Ley de ejecución de sancione spenales y medidas de seguridad del estado de sonora



Descargar 416.74 Kb.
Página1/7
Fecha de conversión18.10.2018
Tamaño416.74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

LEY
DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

DEL ESTADO DE SONORA.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO

NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY
Artículo 1. Disposiciones.

Las disposiciones contenidas en esta Ley son de orden público y de interés social y su aplicación corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado, este último, a través de la Dirección General de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad, Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, así como a las autoridades vinculadas y auxiliares con el Sistema Penitenciario a que hace referencia el presente ordenamiento.


En todo lo no previsto por esta Ley, se aplicarán supletoriamente el Código Penal del Estado de Sonora y el Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre que no contravengan los principios que rigen a este ordenamiento.
Artículo 2. Objeto.

Este ordenamiento tiene por objeto:


Regular la ejecución de las sentencias penales, las medidas de seguridad, las medidas cautelares y las condiciones por cumplir que deriven de la celebración de la suspensión condicional del proceso establecer la intervención judicial en la fase ejecutiva de la pena privativa de libertad, así como fijar las bases del sistema de reinserción social de los sentenciados.
Artículo 3. Finalidad.

Esta Ley tiene como finalidad:

I. Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las medidas judiciales decretadas;
II. Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial;
III. La determinación de los medios de prevención y de reinserción social que, en lo conducente, resulten aplicables a la persona sujeta a medidas judiciales, penas de prisión y medidas de seguridad previstas en el Código Penal del Estado de Sonora y, otras leyes;
IV. Establecer las bases generales del Sistema Estatal Penitenciario, así como de la organización y funcionamiento de los establecimientos de reinserción social en la Entidad;
V. Proporcionar los parámetros generales para la prevención especial a través del programa derivado del sistema técnico progresivo, con estricto apego al principio de no discriminación de género. Los reglamentos deberán estar acordes con los protocolos internacionales y con perspectiva de género; y
VI. Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de las relaciones entre internos y autoridades penitenciarias, así como autoridades encargadas de la ejecución de las penas y medidas de seguridad durante el tiempo que permanezcan en prisión; así como el contacto que deberán tener con el exterior, sin perjuicio de lo que establezcan los reglamentos respectivos.
Artículo 4. Principios de la ejecución de la pena, medidas de seguridad y del sistema penitenciario.

Los principios rectores de la Ejecución de la Pena, Medidas de Seguridad y del Sistema

Penitenciario, como mandatos de optimización, serán los siguientes:
I. Legalidad. Los Jueces de Ejecución y la Autoridad Penitenciaria, en el ámbito de ejecución de la pena y en el proceso de reinserción social, deberán fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano, la presente Ley, la sentencia judicial y demás disposiciones aplicables a estas materias.
II. Dignidad e igualdad. La reinserción social, así como la modificación y extinción de la pena y medidas de seguridad, deberán aplicarse imparcialmente; en consecuencia, no se harán diferencias de trato fundadas en prejuicios de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, identidad de género, orientación sexual, edad, o toda otra situación discriminatoria no contemplada por la presente ley.
No serán consideradas discriminatorias y estarán permitidas, en tanto no representen menoscabo alguno de los derechos de las personas implicadas, las medidas que se adopten a fin de proteger y promover exclusivamente los derechos de las mujeres; de las personas adultas mayores; de las personas enfermas, en particular de las personas que padezcan alguna enfermedad infecto-contagiosa; de las personas con discapacidad física, mental o sensorial y de los indígenas y extranjeros.
III. Trato humano. A toda persona penalmente privada de su libertad, se le tratará con respeto absoluto a su integridad física, psíquica y moral; a su dignidad humana y a sus derechos y garantías fundamentales, en apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.
Ningún sentenciado será sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Queda prohibida todo tipo de tortura física, psíquica y moral, incluyendo la que, no comportando una violencia directa, afecte el equilibrio físico y psíquico de quienes las sufrieren, tal es el caso de luz, ruido, música u otros análogos, emitidos de manera ininterrumpida o por periodos no razonables.


