y otras normas relacionadas.
Artículo 170. La Fiscalía General y la Comisión Estatal de Seguridad Pública deberán disponer lo pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la Ley General de Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones pertinentes, sean parte de las estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión de los programas correspondientes en los institutos de capacitación.
Artículo 171. Las autoridades encargadas de los servicios periciales estatales deberán capacitar a sus funcionarios y empleados con el objeto de que la víctima reciba atención especializada de acuerdo al tipo de victimización sufrido, y tenga expeditos los derechos que le otorga la Constitución Local, la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Artículo 172. Los institutos y academias que sean responsables de la capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos ministeriales, policiales y periciales, estatales y municipales, deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los Programas Rectores de Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y los lineamientos mínimos impuestos por esta Ley.
Asimismo, deberán proponer convenios de colaboración con universidades y otras instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar formación académica integral y de excelencia a los servidores públicos de sus respectivas Instituciones.
Las obligaciones enunciadas en el presente artículo rigen también para las instituciones homólogas de capacitación, formación, actualización y especialización de los miembros del Poder Judicial Estatal.
Artículo 173. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos deberá coordinarse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el objeto de cumplir cabalmente con las atribuciones que le confiere la presente Ley.

Dichas instituciones deberán realizar sus labores prioritariamente enfocadas a que la asistencia, apoyo, asesoramiento y seguimiento sea eficaz y permita un ejercicio real de los derechos de las víctimas.


Artículo 174. Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se brindará a las víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional. A tal efecto, y sin perjuicio de las iniciativas públicas que correspondan, se diseñarán programas en coordinación con instituciones o empresas privadas que se integren al programa.
La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y transformador. Se ofrecerá a la víctima programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo a la utilidad de dicha capacitación o formación. El objeto es brindar a la víctima herramientas idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención y la reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia de la víctima.
Asimismo, deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le permita optar sobre los programas, planes y rutas de capacitación y formación más idóneos conforme su interés, condición y contexto.
Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la presente Ley. Cuando el Estado no cuente con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, se deberán crear los programas y planes específicos.
CAPÍTULO XVII

DE LA ASESORÍA JURÍDICA ESTATAL
Artículo 175. La Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, es la unidad administrativa especializada en asesoría jurídica para víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo 176. La Asesoría Jurídica Estatal estará integrada por Asesores Jurídicos Estatales de Atención a Víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas. Contará con las áreas administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señale el Reglamento.
Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto por la normativa aplicable.
Artículo 177. La Asesoría Jurídica Estatal tiene a su cargo las siguientes funciones:


  1. Coordinar el servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas en asuntos del fuero local, a fin de garantizar los derechos de las víctimas contenidos en esta Ley, la Ley General, Tratados Internacionales y demás normativa aplicable;

  2. Coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos del fuero local, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral;

  3. Seleccionar, en coordinación y con la aprobación del Comisionado Ejecutivo, a los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica Estatal, así como capacitarlos;

  4. Designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público del Estado, por cada Juzgado Local que conozca de materia penal y Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, cuando menos a un Asesor Jurídico Estatal y al personal de auxilio necesario;

  5. Celebrar convenios de coordinación con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa de los derechos de las víctimas, y

  6. Las demás que se requiera para la defensa de los derechos de las víctimas.


Artículo 178. La víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva Estatal que le proporcione un Asesor Jurídico Estatal, en caso de que no quiera o no pueda contratar un abogado particular, el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro Estatal de Víctimas. En este caso la Comisión Ejecutiva Estatal deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Estatal.

La víctima tendrá el derecho de que su abogado particular o asesor jurídico asignado, según corresponda, comparezca a todos los actos en los que sea requerida.


El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que quieran o no pueden contratar a un abogado particular y en especial a:


    1. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

    2. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

    3. Los trabajadores eventuales o subempleados;

    4. Los miembros de los pueblos o comunidades originarios, y

    5. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.


Artículo 179. Se crea la figura del Asesor Jurídico Estatal de Atención a Víctimas, el cual tendrá las funciones siguientes:


    1. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;

    2. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales y administrativas tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional;

    3. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral, administrativa o cualquier otra necesaria al efecto;

    4. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral y, en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;

    5. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física, psiquiátrica y psicológica de las víctimas, así como su plena recuperación;

    6. Informar y asesorar al entorno familiar de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, en los Tratados Internacionales y demás normativa aplicable;

    7. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;

    8. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;

    9. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público, conforme la normativa aplicable, y

    10. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.


Artículo 180. El Gobernador del Estado, reglamentará lo pertinente acerca de la conformación, garantía de capacidad institucional y funciones de la Asesoría Jurídica Estatal, determinando los ajustes institucionales necesarios y respetando los criterios generales establecidos por la Ley General de Víctimas.
La estructura, operación, funcionamiento, atribuciones y facultades de la Asesoría Jurídica Estatal, se establecerán en el Reglamento que al efecto se emita.
CAPÍTULO XVIII

DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 181. El Estado garantizará los recursos necesarios para la implementación de la presente Ley, con el objetivo de permitir el fortalecimiento institucional, el capital humano, los recursos técnicos, materiales y otros que resulten necesarios.
Artículo 182. Las personas públicas o privadas que colaboren por medio de donaciones u otro acto tendiente a apoyar e incrementar los fondos financieros para la implementación, operación y cumplimiento de la presente Ley, podrán acceder a los beneficios tributarios que las leyes de la materia establezcan.

La Comisión Ejecutiva Estatal creará mecanismos para la generación de recursos o aportes con el fin de atender al cumplimiento de los objetivos fijados en esta Ley.


Artículo 183. El Poder Ejecutivo Estatal brindará apoyo técnico a los Municipios del estado de Morelos, con el fin de desarrollar, bajo el principio de corresponsabilidad, las acciones contenidas en la presente Ley y en la Ley General de Víctimas.
Artículo 184. Los servidores públicos que en el marco del proceso penal o cualquier otro tipo de actuación jurisdiccional o administrativa afecten derechos de las víctimas, responderán ante las instancias competentes por las acciones u omisiones en que incurran.
Artículo 185. Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos que:


    1. Impidan u obstaculicen el acceso de las víctimas y sus representantes a la información, no sujeta a reserva legal, sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones a las que se refiere la presente Ley, así como a conocer la verdad acerca de esas violaciones;

    2. Proporcionen información falsa a las víctimas o sobre los hechos que produjeron la victimización;

    3. Discriminen por razón de la victimización, o

    4. Se nieguen, cuando estén obligados a ello, a dar una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.


Artículo 186. Es deber del estado de Morelos:


  1. Garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma;

  2. Hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución, la Constitución Local y demás normativa aplicable que garanticen la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en esta Ley, el acceso a la información, el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de las víctimas en los niveles estatal y municipal, y

  3. Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de esta Ley.


