Ley de atencion y proteccion a la victima o el ofendido del delito para el estado de baja california



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Última reforma P.O. No. 46, Secc.III, 14-Oct-2016



LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA O EL OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

 

Publicado en el Periódico Oficial No. 39,



de fecha 22 de Agosto de 2003, Tomo CX

 

CAPITULO PRIMERO



Disposiciones Generales

ARTICULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y tienen por objeto establecer los derechos, así como las medidas de atención y protección a la víctima o el ofendido por algún delito, conforme a lo establecido por el artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma

ARTICULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: Reforma

I.- Víctima.- A todo aquel individuo titular del bien jurídico tutelado que haya sufrido directamente alguna afectación en su persona o bienes con motivo de la comisión de un delito o conducta atribuible a un adolescente y que se encuentre tipificada como delito por las leyes estatales;

II.- Ofendido.- A todo aquel individuo que haya sufrido indirectamente alguna afectación en su persona o bienes con motivo de la comisión de un delito o conducta atribuible a un adolescente y que se encuentre tipificada como delito por las leyes estatales y que tenga derecho a la reparación del daño conforme al Artículo 35 del Código Penal;

III.- Ley.- A la Ley de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito para el Estado de Baja California;

IV.- Procuraduría.- A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California;

V.- Procurador.- Al Procurador General de Justicia del Estado de Baja California;

VI.- Dirección.- A la Dirección de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California;

VII.- Código Penal.- El Código Penal para el Estado de Baja California;

VIII.- Código de Procedimientos Penales.- El Código Nacional de Procedimientos Penales.

IX.- Fondo.- Al Patrimonio destinado para el pago de la reparación del Daño y Auxilio a la Víctima de Delito.



ARTICULO 3.- Las medidas de atención y protección a que se refiere esta Ley serán brindadas por el Titular del Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría, la que implementará los programas, lineamientos y procedimientos administrativos a efecto de que éstas se hagan efectivas.

El Ejecutivo podrá auxiliarse para la prestación de los servicios y atención y protección a víctimas y ofendidos, a través del Sistema Estatal de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quiénes instrumentarán las acciones requeridas para la debida observancia de ésta Ley, de acuerdo con los ordenamientos aplicables en la materia.



ARTICULO 4.- Las autoridades estatales y municipales podrán celebrar toda clase de acuerdos y convenios administrativos mediante los cuales se establezcan los mecanismos de coordinación, colaboración y concertación que permitan la participación de los sectores público, social y privado en materia de atención y protección a víctimas y ofendidos. Reforma

En las leyes de aplicación estatal que protejan a víctimas o el ofendido del delito, se aplicará siempre la que más favorezca a la víctima o el ofendido.

ARTICULO 5.- La Procuraduría podrá requerir de las autoridades y servidores públicos del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen acciones necesarias para el oportuno y eficaz cumplimiento del objeto de esta Ley.

 

CAPITULO SEGUNDO



DE LA DIRECCION DE ATENCION DE VICTIMAS DEL DELITO

ARTICULO 6.- La Dirección será, la unidad administrativa encargada de vigilar el respeto de los derechos y el cumplimiento de las medidas de atención y protección reguladas por ésta Ley, así como de la ejecución de acuerdos y demás determinaciones emitidas por la Procuraduría.

ARTICULO 7.- La Dirección para el cumplimiento del objeto de esta Ley, sin perjuicio de aquéllas conferidas por otros ordenamientos, tendrá las siguientes atribuciones: Reforma

I.- Elaborar y ejecutar programas especiales en las áreas jurídica, psicológica, psiquiátrica, victimológica y de salud para brindar atención y protección a la víctima o el ofendido;

II.- Proponer al Procurador la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas de educación y asistencia social, especialmente con aquéllas que tengan a su cargo la prestación de servicios de salud en la entidad;

III.- Proponer al Procurador programas tendientes a mejorar la calidad y eficiencia para la atención de la víctima o el ofendido;

IV.- Establecer mecanismos para ampliar la cobertura de atención y protección a la víctima o el ofendido, a las personas que sin tener tal carácter sufran una afectación por la comisión de una conducta punitiva, preferentemente cuando se trate de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, adultos mayores de sesenta años de edad o miembros de grupos vulnerables de la sociedad; 

