Ley de atención y protección a la víctima y al ofendido para el estado de aguascalientes



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LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA Y AL OFENDIDO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 20 de abril de 2009.
LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:
La LX Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto.
Número 165
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de Aguascalientes, quedando en los siguientes términos:

LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VICTIMA Y AL OFENDIDO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°.- La presente Ley es de interés público y de observancia general y tiene por objeto:
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.

(REFORMADA, P.O. 20 DE MAYO DE 2013)

I. Regular las medidas de atención y protección a todas aquellas personas que resultaren víctimas u ofendidos por la comisión de alguna de las figuras típicas previstas en el Código Penal;
II. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas u ofendidos que les confiere el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera gratuita, integral y expedita;
III. Proporcionar asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de orientación social integral, con base al impacto del delito cuando así lo requieran las víctimas u ofendidos del delito, tendrá como prioridad disminuir los efectos del delito, evitando la sobre Victimización institucional; y
IV Asegurar la restitución de los derechos de la Víctima de manera prioritaria y de ser posible inmediata.
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 20 DE MAYO DE 2013)

Artículo 2°.- Los beneficios que establece esta Ley, se aplicarán a las víctimas u ofendidos de las figuras típicas dolosas o culposas previstas en el Código Penal:
I. Tipos Penales Protectores de la Vida, la Libertad y la Salud Personales;
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.

(REFORMADA, P.O. 20 DE MAYO DE 2013)

II. Tipos Penales Protectores de la Libertad Sexual, la Seguridad Sexual, el Normal Desarrollo Físico y Psicosexual, y el Libre Desarrollo de la Personalidad; y
III. Tipos Penales Protectores de la Familia.
Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Daño: Toda lesión o menoscabo en alguno de los bienes tutelados por la norma penal como consecuencia de la realización de un hecho punible y su reparación en el aspecto económico, comprende el concepto de indemnización;
II. Daño Material: La afectación que una persona recibe en lo físico o sobre su patrimonio, con motivo de la comisión de un hecho punible tipificado como delito;
III. Daño Moral: La afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación y vida privada, que se aprecia en los diferentes signos y síntomas que presenta, con motivo de la comisión de un hecho punible tipificado como delito;
IV. Dirección: La Dirección General de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado;
V. Fondo: El Fondo de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito;
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.

(REFORMADA, P.O. 20 DE MAYO DE 2013)

VI. Código Penal: El Código Penal para el Estado de Aguascalientes;
VII. Ley: La ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Aguascalientes;
VIII. Ofendido: En orden de prelación será, el cónyuge, los hijos, los ascendientes, concubina o concubinario, los hermanos y el adoptante o adoptado de la Víctima que haya sufrido indirectamente alguna afectación en su persona o bienes con motivo de un hecho punible tipificado como delito, de los señalados en el Artículo 2° de esta Ley;
IX. Procurador: El Procurador General de Justicia del Estado;
X. Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado;
XI. Reparación del Daño: Es la pena impuesta por los tribunales judiciales del Estado al responsable de un delito, consistente en resarcir la afectación material y moral causada a la Víctima u Ofendido del mismo;
XII. Víctima: Todo individuo que al comprobarse en el procedimiento penal que haya resentido en su persona cualquier tipo de daño material o moral, como consecuencia de un hecho punible tipificado como delito, de los señalados en el Artículo 2° de esta Ley; y
XIII. Victimización: La experiencia de la Víctima y las consecuencias perjudiciales producidas por el hecho punible tipificado como delito, de índole física, económica, psicológica y social. Incluye la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado y el impacto psicológico que incrementa el daño material o físico del hecho referido.
Artículo 4°.- Las medidas de atención victimológica, psicoterapéutica y de protección que se proporcionen a las víctimas u ofendidos con motivo de la aplicación de esta Ley, serán consideradas como parte de la reparación de daños y perjuicios.
Los objetivos psicoterapéuticos de la atención a que refiere el párrafo anterior favorecen dicha disminución del impacto del hecho punible tipificado como delito, pero no restituyen en su totalidad el estado psicoemocional que tenía la Víctima u Ofendido, antes de la comisión del mismo, en virtud del tiempo de psicoterapia proporcionado.
La atención será, integral e interdisciplinaria tanto social, como médica, psicológica y jurídica; la protección es el apoyo, auxilio, seguridad y servicios victimológicos que proporcionen las autoridades obligadas a atender a víctimas u ofendidos de hechos punibles tipificados como delitos de acuerdo con esta Ley, independientemente del ejercicio de sus derechos procesales.
En caso de otorgarse la reparación de daños y perjuicios, en los delitos de querella, por parte del responsable, compañía aseguradora o afianzadora, se aplicará en primer término, el cincuenta por ciento para cubrir los gastos que el Estado hubiere otorgado a la Víctima u Ofendido, como consecuencia de la aplicación de la presente Ley, y el resto a favor de éstos últimos.