IV. Ejercicio de derechos. Toda persona que se encuentre cumpliendo cualquiera de las penas y medidas de seguridad podrá ejercer sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales, salvo que fuesen incompatibles con el objeto del cumplimiento de la sentencia o fueren restringidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, gozará de las garantías particulares que se derivan de su permanencia en los centros de ejecución de la pena de prisión o de medidas de seguridad.
V. Jurisdiccionalidad. Los juzgados de ejecución deberán tener como única materia de conocimiento, el cumplimiento, modificación y duración de las penas y medidas de seguridad.
VI. Inmediación. Las audiencias y actos procesales que se desarrollen en el procedimiento de ejecución deberán realizarse íntegramente bajo la observancia directa del juez de ejecución, sin que pueda delegar en alguna otra persona esa función.
VII. Especialidad y objetividad. Las decisiones inherentes a la ejecución de las sanciones penales, tendrán como fundamento en la información técnico-jurídica que proporcione la autoridad penitenciaria y la Dirección General de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad, Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, informes que se regirán por los principios de especialidad y objetividad.
VIII. Confidencialidad. El expediente personal de los sentenciados tendrá trato confidencial y sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, el interno y su defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso. Esto es sin perjuicio de que la información integrada al expediente pueda ser materia de la audiencia o audiencias que se celebren ante el Juez de Ejecución.
IX. Socialización del régimen penitenciario. Con el fin de lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, el régimen penitenciario y post-penitenciario, tenderá a reducir las diferencias entre la vida en el interior del establecimiento penitenciario y la vida en libertad, debiendo preservar o reforzar la continuidad de los vínculos familiares, educacionales y laborales. Con este fin, las instituciones y organismos públicos y privados cooperarán con la autoridad competente.
La reinserción social debe inducir al sentenciado a comprender el significado del hecho delictivo en la sociedad y en la víctima del delito, con base en la educación, trabajo y capacitación para el mismo, salud y deporte con el fin de que al momento de su reincorporación a la sociedad, adquiera una mayor capacidad de autodeterminación conforme a valores éticos.
X. Gobernabilidad y seguridad institucional. Las autoridades penitenciarias establecerán las medidas necesarias para garantizar la gobernabilidad y la seguridad institucional de los centros de reclusión, así como la seguridad de los propios internos y del personal que labora en dichos centros, de los familiares de los internos y de otros visitantes, así como de las víctimas y de las personas que viven próximos a los centros de reclusión, pues también son derechos de seguridad pública de la población en general. Lo anterior implica la limitación de ciertas garantías de las personas que se encuentran internas en instituciones preventivas o de cumplimiento; por ello, dichas medidas se tomarán siguiendo siempre los principios de dignidad, respeto y trato humanos estipulados .por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los instrumentos internacionales que, al respecto, tenga firmados el Estado mexicano.
Estos principios también se observarán en lo conducente con relación a los detenidos y procesados.
Artículo 5. Vigilancia.

Los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado vigilarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento y aplicación de esta Ley, así como la organización y funcionamiento de las instituciones destinadas a la ejecución de las penas y medidas de seguridad y judiciales decretadas.


En el cumplimiento de las penas, medidas de seguridad y judiciales dictadas durante el procedimiento o en sentencia firme, o de las resoluciones posteriores que las extingan, sustituyan o modifiquen, el Juez de Control, el Tribunal de Enjuiciamiento, o el Juez de Ejecución, en su caso, remitirán sus proveídos a la Dirección General, quien de conformidad a la naturaleza de aquellas, las ejecutará, coordinará y vigilará la ejecución que quede a cargo de las autoridades auxiliares o instituciones privadas, dando cuenta oportuna a la autoridad judicial correspondiente sobre su cumplimiento.
Artículo 6. Glosario.

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:


I. Ley. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora;
II. Código Penal.- El Código Penal del Estado de Sonora;
III. Código Nacional.- Código Nacional de Procedimientos Penales;
IV. Centros de Reinserción Social.- Los establecimientos en los cuales se aplicará la prisión preventiva y se ejecutarán, tanto las penas privativas como las restrictivas de libertad y, en su caso, las medidas de seguridad, en el ámbito de su competencia, en espacios separados unos de los otros;
V. Sistema.- El Sistema Estatal Penitenciario;
VI. Coordinador.- El Coordinador General del Sistema Estatal Penitenciario;
VII. Consejo.- El Consejo Técnico Interdisciplinario;
VIII. Coordinación General.- Autoridad que coordina y organiza los centros de reinserción social;
IX. Estudios de personalidad.- Los estudios practicados por el Consejo Técnico Interdisciplinario en las áreas médica, sicológica, siquiátrica, educativa, criminológica, social y ocupacional y de vigilancia;
X. Dirección General.- Dirección General de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad, Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso;
XI. Tribunal.- Tribunal de Segunda Instancia;
XII. Juez de la Causa.- Órgano Jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de Sonora que mediante sentencia haya impuesto una pena de prisión o medida de seguridad;
XIII. Juez de Control.- Órgano Jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de Sonora que dicte alguna medida cautelar o haya dictado condiciones a cumplir durante la suspensión condicional del proceso o mediante sentencia haya impuesto una pena de prisión o medida de seguridad;
XIV. Tratamiento Técnico Progresivo.- Aquel al cual debe someterse a los sentenciados para que a través de éste se demuestre el cambio conductual, forma de pensar, así como para estudiar a fondo sus antecedentes psico-sociales, familiares y socio-económicos;
XV. Sentenciado.- La persona que ha sido condenada mediante sentencia ejecutoriada;
XVI. Procesado: Persona privada de su libertad mediante la imposición de una medida cautelar, a la cual no se le ha dictado sentencia;
XVII. Autoridades Auxiliares.- Las que colaboran con el Juez de Ejecución, con el Sistema Estatal Penitenciario y con la Dirección General durante el cumplimiento de la sentencia;

XVIII. Libertad Anticipada: Es el beneficio concedido al sentenciado para el cumplimiento de la pena;


XIX. Prisión preventiva.- Privación de la libertad de todo procesado; y
XX.- Pena de Prisión.- Privación de la libertad de todo sentenciado.
Artículo 7. Competencia.

El Tribunal de Enjuiciamiento o el Juez de Control, en su caso, será competente para realizar la primera fijación de la pena o las medidas de seguridad, así como de las condiciones de su cumplimiento. El Juez de ejecución será competente para conocer de los procedimientos de modificación y duración de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad en etapa de ejecución de sentencia.


Artículo 8. Defensa.

La labor del defensor culminará cuando la sentencia haya causado ejecutoria, sin perjuicio de que continúe en el ejercicio de la defensa técnica durante la ejecución de la pena. Asimismo, el sentenciado podrá nombrar un nuevo defensor, o en su defecto, se le nombrará un defensor público por el Juez de Ejecución.


El ejercicio de la defensa técnica durante la ejecución penal o de la medida judicial consistirá en el asesoramiento al sentenciado, cuando se requiera, para la interposición de las gestiones necesarias en resguardo de sus derechos, así como su presencia obligada en todas las audiencias públicas a las que deba asistir.
Artículo 9. Intervención del Ministerio Público.

El Ministerio Público intervendrá en el procedimiento de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad, velando por el exacto cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia, en la normativa penal y penitenciaria.


El Ministerio Público será previamente escuchado cuando se trate del otorgamiento de beneficios durante la ejecución de la sentencia.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 10. Del Juez de Control.

Durante el proceso penal, al Juez de Control, de acuerdo con las formas de coordinación y distribución de competencias que esta Ley establece, le corresponderá:


I. Vigilar la ejecución y el cumplimiento de las medidas judiciales que dicte;
II. Ejercer las atribuciones que le confiere el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de la suspensión condicional del proceso, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Dirección General; y
III. Conocer y resolver sobre las peticiones e incidencias que se presenten respecto de las medidas cautelares y a la suspensión condicional del proceso.
Artículo 11. Sentencia en procedimiento abreviado.

Cuando el Juez de Control dicte sentencia condenatoria en procedimiento abreviado, el Juez de Ejecución correspondiente tendrá a su cargo la vigilancia de la ejecución de las penas o de las medidas de seguridad impuestas en la resolución.


Si la sentencia en procedimiento abreviado resulta absolutoria, el Juez de Control remitirá su resolución a la Dirección General, para que se dejen sin efecto las medidas cautelares o del internamiento provisional que se hubieran impuesto previamente.

CAPÍTULO II

JUEZ DE EJECUCIÓN
Artículo 12. Competencia de los Jueces de Ejecución

Los Jueces de Ejecución tendrán competencia de acuerdo con lo que establezca esta Ley y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para conocer de los procedimientos en materia de modificación y duración de penas privativas de la libertad y medidas de seguridad, impuestas a sentenciados que se encuentren internos en centros dentro y fuera del Estado.