 V.- Concertar acciones con instituciones públicas o privadas para prestar las medidas de atención y protección que no este en posibilidades de proporcionar directamente; y,

VI.- Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;

VII.- Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección y en su caso, solicitarlas ante el ministerio público;

VIII.- Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección que sean necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas, así como su plena recuperación;

IX.- Informar, asesorar y canalizar a las víctimas y sus familiares, a las instituciones y servicios con que cuenta el Estado para brindarle asistencia, asesoría, ayudas de carácter social, familiar y laboral, representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, en los Tratados Internacionales y demás leyes aplicables;

X.--Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso; y

XI.- Las demás que le otorgue ésta Ley.

 

CAPITULO TERCERO

LOS DERECHOS DE LA VICTIMA O EL OFENDIDO

ARTICULO 8.- La víctima o el ofendido sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales, tendrá los derechos siguientes: Reforma

I.- Ser informado directa, oportuna y adecuadamente de los derechos que en su favor establece la presente Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia;

II.- Recibir asesoría jurídica gratuita desde el inicio de la averiguación previa o investigación para la defensa de sus intereses;

III.- Recibir desde la comisión del delito, atención médica, psicológica o psiquiátrica de urgencia;

IV.- A no ser explorada físicamente, ni someterse a ningún estudio, examen, análisis o peritaje, si no lo desea, quedando prohibido cualquier acto de intimidación, o fuerza física para ese efecto;

V.- A que la exploración, la atención médica, psiquiátrica, ginecológica o de cualquier tipo, esté a cargo de un facultativo de su mismo sexo cuando lo solicite;

VI.- A la reparación del daño cuando legalmente proceda;

VII.- A que la autoridad investigadora o jurisdiccional dicte las providencias legales y medidas de protección necesarias para proteger su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares directos, cuando existan datos que hagan presumir que éstos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados;

VIII.- Coadyuvar con el Ministerio Público en el proceso penal en los términos previstos por la legislación procedimental penal aplicable;

IX.- Ser informado por la autoridad investigadora, de las actuaciones y del estado que guarde la averiguación previa, investigación o el proceso penal correspondiente;

X.- Estar presente en el desahogo de los actos y diligencias en que intervenga el imputado o su defensor;

XI.- Cuando no hable el idioma castellano o se trate de analfabeta, mudo, sordo o ciego, invariablemente cuente con un traductor o intérprete en todas las actuaciones procesales.

XII.- Solicitar justificadamente a la Dirección el reemplazo del asesor jurídico asignado;

XIII.- A quien de oficio se le nombre un intérprete en el caso de ser integrante de pueblos y comunidades indígenas, a fin de que puedan expresarse en su propia lengua; y

XIV.- Las demás que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes en esta materia.

 

CAPITULO CUARTO



DE LAS MEDIDAS DE ATENCION Y

PROTECCION A LA VICTIMA O EL OFENDIDO

ARTICULO 9.- Las medidas de atención y protección a la víctima o el ofendido comprenderán: Reforma

I.- Asesoría Jurídica;

II.- Atención médica, psicológica y psiquiátrica de urgencia, pudiendo gestionar aquella que no esté en condiciones de proporcionar directamente,

III.- Orientación preventiva victimológica; y

IV.- Protección durante la averiguación previa.

ARTICULO 10.- La asesoría jurídica comprenderá:

I.- Hacerle saber oportunamente y de manera accesible el delito o delitos que puedan tipificarse, los derechos, medidas de atención y protección con que cuenta, los procedimientos que se pueden seguir, las pruebas requeridas para reclamar sus derechos o hacerlos valer, la importancia de cada una de las actuaciones y la trascendencia jurídica de un avenimiento, desde el inicio del procedimiento penal hasta su conclusión;

II.- Realizar un análisis de las condiciones de la víctima o el ofendido desde el punto de vista jurídico;

III.- Contar con un asesor jurídico que le asista en todos los actos del procedimiento en que debe intervenir, para la defensa de sus derechos; y,

IV.- Contar con el asesoramiento legal para el correcto ejercicio de la acción incidental, cuando se reclame la reparación del daño al responsable o a los terceros obligados por el Código Penal y, cuando proceda, el ejercicio de la acción civil reparadora.