CAPITULO II


De la Víctima y el Ofendido
Artículo 5º.- La calidad de Víctima o de Ofendido, es independiente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al responsable del hecho punible tipificado como delito y de cualquier relación de parentesco que exista con él; por tanto, la Víctima o el Ofendido gozarán sin distinción alguna, de las mismas garantías, derechos, protección, asistencia, atención y demás que esta Ley señale.
Artículo 6º.- Las víctimas o los ofendidos por la comisión de un hecho punible tipificado como delito tendrán derecho, en cualquier etapa de la investigación o proceso penal, según corresponda, sin menoscabo de los derechos consagrados en la Legislación u otros ordenamientos, a lo siguiente:
I. A ser informadas del desarrollo de la investigación, del proceso penal y de las consecuencias legales de sus actuaciones dentro de los mismos;
II. A coadyuvar con el Ministerio Público, en la Investigación y en el proceso penal por sí o a través de su representante legal;
III. A comparecer a las audiencias y diligencias;
IV. A aportar toda clase de pruebas sobre la culpabilidad del imputado a fin de establecer su responsabilidad, el cuerpo del delito, la acreditación y cuantificación del Daño Material y Moral;
V. A impugnar las sentencias de primera y segunda instancia cuando exista alguna violación a los derechos que consagra el Apartado "C'' del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VI. A ser notificados de todas las resoluciones impugnables;
VII. A contar con todas las facilidades para identificar al imputado;
VIII. A la no discriminación, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;
IX. A que se le proporcione asistencia jurídica en todo momento, cuando así lo solicite para materializar los derechos consagrados en la presente Ley, y efectuar las promociones a que haya lugar;
X. A contar con un asesor jurídico que le asista legalmente, en términos de la Fracción anterior;
XI. A solicitar la reapertura de la investigación cuando se haya decretado el archivo en reserva;
XII. A que se le proporcione psicoterapia breve y de emergencia para disminuir el impacto de la conducta delictiva;
XIII. A recibir atención médica gratuita, indispensable para su restablecimiento;
XIV. A la igualdad de género, entre mujeres y hombres, ausente de patrones estereotipados o prácticas de subordinación o trato diferenciado;
XV. Al resguardo de su identidad y datos personales, tratándose de menores, en los delitos de violación, secuestro o trata de personas y cuando así lo determine el juez;
XVI. A impugnar las resoluciones que el Ministerio Público formule sobre la investigación, de archivo en reserva, no ejercicio de la acción penal o desistimiento de la acción penal, cuando no esté satisfecha la reparación del daño;
XVII. A recibir seguridad, respeto a su integridad física, y de sus descendientes con motivo de la investigación o proceso penal cuando sea procedente; pudiéndose extender dicha protección a los testigos; si las circunstancias del caso concreto lo ameritan; y
XVIII. Los demás que les otorguen otros ordenamientos vigentes en el Estado.