Artículo 187. La Comisión Ejecutiva Estatal diseñará un protocolo de participación efectiva a fin de que se brinden las condiciones necesarias para el derecho a la participación.
Artículo 188. Si con posterioridad al reconocimiento de la compensación, se demostrare que la persona no tenía la calidad de víctima o de beneficiario o lo hubiere acreditado de manera engañosa o fraudulenta, se revocarán las medidas de compensación otorgadas, se ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren reconocido y entregado por este concepto y se remitirán copias autorizadas a la autoridad competente para la investigación y el deslinde o fincamiento de responsabilidad a que haya lugar, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 189. Los servidores públicos que atiendan a víctimas en el estado de Morelos, serán objeto de medidas que busquen contrarrestar el impacto que genera la atención y el acompañamiento de las víctimas en este tipo de procesos, lo que se preverá en el Reglamento que al efecto se emita.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Una vez aprobadas la reforma integral a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos y reformas de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, expídase el Decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado de Morelos, para los efectos señalados en los artículos 44, 47 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos.
TERCERA. Dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto, la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, deberá solicitar en el Registro Público de Organismos Descentralizados del Estado de Morelos a cargo de la Secretaría de Hacienda, la inscripción del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
CUARTA. Dada la nueva configuración de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos se abroga el “Decreto número mil seiscientos setenta y cuatro, por el que se designan a cinco Comisionados para Integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5237, de 19 de noviembre de 2014, dejando sin efecto las designaciones realizadas por virtud de dicho Decreto.
Al efecto se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos Parlamentarios y a la Dirección Jurídica, ambas del Congreso del Estado de Morelos, para que notifique el contenido de la presente Disposición Transitoria a los Ciudadanos cuya designación se deja insubsistente. Ello sin perjuicio de que el Decreto número mil seiscientos setenta y cuatro, así como las designaciones por virtud del cual se realizan, queden sin efectos desde el momento mismo en que el presente Decreto inicie su vigencia.
QUINTA. Se abroga el “Acuerdo parlamentario por el que se designa a dos Diputados que integrarán el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, conforme a lo establecido en la fracción III, del artículo 102, de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5439, de 12 de octubre de 2016.

SEXTA. Por única ocasión, para la designación del Comisionado Ejecutivo, el Gobernador del Estado deberá proponer al Congreso del Estado, dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del inicio de vigencia del presente Decreto, una persona respaldada por los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil del estado de Morelos especializadas en la materia, sin que exista impedimento alguno para considerar para ello a la actual persona titular de la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
El Congreso del Estado, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de que reciba la propuesta respectiva, previa revisión de los requisitos previstos en el artículo 118 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, deberá decidir sobre la designación del Comisionado Ejecutivo, quien por única ocasión durará en su cargo tres años.
Concluido el plazo de duración en el cargo de la persona designada conforme al párrafo anterior como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos; deberá designarse un nuevo titular en los términos señalados en el artículo 118 de la citada Ley.
La persona titular de la ahora Coordinación Ejecutiva estará a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, en tanto no sea designado el Comisionado Ejecutivo.
Asimismo, hasta en tanto no se nombre Comisionado Ejecutivo las autorizaciones para acceder a los recursos del Fondo, serán emitidas de manera conjunta entre la persona titular de la Coordinación Ejecutiva y el servidor público responsable del Fondo.
SÉPTIMA. En todos los instrumentos legales, administrativos y jurídicos en donde se haga referencia a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos se entenderá a la Ley de Víctimas del Estado de Morelos; así mismo, las facultades conferidas en otros ordenamientos a la persona titular de la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se entenderán conferidas al Comisionado Ejecutivo del citado Organismo, siempre que no contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.
OCTAVA. En un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la vigencia del presente Decreto, se deberá instalar la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos; sin que para tal efecto sea necesaria la presencia del representante de la Asamblea Consultiva, por esta única ocasión, en virtud de estar presente la mayoría de sus integrantes, así como su Presidente.
NOVENA. En un plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la instalación de la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se deberán realizar las adecuaciones normativas al Estatuto Orgánico, mismas que deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados a que refiere la Disposición Transitoria Tercera. Así mismo, en dicho plazo deberá de adecuarse el Reglamento de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos en materia de Asesoría Jurídica, Registro y Reparación Económica.
DÉCIMA. Se autoriza al Gobernador del Estado para que se constituya en garante avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de la  Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, para que en garantía del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del pago por concepto de cuotas y aportaciones a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afecte a favor de dicho Organismo, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan.
En la firma del instrumento jurídico que formalice el acto materia de esta Disposición Transitoria, comparecerán en nombre y representación del Gobernador del Estado, las instituciones y los servidores públicos competentes, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y por la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, el Comisionado Ejecutivo.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones que se contraen con la incorporación de los trabajadores de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establecerá con los recursos que a favor de dicho organismo se señalen en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.


Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a pagar directamente las cuotas y aportaciones que se generen por la incorporación voluntaria de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, al régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exclusivamente en el caso que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos no cubra de manera oportuna las cuotas correspondientes.
Se autoriza a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal para que los pagos que realice y que correspondan a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, los pueda descontar de las cantidades próximas a ministrar en las transferencias presupuestales que correspondan al mencionado Organismo, lo que deberá formalizarse en el instrumento que se celebre entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
UNDÉCIMA. La Fiscalía General del Estado de Morelos deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y administrativas necesarias que den cumplimiento a las modificaciones aprobadas en el presente Decreto.
DUODÉCIMA. El Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, deberá gestionar las adecuaciones necesarias a la estructura orgánica de dicha Comisión.

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DECIMOTERCERA. La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 123 de la Ley.


Constituida la Asamblea Consultiva designará de entre sus integrantes al miembro que los ha de representar en la Junta de Gobierno.
DECIMOCUARTA. La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos y la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias.
DECIMOQUINTA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango jerárquico que se opongan al presente Decreto.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los trece días del mes de julio del año dos mil diecisiete.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Beatriz Vícera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. Secretaria. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de Morelos a los veintiocho días del mes de julio de dos mil diecisiete.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU

SECRETARIO DE GOBIERNO

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA

RÚBRICAS.


NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformada de manera integral la presente Ley, por Decreto No. 2205 publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5445 de fecha 2017/10/31. Vigencia 2017/11/01. Antes decía:
LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS

Aprobación 2013/07/04

Promulgación 2013/07/16

Publicación 2013/07/17

Vigencia 2013/07/18

Expidió LII Legislatura

Periódico Oficial 5105 alcance “Tierra y Libertad”

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:


Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
a) Mediante sesión ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el fecha 25 de abril del año 2013, se dio cuenta de la iniciativa que crea la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en uso de las facultades que le otorga el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
b) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 27 de febrero del año 2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó la INICIATIVA QUE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS.
c) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 04 de abril del año 2013, el Diputado Matías Nazario Morales, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
d) En consecuencia de lo anterior, el Diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de las iniciativas citadas al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora.
e) Mediante sesión ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 27 del mes de junio del año 2013, se dio primera lectura al Dictamen que contiene la LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, emanado de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos.
f) Derivado del trabajo de las Comisiones Unidas, del consenso parlamentario, se sumaron opiniones y propuestas, que hacen necesaria la realización de una addenda, al Dictamen del día 27 del mes de junio del año 2013, anteriormente citado.
g) En consecuencia de lo anterior, se solicita que en esta sesión ordinaria de la LII Legislatura, se tenga por integrada al cuerpo del Dictamen precisado la presente addenda en los términos que más adelante se detallan.
II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, motivó esencialmente su iniciativa en las siguientes consideraciones:
1) “Existen millones de acciones criminales que quedan sin respuesta, bien por la ausencia de la denuncia de la víctima en un acto de renuncia de derechos, imposible de evitar, bien por la propia insuficiencia o ineficacia de las instituciones que tienen que proferir la respuesta frente a ese universo criminal. Lo cierto es que, a pesar de los mejores esfuerzos, la pretensión agotadora del Estado en este combate no llega a ofrecer soluciones satisfactorias, y las que se producen son meramente paliativas de la incidencia del fenómeno criminal aislado y organizado.”
2) “En el Estado de Morelos, en los últimos cinco años, el delito con mayor incidencia ha sido el robo genérico, con un 12.4% sobre el total de los delitos denunciados, seguido de lesiones dolosas con el 8.7%, amenazas con el 7.9%. Existen otros delitos de vital importancia y que merecen atención, los cuales aunque sus denuncias no se hacen por razones diversas, como la dignidad o buen nombre en el caso de violencia sexual, falta de confianza en las instituciones del Estado en el caso de la corrupción, impunidad, incapacidad de respuesta del Estado a la violencia, condiciones de inequidad, que deben ser tratados de forma especial.”
3) “De acuerdo con estadísticas del INEGI, el Estado de Morelos se encuentra en el quinto lugar con mayor índice de inseguridad y violencia, por debajo de Chihuahua, Baja California, Durango y el Distrito Federal, al mismo tiempo que forma parte de las cinco entidades del país con mayor número de homicidios impunes, la tasa se sitúa en 85.8%, solamente superado por Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Durango. También es una de las 10 entidades federativas con más denuncias de delitos graves por cada cien mil habitantes.”
4) “Estas estadísticas muestran claramente la necesidad de tener políticas públicas encaminadas a proteger a las mujeres que se encuentran insertas en la problemática de la violencia. Según el Informe “Violencia Feminicida en Morelos” de 2000 a 2005 se reportaron 122 feminicidios en el Estado y la cifra casi se duplicó durante el siguiente sexenio, al contabilizarse 235 feminicidios: 20 en 2006, 29 en 2007, 31 en 2008 y 36 en 2009. Hasta octubre del 2010, fueron 40; en el 2011, se mantuvo el mismo número; en el 2012, se reportaron 39, y en lo que va del 2013 suman 15.”
5) “En este último período, el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en la entidad morelense se han cometido un total de 7,769 delitos de los cuales 3,775 corresponde a robos, 215 homicidios, 11 secuestros y 54 delitos sexuales o violaciones. De igual forma, la violencia familiar y los delitos sexuales registran un aumento importante. Los Municipios que concentran el mayor índice de criminalidad son: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec, Temixco, Jojutla y Emiliano Zapata.”
6) “La Constitución del Estado de Morelos reconoce, los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 2 bis al establecer que el Estado tiene una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas, y reconoce la existencia histórica y actual en su territorio de los pueblos y protege también los derechos de las comunidades asentadas en ellos por cualquier circunstancia, lo cierto es que los derechos de estos pueblos, resultan desconocidos en su gran parte, invisibilizándose una realidad que debe ser objeto de atención, desde el Estado.”
7) “Debe también dársele especial atención a los casos de niños, niñas y adolescentes, ya que en algunas zonas la falta de oportunidad da paso a que el fenómeno del narcotráfico entre en la sociedad con un alto impacto. Se utiliza a la juventud como instrumento para cometer delitos por los grupos criminales, ante la escasez de sanciones y el déficit de alternativas a las que acudir para evitar que aquellos desemboquen irremediablemente en el crimen organizado.”
8) “El derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, constituye un derecho humano de las víctimas, a nivel nacional e internacional. No obstante, reconstruir la verdad no es tarea fácil, ni para la justicia, (verdad judicial), ni para los historiadores, (memoria histórica): Ni una, ni otra son o representan una idea simple o aislada. Se trata de realidades complementarias, porque la primera necesita para su configuración de una elaboración de lo que podríamos llamar los contextos históricos, sociológicos, políticos, religiosos, sociales, etc, para que, la acción de los jueces en su búsqueda de esa verdad procesal, sea veraz al aproximarse a lo que realmente sucedió, es decir, a la verdad histórica; y, esta, precisa de aquella porque el elemento de coerción legal que conlleva, ayudará a quienes la elaboran a definir aquellos contextos. En uno y otro caso, la complejidad será la regla y por ello, resulta imprescindible analizar todos y cada uno de aquellos aspectos y matices que integran lo sucedido: Para ello, es imprescindible, no solo la memoria subjetiva de las víctimas y los víctimarios, con la tendencia natural a deformar la realidad, bien por el propio peso del dolor o por el más interesado de ocultar la culpa o disminuirla, respectivamente, sino también la reconstrucción de la verdad objetiva a través de los estudios y trabajos de analistas, o expertos en conservación de archivos y documentos, documentos antropólogos, médicos forenses, arqueólogos, historiadores, sociólogos u otros expertos que transforman la simple verdad subjetiva en algo más objetivo que tiene una vocación colectiva o general.”
9) “La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 2013, y reformada, el pasado 17 de abril de 2013, aspira a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación al principio enunciado, de acuerdo con los principios que rigen la justicia restaurativa para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos o víctimas de delitos, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en materia de derecho internacional humanitario y de los Derechos Humanos reconocidos en la Carta Magna de México en 2011.”
10) “Tanto las autoridades como los ciudadanos y ciudadanas mexicanos y mexicanas, tienen la obligación ineludible de cumplir con las obligaciones que se derivan del cumplimiento de aquel derecho, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y ello, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa o social bajo la que estén organizados.”
11) “Sin embargo, a casi dos años de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional, solo cuatro Estados de la República han armonizado normativamente sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. Por ello, tales obligaciones se deben convertir en leyes aplicables a través de la integración de normas sustanciales y directas, para lo cual se debe implementar un proceso de armonización normativa que incluya las competencias legislativas a través de la adopción de idénticos puntos de conexión jurídica.”