Artículo 13. Atribuciones del Juez de Ejecución.

Son atribuciones del Juez de Ejecución:


I. Resolver lo relativo a la modificación y duración de las penas de prisión impuestas a los sentenciados;
II. Vigilar que la ejecución de toda sentencia penal o medida de seguridad se realice de conformidad con la sentencia definitiva que la impuso y dar por cumplidas las penas privativas de libertad impuestas a los sentenciados, cuando así resulte procedente;
III. Recibir la documentación relativa de los expedientes cuya sentencia cause ejecutoria, que le sean remitidos por el Juez de Contol o Tribunal de Enjuiciamiento, conformando el correspondiente archivo, para los efectos que establece la presente Ley;
IV. Ordenar la realización de dictámenes y allegarse de la información relativa al programa de reinserción aplicada al sentenciado y aquélla que estimare necesaria para resolver sobre la procedencia o improcedencia de algún beneficio de libertad anticipada, quedando la autoridad penitenciaria y la Dirección General obligadas a proporcionar toda la información que se le requiera;
V. Resolver en audiencia oral, sobre el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada que establece la presente Ley, o su revocación en los casos que proceda, mediante el libramiento de la correspondiente orden de detención, o sobre todas aquellas peticiones que por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de prueba;
VI. Hacer saber a los sentenciados que obtengan los beneficios o tratamiento que otorga la ley, sobre las obligaciones a su cargo, advirtiéndoles de las consecuencias de su incumplimiento;
VII. Seguir los procedimientos respectivos de cualquier incidente que se presente en relación con algún procedimiento de libertad anticipada, en los términos que establece esta ley;
VIII. En el supuesto del artículo 61, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Sonora, tramitar y resolver las solicitudes relativas a la modificación de las penas;
IX. En el supuesto de los artículos 74 y 75 del Código Penal del Estado de Sonora, podrá decretar como medida de seguridad, a petición de la Dirección, la custodia del interno que padezca enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible, a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor debidamente acreditado, para que se le brinde atención y tratamiento de tipo asilar;
X. Determinar la modificación o la cesación de la pena, cuando en el período de ejecución de sentencia, el sentenciado sufra consecuencias graves en su persona o por su senilidad o su precario estado de salud fuere notoriamente innecesario que continúe compurgando la pena de prisión impuesta, estableciendo, en su caso, las medidas de seguridad que estime procedentes. En los casos de senilidad o precario estado de salud, el Juez se apoyará en dictámenes de peritos;
XI. Rehabilitar los derechos de los sentenciados que hayan sido suspendidos en la sentencia o como consecuencia de la misma, una vez que se cumpla el correspondiente término de suspensión; y
XII. Aquellas que determine la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO III

DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Artículo 14. Atribuciones de las Autoridades del Sistema.

A las autoridades integrantes del Sistema Estatal Penitenciario, corresponde:


A.- Al Coordinador General:
I. En materia de medidas judiciales dictadas durante el proceso, ejecutar la medida cautelar de prisión preventiva;
II. Se deroga.
III. Se deroga.
IV. Dirigir y ordenar la prevención social de la delincuencia en el Estado, proponiendo a las autoridades competentes las medidas que juzgue necesarias;
V. Organizar, supervisar y administrar los establecimientos de reinserción social en el Estado;
VI. Se deroga.
VII. Se deroga.
VIII. Se deroga.
IX. Emitir el dictamen que contenga el resultado de la atención técnica interdisciplinaria;
X. Asistir a las personas liberadas y preliberadas organizando patronatos, fomentando la formación de cooperativas, fideicomisos u otros entes similares, y celebrando convenios de coordinación con instituciones de las distintas esferas de gobierno o de la sociedad civil;
XI. Coadyuvar en el mantenimiento de la estadística criminal del Estado;
XII. Remitir al Juez de Ejecución la información técnica y jurídica de los internos sentenciados;
XIII. Determinar y coordinar el funcionamiento de los sistemas de seguridad en los Centros de Reinserción Social del Estado de Sonora;
XIV. Coordinar, operar y supervisar la reinserción social de los sentenciados internos del Estado de Sonora;
XV. Establecer los criterios para la profesionalización, capacitación, seguridad y eficiencia del personal a través de la Coordinación General;
XVI. Se deroga.
XVII. Se deroga.
XVIII. Imponer las correcciones disciplinarias a los internos que trasgredan la normatividad disciplinaria;
XIX. Llevar a través del área de informática el registro de todas las personas que hayan sido privadas de la libertad, mediante fichas que contengan los datos personales y familiares del interno así como de sus procesos y sentencias que se le hayan dictado además de las que le señale esta Ley y sus reglamentos;
XX. Organizar conjuntamente con el Patronato para la Reincorporación Social del Estado, los patronatos municipales y regionales para el apoyo de los internos, preliberados y liberados de los Centros de Reinsersión Social así como supervisar sus actividades;
XXI. Celebrar convenios con las instituciones encargadas de impartir la educación obligatoria para los adultos, de promover la capacitación para el trabajo, las actividades deportivas y culturales para una adecuada Reinserción Social de los sentenciados; y
XXII. Las demás que esta, otras leyes y reglamentos establezcan;
B. A los Directores de los Centros de Reinserción Social:
I. En el ámbito de su competencia cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva y las penas de prisión que se dicten a los sentenciados;
II. Tener a su cargo el Gobierno, y la administración del centro de reinserción social, contando para la buena marcha del mismo con el personal técnico, administrativo y de vigilancia necesario bajo su responsabilidad, cuidará la aplicación del Reglamento Interior y adoptará todas las medidas necesarias para el cumplimiento de esta Ley;
III. Implementar sobre la base de derechos humanos, los diversos programas Psicoterapéuticos, de trabajo, de capacitación para el mismo, educativos, culturales y deportivos establecidos por la Coordinación General para la adecuada de reinserción social de los internos;
IV. Supervisar conjuntamente con el comandante de seguridad del Centro de Reinserción Social, las medidas de seguridad que aplique el personal de seguridad y custodia;
V. Supervisar conjuntamente con el comandante de seguridad del Centro de Reinserción el resguardo del armamento, municiones y los diversos implementos del mismo, cuidando que se encuentren en buen estado y funcional, así mismo llevar el debido control del personal de seguridad y custodia del centro que lo porte; y
VI. Las demás que esta, otras leyes y reglamentos establezcan;
C. A los Comandantes de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social:
I. Vigilar con el personal bajo su cargo la seguridad y custodia de las personas privadas de su libertad por proceso, por sentencia o por disposición de autoridad competente en los Centros de Reinserción Social;
II. Designar y atender el funcionamiento constante y eficaz de los guardias emplazados en los edificios y puntos de vigilancia del interior. Integrar y controlar los rondines destacados en el área exterior del Centro;
III. Mantener el orden y la disciplina en la Institución, en la forma indicada por el Reglamento respectivo;
IV. Controlar dentro de los límites legales y conforme a las circunstancias de cada caso, cualquier acto de insubordinación individual o colectiva, inclusive protestas masivas, motines, riñas y evasiones, o cualquier otra que ponga en peligro la tranquilidad del Centro;
V. Asumir el control del armamento, que no podrá ser portado en lugares de acceso normal de reclusos, salvo en casos excepcionales y bajo la estricta responsabilidad de quien ordene o ejecute la portación, o en su caso, el uso del arma. Quedan exentos de esta prohibición los instrumentos contundentes, cuyo uso se autoriza normalmente a las fuerzas de seguridad, bajo su responsabilidad;
VI. Rendir diariamente a la Dirección el parte de novedades por escrito en la institución y comportamiento de los internos y proporcionar a los demás departamentos los datos pertinentes que estos requieran acerca de aspectos de la vida de los internos, que sean del conocimiento del servicio de vigilancia;
VII. Dar cumplimiento a todas las órdenes relacionadas con el servicio y sus funciones, que reciba de sus superiores;
VIII. Formar expediente individual de conducta;
IX. Velar por la conservación del Centro y muebles propiedad del mismo;
X. Dar a los internos un trato humano y justo;
XI. Abstenerse, terminantemente, de insultar, desafiar, incitar a la violencia o humillar a internos o familiares visitantes;
XII. Revisar minuciosamente a las personas, vehículos u objetos que entren y salgan al penal, con la cortesía debida; y
XIII. Las demás que esta, otras leyes y reglamentos establezcan;



Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad