Ley de víctimas del estado de durango



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LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE DURANGO

N. DE E. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE EL DECRETO NÚMERO 148, EL PRESENTE ORDENAMIENTO ENTRARÁ EN VIGOR A LOS 180 DÍAS POSTERIORES A SU PUBLICACIÓN TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS SIGUIENTES PREVENCIONES: I. LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 23, 31, 32, 63, 64, 65 Y 66, RELATIVAS A LA ASESORÍA JURÍDICA, ENTRARÁN EN VIGOR A LAS CERO HORAS CON UN MINUTO, DEL DÍA 7 DE MAYO DEL AÑO 2014, EN EL PRIMER DISTRITO JUDICIAL Y EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2014 A LAS CERO HORAS CON UN MINUTO EN LOS SEGUNDO Y TERCER DISTRITOS JUDICIALES Y EN EL RESTO DE LOS DISTRITITOS (SIC) JUDICIALES, CONFORME A LO (SIC) ESTABLEZCA LA DECLARATORIA QUE EMITA ESTE PODER LEGISLATIVO; Y LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 23, 31, 48, 49, 50, 51 Y 55, RELATIVAS AL FONDO ESTATAL, ENTRARÁN EN VIGOR EL DÍA 1° DE ENERO DEL AÑO 2015. CON INDEPENDENCIA A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I DEL CITADO ARTÍCULO.

TEXTO ORIGINAL.

Ley publicada en el Número Extraordinario al Periódico Oficial del Estado de Durango, el martes 6 de mayo de 2014.

EL CIUDADANO CONTADOR PÚBLICO JORGE HERRERA CALDERA GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. A SUS HABITANTES, S A B E D:

QUE LA H. LEGISLATURA DEL MISMO SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

Con fecha 06 de Mayo del presente año, el C. C. P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador Constitucional del Estado de Durango, envió a esta H. LXVI Legislatura del Estado, Iniciativa que contiene LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE DURANGO; misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, integrada por los CC. Diputados José Ángel Beltrán Félix; Julián Salvador Reyes; Felipe Meraz Silva; José Alfredo Martínez Núñez y Alicia García Valenzuela, Presidente, Secretario y Vocales respectivamente, los cuales emitieron su dictamen favorable en base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S…

Con base en los anteriores Considerandos, esta H. LXVI Legislatura del Estado, expide el siguiente:

D E C RE T O: No. 148

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la Ley de Víctimas del Estado de Durango, para quedar como sigue:

LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE DURANGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.

La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio del Estado de Durango, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, párrafo tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 14 inciso B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y demás ordenamientos aplicables en la materia.

Esta Ley tiene por objeto establecer los derechos, procedimientos, medidas y mecanismos para el efectivo ejercicio y goce de los derechos de las víctimas a través de la asistencia, atención y reparación integral.

Los servidores públicos del Estado y sus Municipios, los de órganos constitucionales autónomos, además delos (sic) particulareso (sic) instituciones privadas que realice cualquier acción de atención o protección de víctimas, deberán atender a las presentes disposiciones.

Las normas relativas a la protección de víctimas se deberán interpretar y aplicar de conformidad con la Constitución Federal, los Tratados Internacionales de los que México sea parte, la Constitución Local, esta Ley y demás ordenamientos vigentes y aplicables en la materia, atendiendo siempre a la protección más amplia para la víctima.

ARTÍCULO 2.

La atención y protección delas (sic) víctimas deberán ajustarse a los principios de eficiencia, profesionalismo, confidencialidad, no discriminación, además de los establecidos en la Ley General de Víctimas, procurando en todo momento la protección y respeto de los derechos humanos establecidos por la Constitución Federal, los Tratados Internacionales de los que México sea parte, la Constitución Local y demás ordenamientos vigentes sobre la materia.

En todo momento se impedirá realizar una victimización secundaria, para lo cual, queda prohibido negarle la condición de víctima debido a sus características, o condicionar el ejercicio de sus derechos a la realización o sujeción de procedimientos que provoquen que la víctima sufra nuevamente el hecho victimizante o algún otro derivado de la conducta de servidores públicos, incluyendo las demoras injustificadas, prácticas dilatorias y el trato inadecuado a las víctimas.

ARTÍCULO 3.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

III. Ley General: Ley General de Víctimas.

IV. Ley: Ley de Víctimas del Estado de Durango.

V. Reglamento: Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de Durango.

VI. Víctimas Directas: Las personas físicas sobre la (sic) que se produzca un daño físico, mental, emocional o un menoscabo económico, incluso cualquier peligro delesión (sic) a sus bienes jurídicos o derechos, derivado de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución Local, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y demás instrumentos legales aplicables.

VII. Víctimas Indirectas: Los familiares o dependientes económicos que tengan relación inmediata con la víctima directa.

VIII. Víctimas Colectivas: Los grupos, comunidades u organizaciones sociales sobre las que se produzca un daño en sus derechos, intereses o una lesión en sus bienes jurídicos individuales o colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos humanos.

IX. Víctimas Potenciales: Las personas físicas que se encuentren en situación de peligro, en cuanto a su integridad física o a sus derechos derivado del auxilio proporcionado a la víctima por impedir o detener la violación de derechos humanos o la comisión de un delito.

X. Hecho Victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona física, ya sea que se encuentren tipificados como delito o que constituyan una violación de derechos humanos.

XI. Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales.

XII. Violación de Derechos Humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución Local, en los Tratados Internacionales de los que México sea parte y demás legislación vigente y aplicable en la materia, cuando el agente activo sea servidor público en ejercicio de sus funciones o atribuciones o con motivo de ellas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado explícita o implícitamente por un servidor público, o mediante su colaboración.

XIII. Asistencia: El conjunto de acciones, mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social y cultural, a cargo del Estado y sus municipios, orientado a la reparación integral de las víctimas.

XIV. Atención: La acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, durante los procesos de acceso a medidas de reparación integral y ejercicio de sus derechos.

XV. Reparación Integral: Comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, aplicadas de manera individual o colectiva, las que serán implementadas teniendo en cuenta la gravedad, las circunstancias o magnitud del hecho victimizante.

XVI. Daño: La muerte, cualquier lesión o perjuicio físico o material, las pérdidas de ingresos o el deterioro al medio ambiente.

XVII. Daño moral: Aquellos efectos nocivos de los hechos que no tienen carácter económico o patrimonial. Comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación.

XVIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

XIX. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

XX. Comisión Ejecutiva: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

XXI. Comisión Estatal: Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

XXII. Consejo Estatal: Consejo Estatal de Atención Integral a Víctimas.

XXIII. Registro Nacional de Víctimas: Mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de asistencia, atención y reparación integral.

XXIV. Registro Estatal: Registro Estatal de Víctimas.

XXV. Fondo Estatal: Fondo Estatal de Víctimas.

XXVI. Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas.

XXVII. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico de Víctimas.

XXVIII. Plan Estatal: Plan Estatal Anual de Atención Integral a Víctimas.

XXIX. Programa Estatal: Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas.

CAPÍTULO II

DERECHOS GENERALES DE LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 4.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos derivado de la comisión de un delito o la violación a derechos humanos, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

ARTÍCULO 5.

La Comisión Estatal garantizará que el ingreso de las víctimas al Registro Estatal se realice de manera efectiva y rápida con el fin de permitirles acceder a las medidas que establece la Ley General.

ARTÍCULO 6.

Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y no limitativo. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I. A ser tratadas con respeto y cordialidad por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas o privadas responsables del cumplimiento de esta Ley.

II. A solicitar y a recibir asistencia, atención, ayuda inmediata y reparación integral en forma oportuna, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido, desde la realización del hecho victimizante y hasta que lo requiera.

III. A la protección por parte del Estado de la vida, integridad o libertad de la víctima, incluyendo el derecho a la intimidad contra injerencias ilegítimas, además de la protección por el peligro ante la amenaza o el riesgo de la comisión de un delito o violación a derechos humanos.

IV. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible en relación a los procedimientos, mecanismos y medidas para el ejercicio de sus derechos, incluyendo la solicitud y recepción de los documentos necesarios, entre éstos, los documentos de identificación.

V. A conocer el estado de los procesos judiciales o administrativos en los que tenga un interés jurídico o tenga calidad de parte.

VI. A recibir inmediatamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga alguna discapacidad auditiva, verbal, visual o alguna otra, de manera gratuita y eficiente.

VII. A que se notifique de manera inmediata al consulado del país de origen de la víctima, cuando ésta sea extranjera.

VIII. A ser notificada de la resolución de solicitud de ingreso al Registro Estatal y de las medidas que se dicten conforme a la Ley.

IX. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de seguridad y dignidad en otro lugar, cuando la víctima exprese su consentimiento, además del derecho a la reunificación familiar.

X. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, asistencia, atención y reparación integral de víctimas con enfoque de género y diferencial.

XI. Los demás señalados por la Constitución Federal, la Constitución Local, los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia.

ARTÍCULO 7.

En los casos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos contra un grupo de víctimas, el Ejecutivo, el Congreso del Estado, los ayuntamientos, las organizaciones no gubernamentales o cualquier otra institución pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos, podrán proponer a la Comisión Estatal el establecimiento de programas emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección y reparación integral de las víctimas.

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Estatal, a propuesta de alguno de sus integrantes cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial a determinada situación o grupos de víctimas.

ARTÍCULO 8.

Las víctimas tendrán derecho a recibir las medidas establecidas en la Ley General, las cuales se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

ARTÍCULO 9.

Las víctimas gozarán de los siguientes derechos durante cualquier proceso:

I. Acudir ante autoridades competentes e imparciales para ejercer sus derechos y presentar los recursos judiciales o administrativos necesarios, por lo que es obligación de las autoridades ejecutar los procedimientos legales atendiendo a los principios que señala esta Ley, los que deberán realizarse de manera inmediata y exhaustiva, a fin de velar por el derecho a la verdad, la justicia y obtener la reparación integral por el daño sufrido.

II. A ser informadas de manera inmediata, clara y precisa de los derechos que le reconocen la Constitución Federal, los Tratados Internacionales de los que México sea parte, la Constitución Local, esta Ley y demás legislación aplicable a su favor, dejando constancia de este hecho.

III. A que las autoridades en el ámbito de su competencia, vigilen el respeto a la protección de datos personales, salvaguardando el derecho de los particulares a conocer si éstos se encuentran en los archivos estatales y solicitar los procedimientos correspondientes en caso de estar en desacuerdo con los mismos.

IV. Participar en los procesos judiciales o administrativos que se realicen en la búsqueda de la verdad de los hechos, permitiéndosele expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados.

V. A que todo aquél que tenga información en cuanto a la comisión del delito o de la violación de derechos humanos, lo haga del conocimiento de la autoridad competente, incluyendo los resultados de investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas.

VI. A coadyuvar con el Ministerio Público o la autoridad respectiva, a que se les reciban todos los datos o medios de prueba con los que cuenten, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio o el procedimiento como parte.

VII. A ser asesoradas y representadas durante la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico; proporcionándole uno el Estado de manera gratuita en caso de que no tengan los recursos para contratarlo o no quieran hacerlo. Si no se apersonaran en el proceso penal, serán representadas por un Asesor Jurídico o bien por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física, y modificaciones a la sentencia.

VIII. A que se les explique el procedimiento y consecuencias de los exámenes periciales a los que podrán someterse, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico y la persona que consideren.

IX. A que se le notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos e impugnar ante la autoridad competente las omisiones del Ministerio Público o servidor público que lleve a cabo el procedimiento de investigación o sanción del delito o de violación a derechos humanos, así como de sus resoluciones.

X. Comparecer en la fase de investigación o de juicio y a que sean adoptadas medidas para proteger su intimidad, identidad y otros datos personales.

XI. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas y testigos, para la investigación y persecución de los autores y partícipes dela (sic) comisión del delito o violación a derechos humanos; y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño.

XII. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa, incluyendo el derecho de optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño, la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición, siendo obligación de las autoridades vigilar que la víctima cuente con la capacidad para ello y se encuentre en absoluta libertad para hacerlo.

ARTÍCULO 10.

Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente los días que se hubieran señalado para tal efecto, omita comunicar a la autoridad respectiva los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio sin la autorización respectiva, se ordenará sin demora, que se entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica necesariamente que se haya efectuado la reparación integral del daño correspondiente.

En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca, prenda o mediante fiador, se realizarán los procedimientos respectivos de manera inmediata para el pago, que deberá entregarse sin dilación a la víctima.

ARTÍCULO 11.

Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares.

ARTÍCULO 12.

Las víctimas tienen el derecho a recibir información específica en los casos de personas desaparecidas o fallecidas; y a conocer su paradero o el de sus restos.

Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera inmediata y eficaz las acciones para lograr su localización, rescate y protección, atendiendo a los protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

En caso de ser requeridas exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas, deberán realizarse con la debida diligencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar la identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y a través de sus Asesores Jurídicos, a ser informadas sobre los procedimientos que serán aplicados y las normas a las que se sujetarán; y podrán designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos.

Una vez realizadas las pruebas técnicas y científicas a que hubiere lugar, los familiares de las víctimas tendrán derecho a la entrega del cuerpo u osamenta, la que deberá realizarse en pleno respeto a su dignidad, tradiciones religiosas y culturales, incluyendo el traslado a su lugar de origen.

En caso necesario, la autoridad determinará la obligación de preservar el cadáver o sus restos hasta en tanto no culminen las investigaciones y exista una sentencia ejecutoriada, lo que deberá notificarse a los familiares o al gobierno extranjero respectivo en su caso.

Los familiares de víctimas desaparecidas tienen derecho a realizar los procedimientos para la declaración de ausencia, de conformidad con las leyes de la materia, para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

ARTÍCULO 13.

Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a la comisión de delitos y violaciones de los derechos humanos conforme a las leyes de la materia. El Estado tiene el deber de impedir la sustracción, destrucción, disimulación o falsificación de éstos, así como de permitir su consulta pública, siempre con respeto a la protección de datos personales y confidencialidad atendiendo a las leyes de la materia.

En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad excepto que, la restricción se encuentre previamente establecida en la ley, la autoridad haya demostrado que la restricción es necesaria para proteger un interés de seguridad nacional o estatal legítimo y que la denegación sea objeto de revisión por la autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a examen judicial independiente.

ARTÍCULO 14.

Las víctimas tienen derecho a la reparación integral la cual comprenderá:

I. Medidas de restitución: Buscan devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos.

II. Medidas de rehabilitación: Buscan facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho delictivo o de las violaciones de derechos humanos.

III. Medidas de compensación: Han de otorgarse a la víctima de forma proporcional a la gravedad del hecho delictivo cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delitoo (sic) de la violación de derechos humanos.

IV. Medidas de satisfacción: Buscan reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas.

V. Medidas de no repetición: Buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.

ARTÍCULO 15.

La reparación a la que tienen derecho las víctimas colectivas estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo, el reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados, así como la promoción de la protección de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES DE LA VÍCTIMA

ARTÍCULO 16.

A la víctima corresponde:

I. Actuar de buena fe.

II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes jurídicos.

III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así se lo solicite, y por el lapso que se determine necesario.

IV. Cuando tenga acceso a información reservada, respetar y guardar la confidencialidad de la misma.


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