ARTICULO 11.- La atención médica victimológica, psicológica o psiquiátrica de urgencia se prestará por causa de lesiones, enfermedades o traumas emocionales provenientes de la comisión de un delito que ponga en peligro la vida de la víctima o el ofendido, o en su caso, exista riesgo de sufrir algún daño orgánico o psicológico permanente.

ARTICULO 12.- La prevención victimológica comprenderá: Reforma

I.- La realización de un dictamen victimológico, mismo que podrá hacerse del conocimiento a la autoridad judicial.

II.- La orientación respecto de los factores victimológicos que coadyuvaron a su victimidad, a fin de evitar la victimización en lo futuro; y,

III.- La orientación respecto a las reacciones mediatas e inmediatas que deban tener al ser vctimas u ofendidos.

Con el propósito de proteger a la víctima o el ofendido de los delitos, el Ministerio Público velará porque no se ejerza coacción física o moral sobre ellas al rendir sus declaraciones en cualquier etapa del procedimiento penal.

ARTICULO 13.- Las medidas de protección a las víctimas se implementarán con base en los principios de confidencialidad, de necesidad y proporcionalidad, de oportunidad y eficacia, y de protección, en los términos de la Ley General de Víctimas, y estas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad. Reforma

Inmediatamente que el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable existencia de un delito, dictará todas las medidas y providencias necesarias en atención a las facultades previstas el artículo 20 del Código de Procedimientos Penales.

El Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el inculpado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima, el ofendido o testigo.

Son medidas de protección durante la averiguación previa, las siguientes:

I.- Prohibición al inculpado de acercarse o comunicarse con la víctima, ofendido o testigo;

II.- Limitación al inculpado para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;

III.- Separación inmediata al inculpado del domicilio de la víctima u ofendido o del lugar donde se encuentre;

IV.- La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el inculpado;

V.- La prohibición al inculpado de realizar conductas de intimidación o molestia por cualquiera que sea la vía a la víctima, el ofendido o testigo, o a personas relacionados con ellos;

VI.- Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;

VII.- Protección policial de la víctima u ofendido;

VIII.- Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;

IX.- Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes;

X.- El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; y

XI.- Las demás que se encuentran previstas en el Código de Procedimientos Penales.

La imposición de las medidas de protección tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables a petición de la víctima u ofendido hasta por treinta días más.

Las medidas de protección podrán ser canceladas, ratificadas o modificadas mediante imposición de medidas cautelares que dicte el juez.

Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el Inculpado o su Defensor podrán solicitar al Ministerio Público o al Juez que la deje sin efectos.

 

CAPITULO QUINTO

DE LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR

ATENCION Y PROTECCION

ARTICULO 14.- La Procuraduría por conducto de la Dirección proporcionará la asesoría jurídica.

La atención médica, psicológica o psiquiátrica de urgencia, a que tienen derecho la víctima o el ofendido, serán prestadas preferentemente por las instituciones públicas del Estado y los municipios.



ARTICULO 15.- Las instituciones privadas o particulares de salud tienen la obligación de prestar a la víctima o el ofendido atención médica, psicológica o psiquiátrica de urgencia, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones públicas o privadas.

ARTICULO 16.- Las instituciones de salud públicas o privadas según sea el caso, podrán reclamar como terceros con derecho a la reparación del daño de acuerdo a las leyes penales del Estado, los gastos ocasionados por la prestación de las medidas de atención médica, psicológica o psiquiátrica de urgencia a favor de la víctima o el ofendido.

ARTICULO 17.- El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sin perjuicio de las facultades y obligaciones impuestas por otros ordenamientos, prestará a la víctima o el ofendido asesoría jurídica cuando estos sean de personas menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, así como servicios básicos de salud en materia de asistencia social cuando estos sean personas de escasos recursos económicos. Reforma

CAPITULO SEXTO

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS

A LA VICTIMA O EL OFENDIDO

ARTICULO 18.- El Agente del Ministerio Público en toda averiguación previa o investigación, deberá otorgarle las medidas de atención y protección que requiera la víctima o el ofendido, debiendo dejar constancia en el expediente y remitir dicha actuación a la Dirección para su conocimiento y efectos correspondientes. Reforma

ARTICULO 19.- El Agente del Ministerio Público, podrá dictar desde el inicio de la averiguación previa o investigación y durante el ejercicio de la acción penal o de la acción de remisión, las medidas necesarias a efecto de recabar pruebas para acreditar los daños y perjuicios causados a la víctima o el ofendido, incluyendo la fijación del monto de la reparación del daño, así como el aseguramiento y embargo precautorio de bienes para ese fin. Reforma

ARTICULO 20.- Las autoridades encargadas de prestar los servicios de atención y protección deberán dar cumplimiento inmediato a las medidas ordenadas por el Agente del Ministerio Público, previo el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidas por esta Ley, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 15 de esta Ley.