CAPITULO III


Del Órgano Encargado de la Atención y Protección a la Víctima u Ofendido
Artículo 7º.- La atención y protección a que se refiere esta Ley, estará a cargo del titular del Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría, la cual será responsable de su aplicación, quien constituirá el Sistema de Atención a Víctimas u Ofendidos de Aguascalientes, el cual, podrá participar en el Sistema Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para el caso de los hechos punibles tipificados como delitos de violencia familiar o contra la libertad sexual, donde las víctimas sean mujeres,
La Procuraduría, para la administración y operación de los programas de atención y protección a las víctimas u ofendidos dispondrá de los recursos presupuestales asignados que para tal fin prevé el Presupuesto de Egresos del Estado.
Artículo 8°.- La Dirección, será la unidad administrativa encargada de proporcionar la atención y protección a la Víctima u Ofendido, por lo que le corresponderá determinar la procedencia de las medidas de atención y protección solicitadas por la Víctima u Ofendido. La Dirección en la atención de la Víctima u Ofendido, deberá tramitar las medidas de atención y protección, primeramente ante las instituciones públicas y sólo en caso de que no se cuente con el servicio solicitado o agotadas las gestiones para la atención, se procederá a la contratación de particulares.
Artículo 9°.- A efecto de garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos, la Dirección deberá coordinarse con las Agencias del Ministerio Público, proporcionando la atención señalada, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 10.- Los medios alternativos de solución que se establezcan en la Legislación, tales como conciliación, mediación y negociación en particular favorecerán la obtención de la Reparación del Daño Material y Moral acreditada en términos de la presente Ley.
Artículo 11.- La Dirección en el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, sin perjuicio de aquellas contenidas en otros ordenamientos, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proponer al Procurador, las políticas y estrategias para la atención y protección de la Víctima u Ofendido;
II. Proponer al Procurador la incorporación a través de los medios legales, de instituciones públicas y privadas de salud, educación y de asistencia social en la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley; en la incorporación de instituciones privadas, se buscará hacer efectivo el servicio a personas de escasos recursos en términos de lo señalado por el párrafo tercero del Artículo 49 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes y sus correlativos de la Ley General de Salud, para este caso, se deberá solicitar la intervención del Instituto de Salud del Estado;
III. Recibir, atender, tramitar y resolver las solicitudes sobre medidas de atención y protección a víctimas u ofendidos, gestionando ante las dependencias e instituciones públicas estatales o municipales los apoyos necesarios, y en casos urgentes atendiéndolos de manera directa o por contratación de particulares siempre y cuando se cumpla con lo previsto por el Artículo 8° de la presente Ley;
IV. Elaborar y ejecutar programas especiales para brindar protección y auxilio a las víctimas u ofendidos en las áreas de psicología, jurídica, social y de salud;
V. Establecer mecanismos para ampliar la cobertura de protección a las víctimas u ofendidos, particularmente cuando en éstos se encuentren involucrados menores de edad, incapaces, adultos mayores o miembros de grupos vulnerables de la sociedad;
VI. Intervenir, representar y gestionar ante las autoridades correspondientes para que se garanticen los derechos de las víctimas u ofendidos y se emitan las órdenes de protección y medidas cautelares procedentes que sean necesarias;
VII. Instrumentar acciones con las dependencias e instituciones públicas para el debido cumplimiento de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias;
VIII. Realizar el trámite necesario ante la autoridad ministerial o jurisdiccional para la comprobación de las erogaciones realizadas con cargo al Fondo, con motivo de la atención y protección de la Víctima u Ofendido, para efecto de su recuperación;
IX. Solicitar a cualquier autoridad dentro del territorio del Estado la información que requiera para una mejor atención a la Víctima u Ofendido;
X. Elaborar y publicar semestralmente, el padrón de particulares en las áreas psicológica, jurídica, social y de salud, que para efectos de atención inmediata a la Víctima u Ofendido sean contratados;
XI. Proporcionar la atención psicológica, jurídica y los servicios victimológicos que requiera la Víctima; y
XII. Las demás que le confieren esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 12.- La Dirección contará con el personal especializado en las áreas psicológica, jurídica y social, que resulten necesarios para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley.
Artículo 13.- La asistencia jurídica a la Víctima u Ofendido cesará cuando:
I. La Víctima u Ofendido lo solicite expresamente;
II. La Víctima u Ofendido cuente con asesor jurídico particular;
III. Cambie la situación jurídica de Víctima u Ofendido a la de inculpado;
IV La Víctima u Ofendido otorgue el perdón en los casos de delito de querella;
V. La Víctima u Ofendido deje de acudir sin causa justificada, por más de seis meses a su asesoría, acreditándose la falta de interés jurídico; o
VI. Por sentencia absolutoria que haya causado ejecutoria en la que no se demuestre que existe Daño Material y/o Moral.
Artículo 14.- Las dependencias e instituciones públicas estatales y municipales que presten servicios de salud, jurídicos y sociales deberán auxiliar a la Dirección cuando ésta se los requiera.
Las instituciones privadas deberán coadyuvar con la Dirección en la atención de la Víctima u Ofendido, en términos de los convenios que se celebren y de las leyes aplicables.

CAPITULO IV


De las Medidas de Atención y Protección a la Víctima u Ofendido
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 20 DE MAYO DE 2013)

Artículo 15.- las medidas de atención y protección a la Víctima u Ofendido en términos de la presente Ley, independientemente de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes y demás ordenamientos les otorguen, se sujetarán a los siguientes lineamientos:
I. Situarse en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 2° de la presente Ley; y
II. Se tendrá como prioritario para la Víctima u Ofendido, la atención psicológica, jurídica, de salud y de asistencia social, encaminadas a su recuperación psicofísica y a la restitución de sus derechos.
Artículo 16.- La atención y protección a la Víctima u Ofendido comprenderá:
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.

(REFORMADA, P.O. 20 DE MAYO DE 2013)

I. La asistencia y representación jurídica gratuita durante el proceso penal, a través del Ministerio Público o la Dirección, incluyendo la orientación a la Víctima u Ofendido sobre las diligencias ministeriales; la asistencia también comprende la designación del representante legal del coadyuvante cuando así lo requiera la Víctima, en términos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes; para la acreditación y cuantificación del daño material y moral. Además de los derechos procesales que le pudiera corresponder, para la debida acreditación de la culpabilidad;
II. El servicio médico, que consistirá en atención hospitalaria especializada, ambulatoria, quirúrgica, medicamentos, pruebas y análisis de laboratorio, radiografías, rehabilitación física, y las demás necesarias de acuerdo a las prescripciones médicas, hasta en tanto se realice la reparación de daños y perjuicios por el responsable o la compañía aseguradora o afianzadora;
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.

(REFORMADA, P.O. 20 DE MAYO DE 2013)

III. Los servicios funerarios, tratándose de los hechos punibles tipificados como homicidio culposo o doloso en términos del Código Penal;
IV. El apoyo en especie a la Víctima u Ofendido, a efecto de que atiendan sus necesidades básicas de alimentos, derivadas directa o indirectamente de la comisión del hecho punible tipificado como delito, hasta en tanto se hace efectiva la reparación del daño por el responsable, en los casos que se determine procedente. En ningún caso, procederá la entrega de recursos económicos en efectivo, por más del sesenta por ciento que pudiese corresponder a la reparación del daño en términos del reglamento respectivo;
V. La atención psicoterapéutica breve y de emergencia, tendiente a eliminar los signos y síntomas generados por el hecho punible tipificado como delito, con base en las subespecialidades con que se cuente; y en su caso, considerando las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
VI. La elaboración, a petición de autoridad ministerial o judicial, de los dictámenes del estado psicoemocional como resultado de la comisión del delito, que acrediten el Daño ocasionado;
VII. La gestión de las medidas provisionales y órdenes de protección procedentes, a fin de proteger la integridad física y moral, los bienes, las posesiones y derechos que se encuentren en peligro por la comisión del delito;
VIII. La protección a la integridad física de la Víctima o de los testigos, cuando se acredite que existe riesgo para ellos; y
IX. Las demás actividades necesarias para que la Víctima u Ofendido accedan a las medidas de atención y protección que prevé la presente Ley.
Artículo 17.- Toda atención psicológica y jurídica que sea proporcionada, deberá considerar el nivel de Victimización para determinar el tratamiento psicoterapéutico de emergencia y el que se recomiende a largo plazo para la total eliminación del impacto de la conducta delictiva, quedando esta última como reparación del daño.

CAPITULO V


Del Procedimiento para el Otorgamiento de Beneficios a las Víctimas u Ofendidos
Artículo 18.- Los Agentes del Ministerio Público al inicio de la averiguación previa o en cualquier etapa del proceso penal, darán a conocer a la Víctima u Ofendido, los derechos y beneficios establecidos por la presente Ley, a quienes informarán el derecho que tienen para solicitarlos, debiendo dejar constancia en el expediente y remitir dicha actuación a la Dirección para su conocimiento y efectos correspondientes.
Artículo 19.- La Dirección al ser notificada por el Agente del Ministerio Público de la existencia de una Víctima del hecho punible tipificado como delito, ofrecerá a la misma los servicios victimológicos, para garantizar los derechos de las víctimas, proporcionando sin dilación alguna, si así lo permite la Víctima, la asistencia jurídica y psicoemocional que proceda.
El personal jurídico de dicha Dirección podrá constituirse en representante legal del acusador coadyuvante, siempre y cuando la Víctima u Ofendido no tenga un representante legal particular.
Si con motivo de la comisión del hecho punible tipificado como delito la Víctima u Ofendido requiriese atención médica, inmediatamente la Dirección se avocará a obtener la información conducente para determinar el carácter de beneficiarios del régimen de seguridad social o de seguros médicos, y la necesidad de garantizar dicho servicio.
Artículo 20.- La Dirección, una vez reunida la información documental y demás datos señalados en el último párrafo del Artículo anterior, procederá a asentar si la Víctima u Ofendido cuenta con representante legal particular, y si los servicios médicos serán a costa de la seguridad social que tuviese la Víctima, o de la aseguradora, en cuyos casos se estará a lo dispuesto en el Artículo 13 de esta Ley, y además cesarán los servicios victimológicos, por lo que hace a la atención médica lo cual deberá notificarse personalmente a la Víctima u Ofendido.
Se podrá continuar con la atención legal y psicoterapéutica en dicha Dirección, a cargo de los psicoterapeutas especializados, con que cuente, para la víctima u ofendido, observándose en su caso los lineamientos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes.
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 20 DE MAYO DE 2013)

Artículo 21.- Cuando se otorgue protección a la Víctima u Ofendido, la Procuraduría se subrogará los derechos a la reparación de los daños por el costo total de la protección otorgada en contra del obligado, o en su caso, de la compañía afianzadora o aseguradora. La Procuraduría deberá de realizar los trámites correspondientes para la recuperación de los recursos erogados con cargo al Fondo, ante la autoridad ministerial o jurisdiccional; la Procuraduría para estos efectos representará al Estado en términos de lo previsto por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes.
En todos los casos, el Fondo solidariamente con la Víctima, sufragará el costo de su atención.
Artículo 22.- El Procurador emitirá las reglas mínimas del trámite que habrá de seguir la Dirección para efectos de otorgar la atención y protección a la Víctima u Ofendido, sujetándose a las bases generales que establece la presente Ley.
Artículo 23.- Si se determina legalmente que la conducta no fue delictiva, la Dirección informará a los interesados, de ser el caso, el derecho que les corresponde para deducir la acción respectiva por vía civil y la posibilidad de ser asistidos por un Asesor Jurídico, dejando constancia de tal informe en el expediente respectivo.

CAPITULO VI


Del Fondo de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito
Artículo 24.- La finalidad del Fondo, será favorecer la disminución del impacto del hecho punible tipificado como delito y sus consecuencias, y del daño material como moral.
Artículo 25.- El Fondo cubrirá las diversas atenciones y protecciones que contempla la presente Ley, para lo cual se destinará hasta el cincuenta por ciento de los recursos presupuestales que hayan ingresado en dicho Fondo el año anterior al ejercicio presupuestal vigente, destinándose exclusivamente el otro cincuenta por ciento para la individualización y aplicación de los apoyos económicos a las víctimas u ofendidos del hecho punible tipificado como delito que así lo soliciten y califiquen para dicha compensación, en los términos previstos en la Fracción IV del Artículo 16 de la presente Ley, para los casos del daño material.
Tratándose del daño moral, éste se acreditará mediante los dictámenes psicológicos victimales, que establezcan la sintomatología existente a partir del delito y el daño causado, incluyendo su posible cuantificación.

CAPITULO VII


De la Administración del Fondo
Artículo 26.- Los recursos del Fondo se constituirán de:
I. La aportación anual que se le asigne en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes;
II. Las aportaciones que para este fin realicen los particulares u organismos privados, públicos y sociales, nacionales e internacionales de manera altruista;
III. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones de los recursos asignados al Fondo;
IV. Los ingresos derivados de la recuperación de los recursos asignados a la Víctima u Ofendido por la Dirección, con motivo de la reparación del daño realizada por el responsable, la compañía aseguradora o afianzadora;
V. El importe de las garantías de libertad caucional en cuanto a la parte que se hiciera efectiva por el incumplimiento de obligaciones procesales; y
VI. Los demás ingresos que por Ley le sean asignados.
Artículo 27.- Los recursos del Fondo, únicamente se aplicarán para otorgar beneficios a las víctimas u ofendidos, de acuerdo a la determinación que se haga en consideración a la naturaleza del hecho delictivo y sus consecuencias, en los términos previstos en el Artículo 25 de esta Ley.
Artículo 28.- Corresponde a la Secretaría de Finanzas del Estado, la constitución de este Fondo, el que pondrá a disposición de la Procuraduría a través de la Dirección, para los efectos de otorgar la protección y los apoyos económicos a que se refiere esta Ley y deducir los derechos que deriven de su operación.
Artículo 29.- En ningún caso, la Secretaría de Finanzas del Estado, podrá disponer del capital mediante el que se constituya el Fondo, mismo que mantendrá invertido en valores gubernamentales de renta fija del más alto rendimiento, lo que servirá para incrementar el Fondo con los intereses que se acumulen, verificando el uso conforme a las disposiciones legales contenidas en esta Ley.
Artículo 30.- El Procurador, de conformidad con los lineamientos en materia de presupuesto y gasto público, aprobará las reglas de egresos que la Dirección le presente para el ejercicio de los recursos que de acuerdo a las necesidades se ejerza, mismo que se aplicará en los términos establecidos por esta Ley y su respectivo reglamento, para hacer efectivo el otorgamiento de atención y protección a la Victima u Ofendido.
Artículo 31.- La Dirección remitirá mensualmente informe pormenorizado de las víctimas u ofendidos beneficiarios de la atención y protección brindada, señalando el tipo de atención, trámite, gestión o en su caso, montos erogados por apoyos en especie o pago de servicios profesionales, especificando nombre del profesionista.
El informe a que se refiere este Artículo se remitirá al Procurador y a la Contraloría General del Estado, la cual comprobará a través de la figura del Auditor, la debida aplicación de los recursos del Fondo.

CAPITULO VIII


De los Apoyos Económicos
Artículo 32.- Para el otorgamiento de los apoyos económicos se constituirá una Comisión de Análisis, que estará integrada por:
I. El Subprocurador que designe el Procurador;
II. El Titular de la Dirección;
III. Un Auditor que designe la Contraloría Interna del Estado;
IV. Un representante de la Secretaría de Finanzas del Estado; y
V. Un representante del Instituto de Salud del Estado.
Artículo 33.- La Comisión de Análisis, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recibir la solicitud de apoyo económico de la Víctima u Ofendido del hecho punible tipificado como delito; y
II. Aprobar o declarar improcedente la solicitud de apoyo de la Víctima, previa valoración, tomando en cuenta el daño psicoemocional y patrimonial vivido por la Victima u Ofendido, así como el tipo de apoyo, que en su caso requiera para disminuir el impacto del hecho punible tipificado como delito; tratándose de apoyo económico y al determinarse el otorgamiento del mismo, deberá fijarse su importe en cantidad líquida.
Para los efectos del presente Artículo la Dirección designará de entre su personal a quien funja como Secretario Técnico de dicha Comisión.
Artículo 34.- La Secretaría Técnica de dicha comisión de análisis, presentará el expediente que integre de cada una de las solicitudes que le sean enviadas, anexando a las mismas, la siguiente documentación, para su debida determinación:
I. Copia certificada de la investigación o proceso;
II. Estudio socio-económico;
III. Diagnóstico o determinación, sobre el estado psicoemocional y el posible Daño existente;
IV. Valoración médica quirúrgica cuando sea procedente;
V. Copia de identificación oficial;
VI. Narración sucinta de los hechos en que se base la petición; y
VII. Destino y uso del apoyo económico.
Artículo 35.- No se otorgará el apoyo económico en los siguientes casos:
I. Cuando los hechos motivo de la solicitud de apoyo se hayan suscitado fuera del Estado de Aguascalientes;
II. Cuando hubiese sido cubierta la Reparación del Daño por los mismos hechos por parte del inculpado;
III. Cuando durante el trámite del apoyo cambie la situación jurídica de la Víctima u Ofendido; o
IV. Cuando la Víctima otorgue el perdón al imputado.
Artículo 36.- Existirá impedimento para otorgar el apoyo económico, en los siguientes casos:
I. Cuando la Víctima u Ofendido proporcione datos falsos para el otorgamiento de dicho beneficio, independientemente de las sanciones a que pudiese hacerse acreedor;
II. Cuando existan dos o más solicitudes en las que haya identidad de Víctima u Ofendido y el hecho punible tipificado como delito sea el mismo; o
III. Cuando no existan recursos disponibles en el Fondo para dicho otorgamiento.
Artículo 37.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, dicha comisión resolverá sobre el otorgamiento del apoyo, notificando a la Víctima u Ofendido personalmente la determinación que haya recaído, debidamente fundada y motivada.

CAPITULO IX


Regulación de la Protección a Victimas, Ofendidos y Testigos
Artículo 38.- Para otorgar protección a la integridad física a las víctimas u ofendidos de los hechos punibles tipificados como delito, así como a testigos, se observarán las siguientes reglas:
I. La solicitud expresa del Agente del Ministerio Público que integre la investigación por los hechos punibles tipificados como delitos señalados en la presente Ley;
II. Deberá señalar el representante social en qué consiste el riesgo en que se encuentra la Víctima u Ofendido, los testigos, así como los indicios que existen sobre el particular;
III. La protección es personalísima e intransferible;
IV Se otorgará de cinco días hasta por treinta días, pudiéndose prorrogar por periodos iguales, siempre y cuando se cumpla con las Fracciones I y II del presente Artículo, y previa valoración que se realice de los informes que emita la policía ministerial, encargada de la custodia y protección, sobre la subsistencia o motivación del riesgo;
V. Dicha protección a la integridad física, no sustituye a las órdenes de protección que pudiesen otorgarse de conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes; y
VI. La protección sólo se podrá proporcionar en el territorio del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.
Artículo 39.- Corresponderá a la comisión de análisis, otorgar la protección a que hace alusión el Artículo anterior, así como de su prórroga, levantándose para tal efecto la constancia de la resolución que recaiga, la cual será notificada dentro de las 24 horas siguientes a la petición, en términos del Artículo 37 de esta Ley.

TRANSITORIOS:


ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En un plazo no mayor a sesenta días naturales posteriores al de la entrada en vigencia del presente Decreto, el Poder Ejecutivo del Estado deberá emitir las reglas de operación de atención y protección a la Víctima, así como las relativas al procedimiento para su otorgamiento.
ARTÍCULO TERCERO.- En tanto no se expiden las normas procesales penales en el Estado que regulen el proceso penal oral, el término imputado que señala la presente Ley, hace referencia al de probable responsable, inculpado, indiciado o procesado según sea el caso.
ARTÍCULO CUARTO.- En tanto no se expidan las normas a que hace alusión el Artículo anterior en términos de la reforma constitucional que establece el sistema acusatorio y oral, el término de investigación que consagra la presente Ley, hace referencia al de averiguación previa o indagatoria.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los veintidós días del mes de diciembre del año 2008.
Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, para los efectos constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 22 de diciembre del año 2008.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Francisco Javier Guel Sosa,

DIPUTADO PRESIDENTE.


Nora Ruvalcaba Gámez,

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA.


José Robles Gutiérrez,

DIPUTADO PROSECRETARIO.


Por tanto, mando se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento.
Aguascalientes, Ags., 14 de abril de 2009.
Luis Armando Reynoso Femat.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

Lic. Juan Ángel José Pérez Talamantes.

N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.
P.O. 20 DE MAYO DE 2013.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia a los sesenta días naturales contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, a excepción del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes contenido en el Artículo Tercero.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de julio de 2003 mediante decreto número 97.
ARTÍCULO TERCERO.- La incorporación del sistema procesal penal acusatorio en el Estado de Aguascalientes será gradual, y en consecuencia la vigencia y aplicación del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes contenido en el Artículo Tercero del presente Decreto será progresiva, conforme a las siguientes fechas:
(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013)

I. El 16 de junio de 2014 en el tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el Artículo 166 del Código de Procedimientos Penales contenido en el Artículo Tercero, y de hechos punibles patrimoniales no violentos;


(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013)

II. El 5 de enero de 2015 en el cuarto y quinto partidos judiciales con sede en Rincón de Romos y Jesús María, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el Artículo 166 del Código de Procedimientos Penales contenido en el Artículo Tercero, y de hechos punibles patrimoniales no violentos;


III.- El 1 de junio de 2015 en el primer y segundo partidos judiciales con sede en Aguascalientes y Calvillo, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el Artículo 166 del Código de Procedimientos Penales contenido en el Artículo Tercero, y de hechos punibles patrimoniales no violentos;
(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013)

IV. El 1° de junio de 2015 en el tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, respecto de los hechos punibles no considerados de prisión preventiva oficiosa;


(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013)

V. El 4 de enero de 2016 en el tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, respecto de la totalidad de hechos punibles;


(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013)

VI. El 4 de enero de 2016 en el cuarto y quinto partidos judiciales con sede en Rincón de Romos y Jesús María, respecto de los hechos punibles no considerados de prisión preventiva oficiosa; y


(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013)

VII. El 18 de junio de 2016, en el primer, segundo, cuarto y quinto partidos judiciales con sede en Aguascalientes, Calvillo, Rincón de Romos y Jesús María, respecto de la totalidad de hechos punibles.


Lo anterior con la salvedad del caso de que ya se hubiere incorporado alguna fase, principios procesales o derechos en legislaciones vigentes relacionadas con el Sistema Penal Acusatorio.
ARTÍCULO CUARTO.- Las disposiciones del Código de Procedimientos Penales contenido en el Artículo Tercero del presente Decreto, se aplicarán a hechos que ocurran a partir de las cero horas de las fechas y partidos judiciales en que de manera progresiva entre en vigencia el sistema procesal penal acusatorio, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio.
ARTÍCULO QUINTO.- Quedarán derogados los preceptos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes contenido en el Artículo Segundo del presente Decreto de manera progresiva y gradual, conforme a la incorporación del sistema procesal penal acusatorio en términos del Artículo Tercero Transitorio, con la salvedad de los procedimientos que se estén tramitando con base en sus disposiciones, en cuyo caso se seguirán aplicando hasta su resolución.
ARTÍCULO SEXTO.- A partir de que entre en vigencia el presente Decreto, en los trámites iniciados conforme a la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes abrogada, las autoridades que conozcan de la etapa procesal que corresponda, podrán efectuar la traslación y aplicación de las nuevas disposiciones procedimentales en la medida que sean conducentes.
En el caso del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, si éste denomina, penaliza o agrava de forma diversa descripciones típicas previstas en la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes abrogada, se estará a lo siguiente:
I.- Instaurado el proceso y sin que aún no se formulen conclusiones acusatorias, el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; y
II.- En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal respectivamente, podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta descrita en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Las reglas establecidas en este transitorio también se aplicarán en lo conducente a los procedimientos tramitados con base en la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Congreso del Estado preverá una partida especial para solventar las erogaciones necesarias para la adecuada implementación del sistema procesal penal acusatorio.
ARTÍCULO OCTAVO.- A partir del inicio de vigencia del presente Decreto, toda referencia a la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes que se realice en otras leyes se entenderá hecha al Código Penal para el Estado de Aguascalientes o al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, según corresponda.

P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.


ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.


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