12) “Y es que la armonización normativa, en este ámbito, no sólo es un paso o un requisito adicional al proceso de creación de un ordenamiento, sino que se convierte en una garantía fundamental para las víctimas, estableciendo un sistema de sanciones que evidencien la voluntad férrea del Gobierno Estatal de respetar, proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de algún delito o violación a los Derechos Humanos.”
13) “En este contexto, el poder ejecutivo del Estado de Morelos, consciente y responsabilizado con esa realidad, ha tomado la iniciativa de presentar una ley integral en defensa y protección de los derechos de las víctimas, para que sea debatida en el Congreso del Estado.”
14) “Por cuanto al Marco Normativo que se propone, el contenido de la presente Ley de Víctimas de Morelos responde a los principios contenidos en la Ley General de Víctimas, la Constitución y los instrumentos internacionales vinculantes en las materias que regula: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana y la de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención do Belém do Pará y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder.”
15) “Así mismo, se han tenido en cuenta también diversos informes de Naciones Unidas en materia de protección a las víctimas; 1) Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, 2) El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y 2) Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Por último, se ha tomado en consideración el Estatuto de Roma, y la primera decisión relativa a reparaciones de la Corte Penal Internacional en el caso Lubanga.”
16) “A nivel nacional, además de las citadas, se ha tomado también en consideración, entre otras, la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia; la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar; la Ley de Salud; la Ley de Transporte; la Ley del Instituto de la mujer; y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, todas ellas, del Estado de Morelos.”
17) “Del mismo modo que la Ley General de Víctimas, la iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, tiene por objetivo, regular reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a los Derechos Humanos. Para ello, se prevén medidas de ayuda, asistencia y atención, de acceso a la justicia, de derecho a la verdad y de reparación integral, la cual incluye a su vez medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Todas ellas se implementarán en cumplimiento de principios rectores tales como el de dignidad, buena fe, complementariedad, integralidad, indivisibilidad, interdependencia, debida diligencia, debido proceso, deber de investigar, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, enfoque trasformador, gratuidad, máxima protección, no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad, no regresividad, gradualidad, sostenibilidad, publicidad, control y rendición de cuentas, transparencia, trato preferente y mínimo existencial, debidamente identificados en el marco normativo aplicable.
La presente iniciativa, de conformidad con la Ley General de Víctimas, contempla obligaciones tanto para el Estado de Morelos como para sus respectivos Municipios, de tal forma que la coordinación no solo deberá existir entre el Estado Federal y el Estado de Morelos sino que también entre este y los Municipios que le pertenezcan. La presente iniciativa señala que las medidas de ayuda, asistencia y atención se ofrecerán gratuitamente y con independencia de que se haya interpuesto no una denuncia por los hechos victimizantes. Los derechos tratados en el presente título implican medidas en materia de salud, alojamiento, alimentación, transporte, protección e información y asesoría. En materia de salud, será la Comisión quién velará porque se aplique un modelo de atención integral en salud. La presente iniciativa, dispone la obligación del Estado para que, donde no haya infraestructura Unidades Médicas, se creen centros de salud y atención que eviten que la víctima tenga que desplazarse grandes distancias para recibir atención médica de urgencia. Los servicios médicos serán gratuitos y se establecen una serie de servicios especiales para el caso de violación de la víctima.”
18) “La Iniciativa que se propone obliga al Poder Ejecutivo a crear, a cargo del DIF, albergues para la familia y aquellas que se consideren necesarias de acuerdo a las necesidades identificadas en el diagnóstico. En relación a las medidas de transporte, se garantizará que aquellos que se encuentren en un lugar distinto al de su residencia y deseen retornar, puedan hacerlo de manera segura y gratuita. Además de las medidas establecidas por la Ley General en relación a medidas de protección, la Iniciativa obliga al Estado a crear un programa de Protección de víctimas, Defensores y defensoras de Derechos Humanos, testigos y servidores públicos que hayan intervenido en la implementación de la presente, siempre en la medida de que sea necesario por haber una amenaza contra sus vidas, integridad física, libertad o seguridad personal y de forma proporcional a esta. Estas medidas se extenderán al núcleo familiar cuando se considere necesario con base a los mismos criterios. Se proporcionará a las víctimas de forma gratuita información y asesoría completa de todos sus derechos y los procedimientos judiciales a través de los cuales se pueden reclamar.”
19) “El título tercero versa sobre aquellas medidas de asistencia y atención tendentes a restablecer a la víctima en sus derechos y a promover la superación de su condición. Se deberá contar con la infraestructura suficiente para dar este servicio y con servidores capacitados para ello. Se garantiza igualmente el acceso de las víctimas a becas como mínimo hasta la educación superior, paquetes y uniformes escolares y textos educativos gratuitos. En cuanto a las medidas económicas y desarrollo, estas incluyen educación, salud, alimentación, vivienda, disfrute de un ambiente sano, trabajo, seguridad social, no discriminación y oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas.”
20) “En Título Cuarto, de Acceso a la Justicia. Se trata del derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Las víctimas tendrán derecho, entre otros, a ser informadas de sus derechos, a tener un asesor jurídico, a acceder a los mecanismos judiciales de los que disponga el Estado, a presentarlos ante autoridades independientes e imparciales, a colaborar con el Ministerio Público y participar en el proceso, a ser informada del desarrollo del proceso, a que se garantice su seguridad y la de los testigos, a conocer la verdad, a que se realice una investigación exhaustiva de su caso, a que respetando las normas del debido proceso, se enjuicie y sanciones a los responsables y a obtener una reparación integral por el daño. Además, la Iniciativa de Ley Estatal añade que en caso de que la víctima no se exprese en idioma castellano, disponga de un traductor durante todo el proceso judicial y que las sentencias sean igualmente traducidas.”
21) “En el Título Quinto, del Derecho a la Verdad. La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, que se presenta establece en cuanto al derecho a la verdad a que las víctimas y la sociedad en general tienen derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a los Derechos Humanos de que fueron objeto. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que les afectaron. En aras del derecho a la verdad se propenderá por la memoria histórica, para que las víctimas y la sociedad puedan conocer la verdad histórica de los hechos. Las organizaciones de la sociedad civil tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones de los Derechos Humanos, las autoridades deberán dar garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentren en los archivos estatales y en ese caso después de ejercer su derecho de consulta a impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda.”
22) “Se propone la Creación la Casa de Memoria Histórica el cual tendrá como objeto fomentar actividades museícas, pedagógicas y culturales que lleven a la reconstrucción de la memoria del Estado de Morelos sobre las violaciones a los Derechos Humanos. De conformidad con la Ley General de Víctimas, se fija la propuesta de creación de el Archivo de Verdad del Estado de Morelos el cual garanticé la preservación de los archivos e impida su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, permitirá la consulta pública de los archivos, con el respeto y dignidad de las víctimas, en los casos en donde exista reserva procesal o garantía de derecho a la intimidad y protección de la víctima se mantendrán la estricta confidencialidad. Se propone establecer el 28 de marzo como día de las víctimas para el Estado de Morelos.”
23) “En el Título Sexto, de la Derecho a la Reparación Integral. En cuanto al alcance de la reparación integral la Iniciativa Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, señala que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones a los Derechos Humanos que han sufrido, la determinación de medidas debe obedecer al desarrollo del enfoque diferencial y proponer la reconstrucción del proyecto de vida de la víctima. Para lo cual la reparación integral comprenderá: la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción, las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación a los Derechos Humanos no vuelva a ocurrir. Se crea entonces, un Plan de Atención y Reparación Integral del Estado de Morelos.”