ARTICULO 21.- En el caso de que los hechos denunciados o investigados no constituyan un tipo penal, la Dirección informará a los interesados, de ser el caso, el derecho que les corresponde para deducir la acción respectiva por la vía civil y la posibilidad de ser asistidos por un Defensor Público, dejando constancia de tal informe en el expediente respectivo. Reforma

ARTÍCULO 21 BIS.- Mediante el fideicomiso denominado Fondo General de Reparaciones a las Víctimas u Ofendidos, la Procuraduría otorgará apoyos a aquellas víctimas u ofendidos que se encuentren en una situación de emergencia o de necesidad manifiesta, como consecuencia de un delito o de una conducta tipificada como delito atribuible a un adolescente. Reforma

La Dirección de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizará acciones que tengan por objeto incentivar la participación de la sociedad para la obtención de recursos.



ARTÍCULO 21 TER.- El Patrimonio del Fondo General de reparaciones a las Víctimas u Ofendidos se integrará por: Reforma

I.- Los montos que se obtengan por concepto de reparación del daño, cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos o que afecten el patrimonio del Estado;

II.- Las partidas presupuestales que le asigne el Gobierno del Estado;

III.- Las aportaciones que a manera de donaciones, en especie o en dinero, hagan las instituciones públicas o entes privados, y/o;

IV.- Aquellas aportaciones que incrementen el patrimonio del fondo, que puedan acreditar su legítima procedencia.

ARTÍCULO 21 QUARTER.- Para el otorgamiento de los apoyos se observará lo siguiente: Reforma

I.- La disponibilidad presupuestal del Fondo General de Reparaciones a las Víctimas u Ofendidos;

II.- Que la víctima o el ofendido sean de escasos recursos económicos, pero en caso de que se detecte que existe falsedad en la información verbal o documental proporcionada por el solicitante, la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, dispondrá la suspensión de cualquier apoyo y beneficio que se haya otorgado, sin perjuicio de las responsabilidades en que este hubiera incurrido en términos de lo dispuesto por el Código Penal. Además deberá restituir de inmediato las cantidades obtenidas y el monto de los servicios recibidos indebidamente, para lo anterior, no se requerirá que medie resolución judicial.

III.- Que como consecuencia de los hechos materia de la denuncia o querella y elementos que en su caso obren dentro de está, se pueda considerar razonablemente que la víctima o el ofendido se encuentran en una situación de emergencia de necesidad manifiesta, no pueda ser prestado o proporcionado por las instituciones públicas del Estado;

IV.- Los apoyos se otorgarán mediante pago a proveedores o a través de cualquier otra forma que garantice su correcta aplicación, y;

V.- Las demás condiciones que resulten necesarias a fin de garantizar la transparente, adecuada y oportuna administración y otorgamiento de los apoyos.

ARTÍCULO 21 QUINQUIES.- No se otorgarán apoyos a la víctima u ofendido cuando: Reforma

I.- Sean beneficiarios en instituciones públicas diversas a las del Estado, y en virtud de esa calidad o de cualquier otro derecho, dichas instituciones deban prestarles el servicio o proporcionar el bien que se requiera para afrontar la situación de emergencia o la necesidad manifiesta;

II.- Sean beneficiarios de algún ente privado, y en virtud de ello, dicho ente deba prestarles el servicio o proporcionar el bien que se requiera para afrontar la situación de emergencia o la necesidad manifiesta;

III.- Sean beneficiarios de algún seguro que deba cubrir el servicio o proporcionar el bien que se requiera para afrontar la situación de emergencia o la necesidad manifiesta;

IV.- Proporcionen datos falsos para obtener el apoyo; y

V.- En los demás que al efecto se establezcan.

 

CAPITULO SEPTIMO



DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 22.- A los facultativos, personal médico y demás prestadores de las instituciones de salud del Estado que en contra de la voluntad de la víctima o el ofendido les hayan practicado cualquier tipo de exploración física, se les impondrá una multa de treinta a cien días de salario mínimo. Si se hubiere utilizado la fuerza física o cualquier otro acto de intimidación, se les aplicará hasta el doble de dicha sanción sin perjuicio de las demás responsabilidades en que incurran conforme a otras disposiciones legales.

ARTICULO 23.- El Agente del Ministerio Público que por cualquier situación o circunstancia, en la averiguación previa o investigación, durante el ejercicio de la acción penal o de la acción de remisión, o durante el procedimiento omita recabar de oficio o presentar al Juzgador las pruebas que tiendan a la comprobación del daño causado por el delito o por la conducta tipificada como delito cometida por adolescente, será sancionado con multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo, en caso de reincidencia se le aplicará además hasta el doble de dicha sanción, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra conforme a otras disposiciones legales. Reforma

ARTICULO 24.- Queda prohibido al Juzgador o al Ministerio Público dar a conocer sin el consentimiento por escrito de la víctima o el ofendido por el delito, a través de medios impresos, radiales o televisivos, cualquier clase de escritos, actas de acusación, testimonios y demás piezas de los procesos, así como el nombre de la víctima o el ofendido cuando se trate de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas.

Quien viole esta prohibición será sancionado con multa de quinientos a mil salarios mínimos, en caso de reincidencia se le impondrá además hasta el doble de dicha sanción, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que incurra conforme a otras leyes.



ARTICULO 25.- Al Juez o Tribunal que en la sentencia que ponga fin al proceso penal o al proceso para adolescentes en los términos de la Ley respectiva, no se ocupe de resolver sobre la reparación del daño, cuando éste haya sido probado y cuantificado, determinando en forma clara y precisa su monto y la imposición de la pena o medida que proceda por este concepto, se le impondrá una multa de treinta a doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado, en caso de reincidencia se le aplicará además hasta el doble de dicha sanción, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra conforme a otras leyes. Reforma

ARTICULO 26.- La Dirección de Asuntos Internos y Contraloría de la Procuraduría por lo que corresponde a la autoridad persecutora, el Consejo de la Judicatura del Estado, en lo que respecta a la autoridad judicial y la Dirección de control y Evaluación Gubernamental del Estado por lo que se refiere a las demás autoridades obligadas a proporcionar las medidas de atención y protección a la víctima o el ofendido por el delito, impondrán las infracciones previstas en el presente capítulo y verificarán bajo su estricta responsabilidad el debido cumplimiento de las sanciones impuestas conforme lo establecen sus correspondientes leyes.

 ARTICULOS TRANSITORIOS



PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado proveerá en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de las previsiones contenidas y propondrá las asignaciones presupuestales correspondientes.

DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los once días del mes de junio del año dos mil tres.

DIP. HECTOR EDGARDO SUAREZ CORDOVA

PRESIDENTE

(RUBRICA)

 

DIP. RAQUEL AVILES MUÑOZ



SECRETARIA

(RUBRICA)

 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 49 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, IMPRIMASE Y PUBLIQUESE.



MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES.

 

GOBERNADOR DEL ESTADO



EUGENIO ELORDUY WALTHER.

(RUBRICA)


SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

BERNARDO H. MARTINEZ AGUIRRE

(RUBRICA)

ARTICULO 1.- Fue reformado por Decreto No. 404, publicado en el Periódico Oficial No. 39, de fecha 10 de septiembre de 2010, Tomo CXVII, expedido por la Honorable XIX Legislatura, siendo Gobernador Constitucional del Estado, el C. José Guadalupe Osuna Millán 2007-2013;

ARTICULO 2.- Fue reformado por Decreto No. 247, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 27 de octubre de 2006, Tomo CXIII, expedido por la H. XVIII Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. Eugenio Elorduy Walter 2001-2007, fue reformado mediante Decreto No. 399, publicado en el Periódico Oficial No. 58, de fecha 28 de diciembre de 2012, Tomo CXIX, Sección VII, expedido por la H. XX Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 2007-20013; fue reformado mediante Decreto No. 399, publicado en el Periódico Oficial No. 58, de fecha 28 de diciembre de 2012, Tomo CXIX, Sección VII, expedido por la H. XX Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 2007-20013; fue reformado por Decreto No. 246, publicado en el Periódico Oficial No. 24, de fecha 22 de mayo de 2015, Sección I, Tomo CXXII, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 2013-2019; fue reformado por Decreto No. 593, publicado en el Periódico Oficial No. 46, Sección III, Tomo CXXIII, de fecha 14 de octubre de 2016, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 20013-2016;

ARTICULO 4.- Fue reformado por Decreto No. 593, publicado en el Periódico Oficial No. 46, Sección III, Tomo CXXIII, de fecha 14 de octubre de 2016, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 20013-2016;

ARTICULO 7.- Fue reformado por Decreto No. 125, publicado en el Periódico Oficial No. 51, de fecha 18 de noviembre de 2005, Tomo CXII, expedido por la H. XVIII Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Eugenio Elorduy Walther 2001-2007; fue reformado por Decreto No. 229, publicado en el Periódico Oficial No. 14, Sección I, Tomo CXXII, de fecha 20 de marzo de 2015, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo gobernador constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 2019-2019;

ARTÍCULO 8.- Fue reformado por Decreto No. 404, publicado en el Periódico Oficial No. 39, de fecha 10 de septiembre de 2010, Tomo CXVII, expedido por la Honorable XIX Legislatura, siendo Gobernador Constitucional del Estado, el C. José Guadalupe Osuna Millán 2007-2013; fue reformado por Decreto No. 229, publicado en el Periódico Oficial No. 14, Sección I, Tomo CXXII, de fecha 20 de marzo de 2015, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo gobernador constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 2019-2019; fue reformado por Decreto No. 246, publicado en el Periódico Oficial No. 24, de fecha 22 de mayo de 2015, Sección I, Tomo CXXII, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 2013-2019; fue reformado por Decreto No. 593, publicado en el Periódico Oficial No. 46, Sección III, Tomo CXXIII, de fecha 14 de octubre de 2016, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 20013-2016;

ARTÍCULO 9.- Fue reformado por Decreto No. 229, publicado en el Periódico Oficial No. 14, Sección I, Tomo CXXII, de fecha 20 de marzo de 2015, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo gobernador constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 2019-2019;

ARTÍCULO 12.- Fue reformado por Decreto No. 229, publicado en el Periódico Oficial No. 14, Sección I, Tomo CXXII, de fecha 20 de marzo de 2015, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo gobernador constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 2019-2019;

ARTÍCULO 13.- Fue reformado por Decreto No. 229, publicado en el Periódico Oficial No. 14, Sección I, Tomo CXXII, de fecha 20 de marzo de 2015, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo gobernador constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 2019-2019;

ARTICULO 17.- Fue reformado por Decreto No. 125, publicado en el Periódico Oficial No. 51, de fecha 18 de noviembre de 2005, Tomo CXII, expedido por la H. XVIII Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Eugenio Elorduy Walther 2001-2007;

ARTÍCULO 18.- Fue reformado por Decreto No. 404, publicado en el Periódico Oficial No. 39, de fecha 10 de septiembre de 2010, Tomo CXVII, expedido por la Honorable XIX Legislatura, siendo Gobernador Constitucional del Estado, el C. José Guadalupe Osuna Millán 2007-2013;

ARTICULO 19.- Fue reformado por Decreto No. 247, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 27 de octubre de 2006, Tomo CXIII, expedido por la H. XVIII Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. Eugenio Elorduy Walter 2001-2007,

ARTÍCULO 21.- Fue reformado por Decreto No. 246, publicado en el Periódico Oficial No. 24, de fecha 22 de mayo de 2015, Sección I, Tomo CXXII, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 2013-2019;

ARTÍCULO 21 BIS.- Fue adicionado mediante Decreto No. 399, publicado en el Periódico Oficial No. 58, de fecha 28 de diciembre de 2012, Tomo CXIX, Sección VII, expedido por la H. XX Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 2007-20013;

ARTÍCULO 21 TER.- Fue adicionado mediante Decreto No. 399, publicado en el Periódico Oficial No. 58, de fecha 28 de diciembre de 2012, Tomo CXIX, Sección VII, expedido por la H. XX Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 2007-20013;

ARTÍCULO 21 QUARTER.- Fue adicionado mediante Decreto No. 399, publicado en el Periódico Oficial No. 58, de fecha 28 de diciembre de 2012, Tomo CXIX, Sección VII, expedido por la H. XX Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 2007-20013;

ARTÍCULO 21 QUINQUIES.- Fue adicionado mediante Decreto No. 399, publicado en el Periódico Oficial No. 58, de fecha 28 de diciembre de 2012, Tomo CXIX, Sección VII, expedido por la H. XX Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 2007-20013;

ARTICULO 23.- Fue reformado por Decreto No. 247, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 27 de octubre de 2006, Tomo CXIII, expedido por la H. XVIII Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. Eugenio Elorduy Walter 2001-2007,

ARTICULO 25.- Fue reformado por Decreto No. 247, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 27 de octubre de 2006, Tomo CXIII, expedido por la H. XVIII Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. Eugenio Elorduy Walter 2001-2007,

ARTICULO SEPTIMO TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 125, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 7 Y 17 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NO. 51, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2005, TOMO CXII, EXPEDIDO POR LA H. XVIII LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. EUGENIO ELORDUY WALTHER 2001-2007.


ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las presentes reformas.
DADO.- En el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

DIP. ELVIRA LUNA PINEDA

PRESIDENTA

(RUBRICA)


DIP. ELÍAS LÓPEZ MENDOZA


SECRETARIO

(RUBRICA)
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 49 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, IMPRIMASE Y PUBLIQUESE.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.

GOBERNADOR DEL ESTADO.

EUGENIO ELORDUY WALTHER

RUBRICA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

BERNARDO H. MARTINEZ AGUIRRE

RUBRICA
ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 247, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 19, 23 Y 25, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NO. 45, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2006, TOMO CXIII, EXPEDIDO POR LA H. XVIII LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. EUGENIO ELORDUY WALTHER 2001-2007.


TRANSITORIO
UNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor a partir del primero de marzo del año dos mil siete, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en el Salón Casino del Centro Social, Cívico y Cultura Riviera de la Ciudad de Ensenada, Baja California, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil seis.
DIP. JORGE NÚÑEZ VERDUGO

PRESIDENTE

(RÚBRICA)

DIP. CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ RUIZ

SECRETARIO.

(RÚBRICA)


DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, IMPRIMASE Y PUBLIQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.

GOBERNADOR DEL ESTADO

EUGENIO ELORDUY WALTER

(RÚBRICA)


SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

BERNARDO H. MARTINEZ AGUIRRE.

(RÚBRICA)
ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 404, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1, 8 Y 18, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL No. 39, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010, TOMO CXVII, EXPEDIDO POR LA H. XIX LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN 2007-2013.
TRANSITORIO:
ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado en la Ciudad de Mexicali, y en forma sucesiva en los demás Municipios, del Estado de Baja California, conforme al siguiente orden:

I.- Ensenada, a partir de las cero horas del día tres de mayo del año dos mil doce.


II.- Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, a partir de las cero horas del día tres de mayo del año dos mil trece.
DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil diez.
DIP. JUAN MANUEL GASTÉLUM BUENROSTRO

PRESIDENTE

RÚBRICA
DIP. CARLOS ALONSO ANGULO RENTERIA

SECRETARIO

RÚBRICA
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, IMPRÍMASE Y PUBLÍQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
GOBERNADOR DEL ESTADO

JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN

RÚBRICA
SECRERTARIO GENERAL

CUAUHTÉMOC CARDONA BENAVIDES

RÚBRICA
ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 399, POR EL QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 INCISO B) PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, REMÍTASE DE NUEVA CUENTA AL PODER EJECUTIVO, PARA QUE PUBLIQUE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUARTER Y 21 QUINQUIES; PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 58, TOMO CXIX, SECCIÓN VII, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012, EXPEDIDO POR LA H. XX LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN 2007-2013.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS


PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor a las cero horas del día primero de Enero del dos mil trece.
SEGUNDO.- En un término no mayor al de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas, la Procuraduría General de Justicia del Estado, constituirá el fideicomiso Fondo General de Reparaciones a las Víctimas u Ofendidos, de conformidad con la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California y demás disposiciones aplicables.
TERCERO.- El Ejecutivo deberá asignar en el presupuesto la partida correspondiente para la integración del fondo en estudio.
DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce.
DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑÍZ

PRESIDENTE

(RÚBRICA)
DIP. MARCO ANTONIO VIZCARRA CALDERÓN

PROSECRETARIO

(RÚBRICA)
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, IMPRÍMASE Y PUBLÍQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN

GOBERNADOR DEL ESTADO

(RÚBRICA)
FRANCISCO ANTONIO GARCÍA BURGOS

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

(RÚBRICA)
ARTÍCULO UNICO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 229, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9, 12 y 13, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 14, SECCIÓN I, TOMO CXXII, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2015, EXPEDIDO POR LA H. XXI LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID;

ARTICULO TRANSITORIO
ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los veintiséis del mes de febrero del año dos mil quince.
DIP. FCO. ALCIBIADES GARCÍA LIZARDÍ

PRESIDENTE

(RÚBRICA)
DIP. ROSALBA LÓPEZ REGALADO

SECRETARIO

(RÚBRICA)
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, IMPRIMASE Y PUBLIQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID

GOBERNADOR DEL ESTADO



(RÚBRICA)
FRANCISCO RUEDA GOMEZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

(RUBRICA)


ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 246, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 8 y 21, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 24, SECCION I, TOMO CXXII, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2015, EXPEDIDO POR LA H. XXI LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. FRANCISCO ARTURO VEDA DE LAMADRID 2013-2019.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquense las presentes reformas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO.- Las presentes reformas entrarán en vigor de manera gradual, en las fechas en que inicie vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con las Declaratorias que emita el Poder Legislativo del Estado en los términos del artículo segundo transitorio del mencionado Código Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de lo siguiente:

1.- Las reformas a la Ley de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito para el Estado de Baja California, y la reforma a los artículos 19, 22 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

2.- Las reformas a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y su cumplimiento estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.

3.- Las reformas a la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California, entrarán en vigor al momento en que inicie vigencia dicha Ley conforme a su artículo transitorio primero.

4.- Las reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Baja California, iniciarán vigencia a los noventa días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

TERCERO.- Las menciones que en otras leyes, ordenamientos reglamentarios o acuerdos se haga respecto a la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, se entenderán hechas a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

CUARTO.- Quienes se encuentren ejerciendo el cargo de Juez de Garantía en el Partido Judicial de Mexicali, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto conforme al transitorio segundo, pasarán a ejercer el cargo de Juez de Control a que se refiere la presente reforma, conservando sus derechos adquiridos por el periodo que fueron designados.

Los jueces de control del Partido Judicial de Mexicali, fungirán como jueces de garantías para el trámite o substanciación de los asuntos en donde se aplique el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de octubre de 2007.



QUINTO.- La designación de los jueces de ejecución a que se refiere este Decreto, será de conformidad con la gradualidad prevista en el primer párrafo del artículo segundo transitorio de la presente reforma.

Hasta en tanto no se realice el nombramiento de jueces de ejecución en cada partido judicial, según sea el caso, los jueces de garantía, control o de primer instancia atendiendo la naturaleza del proceso penal que dio lugar a la sentencia, continuarán conociendo y resolviendo los procedimientos competencia de los jueces de ejecución.



DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince.

DIP. FCO. ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI

PRESIDENTE


(RUBRICA)

DIP. ROSALBA LÓPEZ REGALADO


SECRETARIA

(RUBRICA)


DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, IMPRIMASE Y PUBLIQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID

GOBERNADOR DEL ESTADO

(RÚBRICA)
FRANCISCO RUEDA GOMEZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

(RÚBRICA)
ARTÍCULO UNICO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 593, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4 Y 8, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 47, SECCION III, TOMO CXXIII, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016, EXPEDIDO POR LA H. XXI LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID 2013-2019.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

DIP. MÓNICA BEDOYA SERNA

PRESIDENTE


(RUBRICA)

DIP. ROSA ISELA PERALTA CASILLAS

SECRETARIA


(RUBRICA)
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, IMPRIMASE Y PUBLIQUESE.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.


FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID

GOBERNADOR DEL ESTADO

(RÚBRICA)
FRANCISCO RUEDA GOMEZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



(RÚBRICA)

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Ley de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito para el Estado de Baja California





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