24) “Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos, así como el restablecimiento de la libertad, restablecimiento de derechos jurídicos, restablecimiento de la identidad, restablecimiento de la vida y unidad familiar, restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos, regreso digno y seguro al lugar de residencia, reintegración en el empleo y devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, las víctimas colectivas pueden ser objeto de medidas de restitución.
25) “Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda las siguientes: atención médica, psicológica y psiquiátrica, servicio de asesoría y jurídicos para facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas, servicio sociales, programas de educación, programas de capacitación laboral y todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad incluyendo su grupo y comunidad. Deberá darse un trato preferencial y diferenciado a las mujeres, niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y adultos mayores.”
26) “La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, contempla la indemnización o compensación. Para ello se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos considerados como graves en el ámbito de la competencia estatal contra la vida, la libertad y la integridad física o mental al igual que los casos donde la víctima ha fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del delito. Estos perjuicios, sufrimientos y perdidas incluirán, la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, la reparación del daño moral el cual comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios cuando se cause incapacidad, la pérdida de oportunidades en particular las de educación y prestaciones sociales, los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a los Derechos Humanos, el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que como consecuencia del delito o la violación de los Derechos Humanos sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, los gastos comprobable de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasiones trasladarse al lugar del juicio para asistir a su tratamiento.”
27) “Para la Ley estatal el principal responsable de la indemnización o compensación cuando se trate de las resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de este o en su defecto con cargo a los recursos que en su caso se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado hubiera fallecido o quedado física o mentalmente incapacitada como consecuencia del delito. La Comisión Ejecutiva estatal de atención y reparación será quien determine el monto del pago de una indemnización o compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo. El Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria”.
28) “En cuanto a las medidas de satisfacción la Iniciativa de Ley Estatal comprenden entre otras y según corresponda verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad: la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos ,una declaración oficial o decisión oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y los derechos de las víctimas, disculpa pública de parte del Estado los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los Derechos Humanos, aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, vivas o muertas, reconocimiento público del carácter de víctima, efectuar publicaciones a que haya lugar, realización de homenajes públicos, construcción de monumentos públicos, apoyo a la reconstrucción del movimiento y tejido social de las comunidades campesinas. Se establecen también la Reparación Simbólica y la creación de un programa especial para el encuentro y reconstrucción del tejido social.”
29) “En cuanto a las medidas de no repetición se establecen en la Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos: el ejercicio de control efectivo por autoridades civiles de las corporaciones de seguridad pública, garantía de todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales, competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, fortalecimiento de la independencia del poder judicial, limitación en la participación en el gobierno y de los dirigentes políticos que hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos, exclusión en la participación en el gobierno o en las corporaciones de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad señalado como responsable de cometer violaciones a los Derechos Humanos.”
30) “De conformidad a las obligaciones derivadas de la creación del sistema nacional de atención a víctimas como máxima institución en los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la Ley General de Víctimas, el Estado de Morelos se compromete a: elaborar diagnóstico profundo sobre la situación de las víctimas en el Estado, establecer mecanismos de organización supervisión evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, verdad y reparación integral a víctimas. Crear modelo único de ayuda , asistencia y atención a víctimas que comprenda medidas de emergencia y humanitarias así como medidas tendientes a restablecer a la víctima en el ejercicio de sus derechos, coordinar a las diferentes instituciones que tienen competencia en materia de ayuda asistencia y atención a víctimas, adecuar manuales lineamientos, programas y demás acciones a los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o de violaciones a los Derechos Humanos, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la ayuda, atención, asistencia acceso a la verdad y justicia a favor de las víctimas que realicen sus labores en el Estado de Morelos, crear comités especiales para la prevención y atención a poblaciones especialmente vulnerables, siendo dos unos para mujeres y otro para niños y niñas y jóvenes, garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y representantes de la academia y centros de estudio en los diferentes espacios creados por esta ley.”
31) “Se propone la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a víctimas la cual dirigirá la política de atención y reparación a víctimas coordinara los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos de las víctimas del Estado de Morelos. Se crea una Comisión Intersecretarial como órgano consultivo y de coordinación operativa de la Comisión Ejecutiva del Estado. En la Presente Iniciativa de Ley se crea un Sistema único de Víctimas para el Estado de Morelos, como mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación. Para la cual deberán unificarse todos los registros y sistemas de información existentes.”
32) “Se crea un Fondo de ayuda, asistencia y reparación para el Estado de Morelos, que tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Morelos. La víctima podrá acceder de manera subsidiaria a dicho fondo, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas penales y civiles que resulten. Se establece una lista de recursos que dicho fondo captará como lograr su finalidad. Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto establecerá el Gobierno del Estado de Morelos. De conformidad por lo dispuesto por la Ley General de Víctimas se establecerá para el fondo una partida presupuestal del 0.014% del gasto programable del presupuesto estatal asignado. La Iniciativa también establece que para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos de la Ley General de Víctimas y la demás normatividad aplicable.”
33) “La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, contempla en la Comisión Ejecutiva Estatal, la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado, como un área especializada. La Asesoría Jurídica del Estado de Morelos estará integrada por Asesores Jurídicos estatales de Atención a Víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas. Contará con una Junta Directiva, un Director General y las unidades administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señala el Reglamento. Adicionalmente crea la figura de Asesor Jurídico Estatal.”
34) “Finalmente la Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, trae varias disposiciones finales, entre ellas la financiación de medidas de atención y reparación integral a las víctimas del delito y violaciones a los Derechos Humanos, beneficios tributarios, y el apoyo a Municipios. La responsabilidad de los servidores públicos que atienden víctimas y sus faltas disciplinarias. La participación de las víctimas, la cual debe ser garantizada por el Estado de Morelos en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma. Trae también disposiciones sobre las consecuencias de la inscripción fraudulenta de víctimas. Y el apoyo a los servidores públicos que atienden víctimas con el objeto de contrarrestar el impacto que genera la atención y el acompañamiento de las víctimas en este tipo de procesos.
El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, motivó su iniciativa destacando las siguientes consideraciones:


  1. “El nueve de enero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la Ley General de Víctimas, producto de un largo proceso social en el que se mezclaron sufrimiento, dolor y luto con cálculos electorales, intereses de partido, visiones encontradas de una misma realidad.”




  1. “Que el País contará con una legislación que proteja a las víctimas de los daños que le infringen delitos y violaciones de los Derechos Humanos, por parte de la delincuencia y de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de todas las filiaciones partidistas, nos recuerda a las más de 60 mil personas, de todos los bandos, que han perecido producto de una violencia irracional y cruel que envuelve a la mayor parte de la República.”




  1. La legislación federal en materia de aseguramiento de los derechos de las víctimas, es también de la voz de miles de madres de familia que han perdido esposos e hijos, es el dolor de padres que han sufrido la pérdida de sus descendientes, es el reclamo de cientos de voces infantiles que han quedado desprotegidas y es el ruidoso silencio de cientos de personas desaparecidas, de las que finalmente desconocemos su destino y que de vez en cuanto, nos llaman a cuentas cuando son descubiertas en entierros clandestinos.”




  1. “Es en respuesta a ellos y en cumplimiento del mandato federal, que obliga a las Entidades de la Federación a contar con una legislación local sobre los derechos de las víctimas, que como Legislador de Morelos presentó a esta Soberanía…,” “…la Ley de protección y atención a víctimas del Estado de Morelos.”




  1. Esta iniciativa busca lo siguiente:

“Primero.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales suscritos por el País y llevarlos a formar parte de nuestra Constitución también.


Segundo.- Establecer las medidas de atención, protección y ayuda a las víctimas por la comisión de algún delito por particulares o por alguna autoridad, así como por violaciones de los Derechos Humanos.
Tercero.- Proporcionar gratuitamente asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de orientación social, con base al impacto del daño causado a las víctimas.
Cuarto.- Disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización institucional; y asegurar la restitución de los derechos de la víctima de manera prioritaria y de ser posible inmediata.
Quinto.- Construir el andamiaje institucional para dar soporte legal y administrativo a esta materia, mediante el establecimiento de un nuevo organismo constitucional autónomo denominado Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a Víctimas del Delito en el Estado de Morelos, y
Sexto.- El establecimiento de un fondo de ayuda económica para las víctimas, soportado fundamentalmente en recursos públicos y la constitución del primer registro estatal de víctimas.”


  1. “Con esta legislación se garantizan mejores condiciones a las víctimas para la presentación de denuncias de los delitos, en el entendido de que es una obligación del Estado, protegerlas y desde luego garantizarles las mejores condiciones para los ciudadanos que puedan declarar en los casos más delicados, más relevantes y más peligrosos y enfocar el sistema de procuración de justicia en favor de la víctima, garantizando en todo momento la protección a su integridad, dignidad e identidad.




  1. “Los antecedentes internacionales de la materia, son los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, que se autorizaron en el VII Congreso de las Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán Italia, del 26 de agosto al 06 de septiembre de 1985, del que se originó la Declaración sobre ellos y proporciona dos definiciones de víctimas, una que alude a las “Víctimas de Delitos” y otra, a las “Víctimas del Abuso del Poder”. Para la presentación de esta iniciativa, hicimos ejercicios de derecho comparado, tomamos lo mejor de alguna de las 22 leyes sobre atención a víctimas con las que cuentan 22 Estados de la República.




  1. “Queda claro, que avanzar en esta materia supone un proceso social complejo, pero que paulatinamente cobrara mayor certeza y seguridad en la ciudadanía, lo que hará que las instituciones de impartición de justicia recuperen la confianza, específicamente el Ministerio Público, que es la autoridad que mantiene un contacto directo con las víctimas del delito.”

El Diputado Matías Nazario Morales, motivó su iniciativa en las siguientes consideraciones:




  1. “El día 9 de enero del año 2013, en el Diario Oficial de la Federación, órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, con aplicación en todo el territorio nacional.”




  1. “Por mandato establecido en el artículo Transitorio Primero, del Decreto en comento, la vigencia de Ley General de Víctimas, inicia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”




  1. “A la fecha de la presente iniciativa, que me permito presentar a esta Soberanía, ha trascurrido el plazo de treinta días, establecido en el artículo Transitorio Primero del decreto citado y, por lo tanto, ha iniciado la vigencia de la Ley General de Víctimas, a partir del día ocho de febrero del presente año.”




  1. “Por lo que de conformidad con lo establecido en el Decreto respectivo, en su artículo Primero Transitorio, la Ley General de Víctimas, hoy, ya es derecho positivo vigente en todo el territorio nacional.




  1. “En el contenido del Decreto, mediante el que se promulgó la Ley General de Víctimas, en el artículo Séptimo Transitorio, se establece la obligación de las Legislaturas Locales de armonizar todas las normas jurídicas locales, relacionados con la Ley General de Víctimas, vigente.

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS


Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, compartimos con los iniciadores la opinión de que, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del día 9 de enero del año 2013, del Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, mismo que en su artículo Séptimo Transitorio, surge la obligación de las Legislaturas Locales de armonizar todas las normas jurídicas locales, relacionados con la Ley General de Víctimas, ello dentro del plazo de ciento ochenta días naturales.
De igual manera, se considera lo expuesto por el Titular del Poder Ejecutivo en su iniciativa señalando que la Ley en mención aspira, a garantizar diversos principios tales como el derecho a la verdad, la justicia, conforme a los principios que rigen la justicia restaurativa para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos o víctimas de delitos, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en materia de derecho internacional humanitario y de los Derechos Humanos, reconocidos en nuestra Carta Magna en su reforma de 2011.

Bajo este contexto, coincidimos con el Titular del Ejecutivo, en que la armonización normativa, en este ámbito, no sólo es un paso o un requisito adicional al proceso de creación de un ordenamiento, sino que se convierte en una garantía fundamental para las víctimas, estableciendo un sistema de sanciones que evidencien la voluntad férrea del Gobierno Estatal de respetar, proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de algún delito o violación a los Derechos Humanos.


Esta Comisión reconoce que las propuestas vertidas son coincidentes en la generalidad, pues para quienes valoran las iniciativas expuestas no pasa desapercibido que se trata de una armonización legislativa, en la que se prevén medidas de ayuda, asistencia y atención, de acceso a la justicia, de derecho a la verdad y de reparación integral, la cual incluye a su vez medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, todas ellas implementándose en cumplimiento de principios rectores de la materia, de conformidad con la Ley General de Víctimas, contemplándose desde la Legislación Federal obligaciones tanto para el Estado de Morelos como para sus respectivos Municipios, de tal forma que la coordinación deberá existir en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal.
También se ha tomado en consideración que las propuestas expuestas por los iniciadores, son congruentes con los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debiendo destacar en particular los artículos 1º, 17, 20 y 133 vigentes, con los instrumentos internacionales vinculantes en las materias que regula la Ley General de Víctimas, y con la propia ley señalada; así es de reconocer que se han tomado en consideración en las iniciativas en estudio, instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos tales como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana y la de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención do Belém do Pará y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder.
El presente dictamen fija la propuesta de creación del Archivo de Verdad del Estado de Morelos, el cual garantizará la preservación de los archivos e impedirá su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, permitirá la consulta pública de los archivos, con el respeto y dignidad de las víctimas, en los casos en donde exista reserva procesal o garantía de derecho a la intimidad y protección de la víctima se mantendrán la estricta confidencialidad.
De forma relevante, hay que mencionar que la propuesta contempla la indemnización o compensación por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos considerados como graves en el ámbito de la competencia estatal contra la vida, la libertad y la integridad física o mental al igual que los casos donde la víctima ha fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del delito, e incluye la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima y la reparación del daño.
Así mismo, el crear modelo único de ayuda, asistencia y atención a víctimas que comprenda medidas de emergencia y humanitarias así como medidas tendientes a restablecer a la víctima en el ejercicio de sus derechos, coordinar a las diferentes instituciones que tienen competencia en materia de ayuda asistencia y atención a víctimas, adecuar manuales lineamientos, programas y demás acciones a los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o de violaciones a los Derechos Humanos, apoyar a las Organizaciones de la Sociedad Civil que se dediquen a la ayuda, atención, asistencia acceso a la verdad y justicia a favor de las víctimas que realicen sus labores en el Estado de Morelos, crear comités especiales para la prevención y atención a poblaciones especialmente vulnerables, siendo uno para mujeres y otro para niños y niñas y jóvenes, garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y representantes de la academia y centros de estudio en los diferentes espacios creados por esta ley.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, coincide con la propuesta de creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a víctimas, la cual dirigirá la política de atención y reparación a víctimas, misma que coordinará los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos de las víctimas del Estado de Morelos. Con la creación una Comisión Intersecretarial como órgano consultivo y de coordinación operativa de la Comisión Ejecutiva del Estado, y con el Sistema Único de Víctimas para el Estado de Morelos, como mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación, en la cual deberán unificarse todos los registros y sistemas de información existentes.


Es de destacarse que en dichas propuestas se crea un Fondo de ayuda, asistencia y reparación para el Estado de Morelos, que tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Morelos, en la cual se podrá acceder de manera subsidiaria a dicho fondo, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas penales y civiles que resulten; es así que al prever los recursos que dicho fondo captará, su administración, operación por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca, los beneficios tributarios, y el apoyo a Municipios, se garantiza la eficacia en la aplicación del cuerpo normativo que ésta Comisión valora.
No menos importante es de mencionar que se prevé sobre la responsabilidad de los servidores públicos que atienden víctimas y sus faltas disciplinarias, al igual que se establecen disposiciones sobre las consecuencias de la inscripción fraudulenta de víctimas.
La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, es del acuerdo que las tres iniciativas presentadas en la materia, son altamente coincidentes entre sí, destacando los siguientes contenidos: Propuestas respecto de las medidas de atención, protección y ayuda. El proporcionar asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de orientación social, con base al impacto del daño causado. Disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización institucional. Asegurar la restitución de los derechos de la víctima de manera prioritaria y de ser posible inmediata.

De esta forma, esta Comisión dictaminadora está de acuerdo con los iniciadores en otorgar a través de un marco jurídico local el instrumento a la sociedad que permita recuperar la confianza en la impartición de justicia en el Estado de Morelos, reconociendo el valor y alcance legal de los antecedentes jurídico-normativo internacionales en la materia, que constituyen los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder.


IV.- MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS
La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación con base a las atribuciones de las cuales se encuentra investida, y con la finalidad de emitir un solo dictamen que permita la integración de la tres iniciativas presentadas en beneficio de la sociedad morelense, se ha integrado el presente dictamen con una sola denominación de Ley, con un articulado integrado, tomando como base la adecuación legislativa, dispuesta por el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero del año dos mil trece.
Es así que en el cuerpo del dictamen se incorporan definiciones, se aclaran conceptos, se eliminan abreviaturas, tomando en consideración la sintaxis del articulado se realizaron adecuaciones conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal y la Ley General de Víctimas.
Por otra parte y de suma relevancia se precisa que se entiende respecto a los conceptos y medidas de compensación o indemnización, en razón a que de acuerdo a lo establecido en los artículo 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Víctimas, la interpretación debe atender a los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; por ello en atención a lo reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no siempre es posible o viable restituir los bienes o derechos protegidos por la Convención, por lo que se hace necesario compensar aquellos daños patrimoniales o extrapatrimoniales causados. La indemnización compensa de forma pecuniaria, el daño, pérdida o menoscabo de un bien, que no es posible reponer conforme a su propia naturaleza. El presente proyecto de Ley acoge los términos indemnización y compensación como sinónimos dando cuenta de la naturaleza compensatoria de la indemnización.1
La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, contempla la indemnización o compensación. Para ello se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos considerados como graves en el ámbito de la competencia estatal contra la vida, la libertad y la integridad física o mental al igual que los casos donde la víctima ha fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del delito.
Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas, incluirán la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, la reparación del daño moral el cual comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios cuando se cause incapacidad, la pérdida de oportunidades en particular las de educación y prestaciones sociales, los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a los Derechos Humanos, el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que como consecuencia del delito o la violación de los Derechos Humanos sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasiones trasladarse al lugar del juicio para asistir a su tratamiento.
El principal responsable de la indemnización o compensación cuando se trate de las resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de este o en su defecto con cargo a los recursos que en su caso se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado si hubiera fallecido o quedado física o mentalmente incapacitada como consecuencia del delito.

El Estado indemnizará o compensará de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos que la víctima haya sufrido daño o menoscabo en su libertad, integridad física o mental.


La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación será quien determine el monto del pago de una indemnización o compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo.
El Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria.
Por otra parte, es de tomarse en consideración la relevancia de lo expuesto por los iniciadores, respecto al acceso de las víctimas del delito y de violaciones a los Derechos Humanos, al Fondo de ayuda, asistencia y reparación para el Estado de Morelos, que tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral, pues de manera clara exponen el alto sentido de responsabilidad ante la parte de la sociedad que se convierte en víctimas; por lo que esta Comisión dictaminadora estima necesario incrementar el porcentaje de recursos financieros destinados para la integración de dicho fondo, por ello en el cuerpo del presente dictamen se establece sin contravenir lo dispuesto por la Ley General de Víctimas una partida presupuestal del 0.14% del gasto programable del presupuesto estatal asignado, mismo que acorde a lo expuesto por el Titular del Poder Ejecutivo será administrado y operado por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto establecerá el Gobierno del Estado de Morelos.
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos, en uso de sus facultades, adicional a las valoraciones realizadas en el Dictamen de fecha 27 del mes de junio del año 2013, que contiene la LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, consideramos necesario las modificaciones materia de la siguiente addenda con base en las presentes valoraciones:
Estas Comisiones Unidas consideran necesario establecer la naturaleza y origen jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, cuyo origen integración y funcionamiento se prevén en los artículos 102 y 103 de la Ley en mención, contextualizando que sus funciones y objeto son coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos, que gozará de autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a su normatividad correspondan.
Para quienes valoran la presente addenda, es necesario aclarar la integración del consejo del Organismo, que permita garantizar que en la Comisión Ejecutiva Estatal estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, la naturaleza honorífica de sus integrantes, la duración de su encargo sin remuneración alguna, y por supuesto la forma y términos para su elección, así como prever su órgano de control interno.
De igual forma consideramos estas Comisiones dictaminadoras, necesario aclarar que la Comisión Intersecretarial prevista en el artículo 105, coadyuvará con la Comisión Estatal Ejecutiva y fungirá como vínculo con las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y será integrada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración del Estado de Morelos, y compuesta por los Titulares de las Secretarías de Gobierno, Hacienda, Educación, Salud y Cultura o cualquiera otra, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo que al efecto se emita.
Derivado de las modificaciones expuestas resulta necesario establecer en las disposiciones transitorias, que adicionalmente se prevén cinco disposiciones, que regulan la designación y duración de los comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, para proceder a su sustitución en términos de lo dispuesto en la presente Ley.
De igual forma, estas Comisiones Unidas prevén en las disposiciones transitorias, que el Gobernador Constitucional del Estado y el Congreso del Estado deberán realizar el procedimiento establecido en la presente Ley, para la convocatoria, selección, formulación de ternas y designación de los Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
Por otra parte, los que modificamos el Dictamen emanado de estas Comisiones Unidas, consideran necesario prever instalar el Consejo del Organismo Público Descentralizado que por virtud de esta Ley se crea, y aprobar el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, así como su inscripción en el Registro Público de los Organismos Descentralizados del Estado de Morelos.
Así mismo, las Comisiones Unidas que actúan, consideran necesario exponer que las modificaciones contenidas en la presente addenda, se adecuaron en congruencia con los principios y definiciones contextualizándolos con el contenido íntegro de la LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, dictaminada por estas Comisiones, todo con la finalidad de otorgar claridad y precisión al texto de la Ley en mención.
Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura ha tenido a bien expedir la siguiente:
LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS
TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

DE LA APLICACIÓN, OBJETO E INTERPRETACIÓN
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas y tiene los siguientes objetivos:
I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y violaciones a Derechos Humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de los derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que los Estados Unidos Mexicanos es parte, en la Ley General de Víctimas y demás instrumentos de Derechos Humanos vinculantes para el Estado de Morelos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, atender, garantizar, impulsar y propiciar el ejercicio efectivo y constante de los derechos de las víctimas mediante el establecimiento de principios rectores, ejes de acción y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus Municipios, independientemente de la coordinación que se articule con la Federación;

III. Implementar los mecanismos para que todas las autoridades estatales en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral, velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Los Municipios deberán regular y garantizar estas obligaciones en el ámbito de sus competencias;

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante;

IV. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

V. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; y



VI. Establecer las sanciones que correspondan al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de las disposiciones fijadas en esta ley.
ARTÍCULO 2. Los preceptos contenidos en la presente Ley deben ser respetados y cumplidos por todo servidor público e institución, pública o privada, los que estarán obligados a garantizar la protección de las víctimas, proporcionándoles ayuda, asistencia y reparación integral en el orden estatal.


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